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Mujeres venezolanas sobreviven a la violencia y a la impunidad por Marinellys Tremamunno – Yoinfluyo.com – 1 de Diciembre 2017

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El 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer. Una celebración instituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), a través de la resolución número 54/134 del 17 de diciembre de 1999, para recordar el brutal asesinato de las tres hermanas Mirabal.

Sobreviven a la violencia

Fueron numerosas las manifestaciones a nivel internacional para decir No a la violencia contra las mujeres. Pero ¿realmente hemos reflexionado sobre el motivo de la muerte de las hermanas Mirabal? Esta historia merece ser conocida con mayor profundidad, pues sus muertes no fueron causadas por la violencia de género, como se pudiera pensar. Estas valientes mujeres fueron asesinadas por la mano opresiva de una cruel dictadura, la de Rafael Leonidas Trujillo.

Minerva, Patria y María Teresa, son recordadas en América Latina como “las mariposas”. El nombre de batalla que fue dado a las tres hermanas que quedaron en la historia por haber osado retar al general Trujillo, durante la lucha de la liberación de República Dominicana.

La historia de República Dominicana está íntimamente conectada con la historia de Venezuela, así como con la historia de toda la región. Desde 1930 y hasta 1961, República Dominicana sufrió la dictadura latinoamericana más cruel del siglo XX. Trujillo era un asesino que mantenía oprimido a su pueblo y que incluso intentó acabar con sus adversarios en el exterior: como sucedió con Rómulo Betancourt (el padre de la democracia venezolana), a quien intentó asesinar el 24 de junio de 1960 y marcó así el inicio del fin de su dictadura criminal.

Paradójicamente, hoy Venezuela vive oprimida por una feroz dictadura. No en vano la abogada penalista y defensora de derechos humanos, Tamara Suju presentó a la Corte Penal Internacional (CPI) 289 casos de torturas cometidas por funcionarios de seguridad el Estado venezolano, que incluyen registros realizados desde el gobierno de Hugo Chávez hasta este año 2017. Además, el Foro Penal Venezolano (FPV), una ONG dedicada a la defensa de las víctimas de persecución política en Venezuela ha denunciado 5.451 detenciones arbitrarias desde el 1º de abril hasta el 31 de octubre de este año. El FPV afirma que al día de hoy existen 342 prisioneros políticos de Nicolás Maduro.

Pero ¿cómo viven las mujeres venezolanas el régimen chavista? Existe poca información oficial sobre estadísticas en el país. Lo que hace valiosísimo el trabajo titánico de las organizaciones no gubernamentales que intentan alertar la gravedad de la situación a través de aproximaciones: al menos el 40% de las familias venezolanas están formadas por madres solteras como jefe de familia, que en un país con una inflación descontrolada (que de acuerdo al FMI llegará a 2.500% en el 2018), se traduce en más del 80% de la población en situación de pobreza. Algunos expertos hablan de una feminización de la pobreza.

Entonces, sería justo recordar a las mujeres venezolanas cuando se habla de violencia contra la mujer. Pueden imaginar la violencia psicológica que significa intentar sostener una familia sola, en un país en donde el 80% de la población sufre por la grave escasez de alimentos y medicinas. La violencia psicológica que significa hacer 5 o 6 horas de cola para lograr comprar un pedazo de pan, si lo consigues. La violencia que significa dejar de comer para alimentar a tus hijos; o, peor aún, ver morir a los propios hijos por la desnutrición. El presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría, el doctor Huniades Urbina, aseguró a la Agencia de Noticias Ansa que sólo este mes de noviembre ya han muerto 7 niños por desnutrición. Y afirmó que la desnutrición en niños entre 0 y 5 años ha aumentado del 54% al 68% entre abril y agosto del 2017.

A esta situación debemos sumar la violencia producto de la criminalidad. El año 2016 culminó con 28.479 homicidios (que son 91.8 homicidios por cada 100 mil habitantes), confirmando que Venezuela se encuentra entre los países más violentos del mundo. En este contexto, ¿pueden imaginar lo que sucede a las mujeres venezolanas? Según un monitoreo de la web Cotejo.info, en el 2016 fueron asesinadas 336 mujeres en manos de la violencia de género, ubicando al país en los primeros lugares de mayor cantidad de feminicidios del mundo.

Las cifras son aún más alarmantes. Según los datos oficiales sobre violencia de género, solo el año 2016, 3.992 hombres fueron acusados por violencia contra mujeres y al menos 6.646 fueron imputados por delitos varios que incluyen maltratos físicos o psicológicos a mujeres. La ONG venezolana GAMA alertó que, de cada 100 mujeres, 99 han sufrido algún tipo de violencia. Y por si no bastase debemos agregar otro tipo de violencia, la del régimen. La fiscal en el exilio pidió a la Corte Penal Internacional el arresto del presidente Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad, por más de 8 mil homicidios y 17 mil arrestos arbitrarios.

Venezuela es un verdadero film de horror si pensamos además en la impunidad. Según datos oficiales de la Procura, en el 2014 fueron registrados 8.049 casos de presunta violación de derechos humanos, de los cuales 105 tuvieron sentencia. Es decir, sólo el 1,3% de los casos llegaron a la fase del juicio: eso quiere decir que en Venezuela la impunidad es del 99%. Pero si metemos la lupa en la violencia de género, veremos que los datos oficiales del 2014 nos confirman que, de 70.763 casos, sólo 482 llegaron a la fase del juicio, es decir sólo el 0,7%; confirmando la situación de impunidad que impera en la justicia venezolana.

Esta es la triste y dramática realidad que viven las mujeres venezolanas. ¿Venezuela vive la Revolución del Siglo XXI? Sin duda la revolución chavista quedará recordada en la historia latinoamericana como la dictadura más atroz del Siglo XXI.

 

Dictadura y medios de comunicación en Venezuela – Editorial El Nacional – 30 de Octubre 2017

En los últimos años, los ataques contra periodistas y medios de comunicación en Venezuela se han convertido en un foco de constante preocupación para la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP. Entre quienes asisten a las asambleas anuales o a las llamadas reuniones de medio año, los relatos sobre las condiciones en que se ejerce el periodismo en Venezuela son motivo de verdadero asombro. Año tras año, los informes –basados en testimonios de primera mano– ofrecen un cuadro cada vez peor. Una pregunta se repite encuentro tras encuentro: si es posible que las cosas puedan ser todavía más hostiles.

El informe que me ha correspondido presentar en la 73 Asamblea General en Salt Lake City, durante el fin de semana que acaba de pasar, resume, de forma inequívoca, dos realidades: se ha producido a lo largo de este 2017 un agravamiento de la persecución a periodistas y medios de comunicación, y se han creado condiciones para que el ejercicio del periodismo adquiera unas proporciones tan riesgosas como nunca antes en la historia venezolana.

La sola extensión de la cronología que sintetiza cada uno de los episodios, apenas unas pocas líneas de cada uno, se extiende por casi 60 páginas. Es tal la cantidad de violencia ejercida, tantos los formatos del desafuero que no hay lector del mismo, por muy informado que esté de lo que ocurre en Venezuela, que no lea con perplejidad los datos que se aportan.

¿Cómo resumir en el espacio de un artículo semejante y múltiple campaña de hostigamiento, persecución y detenciones? Es probable que esto no sea posible, que nada sustituya el paciente repaso de los hechos. Lo que sí es posible es intentar mostrar cuatro conclusiones inequívocas, que se desprenden de lo ocurrido.

Uno: en el contexto del programa de represión generalizada contra la sociedad venezolana, que tiene a unidades de la Guardia Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana y a grupos paramilitares como sus principales operadores, hay toda una línea de ejecución en contra de la acción de periodistas, en contra del reporterismo.

Dos: para la ejecución de estas acciones, a las que me referiré más adelante en este artículo, los funcionarios han sido entrenados e ideologizados. Existe una clara diferencia entre quien cumple una orden y quien la realiza estimulado por el odio. Los testimonios de centenares de reporteros, fotógrafos, camarógrafos y de ciudadanos que accionaron sus móviles o sus cámaras durante las protestas refieren que uniformados y paramilitares actúan con una rabia desmedida. Las frases que profieren –que a menudo se repiten en distintas regiones del país–, las modalidades de actuación, la virulencia de la acción física, el contenido de las amenazas, toda la data disponible revela con creces no solo la existencia de patrones, sino de órdenes recibidas de evitar, violentando el marco legal y los derechos humanos y políticos, que los periodistas hagan su trabajo.

Tres: a los funcionarios se les ha garantizado la impunidad. No solo lo revelan los extremos y la ferocidad de los hechos, sino las palabras de los propios funcionarios que, amenazantes y descaradas, repetían que no les castigarían por los abusos y violencia cometidos: que sus jefes les habían garantizado que ninguna acción legal les castigaría posteriormente.

Cuatro: algo muy importante, que tiene apariencia de ser un matiz y no lo es: lo deliberado de este programa de represión en contra de medios de comunicación. Durante los días de las protestas, voceros del gobierno justificaron las acciones en contra de los periodistas como accidentes, como hechos que ocurrían en la confusión o el desorden propios de las protestas. Esto es falso. El seguimiento, caso a caso, del modo como se desarrollaron las cosas, no deja lugar a dudas: los funcionarios de la GNB, de la PNB y los paramilitares bajo sus órdenes salieron a la calle con dos tareas diferenciadas y complementarias: reprimir a los ciudadanos que ejercían su derecho a la protesta, y reprimir a los periodistas que ejercían su derecho de informar.

¿Y cómo lo hicieron? Amenazando. Impidiendo el acceso. Expulsando a golpes de las zonas en que ocurrían los hechos. Robándose los equipos. Atracando a los reporteros. Golpeándoles con furia. Obligando a sus portadores a borrar de la memoria de sus equipos las fotografías o los videos que habían grabado. Prohibiendo el ingreso al país. Expulsando a corresponsales del territorio venezolano. Deteniendo a profesionales que hacían su trabajo. Pateándoles cuando ya habían sido lanzados al pavimento. Lanzándoles bombas lacrimógenas al cuerpo. Apuntándoles y disparándoles. Asfixiándoles. La lista, que no acaba aquí, revela que se emitió una orden, un amplio permiso, que autoriza que la acción en contra de los periodistas sea de carácter ilimitado, lo que incluye la acción de los tribunales.

Frente a toda esta brutalidad organizada por la dictadura, la reacción de los profesionales del periodismo, así como de los reporteros ciudadanos, ha sido admirable. La prueba del coraje está en los cientos de miles de documentos de diversa índole, que son pruebas irrefutables de la violencia que el Estado y algunos de sus órganos han ejercido contra personas indefensas que ejercían derechos consagrados en la Constitución.

A quien me ha preguntado si la represión logró doblegar la responsabilidad democrática de los profesionales del periodismo venezolano, respondo con hechos: la resistencia y la voluntad profesional se mantiene intacta, y no dejan de expresarse, en forma de noticias y de opinión fundamentada en los hechos, día a día.

 

Venezuela, más allá de todo por Ayelén Oliva – Nueva Sociedad – Agosto 2017

Los bloques regionales y los centros de poder opinan sobre Venezuela. Desde Trump a la ONU, desde la Unasur a la Unión Europea. ¿Qué es lo que viene en el país más conflictivo de América Latina?

No es guerra ni revolución. Es conflicto. Y en el centro del conflicto siempre está la violencia como último recurso. Sea violencia en acto – esa que aparece cuando una bala le parte la cabeza a un manifestante–, o su contracara silenciosa – la violencia de situación que se traduce en opresión–. Venezuela vive una confrontación de dos voluntades en la que una intenta dominar a la otra con la esperanza de imponerse. Una desde el control del Estado. La otra, con el respaldo de una multiplicidad de actores externos.

Se ha instalado la idea de que la mecha que encendió las protestas opositoras, sostenidas hace ya varios meses en las calles y que han dejado más de un centenar de muertos y varios detenidos, fue la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de asumir las competencias de la Asamblea. Sin embargo, pocos rescatan las causas que llevaron a esa decisión. Unos días antes, la Asamblea Nacional había instando por medio de un proyecto firmado por todo el arco opositor, a la aplicación de la Carta Democrática de la OEA como «mecanismo de resolución pacífica de conflictos» en pos de «restituir el orden constitucional» en Venezuela. En una apuesta arriesgada, fue la oposición desde sus bancas en el Congreso, la que llegó a pedir la suspensión de su país del bloque y la intervención de este organismo en la política venezolana. La supeditación de la estrategia opositora a un actor internacional fue leía como actitud desafiante por el oficialismo que optó por hacer jugar a la Justicia a su favor de manera bastante torpe. El secretario general de la OEA jugó, a mediados de marzo, un rol fundamental en tensionar aún más la situación.

Luis Almagro había presentado, unas semanas antes a esta decisión de la Asamblea, la actualización del informe del organismo donde invocaba la aplicación de la Carta Democrática que no había podido aplicar el año anterior por falta de apoyo. En una jugada estratégica, Almagro logró reinstalar el tema en la agenda de la política internacional bajo la amenaza de expulsión en el caso en que el gobierno no llamara a elecciones generales en los siguientes 30 días. De ahí, todo lo anterior.

Es evidente que los actores externos no permanecen ajenos a este conflicto donde también se juega su proyección internacional. «No queremos ser Venezuela» escuchamos hasta el cansancio en los debates de diversos países. Legisladores argentinos, diputados brasileños y políticos españoles han hecho de esa frase un mantra permanente. El fantasma de la crisis económica aparece como intimación engañosa si tenemos en cuenta que el ingreso en divisas en países como Argentina o Brasil no depende de un solo producto como sí es el caso de Venezuela, trampa malintencionada, a su vez, la de reducir a la mala gestión de gobierno como única causa del caótico panorama que atraviesa ese país. Sin ninguna duda, la administración de una economía con una caída del 60 por ciento de los ingresos en divisas respecto al año anterior, es inviable para cualquiera administración, sea del color político que sea y con el presidente que sea.

La Venezuela de Chávez fue la punta de lanza, marcó el pulso de los gobiernos izquierda y progresistas de la región que llegarían un par de años más tarde y, a su vez, es ella quien aún persiste por la fuerza, en medio del viraje político de corte liberal que se abre paso en América Latina. Sin embargo, la apuesta desesperada a la convocatoria a una Asamblea Constituyente, con el fin de cambiar el pulso de la agenda política junto a la necesidad de crear un nuevo marco legal capaz de respaldar las siguientes decisiones y de patear para adelante la convocatoria a una elección general, restó aliados en el plano internacional y terminó por romper la frágil posición que mantenía el Mercosur de no interferencia.

Con la amenaza siempre latente de su suspensión, los gobiernos de Argentina, Paraguay y el de Michel Temer en Brasil intentaron, por medio de su herramienta regional, instar a un cambio de rumbo en la política venezolana. Uruguay, con un protagonismo emergente casi desconocido, resultó el contrapeso político a los gigantes sudamericanos, posición que no logró sostener una vez convocada las elecciones para la Constituyente haciendo que el bloque como un todo compacto, terminara por darle la espalda al gobierno de Maduro. Al no existir la expulsión, la aplicación de la suspensión permanente de Venezuela del bloque por la «ruptura del orden democrático» , resulta la máxima sanción prevista por el organismo. Esta decisión termina de dejar completamente aislada a Venezuela en su propio terreno, donde sólo mantiene el apoyo de Bolivia ya que Ecuador, bajo la administración del nuevo presidente de Alianza País, Lenin Moreno, acaba de expresar públicamente su preocupación por la situación política de Venezuela.

El gran ausente es Unasur. Ernesto Samper, ex presidente de Colombia, quien dejó el cargo de secretario general del bloque a finales de enero, sostuvo que «la intervención de Unasur en el proceso de Venezuela está absolutamente congelada». El problema es que este organismo atraviesa su propia crisis interna, un proceso de vaciamiento de su poder real como lo tuvo el Mercosur cuando la Unasur comenzó a disputarle el protagonismo regional, por lo que no cuenta con la entereza suficiente para dar respuesta. Si el Mercosur tuvo su raíz comercial en plena década liberal, la Unasur fue su contracara, un organismo fundamentalmente político que emergió como instancia supranacional con un sello de época.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió en los últimos días con la amenaza de una violencia en acto. Aseguró que su gobierno no descarta la posibilidad de una intervención militar en Venezuela. Imprudente, como siempre, Trump sostuvo que es su condición de país vecino hacía más fácil la idea de una intervención, «tenemos tropas por todo el mundo, por qué no ir aquí al lado».

Pero el rechazo a estas declaraciones fueron absolutas. «Ni dictadura ni intervención», expresó como voluntad el secretario general de la ONU. António Guterres sostuvo que «América Latina ha logrado librarse tanto de la intervención extranjera como del autoritarismo. Esa es una lección que es muy importante salvaguardar, concretamente en Venezuela».

Por su parte, la Unión Europea fue uno de los primeros bloques regionales en hacer público su rechazo a la convocatoria Constituyente. Federica Mogherini, representante de la Unión para la Política Exterior, sostuvo que «no pueden reconocer la Asamblea Constituyente por su preocupación en cuanto a su efectiva representatividad y legitimidad». La crítica se centra en la falta de representación de un Legislativo que no contó con la participación de la oposición. Pero no fue la primera declaración fuerte contra el oficialismo, si tenemos en cuenta la presión política que se ha dado desde ese organismo en el reclamo por la liberación de los políticos presos. Bruselas insiste en la importancia de respetar el calendario electoral, abrir un canal humanitario, liberar a los opositores y respetar la Asamblea Nacional.

El único aliado al gobierno de Venezuela parece ser Rusia. El Kremlin respaldó la Constituyente y criticó a los países que no la reconocieron. En un comunicado del Ministerio Relaciones Exteriores ruso, denunciaron una «presión económica sobre Caracas» por parte de los países centrales para profundizar la polarización y el enfrentamiento. Si bien el apoyo político es clave, el respaldo económico desde Rusia resulta limitado.

China optó por ser más prudente. Lo que busca el gigante asiático, en este momento, es que Venezuela salde una deuda de unos 65.000 millones de dólares. Si bien este préstamo da cuenta de los lazos que existen entre ambos países también expone sus limitaciones.

La buena noticia, entre tanto desconcierto, es que algo parece haber persistido: el rechazo en América Latina a cualquier iniciativa de injerencia militar en conflictos de política interna. La negativa regional a la propuesta militar de Trump fue rotunda y unánime.

Raúl Castro, en enero del 2014, declaró a América Latina y el Caribe como zona de Paz. Fue durante la cumbre de jefes y jefas de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) cuando sostuvo que, una vez resuelto el proceso de paz en Colombia, la región podía garantizar el camino pacífico y negociado para la resolución de sus problemas, sin violencia.

En la declaración, firmada hace más de tres años por una treintena de presidentes de la región, decía: «Nuestro compromiso permanente es con la solución pacífica de controversias a fin de desterrar para siempre el uso y la amenaza del uso de la fuerza de nuestra región». En estos tiempos peligrosos, no viene mal recordarnos las décadas y la sangre que le llevó a América Latina terminar con largos años de violencia.

¿Está a tiempo Venezuela de evitar la explosión? por Tomás Straka – Nueva Sociedad – Agosto 2017

Venezuela arde. Maduro se atrinchera mientras numerosos países desconocen la Constituyente. Los líderes opositores son encarcelados y la población teme por su futuro. ¿Se puede detener la espiral de locura?

Muchos venezolanos creían que el 30 de julio llegaría algo parecido al fin del mundo. La elección de una Asamblea Constituyente dotada de poderes absolutos lleva más lejos las sentencias que suspendieron el proceso de referéndum revocatorio a Nicolás Maduro en octubre del año pasado, y aquella que en marzo de este año disolvía en la práctica a la Asamblea Nacional en manos de la oposición. Es decir, dotaba por la vía judicial, de todo el poder a un gobierno que venía de una abrumadora derrota electoral y que según los sondeos no está en condiciones de ganar ninguna otra elección. Cien días de protestas, intensificadas desde que el 1 de mayo Maduro anunció la convocatoria a una Constituyente saltándose los pasos estipulados por la ley y los principios de la igualdad y la universalidad del voto, no lo detuvieron en su empeño. Tampoco lo hicieron los llamados de muchas naciones, las sanciones de los Estados Unidos o los intentos de negociación encabezados por José Luis Rodríguez Zapatero. Con el apoyo firme de las Fuerzas Armadas, el 30 de julio se hicieron las votaciones. En la madrugada el Consejo Nacional Electoral anunció que algo más de ocho millones de personas habían participado de los comicios. Maduro se declaró ganador. Una Constituyente con todos los poderes está por instalarse y la mayoría de los venezolanos se preguntan angustiosamente qué es lo que vendrá.

Casi todos los analistas apuntan que se producirá un aumento de la conflictividad. Lo ocurrido el mismo día de la elección fue un muy mal presagio: el 30 de julio ha sido el más sangriento de los cien días que llevan las protestas, con dieciséis personas muertas en diversos acontecimientos. Dos días después, fueron nuevamente encarcelados los líderes opositores Antonio Ledezma y Leopoldo López, hasta el momento en situación de arresto domiciliario. A esto se le suma el debate por la cifra de electores anunciada por el Consejo Nacional Electoral. Esos ocho millones de votantes han resultado muy difíciles de creer. Son casi tantos como la votación más alta obtenida por Hugo Chávez, justo cuando todos los sondeos indicaban un rechazo del 70% a la Constituyente y una intención de voto de sólo el 13%. Pero el gobierno tenía frente a sí el monumental acto de protesta del 16 de julio, cuando siete millones y medio de personas salieron a la calle a firmar contra la iniciativa de la Constituyente. La forma en la que ese acto le quitó legitimidad y se la dio a la oposición, puede medirse por la reacción internacional que desató. Necesitaba superarlos de alguna manera y el 30 de julio fue el momento para medir fuerzas. Todos los observadores imparciales coinciden en que perdió la competencia. Las estimaciones hablan de una participación de dos millones y medio de electores. Los más optimistas dicen que fueron cinco millones.

La consecuencia es que los gobiernos de Estados Unidos, Colombia, Reino Unido, Panamá, Brasil, Argentina, Paraguay, México, Costa Rica, Chile, Suiza y España, han decidido no reconocer la Asamblea Nacional Constituyente. Recientemente, la Unión Europea ha hecho lo propio. Una lista de veintiocho países más han manifestado su preocupación y muchos anuncian que aplicarán sanciones. Pero nadie ha ido tan lejos como la administración de Donald Trump. Primero le impuso sanciones financieras a trece altos funcionarios. Después, lo hizo directamente con Nicolás Maduro. Finalmente, ya ha anunciado que estudia imponer otras medidas, probablemente en el área petrolera. Los especialistas indican que Trump tiene un buen margen para moverse en esta dirección sin afectar los precios del combustible. Para explicarlo de forma muy simple: en su empeño de diversificar el mercado y disminuir la dependencia de Estados Unidos, Venezuela redujo progresivamente la venta de crudo a ese país, que hoy ronda los setecientos mil barriles. Sin embargo, como el resto de la producción se divide entre lo que se vende a otros mercados por convenios que no pagan de inmediato o no lo hacen en efectivo (Petrocaribe), o está ya hipotecada a China que pagó por adelantado, los barriles que van a Estados Unidos se volvieron cada vez más importantes ya que son los que producen flujo de caja. Además, no hay manera de hallar colocación para ellos en otra parte. Tal vez se logre con algunos, como lo consiguió ISIS o como lo hacen las mafias nigerianas a través de ciertos brokers, pero sería a un precio aún menor al existente y nunca en las cantidades suficientes (aunque tal vez sí para mantener rica a la cúpula y armar a las Fuerzas Armadas). Por el contrario, para Trump resulta relativamente fácil buscar otros proveedores o librar algo de su reserva estratégica (cosa que además le daría efectivo, que también necesita) porque desde hace tiempo compra menos petróleo venezolano. Queriendo ser menos dependiente de Estados Unidos, Venezuela obtuvo justo lo contrario.

Las sanciones planteadas hasta ahora son solo algunas del largo menú. Estas se extienden desde la posibilidad de no venderle gasolina a Venezuela – que por la situación de la estatal PDVSA debe importarla–, a no proveerle los disolventes para los crudos pesados y extrapesados que constituyen la mayor parte de sus reservas. Pero sobre todo pueden hacerle la vida imposible a la cúpula (y a muchos de los cuados medios, porque ya se habló de sancionar a todos los que participaron en el proceso Constituyente) y las transacciones financieras del país. Los tenedores de bonos, pieza clave del financiamiento del Estado, y los socios mayores o menores en otros negocios, tienen razones para estar preocupados.

Aún es difícil saber cómo se moverán Maduro y sus aliados –especialmente Rusia–, o si la Constituyente dará algún paso para ganar algo del respaldo popular. De momento, el panorama es el de una Asamblea Constituyente sin una amplia base social y desconocida por muchos países (entre ellos, aquel que nos da los dólares de los que vivimos); un presidente declarado dictador por Estados Unidos; una oposición legitimada y mayoritaria, pero con pocos recursos para enfrentarse a las Fuerzas Armadas; una protesta social creciente, que responde a dinámicas autónomas a la agenda de la oposición; un conflicto que cada vez es más internacional y una situación económica y social que ya es enorme y sólo parece que se agravará, sobre todo si se imponen la sanciones. La combinación de todos esos gases inflamables es lo que viene ahora en Venezuela. Ojalá, como saben hacerlo los bomberos cuando hay fugas, alguien logre evitar la explosión.

Atacan la embajada de España en Venezuela con cócteles molotov – 20Minutos – 4 de Agosto 2017

thumb.jpegDos personas a bordo de una motocicleta arrojaron tres cócteles molotov que cayeron en las zonas ajardinadas de la embajada, sin causar heridos.
España es uno de los países que ha anunciado que no reconocerá la Constituyente.
Maduro ha ordenado detener “a todo aquel que pretenda especular” y subir los precios de los productos en el país y ha pedido “mano dura, mano de hierro”.

La Embajada de España en Venezuela sufrió un ataque leve por parte de un motorista que arrojó tres explosivos de baja intensidad, al parecer tres bombas incendiarias conocidas como cócteles molotov, sobre sus áreas verdes que no causaron daños materiales o a personas, un suceso que está siendo investigado por el Ministerio Público del país caribeño.

El embajador de España en Venezuela, Jesús Silva reiteró que el incidente no causó lesiones en las personas que se encontraban en la sede diplomática o problemas de otra naturaleza y que las autoridades se han presentado a prestar toda la ayuda necesaria.

El suceso ocurrió pasadas las 14.00 (18.00 GMT) cuando dos personas a bordo de una motocicleta arrojaron estos explosivos caseros.

El Ministerio Público (MP) ha informado que ha iniciado todas las investigaciones necesarias para esclarecer el hecho que no dejó herido a través la fiscalía 54 nacional.

Según el MP, agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se encuentran en el lugar colectando “evidencias de interés” y “practican otras experticias que permitan establecer las responsabilidades penales derivadas de este hecho”.

España está entre los países que ha anunciado públicamente y de forma particular que no reconocerá la Asamblea Constituyente impulsada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como también lo han hecho EE UU y la UE.

Últimas órdenes de Maduro
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que ordenó al ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, detener “a todo aquel que pretenda especular” y subir los precios de los productos en el país basándose en el dólar no oficial, que en los últimos días ha subido de forma exponencial.

“Vamos a iniciar esta etapa ahora Constituyente y hay que dar la batalla duro contra los especuladores que fijan los precios a través de ‘Dólar Today’. Comprando productos en Venezuela, produciendo en Venezuela, los quieren vender al precio del dólar criminal”, expreso el mandatario desde Caracas en una alocución televisada.

El jefe de Estado venezolano dijo en ese sentido que no permitirá que se vendan los productos a precio del dólar no oficial, al que ha calificado de “terrorista”. “Mano dura, mano de hierro, vayan con todo”, agregó, y enfatizó que aquellos que suban los precios “presos tienen que ir”.

Maduro dijo además que le pasaron un dato de una cadena de supermercados, de la que no dijo el nombre, que ha aumentado los precios y que por ello pidió investigarla.

El dólar siguió este viernes batiendo récords de cotización respecto al bolívar, que no deja de caer en el mercado paralelo al cambio oficial impuesto por el Gobierno venezolano, cuatro días después de la elección de una Asamblea Constituyente rechazada por la oposición y varios países, informó la página Dolar Today.

El Estado venezolano monopoliza el flujo de divisas bajo un control de cambio desde 2003 y ha acentuado los filtros para la asignación de estas monedas en el último quinquenio debido a la crisis económica que sufre el país, principalmente por la caída en los precios globales del petróleo.

Comunicado de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios – 3 de Agosto 2017

 

ANTE LA INCONSTITUCIONAL, ILEGÍTIMA y ANTIDEMOCRÁTICA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE QUE CONSOLIDA UN ESTADO DE FACTO EN VENEZUELA.

Los Rectores de las Universidades Nacionales agrupados en la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU), nos dirigimos al País y a la Comunidad Internacional para denunciar la grave y difícil situación que vive la Nación venezolana ante el proceso efectuado en fecha 30 de julio de 2017, violatorio de la soberanía, del derecho al sufragio y a la participación política de los ciudadanos venezolanos de forma pacífica, que consolida la imposición de la Asamblea Nacional Constituyente, decretada por el Ciudadano Nicolás Maduro Moros. En tal sentido, manifestamos:

CONSIDERANDO

Que los Rectores ratificamos nuestro apego a la Ley de Universidades vigente, la cual confiere a las Universidades, en su artículo 2 la cualidad de ser Instituciones al servicio de la Nación, así como el deber de colaborar en la orientación de la vida del País mediante su contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas nacionales.

CONSIDERANDO

Que la educación universitaria como derecho humano y deber social se fundamenta en el principio de respeto a todas las corrientes de pensamiento erigida en valores democráticos, de justicia social y de solidaridad humana.

CONSIDERANDO
Que por mandato Constitucional, Venezuela se constituye como un estado democrático, social de derecho y de justicia, y por ser competencia de las instituciones universitarias del País la defensa de los valores a la vida, libertad, justicia, igualdad, preeminencia de los derechos humanos, ética y pluralismo político, están llamadas a participar con los demás Poderes Públicos en la orientación y defensa del ordenamiento constitucional y jurídico venezolano, pilares fundamentales que garantizan la paz y la convivencia de la Nación.

CONSIDERANDO

Que las actuación del Poder Ejecutivo, Consejo Nacional Electoral y Tribunal Supremo de Justicia, originaron la ruptura definitiva del orden democrático, con la convocatoria mediante Decreto N° 2.830 de fecha 01 de mayo de 2017, a una Asamblea Nacional Constituyente, violatoria de los derechos a la soberanía originaria, al sufragio y a la participación política consagrados en los artículos 5, 62, 63, 347 y 348 Constitucional, con lo cual pretende la trasformación del Estado Venezolano, derogando el Estado Democrático, y social de derecho y de justicia proclamado por la voluntad del pueblo de Venezuela en Asamblea Constituyente de 1999.

CONSIDERANDO

Que ante el desconocimiento arbitrario de la voluntad del Pueblo de Venezuela por parte del Ejecutivo Nacional y demás Poderes públicos, la AVERU interpuso por ante el Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, Demanda de nulidad por razones de inconstitucionalidad contra la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, recurriendo al mecanismo institucional que la democracia establece para la resolución de los conflictos.

CONSIDERANDO

Que el proceso de consulta popular en ejercicio de la soberanía y de libre expresión democrática, llevada a cabo el día 16 de julio de 2017 por las organizaciones políticas y la sociedad civil, es desconocido por el Ejecutivo Nacional y demás Poderes Públicos violentando la voluntad del pueblo Venezolano que afirmó el rechazo y desconocimiento a la convocatoria de una Asamblea Constituyente sin consulta previa a los ciudadanos, la aprobación de elecciones libres y transparentes para la instauración de un Gobierno de Unión Nacional y la reconstrucción del País.

CONSIDERANDO

Que la AVERU rechaza de forma enérgica la escalada de violencia por parte de los organismos de seguridad del Estado en los últimos tres meses, y especial condena los asesinatos de 17 ciudadanos ocurridos el día 30 de julio de 2017, durante el evento de selección de los integrantes a la Asamblea Nacional Constituyente, asimismo exige el cese de los asesinatos en protestas pacíficas, las detenciones arbitrarias, sometimiento a la jurisdicción militar, torturas, aislamientos, allanamientos, acoso y la negativa de permitir la asistencia médica de lesionados, por constituir un comportamiento cruel e inhumano contrario a los convenios de Ginebra sobre Derechos Humanos y principio democráticos.

ACUERDA

PRIMERO: Rechazar el flagrante desconocimiento del sistema democrático venezolano por parte del Poder Ejecutivo Nacional, Electoral y Judicial, órganos que excediendo la autoridad que le ha sido otorgada cercenan las competencias del Poder Legislativo, pilar de la democracia por ser producto de la elección libre, universal, directa y secreta, mecanismo mediante el cual los ciudadanos participan en los asuntos públicos por medio de sus representantes elegidos.

SEGUNDO: Exigir el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales, y en especial el derecho a la vida de todos los venezolanos, consagrados en la Constitución y estándares Internacionales.

TERCERO: Ratificar que las Universidades de gestión pública y privada están al servicio del País como interlocutores, para realizar los aportes ante cualquier situación que amerite en un futuro inmediato un entendimiento nacional, en el marco de respeto a la Constitución vigente.

CUARTO: AVERU reitera el deber de todos las instituciones pública y privadas de continuar trabajando en defensa de la institucionalidad con apego a la pluralidad, valores y principios democráticos, que prevé la Constitución en la búsqueda de soluciones en pro del bien común de la Nación.

QUINTO: AVERU manifiesta a la Comunidad Universitaria y a la sociedad venezolana su compromiso de estar siempre al lado de la defensa de la autonomía universitaria, y de la separación de los Poderes como garantía de un Estado democrático, social de derecho y de justicia.

Cecilia García-Arocha Márquez, Rectora Universidad Central de Venezuela, Presidenta AVERU

Mario Bonucci Rossini, Rector Universidad de Los Andes, Vicepresidente AVERU

Benjamín Scharifker Podolsky, Rector Universidad Metropolitana, Secretario AVERU

Jorge Palencia Piña, Rector Universidad del Zulia

Jessy Divo de Romero, Rectora Universidad de Carabobo

Milena Bravo de Romero, Rectora Universidad de Oriente

Francesco Leone Durante, Rector Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado

Enrique Planchart Rotundo, Rector Universidad Simón Bolívar

Raúl Casanova Ostos, Rector Universidad Nacional Experimental del Táchira

Raúl López Sayago, Rector Universidad Pedagógica Experimental Libertador

Rita Elena Añez, Rectora Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre

Francisco José Virtuoso Arrieta, Universidad Católica Andrés Bello

Francisco Febres Cordero Carrillo, Rector Universidad Monteávila

Angel Lombardi Lombardi, Rector Universidad Católica Cecilio Acosta

Javier Yonekura Shimizu, Rector Universidad Católica del Táchira

Juan Pedro Pereira Medina, Rector Universidad Yacambú

Pedro A. Beauperthuy U., Rector Unimar

Oscar Belloso Vargas, Rector Universidad Rafael Belloso Chacín. Envía Mariano Fernández.

Foro Penal contabilizó 16 asesinatos durante protestas entre el sábado y domingo #30Jul – La Patilla – 31 de Julio 2017

La organización Foro Penal contabilizó un total de 16 asesinatos ejecutadas durante las protestas que se desarrollaron en el país contra el fraude constituyente este fin de semana.

De las víctimas, cinco fallecieron el día sábado 29 de julio mientras que 11 fueron asesinadas este domingo 30 de julio.

El cierre de la cifras se dio a las 9:00 de la noche, incluyendo entre los fallecidos a un menor de edad y un funcionario de la Guardia Nacional.

Lista de asesinados por protestas Foro Penal :

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