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Venezuela nombrado el país más peligroso para vivir por segundo año consecutivo por Youyou Zhou – La Patilla – 7 de Julio 2018

¿Te sientes seguro caminando en tu vecindario por la noche? La mayoría de los venezolanos definitivamente no.

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En 2017, solo el 17% de los venezolanos dijeron que se sentían seguros caminando solos por la noche en la ciudad o área donde viven, según una encuesta realizada por Gallup. Este sentido de seguridad drásticamente bajo refleja el deterioro de la situación económica y política en Venezuela, que han llegado a un punto que hace que el país sea prácticamente inhabitable.

Los resultados de Gallup recién se publicaron en el informe Global Law and Order del año 2018 del encuestador. Los venezolanos tenían cuatro veces menos probabilidades de responder que se sentían seguros caminando solos por la noche que el nivel promedio del 68% entre los 142 países encuestados. En los Estados Unidos, el número fue del 72%. En el Reino Unido, fue del 80%.

No es solo percepción. Venezuela fue también uno de los lugares más peligrosos para vivir en el mundo, según la encuesta: el 42% de los venezolanos dijeron que fueron robados durante los últimos 12 meses, y el 23% informó haber sido agredido o asaltado. Los venezolanos también tenían poca confianza en la aplicación de la ley: solo el 25% de las personas encuestadas dijeron que confiaban en la policía local.

Es el segundo año consecutivo que Venezuela aparece como el país menos seguro entre los encuestados. Gallup realizó la encuesta por primera vez en 2006, y las respuestas en los últimos años, de 1.000 venezolanos seleccionados al azar, muestran la disminución de la seguridad del país en la última década.

La disminución de la seguridad siguió al empeoramiento de la economía de Venezuela. Muchos negocios locales y extranjeros ya han cerrado sus puertas. En 2016, Coca-Cola dejó de producir en el país debido a una escasez de azúcar, y General Motors abandonó el país después de enfrentar grandes pérdidas y la incautación de su fábrica por parte del gobierno, por citar dos ejemplos. La economía de Venezuela se ha reducido durante cuatro años consecutivos.

Según un cálculo de las Naciones Unidas, 1,5 millones de venezolanos han abandonado el país desde 2014 debido a la crisis política y económica.

Parece que no importa dónde terminen, será más seguro que en casa.

Grupos armados que operan en Venezuela – Insigh Crime Org – Junio 2018

Venezolanos en Caracas utilizan una ‘app’ para evitar ser víctimas de crímenes en las carreteras por por Ángela R. Bonachera – CNN en Español – 21 de Junio 2018

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El objetivo de ‘Pana’, una aplicación móvil creada en septiembre de 2017, es ofrecer “única y exclusivamente resguardo y acompañamiento”El usuario pide ayuda cuando tiene un accidente en la vía y dos personas acuden para acompañarloDesde septiembre de 2017 han realizado 5.000 servicios y tienen unos 1.600 clientes directos
(CNN Español) – Algunos habitantes de Caracas, la capital de Venezuela, están utilizando una aplicación para evitar ser víctimas de crímenes en las carreteras de la ciudad.

La app envía a dos hombres en moto cuando el usuario avisa de que se ha quedado tirado con su auto para, simplemente, ofrecer protección. Esto ocurre en una ciudad que, en 2017, contó 104 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). CNN en Español pidió al Gobierno de Venezuela cifras oficiales al respecto, pero no obtuvo respuesta.

Así funciona ‘Pana’, una aplicación móvil creada en septiembre de 2017 con la función de ofrecer “única y exclusivamente resguardo y acompañamiento” mientras llegan los servicios necesarios según lo requerido en cada situación, informan desde la empresa en su propia página web. Leer más de esta entrada

Al menos 17 muertos en Caracas tras la explosión de una bomba lacrimógena en una fiesta de graduación por Alonso Moleiro – El País – 16 de Junio 2018

El ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, ha informado de que hay siete personas detenidas, dos de ellas menores de edad

Al menos 17 personas, entre ellas, ocho menores de edad, murieron en un incidente registrado en el Club Social El Paraíso, al oeste de Caracas, cuando un individuo detonó una bomba de gas lacrimógeno en medio de una fiesta para recaudar fondos de graduación, atestada de adolescentes y organizada por varias unidades educativas. El lugar, conocido por la gente como Club de los Cotorros, ha sido tradicionalmente frecuentado por los miembros de la comunidad ecuatoriana en el país.

El artefacto fue activado en medio de una discusión personal que tuvieran dos de los asistentes a la fiesta, pasadas la 1 de la madrugada. La salida del gas produjo el pánico colectivo en una sala en la que había unas 500 personas. Se registraron casos de asfixia y una violenta estampida general producto del pánico, que dejó un número aún indeterminado de heridos a causa de politraumatismos. Las víctimas fueron llevadas al Hospital Pérez Carreño, la Clínica El Paraíso y la Clínica Loira, cercanas al lugar de la tragedia.

Al informar los detalles del suceso, el Ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Néstor Reverol, anunció que el Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas (CICPC) junto a la Guardia Nacional Bolivariana, cuyos efectivos se hicieron presentes en el lugar poco después, organizaron el traslado de las víctimas a centros asistenciales, y detuvieron a siete personas, incluyendo a un menor de edad, como presuntos responsables de la explosión del artefacto. No se informó sobre el nombre del autor material.

De los fallecidos, fueron identificados por la Policía Nacional Bolivariana Jorhgen Alexander Castro (19), Adrián Alejandro Blanco (16), Luis Roniel Guerra Alfonso (19), Marcos Javier Altuve Valenzuela (18) y Luis Eduardo Barrios Cevedo (46).

La corrupción de los cuerpos policiales en Venezuela ha ido generando, con el paso de los años, un tráfico de materiales de armas de fuego, y últimamente de bombas lacrimógenas, que han ido a parar a manos de civiles en zonas populares y marginales de la ciudad. Los famosos Colectivos, organizaciones civiles armadas de carácter paramilitar amparadas por el propio gobierno chavista, han sido vistos usando y detonando bombas lacrimógenas para reprimir protestas, zanjar conflictos o enfrentar manifestaciones opositoras.

 

Los venezolanos creen vivir en el país más peligroso del mundo por Francesco Manetto – El País – 7 de Junio 2018

Un estudio de Gallup sitúa a Venezuela, azotada por la violencia, en último lugar por detrás de Afganistán en seguridad ciudadana

Los venezolanos perciben vivir en el país más peligroso del mundo. Esta es la principal conclusión del estudio sobre percepción ciudadana que elabora anualmente la firma estadounidense Gallup. Al desastre económico del régimen de Nicolás Maduro se suman desde hace años unas estadísticas más propias de un territorio en conflicto. En 2017 hubo casi 27.000 asesinatos, de los que más de 5.000 se produjeron por resistencia a las fuerzas de seguridad, y el 20% de la población fue víctima de la delincuencia, según el Observatorio Venezolano de Violencia. Gallup sitúa al país caribeño a la cola de los índices de seguridad incluso por detrás de Afganistán, que vive una precaria posguerra y que el año pasado registró el peor dato de víctimas civiles en atentados, según Naciones Unidas.

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Solo el 17% de los venezolanos creen que pueden salir solos por la noche sin correr riesgos frente, por ejemplo, al 20% de los afganos, al 40% de los mexicanos, el 42% de los colombianos y al 93% de los noruegos. Esa impresión ha empeorado radicalmente en la última década. En 2007, el 44% de los ciudadanos compartían esa sensación. El porcentaje de quienes confían en las fuerzas de seguridad, la Policía o la Guardia Nacional Bolivariana, es del 24%, cuando la media de América Latina es del 42% y la europea del 80%. Estas cifras se enmarcan en un contexto en el que los casos de microcorrupción o extorsión, alimentados por una hiperinflación insoportable, y el hostigamiento a los críticos con el chavismo se han convertido en una rutina.

Hay más datos que dibujan un panorama desalentador. El 42% sufrió un robo en los últimos 12 meses, un índice solo superado en este caso por Afganistán, Uganda y Sudán, y un 23% una agresión. El informe de Gallup, conocido este jueves, se elabora a partir de una encuesta realizada en 140 países (entre los que no figura, por ejemplo, Siria). La lista está encabezada por Singapur, Noruega e Islandia, mientras que Venezuela, que afronta una crisis sin precedentes, vuelve a cerrarla, por debajo de Afganistán, Sudán, Gabón y Liberia. España ocupa el puesto número 26.

México es el segundo país latinoamericano de esta clasificación. Le siguen República Dominicana, Bolivia, Argentina, Perú, Brasil y Colombia, que acaba de salir de un conflicto armado de más de medio siglo con las FARC pero sobre todo en las zonas rurales sigue sufriendo la violencia de disidencias, grupos insurgentes menores y carteles de narcotraficantes. La desmovilización de la guerrilla ha generado un vacío de poder en algunos territorios que durante décadas estuvieron bajo su influencia y que ahora se han convertido en un objetivo de las mafias. Eso puede haber contribuido a aumentar la percepción de inseguridad, aunque los hechos, como señala el último estudio de la Fundación Paz y Reconciliación, demuestran que desde la firma de los acuerdos, en noviembre de 2016, han disminuido los asesinatos y los desplazamientos.

En cualquier caso, los países de la región quedan en este ranking muy lejos de Venezuela, donde las estadísticas sobre la percepción de inseguridad de sus habitantes son fruto de una deriva generalizada de las instituciones. Caracas, su capital, obtiene periódicamente las peores puntuaciones del mundo. De las 50 urbes más violentas, según el último análisis del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, 42 se encuentran en América Latina. Pero la grave crisis que azota al país andino dificulta todavía más la recopilación de datos. Las cifras oficiales a menudo no existen, y las que proporciona el Gobierno chocan con las que recaban las ONG o las plataformas opositoras.

La realidad es que, a partir de las seis y media de la tarde, cuando se pone el sol, Caracas se convierte en una especie de ciudad fantasma. Incluso en los barrios residenciales tradicionalmente más seguros, como los que lindan con la plaza de Altamira, en el municipio de Chacao, es inusual cruzarse con alguien, salvo quizá en las puertas de los hoteles o de algún restaurante. Esta es la sensación habitual, que suele empeorar, cuando se producen movilizaciones y protestas, por la represión de las fuerzas de seguridad. El año pasado, entre abril y julio, más de 120 personas murieron en las manifestaciones contra el régimen de Maduro y la convocatoria de unas elecciones constituyentes.

 

Memorias por la vida – Mayo 2018

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Hacemos eco, tanto nacional como internacionalmente, de las distintas violaciones de los DDHH que se dan en Venezuela por parte del Estado. Además, construimos diariamente la memoria colectiva venezolana y el contexto histórico que en un futuro nos ayudará a recordar y decir: “No lo volveremos a repetir”. Trabajamos para dejar un legado testimonial y documental para la reconstrucción de nuestro país.

Video sobre las manifestaciones y represión en Venezuela el año 2017 :

https://memoriasporlavida.com/nunca-jamas-venezuela/

Nicaragua y Venezuela: la represión totalitaria por Trino Márquez – La Patilla – 26 de Abril 2018

Download (3).jpgEn apenas cinco días de protestas populares, los cuerpos represivos de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, asesinaron a 28 personas, la mayoría jóvenes, opuestas a la reforma del sistema de seguridad social que se vio obligado proponer el gobierno sandinista, luego de la reducción y desfalco de la generosa ayuda financiera brindaba por Nicolás Maduro a su socio centroamericano. En esta sangría fue asesinado por un francotirador del régimen el periodista Ángel Gahona, mientras cubría en vivo las protestas callejeras.
En Nicaragua se repitió el esquema utilizado en Venezuela durante las refriegas de 2017: plomo y gas del bueno. La policía y los aparatos de seguridad no actuaron para disuadir a los manifestantes y disolver las concentraciones y marchas sin víctimas fatales, sino para exterminar a los marchistas e intimidar o paralizar a quienes pretendieran incorporarse a la lucha. En Venezuela, la cifra superó las 135 víctimas en un período de cuatro meses. Daniel Ortega y sus turbas, como se les llama a los grupos paramilitares financiados por el gobierno, no han tenido tiempo de desatar una matanza tan feroz. Para lo que sí tuvieron tiempo fue para humillar a los jóvenes protestantes detenidos: a muchos de ellos los liberaron luego de raparles la cabeza y dejarlos semidesnudos y descalzos en distintas carreteras de Nicaragua.

La izquierda totalitaria se ocupa de defender los derechos humanos solo cuando se opone a los gobiernos de turno. Los cubanos fidelistas, maestros del cinismo, se quejaban y denunciaban las crueldades de Fulgencio Batista, caricatura del dictador latinoamericano. Radio Rebelde era una tribuna para enjuiciar los crímenes contra los valientes jóvenes que apoyaban al Movimiento 26 de Julio, dirigido por Fidel Castro en Sierra Maestra. Cuando Castro y sus muchachos bajaron de la montaña no quedó vestigio alguno de los derechos humanos. Todos fueron conculcados en nombre de la revolución.

El mote de “contrarrevolucionario” serviría para justificar cualquier atropello contra la dignidad humana. Los fidelistas se olvidaron de todo lo que tuviese que ver con derecho a la protesta, libertad de prensa o libertad de pensamiento. En la fortaleza La Cabaña, los Castro y el Che Guevara ordenaron la ejecución de varios miles de “contrarrevolucionarios”, sin que respetar el derecho a la defensa con un tribunal independiente. Hasta el comandante Huber Matos, líder y héroe fundamental de la revolución, fue encarcelado y torturado por haber disentido del camino emprendido por el régimen, en una carta privada dirigida a Fidel Castro.

La escuela fidelista, que hunde sus raíces en el stalinismo, se exportó a todo el continente. Sus seguidores, tomasen o no el poder, aplicaron los mismos procedimientos sanguinarios utilizados por Castro tanto dentro como fuera de sus filas. Ampliamente conocida y documentada es la crueldad con sus rehenes, con sus víctimas y con la “tropa”, de las Farc y del ELN, en Colombia; de Sendero Luminoso, mezcla de fidelismo con maoísmo, en Perú; de los Tupamaros, en Uruguay; y de los grupos guerrilleros centroamericanos. Al fino poeta salvadoreño Roque Dalton, sus compañeros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) lo condenaron a muerte, por atreverse a disentir de otros miembros de la dirección de ese movimiento. La izquierda totalitaria arrolla los derechos humanos, tanto de sus adversarios como de los correligionarios que difieran de las directrices del jefe o del partido, o que comprometa la permanencia en el poder de la claque dominante, como ha ocurrido en Cuba durante seis décadas, en Venezuela por veinte años y en Nicaragua durante los once años que lleva Ortega gobernando.

En contraste con la violencia a la cual recurre el totalitarismo izquierdista, los sistemas democráticos operan en sentido distinto. No se trata de contraponer ángeles y demonios. También en las democracias liberales los cuerpos de seguridad tienen la responsabilidad de garantizar el orden y esta tarea pasa, en muchos casos, por utilizar la fuerza y la represión, dejando a un lado el consenso o la persuasión. Sin embargo, en las sociedades democráticas, donde la supervisión parlamentaria, los medios de comunicación independientes y las organizaciones de la sociedad civil actúan como contrapeso del poder, la policía es entrenada para contener y dominar las manifestaciones cuando se desbordan, no para masacrar a la población o impedir el derecho a la protesta pacífica, tal como sucede en Cuba, Nicaragua y Venezuela, siguiendo la tradición impuesta por los antiguos países comunistas.

La denuncia de la impudicia totalitaria y la defensa permanente de los derechos humanos constituye una batalla cotidiana.

 

Caracas, la segunda ciudad más violenta del mundo – La Patilla – 6 de Marzo 2018

La ciudad mexicana de Los Cabos, uno de los enclaves turísticos más populares del país, se convirtió este 2017 en la urbe más violenta del mundo, seguida de Caracas y Acapulco, según un informe divulgado hoy en México por una ONG.

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“Con una tasa de 111,33 homicidios por cada 100.000 habitantes, en 2017 la mexicana Los Cabos (en el noroccidental estado de Baja California Sur) fue la ciudad más violenta del mundo e ingresó por primera vez al ránking”, indicó el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

En su listado anual, indicó que con una tasa ligeramente inferior (111,19) ocupó el segundo lugar Caracas, capital de Venezuela, seguido del balneario mexicano de Acapulco, con una tasa de 106,63.

El informe señaló que, a partir de la clasificación, se pudo determinar que se ha producido una “pronunciada y rápida disminución” de los homicidios en las ciudades de Honduras.

En 2016, en San Pedro Sula se registró una tasa de 112,09 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero en 2017 fue de 51,18: una baja del 54,34 % en tan solo un año.

De este modo, la urbe pasó de la tercera posición en el listado en 2016 a la 26 en el de 2017.

“Estas reducciones extraordinarias son el resultado de un encomiable esfuerzo del Gobierno de Honduras por erradicar en forma sistemática a células de grupos criminales, reducir la impunidad y actuar contra los delitos, distintos a los homicidios, que cometen las pandillas”, identificó la ONG.

Por el contrario, se produjo un incremento sustancial de la violencia en las urbes de México.

Si en 2015 cinco ciudades mexicanas se incluyeron en el ránking, en 2017 fueron 12, la misma cifra de 2011.

“Las ciudades mexicanas estuvieron muy lejos de la tasa de casi 300 homicidios por cada 100.000 habitantes que alcanzó Juárez en 2010, pero el incremento de la violencia es innegable”, apuntó el texto, que atribuyó la situación al a falta de acción y a la impunidad.

Las 12 ciudades que aparecen en la clasificación son: Los Cabos, Acapulco, Tijuana, La Paz, Victoria, Culiacán, Juárez, Chihuahua, Obregón, Tepic, Reynosa y Mazatlán.

México registró oficialmente 25.339 asesinatos en 2017, su año más negro en dos décadas.

Además, la ONG denuncia la “creciente dificultad” para identificar la “magnitud de la violencia homicida” en Venezuela.

“Nos enfrentamos a un nuevo fenómeno que expresa la muy grave crisis que en todos los órdenes que enfrenta Venezuela: la creciente incapacidad de contar a sus muertos”, agregó la ONG.

Incluidas en el ránking de 2016, salieron del de 2017 seis ciudades: Cuiabá (Brasil), Curitiba (Brasil), São Luís (Brasil), Armenia (Colombia), Cumaná (Venezuela) y Gran Barcelona (Venezuela).

Al ránking ingresaron las ciudades mexicanas de Los Cabos y La Paz, ambas por primera vez, Tepic reingresa junto con San Juan (Puerto Rico), y las brasileñas Porto Alegre y Campina Grande.

De las 50 ciudades del listado, 17 se ubican en Brasil, 12 en México, 5 en Venezuela, 4 en Estados Unidos, 3 en Colombia, 3 en Sudáfrica y 2 en Honduras. Hay una urbe de El Salvador, Guatemala, Puerto Rico y Jamaica.

En las 50 localidades, la tasa promedio de homicidios fue de 59,17 por cada 100.000 habitantes.

Solo las primeras 16 ciudades superaron ese promedio, especificó la organización civil. EFE

 

Socialismo del siglo XXI: crónica de un genocidio en Venezuela por Jonathan A. García Nieves – Forum Libertas.com – 2 de Febrero 2018

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El autodenominado Socialismo del Siglo XXI: régimen autoritario instaurado por Hugo Chávez en 1999 y mantenido hasta ahora por la inefable diarquía de Maduro y Cabello, ha estado cometiendo -ante los ojos del mundo- un flagrante genocidio contra el pueblo venezolano.

La población opositora a dicho régimen, ha estado siendo víctima de asesinatos de Estado, perpetrados sistemáticamente desde aquel fatídico 11 de abril de 2002; día en que Hugo Chávez, el mismo Teniente-Coronel golpista de 1992 –esta vez como Presidente de la República- volvió a teñir el suelo de Venezuela con la sangre de sus hijos demócratas.

Aquel día Chávez sepultó para siempre su legitimidad de desempeño, al ordenar a los francotiradores de sus servicios de inteligencia y a sus infames grupos paramilitares (“círculos bolivarianos”), abrir fuego contra la población civil que, pacíficamente, marchaba por las calles de Caracas, clamando libertad; esa libertad que -ya para ese entonces- sabíamos perdida para todo el pueblo venezolano, incluso para amplios sectores chavistas que tarde terminaron entendiéndolo.

Eran los albores del Socialismo del Siglo XXI: caótico sistema implantado mediante múltiples acciones y omisiones reñidas con los derechos políticos y las libertades económicas de los venezolanos; unas gravemente dolosas y otras inexcusablemente culposas; la inmensa mayoría contrarias al Bien Común; todas rendidoras de frutos que se resumen en la devastación total y absoluta de Venezuela: otrora país de gente feliz sin saberlo, con pujante economía, la democracia más estable de Latinoamérica; destino soñado y receptor generoso de inmigrantes de distintas latitudes y por distintas generaciones.

Ese abril de 2002 este régimen genocida instaurado por Hugo Chávez, se estrenó con precisión en su mortífera faena, asestando certeros disparos a la cabeza de 17 personas de entre las que iban en la marcha. Pero con el transcurso de los años, y a medida en que el cáncer de la tiranía fue haciendo metástasis en todo el aparato del Estado venezolano, sus crímenes de lesa humanidad fueron ampliándose, tanto en cantidad y sectorización de las víctimas, como en gravedad y variedad de los métodos empleados para su perpetración.

Los ataques armados contra la población opositora en cada uno de sus actos políticos y manifestaciones públicas, pasaron a hacerse comunes año tras año desde 2002; esparciendo dolor y muerte por todo el territorio nacional. Incluso en las colas para ejercer el derecho al sufragio en distintos procesos electorales, los colectivos narco-comunistas han atacado con armas a la población opositora, sin que los militares apostados para brindar seguridad en dichos procesos se inmutaren mínimamente.

La sistemática apología del delito y el discurso permanentemente agresivo del presidente de la República y sus ministros, transmitidos de manera obligatoria y cotidiana por todas las emisoras de radio y televisión de Venezuela a lo largo de estos 18 años de obscuridad; no podían menos que hacer mella en la psiquis del venezolano. Así, según cifras del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), el Socialismo del Siglo XXI ha incrementado en casi un 500 por ciento las muertes violentas en Venezuela. Las cifras que para 1998 (último año de Democracia) fueron de 4.550, pasaron a 5.968 en el primer año de gobierno de Hugo Chávez (1999); incrementándose cada año hasta llegar a 21.692 en su último año de gobierno (2012). Y con Maduro siguió esta nefasta tendencia, hasta alcanzar las 26.616 muertes violentas en 2017.

En medio de este escenario de violencia generado por el régimen, éste ha aprovechado para consumar el exterminio silencioso de centenares de personas cuyas muertes por arma de fuego, a manos de agentes del Estado y con móviles ajenos a la seguridad ciudadana, comenzaron a ser camufladas dentro de la cifra negra de esa fosa común que el régimen denomina “ajuste de cuentas”.

En febrero de 2014, las manifestaciones ciudadanas contra el régimen, una vez más fueron reprimidas con armas de fuego, empuñadas tanto por los cuerpos de seguridad del Estado como por el siniestro brazo armado del partido de gobierno (PSUV): los mismos grupos paramilitares antes conocidos como “círculos bolivarianos” y ahora como “colectivos socialistas”. En esta oportunidad, la arremetida -que dejó un saldo de 43 víctimas fatales- fue abiertamente ordenada vía redes sociales, por un ex militar, alto personero del régimen, quien la denominó el “Ataque Fulminante”.

En los siguientes dos años (2015 y 2016), el Gobierno de Maduro diseñó y ejecutó un pseudo-plan de seguridad ciudadana, denominado “Operaciones para la Liberación del Pueblo” (conocido por sus siglas OLP), que consistió en una sórdida cacería humana, ejecutada conjuntamente por cuerpos militares y policiales del régimen. Los efectivos participantes en estas operaciones -usando mascaras de calavera que infundían profundo temor en la población- se adentraron en el seno de las barriadas más desfavorecidas de las grandes ciudades de Venezuela; realizando una especie de ‘limpieza social’ en la que a centenares de personas de ‘presunta conducta antisocial’ se les aplicó pena de muerte, y sin fórmula de juicio alguno; al margen de toda legalidad y de los Derechos Humanos. Resultado de la cacería: más de 900 personas asesinadas por el régimen en año y medio.

Durante cuatro largos meses de 2017, el pueblo demócrata de Venezuela, clamando por el fin de tanta penuria, volvió a las calles día tras día, realizando su más prolongada manifestación contra la dictadura. Y en esta oportunidad el mundo sería testigo de cómo estudiantes que sólo contaban con la protección de improvisados escudos de hojalata, madera o cartón; fueron acribillados con armas de fuego de alta potencia, a manos de efectivos militares, policías nacionales y colectivos narco-comunistas; en una macabra especie de juego de tiro al blanco, que segó la vida de otros 124 venezolanos opositores a la dictadura genocida.

En estos mismos sucesos, la abominable actuación de las fuerzas del régimen llegó al extremo de recurrir al arrollamiento intencional de grupos de manifestantes, a quienes se les pasó por encima con vehículos blindados de la Guardia Nacional; e incluso se llegó a la indebida utilización de bombas lacrimógenas como proyectiles: apuntándolas y disparándolas, de manera directa y a quemarropa, contra el cuerpo de los manifestantes; abultando con ello el número de víctimas fatales.

Hace apenas unos días, el 15 de enero de 2018, en quizás la más feroz de las matanzas imputables a la dupla necrófila de Maduro-Cabello; el Socialismo del Siglo XXI mostró nuevamente sus fauces genocidas, con un acto abominable que perdurará por siempre en la memoria histórica del pueblo venezolano: la infausta “Masacre de El Junquito”: vil ejecución extrajudicial del ex agente policial Óscar Pérez y seis de sus hombres; quienes, declarados en desobediencia contra la dictadura, habían llegado a realizar algunas operaciones tácticas que –pese a ser incruentas- resultaron totalmente exitosas (la toma de recintos militares y policiales para recuperar las armas de la República, maniatando a los esbirros uniformados, y haciéndoles oír las palabras más profundas del sentir popular: “¿Hasta cuándo le dan la espalda al pueblo, para apoyar a este régimen de narcotraficantes?”). Lo que cual fue grabado en videos ampliamente difundidos a través del único medio de comunicación disponible por los venezolanos (las redes sociales); logrando ridiculizar a los servicios de seguridad e inteligencia del régimen, y constituyendo para éste una afrenta imperdonable, a ser cobrada con sangre.

Esta masacre del 15 de enero, en la que 7 personas pública y manifiestamente rendidas, con expresa voluntad de entrega ante el Ministerio Público, y apenas refugiadas en una modesta casa de familia; fueron sitiadas por un contingente de más de 300 hombres armados –entre policías nacionales y miembros del grupo paramilitar “Tres Raíces”- para luego ser acribilladas por brutal y desproporcionada metralla de armas de guerra, y un más que innecesario uso de cohetes anti-tanques; sin duda marca un hito en el prontuario criminal de lesa humanidad del Socialismo del Siglo XXI: su Animus Necandi (intención o ánimo de matar) quedó impúdicamente desnudo ante los ojos de Venezuela y el mundo.

Pero, muy lamentablemente, el genocidio no termina allí, y hace años que ya no se está limitando al redil de la población opositora. El genocidio sigue ocurriendo ahora y de manera generalizada contra toda la población, ya que en los últimos años miles de venezolanos han estado muriendo a causa del hambre y de la carencia de medicinas, generadas por las ineptas políticas económicas Chávez y Maduro; siendo que este último –como agravante- se niega a abrir las puertas al canal de ayuda humanitaria, exigido por los líderes de la oposición y ofrecido por instituciones internacionales. A lo cual se suma la ejecución de una tácita política de Estado, tendente a generar y tolerar la inseguridad ciudadana como medio de control sociopolítico; política ésta cuyas cifras de ‘efectividad’ anual van aproximándose, cada vez más rápidamente, a los 30.000 homicidios por causas violentas.

En las penumbras del miedo y sobre las ruinas de Venezuela impera este Gobierno bizarro, para el que el Bien Común es contrario a sus propósitos; este GOBIERNO DEL MAL que encuentra deleite en el odio y en la injusticia, en la mentira y en la manipulación; y que ve en la pobreza material y la mella espiritual de su pueblo, el hábitat propicio para la perpetuidad de su nefasto proyecto político.

Hoy desde mi fe, ruego a Jesucristo, Señor de la Historia, por la pronta restauración de mi amada patria, por el respeto a los derechos humanos de mi noble pueblo; y también porque las palabras de Juan Pablo II sean luz para las mentes y los corazones, tanto de nuestros victimarios como de aquellos que están llamados a hacernos justicia en el plano temporal:

Los conatos de genocidio son “delitos contra Dios y contra la misma humanidad, y los autores de estos crímenes deben responder ante la justicia” (Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, 1999).

Hoy resultan luminosas las enseñanzas del Magisterio Social de la Iglesia Católica, acerca de cómo ha de ser la respuesta de la Comunidad Internacional ante éste y cualquier otro caso de genocidio:

“La Comunidad Internacional en su conjunto tiene la obligación moral de intervenir a favor de aquellos grupos cuya misma supervivencia está amenazada, o cuyos derechos fundamentales son gravemente violados. Los Estados, en cuanto partes de una comunidad internacional, no pueden permanecer indiferentes; al contrario, si todos los demás medios a disposición se revelaran ineficaces, ’es legitimo, e incluso obligado, emprender iniciativas concretas para desarmar al agresor’. El principio de la soberanía nacional no se puede aducir como pretexto para impedir la intervención en defensa de las víctimas”. (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, núm. 506).

Vaya a mi amado pueblo venezolano una palabra de esperanza. Nuestra libertad llegará con el esfuerzo de todos; el mal puede que nos haya ganado varias batallas, pero nunca nos ganará la guerra, porque éste nunca prevalecerá sobre Bien. Mantengamos nuestra lucha, cada uno en su ámbito de acción y conforme a sus posibilidades; y confiemos en Nuestro Dios que –sin lugar a dudas- hoy nos mira con el mismo amor que al pueblo de Israel en sus tiempos de aflicción en Egipto:

“Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo (…), y he escuchado su clamor a causa de sus opresores, pues estoy consciente de sus sufrimientos.” (Ex. 3:9).

Jonathan A. García Nieves es ciudadano venezolano

 

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