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Gonzalo Himiob: “No se han mandado mensajes claros a la CPI y así no puede intervenir” por Alejandro Hernández – La Gran Aldea – 20 de Abril 2020

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“Las violaciones de Derechos Humanos en nuestro país van desde los aspectos que tocan más nuestra vida íntima, como escasez de medicinas y alimentos, hasta los más drásticos como asesinatos y torturas. Hay muchos responsables que actúan en diferentes niveles”, señaló el abogado Gonzalo Himiob en entrevista con La Gran Aldea; además de puntualizar que “la última cifra que hemos registrado es de 54 arrestos por motivos políticos desde que inició el coronavirus”.

El abogado Gonzalo Himiob lleva años haciendo frente a las reiteradas violaciones de los derechos de los ciudadanos en Venezuela. Desde la organización Foro Penal, de la que es vicepresidente, apoya con asesoría jurídica a las víctimas de detenciones arbitrarias, una labor que ha intensificado en los últimos años con las crecientes prácticas represivas del régimen de Nicolás Maduro.

En efecto, según afirma, Maduro supera con creces los encarcelamientos, las torturas, las desapariciones forzadas y los asesinatos por razones políticas de la era de Hugo Chávez. Es un período oscuro en el cual quienes ejercen el poder se resguardan en las estructuras militares para apuntalarse porque dejó de confiar en las estructuras ordinarias.

Si bien el mundo conoce las reiteradas violaciones a los Derechos Humanos por parte del régimen, no ha habido un manejo acertado de la situación. A juicio de Himiob, “hay que ser muy cuidadoso con los mensajes que se mandan porque a veces buscando generar beneficios políticos, entorpeces lo que lleva años realizándose en otros aspectos”. Las gestiones ante la Corte Penal Internacional (CPI) son parte de lo que se ha entorpecido.

-¿Maneja información acerca de presos político contagiados de coronavirus?

-Hasta este momento no tenemos reportes de contagios, mantenemos un monitoreo sobre la situación de salud de los detenidos y el último corte que hicimos nos reflejó que hay 62 personas con estado de salud entre grave y moderado; pero ninguna de la dificultades tiene que ver con coronavirus. Al día de hoy, no tenemos reporte de que alguno de los 335 presos políticos qué existen en Venezuela esté contagiado.

-¿Cuáles son esas condiciones de moderadas a graves de salud que padecen los presos políticos?

-Tenemos personas con HipertensiónDiabetes y hasta Epilepsia; también hay muchos casos con afecciones que necesitan tratamientos continuos. Lamentablemente, en estos momentos ha sido muy difícil facilitarles las medicinas, e incluso, la alimentación especial que requieren. Tenemos personas que aún padecen las consecuencias de las torturas que les perpetraron al llegar al sitio de reclusión y no están recibiendo la atención necesaria.

“Tenemos más de 160 asesinatos por motivos políticos desde 2014 y, salvo una que otra excepción, donde no hay manera de tapar el sol con un dedo, la opacidad sigue siendo la regla”

Gonzalo Himiob, Director Vicepresidente de la ONG Foro Penal

-¿Cómo calificaría la situación de Derechos Humanos hoy en el país?

-La situación de los Derechos Humanos en el país, a todo nivel, es muy lamentable. En lo que respecta a nuestra área, es evidente que ni los tribunales ni los cuerpos de seguridad están orientados a cumplir sus verdaderas obligaciones, sino que están siendo destinados a ser armas de imposición de la hegemonía oficial. Para eso utilizan arrestos arbitrarios y otros mecanismos intimidatorios, como allanamientos, torturas, desapariciones forzadas y hasta asesinatos.

-¿Cómo es el día a día de un preso político en El Helicoide?

-Las últimas informaciones que tenemos hablan de unos 300 presos, entre comunes y políticos, en El Helicoide. La situación es muy grave, porque ese sitio de reclusión no cuenta con la infraestructura necesaria para ese número de detenidos y por eso hay mucho hacinamiento. No tienen un servicio médico, no hay acceso a insumos básicos como agua potable, luz solar, ventilación, entre otros. En algún momento se maltrataba mucho a los reclusos, pero de un tiempo para acá eso ha cambiado un poco; lo que no quiere decir que las violaciones a los Derechos Humanos hayan cesado por completo. Sin embargo, en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) sí se están presentando situaciones de abuso bastante graves.

-¿Puede profundizar sobre esas situaciones graves que están ocurriendo en la Dgcim?

-Mantienen absolutamente incomunicadas a las personas, hay quienes permanecen detenidas allí mucho más tiempo de lo que establecen los lapsos legales para ser presentados en tribunales. Hemos recibido reportes de torturas y maltratos físicos; también tenemos información sobre casas clandestinas, que no son sedes formales de la Dgcim, pero que las utilizan para esconder personas y someterlas a tratos crueles, inhumanos o degradantes.

-¿En estos momentos hay presos políticos en “La Tumba” del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin)?

-En este momento no hay presos políticos en “La Tumba”. Cuando hemos tenido casos allí, nos describen que lo más duro a enfrentar es que no tienen noción del transcurso del tiempo y eso desestabiliza mucho, desde el punto de vista psicológico a las personas; no saben cuándo es de día ni cuándo es de noche, tampoco tienen acceso a ningún tipo de contacto con el mundo exterior. Son unos calabozos situados a unos cinco pisos bajo tierra, son completamente blancos, las celdas miden aproximadamente un metro y medio por dos metros, las luces siempre están encendidas y la temperatura es muy baja.

-¿En qué administración han registrado mayor cantidad de violaciones a los Derechos Humanos, en la de Hugo Chávez o ahora en la de Nicolás Maduro?

-Las violaciones a los Derechos Humanos contra la disidencia se han materializado en ambos gobiernos, pero lo que yo establecería como un parámetro de distinción es que durante la era Maduro se ha incrementado, tanto desde el punto de vista cualitativo como del cuantitativo. Chávez también encarceló a sus opositores, ordenó torturas, incurrió en la práctica de la desaparición forzada de personas y asesinatos por motivos políticos, pero no en la cantidad ni con la intensidad que hemos visto durante el período madurista.

-¿Manejan alguna estadística que retrate este incremento?

-De 2014 hasta hoy registramos más de 15.000 arrestos por motivos políticos, en la medida que incrementó la represión, también aumentaron los asesinatos, desapariciones forzadas, torturas. Sin lugar a dudas, la persecución de en estos años de Maduro es superiora a la que hubo en el gobierno de Chávez.

-¿Tiene información de los directivos de Citgo que están presos?

-Siguen presos. Las posibilidades de hacer algo en este momento son muy limitadas, son presos políticos y su situación es particular, porque el poder no pretende hacer justicia con ellos, sino atribuirles el fracaso de la política económica y petrolera del país, eso convierte su caso en un caso político.

-¿Hay alguna actualización sobre los asesinatos del concejal Fernando Albán y el capitán Rafael Acosta Arévalo, quienes estaban en manos de las autoridades?

-No, la impunidad sigue siendo la regla. Tenemos más de 160 asesinatos por motivos políticos desde 2014 y, salvo una que otra excepción, donde no hay manera de tapar el sol con un dedo, la opacidad sigue siendo la regla.

“De 2014 hasta hoy registramos más de 15.000 arrestos por motivos políticos, en la medida que incrementó la represión, también aumentaron los asesinatos, desapariciones forzadas, torturas”

Gonzalo Himiob, Director Vicepresidente de la ONG Foro Penal

-¿Qué opinión tiene sobre Tarek William Saab, el fiscal general de la República designado por Nicolás Maduro?

-Creo que él no está cumpliendo, como tampoco lo hizo Luisa Ortega Díaz ni Isaías Rodríguez, su función de ser garantes de la legalidad y del cumplimiento de las leyes. Él está allí para apuntalar la postura hegemónica del Gobierno; sólo están ocupados en mantener el poder a costa de lo que sea.

-¿Hay alguna diferencia entre el Sebin dirigido Cristopher Figuera y el que está en manos de Gustavo González López?

-Cuando llegó Cristopher Figuera mejoró el trato a los detenidos y eso, hasta ahora, más o menos se mantiene; pero esta decisión no tiene que ver con la persona que está al frente de esa institución, sino con la estrategia que está desarrollando el Gobierno para ejercer la represión. Hoy el principal órgano represor es la Dgcim y no el Sebin; es decir, desde el poder se interpreta que es más fácil utilizar esa estructura que es militar para reprimir, que utilizar a la propia policía política, donde ya se han dado situaciones que al Gobierno le resultan incomodas, como por ejemplo, la salida de Figuera a los Estados Unidos.

-¿Qué hay detrás de la preferencia por la Dgcim?

-El área militar siempre es menos crítica y es más sumisa a las directrices del poder central. Esto empezó en 2017, cuando Luisa Ortega Díaz evidenció que había cambiado de postura; en ese momento el poder se dio cuenta de que en la Fiscalía y en los tribunales ordinarios no estaban respondiendo como lo esperaban, eso conllevó a que voltearan la cara hacia el mundo militar. Como consecuencia de eso, el día de hoy tenemos un importante número de civiles enjuiciados por tribunales militares y encarcelados en recintos militares. En definitiva, el poder dejó de confiar en las estructuras ordinarias, para apoyarse, mayormente, en la institución castrense.

-¿Que actualización maneja sobre las ultimas persecuciones que ha hecho el régimen, en el marco de la pandemia de Covid-19?

-La última cifra que hemos registrado es de 54 arrestos por motivos políticos desde que inició el coronavirus. Todos estos abusos han estado vinculados a la supuesta instalación de un golpe de Estado desde Colombia contra Maduro, y la difusión de información sobre lo que está pasando en Venezuela con la pandemia. El poder está actuando de esta manera porque sabe que las posibilidades de defensa en este momento son casi inexistentes. Muchos de los afectados están siendo juzgados por tribunales con competencia en materia de terrorismo, y a veces no se les permite que tengan defensa privada o que los defensores del Foro Penal trabajen. Hay un esquema represivo que sigue trabajando en esta cuarentena.

-¿Cuál es su valoración sobre las supuestas gestiones que ha hecho la instancia de diálogo encabezada por el diputado Timoteo Zambrano para la liberación de presos políticos?, ¿han abogado por alguna liberación relevante?

-Nosotros siempre hemos sido críticos con esa forma de trabajar, porque cada vez que se habla de una “mesa de diálogo”, en esos términos, las encarcelaciones aumentan. En las liberaciones de las que esta gente se hace eco sólo están incluidos dos o tres presos políticos, pero el resto de la lista es desconocida y no califica jamás como detenciones políticas. Por eso nosotros vemos estas iniciativas con mucha desconfianza, porque no solucionan nada. Si quieren luchar contra la persecución se deben ocupar de los 335 presos políticos que tenemos hoy, que son los casos más dolorosos; pero también tienen que atender la situación de 9.101 personas con restricciones de libertad, que no pueden salir de su país, deben presentarse semanalmente a tribunales, no pueden dar declaraciones, entre otras limitaciones. Entonces no se puede “enfrentar” este tema de manera tan precaria y poco transparente como ellos lo han hecho.

-¿Hay liberaciones previstas en el corto plazo?

-Que nosotros sepamos no. Hace poco soltaron a unos presos comunes, pero detenidos políticos, nada. Hubo un rumor de que el Gobierno excarcelaría a varios, pero eso no se materializó y no creemos que vaya a suceder en el corto plazo.

-¿Considera que la comunidad internacional está completamente enterada de las violaciones de los Derechos Humanos que han ocurrido en Venezuela?, ¿cree que han sido solidarios o inactivos?

-La actuación de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, y de instituciones como las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha sido, en términos generales, correcta. Por supuesto, siempre se le puede exigir más contundencia, más rapidez, menos burocracia en la toma de decisiones y en la implementación de medidas. Pero, lamentablemente, la carrera en esta área no es de velocidad, sino resistencia.

-¿Qué rol ha jugado la Corte Penal Internacional (CPI) en este proceso y qué podemos esperar de esa institución?

-Ahí tenemos una situación delicada, y es que a veces las señales que se mandan desde Venezuela son confusas. La Corte Penal Internacional no puede intervenir, lo tiene prohibido expresamente, si el país del que se trata dice que está dispuesto a resolver esos problemas que tiene y enjuiciar a los que cometieron crímenes de lesa humanidad dentro de su jurisdicción. El año pasado Juan Guaidó habló de una ley que contendría una amnistía, también declaró sobre una comisión de la verdad y una justicia transicional; eso fue súper negativo para el Tribunal Penal Internacional, porque les estás diciendo que no quieres que ellos se metan, que lo vas a resolver tú. Hay que ser muy cuidadoso con los mensajes que se mandan porque a veces buscando generar beneficios políticos, entorpeces lo que lleva años realizándose en otros aspectos. La verdad es que nosotros no estamos mandando un mensaje claro, y ellos así no pueden intervenir.

-¿Quién es la verdadera cara de la violación de los Derechos Humanos en Venezuela?

-Hay muchas caras, muchas cabezas. Las violaciones de Derechos Humanos en nuestro país van desde los aspectos que tocan más nuestra vida íntima, como escasez de medicinas y alimentos, hasta los más drásticos como asesinatos y torturas. Hay muchos responsables que actúan en diferentes niveles.

Bajo un estado de alarma el Coronavirus es la excusa para profundizar la persecución política – Provea y Acceso a la Justicia – 22 de Abril 2020

 

Provea y Acceso a la Justicia: Bajo un estado de alarma el Coronavirus es la excusa para profundizar la persecución política

Las organizaciones defensoras de derechos humanos que suscriben el presente comunicado, Acceso a la Justicia y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), alertan a la colectividad venezolana y a la comunidad internacional sobre el agravamiento de la situación de los derechos humanos en Venezuela a partir de la declaración del estado de alarma por el régimen de Nicolás Maduro el 13 de marzo de este año. Lo que debería ser una situación que una al país para el control de la pandemia, y preservar la salud de la población, se ha convertido en un instrumento político de control y abuso contra la población.

Antes de la pandemia, como ha sido evidenciado por los informes de los organismos internacionales (Alto Comisionado y CIDH), la arbitrariedad y el irrespeto a los derechos humanos en Venezuela eran sistemáticos, en un contexto de ausencia de democracia y emergencia humanitaria compleja. Esta situación se ha agravado, aún más, con la declaración del estado de alarma por razón del Covid-19.

Un estado de excepción no implica la derogación o supresión de los derechos humanos sino su limitación temporal, con el objetivo de superar una situación, la pandemia, que requiere medidas extraordinarias. La Corte Interamericana ha señalado que “la suspensión de garantías no debe exceder, como lo ha subrayado la Corte, la medida de lo estrictamente necesario para atender a la emergencia” y que “resulta también ilegal toda actuación de los poderes públicos que desborde aquellos límites que deben estar precisamente señalados en las disposiciones que decretan el estado de excepción” (OC 8/87). No menos importante es lo señalado por la Corte en el sentido de que las medidas adoptadas serían ilegítimas “si fueran manifiestamente irracionales, innecesarias o desproporcionadas, o si para adoptarlas se hubiere incurrido en desviación o abuso de poder”. En consecuencia, es un requerimiento de todo estado de excepción la delimitación clara de sus alcances y que sus restricciones sean proporcionales a la situación que se quiere mitigar.

En el caso venezolano estas condiciones no se cumplen. El decreto que estableció esta modalidad de estado de excepción tiene graves vacíos, uno de ellos respecto de las actividades sujetas a la suspensión de actividades laborales. Por ejemplo, no se incluyó a los medios de comunicación, a pesar que el derecho a la información no es susceptible de restricción de acuerdo a la Constitución. En relación con el derecho a la libertad de tránsito, que puede ser susceptible de restricciones según el decreto, no señala quienes serían las autoridades que determinarían tales limitaciones, ni cómo deben hacerlo, ni dentro de qué marco pueden actuar. Esta omisión ha generado un caos normativo en el que alcaldes, gobernadores e incluso autoridades militares, han emitido toda suerte de “decretos”, normas y regulaciones de todo tipo, incluyendo sanciones, en violación del principio de legalidad, dentro de las que podemos encontrar privaciones a la libertad personal sin debido proceso y sin control por parte de autoridad judicial alguna, aplicada a personas que no cumplen las recomendaciones por distintas necesidades, o a quienes ejercen su derecho a lamanifestación pacífica.

Todo ello ante el silencio cómplice del sistema de justicia, dando pie a una arbitraria cantidad de “regulaciones” por redes sociales, obviando el principio de publicidad de las normas en los órganos de comunicación oficiales, quedando los ciudadanos sujetos a disposiciones que solo pueden obtener si tienen acceso a internet, a pesar de que este servicio no llega a gran parte de la población.

De este modo se establecen serios límites tanto a las actividades comerciales como al libre tránsito sin que la ciudadanía tenga certeza de cuáles son los órganos competentes para dictar tales regulaciones ni dónde pueden tener información fidedigna de las mismas, ni cuáles serían las consecuencias de su incumplimiento de acuerdo a la ley. La ausencia de lineamientos claros ha dado pie a todo tipo de irregularidades por parte de funcionarios inescrupulosos, generando un caldo de cultivo para la arbitrariedad y la corrupción.

A esto se agrega un poder judicial que se ha limitado a suspender sus actividades, dejando pocos tribunales penales de guardia, sin garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva y sin considerar las dificultades de traslado, no solo entre poblaciones de un estado sino dentro de una misma ciudad, y sin aportar medio alguno para acceder a acciones como el amparo a través de mecanismos electrónicos, dejando a la población en un grave estado de indefensión.

Al colocar también el estado de derecho en cuarentena, el gobierno de facto ha continuado la persecución política previa, sin consideración alguna a la gravedad que impone el COVID-19, ya no solo contra opositores políticos (diputados, líderes sindicales, etc.) sino también contra trabajadores de la salud, médicos, productores agropecuarios, comunicadores sociales e incluso ciudadanos comunes que son sometidos a las distorsiones de la norma violándose sus derechos fundamentales. En muchos casos las imputaciones son por supuestos delitos establecidos en la írrita Ley contra el Odio, mecanismo que ha sido de uso exclusivo contra opositores políticos en clara aplicación de la doctrina del enemigo interno, actualmente se aplica a trabajadores de la salud y la comunicación que solo cumplen con sus obligaciones en circunstancias extraordinarias

En virtud de lo expuesto, exigimos:

  • Regulación del estado de alarma de acuerdo con la Constitución, con la regulación clara y definida de los derechos restringidos y las autoridades competentes para regularlas y ejecutarlas.
  • Regular por decreto emanado del poder ejecutivo nacional lo relativo al distanciamiento social.
  • Publicar a la brevedad posible todo lo relativo al estado de alarma en los medios oficiales y utilizar las redes sociales solo como un instrumento de difusión.
  • Implementación a la brevedad de mecanismos efectivos de compensación económica que permitan a las clases más necesitadas del país guardar la distancia social en condiciones mínimas para hacerlo.
  • Establecimiento de mecanismos transparentes y verificables por la sociedad civil de la distribución de combustibles con una real priorización de los sectores más urgidos para atender la pandemia.
  • Cesar la represión sobre trabajadores de la salud, productores agrícolas y comunicadores sociales por informar sobre la pandemia.
  • Cesar en la utilización de instrumentos políticos de represión como la Ley contra el Odio, inaplicable, no solo por ilegítima sino además porque la pandemia no debe ser un instrumento de uso político.

En Caracas a los 21 días del mes abril de 2020

 

Michelle Bachelet oculta que a sus delegados no les permiten entrar a los sótanos de tortura de la Dirección de Inteligencia venezolana por Sebastiana Barráez – Infobae – 12 de Marzo 2020

“Es más de lo mismo”, dice un militar recluido en el anexo del Centro Penitenciario de Occidente en Santa Ana del Táchira

La alta comisionada para Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, durante una sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza (REUTERS/Denis Balibouse)
La alta comisionada para Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, durante una sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza (REUTERS/Denis Balibouse)

Varios familiares y presos políticos tienen profunda decepción al conocer la actualización del informe oral sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, que dio a conocer la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, en la 43ª sesión del Consejo de DDHH.

Es más de lo mismo”, dice un militar recluido en el anexo del Centro Penitenciario de Occidente en Santa Ana del Táchira. “La señora Bachelet parece que actúa con precaución por las críticas del Gobierno o sencillamente no se atreve a revelar lo que está sucediendo para no quedar mal con ellos”.

Molly de la Sotta es hermana del capitán de Navío Luis Humberto de la Sotta Quiroga, quien permanece desde hace casi dos años en los inmundos sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Caracas; sufrió torturas físicas y hoy está en la Casa de los Sueños, un nuevo conjunto de celdas con condiciones más denigrantes contra quienes son lanzados en ese tenebroso lugar.

Ella reveló en sus redes sociales que “El informe de Bachelet” dejó de informar lo siguiente:

1- Venezuela tiene las cifras más altas de presos políticos en América Latina.

2- No son tratos crueles, la DGCIM tortura.

3- No dejan entrar a sus funcionarios (los de la Comisionada Michelle Bachelet) a la Dgcim, a pesar del convenio que hicieron.

La madre del capitán de Navío de la Sotta Quiroga es Zara de la Sotta, quien denuncia que a los detenidos allí, como ocurre con su hijo, los tienen en condiciones infrahumanas. “Lo tienen en la Casa de los Sueños. Ni siquiera agua tienen. Mi hijo tiene medidas de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos”.

Lo que sucede en los sótanos de la DGCIM se reveló en un artículo y que ahora las madres, hermanas, hijas o esposas de militares detenidos en los sótanos de la Dgcim reclamaron recientemente.

María Gabriela de Mejías, esposa del coronel Jhonny Rafael Mejías Laya, dijo que su esposo está en la Casa de los Sueños, “en una celda de 2×2, adentro hay una poceta y un lavamanos, sin ducha; solo le permiten salir a bañarse una o dos veces a la semana”.

En el caso del teniente coronel Ruperto Molina, su esposa Keyla Floresnarró que “le quitaron las llamadas telefónicas. Tiene tres meses que no recibe luz solar. La celda de 2×2.5, con una poceta, la comparte con dos personas más. Hay una litera, por lo cual uno de ellos tiene que dormir en el piso. No hay ventanas. Tampoco aire fresco, no les permiten recibir sol ni bañarse con regularidad”.

La oposición venezolana reclama la liberación de los presos políticos

La oposición venezolana reclama la liberación de los presos políticos

El secreto de Bachelet

La gran verdad que la Alta Comisionada no revela es que los representantes que ella dejó en Venezuela no han sido tratados con consideración alguna. Los han engañado como sucedió cuando visitaron la antigua cárcel de La Planta y a los 58 de los detenidos venezolanos, 30 por la Operación Manos de Papel, seis de la Operación Manos de Metal y 22 de otros casos, los trasladaron, el 9 de marzo de 2019, un día antes de la visita de la Comisión de la ONU, para la “Escuela de Custodia Franklin Ruiz” en La Yaguara vía El Junquito. Los regresaron a La Planta cuando la Comisión de Bachelet se había ido del recinto carcelario.

Otro hecho significativo es cuando llegaron a la cárcel militar de Ramo Verde, escoltados por custodios y la visita guiada por un jefe militar, que asignó con quien hablar y las condiciones en las que se haría.

Pero lo peor ha sido con la DGCIM. Allí no solo no les han permitido entrar, mucho menos hablar con los detenidos por causas políticas, sino que el mismo día que Bachelet se fue de Venezuela, el 21 de junio de 2019, dejando a dos comisionados suyos, era capturado, torturado y asesinado el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.

La violación de los derechos en Venezuela ha sido reiterada. No solo que las sugerencias de Bachelet no han sido consideradas por el gobierno de Nicolás Maduro, sino que la Dgcim amplió su área de tortura y construyó un subsótano para recluir más detenidos, a la par que los tribunales militares no respetan el debido proceso. Por ello hay presos que ya cumplieron la pena pero no los liberan.

Lo insólito además es que con la excusa de un plan de trabajo de cooperación técnica entre Venezuela y la Oficina de Bachelet, funcionarios y delegados de la Alta Comisionada realizaron en Caracas el Taller de Formación sobre los Procedimientos Especiales del Consejo de DDHH de la ONU.

El evento, que se realizó en el Círculo Militar de Caracas, estuvo a cargo de Hélène Devaux, coordinadora adjunta de la Oficina de la ONU en Venezuela; Larry Devoe, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos y el mayor general (Ej) Edgar Rojas Borges, presidente de la Corte Marcial y Circuito Judicial Penal Militar, quien además ha sido señalado por permitir la violación de los derechos humanos de muchos militares detenidos.

En el taller también estuvieron representantes de la Fiscalía, del Tribunal Supremo de Justicia, Defensoría del Pueblo, Defensa Pública y de los ministerios del Interior y Justicia, del Servicio Penitenciario, el de la Mujer e Igualdad de Género y el de Defensa.

Larry Devoe dijo que como Venezuela ocupa por tercera vez un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, “eso nos obliga a ser aún más eficientes en nuestro proceso de relación con esos procedimientos especiales del CDDHH”.

El 27 de febrero, en la 43 Sesión Ordinaria del Consejo de DDHH de la ONU, Bachelet valoró “positivamente el acceso y la colaboración mantenida con mi Oficina desde mi última actualización oral a este Consejo”.

En su informe oral se refirió a las agresiones contra los periodistas y a los allanamientos de un partido político, ONGs, y oficinas de medios de comunicación. “Además, mi Oficina sigue recibiendo alegaciones de tratos crueles, inhumanos o degradantes en la sede de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar en Caracas”.

Dijo: “Lamento la detención a finales de 2019 del diputado Gilber Caro y de su asistente Víctor Ugas. El diputado Caro continúa privado de libertad sin que oficialmente se conozca el lugar de su detención. Asimismo, el diputado Ismael León fue detenido y se encuentra bajo arresto domiciliario”.

A horas de Bachelet haber presentado su informe oral, ya hay otro parlamentario preso o desparecido en manos de la Dgcim; es el diputado Renzo Prieto.

No debemos tener miedo a soñar lo imposible, para que lo imposible se haga realidad por Diego Arria – Discurso en el 2020 Geneva Summit for Human Rights & Democracy – 21 de Febrero 2020

No debemos tener miedo a soñar lo imposible, para que lo imposible se haga realidad EL Video en español de mi intervención en el evento: 2020 Geneva Summit for Human Rights & Democracy

 

Maduro pertenece al Consejo de Derechos Humanos de la ONU?

Pablo Escobar y el Chapo Guzman, dos de los mas famosos Narcos del mundo nunca pudieron gobernar sus países, Colombia y México, sin embargo sus contrapartes y asociados en Venezuela si lograron semejante poder para destruir, devastar y despoblar un pais que fue rico, libre y democrático?

Estos son los principales:Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores y sus dos hijos que sirven una condena en los Estados Unidos por trafico de drogas .El Presidente del Partido del Gobierno, el Chapo Diosdado Cabello, la Vice Presidente Delcy Rodríguez, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Maikel Moreno, el Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, Tareck el Aisami Vice presidente asuntos industriales, quien está en la lista de los diez personas mas buscadas en los Estados  Unidos, mas otro numeroso contingente de jerarcas civiles y militares. Todos denunciados ante la Corte Penal Internacional, incluyendo a Jorge Arreaza, Ministro de Relaciones Exteriores como inductor y cómplice de crímenes de lesa humanidad.

Todos sancionados por las autoridades de los Estados Unidos por delitos de trafico de drogas, violaciones graves a los derechos humanos y por lavado de dinero. La Comisión Europea se ha sumado, al igual que para impedir su acceso a los 26 países Shengen.

Por que estamos hoy aquí?

Soy uno mas de los miles de venezolanos  forzados al exilio como victima de las conspiraciones para delinquir de Maduro y sus compinches. Mientras representé a mi país ante las Naciones Unidas incluyendo presidir su Consejo de Seguridad defendimos  y promovimos las mejores causas de la humanidad sin  imaginarme que un dia  estaría aquí de nuevo al canto del Palais des Nations  denunciando la naturaleza criminal de Maduro y sus cómplices civiles y militares.

En octubre de 2019 en la Asamblea General de la ONU en la elección de los nuevos miembros del Consejo Derechos Humanos se produjo un resultado avergonzante al elegir por nueve votos de diferencia a la corporación criminal de Maduro derrotando a Costa Rica la mas antigua democracia de la America Latina. Todo a pesar de que sesenta países democráticos solo reconocen a Juan Guaido, como Presidente de Venezuela, pero desde Chávez la narco tiranía ha sido muy generosa con el tesoro de nuestro país para comprar acomodos y complicidades.

Definitivamente Maduro representa una corporación criminal con asociados terroristas internacionales, y así debe ser entendido por todos los que integran el Consejo de Derechos Humanos, y el propio SG Guterres.

Distinguidos amigos: Esa Corporación Criminal ha secuestrado a Venezuela que a pesar de registrar un rechazo popular superior al ochenta por ciento, se mantiene gracias a una cúpula militar corrupta y a la cooperación de Rusia y China.

Pero Cuba es la equivalente de la potencia ocupante que tutela a Venezuela con mas de veinte mil agentes in situ, mas que los españoles a los que combatimos durante nuestra primera Guerra de Independencia. Importante  para el grupo criminal gobernante por los servicios que presta de espionaje y control de civiles y militares, al igual que en técnicas de represión y tortura.

Pero todo esto no es solo mi opinión. Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, al igual que su antecesor Zeid Raad Al Hussein dijo textualmente en su ultimo informe del 4 de Julio de 2019:

“La situación de derechos humanos sigue afectando a millones de personas. Exhorto-dijo-a todas las personas con poder e influencia-tanto en Venezuela como en el resto del mundo-a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está ARRANSANDOLO TODO.”

No pudo ser mas precisa.

No estan solos los Altos Comisionados pues no existe una sola entidad dedicada a los derechos humanos que no se haya pronunciado solidariamente sobre nuestra tragedia. De acuerdo con PROVEA en 2019 las torturas aumentaron en 500%  llegando a 554 victimas. Los dos casos mas recientes fueron el del Concejal Fernando Albán que estando detenido por el SEBIN, Servicio de Inteligencia Militar, la brutal y criminal Stassi Madurista fue lanzado desde un décimo piso, pretendiendo luego que se había suicidado estando bajo su custodia.

El caso del Capitán Rafael Acosta Arévalo detenido 21 de junio del 2019 y torturado a manos de policías y militares hasta su muerte el 28 junio.

Las ejecuciones extrajudiciales superan las diez mil anuales. La FAES Fuerza de Acción Especial de la Policía Bolivariana tiene el infame record de ejecuciones en las barriadas populares recientemente denunciado por Human Rights Watch . De igual modo los otros dos instrumentos de represión y tortura: La DGCIM Direccion de Inteligencia Militar,

y CICPC Cuerpo Investigaciones Científicas , Penales y Criminalísticas

En todo este horripilante cuadro lo mas condenable es que la tortura es practicada sistemáticamente como política de estado. La llaman, “Sanción Ejemplarizante” para aterrorizar a los disidentes

Sin embargo a pesar de todo lo que les he narrado la próxima semana la corporación criminal de Maduro escondida detrás del nombre de Venezuela, se sentará como uno de los 47 miembros del Consejo de Derechos Humanos, concebido para impedir que los Maduros de este mundo pudiesen colarse allí. Definitivamente no es una manera de celebrar los 75 años de las Naciones Unidas.

A quien apelamos como solicita la Alta Comisionada Bachelet?

El Consejo de Seguridad como cúpula política del mundo debería pronunciarse sobre el caso venezolano-pero no lo hace pues Rusia y China colaboradores de la corporación criminal de Maduro veta toda mención al caso. Ahora por los avances de Rusia en nuestro pais  nos están involucrando en una guerra fría.  Gracias a la iniciativa de Nikki Haley la ex embajadora de los Estados Unidos ante la ONU se celebraron dos reuniones en el Consejo de Seguridad sobre la crisis humanitaria bajo la “Formula Arria”, modalidad que me honra llevando mi nombre..

La Corte Penal Internacional en la Haya?

Lleva mas de dos años procesando información. La Fiscal Fatou Bensouda no muestra interés en tomar acción que permita al mínimo detener el proceso de destrucción de nuestro pais, de la espiral de violencia, de las ejecuciones extrajudiciales, de las torturas, del éxodo forzado que alcanza ya unos cinco millones de compatriotas.

A la Fiscal tampoco le ha sido suficiente el informe presentado por un panel de expertos internacionales independientes designado por el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que concluyó que existe fundamento suficiente para considerar que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Hasta el ex Fiscal Luis Moreno Ocampo participò en este proceso, al cual se sumaron las denuncias ante la Fiscal de los gobiernos de Canada, Argentina ,Chile Perú, Colombia, Paraguay y Costa Rica. Francia envío comunicación respaldando el informe.

Lamento decir que afortunadamente durante la tragedia sufrida por el pueblo Bosnio musulman, creamos en el Consejo de Seguridad del cual yo formaba parte, el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia y se pudo procesar y condenar a los criminales Slobodan Milosevic, Radovan Karadzic y el general Ratko Mladic, los carniceros de los Balcanes. Fui testigo de la Fiscalía contra ellos. Si estos procesos hubiesen estado a cargo de la Fiscal Bensouda no tengo dudas que estarían libres-y que Milosevic habría muerto en libertad.

El Secretario General de la ONU?

De acuerdo con la carta de las ONU Artículo 99, el Secretario General puede llamar la atención del Consejo de Seguridad hacia cualquier asunto que pueda poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales lo cual debería ser suficiente para que el llamado de alarma de la Alta Comisionada Bachelet ”Antes que todo sea destruido” sea atendido por el SG.

Curiosamente el Secretario General Guterres consulta con grupos regionales como el Africano, sin embargo no lo hace con el Secretario General de la OEA a pesar de que Venezuela es el caso mas critico de nuestra región, al tiempo que continùa la tradición onusiana de  limitarse a insistir en negociaciones sin fin donde consideran como iguales a victimas y victimarios,  la equivalencia amoral que tantos muertos ha causado y sigue causando.

Lo contrario viene sucediendo en los ultimos cuatro años en la OEA donde su secretario general, Luis Almagro ha desenterrado una organización medio agonizante y nunca firme ante tragedias como la venezolana y la cubana. Almagro igual que el SG ONU  tiene la potestad para llevar a la atención del Consejo Permanente cualquier asunto que pudiese afectar la paz y la seguridad del Continente. No cabe duda que el Secretario General Almagro ha asumido con tal firmeza esta potestad, al punto que hoy a días de las elecciones en la OEA algunos países han depositado sus energías en impedir que Almagro siga al frente de la OEA, y con ello continúen las denuncias de regímenes como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua, apoyando a otros candidatos con menos credenciales y poca estatura política. Por ello creo que en esta elección se juega en gran medida el rescate de la libertad para países como el mío.

Amigos todos;

Gracias a UN Watch y muy en especial a su líder Hillel Neur, hoy iniciamos oficialmente una Campaña Global que pretende que la Asamblea General de las Naciones Unidas suspenda como primer paso a la corporación criminal de Maduro del Consejo de Derechos Humanos, al que seguiría otro para la revocación de sus credenciales ante la ONU.

UN Watch me ha honrado designándome para presidirla campaña para lo cual me acompaña un pequeño grupo de extraordinarios voluntarios, sin lo cual este esfuerzo no seria posible. No es ni fácil ni sencillo lo que pretendemos pero nos anima que UN Watch iniciò una campaña similar en 2011 que facilito que en 2012 el regimen de Ghadafi fuese expulsado del CDH. Pero estamos conscientes de que para que nuestro legitimo reclamo tenga respaldo en la Asamblea General de la ONU debemos obtener el mayor numero de firmas en nuestra petición. Hoy la iniciamos con 126 mil firmas y vamos por el millón.Ayudennos.

En conclusión:

Muy sinceramente creo que los primeros que celebraran el éxito de la campaña será la mayoría de los países integrantes del CDH cuando los liberemos de la odiosa y repugnante presencia de la narco tiranía entre ellos, sin embargo no somos tan ingenuos para pensar que con nuestra campaña suspendiendo al narco tirano Maduro del CDH vamos a rescatar a nuestra libertad , pero si  conocemos la importancia de contar con una  opinión publica internacional bien informada de la  tenebrosa realidad venezolana. Eso pretendemos.

Ante este desolador panorama que en cualquier sociedad podría fulminarla al estar atrapada en un proceso de intimidación, de carencias de todo genero, de inseguridad, de desmembramiento familiar, la resignación puede acabar sellando la suerte de una nación. Y ante a ese peligro estamos.

Y no estamos blindados para que esto no nos ocurra. Pero para impedirlo es indispensable que generemos con urgencia la inspiración colectiva  nacional necesaria para decidir y asumir el precio que estemos dispuestos a pagar para rescatar nuestra libertad y refundar la república. El mundo necesita conocer a que estamos dispuestos hacer ahora, ya en el pasado dimos innumerables pruebas de valor y compromiso a un altisimo costo.

Finalmente les confieso que experimenté una fuerte experiencia personal durante la guerra en Bosnia que ha marcado mi vida. Que me demostró que a pesar de que por tres años denuncie que mientras los Serbios supiesen que nadie les pondría un dedo encima seguirían su carrera genocida, pero los miembros permanentes del Consejo de Seguridad insistieron por cuatro largos años en insterminables negociaciones que al final le costo la vida a mas de 200 mil bosnios musulmanes.

Atencion: Maduro y asociados piensan igual. Que nadie les pondrá un dedo encima. La comunidad internacional sabe que de ser así se perpetuaría la tiranía,

No se conoce un caso donde una corporación criminal ceda su poder graciosamente y menos aun cuando son tratados con toda deferencia y cordialidad  hasta por el propio SG ONU y se les invita a formar parte del CDH.

Amigos todos: Nunca nos rendiremos.

No puedo olvidar que todo lo que soy se lo debo a ser venezolano.

Porque me anima y me inspira recordar a tantos venezolanos que han dado su vida.

Aqui con nosotros Rosa Orozco, madre de Geraldine asesinada a sangre fria por guardias nacionales en una manifestación pacífica. Solo tenía 23 años, igual que mis hijas morochas

Por nuestros cientos de presos políticos.

Por nuestros compatriotas desterrados.

Por los jóvenes que les han impedido hasta soñar

Por todo, y para que no olvidemos  les recuerdo hoy a Václav Havel que decía:

“ No debemos tener miedo de soñar lo aparentemente imposible,

si queremos que lo aparentemente imposible se convierta en realidad.”

(We must not be afraid of dreaming the seemingly impossible, if we want the seemingly impossibly to become a reality)

Esa tarea nos toca a todos los venezolanos.

 

THE LONG ROAD Supporting Venezuelans through an Uncertain Future – Report of the Inter-American Dialogue’s Venezuela Working Group – Febrero 2020

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Introduction

For long-suffering Venezuelans beleaguered by political repression and economic deprivation, the dawn of 2019 brought a ray of hope. Juan Guaidó’s election as leader of the National Assembly and his recognition by almost 60 nations as Venezuela’s legitimate interim president offered the country a viable opposition figure, an alternative vision, and a potential pathway out of its democratic and humanitarian crises.

One year later, the view from Caracas and beyond looks starkly different. Buttressed by a successful recent tour of Europe and North America, Guaidó retains his claim of formal authority and continues to enjoy significant support at home and abroad. Venezuela’s economy remains the worst performing in the world and its citizens continue to flee the country in record numbers. Nonetheless, the regime of Nicolás Maduro has held on. It weathered Guaidó’s rise, quashed an effort to splinter the military, and absorbed the impact of oil sanctions with the support of friendly governments such as Russia. It used violence and scarcity as tools of control, employed subterfuge and bad faith to divide its opposition, and elevated market tactics (however inconsistent) over revolutionary rhetoric in an effort to arrest the economy’s decline.

Feeling increasingly unencumbered, in January 2020 the Maduro regime deployed National Guard troops and violent “colectivos” to physically block Guaidó and his allied majority legislators from entering the National Assembly, attempting—together with a small group of opposition deputies who had reportedly been bribed— to install an alternative leader instead. The move was plainly illegitimate and a crass exercise of brute force, so obviously antidemocratic that it was condemned even by governments such as Mexico and Argentina that continue to recognize Maduro as president. Nonetheless, it was a reflection of the current, sobering reality and balance of power in Venezuela.

Indeed, if 2019 began with renewed optimism, 2020 obliges a return to realism. The immediate path forward for Venezuela is fraught with challenges, including National Assembly elections that Maduro will try to manipulate in an effort to consolidate his control over the lone remaining democratic institution in the country. The international community, increasingly gripped (by necessity) with the Venezuelan migration and refugee crisis, may at the same time grow more divided about how to address its root causes.

Nevertheless, realism should not give way to fatalism. The past 12 months provided ample reminder that things in Venezuela can change very quickly. Even as Maduro maintains a base of support, some two out of three Venezuelans reject his leadership.I And for all Maduro and his allies have done to foment polarization and erode the nation’s democratic culture and institutions, the country remains home to political and social leaders prepared to continue paying the high cost of fighting for democracy and investing in a negotiated transition. The international community has a duty to support them and their aspirations.

At the same time, realism requires accepting that the timing of a return to democracy in Venezuela is uncertain. Meanwhile, Venezuelans inside and outside the country continue to suffer the consequences of an unprecedented economic collapse. They too deserve the support of the international community. If anything, the political impasse in Caracas is an argument for placing the Venezuelan people at the center of the conversation, and for elevating the focus on their human rights and humanitarian needs—even, if trade-offs are necessary, at the expense of short-term political objectives. Over time, cooperation on specific humanitarian issues could create space for bridge building among adversarial actors, both within and beyond Venezuela. In the meantime, it will ensure that the obstacles to achieving a transition in Venezuela do not impede efforts to mitigate the human suffering and regional spillover effects of Maduro’s misrule. Of course, the causes of the humanitarian crisis will persist as long as Maduro’s arbitrary regime remains in power.

Finally, realism obliges an admission that magical solutions are just that. Rhetoric aside, time has shown that all options are not in fact on the table. Venezuela can continue down the path of authoritarian consolidation, institutional breakdown, and social and economic chaos, or it can stumble its way to an inevitably messy accommodation among its political actors that could nonetheless pave the way for credible elections and the reconstruction of democratic institutions and economy. The latter option is infinitely better.

This third report of the Inter-American Dialogue’s Venezuela Working Group is based on 18 months of internal deliberations and consultations with key stakeholders, and it builds on prior in-depth reports on the Venezuelan migration crisisII and scenarios for political transition.III The analysis that follows offers a concise assessment of the state of play in Venezuela and a framework for future action.

Acceda al Informe completo en el siguiente enlace :

The-Long-Road-Supporting-Venezuelans-through-an-Uncertain-Future-1.pdf

Cayetana Álvarez de Toledo hizo la crónica de la “torturadora” Delcy Rodríguez, de la “imaginación pirotécnica” de Ábalos y del “agente” Zapatero por Juan Carlos Zapata – ALnavío – 12 de Febrero 2020

La diputada Cayetana Álvarez de Toledo ha hecho una denuncia muy grave en el Congreso de los Diputados. Dijo que no sólo el gobierno de Pedro Sánchez no recibió a Juan Guaidó en Madrid sino que también presionó a otros líderes de la Unión Europea para que no lo hicieran y algunos empresarios para que no asistieran a la conferencia de aquel en Davos. Pero en cambio, el ministro Ábalos se reunió con Delcy Rodríguez. Álvarez de Toledo dijo: “El gobierno amparó a una torturadora y rechazó a un demócrata”.
Álvarez de Toledo echó mano del Informe Bachelet / Foto: Captura
Álvarez de Toledo echó mano del Informe Bachelet / Foto: Captura

La portavoz del PP, periodista, llamó a Delcy Rodríguez torturadora. Para ella, no es vicepresidenta Ejecutiva de Maduro. No es la número 2 del régimen. Es una torturadora como lo son Diosdado Cabello y el propio Nicolás Maduro, “cúpula de un régimen criminal”. Por ello es que a Cayetana Álvarez de Toledo le causa estupor que el ministro José Luis Ábalos se haya reunido con Delcy Rodríguez la madrugada del 20 de enero, y no sólo por 25 minutos, sino por mucho tiempo más: una hora, reconoce la policía. El gobierno, dijo, dio la espalda a un hombre joven, valiente, que es el Presidente legítimo de Venezuela, cuando ha debido recibirlo con “orgullo y emoción” como lo hicieron otros y como lo hubiera hecho el gobierno de una gran democracia.

Cayetana Álvarez de Toledo intervino en el primer debate de control al gobierno de Pedro Sánchez y, como estaba previsto, iba a pedir cuentas a Ábalos y al Ejecutivo sobre lo sucedido en Barajas. El debate se ha centrado buena parte en este punto al que los ministros y el propio Sánchez señalan de maniobra de distracción y el cual, aclaran, no los desviará de la ruta de trabajo porque hay mucho que hacer en España. Pero la portavoz del Partido Popular dijo que el gobierno elige entre sus aliados a delincuentes.

En cuanto a José Luis Ábalos, hizo referencia al “laberinto de mentiras”, lo cual remite a la cantidad de versiones que el ministro tejió cuando la reunión quedó al descubierto. La diputada apuntó que la conducta de Ábalos quebranta las normas, los valores democráticos y es una muestra clara del deprecio a la verdad. Dijo que el ministro había hecho gala de un “derroche de versiones”, lo que calificó de “imaginación pirotécnica”. Recalcó que la verdad es que Ábalos no fue a ver a un amigo sino a “recibir a una torturadora”. Que se reunió con ella dentro y fuera del avión. Y agregó con ironía: La única manera de que Delcy Rodríguez no pisara suelo español es que la llevara “en brazos o a caballito” porque esta, ahora también se sabe, pasó horas en el salón VIP de la terminal del aeropuerto.

Desestimó la versión de Sánchez, del propio Ábalos, de la canciller Arancha González Laya, de que la actuación del ministro evitó una crisis diplomática. Pues no. Porque ayer la Eurocámara debatió el asunto. Y el canciller de la UE, Josep Borrell, anunció que el Servicio de Acción Exterior de la UE puede abocarse a investigar. “El incidente lo tiene España con la Unión Europea”. Y en los “Estados Unidos no salen de su estupor”.

-Nadie ha mentido tanto como usted –le dijo Cayetana Álvarez de Toledo a José Luis Ábalos. Y lo peor. Le preguntó:

-¿De verdad creyó que nadie se iba a enterar?

Y si creyó que nadie se iba a enterar, ¿cómo se traduce eso? Cayetana Álvarez de Toledo se preguntó: “¿Ingenuidad y prepotencia?”. Desde su lugar, Ábalos, sonreía.

Entonces fue cuando preguntó que quién le había pedido que fuera a recibirla. Porque este es un aspecto con varias versiones. Que si Ábalos fue a ver a su amigo el ministro de Turismo, Félix Plascencia. Que se lo pidió el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que si ahora fue el Palacio de la Moncloa el que delegó a Ábalos y quitar del medio a exteriores. “Usted no fue a ver a un amigo. Fue a reunirse con una torturadora”, precisó.

Entonces fue cuando preguntó que quién le había pedido que fuera a recibirla. Porque este es un aspecto con varias versiones. Que si Ábalos fue a ver a su amigo el ministro de Turismo, Félix Plascencia. Que se lo pidió el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que si ahora fue el Palacio de la Moncloa el que delegó a Ábalos y quitar del medio a Exteriores. “Usted no fue a ver a un amigo. Fue a reunirse con una torturadora”, precisó.

Cayetana Álvarez de Toledo agregó ya en el terreno de las preguntas concretas: ¿Cuándo se enteró el gobierno de la llegada de Delcy Rodríguez? ¿A qué vino la torturadora a España? ¿Hablar con quién y de qué? ¿Quién la invitó? ¿Y por qué no la desinvitó? ¿Por qué la recibió Ábalos? ¿En calidad de ministro o en calidad de dirigente del PSOE? ¿De qué habló con la torturadora exactamente? ¿Le pidió que no recibiera a Guaidó? ¿Hablaron de los presos políticos? ¿Se interesó Ábalos por los reprimidos? ¿Por qué no la expulsó?

Este es el tipo de preguntas que se preveía iba a formular la dirigente del PP. Porque hay que indagar si el gobierno de Sánchez estableció algún tipo de compromiso con la dictadura de Maduro, tal como reportó el diario ALnavío más temprano.

Dijo que este tipo de actuaciones vulnera las normas. Que Delcy Rodríguez no sólo tiene prohibido pisar territorio Schengen sino sobrevolar el espacio aéreo. De modo que se incumple una norma y al incumplirla hay consecuencias. “Lesiona gravemente los intereses del pueblo de Venezuela”. ¿En qué sentido? Porque las sanciones son el arma que tienen los venezolanos para luchar contra la dictadura. Y las sanciones son el “máximo elemento con que cuenta la comunidad internacional para alcanzar las elecciones libres”. Al saltarse las sanciones quitan presión sobre el régimen.

Por otro lado, dijo, el incumplimiento de los acuerdos deteriora la imagen y credibilidad de España ante Europa y el mundo y resquebraja el papel de España en América Latina. “Nos margina a un lugar subsidiario”. Porque ya no se le vería ni como aliado ni como interlocutor. Sino “comparsa de una dictadura agonizante”.

Para Cayetana Álvarez de Toledo, el gobierno de Sánchez desprecia la democracia. Ha asumido la posición del partido Podemos que forma parte de la coalición gubernamental. “Un partido deudor del chavismo”. Que Sánchez y Ábalos han actuado contra la historia de las posiciones mantenidas por el PSOE. Contra Felipe González. En cambio, señaló, se ha aliado con el eje que conforman el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Nicolás Maduro y Podemos. “Y eso es una involución”.

A Zapatero le tuvo reservada una batería. (“Un inciso”). Dijo que trabaja activamente para la dictadura. Que por tanto no merece los privilegios de que goza como expresidente del gobierno de España. Que hubo un tiempo que se le vio como un mediador en Caracas. Que despertaba alguna esperanza entre los dirigentes de la oposición de Venezuela. Que ese tiempo ya pasó. Es un hombre denostado por los demócratas venezolanos. Que deambula por los arrabales de la dictadura y lo señaló de ser un agente de la dictadura. Es un mediador de parte.

-Ustedes lo recuperan y asumen su estrategia, su descrédito y su deprecio por los derechos humanos.

Cayetana Álvarez de Toledo hizo un relato de lo más crudo del socialismo del siglo XXI. El que hundió a Venezuela en un abismo. El chavismo ha cometido más de 18.000 ejecuciones extrajudiciales desde 2016, dijo, citando a Human Rigths Watch. Que la cruda realidad está plasmada en el informe de Michelle Bachelet, socialista chilena, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU. Mostró el informe en el pleno y supuso que Ábalos lo ha leído. El informe habla de grupos de exterminio. Y escuadrones de la muerte a las órdenes de Maduro y “de la mujer con la que usted se reunió”. Por ello, la diputada cerró con una última pregunta:

-Qué hacía un ministro del gobierno la madrugada del 20 de enero de 2020 en la terminal Uno del aeropuerto de Barajas con una torturadora.

CIDH arribará a Venezuela pese a negativa de Maduro – El Estimulo – 3 de Febrero 2020

Guaidó ratificó el viernes la invitación a esta delegación de la CIDH para que puedan “cumplir su agenda con las víctimas, organizaciones no gubernamentales y sociedad civil, y constatar la situación de derechos humanos”

Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) arribará el martes a Venezuela pese a la negativa del Gobierno de Nicolás Maduro, informó este domingo Humberto Prado, representante en materia de DD.HH. del presidente interino del país, Juan Guaidó.

«La delegación de la CIDH llegará al país el día martes 4 de febrero a las 12:14 (16.14 GMT) al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en el estado Vargas (que sirve a Caracas)», informó en Twitter Prado, designado por Guaidó como comisionado presidencial para los derechos humanos.

Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por casi 60 países, ratificó el viernes la invitación a esta delegación de la CIDH para que puedan «cumplir su agenda con las víctimas, organizaciones no gubernamentales y sociedad civil, y constatar la situación de derechos humanos».

Prado reiteró este domingo que la visita «constituye para las víctimas la oportunidad de exponer directamente ante la delegación sus casos, informar cómo ocurrieron los hechos y del nivel de las investigaciones».

Sin autorización

El Gobierno de Maduro negó la autorización de la visita, por lo que se prevé que no los dejen pasar en el aeropuerto, al argumentar que el país ya no pertenece a la Organización de Estados Americanos (OEA).

«En fecha 27 de abril de 2019, entró en vigencia la Carta de la OEA realizada por el Gobierno venezolano (…) En consecuencia, a partir de la mencionada fecha Venezuela dejó de ser Estado parte de la OEA», recoge una carta publicada por el canciller Jorge Arreaza en la que subrayan que el chavismo «en ningún momento» ha invitado a la CIDH al país.

En la misiva del Gobierno de Maduro agregaron que Venezuela «desconoce y no otorga valor jurídico alguno a las actuaciones desarrolladas por la OEA y la Comisión Interamericana por personas que usurpen o pretendan usurpar la representación legítima de nuestro país».

Maduro presentó su salida formal de la OEA en 2017 por considerar que la OEA violó el artículo de su carta que establece la no intervención en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros y se hizo efectiva el pasado mes de abril.

Si bien la OEA no ha aprobado ninguna resolución que reconozca de modo específico a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, el 10 de enero de 2019 declaró ilegítima la toma de posesión de Maduro, y en abril reconoció a Gustavo Tarre, enviado por el líder opositor, como representante de la AN.

Provea, Zapatero y Francisco  por Ramón Peña – La Patilla – 2 de Febrero 2020

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El informe 2019 del Programa Venezolano de Educación-Acción de Derechos Humanos (Provea) revela que, en medio del deterioro de la calidad de vida del venezolano y la extinción del Estado de Derecho, la tortura  ya es práctica generalizada en cárceles y centros de detención. Víctimas de este procedimiento diario son presos civiles y militares. Se registraron 574 casos durante el año. Agrega el informe: “La tortura como castigo ‘ejemplarizante’, se ha institucionalizado y forma parte del repertorio represivo empleado por la dictadura de Maduro”. Se cita como emblemática la muerte a golpes del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, prisionero de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. El conmovedor informe se suma a la larga lista de abusos denunciados por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU durante ese mismo año.

Esta semana, el pretendido mediador Rodríguez Zapatero, declaraba que en Venezuela lo que  ocurre es que “como en otros muchos países hay dos sectores, muy divididos, que tienen una lectura diferente de la historia, por lo cual no hay que ponerse de uno u otro lado”. Es su socarrona apreciación luego de “38 visitas a Venezuela “pagadas por la dictadura.

En infortunada coincidencia con el adocenado Zapatero, el Papa Francisco, sentenció el pasado viernes que “la Iglesia católica no se alinea con una u otra parte”, lo que hay que hacer es “rezar por todos los venezolanos que sufren”. No es sorpresa esta esquiva postura de Berdoglio. Evoca su visita a Cuba en 2015 cuando rehusó reunirse con quienes sufren los rigores de la satrapía castrista. Pero no se ahorró visitar al patriarca Fidel.

Afortunadamente, nuestros curas, y su máxima representación, la Conferencia Episcopal Venezolana, sí han tomado partido y lo hacen en defensa de la justicia y la libertad. Su valiente y perseverante prédica democrática les ha ganado la admiración y el respeto de los venezolanos.

 

 

 

 

 

 

Los 72 muertos bajo torturas del régimen de Nicolás Maduro por Daniel Lozano – El Mundo – 30 de Enero 2020

El informe anual de la ONG Provea acredita el “terrorismo de Estado” aplicado por la revolución bolivariana
National Police officers guard the entrance to the detention centre of...
Policías vigilan la entrada del centro de detención del Sebin, en Caracas.Carlos Jasso REUTERS

Las torturas contra presos ya forman parte de la cotidianidad en Venezuela, para escándalo de los activistas de derechos humanos y silencio del gobierno y de sus aliados nacionales e internacionales. El informe anual de la ONG Provea, una de las más respetadas en el país, acredita el “terrorismo de Estado” aplicado por la revolución bolivariana para mantenerse a toda costa en el poder: durante 2019 al menos 574 personas sufrieron torturas y, entre ellas, 23 murieron.

Desde la llegada al poder de Nicolás Maduro en 2013 se contabiliza la muerte de 72 personas bajo torturas. Siete años durante los cuales no sólo el país sufre la mayor crisis social, económica y política del último siglo en el continente, sino también la “legalización” de la impunidad y la pulverización de los derechos humanos. “La tortura se ha convertido en una práctica generalizada y sistemática que se comete a diario en la mayoría de las cárceles y centros de detención contra presos comunes y personas privadas de libertad por razones políticas”, concretó Provea.

Inti Rodríguez, uno de los investigadores principales de Provea, aportó más cifras para el horror: 5.232 violaciones a la integridad personal, 852 víctimas de trato cruel, 1.033 heridos, 1.804 allanamientos ilegales y 810 amenazas y hostigamiento.

La tortura como castigo ejemplarizante se ha “institucionalizado y forma parte del repertorio represivo empleado por la dictadura de Maduro”, denunció Provea sin contemplaciones. “Es cada vez más cruento”, añadió por su lado el Instituto Casla, dirigido por la activista Tamara Suju en coordinación con la Organización de Estados Americanos (OEA). “Son sistemáticas”, confesó el general Cristopher Figuera, antiguo jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), tras huir a EEUU. Precisamente en la sede de la policía política murió el concejal opositor Fernando Albán tras sufrir torturas, según las denuncias efectuados por sus familiares y por organizaciones internacionales.

El asesinato del capital Rafael Acosta dio la vuelta al mundo en junio pasado y confirmó que los agentes gubernamentales extreman sus malos tratos contra los militares, con el objetivo de ahuyentar cualquier protesta o rebelión y atemorizar a familiares, compañeros y abogados. Una estrategia que prosigue hoy en día y que se ha multiplicado, según Provea.

El número de torturados de 2018 al año pasado se ha multiplicado por cinco, de 109 a 574, por lo que también supera el hasta ahora récord histórico de 2014, con 180 víctimas tras las protestas antigubernamentales. Durante 2019 se llevó a cabo el desafío de Juan Guaidó y del Parlamento democrático contra la revolución, a lo que se añade la agudización del control social a través del terror y de las políticas económicas. Ni la Fiscalía ni el Defensor del Pueblo, controlados por la revolución, ha proporcionado datos al respecto.

JÓVENES Y POBRES

La ONG asegura que se mantiene el perfil histórico de los torturados: hombres jóvenes y pobres, en su mayoría condenados o procesados por delitos comunes (74%) y militares (21%) acusados de conspirar contra Maduro; casi el 4% fueron torturados tras ejercitar su derecho a la manifestación pacífica.

La investigación de Provea profundiza en lo que ya Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, expuso en su histórico informe: en las cárceles de Maduro se aplica corriente eléctrica, se asfixia con bolsas de plástico, se realizan simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas.

La activista Suju ha aireado esta semana cuál es la última receta contra los presos políticos en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM): encapuchan a los presos y los sacan en un jeep “a toda velocidad para desorientarlos y que se golpeen en el trayecto para luego encerrarlos en las tumbas en las que han convertido los sótanos. Los meten de tres en dos. Se bañan con un vaso de agua y no reciben sol ni aire natural”. Es precisamente en la sede caraqueña de la DGCIM en Boleíta Norte donde se agrupan a 116 víctimas de torturas, militares detenidos por conspiración, terrorismo y traición a la patria.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha anunciado que aterrizará el próximo lunes en Caracas para realizar una visita de campo (observación in loco) para recabar más información sobre las violaciones de derechos políticos y civiles. Los activistas temen que los enviados de la CIDH sean deportados desde el aeropuerto de Caracas, aunque estos ya tienen preparada su respuesta: viajarán hasta la frontera con Colombia para atender a las víctimas ‘in situ’.

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