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Condiciones para atender Covid-19 en Venezuela – Centro Comunicación Nacional – 27 de Marzo 2020

Gobierno Legítimo presenta 2ndo Boletín de la verdad

En atención de la política de transparencia, nosotros como Gobierno interino y legítimo de Venezuela, nos vemos en la obligación de comunicar al país la verdad ante mentiras del régimen en función del interés nacional.

Desde el principio hemos advertido que una de las claves para combatir el Covid-19 es con información veraz y oportuna.

El día 26 de marzo, falleció el primer venezolano en el estado Aragua a causa de este virus. El régimen de Nicolás Maduro insiste que el paciente perdió la vida por asistir a un centro de salud demasiado tarde y por padecer de otras enfermedades y complicaciones respiratorias.

La única verdad es que la víctima ingresó a una clínica en esa región el día 23 de marzo, padeciendo de una neumonía, producto del Coronavirus. Ese mismo día se le practicaron las pruebas, pero no fue hasta el día 26 de marzo que se obtuvieron los resultados.

Todos los médicos y personal de salud conocen que hoy en día, cualquier caso de neumonía debe ser tratado como un caso de coronavirus, porque es este precisamente el resultado de la complicación del virus, y lo que termina acabando con la vida de los infectados.

Lo más grave es la decisión de la Corporación de Salud del estado Aragua, que obligó el traslado del paciente al Ambulatorio del Norte. Un ambulatorio tipo 2, que no cuenta con personal médico necesario y tampoco cuenta con una unidad de terapia intensiva ni instalaciones médicas eficientes.

Alertamos a la comunidad internacional y a todos los venezolanos, que el régimen toma estas decisiones para hacer propaganda política, defender una ideología política y controlar la información.

Los hospitales centinela donde se concentran 60% de los casos de coronavirus en Venezuela no están en condiciones para atender a los pacientes contagiados por el Covid-19.

Agradecemos a todos los médicos, enfermeras y todo personal de los hospitales, por su incansable trabajo y por seguir atendiendo a los venezolanos a pesar de los riesgos que corren por trabajar sin la protección necesaria. Gracias.

El derecho a la salud de todos los venezolanos incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente. Lo responsable es garantizarle la vida a los venezolanos.

Esta crisis no puede ser superada con falsas realidades, las cifras no deben ser maquilladas, el venezolano merece estar informado, y este es un derecho que no puede ser vulnerado una vez más.

Superar esta pandemia, se trata de salvar vidas. Y hoy, salvar vidas depende de la consciencia, la voluntad política, la solidaridad, empatía y la humildad. Depende de cada uno de nosotros.

¿Desesperación o estrategia? ¿Qué busca Maduro solicitando asistencia al FMI? por Pedro Benítez – ALnavío – 18 de Marzo 2020

Según dos agencias de noticias el Fondo Monetario Internacional (FMI) no habría tardado ni 12 horas en negar la solicitud de 5.000 millones de dólares que Nicolás Maduro le hizo. Una versión proveniente del propio chavismo indica que Maduro ya sabía cuál sería la respuesta pero su intención era política: presentarse ante los venezolanos y el mundo como una víctima a la que el imperialismo no le da tregua ni ante una pandemia. Agitar otra vez la bandera del enemigo externo en medio de la crisis mundial provocada por el coronavirus. No obstante, según varios economistas venezolanos, la realidad es que Maduro se ha quedado sin fichas ante la caída de los precios del petróleo.
Maduro intenta agitar otra vez la bandera del enemigo externo / Foto: Prensa Maduro
Maduro intenta agitar otra vez la bandera del enemigo externo / Foto: Prensa Maduro

Nicolás Maduro ha sido experto en transformar cada crisis en una oportunidad para consolidar su poder. Lo hizo con la espectacular caída de los precios del petróleo entre 2015 y 2017. Luego cuando Venezuela se convirtió en el único caso de un importante exportador de petróleo en caer en hiperinflación en 2018. Y de manera todavía más dramática hace exactamente un año, cuando en marzo de 2019 Venezuela fue el primer país del mundo moderno (fuera de Cuba y Corea del Norteen los años 90) que sólo tuvo servicio eléctrico siete días en todo un mes.

Ningún otro gobernante latinoamericano, en ninguna otra época, ha sobrevivido en el poder a una sucesión de catástrofes similares. Contra todo vaticinio razonable Maduro lo consiguió.

Hasta ahora Maduro y su grupo de civiles y militares han apostado por sobrevivir en medio del caos sin que este los afecte. Hasta ahora han tenido éxito. Hasta ahora. Porque a lo que realmente le temen (es la verdad que esconden) es a que este tipo de situaciones lleven a la pérdida del orden público.

Ahora, siendo Venezuela el país de la región donde (como era previsible) más rápidamente está creciendo el número de casos confirmados por coronavirus (33 en 10 días), pretende repetir exactamente la misma operación.

Trasladar la responsabilidad de las dificultades a otros (el enemigo anterior, el enemigo interior y el enemigo exterior) y aplicar represión a los críticos y descontentos han sido sus tácticas predilectas.

En medio de la crisis mundial provocada por la pandemia lo primero que Maduro vio venir fue la caída de los precios del petróleo. Públicamente advirtió que se aproximaban días duros. Sin financiamiento de sus aliados chinos y rusos, esta coyuntura inesperada tiene un impacto más inmediato y demoledor en las precarias finanzas del régimen chavista que las sanciones norteamericanas que apuestan a un estrangulamiento a mediano plazo.

Maduro lo sabía, pero al mismo tiempo el coronavirus le ha caído como anillo al dedo para tapar un crisis con otra. Otra vieja táctica. Ante la agudización de la escasez de gasolina, porque también hay que importarla para luego regalarla, la pandemia la ha dado la excusa para paralizar el país al imponer en la práctica un estado de sitio.

No se le puede criticar por algo que están haciendo otros países. Pero en el caso concreto de Venezuela es sencillamente imposible mantener confinada a la mayoría de la población en sus hogares por varios días.

Hay que comer. No hay ingresos ni ahorros suficientes. Escasea el agua potable. Y todo eso se resuelve en la calle. El Estado chavista no tiene cómo atender esas necesidades vitales. No dispone ni de subsidios, incentivos fiscales o petros. De paso, según datos aportados por el mismo ministro de Salud de Maduro, en el país no hay siquiera 100 camas para cuidados intensivos.

Si con los mejores sistemas de salud públicos del mundo la situación de Italia y España es terrible ante la pandemia, la de Venezuela es apocalíptica.

El sector público venezolano hace rato colapsó. Más allá de los artificios de la comunicación política está la cruda realidad.

Maduro ha ganado unos días más. Sólo eso. Ha puesto nuevamente a los militares en la primera línea al cerrar las principales ciudades del país. Sin recursos, es lo único que puede hacer. ¿Pero por cuento tiempo?

Más allá de intentar impedir problemas de orden público (algo a lo que le tienen pánico) los uniformados no tienen capacidad para resolver ningún problema concreto importante. Ni los suministros de agua potable y electricidad, ni poner en servicio más camas en los hospitales, ni la falta de gasolina.

Es en este cuadro donde el canciller de Maduro, Jorge Arreaza, difunde por su cuenta de Twitter una solicitud formal al Fondo Monetario Internacional (FMI) de financiamiento de 5.000 millones de dólares con el pretexto de atender la crisis del Covid-19. ¿Desesperación o estrategia?

No es casualidad que esa solicitud de asistencia financiera se haga el mismo día que Irán. Si la tormenta económica está golpeando a las grandes economías del mundo, no podía ser menos para países mucho más vulnerables. Esto, lo sabe Maduro.

Pero como siempre tiene un doble juego, también calcula la previsible reacción del FMI, donde Estados Unidos tiene una influencia decisiva. Esta también es una oportunidad de poner en práctica la estrategia de los maestros cubanos de presentarse como víctimas a las que el imperialismo no les da tregua ni ante una pandemia, algo en lo que la izquierda mundial lo va a acompañar. Su objetivo es ir socavando las sanciones.

El FMI no tardó ni 12 horas en negar la solicitud de Maduro / Foto: FMI

El FMI no tardó ni 12 horas en negar la solicitud de Maduro / Foto: FMI

Sólo que no son estas las que más están perjudicando las finanzas venezolanas, sino la tremenda crisis en la que ha caído el mundo y para la cual (tal como ocurrió en 2014) el régimen chavista no tuvo la previsión de preparar al país.

Hasta ahora Maduro y su grupo de civiles y militares han apostado por sobrevivir en medio del caos sin que este los afecte. Hasta ahora han tenido éxito. Hasta ahora. Porque a lo que realmente le temen (es la verdad que esconden) es a que este tipo de situaciones lleven a la pérdida del orden público.

Por lo tanto sí, Maduro necesita con desesperación recursos para seguir importando gasolina y cajas de CLAP. Pero eso no le impide seguir confiando en su estrategia de intentar convertir cada crisis en su oportunidad. La consigna es resistir sin importar el costo que los demás tengan que pagar.

Las FAES, grupo de exterminio por Miguel Henrique Otero – El Nacional – 15 de Marzo 2020

2019082608585583990Ahora mismo, no hay en el mundo un grupo de exterminio estatal como las FAES, la unidad elite de la Policía Nacional Bolivariana -PNB-. Su nivel de letalidad supera con creces al que podría ser hoy su pariente más próximo: el Grupo de Detección e Investigación Criminal, de Filipinas, dirigido desde el más alto nivel del poder que encabeza Rodrigo Duterte, el gobernante de ese país. En tres años y medio -julio de 2016 a noviembre de 2019-, de acuerdo a cifras del propio gobierno filipino, la supuesta guerra contra el tráfico de drogas habría acabado con las vidas de 5 mil 552 personas (muchos de ellos, dirigentes sindicales, ambientalistas y defensores de los Derechos Humanos). Baste con decir que, solo en 2018, de acuerdo a cifras del régimen madurista, en nuestro país fueron liquidadas 5 mil trescientas personas (mientras, el Observatorio Venezolano de la Violencia -OVV- estima que las muertes reales superan las 7 mil 500). Esto significa que la letalidad de las FAES es más de tres veces mayor, en un país que tiene menos de un tercio de la población de Filipinas.

También las FAES, anunciadas en 2016 y puestas en funcionamiento en julio de 2017, fueron creadas por la más alta instancia del poder, con una doble y específica finalidad: matar y sembrar el país de miedo. No hay especulación en esto: se diseñó una organización uniformada de negro -que, en el marco de sus prácticas, representa el color de la muerte y el luto-, que utiliza una calavera como un elemento presente en sus uniformes, y que enmascara a sus funcionarios, tanto en sus operaciones como en sus exhibiciones públicas. Hay que entenderlo: las máscaras no solo tienen como finalidad ocultar el rostro de los funcionarios. El principal objetivo es infundir terror. Hacer de las FAES una presencia temible y temida por la sociedad venezolana.

Basta con ver los numerosísimos videos o fotografías que circulan en las redes sociales para estimar que la inversión que se ha hecho en esta organización debe haber sido enorme: toda clase de lujosos y variados vehículos, armas largas de alto calibre, uniformes y equipos del más alto costo y, por supuesto, una dotación de máscaras y pasamontañas, que no tiene antecedentes en la historia de los cuerpos policiales venezolanos.

Como es previsible, las FAES están rodeadas de opacidad. Se han publicado reportajes -Reuters, BBC Mundo, Infobae, entre otros- que hablan de una estructura de 1200 a 1500 miembros. No solo habrían sido reclutados en varios cuerpos policiales, sino que entre sus filas cuentan con miembros provenientes de las bandas de delincuentes y paramilitares conocidas como colectivos. El entrenamiento que reciben no se limita a las técnicas policiales y militares -en particular, a la producción masificada de francotiradores- sino a la configuración de un enemigo interno, encarnado por líderes de la oposición democrática, periodistas, personas que protestan, dirigentes de los barrios que reclaman sus derechos y el deterioro de las condiciones de vida de las comunidades en las que habitan. Al igual que los exterminadores de Filipinas, bajo la promesa de combatir la delincuencia, se asesinan a ciudadanos inocentes e indefensos.

Desde finales del 2017 vienen circulando testimonios simplemente pavorosos, historias de extrema ferocidad e indefensión, que han ocurrido en barriadas o zonas populares, en Caracas y en otras ciudades. La mayoría de estos ataques responden a un patrón, a un método para asesinar. Funciona así.

En la mayoría de los casos, se trata de operaciones nocturnas, aunque también se han producido a plena luz del día. Un piquete de asesinos uniformados de negro, encapuchados o enmascarados, portando armas largas, llega a un barrio o urbanización. Atraviesan uno o dos vehículos en la calle, para impedir la libre circulación. Golpean o derriban la puerta, en medio de la madrugada. A partir de ese momento, nada importa: si hay niños (como ha ocurrido), si hay ancianos (como ha ocurrido) o si hay mujeres en situación de embarazo (como ha ocurrido). El espectáculo de la atrocidad es parte del guion FAES.

De inmediato proceden a desalojar a las familias del propio hogar. Los alejan unos metros, pero no demasiado: de este modo se aseguran que los gritos y las detonaciones sean escuchados. Hay numerosos testimonios que lo reiteran: antes de matarlos, a varias de las víctimas las han golpeado y torturado. Después de los aullidos de dolor, a continuación, siguen los disparos a quemarropa. Recogen el cadáver, lo meten en un vehículo y lo dejan en un hospital o morgue. Algunos relatos publicados consignan variantes: hay quienes han sido llevados de sus casas, desaparecidos por horas, y luego asesinados en las inmediaciones. En todos los casos, los criminales reportan lo mismo: dado de baja por resistirse a la autoridad.

No solo matan a quienes, en la mayoría de los casos, son el sostén económico de sus familias. También desvalijan los hogares: se llevan dinero, medicamentos, comida, equipos informáticos, ropas, zapatos, juguetes y hasta bicicletas. Y, antes de marcharse, rompen objetos, destrozan el lugar para simular un enfrentamiento, disparan a las paredes, siembran armas, drogas u objetos robados.

Esta organización, destinada a propagar la muerte y el terror real, ha realizado su misión con éxito: la sociedad venezolana les teme, tanto o más que a los delincuentes. Los venezolanos sabemos, además, que gozan de total impunidad. Al contrario, como cuerpo de muerte estrella, se benefician del derecho al botín, al saqueo de las propiedades de las víctimas. En alguna ocasión, cuando se han levantado denuncias en contra de este ejército de asesinos, Maduro ha respondido: ¡qué viva el FAES!

Morir en la frontera: en 2019 hubo 1.850 víctimas y 484 enfrentamientos armados en los seis estados limítrofes de Venezuela por Sebastiana Barráez – Infobae – 21 de Febrero 2020

FundaRedes presentó la Curva de la violencia en Bolívar, Táchira, Falcón, Zulia, Apure y Amazonas. Los grupos armados irregulares y la guerra del oro, entre las causas de la impactante estadística

Un soldado venezolano en la frontera

Un soldado venezolano en la frontera

El Observatorio FundaRedes presentó la Curva de la violencia en seis estados fronterizos de Venezuela durante el 2019, destacando que concentran gran parte de la ola de criminalidad en Venezuela. Ellos son Bolívar, Táchira, Falcón, Zulia, Apure y Amazonas, en los que ocurrieron 1.850 muertes por homicidio, 104 desapariciones y secuestros, y 484 enfrentamientos armados.

Revela el informe que fueron cometidos variedad de crímenes, “desde homicidios con desmembramientos y decapitaciones, como los registrados en Táchira, Zulia, Bolívar y Falcón, así como incineración de cadáveres, infanticidios, feminicidios y masacres en áreas urbanas y comunidades indígenas”.

Aseguran que encontraron un patrón en lo que los organismos de seguridad del Estado presentan como “enfrentamientos”. “Los hechos sucedieron en circunstancias prácticamente similares, sólo cambió el escenario, pero en todos los casos las víctimas murieron en el lugar de los hechos. Un punto de coincidencia es que los familiares de las víctimas solicitaron derecho a réplica para desmentir que se haya tratado de enfrentamientos” y con versiones que coinciden en que se trataría de ejecuciones extrajudiciales.

Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana; el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC); la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), así como algunas policías estadales, son los organismos que más aparecen mencionados en las denuncias sobre este tipo de hechos.

FundaRedes considera que el incremento de los supuestos enfrentamientos en los territorios fronterizos obedece más a una política de exterminio delincuencial, aplicada por los organismos de seguridad del Estado desde 2017. También a “procedimientos de grupos armados irregulares por el control de territorios, principalmente de Táchira; pugnas entre bandas delictivas y de fuerzas de seguridad del Estado contra la delincuencia común”.

Las cifras que evidencian un incremento totalizan 692 muertos en “enfrentamientos” o “ejecuciones extrajudiciales” en los seis estados analizados en el transcurso de 2019.

Víctimas de la violencia en la frontera

Víctimas de la violencia en la frontera

El silencio

Afirma FundaRedes que, desde hace cerca de tres años, los organismos de seguridad recomiendan a familiares de desaparecidos y secuestrados no revelar información a los medios de comunicación. El argumento es que así llegarán a una rápida solución de los casos. “No obstante, para las organizaciones no gubernamentales como FundaRedes, lejos de lograr ese propósito, resulta una forma de silenciar el delito y avalar la impunidad, más aún en los últimos años cuando la participación de funcionarios policiales en secuestros y extorsiones ha sido una práctica común, muchas veces en alianza con delincuentes”.

Eso explicaría que la prensa tiene poco acceso a este tipo de informaciones, solo lo tuvo cuando las víctimas fueron halladas sin vida. “En Táchira y Zulia es donde más casos de secuestro y desapariciones se conocieron en 2019”.

Otro tipo de desapariciones ocurrieron en el estado Falcón. “Ahí 38 personas fueron denunciadas como desaparecidas, luego de abordar embarcaciones para emigrar del país. En estos casos se habló de redes de trata de personas que secuestran a los migrantes”.

En el estudio realizado por el observatorio determinaron que “Táchira es uno de los estados fronterizos con mayor variedad criminal”. En 2018 la tasa de homicidios fue de 23 por cada 100 mil habitantes, cifra que en 2019 ascendió a 26,36 por cada 100 mil habitantes, al registrarse 316 muertes por esa causa. “En total hubo 316 víctimas”.

De los 29 municipios del Táchira, el mayor número de homicidios ocurrió en Pedro María Ureña (20,57%), el municipio donde la guerrilla ha enfrentado a los paramilitares para controlar el territorio, que tiene como principal atractivo la poderosa industria del contrabando. Le sigue la capital San Cristóbal (8,54%), Bolívar (8,23%), García de Hevia (8,23%) y Fernández Feo (6,33%). 90% de esos crímenes fueron cometidos por arma de fuego.

Los principales victimarios fueron grupos armados irregulares (cerca de 70% de los casos), y el móvil principal fue el sicariato (más de 25%). 20 víctimas eran mujeres”. La mayoría de las víctimas fueron jóvenes entre 20 y 35 años de edad.

Homicidios en la frontera

Homicidios en la frontera

Oro sangriento

En el estado Bolívar se libra la guerra por el control de las minas de oro. Es el estado con el índice más alto de violencia con una incidencia muy significativa de homicidios seguido de enfrentamientos o ejecuciones extrajudiciales y secuestros y/o desapariciones.

Es un mineral bañado de sangre. “Los medios de comunicación digitales reseñaron que durante 2019 hubo 869 homicidios: 532 asesinatos y 337 muertos en ‘enfrentamientos’ o ‘ejecuciones extrajudiciales’, con una tasa de 36,59 por cada 100 mil habitantes”.

Lo más doloroso es que entre las víctimas resaltan 32 niños y/o adolescentes. Entre los hombres la mayor incidencia se dio de 18 a 45 años de edad. “El municipio más violento fue Caroní con 54,35% de los casos” y en la mayoría de los sucesos estuvo presente un arma de fuego.

“Los principales victimarios fueron la delincuencia común, grupos armados irregulares y las mafias que operan en la extracción minera (sindicatos). Los móviles fueron: 41,78% hechos delictivos no esclarecidos. 19,34% sicariato, 14,31% robos, 10,44% ajuste de cuentas, 4,84% supuestos enfrentamientos, 2,71% violencia de género y 1,74% en protestas sociales”.

En el 2019 ocurrieron en Bolívar 28 secuestros y/o desapariciones, entre las víctimas figuran dos efectivos del Ejército; tres mujeres (una hallada asesinada); un niño de 4 años (asesinado) y 16 hombres, dos de ellos asesinados.

El ELN tiene presencia en cinco de los seis estados fronterizos: Bolívar, Táchira, Zulia, Apure y Amazonas.

El ELN tiene presencia en cinco de los seis estados fronterizos: Bolívar, Táchira, Zulia, Apure y Amazonas.

La presencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el estado Bolívar es pública y notoria. En septiembre de 2019 el diputado a la Asamblea Nacional Francisco Sucre lo denunció luego de viajar a esa entidad, pues en un punto de control del Ejército, en la isla de Anacoco, los efectivos militares le advirtieron que unos 800 metros más adelante había una alcabala del ELN”.

“En completa impunidad actúa este grupo armado colombiano desde antes de 2017; constantemente sostiene enfrentamientos con ‘sindicatos’ mineros (mafias organizadas que pugnan por el control del Arco Minero y las minas de coltán, entre otros) que han dejado un número no precisado de víctimas en masacres y asesinatos individuales. Estos hechos son calificados por las autoridades gubernamentales como ‘confrontaciones entre grupos criminales rivales’, sin reconocer la implicación de la guerrilla”.

A Zulia lo describe el informe de FundaRedes como una bomba de tiempo. “La frontera en Zulia tiene en común con Táchira la presencia de grupos armados irregulares colombianos, lo que hace esta zona particularmente violenta. En esa entidad desde hace años es un secreto a voces la toma de varios municipios, sobre todo Catatumbo, por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y más recientemente por el grupo paramilitar Los Rastrojos. Adicionalmente, existen estructuras de crimen organizado”.

No es casual que el año pasado se registraron 388 homicidios con una tasa de 4,67 por cada 100 mil habitantes.

En el caso del estado Falcón, considera FundaRedes, está planteada una lucha de poderes. “Es donde hay menor presencia de guerrilla y grupos paramilitares”, pero es la más afectada por otras organizaciones criminales, algunas de reciente surgimiento.

Para FundaRedes, a los estados Amazonas y Apure la caracteriza la censura y limitaciones informativas. “Una data completa de hechos violentos como homicidios, enfrentamientos, secuestro y/o desapariciones ocurridos desde enero hasta diciembre de 2019 en los estados fronterizos Amazonas y Apure resultó imposible de registrar debido a la inexistencia de medios de comunicación social tradicionales y/o portales digitales informativos en esas entidades o a la presión que sufren los pocos que operan para que esta información no se dé a conocer”.

Finalmente, el observatorio destaca que en ambas entidades federales existe una notoria merma informativa por el progresivo cierre forzado de periódicos, no sólo por la escasez de materia prima, sino por la censura y la autocensura impuestas. “Los medios de comunicación tradicionales que aún sobreviven publican ocasional y discretamente algunas informaciones de violencia, pues reciben constantes intimidaciones por las estructuras criminales que allí operan, como la guerrilla y los grupos armados irregulares, además de los llamados ‘colectivos’ respaldados por el gobierno nacional para evitar que estas informaciones circulen”.

Delincuentes condenados forman parte de la fuerza policial que aterroriza a Venezuela por Sarah Kinosian y Angus Berwick – Reuters – 19 de Febrero 2020

Una investigación de Reuters revela que delincuentes condenados forman parte de las filas de una fuerza policial especial creada por el presidente venezolano Nicolás Maduro. Exconvictos están entre los agentes procesados por matar a dos hombres fuera de Caracas.

GUARENAS, Venezuela–Desde que el presidente Nicolás Maduro fundó la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional de Venezuela hace dos años y medio, el escuadrón se ha ganado una reputación temible en los barrios pobres del país.

Oficiales de la fuerza han sido acusados ​​de torturar y realizar ejecuciones sumarias por grupos de derechos humanos, políticos de oposición y ciudadanos comunes.

El pasado noviembre, Reuters publicó una investigación sobre 20 muertes cometidos por la fuerza, conocida como FAES, en la que las versiones oficiales de tiroteos como actos de autodefensa se contradicen con la de testigos, evidencia en video, certificados de defunción, informes de autopsia y otra documentación. La fuerza se ha relacionado con cientos de muertes desde su creación en 2017.

Sin embargo, pese a su notoriedad, el grupo FAES es muy reservado y es conocido por sus máscaras y uniformes negros con insignias de calavera, pero sin llevar etiquetas con sus nombres. Los oficiales suelen permanecer en el anonimato incluso después de derramar sangre.

Ahora, un caso judicial que involucra a la fuerza FAES en la muerte de dos hombres el pasado marzo revela otro hecho poco conocido que Reuters es el primero en ofrecer de manera pública: algunos oficiales del escuadrón son criminales condenados.

Según cientos de documentos reservados presentados por los fiscales del caso, al menos dos oficiales procesados ​​por participar en las muertes cumplieron penas de prisión antes de unirse al FAES.

Los documentos, que incluyen autopsias, informes balísticos, testimonios de oficiales y archivos de personal, muestran también que por lo menos tres miembros del mismo grupo, que no están siendo procesados ​​por la mortal operación, tienen antecedentes penales.

Es ilegal y contrario a la política de la policía nacional la presencia de delincuentes en la FAES. Una ley de 2009 prohíbe a los venezolanos con condenas penales trabajar como agentes. Las normas del grupo y los documentos de reclutamiento, revisados ​​por Reuters, dicen que los oficiales no deben tener antecedentes penales y sí tener “buen carácter moral”.

José Domínguez, jefe nacional de la fuerza FAES, en un breve intercambio de mensajes de texto, dijo a Reuters que los miembros de la fuerza pasan por “procesos selectivos” y “entrenamiento especial”. No respondió a preguntas sobre los antecedentes penales de algunos policías del grupo FAES ni a una solicitud para discutir los hallazgos de Reuters en persona o por teléfono.

El Ministerio del Interior, que supervisa a la policía, y el Ministerio de Información, responsable de las comunicaciones gubernamentales, no devolvieron las llamadas y correos electrónicos de Reuters detallando sus hallazgos.

La presencia de convictos dentro de las filas de la FAES arroja nueva luz sobre una fuerza de seguridad ampliamente considerada por los venezolanos como un mecanismo de control social de Maduro, cuyo gobierno está asediado por el declive económico, el hambre, la inseguridad generalizada, las sanciones internacionales y el aislamiento.

Defendido por el presidente como un nuevo medio para combatir el aumento de la delincuencia y la violencia, el grupo FAES se ha vuelto tan temido como los criminales a los que estaba destinado a combatir, especialmente en las barriadas pobres, donde las dificultades avivan la inestabilidad política.

Personas familiarizadas con la unidad FAES dicen que los administradores del grupo están más preocupados por la fuerza y ​​el miedo que por la rectitud.

“Ellos veían la necesidad de contratar personas que no tengan temor de cometer delitos, de ingresar a una vivienda sin orden de allanamiento y matar”, dijo Nora Echavez, exfiscal jefe en Miranda, el estado donde se escuchará el caso judicial en curso.

“Un delincuente hace esto fácilmente porque ya lo hizo la primera vez”, agregó.

Reuters no pudo determinar exactamente cuántos exconvictos pueden estar trabajando dentro de las filas de la fuerza FAES en todo el país. El gobierno no hace públicos los registros de personal y ni siquiera el número de integrantes, que según estiman miembros de la policía, es de unos 1.500 oficiales.

El misterio que rodea a la fuerza, incluida la falta de transparencia sobre sus oficiales, es fundamental en su manual.

“El FAES prefiere el anonimato”, dijo Javier Gorriño, un criminólogo y comisionado de policía municipal en El Hatillo, un distrito de Caracas, que ha interactuado con la fuerza. “Una máscara da más terror cuando uno no sabe quién está detrás”.

El caso que se sigue en Guarenas, una localidad a unos 39 kilómetros al este de Caracas, es uno de los pocos en los que la identidad y los antecedentes de los oficiales de FAES han salido a la luz.

Los dos hombres muertos allí estaban relacionados con las fuerzas de seguridad. Uno era un policía municipal de Caracas y el otro era un exmiembro de la misma fuerza en la capital venezolana. Ninguno de los dos estaba afiliado a la fuerza FAES ni a ninguno de sus oficiales.

Personas familiarizadas con el caso creen que probablemente la única razón por la que sus muertes han provocado una mayor investigación son los vínculos de las víctimas con la policía. Los casos de miles de otros venezolanos que murieron a manos de la policía, supuestamente después de resistirse a un arresto, habitualmente no se investigan.

Alexis Lira, un antiguo policía convertido en abogado cuyo hermano fue una de las víctimas en Guarenas, dice que la mayoría de las familias de personas muertas a manos de policías carecen de recursos y medios para desafiar las versiones de los operativos del grupo FAES.

“La mayoría de las víctimas tiene que aceptarlo”, dijo Lira, quien ahora pasa gran parte de sus días trabajando con los fiscales para buscar la responsabilidad por la muerte de su hermano. “Yo no”.

Su hermano Fernando era un expolicía de 39 años que se había convertido en diseñador gráfico. También murió el amigo de Lira, Eligio Duarte, un funcionario municipal de 41 años en Caracas. Ninguno de los dos tenía antecedentes penales.

Murieron el 6 de marzo de 2019, cuando un grupo de oficiales de FAES les disparó tras una breve persecución en auto. En un comunicado a los investigadores policiales, el supervisor de la fuerza que dirigió la operación dijo que los hombres habían disparado primero contra sus agentes.

La respuesta de la policía fue “bajo estado de proporcionalidad”, dijo el supervisor en su declaración.

No obstante, pronto surgieron pruebas de lo contrario.

Las pruebas forenses mostraron que ni Lira ni Duarte, que habían ido a Guarenas a cobrar un dinero debido a la novia del primero, dispararon un arma.

Ambos hombres fueron baleados desde arriba, según informes de autopsia, lo que socava la afirmación de la fuerza FAES de que fueron alcanzados en un tiroteo.

En una presentación judicial que llevó a la imputación de cargos de homicidio al supervisor de FAES y a seis oficiales, un fiscal estatal escribió: “Los hechos no se suscitaron de la forma como los funcionarios policiales pretenden hacer ver”.

“No hay lugar en ninguna fuerza de policía”

Guarenas es el tipo de lugar violento que podría haberse beneficiado de una nueva fuerza nacional de lucha contra el crimen. Con unos 200.000 habitantes, esta comunidad del estado de Miranda, al este de la capital, tiene tasas de criminalidad que históricamente han excedido el promedio de Venezuela.

Algunas pandillas, expulsadas de Caracas en los últimos años, se han mudado a las colinas que rodean Guarenas y se extienden a lo largo de la costa caribeña. Las fuerzas policiales aquí y en otros lugares de Miranda son consideradas corruptas desde hace mucho tiempo.

Después de que los precios del petróleo se hundieron en 2014, provocando que Venezuela cayera en recesión, Maduro siguió políticas que profundizaron los problemas del país. Casi 5 millones de personas han migrado, aproximadamente el 15% de la población del país.

En ese éxodo han participado soldados, policías y otros trabajadores de la seguridad pública. Con salarios equivalentes a unos pocos dólares al mes en la economía hiperinflacionaria de Venezuela, quedan pocos incentivos para atraer candidatos calificados para reemplazarlos.

En Miranda, las filas policiales disminuyeron tan rápidamente que los jefes de las comisarías comenzaron a bajar los estándares para los reclutas, dijeron a Reuters seis exoficiales familiarizados con el área.

Algunos de los contratados tenían antecedentes penales. La policía del área acrecentó su reputación de sobornar, cometer extorsiones y secuestros, así como de usar tácticas como chantajear a ciudadanos para sacarles sus pertenencias o detener camiones y saquear su carga.

“Había funcionarios que no deberían haber pertenecido a ningún cuerpo policial”, dijo Luis Martínez, un oficial de policía retirado que trabajaba en el área.

El crimen se disparó. La tasa de homicidios, que aumentó en toda Venezuela, subió particularmente rápido en Miranda.

De 100 asesinatos por cada 100.000 habitantes a comienzos de década,  la tasa para 2017 en Miranda se disparó a 153, según el Observatorio Venezolano de Violencia, un grupo de investigación con sede en Caracas.  La cifra fue la segunda más alta en el país y alrededor de 30 veces la tasa en ese momento en Estados Unidos.

Cuando Maduro anunció la creación del FAES en julio de 2017, su gobierno encargó a los administradores de la policía local reclutar a oficiales para la nueva fuerza. Las prioridades incluían la lealtad al gobernante partido socialista y la disposición a usar agresivas tácticas en los vecindarios delictivos en todo el país, dijeron más de una docena personas conocedoras de esos esfuerzos.

En abril de 2018, la Policía Nacional lanzó la unidad FAES del área, administrada desde Zamora, un municipio cercano. La fuerza estableció su sede detrás de un hospital local, al lado de la morgue. Un cráneo toscamente dibujado adorna una pared de yeso encalado junto a la entrada.

Un exjefe de operaciones policiales de Zamora, Oliver Álvarez, tomó el mando. Construyó una unidad de 120 oficiales, muchos de cuales provenían de las fuerzas locales y cercanas, de acuerdo con los contratos de empleo para el escuadrón revisados por Reuters. Álvarez no pudo ser contactado para hacer comentarios.

Entre los nuevos oficiales de FAES estaba Richard Sánchez, uno de los procesados ​​en las muertes de Guarenas. Sánchez, ahora de 34 años, fue imputado en 2004 por robo y asalto, según registros judiciales. Reuters no pudo determinar si fue condenado por esos cargos. En 2014, fue declarado culpable de robo y cumplió dos años y medio de prisión, según muestran los documentos judiciales.

 Reuters no pudo comunicarse con Sánchez.

Su abogado, Miguel Peña, también representa a todos menos uno de los otros seis oficiales acusados ​​en el caso de Guarenas. Peña dijo a Reuters que los acusados ​​están detenidos en un cuartel del grupo FAES en Caracas, pero aún son oficialmente parte de la fuerza. Confirmó la condena previa de Sánchez, pero dijo que sus clientes en este caso actuaron en defensa propia.

 “No estoy diciendo que son unos santos”, dijo a Reuters en una entrevista. “Hubo un enfrentamiento y ellos tuvieron que defenderse”.

Otro recluta de la fuerza FAES local fue José Oliveros, un oficial que había escalado a través de las filas policiales en Miranda pese a una condena previa como cómplice de asesinato. Según los registros judiciales, Oliveros, ahora de 37 años, había acompañado a dos hombres cuando uno de ellos mató a tiros a un hombre después de un altercado de 2009.

Después de cumplir un año de una condena de cinco, Oliveros fue nombrado subdirector de una pequeña fuerza policial cerca de Guarenas en 2017, según muestran los documentos que anuncian su designación al cargo. Se convirtió en jefe de otra comisaría en 2018 y luego en jefe de otra el año pasado, incluso después de unirse a las filas del grupo FAES.

Contactado por teléfono, Oliveros dijo que buscaría el permiso de sus superiores para hablar con Reuters. No respondió a intentos adicionales para contactarlo. Su abogado, Julio Ortega, se negó a hablar con Reuters para esta historia.

“Todos vamos a morir”

Las dos muertes en Guarenas siguieron a una fallida transacción en moneda extranjera, según las transcripciones de testimonios de los involucrados a fiscales e investigadores policiales. No está claro por qué los funcionarios del grupo FAES se involucraron  o por qué el episodio se tornó violento.

En la mañana del 2 de marzo, María González recibió un mensaje de texto en su apartamento de Caracas que compartía con Lira, el expolicía.

La pareja llevaba junta 10 años y dirigía un negocio de impresión de camisetas. El mensaje ofrecía una transacción básica que muchos venezolanos buscan para evitar que sus ingresos se vean erosionados por la hiperinflación. Al convertir su moneda local en dólares, conservan el valor a largo plazo de sus ganancias.

Jhonathan Coraspe, un excolega de González de Guarenas, le dijo a la mujer que un amigo tenía 500 dólares que quería cambiar por bolívares, la moneda de Venezuela. En los textos, revisados ​​por Reuters y corroborados por González en entrevistas, ella aceptó la transacción.

Ese mismo día, la mujer transfirió 1,68 millones de bolívares,  aproximadamente el valor equivalente de los 500 dólares en ese momento, a una cuenta que Coraspe dijo que pertenecía al amigo, Rubén Alarcón. González manejó la media hora a Guarenas para recoger los dólares.

Reuters no pudo comunicarse con Coraspe. Después de las dos muertes de Guarenas, Coraspe testificó ante los investigadores y fiscales de la policía, pero desde entonces se ha escondido, según los abogados involucrados en el caso.

Alarcón, el amigo de Coraspe, no respondió a llamadas telefónicas o mensajes de texto de Reuters para discutir el incidente.

En Guarenas, Alarcón no apareció en la farmacia donde Coraspe dijo que se reuniría con González para entregar los dólares. “Confié en ti”, escribió Coraspe. “Estoy chimbo (me siento terrible)”, respondió, y aceptó verla más tarde.

Esa noche, Coraspe condujo hasta el departamento de González en Caracas. Prometió asegurar los 500 dólares.

Lira, el expolicía, y Duarte, el agente policial municipal y amigo que también recibiría un disparo cuando se frustró la transacción, estaban en el departamento, según el testimonio de Coraspe y González. Coraspe dijo a los investigadores que los dos hombres lo obligaron a dejar su automóvil como garantía en caso que nunca entregara los 500 dólares. González dijo que Coraspe ofreció voluntariamente el Honda Civic plateado de 1997.

Ni Duarte ni Lira tenían antecedentes penales, según un documento que la policía de Caracas envió a los fiscales para el caso. Cinco excolegas dijeron a Reuters que ambos hombres habían sido ciudadanos y policías honestos.

En la mañana del 4 de marzo, Coraspe llamó a Hugo Martínez, un oficial de la fuerza FAES que conocía de su vecindario, según el testimonio de Coraspe a los fiscales. Le dijo a Martínez que dos hombres le habían robado su automóvil y estaban tratando de extorsionarlo pidiéndole 500 dólares.

Al día siguiente Martínez le dijo a Coraspe que le dijera a González que tenía los 500 dólares, pero que no tenía forma de llegar a Caracas, testificó Coraspe.

Coraspe le envió un mensaje de texto a Gónzalez y le dijo que podría encontrarse en Guarenas al día siguiente.

A la mañana siguiente, el 6 de marzo, González envió a Lira, que se fue con Duarte a recuperar el dinero, dijo González a los investigadores.

En mensajes de texto, testificó Coraspe, Lira acordó encontrarse con él en una estación de servicio.

Con Lira con destino a Guarenas, Martínez llamó a su supervisor de FAES, Alexander Uzcátegui, y le contó sobre la supuesta extorsión, según muestran las transcripciones de testimonios de Uzcátegui.

Martínez le dijo a Uzcátegui que Coraspe pronto se encontraría con los dos hombres de Caracas en la estación de servicio. Uzcátegui dijo que ellos y un pequeño grupo de colegas de FAES estaría “en espera” de ellos allí.

Reuters no pudo comunicarse con Martínez, Uzcátegui ni con ninguno de los otros oficiales acusados ​​en la operación.

“Ellos veían la necesidad de contratar personas que no tengan temor de cometer delitos, de ingresar a una vivienda sin orden de allanamiento y matar”

Nora Echavez, exfiscal jefe en Miranda

A las 13.00, Coraspe esperaba en la estación de servicio. Lira y Duarte llegaron en una camioneta Toyota Hilux azul. Cerca, en dos vehículos, los oficiales de FAES observaban.

Según el testimonio de Uzcátegui a los investigadores policiales, los hombres en la camioneta sacaron un arma y obligaron a Coraspe a ir hacia su vehículo “bajo amenaza de muerte”. Salieron a toda velocidad, dijo. Su escuadrón los persiguió.

Coraspe, en sus propios comentarios a los investigadores, dijo que ingresó a la camioneta voluntariamente. Ni Duarte ni Lira empuñaron un arma, dijo. Sin prisa, los oficiales FAES dispararon contra la camioneta Toyota en movimiento, agregó.

Asustado, Coraspe apretó el freno de mano. La camioneta se estrelló a un costado de la carretera. “Todos vamos a morir”, recordó Coraspe que le dijo a los otros hombres.

Según la transcripción de su testimonio, Coraspe corrió entonces hacia un vehículo FAES y entró. Mientras tanto, los oficiales se acercaron a la camioneta.

Duarte y Lira, testificó Coraspe, salieron con las manos en alto. Siguieron las órdenes de FAES de tirarse al piso. Con los hombres en el suelo, Coraspe afirmó que ya no podía verlos. Escuchó disparos.

Cinco minutos después, los agentes del FAES sacaron a Coraspe de su vehículo y le ordenaron tirarse al piso, dijo en su testimonio. Vio a Lira y Duarte “tirados como inmóviles”, dijo Coraspe a los fiscales.

Uzcátegui indicó a los investigadores que Lira y Duarte habían disparado contra su escuadrón. Sus oficiales respondieron, disparando a ambos. Después del incidente, dijo, los oficiales llevaron a los hombres a un hospital, donde un médico los declaró muertos.

“Lo que realmente sucedió”

A las 14.30, Marlon Brito, un detective del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, recibió una orden de un supervisor para ir a la morgue, según su informe escrito sobre el caso. El cuerpo, conocido como el CICPC, realiza trabajos forenses para la Policía Nacional. Reuters no pudo comunicarse con Brito para hacer comentarios.

En la morgue, al lado del hospital, Brito vio dos cuerpos.

Con una tarjeta de identidad nacional que estaba en el cadáver de Duarte, Brito identificó el cuerpo del oficial de Caracas. El cadáver de Lira sería identificado más tarde por las palabras inglesas “LIBERTAD” e “Historia” tatuadas en su antebrazo izquierdo.

Duarte sufrió dos heridas de bala en el pecho, escribió Brito en su informe. Lira tenía dos heridas en el pecho y un disparo en el estómago. Las autopsias confirmaron las heridas que informó Brito.

Desde la morgue, Brito condujo hasta el lugar del accidente y los disparos. Uzcátegui, el supervisor, hacía guardia con otros 15 oficiales de FAES, según el informe de Brito.

La camioneta Hilux estaba acribillada a balazos, escribió Brito. Las fotos de la escena revisadas por Reuters también muestran las perforaciones. Los proyectiles gastados cubrían el área y dos pistolas yacían en el suelo.

Los oficiales dijeron a Brito que las armas pertenecían a los dos sospechosos que les habían disparado.

En cuestión de días, la autopsia y los informes forenses rebatirían la versión de los miembros del FAES.

Los resultados de la autopsia, preparados por otra agencia gubernamental, concluyeron el 19 de marzo que ambos hombres habían recibido disparos desde arriba. Los informes, revisados ​​por Reuters e incluidos también en los documentos de la corte, dicen que las balas perforaron a Duarte “de arriba abajo”. Lira recibió un disparo de “arriba hacia abajo”.

Duarte Nuno Vieira, profesor de medicina forense y derecho médico en la Universidad de Coimbra, en Portugal, revisó los resultados de la autopsia a solicitud de Reuters. “Los informes de autopsia”, señaló, “están más en línea con un contexto de ejecución sumaria”.

En su informe forense, el CICPC concluyó que las manos de Lira y Duarte no tenían rastros de antimonio, bario o plomo, químicos reveladores expulsados ​​por la mayoría de las armas. Un especialista forense en España que revisó los hallazgos para Reuters dijo que el informe era concluyente.

“No realizaron disparo alguno”, dijo Francisco Gallego, director del Instituto Técnico de Estudios Balísticos de Madrid.

“No estoy diciendo que son unos santos”

Miguel Peña, abogado defensor, confirmando un pasado criminal entre los policías acusados en Guarenas

El informe del CICPC dijo que el reporte forense y testimonios situaron a los siete oficiales procesados en la escena.

Uzcátegui, el supervisor, disparó las balas de pistola de 9 milímetros que mataron a Duarte, según el informe. La especificidad fue posible porque las balas, rastreadas por forenses hasta el arma de Uzcátegui, permanecieron en el cuerpo de Duarte, según la autopsia. Aunque las rondas que mataron a Lira salieron por las heridas, la balística en el informe indica que tres de los otros seis oficiales involucrados en el caso habían disparado armas.

Meyfer Díaz, un recluta de 23 años que se unió a la fuerza solo dos meses antes del suceso, disparó una ametralladora Heckler & Koch MP5. Un mes antes de la operación, Díaz publicó una foto de sí mismo en Facebook con el equipo de FAES. “Mámalo un ratico”, escribió, “nada me afecta”.

Sánchez, el oficial que cumplió condena en prisión por robo, disparó su pistola Tanfoglio cuatro veces. Los investigadores rastrearon otras catorce rondas en la escena hasta Oliveros, el oficial que fue cómplice de asesinato.

Reportes de balística y un registro de armas del FAES contenidos en el archivo del caso de los fiscales, ambos  revisados ​​por Reuters,  muestran que las rondas provienen de un Heckler & Koch MP5 asignado a Oliveros.

 En una audiencia en julio, Ortega, el abogado de Oliveros, argumentó que su cliente no tenía el arma el día de los asesinatos.

En su testimonio ante los fiscales, Coraspe, cuya llamada telefónica desencadenó el episodio, dijo que después de las muertes en Guarenas los oficiales del FAES le dijeron que contara a los investigadores “que lo que pasó fue un enfrentamiento”.  En cambio, dijo: “les dije a los funcionarios todo lo que sucedió realmente”.

Los acusados ​​tienen previsto comparecer ante el tribunal en marzo. Se espera que el juicio demore meses. Los abogados de la Fiscalía no respondieron a las solicitudes de Reuters para discutir el caso.

 Alexis Lira, el hermano del diseñador gráfico, visita semanalmente el juzgado y a los fiscales para asegurarse de que el caso progresa. González, la novia de Fernando Lira y beneficiaria prevista de los 500 dólares faltantes, se debilitó gradualmente tras la muerte de Lira debido a su larga lucha contra la hipertensión pulmonar.

Reuters la entrevistó varias veces a fines de 2019.

El 3 de enero, González murió de una insuficiencia cardiaca.

“Ella fue nuestra compañera en esta batalla”, dijo Jeanette Padrón, médica, amiga y  la pareja de años de Duarte, el otro hombre asesinado. “La muerte de Fernando la rompió”.

La Comisión de la CIDH evaluará casos de violación de los derechos humanos en Venezuela desde Cúcuta – El Nacional – 4 de Febrero 2020

La diputada Delsa Solórzano explicó que la delegación no pudo abordar el avión, porque el régimen de Nicolás Maduro les negó la visa a sus integrantes para ingresar al país

Comisión de la CIDH

La CIDH advirtió que es propio de regímenes autoritarios no permitir el escrutinio internacional ni la observancia de la situación de los derechos humanos | Twitter CIDH

La comisión de la CIDH que tenía planificado llegar este martes no pudo abordar el avión a Venezuela desde Panamá; por tanto, recibirán a las víctimas de violación de los derechos humanos en Cúcuta, ciudad colombiana en la frontera con el país.

Adriana Pichardo, diputada a la Asamblea Nacional por el estado Aragua, aseguró que el Parlamento hará todo lo posible para trasladar a las víctimas hasta la frontera y que puedan dar sus declaraciones a la comisión.

«Llevaremos a cabo todo lo referente a la comisión de la CIDH desde la frontera venezolana. Trasladaremos a las víctimas a la frontera para que se entrevisten con la comisión. Si tenemos que levantar las audiencias aquí, lo haremos», expresó la parlamentaria desde el Teatro Municipal Los Salias donde se llevará a cabo la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional.

La diputada Delsa Solórzano explicó que la comisión de la CIDH no pudo abordar el avión porque el régimen de Nicolás Maduro negó la visa a sus integrantes para ingresar al país.

Pichardo y Solórzano aclararon que al no contar con la visa, la aerolínea Copa Airlines se vio en la necesidad de impedir que la comisión tomara el avión porque es lo que establece la ley.

Solórzano aseguró que la CIDH le solicitó al régimen ingresar al país desde 2002.

«18 años tiene la comisión intentando entrar al país, pero el régimen no lo permite», dijo.

«El régimen tiene miedo de que se siga viendo la violación de los derechos humanos. Sabíamos que harían lo posible para evitar el ingreso de la comisión», agregó Pichardo.

Si bien las víctimas podrán hablar con los representantes de la CIDH en Colombia, Solórzano destacó que la delegación no podrá constatar la situación del Hospital J. M. de los Ríos, o de los niños que comen basura en las calles.

Se espera que la delegación llegue a Cúcuta entre el miércoles y jueves de esta semana.

Asamblea Nacional

@AsambleaVE

| Declaraciones de la Dip. @apichardob. https://www.pscp.tv/w/cQl8ozFEWkVvV2t4d0dFYXl8MWxQS3FWTmFNTGxHYjFzoL0RsC3RrJZwjWEiKyc8SBikmoZqoZ2dmxKiJSDU 

Asamblea Nacional @AsambleaVE

#3Feb| Declaraciones de la Dip. @apichardob. #AsambleaV

Asamblea Nacional

@AsambleaVE

| Declaraciones de la Dip. @delsasolorzano en torno a la negativa del régimen de Nicolás Maduro que impidió la entrada de la Comisión Interamericana de al país. https://www.pscp.tv/w/cQl-XTFEWkVvV2t4d0dFYXl8MVlwS2tRWHJ5RFZKapq7yCIgi6cZzNRoRP3BGNH1RUmq8yr5AkTitw4kT7Qe 

Asamblea Nacional @AsambleaVE

#4Feb | Declaraciones de la Dip. @delsasolorzano en torno a la negativa del régimen de Nicolás Maduro que impidió la entrada de la Comisión Interamericana de #DDHH al país.

pscp.tv

CIDH arribará a Venezuela pese a negativa de Maduro – El Estimulo – 3 de Febrero 2020

Guaidó ratificó el viernes la invitación a esta delegación de la CIDH para que puedan “cumplir su agenda con las víctimas, organizaciones no gubernamentales y sociedad civil, y constatar la situación de derechos humanos”

Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) arribará el martes a Venezuela pese a la negativa del Gobierno de Nicolás Maduro, informó este domingo Humberto Prado, representante en materia de DD.HH. del presidente interino del país, Juan Guaidó.

«La delegación de la CIDH llegará al país el día martes 4 de febrero a las 12:14 (16.14 GMT) al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en el estado Vargas (que sirve a Caracas)», informó en Twitter Prado, designado por Guaidó como comisionado presidencial para los derechos humanos.

Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por casi 60 países, ratificó el viernes la invitación a esta delegación de la CIDH para que puedan «cumplir su agenda con las víctimas, organizaciones no gubernamentales y sociedad civil, y constatar la situación de derechos humanos».

Prado reiteró este domingo que la visita «constituye para las víctimas la oportunidad de exponer directamente ante la delegación sus casos, informar cómo ocurrieron los hechos y del nivel de las investigaciones».

Sin autorización

El Gobierno de Maduro negó la autorización de la visita, por lo que se prevé que no los dejen pasar en el aeropuerto, al argumentar que el país ya no pertenece a la Organización de Estados Americanos (OEA).

«En fecha 27 de abril de 2019, entró en vigencia la Carta de la OEA realizada por el Gobierno venezolano (…) En consecuencia, a partir de la mencionada fecha Venezuela dejó de ser Estado parte de la OEA», recoge una carta publicada por el canciller Jorge Arreaza en la que subrayan que el chavismo «en ningún momento» ha invitado a la CIDH al país.

En la misiva del Gobierno de Maduro agregaron que Venezuela «desconoce y no otorga valor jurídico alguno a las actuaciones desarrolladas por la OEA y la Comisión Interamericana por personas que usurpen o pretendan usurpar la representación legítima de nuestro país».

Maduro presentó su salida formal de la OEA en 2017 por considerar que la OEA violó el artículo de su carta que establece la no intervención en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros y se hizo efectiva el pasado mes de abril.

Si bien la OEA no ha aprobado ninguna resolución que reconozca de modo específico a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, el 10 de enero de 2019 declaró ilegítima la toma de posesión de Maduro, y en abril reconoció a Gustavo Tarre, enviado por el líder opositor, como representante de la AN.

Los 72 muertos bajo torturas del régimen de Nicolás Maduro por Daniel Lozano – El Mundo – 30 de Enero 2020

El informe anual de la ONG Provea acredita el “terrorismo de Estado” aplicado por la revolución bolivariana
National Police officers guard the entrance to the detention centre of...
Policías vigilan la entrada del centro de detención del Sebin, en Caracas.Carlos Jasso REUTERS

Las torturas contra presos ya forman parte de la cotidianidad en Venezuela, para escándalo de los activistas de derechos humanos y silencio del gobierno y de sus aliados nacionales e internacionales. El informe anual de la ONG Provea, una de las más respetadas en el país, acredita el “terrorismo de Estado” aplicado por la revolución bolivariana para mantenerse a toda costa en el poder: durante 2019 al menos 574 personas sufrieron torturas y, entre ellas, 23 murieron.

Desde la llegada al poder de Nicolás Maduro en 2013 se contabiliza la muerte de 72 personas bajo torturas. Siete años durante los cuales no sólo el país sufre la mayor crisis social, económica y política del último siglo en el continente, sino también la “legalización” de la impunidad y la pulverización de los derechos humanos. “La tortura se ha convertido en una práctica generalizada y sistemática que se comete a diario en la mayoría de las cárceles y centros de detención contra presos comunes y personas privadas de libertad por razones políticas”, concretó Provea.

Inti Rodríguez, uno de los investigadores principales de Provea, aportó más cifras para el horror: 5.232 violaciones a la integridad personal, 852 víctimas de trato cruel, 1.033 heridos, 1.804 allanamientos ilegales y 810 amenazas y hostigamiento.

La tortura como castigo ejemplarizante se ha “institucionalizado y forma parte del repertorio represivo empleado por la dictadura de Maduro”, denunció Provea sin contemplaciones. “Es cada vez más cruento”, añadió por su lado el Instituto Casla, dirigido por la activista Tamara Suju en coordinación con la Organización de Estados Americanos (OEA). “Son sistemáticas”, confesó el general Cristopher Figuera, antiguo jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), tras huir a EEUU. Precisamente en la sede de la policía política murió el concejal opositor Fernando Albán tras sufrir torturas, según las denuncias efectuados por sus familiares y por organizaciones internacionales.

El asesinato del capital Rafael Acosta dio la vuelta al mundo en junio pasado y confirmó que los agentes gubernamentales extreman sus malos tratos contra los militares, con el objetivo de ahuyentar cualquier protesta o rebelión y atemorizar a familiares, compañeros y abogados. Una estrategia que prosigue hoy en día y que se ha multiplicado, según Provea.

El número de torturados de 2018 al año pasado se ha multiplicado por cinco, de 109 a 574, por lo que también supera el hasta ahora récord histórico de 2014, con 180 víctimas tras las protestas antigubernamentales. Durante 2019 se llevó a cabo el desafío de Juan Guaidó y del Parlamento democrático contra la revolución, a lo que se añade la agudización del control social a través del terror y de las políticas económicas. Ni la Fiscalía ni el Defensor del Pueblo, controlados por la revolución, ha proporcionado datos al respecto.

JÓVENES Y POBRES

La ONG asegura que se mantiene el perfil histórico de los torturados: hombres jóvenes y pobres, en su mayoría condenados o procesados por delitos comunes (74%) y militares (21%) acusados de conspirar contra Maduro; casi el 4% fueron torturados tras ejercitar su derecho a la manifestación pacífica.

La investigación de Provea profundiza en lo que ya Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, expuso en su histórico informe: en las cárceles de Maduro se aplica corriente eléctrica, se asfixia con bolsas de plástico, se realizan simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas.

La activista Suju ha aireado esta semana cuál es la última receta contra los presos políticos en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM): encapuchan a los presos y los sacan en un jeep “a toda velocidad para desorientarlos y que se golpeen en el trayecto para luego encerrarlos en las tumbas en las que han convertido los sótanos. Los meten de tres en dos. Se bañan con un vaso de agua y no reciben sol ni aire natural”. Es precisamente en la sede caraqueña de la DGCIM en Boleíta Norte donde se agrupan a 116 víctimas de torturas, militares detenidos por conspiración, terrorismo y traición a la patria.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha anunciado que aterrizará el próximo lunes en Caracas para realizar una visita de campo (observación in loco) para recabar más información sobre las violaciones de derechos políticos y civiles. Los activistas temen que los enviados de la CIDH sean deportados desde el aeropuerto de Caracas, aunque estos ya tienen preparada su respuesta: viajarán hasta la frontera con Colombia para atender a las víctimas ‘in situ’.

Provea: Terrorismo de Estado generó 574 víctimas y 23 asesinados bajo torturas en 2019 por Lisbeth Piñeros – La Patilla – 29 de Enero 2020

El Programa Venezolano de Educación (Provea), organización en pro de los derechos humanos en el país, actualizó su informe anual sobre las víctimas contabilizadas de las torturas en Venezuela durante el 2019, en el que se evidencia un alarmante aumento de 526,60% con respecto a 2018.

El informe -publicado en noviembre de 2019 y actualizado en días recientes- señala que “la tortura en Venezuela se ha convertido en una práctica generalizada y sistemática que se comete a diario en la mayoría de las cárceles y centros de detención del país, contra presos comunes y personas privadas de libertad por razones políticas. La tortura, como castigo “ejemplarizante”, se ha institucionalizado en Venezuela y forma parte del repertorio represivo empleado por la dictadura de Maduro”.

Indica además que “en las comunidades pobres y en las cárceles del país, la violencia institucional que ejercen las corporaciones de seguridad del Estado es empleada como mecanismo de control social contra excluidos y disidentes políticos. En un contexto generalizado de negación de la ciudadanía, la respuesta Estatal no se produce desde una dimensión institucional, democrática y restauradora de derechos, sino por el contrario, se afianza en la lógica negadora y excluyente para aplastar los reclamos y ejercer el terror sobre la población”.

En el monitoreo de prensa y recopilación de denuncias recibidas por Provea entre los meses de enero y diciembre de 2019, quedó revelado que durante el período se denunciaron 40 casos de torturas que incluyeron a 574 víctimas individualizadas de este delito contra los derechos humanos.

“Esta alarmante cifra constituye un aumento de 526,60% en el número de víctimas contabilizadas, respecto a los 12 meses del año 2018 cuando fue registrado un total de 109 personas afectadas por torturas. Además, es el registro más alto documentado por Provea en 31 años de monitoreo del derecho a la integridad personal en el país, superando a las 185 víctimas registradas en 2014. Debido a factores como la opacidad oficial, las dificultades para el monitoreo derivadas de la disminución de prensa independiente y el temor de los familiares de las víctimas para denunciar los abusos, la data pudiera estar sujeta a un sub-registro, lo que indica que pudo haber ocurrido un número aún mayor de casos de torturas. Por segundo año consecutivo, ni el Ministerio Público ni la Defensoría del Pueblo publicaron sus respectivos informes de gestión institucional”, destaca el informe.

Imagen Provea

Provea conoció que “la mayoría de las personas torturadas fueron hombres, jóvenes y pobres, manteniéndose así el perfil histórico de las víctimas de este delito. El 98,60% (566) de las víctimas individualizadas fueron de género masculino, mientras que el 0,87% (5) fueron de género femenino. En el restante 0,52% (3) de las víctimas no pudo identificarse el género. Las edades de las víctimas identificadas oscilaron entre los 8 y los 60 años, y la mayoría de las lesiones infligidas a estas personas consistieron en golpes; patadas; culatazos; descargas eléctricas; crucifixión; violación; peinillazos; insultos, entre otras”.

Del total de víctimas documentadas por Provea entre los meses de enero y septiembre, 426 (74,21%) fueron personas privadas de libertad procesadas y condenadas por la comisión de delitos comunes; 124 (21,60%) militares detenidos al ser acusados de formar parte de actos conspirativos contra la dictadura de Nicolás Maduro; 22 personas (3,83%) fueron civiles detenidos por razones políticas o en el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica y 2 (0,34%) víctimas se produjeron en otras circunstancias.

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En tres casos que involucran a la DGCIM se agrupan 116 víctimas de torturas. Todas, militares detenidos acusados de conspiración, terrorismo y traición a la patria, y torturados en la sede del organismo en el sector Boleíta Norte, al noreste de Caracas.

Otras 250 víctimas se agrupan en dos casos en los que el CICPC es señalado como responsable. 100 en un caso que involucra a Custodios del Ministerio del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios (MPPAP) y otras 30 víctimas en un caso que involucra a la GNB. Además, 23 personas murieron entre los meses de enero y diciembre de 2019 a consecuencia de las torturas recibidas por agentes de la fuerza pública. Comparado con la cifra registrada en 2018, durante el actual período de estudio se produjo un aumento de 176,92%.

Imagen Provea

También señala la actualización del informe anual que, 21 de las muertes registradas, se produjeron en Centros de Detención Preventivos bajo el control de la Policía Nacional Bolivariana, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), policías regionales y municipales. Una muerte es atribuible a custodios de la Comunidad Penitenciaria “Fénix” en Barquisimeto, estado Lara, y otra, en el caso del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo, a funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

Los responsables de la tortura en Venezuela

Después de tres años, el Cicpc vuelve a encabezar la penosa lista de torturadores en Venezuela. En 2013 y 2014, la Guardia Nacional lideró la estadística coincidiendo con dos períodos de alta conflictividad en los que ese componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tuvo un rol protagónico. Para 2015 el Cicpc retomó su liderazgo histórico en el marco de la ejecución del Operativo de Liberación del Pueblo (OLP) y del descenso de la conflictividad social en el país.

Para 2016 el Ejército estuvo al frente como el organismo más torturador al ser incorporado en la segunda fase del OLP. Para 2017 y 2018, la PNB y la Dgcim, respectivamente, acumularon la mayor cantidad de casos coincidiendo, el primero, con su actuación para aplastar la rebelión popular, y el segundo, con su papel en la persecución y hostigamiento contra militares señalados de formar parte de conspiraciones e intentos de golpe de Estado.

El Cicpc cerró 2019 con 10 denuncias que lo involucran en la comisión de torturas contra 259 personas. Esta cifra sitúa al organismo como responsable del 45,12% del total de casos registrados en el período.

La Dgcim se ubicó en segundo lugar acumulando 10 casos que involucran a 124 víctimas de torturas (21,60%), un considerable incremento de 165% en el número de afectados ya que este cuerpo de seguridad registró 49 víctimas más que en 2018. La sede de la DGCIM se convirtió en el nuevo centro de torturas contra detenidos por razones políticas en el país. Al menos 199 casos se han registrado en ese recinto entre enero de 2018 y septiembre de 2019. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas solicitó una visita a dichos espacios para constatar las condiciones de reclusión y el trato brindado a los detenidos, pero la petición fue negada.

Los custodios penitenciarios adscritos al Ministerio de Asuntos Penitenciarios, se ubicaron en tercer lugar con tres casos que involucraron a 115 víctimas (20,03%) en hechos ocurridos en la Comunidad Penitenciaria “Fénix” en el estado Lara; la Cárcel Modelo de Barcelona en Anzoátegui; y el Centro Penitenciario de Occidente en Táchira. La Guardia Nacional Bolivariana fue señalada de haber torturado a 48 personas (8,36%), la mayoría de ellas detenidas en el contexto de manifestaciones y privados de libertad de la Comunidad Penitenciaria “Fénix”.

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Por otra parte, en el estado Carabobo se concentró la mayor cantidad de víctimas con 201 personas torturadas (35,01%), la mayoría en la sede de la Subdelegación del Cicpc de Valencia.

Le sigue el estado Miranda con 183 víctimas (31,88%), 124 de ellas torturadas en la sede del Dgcim en Boleíta Norte, en Caracas.

Anzoátegui ocupó el tercer lugar con 103 víctimas (17,94%), un gran número de ellas, torturadas en el Centro Penitenciario Agro productivo de Barcelona y la Subdelegación del Cicpc en El Tigre.

Imagen Provea

 

La CIDH recibirá a las víctimas de abusos en la frontera con Colombia si el chavismo le impide la entrada a Venezuela por Sebastiana Barráez – Infobae – 29 de Enero 2020

Se prevé que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visite el país entre el 3 y el 8 de febrero en una “Observación In Loco”, que consiste en informar a la comunidad internacional sobre la situación en un país

La cárcel de Ramo Verde, uno de los centros de detención de Venezuela
La cárcel de Ramo Verde, uno de los centros de detención de Venezuela

Nunca como ahora una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) causa tanta inquietud en el Gobierno de Nicolás Maduro, en el marco de la gran cantidad de hechos que demuestran la violación de los derechos humanos de civiles y militares, de celdas de tortura como La Tumba en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) o la Casa de los sueños en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en su sede principal de Boleíta en Caracas.

Esmeralda Arosemena de Troitiño es la presidente de la CIDH y relatora para Venezuela y Paulo Abrao es el Secretario General. Se prevé que la CIDH visite a Venezuela entre el 3 y el 8 de febrero del 2020, en una “Observación In Loco”, que consiste en observar e informar a la comunidad internacional sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, ya que es el método que más usan los organismos internacionales, entre ellos la Organización de Estados Americanos (OEA), Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otras instituciones, como manera de observar los estándares nacionales de protección de los derechos humanos.

La Comisión también realiza visitas in loco con la finalidad de analizar temas específicos que son materia de relatorías, como las condiciones de los centros penitenciarios y el status jurídico de los detenidos, situación de los trabajadores migrantes y sus familias, libertad de expresión, entre muchos más.

Una vez que realizan la visita, esas relatorías presentan un estudio, a nivel del hemisferio, sobre el o los temas de estudio, soportándolo principalmente en las observaciones in situ que hayan realizado en el país que invita a la Comisión.

Ahora bien, la CIDH es un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), institución que ha mantenido una situación bastante conflictiva con Nicolás Maduro, además de que la Comisión no fue invitada por su Gobierno sino por Juan Guaidó en su figura de presidente interino.

La oposición venezolana reclama la liberación de los presos políticos

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Las víctimas

Desde el año 2014 la situación de la violación de los derechos humanos en Venezuela se ha agudizado. La estructura de poder del Gobierno, en combinación con los tribunales, las fiscalías, los cuerpos de inteligencia y las policías y/o cuerpos militares de orden público.

El objetivo principal de la CIDH es entrevistarse con víctimas de violaciones a los derechos humanos en Venezuela o con sus familiares, entre las que estarán presos comunes y políticos, enfermos que no han recibido la necesaria atención médica, también sindicatos, estudiantes, mujeres, autoridades de las universidades autónomas entre otras más.

Aunque el Estado venezolano está obligado a garantizar que el trabajo de la Comisión se realice sin ningún tipo de interferencias, así como a brindar todo el apoyo que sea necesario para el éxito de esta visita, el conflicto político existente en el país amenaza el éxito de la visita porque funcionarios en la frontera han manifestado que la orden es que los miembros de la Comisión no entren a territorio venezolano.

La última visita que la CIDH hizo a Venezuela fue la de mayo de 2002 por invitación del entonces presidente Hugo Chávez Frías, para que constataran la situación del país. Era un escenario totalmente distintoporque entonces los cuerpos de seguridad no ejecutaban acciones violatorias de derechos humanos en la magnitud de las que sí ocurren ahora en Venezuela.

La CIDH es un órgano de la OEA, institución crítica del gobierno de Nicolás Maduro | En la foto, el secretario general Luis Almagro (Olivier Douliery / AFP)

La CIDH es un órgano de la OEA, institución crítica del gobierno de Nicolás Maduro | En la foto, el secretario general Luis Almagro (Olivier Douliery / AFP)

Vamos a la Comisión

Organizaciones de Derechos Humanos en Venezuela prevén que los organismos de control en la frontera o aeropuertos no permitan que la CIDH entre a Venezuela, pero se están preparando para que las víctimas de violación de derechos humanos o familiares se acerquen a los consejeros en la frontera con Colombia.

El Reglamento de la CIDH establece sobre las observaciones In Loco, que se practicarán por una Comisión Especial designada a ese efecto. El artículo 54 determina que el miembro de la Comisión que sea nacional o que resida en el territorio del Estado en donde deba realizarse una observación in loco estará impedido de participar en ella.

A su vez en el artículo 55 se lee que “la Comisión Especial organizará su propia labor. A tal efecto, podrá asignar a sus miembros cualquier actividad relacionada con su misión y, en consulta con el Secretario Ejecutivo, a funcionarios de la Secretaría Ejecutiva o al personal necesario”.

Más importante es el artículo 56 donde queda establecido que “El Estado que invite a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a una observación in loco, u otorgue su anuencia a dicho efecto, concederá a la Comisión Especial todas las facilidades necesarias para llevar a cabo su misión y, en particular, se comprometerá a no tomar represalias de ningún orden en contra de las personas o entidades que hayan cooperado con ella mediante informaciones o testimonios”.

La CIDH se propone darle cumplimiento al artículo 57, en el que se establece que “la Comisión Especial o cualquiera de sus miembros podrá entrevistar, libre y privadamente, a personas, grupos, entidades o instituciones”.

Seguramente el punto E de ese artículo es uno de los que representa mayor obstáculo porque le da a la CIDH “acceso a las cárceles y todos los otros sitios de detención e interrogación y podrán entrevistar privadamente a las personas recluidas o detenidas”.

La CIDH parece dispuesta a cumplir su misión, en materia de derechos humanos en Venezuela, aunque el Gobierno de Nicolás Maduro tenga resistencia a permitirle el ingreso al país.

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