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Modelo de las bandas penitenciarias se multiplicó en las calles de Venezuela por Carlos D’ Hoy – El Universal – 13 de Octubre 2019

Mármol: “el pranato exportó el modelo de la violencia perversa a las calles”

Con el pasar del tiempo, los amigos se separaron, las carencias y las aspiraciones marcan el rumbo de cada quien. De ese grupo algunos estudiaron y trabajaron, otros se acercaron a grupos más atrevidos que ostentaban niveles de vida que muchos quisieran tener.
“Las bandas nacen de esos grupos, por lo general se trata de amigos que incursionan en la vida delictiva por ocio o por falta de control por parte de los adultos. Muchos abandonan esa vida rápidamente, otros no tanto” señala el criminólogo Javier Gorriño, director de Seguridad Ciudadana del municipio El Hatillo.
Agrega que la impunidad se convierte en un gran estímulo para los delincuentes, “al ver que es más fácil salir a robar y en un día hacer, lo que no ganarían en un mes de trabajo honesto, el joven termina sintiéndose más fuerte y para colmo se sienten amparados en que sus crímenes no serán castigados, se empoderan y muchos se quedan en esa vida”, agrega.
Cuando hace falta el dinero basta con salir a “chambear, o sea salir a robar para comprar comida, ropa, bebidas, mujeres, drogas, motos, y nunca falta un regalo para mamá, quien no pregunta de dónde viene el dinero, calla porque silenciosamente sabe su origen”.
Bandas primarias
A juicio del criminólogo Fermín Mármol García, hay dos tipos de bandas primarias: las de amigos que por lo general actúan fuera de su área de residencia y las bandas de los excluidos (niños de la calle, adictos, sin techo) que actúan en los mismos lugares donde habitan. De estos grupos las que tienen más éxito son las primeras, que pueden evolucionar y crecer, las segundas por lo general existen mientras las autoridades no les limiten o combatan su existencia.
“De la cárcel pa la calle”
 En medio de la crisis carcelaria que vivió Venezuela entre los años 2009 y 2013, las cárceles se convirtieron en zonas libres del control del Estado. En ese entorno los presos organizaron bandas, surgió el pranato como estructura de la banda carcelaria, modelo que fue replicado por las bandas de las calles.
El pranato impuso un nuevo estilo de organización criminal, con figuras que asumieron funciones, tanto del control delictivo, hasta con vocerías presuntamente legitimadas.
“Además las mafias carcelarias exportaron el modelo perverso del ajuste de cuentas penitenciario. Las masacres y descuartizamientos, que ocurrían en las cárceles, se replicaron en barriadas de casi todo el país”, explicó Mármol García.
También extendieron su control fuera de los muros de las cárceles, surgieron organizaciones como el Tren de Aragua, que opera desde la cárcel de Tocorón y controla gran parte del centro del país. Las bandas de las calles evolucionaron copiando ese modelo. Crearon estructuras complejas e incorporaron elementos tecnológicos utilizados por los organismos de seguridad como radios, teléfonos, computadoras, GPS, que las hacen más eficientes y mejoraron su sistema de seguridad, cuentan con armas más potentes, sistemas de información y espionaje para sobrevivir al cerco policial.
Ejemplo de esta evolución son las bandas de secuestradores con una de las estructuras más complejas del mundo criminal. Su estructura incluye “dateadores” que estudian a las víctimas, los “pegadores” y conductores que cometen el secuestro, los “enfriadores”, que mantienen a la víctima aislada, los negociadores, los que cobran el rescate, parqueros que esconden las armas, señala Gorriño.
 Muchos de ellos no se conocen, son una especie de outsourcing o subcontratación que protege a los líderes de la banda.
Pseudopolíticos
A juicio de Mármol García, otro tipo de bandas son los llamados pseudosindicatos, los grupos armados conocidos popularmente como colectivos, los grupos guerrilleros colombianos y los paramilitares. Se trata de organizaciones nacidas dentro del proceso revolucionario que se amparan en un supuesto discurso político, pero que operan como bandas armadas que intimidan y extorsionan.

Venezuela, bajo el reino del terror policial por Maolis Castro – El País – 27 de Agosto 2019

La represión aumenta en los barrios pobres a manos de las Fuerzas de Acciones Especiales, una unidad de la Policía Nacional creada por Maduro, que acumula centenares de denuncias por supuestas ejecuciones extrajudiciales

Miembros de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Guardia Nacional Bolivariana, durante una protesta en enero pasado en Caracas. En vídeo, declaraciones de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre el comportamiento de la policía en Venezuela. FOTO: AFP | VÍDEO: EPV

El terror se ceba en los barrios pobres de Venezuela. Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional está en el punto de mira por tomarse la justicia por su mano: acumula centenares de denuncias por supuestas ejecuciones extrajudiciales y una amplia lista de abusos. Los defensores de derechos humanos han alertado de que cualquiera, delincuente o inocente, puede ser ajusticiado sin mediación de tribunales por mero capricho de oficiales. Carmen Arroyo, de 52 años, afirma que el propósito de este escuadrón es mantener el control social. Su único hijo, el barbero Cristián Charris, fue asesinado por los policías en el barrio de Petare, al este de Caracas, en septiembre de 2018. “Ellos decían que había robado a otro oficial días antes, pero él estaba trabajando en la peluquería cuando eso ocurrió. Más de 600 personas firmaron una carta diciendo que mi hijo era honesto”, argumenta. Pocos reconocieron a los oficiales, vestían de negro y usaban máscaras, tenían fusiles y sus vehículos carecían de placas.

 

Su hijo fue arrestado por participar en las protestas antigubernamentales de 2017. Tras ser liberado, el hombre de 21 años no pudo conseguir un empleo. Nadie quería contratarlo por sus antecedentes penales. El 13 de mayo, oficiales de laS FAES entraron a su casa y le preguntaron su nombre, él respondió: “Luis Alfredo Ariza Gamarra”. Fue fotografiado en el salón de su vivienda, luego llevado afuera. En la calle, los testigos escucharon un disparo. “Le pusieron un arma, una gorra y dijeron que se trató de un enfrentamiento”, añade su madre.

Un total de 6.856 personas han fallecido por “resistencia a la autoridad” entre enero de 2018 y mayo de 2019, según el Ministerio Público. La ONU considera que es un número “inusualmente alto” y concluye que los cuerpos de seguridad son los presuntos responsables de cuantiosas ejecuciones extrajudiciales. En su análisis sugiere disolver a las FAES.

La recomendación ha sido desechada por Nicolás Maduro. El mandatario venezolano gritó a los cuatro vientos todo su apoyo al cuerpo armado en julio, pocos días después de conocerse el contundente informe del equipo encabezado Bachelet. “¡Qué viva las FAES!”, exclamó en un acto de graduación de oficiales, donde aprobó unos nueve millones de euros para reforzar la Policía Nacional.

Carmen Arroyo recopiló testimonios sobre la muerte de su hijo. Todos son anónimos, pocos desafían a las fuerzas de seguridad gubernamentales por miedo a represalias. Los que presenciaron el asesinato coinciden en que la escena del crimen fue manipulada para proteger a los policías. Su caso se encuentra paralizado en los tribunales, no hay detenidos. “Ni siquiera tengo acceso a una copia del expediente, pese a que me corresponde como víctima. Difícilmente se hará justicia con este Gobierno, porque necesitan meter miedo a las personas de las zonas populares para que no protestemos. Mucha gente es valiente y está denunciando, aunque él (Maduro) reafirme a sus asesinos”, explica.

La represión creció al ritmo que descendió la aprobación del chavismo. La Operación de Liberación del Pueblo, un programa de seguridad creado en julio de 2015, acumuló un pavoroso récord de denuncias por presuntas ejecuciones extrajudiciales. La actuación fue rechazada por organismos internacionales después de más de 40 masacres y cientos de crímenes. Asediado por las críticas, Maduro modificó su nombre a Operación de Liberación Humanista del Pueblo y su acción fue desapareciendo. En consecuencia, las FAES se posicionaron como el nuevo represor en los barrios.

Sus detractores dicen que es un escuadrón de la muerte diseñado a la medida del régimen. Pero W. C., un oficial que desertó de la temible policía, culpa a grupos progubernamentales de estar detrás del ensañamiento. “Los ajusticiamientos, extorsiones, secuestros y otros delitos se han disparado desde que infiltraron a colectivos dentro de los comandos, porque ellos obedecen las directrices del régimen. Los policías estamos formados para servir y proteger al pueblo. Eso es a partir de octubre de 2017, aproximadamente”. El actual jefe de la FAES, José Miguel Domínguez, es señalado en una investigación del portal Runrunes como exlíder de un colectivo del barrio de Catia, en Caracas, por estar supuestamente vinculado con homicidios desde 2000.

Cofavic, una ONG defensora de los derechos humanos, cuenta unos 9.500 casos de posibles ejecuciones extrajudiciales entre 2012 y 2018, un tercio cometidos entre 2017 y el año pasado. Casi la totalidad de las víctimas son hombres menores de 25 años. “Esto demuestra que no son hechos aislados, sino que ocurren de manera sistemática y que, lamentablemente, tienen un elemento común y transversal: la impunidad institucional”, explica Liliana Ortega, directora de la organización.

El país está sumido en una crisis de derechos humanos. A excepción del Gobierno de Maduro, decenas de países y organismos multilaterales advierten el desmoronamiento de la justicia. Ortega detalla las trabas en las averiguaciones sobre violencia del Estado. “Las líneas de investigación son precarias (…) La representación de las víctimas en las investigaciones es también muy débil. Hay una serie de carencias que son fueros de impunidad. Eso produce una multiplicación de estos crímenes en Venezuela, porque la impunidad tiene un efecto multiplicador”, zanja.

La frontera con Colombia es una trampa mortal para los venezolanos del éxodo por Daniel Gómez – ALnavío – 26 de Agosto 2019

El más reciente informe del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia confirmó 233 muertes violentas de venezolanos en ese país. “La mayoría por ataques con armas de fuego o cortopunzantes en ciudades de la frontera”, precisó.

En promedio, un venezolano muere al día en Colombia / Foto: Acnur
En promedio, un venezolano muere al día en Colombia / Foto: Acnur

Tres venezolanos y un niño colombiano fueron asesinados este domingo al norte de Colombia, en Antioquia, informa la agencia France-Presse. Confirmó las muertes el comandante de la policía regional, Óscar Gómez, quien atribuyó el crimen al Clan del Golfo, la banda de narcotraficantes más importante del país.

Este no es un hecho aislado. Un venezolano murió al día de forma violenta en Colombia entre enero y julio de 2019, según el más reciente informe del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Aunque los acuerdos de paz con las FARC han aliviado la situación, la frontera con Venezuela sigue siendo territorio de guerrillas, paramilitares y narcos. Tampoco hay que olvidar lo que explica El Heraldo de Antioquia: pese a los acuerdos de paz, y los 40 años de lucha contra el narcotráfico, Colombia sigue siendo el primer productor de cocaína en el mundo.

El documento, publicado este domingo, confirmó la muerte de 233 venezolanos en los siete primeros meses del año. “La mayoría por ataques con armas de fuego o cortopunzantes en ciudades de la frontera”, precisó.

Hay una relación directa entre el éxodo y estas muertes. Colombia comparte 2.219 kilómetros de frontera con Venezuela. Más que con ningún otro país. De ahí que haya 1,4 millones de venezolanos viviendo en Colombia.

En 2015, cuando comenzó el éxodo, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses reportó 25 muertes violentas de venezolanos en Colombia. 30 en 2016. 93 en 2017. Y 273 en 2018.

Entre 2017 y 2018 casi se triplicaron estas muertes, y en 2019, si continúa la tendencia al alza, se superará el récord del año pasado.

El estudio presenta otro dato preocupante. En Colombia se han registrado 18 suicidios de venezolanos en lo que va de 2019. En promedio, más de dos al mes. Entre 2009 y 2018 se había reportado un total de 69 suicidios.

Se sabe que Colombia no es ni mucho menos el país más seguro de América Latina. Anualmente en el país se registran alrededor de 25.000 muertes violentas, según cifras oficiales. Muertes que en su mayoría se dan en la frontera.

Aunque los acuerdos de paz con las FARC han aliviado la situación, la frontera con Venezuela sigue siendo territorio de guerrillas, paramilitares y narcos. Tampoco hay que olvidar lo que explica El Heraldo de Antioquia: pese a los acuerdos de paz, y los 40 años de lucha contra el narcotráfico, Colombia sigue siendo el primer productor de cocaína en el mundo.

A pesar de todo, Colombia mantiene una política de puertas abiertas. El gobierno de Iván Duque reitera que siempre será solidario con los venezolanos. Aunque también advirtió que necesita ayuda internacional para garantizar las condiciones de los migrantes. De ahí las quejas la semana pasada del canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, demandando más cooperación.

“Si dividimos lo recibido hasta el momento por Colombia con el llamamiento de la ONU, que son 96 millones de dólares, por el número de migrantes venezolanos que hay en nuestro país [1,4 millones], significa que por cada migrante se han recibido 68,18 dólares este año. Esta cifra dista mucho de otros llamamientos que ha hecho la ONU para la atención de otras crisis migratorias”.

Colombia, junto a Naciones Unidas, proyectó un presupuesto de 315 millones de dólares para atender el éxodo en 2019. El problema es que sólo ha recibido 30% de ese dinero. Holmes puso el ejemplo de Siria y cómo los 5,3 millones de refugiados recibieron hasta 501,89 dólares por persona para su atención. A ellos la media sólo les sale a 68,18 dólares por migrante.

Tampoco hay que olvidar el último informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de Naciones Unidas. Este confirmó la muerte de 514 personas mientras realizaban las rutas migratorias de América entre el 1 de enero y el 15 de agosto de 2019. En este triste ranking Venezuela aparece como líder. Con 89 muertos confirmados en SuraméricaCentroamérica y el Caribe, los venezolanos son la nacionalidad con más fallecidos hasta la fecha.

Dictadura y demencia por  Miguel Henrique Otero – El Nacional – 18 de Agosto 2019

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Es una dictadura que ha hecho uso de la violencia, la represión indiscriminada, el asesinato en las calles de personas indefensas y desarmadas y ha eliminado, en la práctica, el derecho a la protesta, para mantenerse en el poder. Es una dictadura que ha instaurado una gigantesca estructura militar, policial y paramilitar, dedicada a la violación de los derechos humanos prisión, tortura y muerte–, para mantenerse en el poder. Es una dictadura que, violando la Constitución y el marco legal, se ha apropiado de los poderes públicos y ha destruido la esencia y la confiabilidad del Sistema Judicial, del Sistema Electoral, del Ministerio Público, de la Contraloría General y de la Defensoría del Pueblo, para crear un estatuto de impunidad y mantenerlo en el tiempo. Es una dictadura que ha conducido a los venezolanos a un estado total de indefensión. Es una dictadura que ilegaliza partidos políticos, encarcela a dirigentes sociales, sindicales y políticos, para impedir que la sociedad se organice. Es una dictadura que cierra medios de comunicación, bloquea señales y organiza ataques a los periodistas para liquidar el derecho de informar y de estar informado. Es una dictadura, de eso no hay dudas.

Pero no es solo una dictadura, semejante a tantas otras que han existido en América Latina y en otras partes del planeta. Hay diferencias, algunas sustantivas, que merecen ser comentadas. Empezaré por esto: las dictaduras se cohesionan, alrededor del núcleo del poder. Eso no ocurre en Venezuela. Cada ministerio, empresa estatal, gobernación, alcaldía, instituto o poder público, salvo en el propósito común de robar y aniquilar a la sociedad, actúa como un feudo, desarticulado del resto, en permanente lucha. Hay casi un centenar de tribus que se disputan los contratos, los presupuestos, los cargos, las prebendas y los escasos beneficios a repartir. 

La mayoría de estas tribus está asociada a determinadas mafias. Tribus y mafias resultan indistinguibles. Unas pocas de las tribus actúan en ámbitos específicos. Otras son como corporaciones con tentáculos en varios ámbitos. En cada uno de estos negociados –contratos de Pdvsa, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, de las empresas de la Corporación Venezolana de Guayana, en aduanas de puertos y aeropuertos, en las fronteras, en el contrabando de gasolina, en las distintas operaciones mineras (oro, coltán, diamantes y otros), en la importación de alimentos para los bultos CLAP, en el otorgamiento de divisas, en la unidad de grandes contribuyentes del Seniat, en la Sundde, en el Saime,en Maderas del Orinoco, en la Corporación Canaima, en Cavim, en la administración de las cárceles, en las partidas del Ministerio de Educación, en las importaciones y en toda actividad que pueda representar alguna forma de aprovechamiento o lucro–, hay mafias, que van desde microorganizaciones conformadas por dos o tres delincuentes, hasta estructuras tentaculares, encabezadas por miembros del alto poder civil y militar, que han despedazado y despedazan las finanzas y los bienes de la nación.

Un cuarto elemento, probablemente el más grave y peligroso de todos: la dictadura no controla el territorio. Hay numerosos enclaves, en todo el país, que no están bajo su control, aunque creamos lo contrario. En realidad, están bajo el control de diversas mafias. El que esas mafias sean aliadas coyunturales no equivale a que detenten el control. Territorios como la costa de Paria, buena parte de los estados Táchira y Barinas, zonas enteras –grandes barriadas– de ciudades como Caracas, Valencia, Maracay, San Cristóbal, Maracaibo, Carúpano, Valle de la Pascua, El Tigre, Puerto Ordaz, Tumeremo, San Fernando de Apure, Machiques, San Felipe, Morón, Puerto Cabello y más, están tomadas, controladas y bajo el poder de bandas paramilitares y narcoguerrillas potentemente armadas, dedicadas a las más diversas actividades delictivas. Ni siquiera las cárceles de presos comunes están bajo su control.

Un quinto elemento, que debe ser mencionado aparte, se refiere a la deriva de cuerpos policiales y de ciertas unidades militares, dedicadas a la delincuencia –extorsión, secuestro, robo, atracos en la vía pública, sicariato y más–, que aprovechan la falta de supervisión y las guerras internas del poder, para crear regiones de impunidad, donde delinquen a su antojo y sin riesgo alguno de castigo.

Así las cosas, llegamos al séptimo elemento: cuestiones clave, en concreto, como el acopio y distribución de alimentos en el país, están en manos de mafias de distinto tamaño, donde militares, miembros de las UBCH, del PSUV, jefes policiales, de los CLAP y otros, se reparten la torta. Las estimaciones más conservadoras señalan que alrededor de 60% del total de lo que importa no llega a sus destinatarios e ingresa en circuitos ilegales de comercio: reventa a precios de escándalo y contrabando, especialmente hacia Colombia. 

Un octavo elemento se refiere a la espinosa cuestión de la producción petrolera, en abierto declive, donde se está produciendo un caso que, ahora mismo, está siendo investigado por autoridades de varios países: producción que no se registra y se vende en transacciones opacas a operadores opacos, produciendo grandes beneficios que no van a las arcas públicas sino al bolsillo de mafiosos maduristas.

Un décimo factor, fundamental y que requeriría del análisis de expertos en ciencias de la conducta, es la cantidad de psicóticos que convergen en el régimen. Desde los tiempos de Stalin no se había producido una confluencia semejante: violentos, torturadores, extravagantes que protagonizan constante episodios del «me da la gana», cínicos, mentirosos patógenos, delincuentes y corruptos de ambición ilimitada. ¿Alguna vez se había visto un poder que reúne a sujetos como Chávez, Cabello, Maduro, los Rodríguez, Varela, Padrino López, González López, Hernández Dala, Benavides, Lacava, Bernal, Maikel Moreno, Rodríguez Chacín, Vladimir Lugo, Pedro Carvajalino, Mario Silva, García Carneiro e innumerables otros? ¿Es posible omitir que, en el caso de la dictadura venezolana y su proyección pública, hay un signo de demencia, cada vez más poderoso, evidente y extendido?

Venezuela es el país de Suramérica con la tasa de homicidios más alta – El Nacional – 8 de Julio 2019

Según el informe publicado por Naciones Unidas, Venezuela registró casi 57 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes

Venezuela fue en el año 2017 el país de Suramérica con los niveles más altos de muertes violentas. Registró casi 57 homicidios intencionados por cada 100.000 habitantes, según el Estudio Mundial sobre el Homicidio de 2019 publicado este lunes por Naciones Unidas en Viena.

Por detrás de Venezuela se sitúa a mucha distancia en esta lista Brasil, que registró una tasa de 30,5.

En todo el continente americano, solo El Salvador tiene una tasa de homicidios más alta, de 62,1.

Según el estudio elaborado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Venezuela experimentó entre 1991 y 2017 “el incremento más dramático” de muertes violentas de toda América, al pasar de 13 a 56,8 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Caracas, la capital del país sumido desde hace años en una profunda crisis política, económica e institucional, en 2017 registró 122 muertes por 100.000 habitantes, multiplicando por más de dos las cifras de homicidios a nivel nacional.

El riesgo de morir asesinado en la nación petrolera es excepcionalmente alto para los varones de entre 15 y 29 años. La tasa de homicidios para esta franja de la población fue de 200 por cada 100.000 habitantes.

La situación en Venezuela en lo que a muertes violentas se refiere es similar a la de otros países de Latinoamérica como Brasil y México.

“Tienen una de las tasas de homicidios más altas del mundo, y todos se han visto afectados por la inestabilidad social y económica en las décadas recientes”, se lee en el informe.

Además, estos tres países tienen en común haber experimentado una caída de la población joven que, sin embargo, no se ha traducido en una bajada de la criminalidad, como ha ocurrido en sociedades más estables en las que también se ha reducido este segmento de la población.

Estado de terror por Trino Márquez – Noticiero Digital – 4 de Julio 2019

download.jpgEl régimen aspira a reducir  el asesinato del capitán Rafael Acosta Arévalo y la amputación de los ojos del joven Rufo Chácon, a censurables excesos de unos funcionarios de la Dgcim y de unos policías de PoliTáchira. Pretende hacer creer que detrás de esos abominables hechos no hubo una orden superior, una cadena de mando y una política global dirigida a aniquilar a oficiales acusados de sedición e inocular miedo en todos sus compañeros de armas. O que, en el caso de Rufo, no hubo el mandato de reprimir sin contemplaciones a manifestantes de zonas populares que protesten por las seculares fallas en la distribución de gas doméstico. Nicolás Maduro busca desligarse de esos hechos que, de nuevo, lo colocan en la picota, lo desprestigian y aíslan cada vez más. Para esta maniobra cuenta con la colaboración del fiscal Tarek William S. No hay que dejarlo que huya por la tangente. La violencia y la represión despiadadas forman parte intrínseca del modelo de dominación sobre el que se levanta su régimen

Desde el 10 de enero pasado, cuando se cumplió el período constitucional iniciado el 10 de enero de 2013, Maduro sabe que solo puede mantenerse en Miraflores a partir de la coerción. Ya no le resulta posible gobernar construyendo consensos. Su ruptura con la inmensa mayoría del país es total. Venezuela y Maduro son irreconciliables. Los problemas que afronta la nación no serán resueltos por el gobernante. Con él, solo podrán agravarse. Carece de la imaginación, claridad y apoyo financiero indispensables para resolver los cuellos de botella que se han formado en todos los sectores. Es incapaz de solucionar el problema de la inflación, la electricidad, el transporte colectivo, la educación, la salud, los servicios públicos. Es incapaz de detener el éxodo de venezolanos que huye hacia el exterior. Está consciente de que él constituye el epicentro de la crisis económica, política e institucional. Sabe que su salida y la formación de un nuevo gobierno, electo en comicios transparentes, permitirán despejar el camino para que Venezuela regrese progresivamente a la normalidad. Está consciente de todas estas verdades inocultables, pero se niega a admitirlas. Para él, no son negociables la validez de las elecciones de mayo del año pasado, la legitimidad de su presidencia y su permanencia en el poder hasta el 10 de enero de 2025, cuando finaliza el actual período constitucional. Aquí es donde se tranca el serrucho y aparece el lado más oscuro del mandamás.

Maduro solo llegará a 2025 si en la vía van quedando decenas de miles de víctimas. Unos heridos o torturados, otros asesinados, encarcelados o deportados. Los de más allá, expulsados porque no soportan seguir viviendo en la miseria. La represión, rasgo dominante durante los casi siete años de su gobierno, tenderá a acentuarse. Cada vez lo veremos más plegado al Alto Mando, más rodeado de cubanos, guardias nacionales, colectivos y milicianos, más afincado en cuerpos paralegales como la Faes y la Dgcim. Con ellos encarará las presiones nacionales internacionales para que acepte iniciar el proceso que conduzca a unas elecciones libres, supervisadas por organismos internacionales.

Esta naturaleza intrínsecamente violenta y coercitiva del régimen de Maduro, se desborda a cada instante. El mismo día que Michelle Bachelet se despedía de Venezuela, se produjo la captura de los militares entre quienes se encontraba el capitán Acosta Arévalo. El mismo que Diosdado Cabello señaló que estaba “a buen resguardo”. En medio del escándalo e indignación que el asesinato provocó, un par de policías sádicos del Táchira dejaron ciego a Rufo Chacón. El juez que sigue el caso de Juan Requesen admitió las imputaciones del fiscal. Al joven diputado se le pretende juzgar por el delito de “homicidio calificado en grado de frustración”, cuya pena podría ser  mayor a veinte años de cárcel; en tanto que a los funcionarios capturados por su participación en el crimen del capitán, se les quiere juzgar por un asesinato culposo, es decir, por una acción en la que no hubo la intención de provocarle la muerte; esto, después de haberlo golpeado hasta el cansancio. El disfrute enfermizo del régimen cuando martiriza, llega al punto de que sus secuaces expresaron un deleite obsceno destruyendo las coronas de flores que algunos ciudadanos colocaron en las rejas de la Comandancia General de la Marina, en San Bernardino.

El terrorismo lo aplica el régimen de Maduro de forma masiva o selectiva, según los objetivos que busque. Lo singular de esta forma de terrorismo es que la ejerce un Estado absolutamente incompetente para resolver las necesidades más comunes de la vida cotidiana. Un Estado que no sirve ni para otorgar pasaportes. Que ha renunciado a estar presente en amplias barrios y zonas del territorio nacional, entregadas a la delincuencia, la guerrilla, el narcotráfico y la minería ilegal. Estamos en presencia de una especie muy particular de violencia: terrorismo sin Estado; o, mejor aún, de un Estado que solo sirve para aterrorizar.

Un régimen asesino por Pedro Luis Echeverría – El Nacional – 3 de Julio 2019

Pedro Luis Echeverría

 

Es inaudito que en nuestro país el régimen que desgobierna haya establecido un sistema de intolerancia política, violencia e irracionalidad, que se fundamenta en el asesinato a mansalva, como, por ejemplo, el más reciente, el del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.

Cuando inexorablemente se aproximan los inevitables momentos en los que la dictadura de Maduro debe abandonar el poder, se percibe una mayor radicalización del régimen que exacerba la polarización y la tensión social, y cuyos rasgos fundamentales evidencian el endurecimiento del contenido del discurso político y actitudes gubernamentales que acentúan las diferencias, pero que no deja espacio para el debate ni el entendimiento.

Los tiempos actuales están signados por la violencia, la intransigencia y la confrontación. En efecto, el régimen y la inteligencia cubana se aprovechan del comportamiento irracional de las masas utilizando un discurso de exclusión y odio; esta es una de las estrategias represivas que ha venido usando el régimen para tratar de amedrentar y acorralar a los grupos opositores. Igualmente, la violencia institucional del gobierno al pretender el cierre deliberado de las instancias a las que se podría acudir en demanda de justicia y control a tales exabruptos. A pesar de los llamados pacifistas de la dirigencia opositora, la violencia que podría desatarse en el seno de los desafectos al gobierno sería un acto de legítima defensa ante el arrinconamiento y las acciones políticas de acoso y persecución de las que son objeto.

La sociedad venezolana y la comunidad internacional no pueden  permitir que sean la violencia, la confrontación y la subversión social la única salida política que le queda a la oposición frente a las inaceptables pretensiones de conculcar los derechos básicos a la vida, la libertad y la dignidad. No se debe tolerar que el gobierno acose a la oposición, por pretender cambiar democráticamente el estado de cosas que vive el país.

La oposición transita una ruta pacífica y queremos mantenernos en ella. Chávez, Maduro y sus adláteres tuvieron la oportunidad de gobernar y lo hicieron muy mal. Y por ello no tiene fundamento moral ni es racional que pretendan ampliar su tiempo en el poder por otro sexenio. Todavía les queda la posibilidad de competir; si consideran que deben hacerlo, háganlo, pero respetando los fueros democráticos. No más ventajismos irritantes, no más perversas intenciones. Es deber y responsabilidad del gobierno tomar las medidas necesarias que eviten llevar al país por un sendero de enfrentamientos fratricidas en los que nadie ganará.

Venezuela’s mining arc: a legal veneer for armed groups to plunder by Bram Ebus – The Guardian – 8 de Junio 2019

Their methods and origins differ, but their hunger for gold drives violence – and any foreign incursion could trigger escalation

A worker inside the Simón Bolívar gold mine in El Callao, Bolívar state, in July 2010.
 A worker inside the Simón Bolívar gold mine in El Callao, Bolívar state, in July 2010. Photograph: Carlos Garcia Rawlins/Reuters

Late 2016, Nicolás Maduro tweeted a photograph of himself with a smile on his face and a gleaming ingot in his hands – but not all that glitters is gold.

Venezuela claims to possess some of the largest untapped gold and coltan reserves in the world, and the country’s gold rush picked up when the president decreed the creation of a massive area of 112,000 sq km destined for mining, known as the Orinoco mining arc. In a recently published development plan Venezuela set the goal to produce more than 80,ooo kilos of gold a year by 2025.

Their methods and origins may be different, but their motivation is one which has driven violence in Latin America since colonial times: a hunger for gold and other valuable minerals.

The groups are deeply entrenched in local communities, and often work in volatile alliances with parts of the military who privately profit from illegal mining.

At least 300,000 people work at wildcat mines which have caused huge environmental damage, and sparked a malaria epidemic.

Confrontations between the rival armed groups make southern Venezuela one of the most violent regions in Latin America. “Everybody wants to be boss,” explained a former miner who fled to Colombia to avoid the escalating violence.

Numerous sources confirm the army’s participation in illicit mining and report that military death squads have occasionally entered mines to settle disputes. Most killings go unrecorded, but local media have reported more than a dozen massacres since 2016. Municipalities in the mining region cope with homicide far above that of Caracas, the world’s most violent capital city.

Of these factions, the ELN is one of the most prominent, operating in 13 of Venezuela’s 24 states and extending its reach across the southern mining regions to form a corridor across Venezuela to near its disputed border with Guyana.

The ELN’s tactical and ideological alignment with the Venezuelan government is grist to the mill for those arguing for a military intervention against Maduro.

But any foreign incursion could potentially trigger a disastrous escalation of violence, possibly leading to a low-intensity conflict that would cause tremendous suffering for Venezuela’s most vulnerable populations.

The ELN is now Latin America’s biggest guerrilla army, and has vowed to defend Maduro’s government in the event of a foreign intervention.

Local sources have described how the guerrillas embed themselves in local communities, giving political and military training.

“They make [the locals] fall in love, offer them weapons and they indoctrinate them,” said one indigenous leader from Bolívar state. As in Colombia, the rebels intervene in local disputes and offer a measure of authority in lawless areas – wildcat miners confirm that they prefer the presence of the guerrillas over the brutal and less tolerant Venezuelan crime syndicates.

So what should be done? The freedom with which armed groups operate south of the Orinoco river reflects the weakness of the Venezuelan state. But threats of foreign military intervention will simply embolden the guerrillas and strengthen their ties to Caracas.

Humanitarian aid is essential for the inhabitants of the region, but its safe entry will depend on the Venezuelan government’s consent – and will not be served by the sort of forced entry attempted in February.

Outside actors should work to clean up Venezuelan mineral supply chains. Foreign states should enforce due diligence frameworks on mineral exporters and commodity exchanges to minimize risks that they buy minerals that finance conflict and human rights abuses.

For now, the extraction of gold, coltan and other minerals funds armed groups and harms indigenous communities. Even the minerals that are sold by Venezuelan state companies and the Venezuelan central bank (BCV) stem in part from the same mines controlled by armed groups and should therefore be classified as conflict minerals.

Forgotten parts of southern Venezuela are of key importance to the political future of the country. Communities abandoned by the state – and the armed groups that prey on them – merit more concern from international actors disputing Venezuela’s future. Peace in Venezuela cannot be achieved without taking the south into account.

 

Venezuela gun violence plummets because bullets and weapons are too expensive by Scott Smith – Independent – 28 de Mayo 2019

Firing a gun has become a luxury. Bullets are expensive at $1 (78p) each and with less cash circulating on the street, he says robberies do not pay like they used to.

For the 24-year-old, that has all given way to a simple fact: Even for Venezuelan criminals, it is become harder to get by.

“If you empty your clip, you’re shooting off $15 (£12),” said El Negrito, who spoke to The Associated Press on the condition he be identified only by his street name and photographed wearing a hoodie and face mask to avoid attracting unwelcome attention.

“You lose your pistol or the police take it and you’re throwing away $800.” Officials of President Nicolas Maduro‘s socialist administration stopped publishing statistics charting crime trends long ago. 

But in something of an unexpected silver lining to the country’s all-consuming economic crunch, experts say armed assaults and killings are plummeting in one of the world’s most violent nations.

At the Venezuelan Observatory of Violence, a Caracas-based nonprofit group, researchers estimate homicides have plunged up to 20 per cent over the last three years based on tallies from media clippings and sources at local morgues.

The decline has a direct link to the economic tailspin that has helped spark a political battle for control of the once-wealthy oil nation.

Soaring inflation topped 1 million per cent last year, making the local bolivar nearly useless, even though ATM machines have been unable to dispense more than a dollar’s worth of scrip anyway.

The severe scarcity of food and medicine has driven some 3.7 million to seek better prospects in places like ColombiaPanama and Peru — the majority of them young males from whom gangs recruit. Workdays are frequently curtailed due to nationwide strikes.

But as the country descends into a state of lawlessness, many Venezuelans who turn to crime find themselves subject to the same chaos that has led to a broader political and social meltdown.

Critics blame 20 years of the socialist revolution launched by the late President Hugo Chavez, who expropriated once-thriving businesses that today produce a fraction of their potential under government management.

Earlier this year, opposition leader Juan Guaido launched a bold campaign with the support of the US and more than 50 nations to oust Mr Maduro, who succeeded Chavez.

However, Mr Guaido has yet to make good on his promises to restore democracy, spark a robust economy and make the streets safer.

As a result of the chaos, crime has not so much disappeared as simply morphed in form. While assaults are down, reports of theft and pilfering of everything from copper telephone wires to livestock are surging.

Meanwhile, drug trafficking and illegal gold mining have become default activities for organised crime.

When night falls, streets in Caracas clear as most residents abide by an undeclared curfew out of fear for their safety. Despite the significant drop in killings, Venezuelans tend not to gaze at their mobile phones in the streets. Many leave gold and silver wedding rings in secure places at home, while others have grown accustomed to checking whether they are being followed.

“Venezuela remains one of the most violent countries in the world,” said Dorothy Kronick, who teaches political science at the University of Pennsylvania and has carried out extensive research in Caracas’ slums. “It has wartime levels of violence — but no war.”

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El Negrito leads for-hire hoodlums called the Crazy Boys, a band that forms part of an intricate criminal network in Petare, one of Latin America‘s largest and most feared slums.

The gangster, who agreed to an interview with two associates at their hillside hideout in Caracas, said his group now carries out roughly five kidnappings a year, down considerably from years past.

Such express abductions are big business. Typically, a victim is nabbed and held hostage for up to 48 hours while loved ones scramble to gather as much cash as they can find, with kidnappers focused on speed and a quick return rather than on the size of the payout.

El Negrito said the ransom they set depends on what a victim’s car costs and a deal can turn deadly if demands are not met.

But like many of his associates, he has considered leaving the trade in Venezuela and emigrating.

He said some people have quit the world of crime and sought more honest work abroad, fearing stiff penalties in other countries where laws are more enforced.

While explaining that he struggles to support his wife and young daughter, El Negrito passed a silver pistol between his hands. A Bible lay open to Proverbs on a dresser as a breeze turned the pages.

Robert Briceno, director of the Venezuelan Observatory of Violence, said the decline in homicides is a matter of basic economics: As cash becomes scarce in Venezuela, there is less to steal.

“These days, nobody is doing well — not honest citizens who produce wealth or the criminals who prey on them,” he said.

One associate of the Crazy Boys, who gave only his nickname, Dog, said he has no trouble finding ammunition for his guns on the black market. He said the challenge is paying for them in a country where the average person earns $6.50 a month.

“A pistol used to cost one of these bills,” he said, crumbling up a 10 bolivar bill that can no longer be used to buy a single cigarette. “Now, this is nothing.”

Associated Press

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