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Los cubanos introducen en Venezuela sus métodos de tortura para hacerlas más crueles por Manuel Trillo – ABC – 17 de Enero 2020

La presencia de «los isleños» al frente del aparato represor de Maduro introduce «innovaciones» para aumentar el dolor en las técnicas de descargas eléctricas, asfixias o violencia sexual, según el informe anual del Instituto Casla

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La injerencia cubana en Venezuelaha recrudecido en los dos últimos años los métodos de tortura que emplea el régimen de Nicolás Maduro en la represión sistemática de la disidencia, incorporando «innovaciones» que aumentan el sufrimiento de las víctimas, de acuerdo con el último informe anual del Instituto Casla, que han presentado este viernes en Madrid la directora de esta organización, Tamara Suju, y la exeurodiputada Beatriz Becerra.

La perforación de uñas en manos y pies para pasar los cables de las descargas eléctricas, el uso sistemático de bolsas plásticas para asfixiar a los torturados, el colgamiento con grúas sin tocar el suelo durante los interrogatorios, las lesiones en los genitales al ejercer violencia sexual o la intoxicación con sustancias psicotrópicas desconocidas son algunos de los ejemplos del ensañamiento que ha introducido la presencia de los llamados «isleños» en la cúpula del aparato represor, de acuerdo con el documento de la citada organización, con sede en Praga, que promueve la democracia y el estado de derecho.

Según Tamara Suju, «el régimen se ha vuelto más sanguinario y usa la tortura como castigo ejemplarizante». Desde 2017, asegura, se están registrando «las torturas más terribles, porque la intención ahora es llevarlas al punto de pedir a sus familias que no denuncien, que no digan nada, porque cualquier cosa que dicen significa quitarles las visitas y los abogados durante meses».

Desde hace años, Suju viene trasladando los casos de torturas y la lista de sus responsables a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que abrió en 2018 un examen preliminar sobre la situación de Venezuela y que espera resolver a principios de este año su competencia sobre las denuncias, para entonces valorar la admisibilidad del caso.

«El régimen se ha vuelto más sanguinario y usa la tortura como castigo ejemplarizante», según la directora del Instituto Casla, Tamara Suju

Partiendo del «caos general» en que está sumida Venezuela, «donde la crisis humanitaria se cruza con la represión sistemática», el estudio del Instituto Casla se centra en el empleo de la tortura, en especial desde la División General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) que dirige Iván Hernández Dala, y en cómo el régimen cubano y su estructura represiva han influido para que «los patrones de las torturas se incrementen, cambien o sean innovadores».

A lo largo de 2019, año en el que se produjeron acontecimientos como la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela en enero o el fallido intento de sublevación de abril, el Instituto Casla recibió nuevos testimonios referidos a 83 víctimas directas de presuntas violaciones de derechos humanas y crímenes de lesa humanidad. «El 100% de las víctimas fueron torturadas en centros de detención o en zonas militares, con la particularidad de que 13 de ellas fueron trasladadas, además, a centros clandestinos de torturas donde podían realizarlas sin que sus gritos pudieran ser escuchados por otros testigos».

La citada Dgcim, bajo la influencia de oficiales cubanos, se ha convertido en el órgano represor de civiles y militares más cruel, estando presente en el 95% de los casos denunciados de detención arbitraria, tortura y violencia sexual, según el Instituto Casla.

«El recrudecimiento del crimen de la tortura y los terribles métodos aplicados en el 2019 fueron dirigidos en su mayoría por la Dgcim, involucrados también en hechos de represión que conllevaron a asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y desplazamiento forzado de personas, junto a la Guardia Nacional, el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), las FAES (Fuerza de Acciones Especiales), la PNB (Policía Nacional Bolivariana) y los colectivos (bandas de paramilitares armados por el régimen)».

La organización alerta en su informe de «la importancia que tiene la presencia cubana en la inducción y represión que lleva el régimen venezolano contra toda la población», basándose en testimonios de exfuncionarios de inteligencia y desertores, así como de militares y civiles que han indicado cómo participa el régimen de la isla en la inducción de la represión.

La cabeza que «organiza, controla y conoce todo sobre quiénes son, cuántos llegan, qué hacen y cómo participan» es el embajador de Cuba en Venezuela, explica el estudio, que recalca: «Nada sucede sin su conocimiento». «Los cubanos instruyen constantemente en técnicas de represión, intimidación y seguimiento, a miembros de la FANB e inteligencia, para que ellos realicen labores de investigación y espíen a sus propios compañeros y sus familias, a líderes políticos y sociales, y hacerle seguimiento directo al malestar social», continúa. Además, estas labores de inteligencia cubana se realizan «con pleno conocimiento» del ministro de Defensa, Vladimir Padrino; el Comando Estratégico Operacional (Ceofanb) a cargo de Remigio Ceballos, y la propia Dgcim.

Más aún, detalla que el G2 (inteligencia cubana) y Gruce (Grupo Estratégico Cubano) estarían implicados directamente en la tortura en Venezuela. Los «isleños», como los llaman los propios militares y funcionarios venezolanos, tendrían su propia sala de operaciones en las intalaciones militares conocidas como Fuerte Tiuna, en Caracas. Así mismo, cubanos acreditados con credenciales de la Dgcim «dan órdenes a generales venezolanos y entrenan a funcionarios de inteligencia, que se suman a cientos de personas en todo el país, y son conocidos como “Los Acreditados” o Dgcim paralelo», señala el informe.

El Instituto Casla recoge que entre 2018 y 2019 han muerto tres personas bajo custodia del Estado: el concejal Fernando Albán, el exmilitar Modesto Díaz y el capitán Rafael Acosta. «En estos dos últimos años las golpizas y torturas por días y semanas vienen acompañados de hambre, deshidratación, humillación y vejación tanto física como psicológica», explica la organización, que añade: «Las víctimas son privadas de alimentos y agua, y en muchos casos, cuando se las suministran, los obligan a comer del piso como animales».

Los nuevos métodos

Entre los patrones de torturas detectados en estos dos últimos, el estudio apunta las «esposas y ataduras por largos periodos de tiempo, fuertemente ajustadas para causar heridas a propósito en las muñecas e incluso parálisis en los dedos», así como las «asfixias y ahogamientos mediante el uso de bolsas plásticas». Mientras que en el periodo 2013-2017 ese método representaba el 6% de las denuncias de tortura con asfixia, en 2018-2019 fueron el 54,6%, con 106 víctimas.

Han aumentado las descargas eléctricas, con 93 personas sometidas a esa tortura en los dos últimos años, con «innovaciones» para aumentar el dolor como la perforación de uñas de las manos y de los pies para pasarles los cables de la descarga. A las víctimas se les pone o incrusta agujas u objetos metálicos en tetillas y genitales o debajo de las uñas para, a través de ellos, hacer las descargas, o se les mete cables en los testítculos o en el ano, explica el Instituto Casla entre otras técnicas.

También se dan dos nuevos patrones en los colgamientos de los torturados: en unos casos se les cuelga sin que toquen el suelo, atados con las manos delante o en la espalda por largos periodos de tiempo, y en otros dejando que apenas la parte delantera de los pies toque la superficie, en algunos casos llantas de ruedas de coche, permaneciendo días enteros en esa posición.

También hay novedades en la violencia sexual sobre las víctimas. Según el informe, en estos dos años el 34% de las víctimas tenían lesiones en sus genitales, producto de las torturas, como descargas eléctricas intensas y prologadas, o golpes y patadas.

A ello se suma el uso de sustancias psicotrópicas desconocidas. La organización ha obtenido testimonios de personas que dicen haber sido drogados o haberse sentido mareados mientras los torturaban o interrogaban. Se utilizan productos químicos que dan a tomar a las víctimas o polvos que colocan en heridas sangrantes de la piel.

En la variación de estos patrones, insiste el Instituto Casla, «han estado involucrados directamente los cubanos».

«Cuando me torturaban había militares cubanos con su uniforme. Los identifico a cada uno», afirma el expolicía Gilberto Rafael Martínez Daza

Durante la presentación del documento en Madrid se proyectaron vídeos de algunos de los testimonios recogidos. Entre ellos el del expolicía Gilberto Rafael Martínez Daza, que describe su detención por la FAES, su traslado a un centro clandestino y las crueles torturas sufridas durante ocho días con varios de esos métodos -asfixia con bolsas plásticas, choques eléctricos en los genitales, colgamientos…-, con la participación de «militares cubanos con su uniforme». «Los identifico a cada uno», asegura.

«Las torturas no distinguen edad ni condición social, y hay víctimas a partir de los 14 años de edad», señaló Tamara Suju, que mostró un vídeo con el testimonio de un joven, Frank Alonso Flores, detenido y torturado a los 16.

Otras novedades de estos años son la utilización de una cámara frigorífica en los sótanos de la Dgcim, las torceduras de miembros superiores e inferiores, la utilización de un camión blindado y de un ascensor en los sótanos de la Dgcim, o de centros de torturas clandestinos.

«Los que apoyan a la tiranía son cómplices»

Beatriz Becerra pidió durante la presentación del informe que los países europeos se sumen a las denuncias ante la Corte Penal Internacional. «Son crímenes que no prescriben», señaló la exeurodiputada española, que pidio que esas torturas sean «investigadas y juzgadas».

En esa línea, Tamara Suju dijo que «ojalá algún país europeo se sumara a la denuncia ante la CPI», al tiempo que criticó a los eurodiputados españoles que se alinearon este jueves con Maduro en una votación (los de Unidas Podemos y EH Bildu, así como Carles Puigdemont y Tony Comín). «Los que están del lado de la tiranía son cómplices de crímenes de lesa humanidad y la historia se lo va a reclamar», advirtió.

Para la directora del Instituto Casla, es además «importante para los venezolanos, para la justicia internacional y las víctimas de estos crímenes» la reelección de Luis Almagro como secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), a la que se someterá en marzo, dado el apoyo que ha brindado hasta ahora a la causa por la democracia en el país caribeño. «No nos podemos permitir que la OEA pase a ser un club de amigos, como era antes», apuntó.

 

Criminales venezolanos denunciados por el TIAR por Gustavo Coronel – Blog Las Armas de Coronel – 16 de Enero 2020

LISTA DE CRIMINALES VENEZOLANOS DENUNCIADOS INTERNACIONALMENTE, A  SER OBJETO DE OBJETO DE SANCIONES Y BUSQUEDA . ESTA LISTA ES PRODUCTO DE LA REUNIÓN DEL TRATADO INTERAMERICANO DE ASISTENCIA RECIPROCA. 

Listado consolidado de personas objeto de designación en función de la resolución RC.30/RES. 1/19 rev. 1 aprobada por la Trigésima Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores actuando como Órgano de Consulta en Aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR)

1. Arreaza Montserrat, Jorge Alberto Presentada por: Argentina, Brasil, Estados Unidos, Venezuela ARREAZA MONTSERRAT, Jorge Alberto (también conocido como ARREAZA, Jorge), Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 6 de junio de 1973. Sexo: masculino. Cédula N.º 11945178 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Venezuela. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción.
2. Cabello Rondón, Diosdado Presentada por: Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela CABELLO RONDÓN, DIOSDADO, Monagas, Venezuela. Fecha de nacimiento: 15 de abril de 1963. Ciudadano venezolano. Sexo: Masculino. Cédula N.º 8370825 (Venezuela). Pasaporte A0237802 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. Primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), partido político del presidente venezolano Nicolás Maduro Moros (Maduro). Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos, corrupción y lavado de activos.
3. Cabello Rondón, José David Presentada por: Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela CABELLO RONDÓN, José David, Monagas, Venezuela. Fecha de nacimiento: 11 de septiembre de 1969. Ciudadano venezolano. Sexo: Masculino. Cédula N.º 10300226 (Venezuela). Pasaporte B0133819 (Venezuela) vence el 8 de abril de 2013 (individuo) [VENEZUELA]. Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción.
4. Contreras Hernández de Cabello, Marleny Josefina Presentada por: Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela CONTRERAS HERNANDEZ, Marleny Josefina (también conocida como CONTRERAS DE CABELLO, Marleny; también conocida como CONTRERAS DE CABELLO, Marleny Josefina; también conocida como CONTRERAS, Marleny), Monagas, Venezuela. Fecha de nacimiento 14 de junio de 1963. Ciudadana venezolano. Sexo: femenino. Cédula N.º 6437804 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. Contreras Hernández está casada con Cabello y es Ministra del Poder Popular para el Turismo y Presidenta del Instituto Nacional de Turismo de Venezuela. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos y corrupción.
5. Damiani Bustillos, Luis Fernando Presentada por: Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela DAMIANI BUSTILLOS, Luis Fernando. Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 27 de abril de 1946. Centro de actividad: Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Ciudadano venezolano. Sexo: masculino. Cédula N.º 2940803 (Venezuela). Pasaporte 103679620 (Venezuela). Magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (individuo) [VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos y corrupción.
6. Delgado Rosales, Arcadio de Jesús Presentado por Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela DELGADO ROSALES, Arcadio de Jesús, Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento 23 de septiembre de 1954. Centro de actividad: Maracaibo, Zulia, Venezuela. Ciudadano venezolano. Sexo: masculino. Cédula N.º 4159158 (Venezuela). Pasaporte 001875223. (Venezuela). Vicepresidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (individuo) [VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos y corrupción.
7. El Aissami Maddah, Tareck Zaidan Presentado por Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela EL AISSAMI, Tarek, Venezuela. Fecha de nacimiento 12 de noviembre de 1974. Centro de actividad: El Vigía, Mérida, Venezuela. Ciudadano venezolano. Sexo: masculino. Pasaporte C1668015 (Venezuela). Cédula N.º 12.354.211 (Venezuela). Vicepresidente Ejecutivo; ex gobernador del Estado de Aragua (individuo). Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos y corrupción.
8. Franco Quintero, Rafael Antonio Presentada por: Brasil, Colombia, Estados Unidos, Venezuela FRANCO QUINTERO, Rafael Antonio, Miranda, Venezuela. Fecha de nacimiento: 14 de septiembre de 1973. Sexo: masculino. Cédula N.º 11.311.672. Pasaporte 146186743 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. Antiguo Director de Investigaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), antes estuvo al frente de la sede de la DGCIM en Boleíta. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y violación de derechos humanos.
9. Gavidia Flores De Maduro, Cilia Adela Presentado por Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela FLORES DE MADURO, Cilia Adela (también conocida como FLORES, Cilia), Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 15 de octubre de 1956. Centro de actividad: Tinaquillo, Cojedes, Venezuela. Ciudadana venezolana. Sexo: femenino. Cédula N.º 5315632 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. Esposa del Presidente Nicolás Maduro. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción.
10. Granko Arteaga, Alexander Enrique Presentada por: Brasil, Colombia, Estados Unidos, Venezuela GRANKO ARTEAGA, Alexander Enrique, Miranda, Venezuela. Fecha de nacimiento: 25 de marzo de 1981. Sexo: masculino. Cédula N.º 14.970.215 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. El Mayor Granko es Jefe de la Unidad de Asuntos Especiales de la DGCIM Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y violación de derechos humanos.
11. Guerrero Mijares, Hannover Esteban Presentada por: Brasil, Colombia, Estados Unidos, Venezuela GUERRERO MIJARES, Hannover Esteban. Caracas, Distrito Capital. Fecha de nacimiento: 14 de enero de 1971. Sexo: masculino. Cédula N.º 10.537.738 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. El Coronel Guerrero es Director de Investigaciones de la DGCIM, en donde supervisa la sede de la DGCIM en Boleíta. Guerrero trabaja bajo la supervisión del Director de la DGCIM, Iván Rafael Hernández Dala, quien ha sido designado por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros —Office of Foreign Assets Control (OFAC)— conforme a la Orden Ejecutiva 13692, enmendada el 15 de febrero de 2019. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y violación de derechos humanos.
12. Gutiérrez Alvarado, Gladys María Presentada por: Argentina, Brasil, Estados Unidos, Perú, Venezuela GUTIÉRREZ ALVARADO, Gladys María, Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 16 de abril de 1962. Centro de actividad: Punto Fijo, Falcón, Venezuela. Ciudadana venezolana. Sexo: femenino. Cédula N.º 7525777 (Venezuela). Pasaporte 1122011 (Venezuela); pasaporte alternativo 4532006 (Venezuela). Magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela; ex Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (individuo) [VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos y corrupción.
13. Hernández Dala, Iván Rafael Presentada por: Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela HERNANDEZ DALA, Iván Rafael, Caracas, Distrito Capital. Fecha de nacimiento: 18 de mayo de 1966. Sexo: masculino. Cédula N.º 6.961.149 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. Comandante de la Guardia de Honor Presidencial del ex presidente ilegítimo Nicolás Maduro. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos.
14. Lucena Ramírez, Tibisay Presentado por Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela LUCENA RAMÍREZ, Tibisay, El Recreo, Libertador, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 26 de abril de 1959. Centro de actividad: Barquisimeto, Lara, Venezuela. Ciudadana venezolana. Sexo: femenino. Cédula N.º 5224732 (Venezuela). Pasaporte 3802006 (Venezuela). Presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela; Presidente de la Junta Nacional Electoral (individuo) [VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción.
15. Maduro Moros, Nicolás Presentado por Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela MADURO MOROS, Nicolás, Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 23 de noviembre de 1962. Centro de actividad: Caracas, Venezuela. Ciudadano venezolano. Sexo: masculino. Cédula N.º 5892464 (Venezuela). Presidente de la República Bolivariana de Venezuela (individuo). [VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos y corrupción.
16. Malpica Flores, Carlos Erik Presentado por Argentina, Colombia, Perú, Venezuela MALPICA FLORES, Carlos Erik, Naguanagua, Carabobo, Venezuela. Fecha de nacimiento: 17 de septiembre de 1972. Sexo: masculino. Cédula N.º 11810943; ex Tesorero Nacional de Venezuela; ex Vicepresidente de Finanzas de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA); ex Comisionado Presidencial para Asuntos Económicos y Financieros (individuo) [VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y violación de derechos humanos.
17. Mendoza Jover, Juan José Presentada por: Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela MENDOZA JOVER, Juan José, Valera, Trujillo, Venezuela. Fecha de nacimiento: 11 de marzo de 1969. Centro de actividad: Trujillo, Venezuela. Ciudadano venezolano. Sexo: masculino. Cédula N.º 9499372 (Venezuela). Segundo Vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela; Presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (individuo) [VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos.
18. Moreno Pérez, Maikel José Presentado por Argentina, Brasil, Estados Unidos, Perú, Venezuela MORENO PÉREZ, Maikel José, Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 31 de diciembre de 1965. Centro de actividad: Tigre, Anzoátegui, Venezuela. Ciudadano venezolano. Sexo: masculino. Cédula N.º 6652632 (Venezuela). Pasaporte 104063109 (Venezuela), pasaporte alternativo 040471125 (Venezuela). Presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela; Presidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (individuo) [VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y violación de derechos humanos.
19. Ortega Ríos, Calixto Antonio Presentada por: Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela ORTEGA RÍOS, Calixto Antonio, Maracaibo, Zulia, Venezuela. Fecha de nacimiento: 12 de octubre de 1950. Centro de actividad: San Rafael del Moján, Zulia, Venezuela. Ciudadano venezolano. Sexo: masculino. Cédula N.º 3264031 (Venezuela), Magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (individuo) [VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos.
20. Padrino López, Vladimir Presentada por Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela PADRINO LÓPEZ, Vladimir, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 30 de mayo de 1963. Nacionalidad: venezolana. Sexo: masculino. Cédula N.º 6122963 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz (Ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela). Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos y corrupción.
21. Quevedo Fernández, Manuel Salvador Presentada por: Argentina, Brasil, Estados Unidos, Venezuela QUEVEDO FERNÁNDEZ, Manuel Salvador, Caracas, Distrito Capital. Fecha de nacimiento: 1 de marzo de 1967. Sexo: masculino. Cédula N.º 9.705.800 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. Presidente de la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción.
22. Rodríguez Gómez, Delcy Eloína Presentada por Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela, RODRÍGUEZ GÓMEZ, Delcy Eloína (también conocida como RODRÍGUEZ, Delcy), Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 18 de mayo de 1969. Ciudadana venezolana. Sexo: femenino. Cédula N.º 10353667 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. Vicepresidenta Ejecutivo de Venezuela, 14 de junio de 2018. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y violación de derechos humanos.
23. Rodríguez Gómez, Jorge Jesús Presentado por Argentina, Brasil, Estados Unidos, Perú, Venezuela RODRÍGUEZ GÓMEZ, Jorge Jesús (también conocido como JORGE J., Rodríguez Gómez; también conocido como JORGE JESÚS Rodríguez Gómez; también conocido como RODRÍGUEZ GÓMEZ, Jorge J.; también conocido como RODRÍGUEZ, Jorge). El Valle, Libertador, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 9 de noviembre de 1965. Ciudadano venezolano. Sexo: masculino. Cédula N.º 6823952 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. Ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y violación de derechos humanos.
24. Saab Halabi, Tarek William Presentada por: Argentina, Brasil, Estados Unidos, Perú, Venezuela SAAB HALABI, Tarek William. Anzoátegui, Venezuela. Fecha de nacimiento: 10 de septiembre de 1962. Ciudadano venezolano. Sexo: masculino. Cédula N.º 8459301 (Venezuela): Defensor del Pueblo de Venezuela; Presidente de Consejo Moral Republicano de Venezuela. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos y corrupción.
25. Suárez Anderson, Lourdes Benicia Presentado por Argentina, Brasil, Estados Unidos, Perú, Venezuela SUÁREZ ANDERSON, Lourdes Benicia, Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 7 de marzo de 1965. Ciudadana venezolana. Sexo: femenino. Cédula N.º 6726793 (Venezuela), Magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (individuo) [VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y violación de derechos humanos.
26. Varela Rangel, María Iris Presentado por Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela VARELA RANGEL, María Iris, Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 9 de marzo de 1967. Centro de actividad: San Cristóbal, Táchira, Venezuela. Ciudadana venezolana. Sexo: femenino. Cédula N.º 9242760 (Venezuela). Pasaporte 8882000 (Venezuela). Miembro de la Comisión Presidencial para la Asamblea Constituyente de Venezuela; ex Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (individuo) [VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y violación de derechos humanos.
27. Zuleta de Merchan, Carmen Auxiliadora Presentada por: Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela ZULETA DE MERCHAN, Carmen Auxiliadora, Sucre, Miranda, Venezuela. Fecha de nacimiento: 13 de diciembre de 1947. Centro de actividad: Zulia, Venezuela. Ciudadana venezolana. Sexo: femenino. Cédula N.º 3507807 (Venezuela). Pasaporte 045729072 (Venezuela). Magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (individuo) [Venezuela]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y violación de derechos humanos.
28. Gorrín Belisario, Raúl Presentada por: Estados Unidos, Venezuela GORRÍN BELISARIO, Raúl (también conocido como GORRÍN BELISARIO, Raúl Antonio; también conocido como GORRÍN BELISARIO, Raúl Antonio De La Santísima Trinidad; también conocido como GORRÍN, Raúl; GORRÍN, Raúl Ai; también conocido como GORRÍN, Raúl Antonio; GORRÍN-BELISARIO, Raúl Antonio De La Santísima), Caracas, Venezuela. Fecha de nacimiento: 22 de noviembre de 1968, Venezuela. Ciudadano venezolano. Sexo: masculino. Cédula N.° 8682996 (Venezuela). Pasaporte 129603081 (Venezuela), vence el 14 de octubre de 2020; pasaporte alternativo 066936455 (Venezuela), vence el 10 de enero de 2018; pasaporte alternativo 007931220 (Venezuela), vence el 24 de enero de 2013 (individuo) [VENEZUELA-EO13850]. 4100 calle Salzedo, Apt. 1010, Miami, FL 33146, Estados Unidos; 4100 Salzedo St., Unidad 804, Coral Gables, FL 33146, Estados Unidos; 144 Isla Dorada Blvd., Coral Gables, FL 33143, Estados Unidos. Delitos denunciados por Venezuela: violación de la Ley de prácticas corruptas en el extranjero, lavado de activos.
29. Saab Morán, Alex Nain Presentada por: Venezuela SAAB MORÁN, ALEX NAINSAAB MORÁN, Alex Nain (también conocido como SAAB MORÁN, Alex; también conocido como SAAB, Alex). Fecha de nacimiento: 21 de diciembre de 1971. Sexo: masculino. Cédula N.º 72180017 (Colombia). Pasaporte PE085897 (Colombia); pasaporte alternativo 085635076 (Venezuela); pasaporte alternativo D010302 (Antigua y Barbuda) (individuo) [VENEZUELA-EO13850]. Saab es un ciudadano colombiano quien, junto con su socio de negocios, Pulido, supervisa una sofisticada red de testaferros y compañías ficticias que utilizan para adquirir, recopilar y enviar alimentos a Venezuela en apoyo a los contratos con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), quedándose para ellos la tasa más rentable. Saab utilizó las ganancias generadas de las cajas de alimentos enviados a las CLAP para sobornar a funcionarios del gobierno a fin de conservar los contratos. Saab sobornó a varias personas, entre ellas Vielma Mora y Marco Torres.

Estados Unidos prohíbe la entrada al país al ministro de Defensa cubano por su apoyo a Maduro por Pablo Guimón – El País – 3 de Enero 2020

El Gobierno estadounidense pide a la comunidad internacional promover la rendición de cuentas a Cuba por su implicación en violaciones de derechos humanos

El ministro de Defensa cubano, Leopoldo Cintra Frías (d), en una imagen de archivo.
El ministro de Defensa cubano, Leopoldo Cintra Frías (d), en una imagen de archivo. ADALBERTO ROQUEAFP

Estados Unidos ha anunciado este jueves que prohíbe la entrada al país al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (MINFAR), Leopoldo Cintra Frías, debido al apoyo proporcionado por los militares cubanos al régimen venezolano de Nicolás Maduro. En un comunicado, el secretario de Estado, Mike Pompeo, acusa al ministerio que dirige Cintra de “graves violaciones de derechos humanos y abusos en Venezuela, incluyendo la tortura o el sometimiento de venezolanos a tratos crueles, inhumanos o degradantes” por sus posturas contra Maduro. La medida se extiende también a los hijos del ministro, Deborah y Leopoldo Cintra González.

“Desmantelar la democracia de Venezuela a base de aterrorizar a los venezolanos hasta la sumisión es el principal objetivo del MINFAR y el régimen cubano”, prosigue el comunicado, que concluye con una llamada a la comunidad internacional: “Animamos encarecidamente a otros Gobiernos y organizaciones internacionales a continuar promoviendo la rendición de cuentas del régimen cubano por su implicación en violaciones y abusos de los derechos humanos y libertades fundamentales en Cuba, Venezuela y más allá”.

Junto con el comunicado, Pompeo ha publicado un mensaje en Twitter en el que asegura que Estados Unidos “promoverá la rendición de cuentas de aquellos que violen los derechos humanos, sin importar donde residan”.

La sanción a Cintra, militar que se incorporó al Ejército rebelde en la revolución cubana en 1957, con tan solo 12 años, se suma así a la que se impuso al ministro cubano del Interior, Julio César Gandarilla Bermejo, que recibió en noviembre el mismo castigo también por “flagrantes violaciones de derechos humanos en Venezuela”.

Estados Unidos, junto con otro más de medio centenar de países, reconoce al líder opositor Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Pero un año después de que Guaidó se proclamara presidente interino, invocando la Constitución, Maduro sigue contando con el respaldo del Ejército y gestiona el día a día del Gobierno apoyado por Rusia, China y Cuba.

Fatou Bom Bensouda contra las víctimas venezolanas por Miguel Henrique Otero – Editorial El Nacional – 15 de Diciembre 2019

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El pasado lunes 9 de diciembre, los diputados venezolanos Franco Casella y Wilmer Azuaje presentaron ante la Corte Penal Internacional documentos que contienen pruebas de crímenes sistemáticos cometidos por el régimen de Nicolás Maduro.

Las fotografías, que circularon por las redes sociales, son brutales e inequívocas: muestran que José Alejandro Díaz Pimentel, Abraham Agostini, Daniel Soto, Jairo Lugo, Abraham Lugo, Lizbeth Ramírez (que estaba embarazada) y Óscar Pérez recibieron tiros de gracia por parte de las fuerzas militares del régimen que los asesinaron, durante lo que se conoce como “La masacre de El Junquito”. Los venezolanos recuerdan, no sin estupefacción, cómo Nicolás Maduro se ufanó ante las cámaras de televisión de que su orden se hubiese cumplido. Estas pruebas ratifican lo que ya sabemos: Óscar Pérez ofreció rendirse, pero el mandato que tenía la desproporcionada fuerza militar a cargo de la operación era irrevocable: había que asesinarle a él y cada uno de sus acompañantes. Y propinarles a cada uno tiros de gracia.

Estas pruebas y testimonios no son excepcionales. Vienen a sumarse a las que ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, expertos juristas en la materia de los derechos humanos, autoridades de varios países -Canadá, Argentina, Colombia, Paraguay, Perú y Chile-, y también la Organización de Estados Americanos -que entregó un informe elaborado por equipos del más alto nivel internacional, avalado por su secretario general, Luis Almagro- han consignado para demostrar, bajo los parámetros técnicos que exige la Corte Penal Internacional, que en Venezuela se han cometido y se cometen delitos de lesa humanidad, que obligan a la apertura inmediata de un juicio.

Debo detenerme en un aspecto de lo dicho, cuya relevancia quizás no ha sido del todo adoptada por la opinión pública. Desde que fue creada en julio de 1998, como una decisión de la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el Establecimiento de una Corte Penal Internacional, es la primera vez que un Estado miembro -en este caso, seis Estados- solicitan a la entidad que investigue los crímenes cometidos en otro Estado miembro. La petición -y esto también tiene un carácter extraordinario- se fundamenta en tres informes: uno de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos; otro de la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU; y un tercero de la Organización de Estados Americanos. El conjunto ofrece un irrefutable conjunto de evidencias, sostenidas por sólidos criterios técnicos. La respuesta del gobierno de Maduro no ha sido la de detener o disminuir las conductas asesinas. Se ha limitado a decir que es una conspiración contra Venezuela, aunque en realidad, la petición va dirigida, en concreto, en contra de la cadena de mando responsable de los crímenes.

El pasado 5 de diciembre, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, a cargo de Fatou Bom Bensouda, publicó el informe anual correspondiente a situaciones en examen preliminar. Lo primero que hay que señalar es que el estatus no ha cambiado: permanece sin avanzar. Está anclado en la fase 2, lo que hace patente que, para esa instancia, los hechos de Venezuela -que siguen produciéndose- no tienen prioridad. En otras palabras: no reconoce que se hayan cumplido las condiciones que autorizan a comenzar la fase investigación previa al juicio de carácter penal. Esta es, de entrada, la primera mala noticia para las víctimas, para los sobrevivientes y para los familiares de quienes han sido torturados y asesinados siguiendo rigurosos patrones procedimentales y de ejecución.

Hay que señalar aquí que Fatou Bom Bensouda tiene un amplio conocimiento de los crímenes cometidos por los regímenes de Chávez y Maduro, puesto que antes de que asumiera su cargo actual -junio de 2012- ocupó el cargo de fiscal adjunta, desde septiembre de 2004. Significa que tiene 15 años al tanto de la tragedia venezolana.

Pero el retraso no es la única mala noticia. En el informe se escenifica una realidad político-social, completamente falsa: como una sociedad dividida entre dos fuerzas enfrentadas -la tesis que el régimen propagó a través de lobistas y agencias de relaciones públicas-, y no como lo que es: un poder delincuencial y asesino, dedicado a perseguir y a castigar a la sociedad entera. En el informe se habla, por ejemplo, de marchas multitudinarias a favor del gobierno. Es decir, de una realidad que no existe en los últimos cinco años. Se pretende, además, que la dirigencia opositora venezolana carece de apoyo en la sociedad venezolana. Algo que es un verdadero escándalo: ni una palabra de los más de 4 millones de personas que han huido del país.

La memoria jurídica presentada demuestra hechos sustantivos, que no pueden ser obviados por ningún observador, salvo que guarde alguna afinidad con el régimen criminal. Se demuestra que existe un plan elaborado al más alto nivel del poder venezolano; se demuestra que existe una cadena de mando, que va de los autores intelectuales a los ejecutores, que han actuado en las olas represivas de los años 2014 y 2017; se demuestra que hay patrones de conducta que se repiten en el tiempo para violar preceptos como el derecho a la vida, a las libertades políticas, a la libre expresión y otros; se documentan los lugares y los espacios en los que se cometieron los delitos; se señalan, en la mayoría de los casos, a los integrantes de la cadena de mando; se establece, con evidencias indiscutibles, la relación entre los discursos de odio de los jerarcas del régimen y las acciones de violencia desproporcionada y criminal de cuerpos policiales, militares, paramilitares y otros órganos del Estado venezolano; se demuestra que estos crímenes tienen un carácter masivo y sistemático; se establece, con total claridad, que la responsabilidad no solo son por acciones cometidas, sino también por omisión.

Por lo tanto, responsablemente debo señalar: ojalá que este retraso no sea el preámbulo de una trampa tendida a las víctimas para evitar que se haga justicia. Y más: ojalá que no se esté construyendo una ruta para archivar las denuncias.

Venezuela: la FAES, la polémica policía de élite creada por Nicolás Maduro a la que se acusa de ser un “grupo de exterminio” por Guillermo D. Olmo – BBC News – 11 de Diciembre 2019

FaesLa FAES genera rechazo también en algunas bases del chavismo, que ven cómo actúan contra los más desfavorecidos.

Son el cuerpo policial más temido.

Encapuchados, armados con fusiles de asalto, sin más identificación que la calavera que lucen como insignia, sus siluetas negras y las camionetas en las que se desplazan se han convertido en una estampa habitual en los barrios venezolanos.

Son los comandos de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela, una unidad de élite activada en 2017 por orden directa del presidente Nicolás Maduro.

Su misión, dijo el mandatario, es el “proteger al pueblo frente al crimen”.

Por qué es tan polémica

Un informe sobre Venezuela publicado el pasado junio por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, documentó decenas de casos de ejecuciones extrajudiciales en el país.

De acuerdo con el informe, la FAES era responsable de centenares de muertes.

La oficina de la comisionada entrevistó a los familiares de jóvenes que perdieron la vida en operaciones de la FAES y se refirieron a sus comandos como “grupos de exterminio” o “escuadrones de la muerte”.

Como es habitual, el Ministerio de Comunicación venezolano no respondió a una petición de información de BBC Mundo. Cuando se publicó el informe, Maduro dijo que estaba cargado de “mentiras y manipulaciones”, y exigió su rectificación.

BBC Mundo entrevistó a dos mujeres y un hombre que relataron cómo agentes de la FAES “asesinaron” a sus hijos. La historia que contaban era similar.

FAES“Su indumentaria siniestra busca amedrentar a la población”, denuncian los expertos.

En uno de los casos, los funcionarios, con los rostros cubiertos y sin identificación, irrumpieron por la fuerza en la casa del fallecido y, mientras sus compañeros cortaban la calle y contenían a los familiares, le dispararon a bocajarro.

María (nombre ficticio) narró: “Se presentaron en el negocio de mi hijo. Él vive en el mismo edificio, pero unas plantas más arriba. Como no tenía nada que esconder, bajó por su propio pie y se presentó a los agentes. Lo torturaron y le pegaron cuatro tiros. A mí me decían que estaba detenido cuando ya hacía más de una hora que lo habían matado”.

Su testimonio coincide con lo relatado en las decenas de entrevistas que la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) ha realizado en todo el país.

Su director, Roberto Briceño-León, le dijo a BBC Mundo que “el procedimiento suele ser el mismo. Llegan encapuchados y sin identificación, lo que viola todas las leyes venezolanas, y, mientras unos cortan la calle y alejan a los familiares, otros matan al ciudadano, casi siempre en el interior de su vivienda”.

“Luego entregan el cuerpo en una morgue o un hospital y justifican lo ocurrido diciendo que hubo una resistencia a la autoridad”.

Es frecuente también, afirma Briceño, que manipulen la escena del crimen para respaldar la tesis de que se produjo un enfrentamiento.

Entierro.Miles de personas mueren cada año en Venezuela en incidentes que se registran como casos de “resistencia a la autoridad”.

Opacidad

Una reciente investigación periodística de la agencia Reuters citó a Derrick Pounder, un forense galés especializado en torturas y ejecuciones extrajudiciales. Tras ver las heridas de bala en los cuerpos de varias de las personas abatidas en operativos de la FAES, Pounder puso en duda que se hubieran producido en el “contexto dinámico de tiroteos”.

De acuerdo con las cifras que el Gobierno le entregó al equipo de Bachelet, cerca de 5.300 personas murieron en 2018 tras “resistirse a la autoridad”. ONG como el OVV elevan esa cifra por encima de 7.500.

Según Briceño, “en estados como Aragua la Policía ya mata más que los criminales”.

La falta de cifras oficiales impide conocer con exactitud el número de agentes que integran la FAES.

Briceño subraya que “está claro que la FAES es el cuerpo que se ha querido reforzar, reduciendo los efectivos que están dedicados a la prevención del delito y apostando en su lugar por la represión”.

“Sus agentes cobran más dinero y, además, se les permite el botín”, indica. En la mayoría de casos, los familiares de las víctimas denuncian el robo de dinero, objetos de valor e incluso autos por parte de los funcionarios.

Los vecinos de María le contaron que el cadáver de su hijo se lo llevaron envuelto en sábanas en el remolque de su propia camioneta.

FAES en un barrio
Un vecino captó cómo los agentes se llevaron la moto de casa del hijo de María.

Por qué actúa sobre todo en zonas populares

Las zonas populares y más humildes son habitualmente las más castigadas por el crimen y la violencia.

Es en ellas donde la FAES es más activa y está cada vez más presente.

El informe de Bachelet señaló que “el gobierno podría estar usando a la FAES y otras fuerzas de seguridad para infundir miedo entre la población y mantener el control social”.

Briceño cree que su “indumentaria siniestra, de negro y con esas calaveras, ya deja claro que hay un afán de amedrentar a la población”.

FAES en un barrioLas polémicas acciones de la FAES se concentran en los vecindarios más humildes.

Cuando el pasado 23 de enero, después de que Juan Guaidó se declarara “presidente encargado” de Venezuela, se produjeron protestas contra Maduro en sectores populares de Caracas, estas fueron reprimidas por la FAES.

“Fueron noches de plomo y más plomo”, dijo entonces a BBC Mundo un empleado municipal residente en el barrio José Félix Ribas. Contó que los agentes “tumbaron las puertas y empezaron a entrar en las casas”. También dijo haber visto como los agentes mataban a tres de sus vecinos y cargaban sus cadáveres en camionetas.

Vecinos del barrio de José Félix Ribas protestaron el pasado mes de octubre contra los excesos de la FAES y exigen su retirada de la zona.

FAES en un barrioEl debate sobre la actuación de la FAES se ha abierto también en zonas donde el Gobierno ha contado tradicionalmente con más apoyo.

La FAES genera rechazo también en algunas bases del chavismo, que ven cómo actúan contra los más desfavorecidos.

Una dirigente comunal chavista del municipio Petare, en Caracas, que prefirió no dar su nombre, contó que había habido roces entre dirigentes locales y los agentes a los que pidieron explicaciones por el homicidio de uno de los jóvenes de la zona.

Petare ha sido tradicionalmente uno de los puntos de mayor apoyo a la “Revolución Bolivariana” iniciada por Hugo Chávez. “Aquí nadie quiere a esa policía”, dijo la mujer, que ve conveniente que se abra un debate en el gobierno sobre su actuación.

Cómo ha reaccionado el gobierno

Maduro y BacheletMaduro rechazó el informe de Bachelet y exigió su rectificación.

El informe de Bachelet incluyó entre sus recomendaciones finales la disolución de la FAES y la apertura de una investigación independiente sobre su actuación que atendiera a las víctimas.

Pocos días después de que se hiciera público el informe Bachelet, Maduro apareció en un acto con efectivos de la FAES.

“¡Viva el FAES!”, proclamó.

Muchas familias de las víctimas temen denunciar por temor a represalias y piden a los medios que no difundan su nombre real.

Todas aquellas con las que BBC Mundo se reunió dijeron que no habían obtenido respuesta tras denunciar ante la Fiscalía lo ocurrido.

Liliana Ortega, fundadora de Cofavic, una asociación pro derechos humanos que asesora legalmente a las familias que denuncian, le dijo a BBC Mundo: “Con frecuencia nos encontramos con retrasos en la práctica de diligencias que son imprescindibles para la investigación y con negligencias en las autopsias”.

“La inmensa mayoría de los casos nunca llegan a juicio”, concluye.

Briceño indica que “hay pocos casos de funcionarios policiales condenados en Venezuela, pero con la FAES la impunidad es total”, y funcionarios del Ministerio Público admiten confidencialmente que las investigaciones que afectan a la polémica fuerza policial son sistemáticamente bloqueadas.

El experto cree que la reacción del gobierno ante las denuncias contra la FAES muestra que “en realidad están orgullosos por lo que se está haciendo”.

“No creen en el sistema penitenciario, no creen en el sistema judicial, esta es su única política de seguridad”.

“No hablamos de la actuación de elementos aislados. Se trata de una política de estado. Y es una política de exterminio”.

El país sin ley por Isabel Pereira Pizani – El Nacional – 8 de Diciembre 2019

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Cuando hablamos de caos institucional lo peor que resalta del marasmo es la quiebra total del sistema de justicia, no tener un Tribunal Supremo de Justicia sería para un religioso como perder a Dios de vista.

Un excelente reportaje de La Patilla enumera lo que significa habernos convertido en un país sin ley. Lo más importante es repetir algo que parece sabido, sin ley el poder político no tiene frenos, es una de las causas de los desmanes del régimen, saben que nadie los controla.

El TSJ chavista nació una noche aciaga, es conocido quiénes son los magistrados y cuál es el currículo del personaje que lo preside, un individuo con prontuario criminal, culpable de delitos y crímenes. La misión designada a esta siniestra organización fue la de atacar la Asamblea Nacional elegida por los ciudadanos. Tarea cumplida a cabalidad, “el TSJ fabrica un fallo contra el Parlamento cada 15 días. Los ataques se han contabilizado en 202 semanas de funcionamiento de la AN”.

Veamos antes detalles del currículo de su presidente: acusado de haber asesinado a una mujer en el estado Bolívar en 1987, trabajó como oficial de la policía política venezolana, ahora Sebin, pagó una condena de dos años en prisión por este crimen. Tras ser beneficiado con la libertad, se le relaciona con el homicidio de Rubén Gil Márquez, en Caracas en 1989. Aunque no se demostró su participación, fue retirado del cargo como oficial de seguridad.

Amigo de Chávez se convierte en abogado del Ministerio Público. En 2007, el ex magistrado chavista Luis Velásquez Alvaray lo acusa de formar parte de La Banda de los Enanos. Acusación por supuesto desestimada. En 2007 es destituido como juez por desacato a una orden de la Sala Constitucional.

Luego es designado como agregado comercial de Caracas en Roma. Su próxima misión es presidir el TSJ. Al asumir el cargo declaró que acabaría con la impunidad en Venezuela: “Yo, desde este momento, al frente del Tribunal Supremo de Justicia y conjuntamente con los compañeros magistrados, estaremos 24 horas al día trabajando para acabar con la impunidad, la corrupción en este país”.

Delincuente pero avispado, Moreno inicia trámites para obtener la ciudadanía italiana, desconocemos la respuesta del gobierno italiano. Mientras, el objetivo de destruir la Asamblea Nacional sigue adelante. ”La primera de las sentencias fue elaborada en diciembre de 2015, 39 en el año 2016; 33 en 2017 y 12 en 2018. En 2019, el máximo tribunal acumula 25 sentencias contra el Legislativo. El cerco se ha impuesto especialmente a través de las salas Constitucional, Electoral y Plena”.

El trabajo de Moreno y los magistrados es lo más sucio del régimen, privan a los ciudadanos de la justicia, atacan a la Asamblea Nacional, único poder legítimo en Venezuela, fabrican una red de protección a la corrupción, contribuyen al desmantelamiento institucional, la persecución a la oposición política y al intento de eliminar el liderazgo, encarcelando a Leopoldo López y a Juan Requesens, sin ninguna prueba de culpabilidad. Los crímenes más sonados del régimen no forman parte de su agenda. “El dictador venezolano se ha ganado a pulso un lugar entre los autócratas más sanguinarios de América Latina.

La represión de Nicolás Maduro se ha cobrado al menos la vida de miles de personas en apenas cinco años. Régimen que demuestra a diario la verdad de su lema «Socialismo o muerte”. Sin distingos y sin ley aniquilan a los oponentes, tal el caso del diputado Fernando Albán, el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, Oscar Pérez, crímenes cometidos ante los ojos del país, en completa flagrancia, sin temor al castigo, en total impunidad, tal como ocurre en los países sin ley, sin culpables y sin castigos.

Según el Observatorio Venezolano de Violencia y ante la mirada cómplice de los representantes de ley “las fuerzas de seguridad acabaron en 2017 con la vida de 5.535 personas, en actos calificados como de resistencia a la autoridad. Entre estas se incluye parte de los 505 civiles muertos a manos de la policía y el Ejército en el marco de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) del régimen entre julio de 2015 y marzo de 2017. La finalidad teórica de las OLP es acabar con la inseguridad ciudadana, pero en la práctica han sido un mecanismo represivo especialmente sangriento”.

En los resultados de la Feria de Derechos Humanos, la organización Acceso a la Justicia señaló que el objetivo de un grupo de sentencias del TSJ  es “anular las iniciativas legislativas de la AN, en materias clave como el Banco Central de Venezuela, amnistía para presos políticos, bono para alimentos y medicinas a pensionados y jubilados, otorgamiento de títulos de propiedad privada de la Gran Misión Vivienda, y crisis humanitaria en el ámbito de salud”.

En medio de la catástrofe que significa vivir en un país sin ley, entristece y extraña que  algunos analistas estén concentrados en atacar y debilitar a Juan Guaidó, lanzando acusaciones desde el vientre del monstruo, en un país donde la justicia está en manos de delincuentes.

Franco Manuel Casella Lovatón: “Las mafias armadas han secuestrado la república” por Rubén Olveira Araujo – Deia – 30 de Noviembre 2019

Embajador’ del autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, Lovatón se reúne en Sabin Etxea para explicar la delicada situación que atraviesa su país

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BILBAO.Tras los incendios de este verano, América Latina continúa, metafóricamente, en llamas. Nicaragua, Bolivia, Venezuela, Chile, Colombia… ¿A qué responde este malestar generalizado en la región?

-Hay dos elementos. Uno es un elemento antropológico cultural sembrado desde el comunismo: el antiimperialismo. Es la idea de que los norteamericanos vienen con su capitalismo salvaje a destruir la tranquilidad del mundo, pero la verdad detrás de eso es que el comunismo es mucho más salvaje, mucho más depredador, que acaba con la libertad individual. En América Latina somos países jóvenes que estamos en un proceso de transición de la adolescencia a la adultez.

¿Y el otro elemento?

-El plan orquestado desde el foro de Sao Paulo para generar inestabilidad en la región. Los intereses de la mafia de Nicolás Maduro están detrás de eso. Maduro está perdiendo la batalla en el tema internacional por su intromisión continua, por forzar unas elecciones sin candidatos y ganar una elección que fue una farsa. Yo pertenezco a Voluntad Popular y mi partido -liderado por Leopoldo López y hoy por nuestro señor presidente Juan Guaidó- fuimos ilegalizados a las vísperas de las elecciones. Ante todo esto, la crispación que hay en la región, y el movimiento que hay tiene intereses que no son las reivindicaciones sociales.

¿Dice que no son las reivindicaciones sociales?

-No, porque éstas las utiliza Maduro como un empaque que es un resultado engañoso. Suena muy bien hablar de la igualdad, de los derechos, de la oportunidad, de temas de alto contenido social que, si te lo dijera una opción comunista que no ha estado en el poder, jugaría con la esperanza de los votantes. Pero estamos hablando de unos depredadores que llevan 20 años en el poder, que acabaron con las riquezas del país más rico del continente, con las mayores reservas de petróleo, de diamante, coltán… Todo eso ha sido manejado por ellos con una visión delincuencial porque, a día de hoy, Venezuela está repartida en negocios ilícitos del narcotráfico, donde abiertamente grupos irregulares como las FARC o el ELN tienen el control de cerca del 40% del territorio nacional del sur de Venezuela y en donde células de Hezbolá entrenan libremente en la Isla de Margarita. Venezuela se ha convertido en una amenaza para la región.

¿Por qué?

-No es un tema de ideologías, porque estas deben existir y coexistir en democracia. La cuestión es que tenemos un régimen que está persiguiendo a los políticos y que, además, está desconociendo la división de poderes. En 2015 ganamos la Asamblea con dos tercios de los votos y, desde el día uno, comenzó el ataque, el hostigamiento y las agresiones contra los diputados. No hemos cobrado sueldo ni un solo día, coartando la autonomía presupuestaria del Parlamento, etc. Pero fue más allá, porque los grupos irregulares han ingresado al palacio golpeando al personal de la Asamblea. Han violentado la tradición republicana en un irrespeto al poder legislativo. Nuestra independencia no se celebra evocando un acto militar, sino un acto parlamentario.

¿Esta situación que atraviesa Venezuela, concretamente, no tiene también algo que ver con el bloqueo y la gestión que se ha hecho desde fuera?

-Eso es parte de la propaganda que ha divulgado el régimen de Maduro. La verdad de las sanciones no es que atentan contra el pueblo, porque si se leen con detalle tienen excepciones para el tema de alimentos, medicinas, etc. En un estado normal, un ministerio de la Salud compra medicinas para entregarlas, pero aquí estamos ante los mayores ladrones de la historia. Se estima que se han robado 300.000 millones de dólares y que de la noche a la mañana han aparecido nuevos millonarios que vienen todos del partido de Chávez, y ahora del partido de Maduro. Personajes que son conocidos por su trayectoria, que eran personas humildes y que ahora son dueños de bancos, con aviones privados, yates, etc. ¿Cómo un ser humano que no hace un aporte real a la economía se convierte de la noche a la mañana en un magnate? Es un simple acto de pillaje. En medio de esto, las sanciones se centraron en perseguir y congelar esos capitales que tienen mala procedencia, pero venden al pueblo que el hambre que se está pasando es producto de la sanción. Lo que no dicen es que muchos de los ministros de la Salud tienen el monopolio de las importaciones de medicamentos y que inflan los precios. Esos mismos que elevan la bandera por el pueblo lo que quieren es seguir haciendo el desastre que están haciendo.

¿A eso se debe la escasez de productos básicos en el país?

-Así es. A pesar de que Venezuela vivió la mayor bonanza de la historia no ha dejado infraestructuras, ni servicios públicos, ni medicinas, ni grandes hospitales. Lo que ha dejado son nuevos millonarios: los boliburgueses y los enchufados, que hicieron fortunas fortuitas que terminaron cambiando la vida a unos pocos robando lo que es de todos. Y, además, financian grandes campañas mediáticas para decir que hay un bloqueo como en Cuba, cuando el sufrimiento está causado por ellos. Desde nuestro punto de vista hemos intentado el tema de la ayuda humanitaria, colaboraciones con Cruz Roja, donaciones… Pero por respuesta obtuvimos que cuando la ayuda ingresaba a Venezuela, fue quemada por los grupos violentos. Imagina el crimen humanitario que es esto en un país donde se está pasando una gran necesidad, donde hay miles de enfermos… Todo este sistema genera el éxodo más grande de la historia: cuatro millones de venezolanos nos hemos visto forzados a abandonar el país.

¿Qué cambiaría si Guaidó alcanza la presidencia?

-Lo primero es restituir el estado de derecho. A día de hoy la república no existe porque no hay un reparto de derechos. Restituir un poder judicial que esté al servicio de la justicia y no de la parcialidad política. También reinstitutionalizar el ejército, para que dejen de ser militantes de un partido y se dediquen a su tarea: custodiar la integridad territorial. Y, por supuesto, restituir todos los elementos de confianza para la empresa privada, para el emprendimiento, porque es la verdadera solución al empleo. Hay que restablecer la confianza, porque sin eso no hay ningún proyecto, ni político ni económico, que se viable.

¿Dentro de este restablecer la confianza contemplan medidas como la apertura o privatización del mercado?

-Primero habría que entender la naturaleza del mercado, que debería estar centrada en la explotación del petróleo, de los recursos naturales, etc. También quitar la producción del oro y de los diamantes a los grupos irregulares y a las guerrillas para que genere dividendos a la nación. Generar políticas para indemnizar a la gente que fue robada. Tenemos que dejar de hacer las cosas mal y empezar a hacer las cosas bien.

¿Considera que la comunidad internacional debería intervenir en un conflicto nacional?

-Nosotros contamos con el reconocimiento de más de 60 países a la presidencia del diputado Juan Guaidó, porque se ha venido haciendo un trabajo importante visibilizando y denunciando las violaciones de derechos humanos. A veces pretenden utilizar la injerencia como excusa para que nadie se meta dentro de Venezuela, pero lo que está ocurriendo es un exterminio y una violación sistemática de los derechos humanos y del estado de derecho, por lo que sí que se necesita una intervención moral y ética de la comunidad internacional. Estamos en una situación de secuestro, de mafias armadas que han secuestrado la república.

La Unión Europea prorrogó por un año las sanciones contra Venezuela – Infobae – 11 de Noviembre 2019

Las medidas afectan a 25 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro e incluyen el embargo de armas

Miembros del parlamento europeo durante una votación (REUTERS/Vincent Kessler)

Miembros del parlamento europeo durante una votación (REUTERS/Vincent Kessler)

La Unión Europea (UE) prorrogó este lunes por un año el embargo de armas y las sanciones impuestas contra 25 funcionarios venezolanos, ante las “acciones persistentes que socavan la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos” en Venezuela.

“El Consejo [de la UE] ha prorrogado hoy las medidas restrictivas contra Venezuela por un año, hasta el 14 de noviembre de 2020”, anunció esta institución tras la decisión adoptada por los cancilleres europeos reunidos en Bruselas.

Venezuela se convirtió en 2017 en el primer país latinoamericano sancionado por la UE que, desde entonces, ha impuesto un embargo de armas, así como sanciones contra 25 funcionarios venezolanos, los últimos siete en septiembre por “torturas” y “violaciones de derechos humanos.

Fuerzas de seguridad de Venezuela (REUTERS/Andres Martinez Casares)

Fuerzas de seguridad de Venezuela (REUTERS/Andres Martinez Casares)

Las medidas, que son “reversibles”, buscan “contribuir a promover la adopción consensuada de soluciones democráticas para garantizar la estabilidad política del país y permitir a Venezuela atender a las acuciantes necesidades de la población”, precisó el Consejo.

Los 28 países, cuya política exterior se decide por unanimidad, son reticentes a elevar la presión al máximo, con sanciones a Maduro, para no cerrar canales diplomáticos, pese a que Estados Unidos y los opositores al presidente del país le piden una posición más dura.

SEBIN – 14Lawyers – Octubre 2019

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«LEALES SIEMPRE, TRAIDORES NUNCA»

Esta frase repetida por Nicolás Maduro en los actos oficiales ha cobrado un sentido diferente para 14Lawyers. Va mucho más allá de una proclama de adhesión a unas ideas.

Venezuela atraviesa una honda crisis económica y social, muy difícil de revertir. Y un retroceso democrático inaceptable. Con esta situación de país, el descontento de la población es enorme y las voces críticas y contestatarias son imparables. El Gobierno es consciente de ello, y utiliza la servicios de inteligencia (SEBIN) y contrainteligencia militar (DGCIM) para “neutralizar” a los desleales, es decir, a los disidentes.

Enlace para el sitio web con videos sobre Montajes, Torturas y complicidad de jueces aplicados por esta policia represiva:

https://www.sebin.site/es/

El SEBIN, el servicio bolivariano de inteligencia, adscrito a la Vicepresidencia de la República, ha creado un sistema que le ha permitido controlar la acción penal, tener bajo cuerda a jueces y fiscales, institucionalizar impunemente la tortura, la arbitrariedad policial y la violación permanente de los derechos más elementales.

Esta investigación nace de otra investigación previa. Nuestra organización, 14Lawyers, estaba registrando y documentando los casos de persecución y hostigamiento que sufrían los abogados defensores de derechos humanos en Venezuela. Abogados que habían sido golpeados, secuestrados, torturados, tiroteados, amenazados o acosados, por enfrentarse al sistema judicial de su país. Detrás de estas acciones represivas siempre estaban “los colectivos” (grupos paramilitares leales y a sueldo del Gobierno) y el SEBIN. El SEBIN siempre era citado en todas las entrevistas. Pero, ¿quién era el SEBIN? Nunca habíamos oído hablar de ellos, y apenas había información sobre él.

Desde entonces, esta investigación ha sido desarrollada a lo largo de un año, hemos recogido más de 40 testimonios en ciudades como Caracas, Maracaibo, Maracay, Barquisimeto, San Carlos o Valencia. De los primeros testimonios de abogados defensores de derechos humanos, pasamos a entrevistarnos con profesores universitarios, presos, torturados, familiares de presos, activistas, militares, ex jueces, funcionarios del SEBIN y ciudadanos de a pie. Todos ellos tienen una cosa común; en algún momento manifestaron su desacuerdo con las decisiones del Gobierno de su país.

No se ha contando con el testimonio de ningún líder político.

Una elección injustificable – Editorial El Nacional – 18 de Octubre 2019

¿Cómo se puede explicar que representantes del régimen se sienten en una mesa a discutir sobre derechos humanos?

¿Cómo se puede entender que el régimen se convierta en acusador de algún otro país que supuestamente no respete los derechos de su gente?

¿Cómo se puede justificar que, a pesar de la existencia de un documento como el presentado por Michelle Bachelet, se le dé a la delegación de Maduro la posibilidad de ser acusado y acusador?

Esas son las cosas que suceden en la diplomacia multilateral. Hay demasiados actores, hay demasiadas manos, hay demasiados votos. Las malas lenguas dicen que el equipo del régimen invirtió mucho tiempo (y se presume que otras cosas) en los predios de la ONU haciendo lobby para conseguir este resultado.

Existen los optimistas que piensan que sentar en el Consejo de Derechos Humanos a los representantes de Maduro lo que hace es limitarles las acciones. Sin embargo, es demasiado pensar que por la posición que ahora representan, se van a eximir de hacer lo que ya es una costumbre para ellos: violar los derechos fundamentales.

A veces ni siquiera es lo que hacen, sino lo que no hacen. La desidia, la inacción ha llevado a Venezuela a la crisis humanitaria compleja que atraviesa. La desidia, la inacción es la que causa que los niños no tengan comida o que los ancianos no tengan atención.

Las pruebas de que el régimen es violador de los derechos humanos de miles están a la vista. Las constató Bachelet, las corroboró su equipo. ¿Qué van a defender y promover desde este consejo?

Pensar en que de alguna forma esta participación en esta instancia multilateral les despertará la conciencia es lo que todos desearían. Pero es una posibilidad muy lejana.

Desde ahora lo anuncian como un triunfo de la diplomacia chavista. Lo ven como un trofeo, como algo que se merecen. Con esa actitud poco se puede esperar de rectificación o de súbito cambio de rumbo.

Pero allí estarán para señalarlos. Ojalá que los defensores de los derechos humanos, las organizaciones no gubernamentales no se cansen nunca de decirle al mundo de lo que ha sido capaz el régimen. Ojalá que la tragedia venezolana no deje de visualizarse.

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