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Policía política del chavismo asesinó a más de 5000 venezolanos en 2019 por Sabrina Martín – PanamPost – 2 de Enero 2019 

En Venezuela existe una especie de “epidemia de violencia policial”, donde funcionarios se aprovechan del “poder” para emprender ejecuciones extrajudiciales

Se llevaron a cabo 5 286 muertes en manos de funcionarios policiales por el uso excesivo de la fuerza. (kipupress)

El régimen de Nicolás Maduro cerró el 2019 con más de 5 000 personas asesinadas por fuerzas militares del chavismo, mientras que el país suramericano se mantiene como uno de los más violentos del mundo.

Una investigación del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) reveló que se registraron al menos 16 506 muertes violentas en 2019, con una tasa de homicidios de 60,3 por cada 100 000 habitantes, duplicando en violencia a países como Colombia o México con una tasa de 25 y 29 homicidios, respectivamente.

Epidemia de violencia policial

Durante la presentación del informe anual, Carlos Meléndez, uno de los directores de la ONG, señaló que en Venezuela existe una especie de «epidemia de violencia policial» donde funcionarios del régimen se aprovechan de su «poder» para emprender ejecuciones extrajudiciales bajo la falsa excusa de «resistencia a la autoridad».

El informe señala que se llevaron a cabo 5 286 muertes en manos de funcionarios policiales por el uso excesivo de la fuerza. De hecho, luego de que Michelle Bachelet presentara en julio su primer informe sobre la situación en Venezuela y denunciara las ejecuciones extrajudiciales, en el país fueron asesinadas 2 698 por la acción policial letal.

De acuerdo con el OVV, en su mayoría estos homicidios fueron cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado, entre ellos las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), comando especial de la chavista Policía Nacional Bolivariana. El OVV realiza este informe con base en los registros obtenidos por un observatorio de prensa, encuestas de muestreo y «cifras agregadas extraoficiales» que, aseguran han sido «levantadas por el Ministerio de Interior».

Rito de iniciación

Las FAES, mejor conocidas como la policía política de Maduro, estarían implementando una especie de «rito de iniciación» para sus nuevos miembros. Se denuncia que quienes se convierten en sus funcionarios «deben ubicar una víctima y matarla» para iniciar sus carreras. Este es uno de los cuerpos de seguridad del Estado denunciado por su presunta vinculación con asesinatos selectivos, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas.

Roberto Briceño-León, director del OVV, dijo a BBC Mundo que «El procedimiento suele ser el mismo. Llegan encapuchados y sin identificación, lo que viola todas las leyes venezolanas, y mientras unos cortan la calle y alejan a los familiares, otros matan al ciudadano, casi siempre en el interior de su vivienda».

Además, ha informado que «hay pocos casos de funcionarios policiales condenados en Venezuela, pero con la FAES la impunidad es total». Denunció que funcionarios del Ministerio Público admiten confidencialmente que las investigaciones que afectan a la polémica fuerza policial son sistemáticamente bloqueadas.

A pesar de las denuncias a nivel nacional e internacional, el pasado 20 de diciembre el mismo Maduro llamó a «expandir el FAES» para que trabaje de la mano con los consejos comunales y las comunas, organizaciones de origen cubano implementadas por el chavismo.

Más de 5.000 personas han muerto en 2019 en Venezuela a manos de las autoridades por Ludmila Vinogradoff – ABC – 27 de Diciembre 2019

Este año se registraron menos muertes violentas que en 2018, debido a la emigración y a la falta de dinero. A pesar de esto, es el país más violento de América Latina

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En 2019 Venezuela se mantiene como uno de los países con mayor número de muertes violentas en la región y en el mundo con un saldo estimado de 16.505 homicidios que representan una tasa de 60,3 muertes violentas por cada cien mil habitantes. De todas ellas, más de 5.000 se han perpetrado a manos de las autoridades venezolanas. En conversación con ABC, el director ejecutivo del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), Roberto Briceño León, aseguró que la disminución de cifras no representa una mejoría de la crisis social, sino todo lo contrario, «el empeoramiento de las condiciones de vida y de la crisis humanitaria compleja que atraviesa el país».

ABC tuvo acceso al Informe Anual 2019 del OVV, donde se hace un exhaustivo estudio de la grave crisis social que asola al país. Se clasifican las muertes violentas en tres tipos. De las 16.505 muertes, hay 6.588 asesinatos cometidos por los delincuentes, en segundo lugar hay 5.286 homicidios cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado y que son clasificados como muertes por resistirse a la autoridad, y por último unas 4.632 muertes causadas por una intencionalidad indeterminada.

Los suicidios también han ido en aumento en los últimos cuatro años. Pese a la censura oficial, el OVV ha estimado que la tasa de suicidios oscila entre 9 y 10 casos por cada 100.000 habitantes, lo que representa un incremento del 140-170% desde 2015 a 2018. En términos generales se ha reducido la cifra de muertes violentas, pero el saldo de Venezuela está «muy por encima de cualquier de los otros países considerados violentos en América Latina».

Menos «oportunidades»

Este es el tercer año de disminución sostenida de muertes violentas. En 2018 Briceño León había anunciado que se produjeron unos 23.047 asesinatos en Venezuela, por lo que el país cerró ese año como el más violento de América Latina. Aunque el año pasado registró una reducción de 2.000 homicidios con respecto a 2017, la cifra todavía estaba entre las más altas de la región, al situar la tasa nacional de 81 homicidios por cada 100.000 habitantes, «prácticamente el doble de lo que se esperaba en Honduras».

En 2019, comparando con otros países de la región, Venezuela encabeza la lista de muertes violentas con una tasa de 60 homicidios por cada 100.000 habitantes. Le siguen El Salvador con 48, Jamaica con 47, Honduras con 42, Colombia con 25, México con 22 y Brasil con 19.

El informe también detalla las causas de la disminución de las muertes violentas. En primer lugar se debe a la destrucción de la actividad económica, la quiebra y cierre de empresas y el empobrecimiento del país, la emigración masiva y la falta de dinero. En vez de atracar a la gente, los delincuentes prefieren otras actividades más lucrativas como el tráfico de drogas, minerales y oro, contrabando de gasolina o la extorsión de las empresas.

Por otra parte, los delincuentes venezolanos han emigrado hacia otros países. La falta de servicios públicos y de dinero ha restringido el entretenimiento de la gente. Después de las siete de la noche las calles están solitarias por la inseguridad. «La inmensa letalidad policial se ha convertido en un factor relevante en la reproducción de la violencia en el país. Las muertes provocadas por los policías se mantienen en niveles extremadamente altos, registrándose en 2019 un promedio de 14,5 personas muertas cada día del año a manos de los cuerpos de seguridad», añade el informe.

 

Fatou Bom Bensouda contra las víctimas venezolanas por Miguel Henrique Otero – Editorial El Nacional – 15 de Diciembre 2019

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El pasado lunes 9 de diciembre, los diputados venezolanos Franco Casella y Wilmer Azuaje presentaron ante la Corte Penal Internacional documentos que contienen pruebas de crímenes sistemáticos cometidos por el régimen de Nicolás Maduro.

Las fotografías, que circularon por las redes sociales, son brutales e inequívocas: muestran que José Alejandro Díaz Pimentel, Abraham Agostini, Daniel Soto, Jairo Lugo, Abraham Lugo, Lizbeth Ramírez (que estaba embarazada) y Óscar Pérez recibieron tiros de gracia por parte de las fuerzas militares del régimen que los asesinaron, durante lo que se conoce como “La masacre de El Junquito”. Los venezolanos recuerdan, no sin estupefacción, cómo Nicolás Maduro se ufanó ante las cámaras de televisión de que su orden se hubiese cumplido. Estas pruebas ratifican lo que ya sabemos: Óscar Pérez ofreció rendirse, pero el mandato que tenía la desproporcionada fuerza militar a cargo de la operación era irrevocable: había que asesinarle a él y cada uno de sus acompañantes. Y propinarles a cada uno tiros de gracia.

Estas pruebas y testimonios no son excepcionales. Vienen a sumarse a las que ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, expertos juristas en la materia de los derechos humanos, autoridades de varios países -Canadá, Argentina, Colombia, Paraguay, Perú y Chile-, y también la Organización de Estados Americanos -que entregó un informe elaborado por equipos del más alto nivel internacional, avalado por su secretario general, Luis Almagro- han consignado para demostrar, bajo los parámetros técnicos que exige la Corte Penal Internacional, que en Venezuela se han cometido y se cometen delitos de lesa humanidad, que obligan a la apertura inmediata de un juicio.

Debo detenerme en un aspecto de lo dicho, cuya relevancia quizás no ha sido del todo adoptada por la opinión pública. Desde que fue creada en julio de 1998, como una decisión de la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el Establecimiento de una Corte Penal Internacional, es la primera vez que un Estado miembro -en este caso, seis Estados- solicitan a la entidad que investigue los crímenes cometidos en otro Estado miembro. La petición -y esto también tiene un carácter extraordinario- se fundamenta en tres informes: uno de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos; otro de la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU; y un tercero de la Organización de Estados Americanos. El conjunto ofrece un irrefutable conjunto de evidencias, sostenidas por sólidos criterios técnicos. La respuesta del gobierno de Maduro no ha sido la de detener o disminuir las conductas asesinas. Se ha limitado a decir que es una conspiración contra Venezuela, aunque en realidad, la petición va dirigida, en concreto, en contra de la cadena de mando responsable de los crímenes.

El pasado 5 de diciembre, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, a cargo de Fatou Bom Bensouda, publicó el informe anual correspondiente a situaciones en examen preliminar. Lo primero que hay que señalar es que el estatus no ha cambiado: permanece sin avanzar. Está anclado en la fase 2, lo que hace patente que, para esa instancia, los hechos de Venezuela -que siguen produciéndose- no tienen prioridad. En otras palabras: no reconoce que se hayan cumplido las condiciones que autorizan a comenzar la fase investigación previa al juicio de carácter penal. Esta es, de entrada, la primera mala noticia para las víctimas, para los sobrevivientes y para los familiares de quienes han sido torturados y asesinados siguiendo rigurosos patrones procedimentales y de ejecución.

Hay que señalar aquí que Fatou Bom Bensouda tiene un amplio conocimiento de los crímenes cometidos por los regímenes de Chávez y Maduro, puesto que antes de que asumiera su cargo actual -junio de 2012- ocupó el cargo de fiscal adjunta, desde septiembre de 2004. Significa que tiene 15 años al tanto de la tragedia venezolana.

Pero el retraso no es la única mala noticia. En el informe se escenifica una realidad político-social, completamente falsa: como una sociedad dividida entre dos fuerzas enfrentadas -la tesis que el régimen propagó a través de lobistas y agencias de relaciones públicas-, y no como lo que es: un poder delincuencial y asesino, dedicado a perseguir y a castigar a la sociedad entera. En el informe se habla, por ejemplo, de marchas multitudinarias a favor del gobierno. Es decir, de una realidad que no existe en los últimos cinco años. Se pretende, además, que la dirigencia opositora venezolana carece de apoyo en la sociedad venezolana. Algo que es un verdadero escándalo: ni una palabra de los más de 4 millones de personas que han huido del país.

La memoria jurídica presentada demuestra hechos sustantivos, que no pueden ser obviados por ningún observador, salvo que guarde alguna afinidad con el régimen criminal. Se demuestra que existe un plan elaborado al más alto nivel del poder venezolano; se demuestra que existe una cadena de mando, que va de los autores intelectuales a los ejecutores, que han actuado en las olas represivas de los años 2014 y 2017; se demuestra que hay patrones de conducta que se repiten en el tiempo para violar preceptos como el derecho a la vida, a las libertades políticas, a la libre expresión y otros; se documentan los lugares y los espacios en los que se cometieron los delitos; se señalan, en la mayoría de los casos, a los integrantes de la cadena de mando; se establece, con evidencias indiscutibles, la relación entre los discursos de odio de los jerarcas del régimen y las acciones de violencia desproporcionada y criminal de cuerpos policiales, militares, paramilitares y otros órganos del Estado venezolano; se demuestra que estos crímenes tienen un carácter masivo y sistemático; se establece, con total claridad, que la responsabilidad no solo son por acciones cometidas, sino también por omisión.

Por lo tanto, responsablemente debo señalar: ojalá que este retraso no sea el preámbulo de una trampa tendida a las víctimas para evitar que se haga justicia. Y más: ojalá que no se esté construyendo una ruta para archivar las denuncias.

Víctimas de torturas en Venezuela aumentaron 500% en los primeros nueve meses de 2019

Provea señaló que la Dgcim y el Cicpc encabezan la lista de dependencias que refleja el ascenso del terrorismo de Estado en el país

Dgcim

En los primeros 9 meses de 2019 se registró un aumento de 508% en los casos de víctimas de torturas en Venezuela por parte de los organismos de seguridad del Estado.

El  Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos reveló la cifra en un informe sobre las violaciones de derechos humanos registradas entre enero y septiembre de este año.

La Dirección General de Contrainteligencia Militar y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas encabezan la lista de dependencias que refleja el ascenso del terrorismo de Estado en Venezuela.

Los casos ocurridos hasta los momentos superan sustancialmente los registrados en 2018, cuando el programa reportó un total de 109 personas afectadas por torturas.

En los primeros 9 meses de 2019 se denunciaron 34 casos de torturas, que incluyeron 554 víctimas individualizadas.

Es el registro más alto documentado por Provea en 31 años de monitoreo del derecho a la integridad personal en el país, señaló el informe.

El número pudiera ser mayor

Provea, no obstante, presume que el número de agraviados pudiera superar la cifra que maneja debido a factores como la opacidad oficial, las dificultades para el monitoreo y el temor para denunciar.

Señaló la ONG que 98,55% (546) de las víctimas individualizadas fueron hombres, y 0,90% (5) mujeres. En el restante 0,54% (3) de los aquejados no pudo identificarse el género.

Provea precisó que las edades de las víctimas oscilaron entre los 18 y los 50 años de edad.

Agregó que la mayoría de las lesiones infligidas a estas personas consistieron en golpes, culatazos, descargas eléctricas, crucifixión, patadas e insultos.

Del total de las víctimas reportadas entre enero y septiembre, 408 fueron privados de libertad por delitos comunes, 124 militares detenidos por supuesta conspiración contra Nicolás Maduro y 22 civiles detenidos por razones políticas.

La tortura en Venezuela se convirtió en una práctica generalizada y sistemática que se comete a diario en la mayoría de las cárceles y centros de detención, denunció Provea.

Aseguró que el régimen de Maduro institucionalizó la tortura y ahora forma parte del repertorio represivo que emplean las autoridades.

La organización también expuso que la violencia institucional es empleada en comunidades pobres y cárceles del país como un mecanismo de control social.

Víctimas de torturas en Venezuela
Infografía: Provea

Los muertos del Socialismo del Siglo XXI por Enrique Viloria Vera – Noticiero Digital – 31 de Octubre 2019

A Juan Pablo Pernalete,
alumno de nuestra Universidad Metropolitana de Caracas,
prometedor deportista,
baleado impunemente el 26 de abril de 2017,
cuando participaba en una marcha antigubernamental

El desalmado Imperio tiene su american way of death; la Venezuela socialista del siglo XXI no es menos; en dos cruentas e indolentes décadas acumula una cantidad de muertos que compiten y superan las bajas de cualquier batalla contemporánea. En efecto, para la Historia Universal de la Ignominia, el régimen sanguinario ya cuenta con su propia caracterización de sus muertos, a saber:

• Los ajusticiados: Son el resultado de las razias que ejecutan en las zonas populares las fuerzas policiales especiales del gobierno, prestas a exterminar sin mucho miramiento a todo quisque, culpable o inocente.

• Los asomados: Por curiosos y entrépitos reciben un balazo caliente o frío al asomarse a contemplar la plomazón.

• Los colaterales: Inocentes ciudadanos que se ven atrapados en la línea de fuego entre bandos o bandas, e ignorantes fallecen por la acción de una bala ajena.

• Los suicidados: No soportaron las torturas que los irreprochables organismos de inteligencia bolivariana infringen a los detenidos por razones políticas, misteriosamente no se auto suicidan sino son suicidados por sus torturadores.

• Los bien mataos: Categoría muy especial de las matanzas socialistas del siglo XXI, incluye a los escuálidos, apátridas, pelucones, pitiyanquis, cachorros del Imperio, que son tiroteados – sobre todo los estudiantes -, por miembros de los colectivos bolivarianos en las marchas de protesta contra el gobierno revolucionario, Son el producto de una decretada guerra muerte: Escuálidos y opositores contad con la muerte aún siendo indiferentes. Integrantes de los colectivos bolivarianos contad con la vida y la impunidad aún siendo culpables.

• Los descuartizados: Técnica importada que ahora reexportamos… se despedaza el cadáver y sus miembros se esparcen en diversos sitios para desconcertar a los técnicos forenses.

• Los ruleteados: Enfermos o tiroteados que van de hospital en hospital en hospital, sin lograr que los atiendan, fallecen injustificadamente en brazos de sus desolados familiares.

• Los abandonados: Vista la dramática situación de la sanidad pública, son desahuciados de antemano por el gobierno, debido a la falta de insumos médicos, medicamentos y equipos.

• Los sicariados; Otra forma importada que también reexportamos: por un acordado precio reciben varios balazos donde quiera que estén y sin importar con quien están.

• Los mártires: Usualmente son altos personeros de la cúpula revolucionaria, como el diputado de la lista, los gobernadores ahogados o baleados y luego quemados, la dirigente de apellido etílico, el fiscal público no muy querido, el dirigente revolucionario que gustaba de orgias y francachelas, y por supuesto el Mártir rojo – rojito mayor que tiene su muy bien mantenido cuartel en la montaña.

• Los pranes: Cercanos a la ministra penitenciaria y gran apoyo del régimen delincuencial, son quebraos en sus muy cómodos aposentos de las inhumanas cárceles socialistas, donde paradójicamente se dignifica a los privados de libertad, porque – en la Venezuela socialista del siglo XXI-, no hay presos de ningún tipo, menos políticos.

El desvergonzado régimen tiene previsto editar un lujoso libro que será traducido al chino, al coreano del Norte, al ruso, al quechua y al aymará, y, por supuesto, al turco, al inglés no, muy a su pesar debe ser escrito en imperialista español. Estudiosos e investigadores de esta desmesurada violencia – como mi fraterno amigo Roberto Briceño –León están a la espera de un ejemplar, que se inscribirá en los anales de la serie, Aunque Usted no lo crea.

Oremos

Hacia ti, Señor, levantamos nuestros ojos; contempla, Señor nuestra tristeza, fortalece nuestra fe y concede a nuestros hermanos difuntos el descanso eterno.

Amén

Defensores de Derechos Humanos celebran ratificación de sentencia condenatoria por homicidio de Geraldine Moreno – Justicia Encuentro y Perdon – 15 de Agosto 2019

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Aunque para los defensores de derechos humanos la labor de la justicia venezolana en la investigación y condena de las víctimas de la represión durante los últimos cinco años ha sido prácticamente nula, sin embargo celebran que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) haya ratificado la sentencia condenatoria a prisión de 30 años contra el ciudadano Alvin David Bonilla Rojas, y 16 años y seis meses, para el ciudadano Francisco Benito Caridad Barroso, por el homicidio de la joven Geraldine Moreno en 2014.

Así lo indica la sentencia N° 175-2019 de la de la Sala de Casación Penal del Alto Juzgado, con ponencia de la magistrada Yanina Beatriz Karabin de Díaz, en la cual se desestimaron, por manifiestamente infundados, los recursos de casación interpuestos por las respectivas defensas de los mencionados ciudadanos contra la decisión de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, de fecha 16 de enero de 2018, que declaró sin lugar los recursos de apelación contra el fallo del juzgado de juicio que los condenó a prisión.

Desde nuestra fundación, en Justicia, Encuentro y Perdón no hemos descansado en la búsqueda de la verdad, acceso a la justicia y reparación para todas las víctimas de la represión de los cuerpos de seguridad del Estado y grupos armados irregulares, razón por la cual hoy, cuando se conoce este paso dado por el TSJ, seguimos elevando nuestra voz para que se ofrezca respuesta inmediata a los reclamos de cientos de familiares y víctimas de la represión para acceder a la verdad y la justicia relacionada con esos crímenes.

Sabemos que falta mucho por hacer, pero hoy nuestra organización quiere fundirse en un abrazo caluroso con nuestra directora, Rosa Orozco, porque conocemos de primera mano todas las luchas que ha librado para obtener justicia por el asesinato de su hija Geraldine Moreno, así como el acompañamiento solidario que ha demostrado con el dolor que aflige a miles de víctimas y sus familiares.

Este acto de justicia también es un aire de esperanza para todos quienes han acudido a nuestra organización en busca de orientación para vencer los patrones estructurales de impunidad y reparar el daño por las violaciones a los derechos humanos en nuestro país.

A todos les aseguramos que seguiremos avanzando firmemente en la construcción del país de nuestros sueños, aquel donde reine la justicia, la paz, la prosperidad y la libertad.

El legado del odio por Adriana Moran – Blog Polis – 31 de Julio 2019

Empezó antes, pero fue en 2002, durante el paro petrolero y las multitudinarias marchas que precedieron al carmonazo, que Hugo Chávez entendió que podía explotar todo ese odio que estaba en las calles a su favor. Así, principalmente mujeres ataviadas con los colores de la bandera, eran entrevistadas en la calle y su furia replicada una y mil veces por la pantalla del canal oficial y mostrada por el que estaba en Miraflores mientras fingía amorosos llamados a la reflexión que contrastaban con la ira en su estado más puro exhibida por los caminantes que coreaban el para entonces novedoso “vete ya”. 

Después del desastroso desenlace de esos eventos que cambiaron para siempre el curso de la era Chávez, entre otros retoques para asegurar el control férreo de la disidencia y evitar que se repitiera el susto, el mandatario fue cultivando con esmero esa faceta odiadora de los que se le oponían y la fue usando para atemorizar a sus seguidores y para mantener a sus adversarios en el terreno violento en el que eran más débiles. 

Y aunque es verdad que muchas veces la dirigencia opositora entendió que en esa confrontación llevaba las de perder y siguió en medio de avances y retrocesos el camino de la política con el que se conservaron o incluso conquistaron espacios y victorias, un sector le siguió haciendo el juego al que lo había inventado a su imagen y semejanza y reeditó en varias oportunidades el desenfreno que lo llevó a transitar más fracasos de los que hubiera podido permitirse frente a un régimen que había ido fortaleciendo al sector militar y asegurando lealtades que lo hacían evidentemente superior en el terreno desigual de enfrentar furia contra balas. 

No alcanzó el acuerdo que llevó a obtener la victoria en 2015 y que hacía presagiar la continuación de esta ruta política renovando las esperanzas para volver a la cordura. Una vez más se impuso la rabia que había sido estimulada mezclada con antiguas ambiciones y mezquindades y volvimos al asfalto en 2017 para sumar más muertes y más dolor en derrotas anunciadas. 

Hoy, después de haber abandonado el camino electoral en 2018, ese extremo que se quedó pegado a las protestas de 2002, al inmediatismo del tienes que irte y a su vocación odiadora, sigue más presente que nunca y ha terminado por arrastrar en su irresponsabilidad a otros que fueron más moderados para meterlos en una trampa que no tiene puerta de salida. El legado de odio de Chávez, en medio de un país que se derrumba, parece por momentos estar a salvo.

Carta a Rufo  ¿Por qué te hicieron esto? por P. Enrique Yanes  – Venepress – 3 de Julio 2019

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Realmente es muy duro y lamentable recibir noticias e imágenes como las que recibí de ti, Rufo Antonio, quien a tus cortos 16 años, sin justificación, dispararon a tus sueños, ilusiones y futuro: de frente, sin piedad, como el ajusticiado quien frente a su verdugo recibe la realización de su condena aunque inocente.

Tú no tenías la culpa de estar en el lugar y momento menos indicado, mucho menos de no tener gas. Los años que suman tu vida, te convierte en una víctima inocente de un sistema criminal del que no eres culpable. Por eso como sacerdote y venezolano, en nombre de muchos debo bajar la cabeza y pedirte perdón:

Perdón por aquellos que con un voto castigo y una falsa idea de cambio abrieron las puertas hace más de 20 años a la perversidad, el resentimiento, el abuso, la muerte y la maldad en Venezuela.

Perdón por el individualismo que nos fue dominando poco a poco durante este tiempo y que devengó en corrupción, robo y saqueo que fueron los causantes de que esa bombona de gas no llegara a tu casa y en lugar de estar estudiando como un joven normal de tu edad, te empujó a protestar por un derecho que te corresponde.

Perdón porque esos que te dispararon son signo de lo que hemos dejado que nos conviertan como sociedad.

Perdón porque permitimos que en lugar de que nacieras en el país de la arepa, el petróleo y el béisbol, creciste en una tierra árida y gris, lo más parecido a un campo de concentración donde lo único que pensamos cada día los que vivimos en esta tierra de todos y de nadie es ¿Quién será el próximo?

Perdón porque gracias a muchas razones tu vida no será la misma y en esto todos tenemos algo de culpa por dejarnos pisotear la dignidad durante tantos años, porque permitimos que se adueñaran de un país que era nuestro y sobre todo porque no hemos logrado cambiar las cosas.

Perdón porque no te puedo explicar por qué no puedes leer esta carta, simplemente porque el odio y el resentimiento social hecho persona te disparó de frente y no te perdonó ni siquiera el hecho de que eras un niño.

Tu foto junto a tu madre me recordó a la persona de quien le hablo a la gente a diario, mi maestro, Jesús de Nazareth quien fue golpeado, torturado y masacrado siendo inocente bajo la mirada dolorosa e inconsolable de su santísima madre.

Me tocó en el año 2013 ver a Geraldine Moreno en Valencia con las mismas marcas que hoy empañan tu rostro: las marcas de unos perdigones que son tan dolorosos y lamentables como ver un país que se nos va de las manos y que cada vez se sume más en una terrible oscuridad.

Tú Rufo eres luz, grandeza, valentía y fuerza, la sangre noble de los andes corre por tus venas, eres hijo de Bolívar. Los que están ciegos son otros que tienen el alma negra, que asesinan, torturan y persiguen porque no tienen razón, que atacan al indefenso pero que en el fondo son dignos de lástima porque están bajo la mirada de una justicia divina que les pisa los talones y que más pronto que tarde caerá sobre sus hombros.
Sé que estas letras no servirán de mucho ante la atrocidad de lo que te hicieron, ojalá sirvieran por lo menos para despertar conciencias que aún siguen dormidas esperando un milagro del cielo, pero sin mover ni un dedo para que este suceda.
Estas letras van unidas a mis oraciones y quiero que sepas que no estás solo y que te has convertido en el hijo, el hermano y el amigo de muchos que como yo, sin conocerte te admiramos, te queremos y juramos no descansar hasta lograr una Venezuela libre y próspera, ese será nuestro regalo para ti y todos los chamos de tu generación, así nos cueste la vida intentarlo.
P. Enrique Yanes
Sacerdote de Caracas

Un joven pierde la vista por los perdigones disparados por la policía durante una protesta en Venezuela – ABC – 3 de Julio 2019

Un joven venezolano ha perdido la vista después de que la policía le disparara más de 50 perdigones de goma en la cara mientras dispersaba a un grupo de personas que protestaba el pasado lunes por la escasez de gas en el estado de Táchira, al oeste del país.

«Mi hijo perdió los ojos porque quería ayudarme a reclamar el gas que tanto necesitamos», ha explicado Adriana Parada, madre de Rufo Chacón, de 16 años.

«Arruinaron la vida de mi hijo… Era un fanático de los ordenadores, ahora está pidiendo morir», recoge la BBC. «Quiero justicia», reclama.

Según la CNN, madre e hijo llegaron al punto de distribución de gas en la madrugada del lunes pero, sin explicación alguna, la persona encargada de repartirlo se negó a hacerlo, lo que provocó que varias personas intentaran llevarse los contenedores. Un grupo de policías llegó al lugar de manera violenta, según Parada. Cuando su hijo quiso llevarse dos bombonas de gas, la policía le disparó en la cara.

Al joven le dispararon hasta 52 perdigones de goma, que impactaron en sus dos ojos, dijo el doctor Luis Ramírez, jefe del hospital en la capital del estado de San Cristóbal. «Por desgracia, ha perdido la vista para siempre».

El fiscal jefe del Estado venezolano, Tarek William Saab, declaraba en Twitter que su oficina investigaría a ambos oficiales y que serían «severamente sancionados» por el ataque.

El presidente interino Juan Guaidó también ha denunciado el suceso en Twitter: «¿Quién da una orden tan encarnizada como la de disparar así? ¿quién se escudará detrás de una investigación sin resultados? Lo sabremos, lo juzgaremos con tribunales imparciales, en democracia habrá justicia. No hay rabia suficiente».

Como explica la periodista de Reuters Anggy Polanco, la crisis económica en Venezuela ha dejado a millones de personas con escasez de gas, petróleo, alimentos y medicinas, obligando a muchos a cruzar diariamente la frontera con Colombia.

 

Acosta Arévalo, Albán, Mandela y Bachelet: tratamiento de reclusos y responsabilidad del Estado por Jesús Alejandro Loreto C. – ProDaVinci – 1 de Julio 2019

El 29 de junio de 2019, el ministro Jorge Rodríguez confirmó a través de un comunicado oficial la muerte del capitán de corbeta (R) Rafael Acosta Arévalo. Este hecho reavivó las gravísimas denuncias sobre torturas, tratos crueles e inhumanos que lamentablemente se han hecho cotidianas en Venezuela. Recordemos que en octubre de 2018, falleció el concejal Fernando Albán quien, al igual que Rafael Acosta Arévalo, fue señalado con vehemencia de haber participado en un magnicidio frustrado. Aunque ambos fueron apresados días antes por organismos de seguridad de Estado, ninguno tuvo la oportunidad de defenderse, pues los dos fallecieron antes del inicio del proceso penal: Albán antes de ser presentado ante un juez, y Acosta Arévalo sin concluir la audiencia de presentación.

El Grupo de Lima, la Unión Europea y el Departamento de Estado norteamericano han condenado uno y otro deceso. Por su parte, el diputado Juan Guaidó y otros líderes de la oposición, han dicho que se trata de atrocidades promovidas desde el Estado. Todos, a propósito del hecho más reciente, han reiterado la necesidad de que haya una investigación profunda e independiente que disipe cualquier duda respecto de las circunstancias en que murieron estas dos personas. Suicidio, tortura o extrema negligencia, la responsabilidad de estas muertes cae sobre el Estado.

Las Reglas Mandela

El 17 diciembre de 2015, la Asamblea General de la ONU adoptó las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos o Reglas Nelson Mandela, llamadas así como reconocimiento a los 27 años que el expresidente sudafricano pasó tras las rejas sin abandonar su lucha por la igualdad, los derechos humanos y la democracia. Este instrumento, tiene 122 reglas orientadas por los fines establecidos en la Carta de Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y pretende reafirmar el trato digno inherente a la condición humana, que debe proferirse incluso a los peores criminales.

No se trata de una descripción detallada sobre el funcionamiento de un sistema penitenciario, sino de las condiciones mínimas admitidas por las Naciones Unidas sobre el tratamiento que debe recibir, sin distinción, toda persona privada de libertad. Al respecto hay dos aspectos que merece la pena destacar:

1. Ningún recluso puede ser sometido a tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y no existe circunstancia alguna que justifique lo contrario.

2. La seguridad de los reclusos debe garantizarse en todo momento, al margen de su situación jurídica. Vale decir, que la inestabilidad política o económica e incluso la condición de culpable de un recluso, no permite relajar las Reglas Mandela.

Convención contra la Tortura y otros Tratos o penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

Venezuela es uno de los países que ha ratificado este tratado internacional y que además reconoce la competencia del Comité Contra la Tortura, cuerpo de expertos que se encarga de monitorear la implementación de la Convención. Este instrumento pone sobre el Estado la carga de evitar, investigar y sancionar todo acto de un funcionario u otra persona en ejercicio de funciones públicas, destinado a ocasionar dolor o sufrimiento grave, físico o mental, para conseguir información o una confesión, o castigar, intimidar o coaccionar por cualquier razón basada en discriminación de toda índole.

La Constitución y el Código Penal de Venezuela

El artículo 46 de nuestra Constitución es absolutamente consistente con lo anterior, pues claramente se establece que las personas privadas de libertad deben recibir el trato digno inherente a la condición humana, de manera que no pueden ser sometidos a tortura, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En ese sentido, la Constitución Nacional dispone que el funcionario que en ejercicio de sus funciones, infiera dolor, maltrato o sufrimiento físico o mental, lo instigue o tolere debe ser sancionado según lo disponga la Ley. Al respecto, Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, sanciona con pena de hasta de 25 años a quien incurra en esta conducta.

La responsabilidad del Estado

No basta con prohibir, investigar y sancionar estos hechos. El Estado está en la obligación de adoptar medidas eficaces tendientes a evitar que las personas privadas de libertad sean víctimas de violaciones a los derechos humanos. Dos muertos en menos de un año no lucen como episodios aislados, por lo que resultaría insuficiente establecer la responsabilidad individual de aquellos que por acción u omisión habrían tenido injerencia en lo sucedido. El Estado debió velar con estricta rigurosidad por el cumplimiento de los protocolos para el traslado de los detenidos y su oportuna atención médica, conforme a lo dispuesto en las Reglas Mandela.

Recordemos que Albán y Acosta Arévalo no fueron presentados ante una autoridad judicial dentro de las 48 horas siguientes a su detención, en contravención a lo establecido con claridad en el artículo 44 de la Constitución Nacional. Por otra parte, al margen de la causa de las lesiones que a Acosta Arévalo le supusieron la muerte y del supuesto estado mental que trajo consigo el suicido de Albán –según la versión oficial–, ninguno recibió oportunamente atención médica. El deceso de ambos se produjo pasadas esas 48 horas, por lo que se ha transgredido la Constitución y se han vulnerado los derechos humanos. Esto pesa sobre los hombros del Estado y el país y todas las personas interesadas merecen conocer la verdad.

Bachelet

Resulta curioso que a más de una semana de la visita a Venezuela Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, muera un militar detenido. El padre de la alta comisionada, el general Alberto Bachelet, murió en marzo de 1974 estando preso en la cárcel pública de Santiago, a comienzos de la dictadura de Augusto Pinochet. Dos años antes, Salvador Allende lo había nombrado secretario de la Dirección Nacional de Abastecimiento y Comercialización, cargo desde el cual estuvo al frente de las Juntas de Abastecimiento y Control de Precios. Recientemente, el 28 de septiembre de 2016, la Corte Suprema de Justicia de Chile confirmó la condena impuesta a Edgar Cevallos Jones y Ramón Cáceres Jorquera, dos coroneles retirados de la Fuerza Aérea de ese país, quienes golpearon al general Bachelet mientras lo interrogaban. Así agravaron su condición cardíaca, lo que devino en su muerte.

La sociedad civil y la opinión pública internacional esperan no tener que aguardar 42 años para conocer la verdad sobre las muertes de Acosta Arévalo y Fernando Albán.

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