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Despotismo y default en Venezuela – The Economist/La Patilla – 1 de Diciembre 2017

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En julio pasado, el gran problema de Nicolás Maduro fue una rebelión respaldada por la oposición contra su plan de reemplazar el parlamento electo de Venezuela por una asamblea constituyente elegida a dedo. Más de 120 personas murieron en protestas masivas y las fuerzas armadas parecieron dudar brevemente en su apoyo al gobierno. Ahora el dictador presidente de Venezuela tiene su nueva asamblea en su lugar y a la oposición donde la quiere, dividida y debilitada. Pero él tiene ahora otro problema: se está quedando sin dinero en efectivo.

Después de años de mala gestión, la industria petrolera más importante de Venezuela figura como un buque petrolero naufragado. Según los datos proporcionados por el gobierno a la OPEP, la producción de petróleo en octubre promedió 1.96 millones de barriles por día, un descenso de 130.000 barriles diarios frente a septiembre (y 361.000 barriles diarios desde octubre de 2016). Restan el petróleo suministrado por casi nada a los venezolanos y a Cuba, y los envíos para reembolsar préstamos de China y Rusia, y solo alrededor de 750,000 barriles diarios se venden en efectivo, según Francisco Monaldi, economista venezolano de la Universidad de Rice en Texas. Y aunque el precio del petróleo está por encima de su mínimo de 2015, todavía es un poco más de la mitad de su nivel de 2012.

Debido a que las políticas del régimen han acabado con muchas empresas, el petróleo ahora representa el 96% de las exportaciones. A pesar de una brutal reducción de las importaciones, el gobierno está luchando para pagar las deudas acumuladas por Hugo Chávez, el último predecesor y mentor de Maduro. En octubre, Standard & Poor’s, una agencia de calificación, declaró a Venezuela en “default selectivo”. Para el 27 de octubre, el país estaba atrasado en pagos por un total de $ 1,5 mil millones de dólares, de los cuales más de la mitad no se pagaron dentro del período de gracia de 30 días.

América Latina ha visto muchos incumplimientos de deuda, pero este es diferente. “Decreto una refinanciación y una reestructuración de todos … los pagos en Venezuela”, dijo Maduro. Le gusta emitir decretos; pero podría sorprenderse al saber que los acreedores no pueden ser simplemente mandados. Confió las negociaciones a su vicepresidente, Tareck El Aissami, con quien un banquero de Nueva York no puede hacer tratos porque Estados Unidos dice que es traficante de drogas (lo que él niega). Las recientes sanciones de los Estados Unidos también significan que los estadounidenses no pueden aceptar nuevos bonos de Venezuela, como lo requeriría una reestructuración de la deuda.

Algunos tenedores de bonos ahora están consultando a sus abogados, según Francisco Rodríguez de Torino Capital. Una de sus opciones contractuales es “acelerar” el incumplimiento de los bonos, exigiendo su reembolso completo inmediato, y luego solicitar una orden judicial para confiscar los cargamentos de petróleo y otros activos. Podrían dudar en creer que el gobierno intentará seguir pagando; algunas de las demoras se deben a que los banqueros ahora están sometiendo los pagos venezolanos a un escrutinio minucioso. Pero “la pelota está en el campo de los tenedores”, dijo el Sr. Rodríguez.

Todo esto en un momento que Maduro eligió para despedir a su ministro de Petróleo y al jefe de la compañía petrolera estatal, PDVSA. El nuevo jefe de PDVSA, Manuel Quevedo, es un general de la guardia nacional, la policía militar que reprimió las protestas. Su designación se produce después del arresto, presuntamente por corrupción, de más de 50 gerentes de la industria petrolera cercanos a Rafael Ramírez, el jefe petrolero de Chávez, quien fue presuntamente despedido como embajador de Venezuela en la ONU el 29 de noviembre. El señor Quevedo no sabe nada del petróleo, pero está cerca de Diosdado Cabello, un ex oficial del ejército que es el principal rival de Maduro en el régimen. Los analistas dicen que el señor Cabello siempre ha querido controlar la industria petrolera, la principal fuente de dinero en Venezuela, ya que el dinero es poder.

Una perspectiva brilla en esta oscuridad. Maduro se mantiene alentado por el éxito del gobierno en las elecciones estatales de octubre. Los votantes desmoralizados de la oposición se mantuvieron alejados, y el régimen logró persuadir a muchos venezolanos pobres de que si no votaban por el gobierno no recibirían raciones de alimentos subsidiados. El fraude también pudo haber ayudado. Al encarcelar a oponentes intransigentes, Maduro ha domesticado a otros. Aunque parte de la oposición mantiene conversaciones con el gobierno en la República Dominicana el 1 de diciembre, no hay señales de que Maduro permita que las elecciones presidenciales previstas para diciembre de 2018 sean libres o justas.

Por el contrario, las especulaciones en Caracas señalan que adelantará las elecciones, tal vez hasta marzo. Habiendo cuadrado al Sr. Cabello, el Sr. Maduro volvería a postularse. Y gastaría unos miles de millones que podrían haberse destinado a los pagos de la deuda para impulsar las importaciones temporalmente. Esperanzar a los tenedores de bonos mientras pretenden incumplir pudiera ser una estrategia política ganadora a corto plazo. ¿Y entonces? “Claramente esperan que el precio del petróleo los salve”, dice Monaldi. “Pero puede ser demasiado tarde.”

 

Familiares de víctimas de represión documentan crímenes de lesa humanidad por Rafael León – La Patilla – 4 de Octubre 2017

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El Comité de Familiares y Víctimas de la Represión y Presos Políticos de Venezuela denunciará ante la Organización de Estados Americanos los casos de crímenes de lesa humanidad que se habrían cometido durante las protestas de 2014 y 2017, acusación que se encuentra bajo investigación de esa instancia internacional para determinar si el gobierno de Venezuela cometió delitos de esa naturaleza y, por consiguiente, remitir el caso a la Corte Penal Internacional, publica El Nacional.

Durante la tercera audiencia pública del ciclo de sesiones de la OEA que investiga los posibles casos de lesa humanidad, la activista de los derechos humanos, Lilian Tintori, junto con un grupo de parientes de las víctimas fatales de la violencia del Estado y de presos políticos, grabaron un video en Caracas que será enviado al secretario general de la OEA, Luis Almagro, así como al ex fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, para sustentar la denuncia contra el gobierno de Nicolás Maduro que hizo la abogada venezolana Tamara Suhú el pasado 14 de septiembre.

La esposa de Leopoldo López, preso político, denunció que durante las protestas el gobierno empleó el patrón de disparar hacia la parte superior de los cuerpos de las víctimas. Indicó que durante los 2 períodos de protestas, 37 personas fueron asesinadas de tiros en el cuello o en la cabeza, disparados por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, Policía Nacional Bolivariana, cuerpos policiales estadales y grupos de civiles armados.

Tintori explicó que, de acuerdo con el registro de las ONG Justicia, Encuentro y Perdón, y el Foro Penal Venezolano, son 128 las personas asesinadas durante los 4 meses de manifestaciones de este año; 15.000 heridos aún están convalecientes y que hay 487 presos políticos sometidos a torturas constantemente.

Sin anestesia ni quimioterapia

Cecilia de Sousa manifestó que a su hermano, Juan Miguel de Sousa, que se encuentra en el Hospital Militar tiene cáncer de próstata y no le han realizado las quimioterapias.

Denunció que el ingeniero, que fue detenido en 2015 y aún no ha tenido audiencia, estuvo en La Tumba, aislado en una celda de 15 metros de profundidad, sin luz solar y a bajas temperaturas, donde le realizaron un tratamiento odontológico, sin anestesia y con un taladro manual.

“El médico solicitó una biopsia de emergencia, pero se la hicieron 45 días después porque se negaban a trasladarlo”, expresó.

Informó que solicitaron una vez más una medida menos gravosa de privación de libertad ante el tribunal que conoce la causa, para que su hermano pueda comparecer en su domicilio, pero a la fecha no han obtenido respuesta.

“Rogamos a Dios por la justicia”

El sargento Rubén Bermúdez, que fue detenido durante una cita de la Dgcim por presunto intento de golpe de Estado este año, requiere ser operado del ojo y hasta la fecha las autoridades han hecho caso omiso, y no han dado respuesta al caso. “Rogamos a Dios por la justicia. Él no ha cometido ningún delito”, manifestó su hermana Odalys Bermúdez.

Denunció que desde que fue detenido permaneció 55 días aislado, estuvo 15 días sin aseo personal y sin comida, luego fue trasladado a Ramo Verde, y en mayo lo recluyeron en la 26 de Julio, en Guárico, sin informar a los abogados ni a familiares de la causa.

Indicó que no tiene ni siquiera la fecha de audiencia y que la defensa no ha tenido acceso al expediente. En todo ese tiempo no le han permitido la visita de sus hijos.

Sin despacho a la libertad

Yon Goicoechea, dirigente de Voluntad Popular que fue detenido por unos hombres sin identificación el 29 de agosto del año pasado y que tiene boleta de excarcelación, ha sido sometido no solo a tratos crueles e inhumanos sino a la omisión del tribunal que lleva la causa, el cual permanece sin despacho desde hace un año, denunció su madre, Luz Lara.

“Vivimos una agonía. Nada nos garantiza su vida ni su libertad”, expresó. Relató que su hijo se encuentra injustamente preso y que ha sido sometido al aislamiento en cuartos de castigos de Ramo Verde, como el Tigrito, donde estuvo encerrado con bolsas de basura, sin ver el sol ni ventilación, y sin visitas de sus hijos. Informó que este mes el gobierno debe responder la solicitud de liberación hecha por la ONU.

“El responsable es Maduro”

“Salga lo que salga en las investigaciones, el único responsable es Nicolás Maduro Moros, porque si él no estuviera haciendo una mala gestión, ninguna persona hubiese estado en la calle protestando ni mi hijo enterrado”, manifestó Zugeimar Armas, madre de Neomar Lander, joven de 17 años de edad, quien murió en la avenida Libertador durante una protesta que era reprimida por la Policía Nacional Bolivariana.

Informó que a cuatro meses de la muerte de su hijo, no han tenido resultados de las investigaciones. Solo le han informado que esperan por las pruebas químicas forenses. Indicó que aunque ella llevó a los testigos a comparecer ante el Ministerio Público, los funcionarios de la PNB que reprimieron la manifestación no han sido llamados a declarar.

Disparos a la cabeza 2014: Robert Redman, 28 años de edad, Bassil Da Costa, 23 años de edad,  Génesis Carmona, 21 años de edad, Jesús Acosta, 22 años de edad, Geraldine Moreno, 23 años de edad, Guillermo Sánchez, 42 años de edad, Juancho Montoya, 53 años de edad, Willmer Caravallos, 41 años de edad,  Wilfredo Rey, 32 años de edad,Cliver Roa, 14 años de edad

Victimas 2017: Daniel Queliz, 20 años de edad (Policarabobo), Carlos Moreno, 17 años de edad (colectivos), Tony Canelón, 32 años de edad, tiro en el cuello (GNB), Kevin León, 19 años de edad (colectivos), Luis Márquez, 52 años de edad (colectivos), Orlando Medina, 22 años de edad (colectivos), Eyker Rojas, 20 años de edad (GNB), Hecder Lugo, 20 años de edad (GNB), Armando Cañizález, 18 años de edad, disparo de metra en el cuello (GNB), Anderson Dugarte, 31 años de edad (Colectivos), Yeison Mora, 17 años de edad (GNB), Manuel Castellano, 46 años de edad (GNB), Jhon Quintero (colectivos), Augusto Pugas, 22 años de edad (Polibolívar), José Pérez, 20 años de edad (colectivos), Nelson Arévalo, 22 años de edad (colectivos), Jonathan Zavatti, 25 años de edad (colectivos), Ísael Macadan, 18 años de edad (colectivos), Roberto Durán, 24 años de edad (colectivos), Alfredo Figueroa, 19 años de edad (colectivos), Ramsés Martínez, 20 años de edad (colectivos), Janeth Angulo, 55 años de edad (GNB), Gilimber Terán, 16 años de edad (colectivos), José Leal, 18 años de edad (Plan República), Eduardo Orozco, 19 años de edad (Conas), Luis Espinoza, 16 años de edad (GNB)

 

Situación en Venezuela será tema principal en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU – La Patilla – 10 de Septiembre 2017

un-logo-light-blue.jpgLa situación en Venezuela centrará el inicio de la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que comienza este lunes con una intensa agenda protagonizada por el canciller del país, Jorge Arreaza, reseña EFE.

El primero que hará alusión a los presuntos abusos cometidos en el país andino será el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, en su presentación general sobre violaciones de las libertades fundamentales en distintas partes del mundo.

Se espera que haga referencia al informe que su oficina presentó en agosto y en el que denuncia torturas y malos tratos perpetrados por las fuerzas del orden venezolanas durante las protestas antigubernamentales.

Zeid pedirá al Consejo medidas para evitar un mayor deterioro de los derechos humanos en ese país, mediante un mecanismo de supervisión, informes regulares o una comisión de investigación.

Tras la intervención del alto comisionado, Arreaza tomará la palabra para exponer durante diez minutos la versión del Gobierno de Nicolás Maduro sobre lo que ocurrió de abril a julio en Venezuela, donde más de 130 personas murieron durante las protestas y miles fueron detenidas, muchas de ellos, según la ONU, arbitrariamente.

Arreaza mantendrá después encuentros bilaterales y una reunión con el Grupo de Países No Alineados, y al mismo tiempo, organizaciones defensoras de los derechos humanos como Human Rights Watch expondrán su versión de los hechos en actos paralelos.

Al día siguiente los países miembros del Consejo y el resto de naciones de la ONU podrán responder al ministro venezolano.

Fuentes próximas al Consejo indicaron que muchos países ya han señalado que así lo harán, dado su interés en que las palabras de Arreaza queden “equilibradas” por su propia evaluación de la situación.

Por ahora no se espera la presentación de una resolución de condena a Venezuela, ni que se pida la suspensión de ese país como miembro del Consejo, aunque los países tienen hasta el 21 de septiembre para hacerlo si así lo desean.

Este extremo sí que podría suceder en el caso de Burundi -también miembro del Consejo- dado que su Gobierno ha sido acusado por una comisión de investigación de la ONU de haber cometido actos que, de probarse, podrían constituir crímenes contra la humanidad.

La suspensión debe ser decidida por la Asamblea General, pero el Consejo podría solicitarla argumentando que un gobierno que comete crímenes de lesa humanidad contra su propio pueblo no puede ser garante de las leyes fundamentales.

En el caso de Yemen, otro de los temas candentes de esta sesión, se espera que esta vez los Estados miembros acepten la sugerencia de Zeid de constituir una comisión de investigación internacional, dado que la última vez se consensuó confiar en una pesquisa nacional, cuyos resultados no fueron nada satisfactorios.

La acuciante situación en Birmania (Myanmar) y la llegada de casi 300.000 rohinyás a Bangladesh huyendo de la represión del Ejército birmano se tratará también con la presentación de un primer informe de la nueva comisión de investigación de la ONU.

Finalmente, y como hace siete años, Siria será uno de los asuntos clave del Consejo. La comisión de investigación presentará su informe en presencia de Carla del Ponte, que recientemente renunció a su cargo como miembro de este ente “frustrada” por la falta de resultados concretos.

Se espera que la discriminación racial en EEUU y la situación en la República Democrática del Congo (RDC), Filipinas y Egipto sean también tratados durante esta sesión.

 

La solución para Venezuela está encaminada por Jurate Rosales – El Nuevo País – 4 de septiembre 2017

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Tres constataciones relativas a lo obtenido en los cuatro meses de luctuosas manifestaciones, permiten vaticinar lo que viene ahora para Venezuela, su gobierno y todos los venezolanos.

Primera constatación: terminó el heroico período de cuatro meses en que la gente marchó día tras días a sabiendas que corre peligro de vida y en lo que 124 personas, en su mayoría jóvenes, perdieron la vida. ¿Qué se ganó y qué se perdió en ese particularmente luctuoso período?
Lo irreparable son las vidas de gente joven, valiente, decidida a luchar por una Venezuela libre y próspera. La progresión calculada de esos asesinatos aparece claramente en el informe de la ONU del 31 de agosto 2017: “El análisis del ACNUDH, basado en los tipos de lesiones sufridas por los manifestantes, revela cómo el uso de la fuerza aumentó progresivamente en paralelo con la aplicación del Plan Zamora. La información aportada por el personal médico muestra que en la primera mitad de abril la mayoría de manifestantes lesionados fueron tratados por intoxicación causada por gases lacrimógenos. En la segunda quincena de abril, muchas de las lesiones resultaron del impacto de los cartuchos de las bombas lacrimógenas en las piernas, en el pecho, o en la cabeza de las personas. En mayo, las heridas fueron causadas principalmente por el impacto de perdigones y de objetos convertidos en proyectiles, como metras y tuercas. En junio, el personal médico registró una combinación de heridas causadas por cartuchos de bombas lacrimógenas, perdigones y otras municiones. En julio, comenzaron a tratar heridas de bala.”

El informe de la ONU, es una tajante acusación que traerá consecuencias personales: “El 18 de abril de 2017, el Presidente Maduro anunció públicamente la puesta en práctica del Plan Zamora”. Se agrega un gráfico de la cadena de mando, encabezada por el presidente de la república.

El sacrificio fue de promisorias vidas jóvenes: “La mayoría de víctimas eran hombres jóvenes, de 27 años en promedio; también murieron 15 niños y 7 mujeres. En general, las víctimas eran estudiantes o personas que acababan de terminar sus estudios”.
Los heridos son otro renglón espeluznante: “Según cálculos de los médicos, entre 10.000 y 12.000 personas podrían haber sido lesionadas en el país en los primeros 100 días de manifestaciones.”

A lo cual hay que agregar los detenidos y torturados, tema que conforma otra lista de delitos de los cuerpos de represión. Otro capítulo más, es titulado: “Allanamientos ilegales y violentos y destrucción de propiedad privada”.

Segunda constatación. Contrariamente a lo que una desanimada opinión pública cree, la limitación en el tiempo de las manifestaciones fue acertada. Terminaron cuando ya estaba claro que el pueblo venezolano obtuvo con los terribles sacrificios de ese vital – y decisivo período -, una respuesta mundial y su acción de calle no debía prolongarse más. El movimiento empezaba a ser contaminado por intrusos aparecidos en busca de “chambas” al disfrazarse de combatientes cuando en realidad eran delincuentes. Noto que no los hubo en el interior de la república, donde en las ciudades los manifestantes se conocen y son del mismo vecindario. La contaminación se asomó en Caracas, cuando los vecinos de Altamira, El Rosal o Los Ruices empezaron a notar rostros nunca antes vistos que pedían dinero o comida, terminando con el robo del teléfono celular. Era el momento preciso para poner punto final a las manifestaciones, antes de que se conviertan en desorden.
Esto no impide que en el futuro no vuelvan a ser necesarias las manifestaciones de calle, pero serán con marchas en apoyo a exigencias nacionales, muy precisas en su formulación. La situación económica/social las hará cada vez más numerosas, por más que los “colectivos” chavistas de cada barrio, intenten sofocarlas.

Tercera constatación. Gracias a los cuatro meses del histórico sacrificio hecho por un amplio segmento de la nación en todo el país, la opinión pública mundial finalmente se percató del problema y los dirigentes de países democráticos se dieron cuenta que también ellos poseen el germen en sus predios de lo que ocurre en Venezuela. Allí cada uno tiene sus razones para darse por enterado, pero todos coinciden en que es necesario cortar en Venezuela el mal que podría ser contagioso.

Por primera vez en Francia y España, con las siembras, regadas y abonadas desde Venezuela, de los “Insumisos” y de Podemos, los respectivos gobiernos de Macron y Rajoy se percataron de que existe para ellos el peligro de una destrucción total del país, similar a la venezolana. Además, como para aclarar en qué radica el peligro, Mélenchon de los Insumisos e Iglesias de Podemos, declararon por turnos que el ejemplo a seguir es la constituyente de Maduro, no importa – al igual que en Venezuela – que no tenga la mayoría electoral, porque les basta con que tenga “pueblo”.

En Holanda, Bélgica y Alemania, se dan cuenta que la alianza forjada por Chávez y Maduro con el radicalismo islámico tampoco debe ser tomada como un chiste. Cada nuevo atentado terrorista en Europa, salpica a todos quienes albergan células islámicas, si bien no son del ISIS.
En América toda, los gobiernos se preocupan por los flujos de refugiados que les llegan de la patria de Bolívar – con lo cual están obligados a recibirlos. Colombia es la primera en declarar que algo se debe hacer.

Pero es Estados Unidos el que posee el más apremiante interés económico, con la necesidad que tiene la Exxon Mobil, alma mater del canciller norteamericano Rex Tillerson, de explotar pacíficamente el petróleo del Esequibo. En eso han puesto a trabajar hasta la mismísima ONU – a ver como soluciona ese reclamo venezolano sobre el territorio donde yace el tesoro. Una condición previa es tener en Venezuela a un gobierno democrático y dicen ellos “reliable” – fiable, responsable. Lo cual sólo es posible con un gobierno en Caracas legalmente electo, unitario y democrático.

Que si los cuatro meses de rebeldía han sido la campana de alarma para el mundo entero – hay que decir: SÍ, lo son. Ahora viene lo demás, que tampoco será fácil, pero la solución ya está encaminada.

Geraldine Moreno: la muerte que persiste en la memoria del venezolano por Winnifer Mijares – El Nacional – 1 de Septiembre 2016

Unknown.jpegLa joven de 23 años de edad fue asesinada en Carabobo por la GNB

A Geraldine Moreno le gustaba participar en las movilizaciones en contra del régimen de Nicolás Maduro que se hicieron en 2014, año en que empezó a gestarse la desobediencia civil en Venezuela hacia la gestión del chavismo.

El 19 de febrero de ese año, Rosa Orozco, madre de Moreno, le había dicho a su hija que quería descansar ese día, pero la respuesta fue tajante: “Mamá, Venezuela no espera por ti”. Y salió a protestar en la ciudad donde nació, Naguanagua.

Minutos después de que Geraldine fue a la manifestación, a Rosa le dijeron que su hija había sido herida.

“Salgo a la entrada de la urbanización y veo a mi muchacha en el piso con la cara tapada”, dijo Orozco.

La muerte de Geraldine Moreno, por sus características de tratos crueles e inhumanos, permanece en la memoria del imaginario venezolano, en especial de los ciudadanos que perdieron a sus familiares durante las protestas de 2014.

La joven deportista y estudiante de Citotecnología fue asesinada por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes le dispararon perdigones en la cara y el cuerpo.

Geraldine fue trasladada a la Clínica Metropolitana. Allí los médicos informaron a los familiares que la estudiante había perdido el ojo derecho y 80% de la masa cerebral.

A pesar del diagnóstico, Rosa Orozco afirmó que su hija pudo articular sus últimas palabras: “¡Bendición! Te espero en libertad, no dejes la calle”. Fueron cuatro días de agonía, el 22 de febrero falleció.

Por el crimen, el Ministerio Público condenó a 30 años de prisión a Albin Bonilla Rojas, sargento de la GNB; y a 16 años y seis meses a Francisco Caridad Barroso, también militar.

A Bonilla lo culparon por el delito de homicidio calificado con alevosía por motivos fútiles y trato cruel en grado de complicidad. A Barroso lo acusaron de complicidad no necesaria y uso indebido del arma orgánica, quebrantamiento de pactos y convenios internacionales, y trato cruel a la víctima.

Sobre el proceso judicial, Orozco señaló que fueron 33 meses de juicio, en los que difirieron siete audiencias.

“Fue el deber del Ministerio Público hacer su trabajo, no pedirles favores”, aseveró.

Luego de tres años del asesinato de Moreno, la convicción de Rosa Orozco sigue intacta. Consciente de que su hija no la acompaña físicamente, considera que siempre la tiene presente en su espíritu. “Nadie me va a quitar el estar con ella”.

Asimismo, se sintió comprometida con los cuatro meses de protestas de este año, pues tiene presente la promesa que le hizo a su hija en la tumba: “Te voy a regalar un país democrático, a ti y a todos los caídos”.

 

Torturas en Venezuela por Rosa Meneses/Diego Santander – El Mundo – 30 de Agosto 2017

La ONU denuncia el uso excesivo de la fuerza en Venezuela

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La ONU documenta el régimen de torturas sistemáticas y represión a opositores en Venezuela. Denuncia ejecuciones y desapariciones forzadas

Las cicatrices que dejaron las protestas en Venezuela
Descargas eléctricas, palizas con barras de metal, asfixia con gases químicos, quemaduras, amenazas de violación… Así se reprime a los activistas opositores en Venezuela según ha documentado la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). La ONU ha detallado hoy los múltiples abusos y violaciones de los derechos humanos a manos de las fuerzas de seguridad de Venezuela y los colectivos paramilitares bolivarianos contra los disidentes y manifestantes. Sus conclusiones revelan “una política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones”.

El documento incluye escalofriantes testimonios de víctimas de la violencia de las fuerzas de seguridad y los grupos armados progubernamentales, comparables a lo que se vive en los calabozos de las dictaduras más oscuras de Oriente Próximo o África. “Estaba desnudo por completo. Me empaparon con mucha agua. Un guardia repetía: ‘mójalo bien porque si no, lo quemas'”, relató un ex detenido describiendo cómo los militares ataron sus manos y pies y lo suspendieron del techo para propinarle una sesión de descargas eléctricas. “Me echaron cloro y sal en la boca, me golpearon con palos y lanzaron gases lacrimógenos cerca de mi cara. Perdí el conocimiento”, cuenta otra víctima.

Otro testimonio explica cómo unos guardias nacionales esposaron y suspendieron a un hombre de la tubería de un tanque de agua durante nueve horas con sólo la punta de los dedos de sus pies tocando el suelo. “Durante ese tiempo, recibió golpes, sin interrupción y no se le dio agua ni comida. Luego, los guardias lo esposaron a una ventana y lo golpearon toda la noche”, refleja el dossier. “La primera vez que vi a mi familia no me reconocieron porque tenía la cara hinchada y quemada por los químicos”, denuncia un joven detenido en Caracas.

Todas estas violaciones se detallan en el documento presentado hoy por el ACNUDH, su informe definitivo -ya publicó un adelanto de sus conclusiones el pasado 8 de agosto- sobre las violaciones y abusos cometidos en Venezuela, en el contexto de las protestas entre el 1 de abril al 31 de julio. Los expertos lo han elaborado basándose en 135 entrevistas realizadas a víctimas, familiares, testigos, representantes de ONG, abogados, periodistas, médicos y el Ministerio Público venezolano.

Las entrevistas tuvieron que hacerse a distancia, en Panamá y Ginebra, ya que la ONU tiene denegado el acceso a Venezuela desde 2014. Según la ONU, sus conclusiones “ponen de manifiesto una situación de los derechos humanos cada vez más crítica desde el comienzo de las protestas, en la que se observan niveles cada vez más altos de represión de la oposición política por parte de las fuerzas de seguridad nacionales”.

A fecha del 31 de julio, el Ministerio Público investigaba la muerte de 124 personas en el contexto de las manifestaciones. De ellas, 46 fueron presuntamente obra de las fuerzas de seguridad y 27 de los grupos armados conocidos como colectivos. Otras 51 muertes continúan sin esclarecerse. Además, el ACNUDH contabiliza más de 5.000 detenidos (entre ellos 410 menores) durante el periodo estudiado, de los que 1.000 aún permanecían encarcelados a primeros de agosto. Y alerta de varios casos de desapariciones forzadas, evocando las palabras de madres buscando sin descanso a sus hijos.”Venezuela quiere justicia”

El Gobierno de Nicolás Maduro calificó el dossier de “infundado” y “manipulado”. “Es una patética demostración de que esa oficina y, especialmente, el propio alto comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein, han tomado el camino de denostar la democracia participativa y protagónica que existe en Venezuela”, señaló esta tarde en un comunicado el embajador venezolano ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero.

“¿Qué van a decir respecto a esto? ¿También van a desconocer a las Naciones Unidas? Venezuela quiere que haya justicia. Las Naciones Unidas y el mundo tienen puesta la mirada sobre Venezuela”, inquirió Henrique Capriles, gobernador de Miranda y uno de los líderes de la oposición.

Por su parte, Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, afirmó que el informe del ACNUDH es uno de los más importantes que se han presentado sobe la situación de Venezuela en los 18 años de chavismo, principalmente porque reconoce que las violaciones a los derechos humanos, las detenciones arbitrarias, y las torturas y tratos crueles son “sistemáticos y generalizados”. “Existen crímenes de lesa humanidad en Venezuela de conformidad con el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional.

Además de los diversos casos de torturas y tratos crueles, es muy importante que por primera vez la ONU se refiere a las desapariciones forzadas. Cuando una persona se detiene y se oculta, eso conlleva a desaparición forzada y eso se ha convertido en algo regular en Venezuela”, indicó. Romero destacó además que el informe se refiera a los asesinatos por parte de los cuerpos de seguridad y los grupos paramilitares.La ex fiscal general, Luisa Ortega, aseguró que el informe de Naciones Unidas “reconoce que en Venezuela existe una política de represión”. “El informe del Alto Comisionado de la ONU contiene las denuncias que he formulado sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela”, escribió en Twitter la abogada, quien rompió con Maduro a quien acusa de tener una “ambición dictatorial”.

Venezuela: Las violaciones de derechos humanos apuntan a una ‘política de represión – Informe de la ONU – 30 de Agosto 2017

 

 

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Múltiples abusos y violaciones de derechos humanos se han cometido en Venezuela en el contexto de las recientes protestas antigubernamentales y esos hechos apuntan a la “existencia de una política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones”, según las conclusiones de un informe* publicado por la Oficina del ACNUDH.

“El uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva durante las manifestaciones y la detención arbitraria de manifestantes y presuntos opositores políticos denota que no se trata simplemente de actos ilegales o insubordinados de funcionarios aislados”, señala el informe.

En el documento se pide al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que examine la posibilidad de tomar medidas para prevenir el agravamiento de la situación de derechos humanos en Venezuela, país que en la actualidad es miembro del Consejo.

El análisis realizado por la Oficina del ACNUDH indica que de las 124 muertes relacionadas con las protestas que se encontraban sujetas a investigación por el Ministerio Público hasta el 31 de julio, 46 fueron presuntamente obra de las fuerzas de seguridad y 27 de los grupos armados progubernamentales conocidos como colectivos. Todavía no se ha podido determinar quiénes fueron los responsables de los otros 51 fallecimientos.

Durante el periodo que abarca el informe, del 1 de abril al 31 de julio, el Ministerio Público inició investigaciones sobre no menos de 1.958 casos de lesiones registrados en el contexto de las manifestaciones. El análisis de las lesiones que figura en el informe indica que el uso excesivo de la fuerza se fue agravando. En la primera mitad de abril, la mayoría de las lesiones se debieron a la inhalación de gas, mientras que en julio el personal sanitario estaba tratando a heridos de armas de fuego..

“Las estrategias empleadas por las autoridades en respuesta a las protestas se aplicaron a expensas de los derechos y las libertades de los venezolanos”, afirmó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein.

“El gobierno de Venezuela debe velar por que se lleve a cabo una investigación rápida, independiente y efectiva de las violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por las fuerzas de seguridad y de los abusos que se atribuyen a los colectivos armados o a los manifestantes violentos. Esto comprende la garantía de que las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público durante el periodo que abarca este informe se prosigan de manera escrupulosa y con notoria imparcialidad”, insistió el Alto Comisionado.

“El derecho a la reunión pacífica fue violado sistemáticamente y los manifestantes y personas identificadas como opositores políticos fueron detenidos en gran número. En el informe se identifican también violaciones graves del debido proceso judicial y patrones de malos tratos, que en algunos casos equivalen a torturas”, declaró Zeid.

Según cálculos fiables de las ONG locales, a partir del 1 de abril más de 5.000 personas fueron detenidas, de las que más de 1.000 permanecían todavía encarceladas el 31 de julio. Al menos 609 civiles arrestados en el contexto de las manifestaciones tuvieron que comparecer ante tribunales militares. En el informe se recomienda al gobierno que cese la detención arbitraria y el uso de tribunales militares para juzgar a civiles.

Grupos medianamente organizados de manifestantes antigubernamentales emplearon medios violentos, recurriendo a armas improvisadas que fueron desde piedras y hondas hasta cócteles Molotov y morteros de fabricación casera, según reza el informe. Se ha informado de que al menos cuatro personas murieron por la acción de grupos o individuos contrarios al gobierno y, según éste, nueve miembros de las fuerzas de seguridad habían sido asesinados hasta el 31 de julio. En el informe se recomienda a los partidos de oposición que condenen todo acto de violencia, en particular cuando se trate de acciones perpetradas por grupos de manifestantes violentos.

En el informe se documentan ataques contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación realizados por fuerzas de seguridad que, al parecer, se proponían impedir la cobertura informativa de las manifestaciones. “Los manifestantes y periodistas fueron catalogados por las autoridades de alto nivel como “enemigos” y “terroristas” –palabras que no ayudaron mucho a atenuar el contexto de violencia y polarización y que, más bien, quizá contribuyeron a agravarlo”, afirmó el Alto Comisionado.

Aunque reconoció que el número de manifestaciones, arrestos y muertes ha disminuido desde el 1 de agosto hasta el día de hoy, Zeid expresó su preocupación por las medidas tomadas recientemente por las autoridades para criminalizar a dirigentes de la oposición mediante la Comisión de la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública.

“La comisión creada recientemente por la Asamblea Constituyente no cumple con los requisitos básicos de transparencia e imparcialidad necesarios para realizar investigaciones independientes y sin motivación política sobre violaciones y abusos de derechos humanos”, declaró Zeid.

El Alto Comisionado advirtió de que, en medio de la continua crisis económica y social del país y el aumento de las tensiones políticas, existe un riesgo elevado de que la situación de Venezuela se deteriore aún más.

“Insto al gobierno de Venezuela a que aplique las recomendaciones de este informe y a que use sus conclusiones como guía para aportar verdad y justicia a las víctimas de violaciones y abusos de derechos humanos. Una vez más pido al gobierno que renuncie a aplicar cualquier medida que pueda incrementar la tensión política en el país y exhorto a todas las partes a que entablen un diálogo sustancial con miras a poner fin a la crisis”, dijo Zeid.

*Dado que el gobierno de Venezuela no respondió a las peticiones de acceso, un equipo de expertos en derechos humanos realizó una investigación a distancia del 6 de junio al 31 de julio. El informe se basa en el análisis de la información que este equipo compiló y comprende unas 135 entrevistas con víctimas y familiares, testigos, representantes de organismos de la sociedad civil, periodistas, abogados, médicos, personal de primeros auxilios y miembros del Ministerio Público.

El texto íntegro del informe está disponible aquí: http://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/HCReportVenezuela_1April-31July2017_SP.pdf

 

Comunicado a 5 años de la tragedia de la Refineria Amuay – 25 de Agosto 2017

A 5 AÑOS DE LA TRAGEDIA DE LA REFINERÍA AMUAY

Declaración del Centro de Orientación en Energía (COENER), de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat (ANIH), de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo (SVIP), de la Asociación Civil Gente del Petróleo, del sindicato UNAPETROL y del Grupo Orinoco de Energía y Ambiente

Al cumplirse el 25 de agosto el quinto aniversario del más grave evento ocurrido en la industria petrolera venezolana, en el que, según fuente oficial, perdieron la vida 42 personas, 150 resultaron heridas y 5 fueron registradas como desaparecidas, nuestras instituciones vuelven a ratificar el pesar nacional y las palabras de solidaridad a los familiares de todos los fallecidos y heridos, así como también a aquellas personas cuyos bienes se vieron afectados por este suceso, al tiempo que manifiestan su preocupación por la falta de respuestas a las interrogantes básicas que surgieron desde el primer día de esta tragedia.

Ante la gravedad de lo sucedido en Amuay y tal como fue oportunamente comunicado a la opinión pública, se imponía en aquel momento que el Gobierno Nacional designara rápidamente un Comité de Investigación independiente, integrado por expertos nacionales e internacionales, en el cual el personal de la Refinería participara únicamente para prestar el soporte requerido para la recopilación de la información pertinente; el referido Comité debería, en un plazo perentorio, determinar las causas de esta lamentable tragedia, identificar los elementos necesarios para establecer las responsabilidades del caso y emitir sus recomendaciones para evitar la ocurrencia de otra fatalidad similar, acciones que no se ejecutaron.

Dado que en Agosto de 2013 – a un año de ocurrida la tragedia- no se había emitido un informe oficial del accidente por ningún organismo del Estado, COENER, por iniciativa propia y con los elementos de información disponibles, presentó a la opinión pública los resultados de una investigación realizada por un equipo de técnicos y especialistas de esta organización. Este documento se publicó el 25 de Agosto de 2013 en el blog de COENER http://coener2010.blogspot.com/. En este Informe se presentó el análisis del accidente; sus causas potenciales; su impacto de tipo material, económico y ambiental, para la corporación PDVSA y el país; las conclusiones que se derivan de la investigación; y un conjunto de recomendaciones orientadas a evitar la recurrencia de accidentes similares en la Industria Petrolera Nacional e internacional. Copia de este Informe de la investigación realizada, reposan en las oficinas de la Fiscalía General de la República en Caracas y en las de Punto Fijo, estado Falcón.

A pesar de los compromisos anunciados por el Ejecutivo Nacional y por la Fiscalía General de la República desde el mismo momento del evento, a la presente fecha PDVSA no ha publicado el 2 Informe Definitivo ni ha vuelto a declarar sobre el tema, y los demás entes responsables de este asunto, que se comprometieron a publicar su respectivo informe y en el que debían haberse pronunciado formalmente, como es el caso del Ministerio Público, tampoco lo han hecho. Recientemente (el pasado 28 de julio) los medios de comunicación del país reseñaron que dos fiscales nacionales de las oficinas del Ministerio Público en Punto Fijo, habían citado con fecha 03/08/2017, para ser imputados por su presunta responsabilidad en dicho accidente, a 3 Gerentes y 1 Superintendente del Centro de Refinación Paraguaná-Amuay, pero no se ha podido confirmar si efectivamente dichas audiencias se realizaron.

El lamentable accidente ocurrido en la Refinería de Amuay el 25 de Agosto de 2012, definitivamente no fue un hecho fortuito. La tendencia creciente de paradas no programadas, la extensión de paradas programadas en las refinerías y el recurrente aumento de la accidentalidad en todas las instalaciones industriales de PDVSA, son sin ninguna duda consecuencia directa de la decisión de haber despedido en el año 2003 más de 20 mil trabajadores, que desprofesionalizó sus cuadros gerenciales y técnicos, y convirtió posteriormente a PDVSA en un brazo ejecutor de múltiples actividades ajenas al negocio petrolero. Para superar la crisis de esta corporación, se requiere retomar el modelo de una empresa eficiente, productiva y orientada a la mejora continua de su gestión, concentrada en el negocio de los hidrocarburos, que fue la razón de ser Petróleos de Venezuela, S.A. y su principal característica en sus primeros veinticinco años.

Ante la ausencia de respuestas y el desconocimiento de esta situación por parte de PDVSA, del Ejecutivo y de los poderes públicos responsables de la fiscalización y de la defensa de los trabajadores y las comunidades circundantes a los centros petroleros, solicitamos a la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional y a la Fiscalía General de la República, acometer las medidas inherentes a sus funciones de contraloría y ejercer las acciones necesarias para que se responda, tal como lo establece la Ley y sus Normas Internas, por el grave accidente ocurrido en la Refinería de Amuay el 25 de agosto de 2012 y en particular se adopten las medidas requeridas para evitar que vuelvan a ocurrir tragedias similares.

Las Juntas Directivas del Centro de Orientación en Energía, de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat, de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, de la Asociación Civil Gente del Petróleo, del sindicato UNAPETROL y del Grupo Orinoco de Energía y Ambiente.

Caracas, 25 de agosto de 2017

Las nuevas (malas) mañas de la policía y la guardia por Andrea Tosta – El Estimulo – 22 de Agosto 2017

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El uniforme ya no es sinónimo de confianza en Venezuela. Tampoco la placa ni el arma numerada. Robos, asesinatos, allanamientos ilegales son algunas de las conductas de funcionarios de la Policía y la Guardia Nacional que los desmitifican, en especial durante las manifestaciones de este año. La calle fría revela que sus andanzas quedaron impunes

Orlando Pérez lleva casi un mes sin trabajo, ni justicia. El hombre de 56 años anda como “mono en rama” y explica por qué: “Lo que salga lo hago”. No tiene posibilidades de mantener por completo y como quisiera a sus 3 hijos y sus 2 nietos adolescentes. Veintitrés días han pasado desde que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) le robaron su motocicleta y la quemaron en Altamira, Caracas, el 30 de julio. “Es tremendo. No crea que la cosa no está dura. Ellos no tenían porqué hacer eso”, se lamenta.

Solo alcanzó a decir que trabajaba con prensa antes de ver cómo su moto se perdía en la distancia. Cerca de las 2 de la tarde esperaba en la avenida San Juan Bosco a que el periodista que transportaba cubriera los hechos que se desenvolvían dos cuadras más allá, en la plaza Francia. Momentos antes se había escuchado una detonación fuerte: una bomba casera explotó en la avenida Francisco de Miranda y dejó a varios policías lesionados. “Yo creo que en represalia comenzaron a reprimir y llegaron hasta donde estábamos nosotros. Eso fue una estampida. Salieron a arremeter al que era y al que no era”, recuerda Pérez.

Junto a él, otros motorizados esperaban por sus respectivos pasajeros, todos periodistas. Una turba uniformada se abalanzó contra ellos. Pérez no pudo distinguir cuántos funcionarios eran. Solo recuerda gritar su inocencia, que callaron a punta de cascazos. La sangre le corrió por las sienes. “Se ensañó con todo. Yo hasta vi la mano que venía de atrás pa’ pegarme”. Pérez aprovechó su baja estatura y evadió un golpe directo a la frente. “Le digo, si me daba, me mataba”, narra.

Zafarse le permitió presenciar cómo uno de los policías se llevaba su motocicleta, esa con la que recorrió Caracas por años. Se alejaba, al igual que otras seis motos más, que luego los uniformados reunieron para prenderles en fuego. Con las llamas, el hombre perdió su estabilidad laboral y su capacidad para ser sostén de hogar. Es un doliente más de los desmanes de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano. Una cifra más de la delincuencia, sin esperanzas de indemnización. Ahora espera que el medio de comunicación en el que trabaja el periodista que lo contrató pueda costear nuevas dos ruedas. Pero la expectativa se pierde con el paso de los días.

Sin diálogo

La autoridad se apropia de lo ajeno sin dar explicaciones. Los dueños de las motocicletas robadas en la autopista Francisco Fajardo no pudieron increpar a los perpetradores militares que el canal VivoPlay captó el 5 de junio en clara flagrancia, por ejemplo. Los pelotones también han ingresado en establecimientos a desvalijar mercancía, como sucedió en Capitolio, en el centro de Caracas, el 27 de julio durante el paro cívico convocado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). “Llegaron como 100 policías de inteligencia encapuchados, pidiendo cédula, lanzaron a todo el mundo al piso boca abajo y nos quitaron los teléfonos. Luego comenzaron a llevarse la mercancía, la metieron en bolsas negras y la montaron en carros particulares”, denunció un comerciante a TalCual.

En 2017 hubo robos de todos los calibres, sin mediar palabra y con un alto grado de intimidación. Grabaciones y denuncias lo constatan, como cuando un grupo de policías nacionales les vaciaron la cartera a dos mujeres que había acudido a la marcha del 6 de junio. El video incluso muestra cómo uno de los hombres le quita el reloj de la muñeca a una de las víctimas. O cuando a un joven vendedor informal no le preguntaron precios y tan solo escuchó el grito de un guardia a viva voz: “agarre todo el mundo agua gratis”. Ese 5 de junio tenía más de 40 cajas llenas de botellas de agua y chucherías. Todo se lo arrebataron.

Fue evidente cómo las fuerzas estatales y regionales desviaron su camino de la institucionalidad. El abogado criminalista Fermín Marmol García apunta que las instituciones son las primeras que deberían dar el ejemplo de respeto a la ley, pero “cuando modelan conducta de irrespeto llamamos a la irracionalidad y el primitivismo. En las protestas fue notorio ver funcionarios de orden público lesionando, robando bienes, sin que haya respuesta del Estado, se alimenta la impunidad, y se perdió su sendero de progreso hace tiempo”. Los PNB que fueron captados robando fueron identificados y serían presentados al Ministerio Público para ser sancionados, pues según el ministro de Interior, Néstor Reverol, tenían “responsabilidad penal y administrativa” que afrontar. “Estos hechos irregulares constituyen acciones individuales y unilaterales que no representan el sentir y la actuación d este cuerpo nacional”, añadió el titular del MIJ. Pero no hubo castigo para esos funcionarios. Tampoco se revelaron sus identidades.

Los más de cuatro meses de protestas en Venezuela visibilizaron las conductas delictivas de los cuerpos de seguridad del Estado. La Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y las policías regionales hicieron uso exacerbado de su fuerza contra los manifestantes a lo largo y ancho del país. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo denunció como un maltrato cometido “de forma sistemática y generalizado”. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos presentó un informe preliminar en agosto en el que responsabilizaba directamente a la GNB, PNB y funcionarios de policías locales por los desmanes cometidos.

Las alertas internacionales se prendieron desde finales de abril, cuando la calle estaba caliente y los ánimos caldeados. El Alto Comisionado de los Derechos Humanos ya había pedido al gobierno venezolano aceptar la solicitud de visita al país para constar los hechos violentos que se gestaban progresivamente. Entre abril y julio se generó un saldo de 152 muertes extraoficiales con un variopinto abanico de victimarios: 20 funcionarios de la guardia, 11 policías regionales y 4 PNB dejaron a un lado la ley para reprimir al punto de asesinar. Solo existen 15 imputados del total de muertes. El resto está acusado (11), solicitado (5), uno muerto y 120 perpetradores con estatus desconocido.

Robados y allanados

Las protestas de 2017 no fueron el único escenario para el despliegue de malas conductas policiales y militares. Los trancazos y paros cívicos no estuvieron exentos de irregularidades. Victoria Guevara, de 22 años, se encontraba en la urbanización Terrazas del Ávila, al este de la ciudad, con la Unidad de Primeros Auxilios de la Universidad Metropolitana, conocida como UPA-Naranja cuando los perdigones arreciaron como granizo contra ellos. Eran cerca de las 6 de la tarde del 4 de julio. Ya la ciudadanía había destrancado sus calles. Guevara estaba allí como coordinadora de la agrupación universitaria. Su voz de mando llamó al equipo de 15 personas a mantenerse agachados con las manos al aire ante la llegada violenta de la Guardia Nacional, justo cuando se retiraban del sitio y se dirigían a su casa de estudios. Pasaron dos ballenas frente a ellos y unos ocho militares los miraron con desdén.

“¡Somos Primeros Auxilios!”, gritó la joven. La aclaratoria no bastó para el superior de la unidad que ordenó una inspección, incluyendo un tanteo físico a todos los presentes. No había guardias mujeres. “Básicamente nos manosearon”, relata Guevara, y continúa: “La instrucción era revisar, pero lo que hicieron fue robar”. Les despojaron seis celulares, cuatro máscaras antigases, tres torniquetes y algunas cremas, que metieron en un bolso, también hurtado, mientras les gritaban insultos como “cruces de mierda” y “guarimberos terroristas”.

Además, destruyeron en su cara las donaciones nacionales e internacionales con las que curaban a los heridos. “Se perdieron agentes hemostáticos y compresivas. Nuestras cremas antibióticas, que tenemos por donaciones, las pisaban. Los paquetes de gasas los abrían y tiraban al suelo”. Victoria sintió que esos 20 minutos eran una eternidad, con pérdidas irreparables. “Muchas cosas venían de afuera, y son cada vez más complicadas de traer, aunque de algunas sí teníamos repuesto. Tuvimos que hacer potazo para reponer las máscaras que nos robaron y dos nos las regalaron, menos mal”. La indignación aún se cuela en su hablar rápido.

“Allanamientos” sin orden judicial a urbanizaciones ocurrieron en diversas zonas de Caracas como El Paraíso, El Valle y La Candelaria, dejando daños materiales en muchas ocasiones irreparables, sin responsables visibles que pagaran por las violaciones a la propiedad privada. Más leña para el fuego. También, como en Caricuao, La California y La Urbina, quedaron portones derribados por tanquetas. Lo mismo ocurrió en urbanizaciones de Cabudare y Barquisimeto. Se prometieron castigos, se anunciaron detenciones y culpables, pero se impuso la impunidad.

De acuerdo con el criminólogo Luis Izquiel, la desviación de conducta en cuerpos policiales es un fenómeno venezolano que se acentuó durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Es una situación que Tareck El Aissami reconoció cuando estaba a la cabeza del despacho de Interior y Justicia. “Del total de delitos registrados nacionalmente, entre 15 y 20 son cometidos por funcionarios policiales, sobre todo los delitos que comportan más violencia, como son los homicidios y secuestros”, declaró en 2009. Cifras como aquella son invisibles en la actualidad. No hay organismo público que especifique cuántos ni cuáles crímenes comenten los funcionarios de seguridad del país al año. De acuerdo con los cálculos de Mármol García, 80% de los venezolanos no denuncian los delitos de extorsión y secuestro por la falta de confianza en los entes competentes. “Mucho menos lo harán si los comete un uniformado”, advierte. El profesor de la Universidad Santa María (USM) esclarece que el policía que se desapega de la ley “es más tendente al abuso físico, donde los delitos son contra personas”. cita-robo-1 Papeles, ciudadano

Los puntos de control vial de cualquier policía son percibidos más como caldo de “matraqueos” que como legados de tranquilidad. Igual sucede con las policías estatales y municipales. El criminalista Izquiel atribuye estas conductas al salario “de hambre” que ganan los funcionarios policiales. “No pueden cubrir canasta con su sueldo y es muy difícil atraer personal idóneo, aunado a que los funcionarios bien preparados han abandonado sus cargos por esta misma razón”, aclara. A su vez, señala que los mecanismos de depuración de los cuerpos policiales no son eficientes.

Los instalados por la Guardia Nacional son peores. De reciente data, sirven como escenario de violaciones, como la revisión de celulares personales, escrutinio de vehículos –sin orden judicial, como manda la ley– y “cacheos” que llegan a lo más íntimo de las personas convertidas en víctimas. Aún causan sorpresa, y denuncias, en los afectados. “El matraqueo” verde oliva se va naturalizando. “El control de la sociedad por parte de los militares va avanzando cada día más. Las alcabalas son un episodio más”, lamenta Izquiel.

Luego de la muerte de los hermanos Faddoul, secuestrados en 2006, el Ministerio de Interior y Justicia emitió una resolución aún vigente en la que especificaba las características que deben tener estos puntos de control callejeros: presencia de un cartel móvil con el logotipo de identificación del órgano o cuerpo de seguridad actuante que prevenga a la ciudadanía de la existencia de una próxima alcabala y la previa y plena identificación, con respectivas insignias y cascos numerados, por ejemplo. “Es letra muerta”, condena Izquiel.

 

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