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Nicaragua y Venezuela: la represión totalitaria por Trino Márquez – La Patilla – 26 de Abril 2018

Download (3).jpgEn apenas cinco días de protestas populares, los cuerpos represivos de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, asesinaron a 28 personas, la mayoría jóvenes, opuestas a la reforma del sistema de seguridad social que se vio obligado proponer el gobierno sandinista, luego de la reducción y desfalco de la generosa ayuda financiera brindaba por Nicolás Maduro a su socio centroamericano. En esta sangría fue asesinado por un francotirador del régimen el periodista Ángel Gahona, mientras cubría en vivo las protestas callejeras.
En Nicaragua se repitió el esquema utilizado en Venezuela durante las refriegas de 2017: plomo y gas del bueno. La policía y los aparatos de seguridad no actuaron para disuadir a los manifestantes y disolver las concentraciones y marchas sin víctimas fatales, sino para exterminar a los marchistas e intimidar o paralizar a quienes pretendieran incorporarse a la lucha. En Venezuela, la cifra superó las 135 víctimas en un período de cuatro meses. Daniel Ortega y sus turbas, como se les llama a los grupos paramilitares financiados por el gobierno, no han tenido tiempo de desatar una matanza tan feroz. Para lo que sí tuvieron tiempo fue para humillar a los jóvenes protestantes detenidos: a muchos de ellos los liberaron luego de raparles la cabeza y dejarlos semidesnudos y descalzos en distintas carreteras de Nicaragua.

La izquierda totalitaria se ocupa de defender los derechos humanos solo cuando se opone a los gobiernos de turno. Los cubanos fidelistas, maestros del cinismo, se quejaban y denunciaban las crueldades de Fulgencio Batista, caricatura del dictador latinoamericano. Radio Rebelde era una tribuna para enjuiciar los crímenes contra los valientes jóvenes que apoyaban al Movimiento 26 de Julio, dirigido por Fidel Castro en Sierra Maestra. Cuando Castro y sus muchachos bajaron de la montaña no quedó vestigio alguno de los derechos humanos. Todos fueron conculcados en nombre de la revolución.

El mote de “contrarrevolucionario” serviría para justificar cualquier atropello contra la dignidad humana. Los fidelistas se olvidaron de todo lo que tuviese que ver con derecho a la protesta, libertad de prensa o libertad de pensamiento. En la fortaleza La Cabaña, los Castro y el Che Guevara ordenaron la ejecución de varios miles de “contrarrevolucionarios”, sin que respetar el derecho a la defensa con un tribunal independiente. Hasta el comandante Huber Matos, líder y héroe fundamental de la revolución, fue encarcelado y torturado por haber disentido del camino emprendido por el régimen, en una carta privada dirigida a Fidel Castro.

La escuela fidelista, que hunde sus raíces en el stalinismo, se exportó a todo el continente. Sus seguidores, tomasen o no el poder, aplicaron los mismos procedimientos sanguinarios utilizados por Castro tanto dentro como fuera de sus filas. Ampliamente conocida y documentada es la crueldad con sus rehenes, con sus víctimas y con la “tropa”, de las Farc y del ELN, en Colombia; de Sendero Luminoso, mezcla de fidelismo con maoísmo, en Perú; de los Tupamaros, en Uruguay; y de los grupos guerrilleros centroamericanos. Al fino poeta salvadoreño Roque Dalton, sus compañeros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) lo condenaron a muerte, por atreverse a disentir de otros miembros de la dirección de ese movimiento. La izquierda totalitaria arrolla los derechos humanos, tanto de sus adversarios como de los correligionarios que difieran de las directrices del jefe o del partido, o que comprometa la permanencia en el poder de la claque dominante, como ha ocurrido en Cuba durante seis décadas, en Venezuela por veinte años y en Nicaragua durante los once años que lleva Ortega gobernando.

En contraste con la violencia a la cual recurre el totalitarismo izquierdista, los sistemas democráticos operan en sentido distinto. No se trata de contraponer ángeles y demonios. También en las democracias liberales los cuerpos de seguridad tienen la responsabilidad de garantizar el orden y esta tarea pasa, en muchos casos, por utilizar la fuerza y la represión, dejando a un lado el consenso o la persuasión. Sin embargo, en las sociedades democráticas, donde la supervisión parlamentaria, los medios de comunicación independientes y las organizaciones de la sociedad civil actúan como contrapeso del poder, la policía es entrenada para contener y dominar las manifestaciones cuando se desbordan, no para masacrar a la población o impedir el derecho a la protesta pacífica, tal como sucede en Cuba, Nicaragua y Venezuela, siguiendo la tradición impuesta por los antiguos países comunistas.

La denuncia de la impudicia totalitaria y la defensa permanente de los derechos humanos constituye una batalla cotidiana.

 

Caracas, la segunda ciudad más violenta del mundo – La Patilla – 6 de Marzo 2018

La ciudad mexicana de Los Cabos, uno de los enclaves turísticos más populares del país, se convirtió este 2017 en la urbe más violenta del mundo, seguida de Caracas y Acapulco, según un informe divulgado hoy en México por una ONG.

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“Con una tasa de 111,33 homicidios por cada 100.000 habitantes, en 2017 la mexicana Los Cabos (en el noroccidental estado de Baja California Sur) fue la ciudad más violenta del mundo e ingresó por primera vez al ránking”, indicó el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

En su listado anual, indicó que con una tasa ligeramente inferior (111,19) ocupó el segundo lugar Caracas, capital de Venezuela, seguido del balneario mexicano de Acapulco, con una tasa de 106,63.

El informe señaló que, a partir de la clasificación, se pudo determinar que se ha producido una “pronunciada y rápida disminución” de los homicidios en las ciudades de Honduras.

En 2016, en San Pedro Sula se registró una tasa de 112,09 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero en 2017 fue de 51,18: una baja del 54,34 % en tan solo un año.

De este modo, la urbe pasó de la tercera posición en el listado en 2016 a la 26 en el de 2017.

“Estas reducciones extraordinarias son el resultado de un encomiable esfuerzo del Gobierno de Honduras por erradicar en forma sistemática a células de grupos criminales, reducir la impunidad y actuar contra los delitos, distintos a los homicidios, que cometen las pandillas”, identificó la ONG.

Por el contrario, se produjo un incremento sustancial de la violencia en las urbes de México.

Si en 2015 cinco ciudades mexicanas se incluyeron en el ránking, en 2017 fueron 12, la misma cifra de 2011.

“Las ciudades mexicanas estuvieron muy lejos de la tasa de casi 300 homicidios por cada 100.000 habitantes que alcanzó Juárez en 2010, pero el incremento de la violencia es innegable”, apuntó el texto, que atribuyó la situación al a falta de acción y a la impunidad.

Las 12 ciudades que aparecen en la clasificación son: Los Cabos, Acapulco, Tijuana, La Paz, Victoria, Culiacán, Juárez, Chihuahua, Obregón, Tepic, Reynosa y Mazatlán.

México registró oficialmente 25.339 asesinatos en 2017, su año más negro en dos décadas.

Además, la ONG denuncia la “creciente dificultad” para identificar la “magnitud de la violencia homicida” en Venezuela.

“Nos enfrentamos a un nuevo fenómeno que expresa la muy grave crisis que en todos los órdenes que enfrenta Venezuela: la creciente incapacidad de contar a sus muertos”, agregó la ONG.

Incluidas en el ránking de 2016, salieron del de 2017 seis ciudades: Cuiabá (Brasil), Curitiba (Brasil), São Luís (Brasil), Armenia (Colombia), Cumaná (Venezuela) y Gran Barcelona (Venezuela).

Al ránking ingresaron las ciudades mexicanas de Los Cabos y La Paz, ambas por primera vez, Tepic reingresa junto con San Juan (Puerto Rico), y las brasileñas Porto Alegre y Campina Grande.

De las 50 ciudades del listado, 17 se ubican en Brasil, 12 en México, 5 en Venezuela, 4 en Estados Unidos, 3 en Colombia, 3 en Sudáfrica y 2 en Honduras. Hay una urbe de El Salvador, Guatemala, Puerto Rico y Jamaica.

En las 50 localidades, la tasa promedio de homicidios fue de 59,17 por cada 100.000 habitantes.

Solo las primeras 16 ciudades superaron ese promedio, especificó la organización civil. EFE

 

Socialismo del siglo XXI: crónica de un genocidio en Venezuela por Jonathan A. García Nieves – Forum Libertas.com – 2 de Febrero 2018

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El autodenominado Socialismo del Siglo XXI: régimen autoritario instaurado por Hugo Chávez en 1999 y mantenido hasta ahora por la inefable diarquía de Maduro y Cabello, ha estado cometiendo -ante los ojos del mundo- un flagrante genocidio contra el pueblo venezolano.

La población opositora a dicho régimen, ha estado siendo víctima de asesinatos de Estado, perpetrados sistemáticamente desde aquel fatídico 11 de abril de 2002; día en que Hugo Chávez, el mismo Teniente-Coronel golpista de 1992 –esta vez como Presidente de la República- volvió a teñir el suelo de Venezuela con la sangre de sus hijos demócratas.

Aquel día Chávez sepultó para siempre su legitimidad de desempeño, al ordenar a los francotiradores de sus servicios de inteligencia y a sus infames grupos paramilitares (“círculos bolivarianos”), abrir fuego contra la población civil que, pacíficamente, marchaba por las calles de Caracas, clamando libertad; esa libertad que -ya para ese entonces- sabíamos perdida para todo el pueblo venezolano, incluso para amplios sectores chavistas que tarde terminaron entendiéndolo.

Eran los albores del Socialismo del Siglo XXI: caótico sistema implantado mediante múltiples acciones y omisiones reñidas con los derechos políticos y las libertades económicas de los venezolanos; unas gravemente dolosas y otras inexcusablemente culposas; la inmensa mayoría contrarias al Bien Común; todas rendidoras de frutos que se resumen en la devastación total y absoluta de Venezuela: otrora país de gente feliz sin saberlo, con pujante economía, la democracia más estable de Latinoamérica; destino soñado y receptor generoso de inmigrantes de distintas latitudes y por distintas generaciones.

Ese abril de 2002 este régimen genocida instaurado por Hugo Chávez, se estrenó con precisión en su mortífera faena, asestando certeros disparos a la cabeza de 17 personas de entre las que iban en la marcha. Pero con el transcurso de los años, y a medida en que el cáncer de la tiranía fue haciendo metástasis en todo el aparato del Estado venezolano, sus crímenes de lesa humanidad fueron ampliándose, tanto en cantidad y sectorización de las víctimas, como en gravedad y variedad de los métodos empleados para su perpetración.

Los ataques armados contra la población opositora en cada uno de sus actos políticos y manifestaciones públicas, pasaron a hacerse comunes año tras año desde 2002; esparciendo dolor y muerte por todo el territorio nacional. Incluso en las colas para ejercer el derecho al sufragio en distintos procesos electorales, los colectivos narco-comunistas han atacado con armas a la población opositora, sin que los militares apostados para brindar seguridad en dichos procesos se inmutaren mínimamente.

La sistemática apología del delito y el discurso permanentemente agresivo del presidente de la República y sus ministros, transmitidos de manera obligatoria y cotidiana por todas las emisoras de radio y televisión de Venezuela a lo largo de estos 18 años de obscuridad; no podían menos que hacer mella en la psiquis del venezolano. Así, según cifras del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), el Socialismo del Siglo XXI ha incrementado en casi un 500 por ciento las muertes violentas en Venezuela. Las cifras que para 1998 (último año de Democracia) fueron de 4.550, pasaron a 5.968 en el primer año de gobierno de Hugo Chávez (1999); incrementándose cada año hasta llegar a 21.692 en su último año de gobierno (2012). Y con Maduro siguió esta nefasta tendencia, hasta alcanzar las 26.616 muertes violentas en 2017.

En medio de este escenario de violencia generado por el régimen, éste ha aprovechado para consumar el exterminio silencioso de centenares de personas cuyas muertes por arma de fuego, a manos de agentes del Estado y con móviles ajenos a la seguridad ciudadana, comenzaron a ser camufladas dentro de la cifra negra de esa fosa común que el régimen denomina “ajuste de cuentas”.

En febrero de 2014, las manifestaciones ciudadanas contra el régimen, una vez más fueron reprimidas con armas de fuego, empuñadas tanto por los cuerpos de seguridad del Estado como por el siniestro brazo armado del partido de gobierno (PSUV): los mismos grupos paramilitares antes conocidos como “círculos bolivarianos” y ahora como “colectivos socialistas”. En esta oportunidad, la arremetida -que dejó un saldo de 43 víctimas fatales- fue abiertamente ordenada vía redes sociales, por un ex militar, alto personero del régimen, quien la denominó el “Ataque Fulminante”.

En los siguientes dos años (2015 y 2016), el Gobierno de Maduro diseñó y ejecutó un pseudo-plan de seguridad ciudadana, denominado “Operaciones para la Liberación del Pueblo” (conocido por sus siglas OLP), que consistió en una sórdida cacería humana, ejecutada conjuntamente por cuerpos militares y policiales del régimen. Los efectivos participantes en estas operaciones -usando mascaras de calavera que infundían profundo temor en la población- se adentraron en el seno de las barriadas más desfavorecidas de las grandes ciudades de Venezuela; realizando una especie de ‘limpieza social’ en la que a centenares de personas de ‘presunta conducta antisocial’ se les aplicó pena de muerte, y sin fórmula de juicio alguno; al margen de toda legalidad y de los Derechos Humanos. Resultado de la cacería: más de 900 personas asesinadas por el régimen en año y medio.

Durante cuatro largos meses de 2017, el pueblo demócrata de Venezuela, clamando por el fin de tanta penuria, volvió a las calles día tras día, realizando su más prolongada manifestación contra la dictadura. Y en esta oportunidad el mundo sería testigo de cómo estudiantes que sólo contaban con la protección de improvisados escudos de hojalata, madera o cartón; fueron acribillados con armas de fuego de alta potencia, a manos de efectivos militares, policías nacionales y colectivos narco-comunistas; en una macabra especie de juego de tiro al blanco, que segó la vida de otros 124 venezolanos opositores a la dictadura genocida.

En estos mismos sucesos, la abominable actuación de las fuerzas del régimen llegó al extremo de recurrir al arrollamiento intencional de grupos de manifestantes, a quienes se les pasó por encima con vehículos blindados de la Guardia Nacional; e incluso se llegó a la indebida utilización de bombas lacrimógenas como proyectiles: apuntándolas y disparándolas, de manera directa y a quemarropa, contra el cuerpo de los manifestantes; abultando con ello el número de víctimas fatales.

Hace apenas unos días, el 15 de enero de 2018, en quizás la más feroz de las matanzas imputables a la dupla necrófila de Maduro-Cabello; el Socialismo del Siglo XXI mostró nuevamente sus fauces genocidas, con un acto abominable que perdurará por siempre en la memoria histórica del pueblo venezolano: la infausta “Masacre de El Junquito”: vil ejecución extrajudicial del ex agente policial Óscar Pérez y seis de sus hombres; quienes, declarados en desobediencia contra la dictadura, habían llegado a realizar algunas operaciones tácticas que –pese a ser incruentas- resultaron totalmente exitosas (la toma de recintos militares y policiales para recuperar las armas de la República, maniatando a los esbirros uniformados, y haciéndoles oír las palabras más profundas del sentir popular: “¿Hasta cuándo le dan la espalda al pueblo, para apoyar a este régimen de narcotraficantes?”). Lo que cual fue grabado en videos ampliamente difundidos a través del único medio de comunicación disponible por los venezolanos (las redes sociales); logrando ridiculizar a los servicios de seguridad e inteligencia del régimen, y constituyendo para éste una afrenta imperdonable, a ser cobrada con sangre.

Esta masacre del 15 de enero, en la que 7 personas pública y manifiestamente rendidas, con expresa voluntad de entrega ante el Ministerio Público, y apenas refugiadas en una modesta casa de familia; fueron sitiadas por un contingente de más de 300 hombres armados –entre policías nacionales y miembros del grupo paramilitar “Tres Raíces”- para luego ser acribilladas por brutal y desproporcionada metralla de armas de guerra, y un más que innecesario uso de cohetes anti-tanques; sin duda marca un hito en el prontuario criminal de lesa humanidad del Socialismo del Siglo XXI: su Animus Necandi (intención o ánimo de matar) quedó impúdicamente desnudo ante los ojos de Venezuela y el mundo.

Pero, muy lamentablemente, el genocidio no termina allí, y hace años que ya no se está limitando al redil de la población opositora. El genocidio sigue ocurriendo ahora y de manera generalizada contra toda la población, ya que en los últimos años miles de venezolanos han estado muriendo a causa del hambre y de la carencia de medicinas, generadas por las ineptas políticas económicas Chávez y Maduro; siendo que este último –como agravante- se niega a abrir las puertas al canal de ayuda humanitaria, exigido por los líderes de la oposición y ofrecido por instituciones internacionales. A lo cual se suma la ejecución de una tácita política de Estado, tendente a generar y tolerar la inseguridad ciudadana como medio de control sociopolítico; política ésta cuyas cifras de ‘efectividad’ anual van aproximándose, cada vez más rápidamente, a los 30.000 homicidios por causas violentas.

En las penumbras del miedo y sobre las ruinas de Venezuela impera este Gobierno bizarro, para el que el Bien Común es contrario a sus propósitos; este GOBIERNO DEL MAL que encuentra deleite en el odio y en la injusticia, en la mentira y en la manipulación; y que ve en la pobreza material y la mella espiritual de su pueblo, el hábitat propicio para la perpetuidad de su nefasto proyecto político.

Hoy desde mi fe, ruego a Jesucristo, Señor de la Historia, por la pronta restauración de mi amada patria, por el respeto a los derechos humanos de mi noble pueblo; y también porque las palabras de Juan Pablo II sean luz para las mentes y los corazones, tanto de nuestros victimarios como de aquellos que están llamados a hacernos justicia en el plano temporal:

Los conatos de genocidio son “delitos contra Dios y contra la misma humanidad, y los autores de estos crímenes deben responder ante la justicia” (Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, 1999).

Hoy resultan luminosas las enseñanzas del Magisterio Social de la Iglesia Católica, acerca de cómo ha de ser la respuesta de la Comunidad Internacional ante éste y cualquier otro caso de genocidio:

“La Comunidad Internacional en su conjunto tiene la obligación moral de intervenir a favor de aquellos grupos cuya misma supervivencia está amenazada, o cuyos derechos fundamentales son gravemente violados. Los Estados, en cuanto partes de una comunidad internacional, no pueden permanecer indiferentes; al contrario, si todos los demás medios a disposición se revelaran ineficaces, ’es legitimo, e incluso obligado, emprender iniciativas concretas para desarmar al agresor’. El principio de la soberanía nacional no se puede aducir como pretexto para impedir la intervención en defensa de las víctimas”. (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, núm. 506).

Vaya a mi amado pueblo venezolano una palabra de esperanza. Nuestra libertad llegará con el esfuerzo de todos; el mal puede que nos haya ganado varias batallas, pero nunca nos ganará la guerra, porque éste nunca prevalecerá sobre Bien. Mantengamos nuestra lucha, cada uno en su ámbito de acción y conforme a sus posibilidades; y confiemos en Nuestro Dios que –sin lugar a dudas- hoy nos mira con el mismo amor que al pueblo de Israel en sus tiempos de aflicción en Egipto:

“Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo (…), y he escuchado su clamor a causa de sus opresores, pues estoy consciente de sus sufrimientos.” (Ex. 3:9).

Jonathan A. García Nieves es ciudadano venezolano

 

Venezuela uno de los destinos más peligrosos de América Latina – La Patilla – 10 de Enero 2018

El Gobierno estadounidense presentó este miércoles un nuevo sistema de advertencia a los viajeros en el que clasifica al resto de países según su nivel de peligrosidad, para asesorar a los turistas que piensen viajar al exterior, reseñó Infobae.

El ranking de Recomendaciones de Viaje del Departamento de Estado pone una nota, de 1 a 4, según las condiciones de cada país, con una revisión permanente, para proveer a los viajeros de “información clara y confiable”.

Si bien ningún país de América Latina alcanzó el nivel 4, llamado “No viajar” (en el que están destinos como Siria, Corea del Norte o Somalia), son seis los países que están en la categoría 3.

Esta tercera escala, llamada “Reconsiderar viaje”, detalla: “Evitar viaje debido a serios riesgos para la seguridad. El Departamento de Estado provee recomendaciones adicionales para viajeros en estas áreas”.

Cuba

“Reconsidera el viaje debido a ataques a la salud dirigidos a empleados de la embajada estadounidense en La Habana”.

Las autoridades destacan los síntomas sufridos por los funcionarios y la falta de precisiones sobre el origen de estos presuntos ataques, por lo que advierte que los ciudadanos estadounidenses “pueden estar en riesgo”.

Por ello, sugiere evitar el Hotel Nacional y el Hotel Capri, y ofrece una lista de lugares para buscar asistencia médica.

El Salvador

“Reconsiderar el viaje debido al crimen”.

Las autoridades señalan que crímenes como los homicidios, las violaciones y los robos armados son comunes, así como la actividad de pandillas, ante un escaso control policial.

Como recomendación, sugieren no vestir relojes o joyas de lujo y contratar guías certificados con el gobierno local.

Guatemala

“Reconsiderar el viaje debido al crimen”.
El Departamento de Estado también advierte por crímenes violentos, tales como violaciones, secuestros y homicidios. “La policía puede escasear en recursos para responder efectivamente a estos serios incidentes criminales”.

Entre las sugerencias, recomienda buscar hoteles con un estacionamiento seguro y personal permanente, así como evitar caminar y manejar de noche.

Haití

“Reconsiderar el viaje debido al crimen y disturbios civiles”.
Los funcionarios indican que es común el crimen violento, como el robo, así como las protestas con quema de neumáticos y el bloqueo de rutas. Además, explican que el Gobierno estadounidense tiene una capacidad limitada para proveer servicios de emergencia a sus ciudadanos en ciertas áreas del país, e incluso el personal diplomático tiene restringido su acceso en ciertas áreas de la capital, o el uso del transporte público.

Se sugiere evitar las protestas y coordinar con anticipación el transporte entre el aeropuerto y el hotel

Honduras

“Reconsiderar el viaje debido al crimen”.

Una mujer camina frente a policías en Tegucigalpa (Reuters)
Una mujer camina frente a policías en Tegucigalpa (Reuters)
En el caso de Honduras, el Gobierno recomienda específicamente evitar el departamento de Gracias a Dios. Entre los crímenes más comunes menciona el homicidio, el robo armado y el tráfico de drogas y personas.

Se recomienda no transitar de noche y ser especialmente cuidadosos en los cajeros automáticos.

Venezuela

“Reconsiderar el viaje debido al crimen, disturbios civiles, pobre infraestructura sanitaria y arrestos y detenciones arbitrarios de ciudadanos estadounidenses”.
Las advertencias destacan que no es recomendable viajar a algunos barrios de Caracas, transitar de noche por la capital y estar a 50 kilómetros o menos de la frontera con Colombia, debido a las altas tasas de crimen.

“Las protestas y manifestaciones ocurren a diario, usualmente con poca anticipación. Suelen generar una fuerte respuesta policial que incluye uso de gas lacrimógeno, gas pimienta, camiones hidrantes y balas de goma contra los participantes”, advierten.

También, señalan que hay escasez de comida, agua, medicinas e insumos médicos a lo largo de casi todo el país.

 

El saqueo como realidad y representación por Ibsen Martínez – El País – 10 de Enero 2018

UnknownLos saqueos en Venezuela no son, como quisieran muchos, anuncio de la revuelta social que derrocará a Maduro
Han vuelto los saqueos a Venezuela, pero no son, como quisieran muchos, anuncio de la revuelta social que derrocará a Maduro.

La razón es que esta vez son compras compulsivas inducidas por expropiatorias y repentinas ordenanzas de control de precios, hechas cumplir a mano armada por la dictadura. Experiencia controlada. Saqueos vigilados de la Guardia Bolivariana, ¿me explico?

Si admitimos lo que José Ignacio Cabrujas, gran satírico, dijo una vez de Venezuela —que era un botín—, los saqueos de días recientes no serían más que autos sacramentales, venial alegoría gritona del saqueo capital presidido, digamos, por Rafael Ramírez, el expresidente fugitivo de Petróleos de Venezuela (PDVSA), señalado de haber dirigido la sustracción de 11.000 millones de dólares en dineros públicos.

En cambio, los saqueos de febrero de 1989, los del llamado Caracazo, ¡ah!, ¡esos sí fueron saqueos dignos de Alarico y sus visigodos!

Con tragicómico tumbao caribeño y un saldo letal que oscila, según la fuente, entre 45 y 700 muertos en menos de tres días. Las decapitaciones y los cercenamientos fueron cosa frecuente en las primeras horas de aquella erupción.

Un rezagado llegaba a la carrera y buscaba entrar a la brava en el supermercado. Se fajaba a trompadas con la brigada de espontáneos controladores de tráfico que lo retenían en el umbral de la puerta de vidrio que entre todos acababan de violentar.

En eso, una estalactita de vidrio pretensado, hasta ese momento imperceptible y oscilante en lo más alto, se precipitaba sobre el infeliz que resistía a las trompadas del villanaje pescocero justo en el instante en que, por proteger la cara entre los brazos, bajaba la cabeza y ofrecía limpiamente su cogote al astillón.

Las heridas de bala comenzaron al final del segundo día, tan pronto fueron suspendidas por el Gobierno las garantías constitucionales y el toque de queda puso fin a los saqueos en masa.

Según el informe definitivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, proyectiles de fusil FN-FAL, calibre 7,62 mm., por aquella época reglamentario del ejército venezolano, causaron la muerte de más del 80% de las víctimas registradas durante la conmoción.

El toque de queda impidió la evacuación de los heridos hacia los hospitales. Inmovilizados por el incesante ametrallamiento, sus familiares sólo pudieron mirarlos desangrarse hasta morir. El estado de excepción que sitió las favelas alentó muchas ejecuciones extrajudiciales.

La fórmula “estallido social” brotó espontáneamente del almácigo de frases hechas regado por la desconcertada clase política. La televisión polinizó con ella el habla de todos. Significaba rabia, jacquerie, degollina, anuncio del juicio final.

¿Una locución frecuente en las tertulias políticas de la TV?: “Si no introducimos correctivos vendrá el estallido social”. Y en la barra de una tasca: “Chama, ¿y a ti dónde te agarró el estallido social?”

En la Avenida México saquearon una tienda de lujosos zapatos deportivos importados y sólo se llevaron zapatos para el pie derecho. El canal donde trabajaba yo por entonces envió un equipo de cámaras a constatarlo y resultó cierto. Todos los zapatos robados eran del pie derecho. A la compañía de seguros no le gustó esa ruptura de la simetría bilateral en los motivos del vándalo. A los políticos tampoco.

“¡Robaban whisky y no pan!”, exclamaban, indignados, suspicaces.

Según los políticos de aquel tiempo remoto, para calificar como pobre de toda pobreza había que preferir lo urgente, lo no transable, a la hora de saquear un supermercado. Los saqueos debían ser cosa instigada por Fidel Castro.

Me late que en esto de preferir whisky a una hogaza de pan el indomable espíritu de la Venezuela Saudita aún alienta en la Venezuela Vandálica.

 

Las ciudades más violentas del mundo por Daniel Aparicio – elordenmundial.com – Enero 2017

Un policía venezolano mata a una joven embarazada durante la entrega de jamones navideños – El País – 31 de Diciembre 2017

La mujer, de 18 años, recibió un disparo en la cabeza a las afueras de Caracas
Un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana ha matado este domingo hoy de un disparo a una joven mujer embarazada durante una entrega de perniles (jamones) navideños subsidiados por el Estado venezolano en el oeste de Caracas, según el atestado policial.

El documento indica que un grupo de personas estaba “a la espera de beneficios sociales otorgados por el Gobierno [el pernil]” y “se tornaron violentos”, por lo que “una comisión de la Guardia del Pueblo se apersonó al lugar, a fin de solicitarles que se fueran a sus hogares”. En ese momento, “uno de los funcionarios castrenses, haciendo uso indebido de su arma de reglamento, efectuó disparos a la multitud, hiriendo a la víctima, quien es trasladada al hospital más cercano, donde ingresó sin signos vitales”, señaló la policía.

Centenares de venezolanos han protestado estos días después de que el Gobierno de Nicolás Maduro incumpliese su compromiso de entregar perniles tradicionales de Navidad a precio subsidiado con dinero público a más de seis millones de familias. El incidente también fue confirmado por el concejal Jesús Armas del municipio Libertador, donde se encuentran las parroquias Antímano y El Junquito, entre las que ocurrieron los hechos.

“Había un operativo de venta de perniles allí, pero [las unidades] fueron insuficientes. Entonces la gente empezó a protestar y el guardia nacional se puso muy nervioso, se desesperó y empezó a disparar. Le disparó a esta joven embarazada de 18 años en la cabeza y le disparó en el glúteo a un joven de 20 años”, dijo Armas. El concejal recabó la información de vecinos que presenciaron la tragedia, ocurrida, según la Policía, en el “kilómetro 1 de la Carretera Nueva Caracas-El Junquito frente al módulo móvil” de la Guardia Nacional Bolivariana. La víctima responde al nombre de Alexandra Colopoyn y estaba embarazada de 25 semanas, según el atestado.

El Gobierno chavista ha implicado a las Fuerzas Armadas -de las que forma parte la Guardia Nacional Bolivariana o Policía Militarizada- en el esquema de distribución de alimentos subsidiados con el que el Gabinete de Maduro, trata de luchar contra la inflación galopante que sacude al país latinoamericano. Millones de venezolanos dependen de los alimentos que entrega a precios reducidos el Estado ante la explosión de precios que vive el país, que entró hace semanas en hiperinflación. Como ha sido prácticamente una constante en los últimos años, el Ejecutivo chavista ha echado la culpa de la escasez de estos productos a dos países extranjeros: Estados Unidos, habitualmente señalado por Caracas, y Portugal, a la que las autoridades veneozolanas acusan de haber incumplido los convenios firmados entre los dos países para el suministro de los perniles.

 

 

En 2017 los cuerpos policiales causaron 15 muertes por día, según Observatorio de la Violencia – La Patilla – 28 de Diciembre 2017

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El Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) dijo este jueves al presentar su informe anual, que en promedio 15 personas murieron a diario en 2017 a manos de funcionarios policiales o militares, lo que también se traduce en 106 fallecidos en acciones de las fuerzas del orden por semana, reseñó EFE.

“Lo que podemos encontrar este año es que ha existido una disminución de los homicidios considerados jurídicamente como tales, pero han aumentado las víctimas de la Policía, como resultado de la violencia del Estado”, dijo el sociólogo y director del OVV, Roberto Briceño León.

El representante del OVV señaló que según sus datos “durante 2017, cada semana fallecían 106 personas en manos de funcionarios policiales o militares. Esto da en un cálculo sencillo que la Policía en Venezuela, a través de sus operaciones da de baja (…) 15 personas cada día”.

Asimismo, Briceño indicó que cada día de este año un policía fue asesinado.

También se informó que en los últimos doce meses los cuerpos de policías municipales han sufrido una reducción de sus funcionarios por renuncias para emigrar o para pasarse al sector privado debido a los sueldos insuficientes, lo que ha supuesto una reducción de la fuerza policial en las localidades venezolanas.

El informe de la OVV, elaborado con seguimiento de los medios de comunicación, cifras de los organismos oficiales y entrevistas a la ciudadanía y a policías y trabajadores de la salud y otras profesiones presentó, asimismo, el número de muertes violentas durante 2017, que elevó a 26.616 víctimas.

 

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