elecciones7Oenbilbao

Punto de encuentro de Venezolanos votantes en Bilbao

Archivos por Etiqueta: Victimas

Venezuela security operations leave over 1,300 dead in five months, U.N. rights office says by Brian Ellsworth – Reuters – 6 de Julio 2020

CARACAS (Reuters) – Venezuelan security operations killed at least 1,324 people in the first five months of 2020, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights said on Thursday.

Michelle Bachelet, who presented a 17-page report on Venezuela in Geneva, said “I am still concerned about the high numbers of deaths of young people by security forces,” referring to people who were said to have died while resisting authorities.

Venezuela’s official figures show 6,710 homicides in 2019 and 1,363 between January and May of this year.

Those figures “do not include violent deaths in the context of security operations classified as ‘resistance to the authority,’” said Bachelet, a former president of Chile.

Of the deaths in security operations in 2020, at least 432 were attributed to police special forces unit FAES, 366 to the investigative police known as CICPC, 136 to the National Guard and 124 to the police of Zulia state, the report said.

Jorge Valero, Venezuela’s ambassador to the United Nations Office and other international organizations in Geneva, said the report was based on “unfounded questioning” meant to “fuel the agenda of aggression that is unfolding against Venezuela.”

Valero said that Venezuela in August will receive Alena Douhan, the Office’s Special Rapporteur on “the negative impact of the unilateral coercive measures on the enjoyment of human rights,” who focuses on the impact of sanctions.

The United States maintains a broad sanctions program against Venezuela in efforts to force the resignation of President Nicolas Maduro, which ruling Socialist Party officials blame for the South American country’s economic collapse.

Walewska Pérez: “La burla, la impunidad, me han llevado a la desesperación” por Milagros Socorro – La Gran Aldea – 2 de Julio 2020

Screen Shot 2020-07-04 at 9.10.18 PM

A un año de la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo, fallecido mientras se encontraba detenido por la DGCIM, su esposa enfrenta las secuelas traumáticas de sus hijos, así como su desasosiego por los detalles que ha ido conociendo y la falta de justicia ante este crimen. “A veces pienso que a nadie le importa lo que estamos padeciendo los venezolanos”.

Está peor. Puede decirse que, a un año del asesinato de su esposo, la maestra de preescolar Walewska Pérez, está más desolada y ansiosa que el 29 de junio de 2019, cuando le confirmaron que el capitán de Fragata (retirado) Rafael Acosta Arévalo había muerto. Ese día, aunque ya tenía una semana casi sin dormir, abismada ante las informaciones que le llegaban, según las cuales su marido estaba siendo sometido a crueldades difíciles de concebir, ella se veía muy triste, pero a la vez firme y decidida. Esto lo sabemos por la entrevista que le hizo Idania Chirinos, a escasas horas de confirmado el asesinato.

Doce meses después, Walewska Pérez difundió una carta pública donde recordaba los pormenores del secuestro y asesinato de su esposo, la retención por doce días del cadáver, la inhumación controlada, el “juicio” donde condenaron a dos funcionarios de la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar), por “homicidio preterintencional”, esto, que lo mataron sin querer; y concluía pidiendo justicia para el crimen del capitán Acosta Arévalo y para “los más de 420 presos políticos, militares y civiles que aún están siendo torturados en manos del narcorrégimen”.

El comunicado es duro, pero al comentarlo con ella por teléfono, aunque repite los datos, su voz evidencia un gran agotamiento y un dolor que no ha hecho sino crecer.

-He envejecido mucho -dice Walewska Pérez-. He perdido peso y sé que no tengo brillo en los ojos. No puedo sonreír, no me sale. Casi no duermo. Me levanto de la cama a medianoche y camino sin hacer ruido, para no despertar a mis hijos ni causarles más traumas. Vienen a mi mente las escenas más pavorosas. Mis abogados me lo dijeron, porque yo les pedí que lo hicieran. Y luego leí el informe de la autopsia que salió en la prensa. Lo llevaron a una casa de torturas que tiene la dictadura en Miranda, lo desnudaron y lo colgaron de un árbol; le disparaban cerca de los oídos para reventarle los tímpanos; le pusieron una carpeta con tirro alrededor de los ojos; lo golpearon con tablas en todo el cuerpo; lo metían en un cuarto helado y le echaban agua helada; le daban latigazos; le ponían bolsas en la cabeza; le metían la cabeza en tobos; le hicieron cortaduras en las plantas de los pies; le metieron electricidad en los testículos,… Participaban muchos, me dijeron, porque el método de ellos es no dejar descansar a la víctima. Cuando quedaba inconsciente, lo reanimaban. Le tomaban fotos. Alguien tiene las fotos de mi esposo siendo martirizado. Trato de no pensar en eso, pero no puedo.

Iríamos a Egipto

Nacida en Maracayestado Aragua, en 1977, Walewska Eleanor es la mayor de dos hermanas. Su padre emigró de TenerifeIslas Canarias, a Venezuela cuando era un niño y aún menor de edad empezó a trabajar en diversos empleos hasta que ingresó a Philips de Venezuela, donde progresó hasta ser gerente. No puede decirse que haya dejado la compañía ni que se jubiló, porque el hecho es que la empresa tuvo que irse del país. “Le pegó mucho el cierre de la empresa”, dice Walewska. Y su madre, proveniente de familia muy humilde, es una docente que se desempeñó en el aula hasta que tuvo a su primera hija. Fue ella quien le puso su nombre. “A mi mamá le gusta la historia de Napoleón. Convencida de que su primogénito sería un varón, cuando se encontró con que no era así, me puso el primer nombre que se le vino a la mente, el de la aristócrata polaca que fue amante del emperador”.

Walewska conoció a Acosta Arévalo cuando ella tenía 17 años y él 25, y ya era un oficial de la Armada. “Al principio lo vi poco, porque él estaba en la frontera. A pesar de su juventud, ya era el hombre serio y reservado que siempre fue. Era muy ordenado y pulcro, tanto en su trabajo como en su vida personal. Participó mucho en la crianza de los dos niños. En las primeras semanas, si los bebés lloraban durante la noche, él los cargaba, los cambiaba, les daba los teteros. Cuando crecieron, los llevaba al deporte. Era muy afectuoso, no con palabras, sino con hechos. No era hombre de ponerse bravo, su manera de resolver los conflictos era conversar. Jamás fue hombre violento. Leía mucho. Le gustaba la historia de la Antigüedad, sobre todo la de Egipto. Solía pedirle a Dios que pudiéramos ir a conocer Egipto”.

Al preguntarle por su propia infancia, Walewska dice, siempre con voz mustia, que nunca les faltó nada. “Fuimos a colegios privados. Nunca fuimos caprichosas. Mi mamá nos enseño a hacer méritos para ganar lo que queríamos”. Se graduó de licenciada en Educación Preescolar en la UPEL, en Maracay.

Alguien lo traicionó

Rafael Acosta Arévalo pidió la baja en 2006, “porque no estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo”. Estaba residenciado en Colombia con su esposa e hijos; y decidió viajar a Venezuela, según dice su viuda, “para renovar los pasaportes y hacer otras diligencias. Había cumplido 50 años el 17 de junio y el 21 de ese mes fue detenido, sin orden judicial, en Guatireestado Miranda.

-Él no tenía miedo -dice Walewska-. Decía que todos nacemos para morir. De hecho, mientras estuvo activo, le explotó una granada en la pierna y tuvo un accidente de buceo en la Base Naval de Turiamo, de donde lo sacaron inconsciente en helicóptero. Estaba acostumbrado al peligro. Y, de seguro, jamás pensó que un compañero podría traicionarlo. A él lo vendió un “amigo”, que lo envió a una muerte terrible por congraciarse con el régimen y obtener quién sabe qué…

Al preguntarle si ella estaba al tanto de las actividades conspirativas en las que Acosta Arévalo podría haber estado involucrado, ella asegura que jamás oyó nada que le hiciera pensar en eso. “De todas formas”, -dice Walewska-, “después de su asesinato, yo me aislé porque no quería perjudicar a nadie”.

Mami, yo vi la cara del asesino

Las últimas palabras de Acosta Arévalo en su agonía fue una sola: ‘Auxilio’. Lo habían secuestrado el 21 de junio y lo mantuvieron en la cámara de tortura durante una semana, al cabo de la cual fue trasladado por una comisión del DGCIM a la sede del tribunal militar para su audiencia de presentación. Era un guiñapo. Incapaz de tenerse en pie, lo llevaron en silla de ruedas. Mostraba signos de desorientación, sangre en las uñas, la nariz fracturada y escoriaciones en los brazos, que era lo que se le veía. Los funcionarios de la DGCIM no lo dejaron hablar en privado con sus abogados, otra crueldad innecesaria, puesto que el reo apenas si pudo rogarle ayuda a su representante legal. Al verlo en semejante estado, el juez le preguntó si había sido torturado, a lo que el capitán asintió con la cabeza, y ordenó que lo llevaran al hospital, donde murió en la madrugada del 29 de junio.

-Mi hijo está muy afectado. Perdió interés en los deportes, bajó las calificaciones escolares. Ya tiene 13 años. Me resulta imposible impedir que vea en Internet los detalles del secuestro y muerte de su padre. Hace poco me dijo que había soñado con su papá. Que lo tenían amarrado en una silla y lo estaban electrocutando; que, aunque tenía la boca tapada, se oían sus gritos. “Mamá”, me dijo, “yo le vi la cara a quienes lo estaban torturando. Estaban vestidos de militar. Vamos a meternos en Internet para enseñarte quién lo mató, porque yo tengo su cara aquí, en mi cabeza”.

La viuda llora su congoja y la de la familia. “Mis suegros se deprimieron muchísimo. A mis padres los han estado intimidando. Mi hijo pequeño pregunta mucho por su papá. Pregunta que si su papá no le ha enviado un mensaje de voz, “porque él se llevó su teléfono”. Rezo para que nunca se le olvide la cara de su papá, la voz”.

-Yo sé que nada me lo va a devolver, pero es muy importante para mí que se haga justicia. La burla, la impunidad, me han llevado a la desesperación. La señora Bachelet estaba en Caracas cuando a él lo mataron, por qué no lo impidió… A veces pienso que a nadie le importa lo que estamos padeciendo los venezolanos. Pero, ni siquiera en mis momentos de mayor rabia, le he reprochado por qué se fue a Venezuelapor qué marchó a la muerte. Todos cometemos errores. Cómo voy a pelear, ni siquiera en mi mente, con un hombre tan generoso.

Muerte de George Floyd: cuáles son los países de América Latina en los que la policía más mata por Arturo Wallace – BBC News – 15 de Junio 2020

Policía de Ciudad de México
El caso de México es emblemático de la cada vez mayor militarización de la seguridad pública.

La muerte de George Floyd ha renovado las demandas para una reforma policial en Estados Unidos, pero si hay un lugar donde ese debate es aún más urgente es América Latina.

Después de todo, a la región no solo la distingue el poco honroso título de ser la más violenta del mundo: en la misma también operan las fuerzas de policía más letales del planeta.

“De 0 a 10, la gravedad del problema es 20”, le dice a BBC Mundo Ignacio Cano, del Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro.

“Es un problema estructural, que se ha venido agravando en los últimos años, y que afecta a gobiernos de todo signo ideológico”, destaca.

Efectivamente, en números absolutos la policía que más mata en la región -y en el mundo- es la de Brasil: 6.220 víctimas fatales en 2018, por las 998 de EE.UU.

Policías en BrasilEn números absolutos ninguna policía mata más que la de Brasil: 6.220 víctimas en 2018.

Pero, en términos proporcionales, el título es para la de Venezuela, la que con 4.998 víctimas en 2017 tuvo una tasa de mortalidad de 15,9, por cada 100.000 habitantes.

Esta tasa es muy superior a la de 6,18 por 100.000 de la policía de El Salvador y la de 2,3 registrada por la policía brasileña ese mismo año, según los datos del Monitor de Fuerza Letal.

Y según esta iniciativa, que da seguimiento a las muertes de civiles a manos de las fuerzas de seguridad en la región latinoamericana, ese no es lo único que distingue a la policía venezolana.

Parte del problema

Las fuerzas del orden bolivarianas también lideran a la región en número de civiles muertos por cada 1.000 agentes, casi triplicando la letalidad de los policías de El Salvador: 28,6 vs. 9,9.

Pero, sobre todo, también son responsables de un altísimo porcentaje de todos los homicidios que se cometen el país: 25,8%, es decir, uno de cada cuatro.

Insignia de las Fuerzas de Acciones Especiales de Venezuela.En muchos países el objetivo de las fuerzas del orden es “eliminar al enemigo”.

En contraste, con 407 víctimas a su nombre en 2017 la policía de El Salvador fue responsable del 10,3% de todos los homicidios registrados ese año en el país centroamericano.

A la de Brasil, por su parte, se le imputaron el 7,3% de todos los homicidios de 2017, lo que también la convierte en parte del problema,

Según las estimaciones del Foro Brasileño de Seguridad Pública, sin embargo, el porcentaje de homicidios atribuibles a la policía brasileña aumentó al 10,8% un año más tarde.

Pero todavía está por verse el impacto que tendrá en las cifras de El Salvador la autorización expresa para el uso de la fuerza letal contra de las maras dada por el presidente Nayib Bukele en abril de este año.

Y, como advierte Cano, la falta de información oficial confiable dificulta las comparaciones entre países.

Policías en El SalvadorLa policía de El Salvador tiene permiso para usar la fuerza letal en contra de las maras.

El problema claramente es menor en Chile, Uruguay y los países andinos, donde no se ha constatado una tendencia al uso excesivo de la fuerza”, le dice a BBC Mundo.

“Pero en el resto del continente es un problema y en algunos países es un problema extremadamente grave”, destaca.

México y Colombia

De hecho, en su primer informe, publicado el año pasado, el Monitor de Fuerza Letal también incluyó los casos de Colombia y México.

Policía en HondurasLas fuerzas de policía que más matan en el mundo están en América Latina.

“Pero tenemos serias dudas sobre los datos de Colombia. Y México simplemente no da los datos“, afirma Cano.

Lo mismo dice su colega en el Monitor de Fuerza Letal Catalina Pérez Correa, quien lleva años estudiando el problema en México.

“¡Tuvimos menos datos oficiales que en Venezuela!”, afirma la investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE.

“Incluso con Lopez Obrador no hay forma de creerle a las cifras”, le dice a BBC Mundo, en referencia a los datos facilitados durante el proceso de conformación de la Guardia Nacional, a menudo contradictorios.

México y Colombia, sin embargo, no se podían quedar fuera porque son emblemáticos de una tendencia creciente en la región latinoamericana: una militarización cada vez mayor de la seguridad pública.

En el caso de Colombia, el proceso podría estar revirtiéndose como resultado del proceso de paz, pero el Ejército todavía es responsable de buena parte de las muertes atribuidas a la fuerza pública: 72 contra 97 a manos de la policía en 2017.

Pero tanto el total -169 muertos, equivalente al 1,5% de todos los homicidios del país, según las cifras oficiales compiladas por el Monitor de Fuerza Letal- como la participación de las fuerzas armadas en el mismo dan cuenta de una reducción con respecto a los dos años anteriores.

Policías colombianasSegún el Monitor de la fuerza Letal, la policía colombiana fue responsable de 97 muertes en 2017.

En México, por su parte, la mayor parte de las muertes siguen involucrando a efectivos de las fuerzas armadas, como la Marina y el Ejército.

En 2017 estas sumaron 226 de las 371 muertes imputables a la fuerza pública contabilizadas por el Monitor de Fuerza Letal a partir de los reportes de prensa (incluyendo operaciones conjuntas con la policía).

Y aunque esas 371 muertes equivalen al 1,2% de los homicidios totales, Pérez Navarro advierte que la cifra real seguramente es varias veces mayor, pues la prensa solamente reporta una pequeña fracción de este tipo de incidentes.

“Los datos de México son tan pobres que no nos atrevimos a compararlo con ningún otro país, porque los otros países tienen datos oficiales y nosotros no”, explica la investigadora del CIDE.

“Pero si yo tuviera que dar una cifra, yo me imagino que (como porcentaje del total de homicidios del país) México estaría más cercano a Brasil, en el 10%, 9%, o algo así”, le dice a BBC Mundo.

Memorial de víctimas de la guerra contra las drogasLa guerra contra las drogas ha dejado numerosos muertos en México.

La experta reconoce que, aunque aparentemente hubo una reducción al inicio del gobierno de López Obrador, todo apunta a que los números están subiendo de nuevo.

“No solo se ha vuelto bastante común un problema que antes era bastante frecuente, sino que además empezó a tener más aceptación social“, dice Pérez Navarro del caso mexicano.

Apoyo social

Este fenómeno, sin embargo, no es exclusivo de México. Y esa aceptación social también ayuda a explicar los elevados niveles de uso de la fuerza letal en la región latinoamericana.

“Las sociedades latinoamericanas en buena parte tienden a apoyar soluciones extralegales, en función de los altos niveles de violencia y de percepción de inseguridad que existen”, explica Cano.

“Entonces hay una legitimación social del abuso policial, una retórica de la guerra contra el crimen y una militarización de la seguridad pública que contribuyen a que la policía mate mucho y mate de manera desproporcional”, le dice a BBC Mundo.

Soldados colombianos en labores de seguridad.La participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública a menudo se traduce en más muertes.

Pero, ¿no se pueden explicar estas muertes como una consecuencia casi inevitable de operar en la región más violenta del planeta? ¿Qué otra opción les queda a los agentes del orden enfrentados a bandas criminales con un alto poder de fuego?

“La legítima defensa no está en cuestión, evidentemente nadie discute el derecho a defensa que es un derecho no solo de los policías, sino de los ciudadanos”, explica Cano.

“Pero los niveles de letalidad en muchos países son muy superiores a lo que cabría esperar incluso con el nivel de violencia que existe”, insiste.

Y como ejemplo el investigador español ofrece la relación entre muertos y heridos.

“Si hay mucha violencia, como pasa en las guerras, habría muchos muertos pero habría muchos más heridos. No fue eso lo que encontramos. Si hay mucha violencia encontraríamos algunos muertos, por lo menos, del lado de la policía y más muertos del otro lado. Pero el desequilibrio es gigantesco, muchas veces de más de 10 a uno“, destaca.

Policía comunitaria en MéxicoLas cifras de uso de la fuerza letal sugieren un uso desmedido de este recurso.

“Claro que somos una región muy violenta, claro que en algunas circunstancias la policía va a tener que usar la fuerza letal para defenderse, pero estamos ante un fenómeno que va mucho más allá de eso”, le dice a BBC Mundo.

“Lo que vemos es cacería a los criminosos, ejecuciones de personas que han sido detenidas. En muchos casos no se trata de defenderse, sino de eliminar al enemigo”, afirma.

Y eso, advierte Cano, solamente aumenta el riesgo para los policías.

“Si el criminal o el sospechosos sabe que la policía lo va a matar, no tiene nada que perder y él también va a intentar matar al policía“, explica.

“La policía que mata demasiado se coloca a ella misma en riesgo”, insiste.

Reformas necesarias

La necesidad de defenderse sigue siendo una de las principales justificaciones de las fuerzas de policía confrontadas con denuncias de abuso sistemático en el uso de la fuerza letal.

Pero para Nathalie Alvarado, coordinadora del área de seguridad ciudadana y justicia del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, lo ocurrido en EE.UU. está abriendo una oportunidad para que las agencias policiales latinoamericanas vean las cosas de otra manera.

Entierro de un policía militar en Honduras
Las policías que más matan también son las que más víctimas tienen.

“El gran mensaje para los gobiernos y las policías de América Latina es que hay que hacer reformas y que hay que hacerlas bien”, valora.

“Eso es lo que yo he estado escuchando de mis contrapartes policiales en América Latina”, le dice a BBC Mundo.

Por un lado, al no ser los sujetos directos de la crítica, las policías de la región tienen menos incentivos para ponerse a la defensiva, explica.

Pero además, la evidencia de la cada vez mayor desconexión entre las policías y las sociedades en las que sirven es abundante.

Por ejemplo, según Latinobarómetro, prácticamente siete de cada 10 latinoamericanos no confía en la policía.

Y los países donde peor marca la institución, según esa encuesta, son precisamente Venezuela y México, seguidos no muy de lejos por El Salvador.

Policías en México
La mayoría de los latinoamericanos no confía en la policia.

La necesidad de cambio, sin embargo, no existe solo en los países peor calificados: en Chile, donde en 2018 casi cinco de cada 10 chilenos decían tener confianza en la institución, su manejo de las protestas puso en evidencia déficits importantes.

“He conversado con varias de mis contrapartes policiales y veo que eso ha sido para ellos una alerta, una apertura de ojos, para por lo menos empezar a cuestionar. Algo cambió“, afirma sin embargo Alvarado.

Y como evidencia de que las cosas pueden cambiar todavía más ofrece el caso de Honduras, para el BID la más clara historia de éxito de las reformas policiales que la institución ha apoyado en América Latina.

Honduras, ¿a contracorriente?

Los 37 muertos a manos de las fuerzas de seguridad reportados en 2019 por el Observatorio Nacional de la Violencia, adscrito a la Universidad Nacional de Honduras, contrastan notablemente con la cifra 11 veces mayor de sus contrapartes salvadoreñas.

Esto, a pesar de que los dos países centroamericanos tienen problemas de seguridad bastante similares, incluida la presencia de las maras o pandillas y el hecho de ser ruta del narcotráfico.

Policía hondureñoSegún las cifras oficiales, la policía hondureña ha reducido significativamente el uso de la fuerza letal.

Luego de haberle arrebatado a El Salvador el poco honroso título de país más violento del mundo, sin embargo, las cifras de homicidios en Honduras se han reducido significativamente en los últimos años.

Y el proceso de depuración y profesionalización de la policía -sin duda imperfecto e incompleto, según admisión de los propios involucrados- ayuda a explicar tanto esa caída como la reducción del número de víctimas de las fuerzas del orden.

“En el pasado reciente tuvimos algunos casos emblemáticos, que de hecho fueron el detonante para que iniciaran profundos procesos de reforma”, reconoce el comisionado Gerzon Velásquez de la Policía Nacional de Honduras.

“Es una realidad de la que no nos podemos abstraer. Eso ha sido parte de nuestros orígenes“, le dice a BBC Mundo.

Policía en Honduras
Un caso de uso de fuerza letal en 2012 fue del detonante de las reformas policiales en Honduras.

Como ejemplo de esos casos emblemáticos el funcionario policial hondureño destaca la muerte a manos de la policía del joven Rafael Vargas Castellanos, en 2012.

El universitario, de 22 años, era el hijo menor de la entonces rectora de la Universidad Nacional, Julieta Castellanos.

Y el escándalo causado por su muerte y posterior intento de encubrimiento, le dio un impulso definitivo a los intentos de reforma policial, que se saldó con la salida de más de 6.000 efectivos, la institucionalización de una carrera policial y la creación de una academia de policía, entre otras medidas.

“Esto a nosotros nos marcó, sirvió como un parteaguas entre lo que la sociedad exigía de su policía y lo que los policías pensábamos que estábamos haciendo”, explica Velásquez.

“El proceso que iniciamos en 2012 -que es un proceso inacabado pero en el que ya han habido avances significativos- nos ha permitido lidiar con ciertas situaciones que históricamente habían sido un problema”, afirma.

Policías disparan contra manifestantes en HondurasPoco a poco, y en condiciones difíciles, la policía hondureña ha ido mejorando su imagen.

El comisionado reconoce que no todo es perfecto. Y en un país como Honduras procesos de este tipo siempre se enfrentan a dificultades adicionales.

En los últimos años varios excomandantes de policía han sido acusados y detenidos por vínculos con el narcotráfico, mientras que el golpe de Estado de 2009 y las acusaciones de fraude durante las elecciones de 2018 también colocaron a la institución en una posición difícil.

Y el elevadísimo número de homicidios que nunca se esclarecen en Honduras también podría estar ocultado casos imputables a miembros de las fuerzas de seguridad.

“El tema de la delincuencia y de la criminalidad en la región a veces nos supera, y cuando eso sucede ocurren este tipo de desafueros”, reconoce el comisionado Velásquez.

“Pero los homicidios o asesinatos de las fuerzas policiales no han sido sistemáticos, sino eventos aislados que denotan falta de profesionalismo, falta de preparación o tal vez vinculación de algunos elementos con actividades no licitas, pero no ha sido una política institucional“, le dice a BBC Mundo.

Y las cifras hondureñas ya también contrastan significativamente con las de Nicaragua, durante años considerado el país más seguro de la región centroamericana, pero donde, según Cano, “existe la sensación que la policía cambió bastante su perfil” luego de las protestas de abril de 2018.

Cumplir la ley

Honduras y Nicaragua son, en cualquier caso, uno de los países que el Monitor de la Fuerza Letal tiene planeado incluir en próximas ediciones de su informe.

Y la idea, explican Cano y Pérez Navarro, es eventualmente incluirlos a todos, pues el seguimiento al tema del uso de la fuerza letal no debe ser asunto exclusivo de los países donde el problema es más grave.

Policía brasileñoEl Monitor de Fuerza Letal quiere incluir a cada vez más países en su monitoreo.

“El policía tiene que usar el arma como un instrumento de defensa, nunca de ataque, y solo puede disparar cuando su vida o la de otra persona está en peligro”, recuerda Cano.

“Y la ley se debe cumplir con todo el mundo, con los inocentes, con los menos inocentes, con los sospechosos y los culpables”, afirma.

Claramente, ese no es todavía el caso en la mayor parte de América Latina.

Oficialismo anuncia 131 casos nuevos de covid-19 y el total alcanza los 749 contagios – TalCual – 19 de Mayo 2020

covid-19

En apenas cuatro días, se han registrado 290 casos de covid-19, el 63% de la cantidad que había acumulado Venezuela a lo largo de dos meses, entre el 13 de marzo y el 15 de mayo


El vicepresidente de Información del chavismo, Jorge Rodríguez, informó este martes 19 de mayo que, en las últimas 24 horas, se detectaron 131 nuevos pacientes positivos de covid-19, lo que eleva el total de casos en el país a 749.

Mapa Mayo 19

Screen Shot 2020-05-20 at 2.03.46 PM

Rodríguez dividió los casos nuevos en dos grupos: 21 contagios locales y 110 de personas que se encontraban en el exterior y regresaron al país. De este segundo grupo, 81 provienen de Colombia, 23 de Brasil y seis de Ecuador.

De esta forma, Venezuela ha visto crecer su número de casos exponencialmente desde el pasado sábado 16 de mayo. En apenas cuatro días, se han registrado 290 casos, el 63% de la cantidad que había acumulado Venezuela a lo largo de dos meses, entre el 13 de marzo y el 15 de mayo.

Según Rodríguez, este incremento se debe a los contagios de personas que regresan al país, por lo tanto hizo énfasis en que Nicolás Maduro tomó medidas para reforzar la frontera con «verdaderos cordones sanitarios». Entre las decisiones, anunció un toque de queda en todos los municipios en los que están desplegados los puestos fronterizos en los cuales reciben migrantes venezolanos.

Además del estado Táchira, y el municipio Páez de Apure, localidades en las que ya se decretó toque de queda, la medida se extenderá ahora a los municipios Guajira y José María Semprún de Zulia, y el municipio Gran Sabana de Bolívar.

El funcionario hizo énfasis en que no se aceptaría el ingreso al país de ningún venezolano que no fuese atendido por las autoridades sanitarias en los puestos fronterizos y se sometiera a las pruebas de despistaje correspondientes.

«Nadie entra a Venezuela si no es atendido por autoridades sanitarias y se le hacen las pruebas respectivas», insistió Rodríguez.

Protocolos contradictorios

El también ministro de comunicación indicó que se «modificarían» los protocolos aplicados al momento de recibir repatriados en la frontera venezolana, con la finalidad de establecer mecanismos de control más rígidos que eviten la propagación del virus en el país.

En este sentido, detalló que todos los repatriados serían sometidos a una cuarentena de 14 días en la frontera y, de presentar resultados negativos a las pruebas, se les trasladaría a sus estados de origen para establecer un segundo período de aislamiento también de dos semanas.

El problema es que era justamente este el protocolo que el oficialismo decía practicar desde que inició el proceso de repatriación de venezolanos, que según cifras del oficialismo, ya alcanza los 43.089 connacionales. Incluso Maduro, hace apenas una semana, precisó que se utilizaba esta exacta metodología.

«Los recibimos, les hacemos la prueba al llegar. A los 14 días les hacemos las pruebas, si están negativos los llevamos hasta sus casas. Al llegar al estado son recibidos y se les vuelve a hacer la prueba, y hacen otra cuarentena», destacaba el mandatario chavista el 13 de mayo.

Lupa a los casos

Rodríguez ofreció descripción y detalles solo de los casos comunitarios, lo que parece convertirse en una tendencia en los reportes diarios de covid-19 ante el abrupto incremento de reportes desde la frontera.

En esta jornada, resaltó que de los 21 contagios locales, 16 fueron comunitarios y cinco correspondieron a contacto con personas que regresaron a Venezuela desde otros países.

El funcionario refirió que se detectó un pequeño foco en Apure, con seis casos detectados en el estado fronterizo, cuatro de ellos provenientes de miembros de la misión médica cubana. Otra tendencia importante se presentó en Mérida, con tres enfermeras infectadas.

En el caso de las personas que tuvieron contacto con viajeros, se registran tres niños, de 2, 11 y 13 años, respectivamente. Todos estuvieron cerca de una persona que regresó desde Colombia. También reportó dos positivos más en Lara de trabajadores sanitarios, una pediatra de un centro centinela y un miembro de los puestos fronterizos que atienden a repatriados.

Rodríguez resaltó que en este momento hay 486 casos activos, de los cuales 215 se encuentran en hospitales centinelas, 256 en centros de diagnóstico integral y 15 en clínicas privadas. Por otra parte asegura que hay 253 pacientes recuperados y que la cifra de fallecidos se mantiene en 10.

No obstante, el pasado lunes 18 de mayo, el diputado José Manuel Olivares denunció que el oficialismo no ha revelado la muerte de al menos cuatro personas que habrían sido víctimas de la covid-19, según información que obtuvo de los centros hospitalarios en los que recibían atención médica.

Por el contrario, el funcionario chavista indica que una enorme mayoría de los contagiados, 383 personas, se encuentran asintomáticos. Además, 99 presentan síntomas leves, dos complicaciones respiratorias moderadas y otros dos reciben cuidados intensivos.

 

Las dramáticas fotos de la masacre del régimen de Maduro en la cárcel de Guanare donde asesinaron a 47 presos – Infobae – 2 de Mayo 2020

El régimen de Maduro difundió que se trató de un intento de fuga masivo pero en realidad proliferan las denuncias de que fueron brutalmente reprimidos por exigir el ingreso de alimentos.

IMÁGENES PERTURBADORAS

El régimen informó que hay por lo menos 75 heridos aunque no se detalló su estado (Fotos: Infobae)El régimen informó que hay por lo menos 75 heridos aunque no se detalló su estado (Fotos: Infobae)

El motín comenzó pasadas las 13.00 hora local (17.00 GMT) de ayer, en el Centro Penitenciario de Los Llanos (Cepello), en Guanare, unos 500 kilómetros al suroeste de la capital venezolana, en el estado de Portuguesa. Hasta el momento se confirmaron 47 presos muertos, pero el número aumentará con el correr de las horas por el alto número de heridos que se ven en las impactantes fotografías del episodio. Hay, además 75 reos heridos y muchos de ellos en grave estado.

El presidente interino Juan Guaidó denunció al régimen chavista por la masacreEl presidente interino Juan Guaidó denunció al régimen chavista por la masacre

El Presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que la masacre sucedió bajo el control y la responsabilidad de la dictadura que dirige Nicolás Maduro. “Mientras sigan usurpando funciones, la vida de todos los venezolanos corre riesgo”, dijo el presidente a través de su cuenta Twitter. “Hoy en Guanare vemos una nueva masacre en las cárceles de nuestro país bajo el control y la responsabilidad de la dictadura”, denunció el mandatario encargado.

Los cuerpos de los presos masacrados apilados en la morgue de PortuguesaLos cuerpos de los presos masacrados apilados en la morgue de Portuguesa

La periodista Rosibel Cristina González señaló que el motín ocurrió en una zona del penal conocida como La Tela, dominada por un líder criminal conocido como “Olivo”.

El Observatorio Venezolano de Prisiones, una ONG que monitoreo el estado de las cárceles en el país, también se refirió a la situación como una “situación irregular”. La directora del observatorio, Carolina Girón, ha pedido una investigación exhaustiva para aclarar lo sucedido, tras una “dudosa” primera versión de las autoridades, por la que los presos intentaron fugarse “a plena luz del día”.

Según la ONG, la cárcel está sobrepoblada: en ella hay recluidos 2.500 presos cuando su capacidad habitual es de 750, y son “víctimas del hacinamiento y la desidia”.

Desde 2013, cuando asumió Iris Varela como ministra de Cárceles del chavismo, se produjeron 12 sanguinarios motinesDesde 2013, cuando asumió Iris Varela como ministra de Cárceles del chavismo, se produjeron 12 sanguinarios motines

La diputada opositora al régimen, María Beatriz Martínez, aseguró que el motín inició por falta de alimentos en el centro penitenciario.

“Se habla de más de 40 muertos y se pretende hacer ver como una fuga frustrada, aunque todo indica q es el resultado de un motín por la prohibición de ingresar a la cárcel los alimentos a los privados de libertad”, denunció la diputada. “Estas imágenes que me hicieron llegar hablan por sí solas del gran número de fallecidos en la cárcel de Guanare”, agregó Martínez.

La diputada de la Asamblea Nacional Delsa Solorzano también condenó lo sucedido. “Lo ocurrido en el centro penitenciario de Guanare, estado Portuguesa, es una muestra más de las incapacidades del régimen. Desde hace meses hemos denunciado las precarias condiciones de los centros de reclusión del país”, ha manifestado en su cuenta de Twitter.

“El hacinamiento en las cárceles, y las precarias condiciones a las que son sometidos los presos en Venezuela, son claras violaciones a sus DDHH, los cuales deben ser garantizados por el Estado bajo cualquier circunstancia”, añadió.

La oposición denuncia que los presos se amotinaron pro falta de alimentos, no porque intentaban fugarseLa oposición denuncia que los presos se amotinaron pro falta de alimentos, no porque intentaban fugarse

Los heridos de mayor gravedad fueron trasladados al hospital Dr. Miguel Oraá, el cual colapsó debido a la gran cantidad de pacientes, mientras que los fallecidos fueron llevados a una morgue improvisada en las proximidades de la cárcel en la localidad de Guanare, estado de Portuguesa, donde serán identificados para, posteriormente, informar a sus familiares.

“El centro está colapsado, los médicos piden ayuda porque no hay suficientes insumos para atenderlos a todos”, escribió la diputada quien acusó: “El colapso del Hospital Miguel Oraa es evidente, las mentiras de su óptima condición para cualquier eventualidad tienen patas cortas… los heridos son atendidos y no cuentan ni con colchones ni con insumos todo hecho por la revolución corrupta y rojita…”, denunció Martínez.

El hospital Dr. Miguel Oraá, donde fueron trasladados los heridos, está colapsadoEl hospital Dr. Miguel Oraá, donde fueron trasladados los heridos, está colapsado

La opositora exigió transparencia en la investigación: “Exigimos la verdad! Basta de asesinatos en total impunidad; demasiadas contradicciones para tratar de encajar la masacre en un intento de fuga…”.

Los médicos piden desesprados insumos porque no tienen con qué tratar a los presos heridosLos médicos piden desesprados insumos porque no tienen con qué tratar a los presos heridos

Durante el enfrentamiento ocurrido en el estado de Portuguesa resultó herido el director del Centro Penitenciario y una teniente de la Guardia Nacional junto con otra cantidad indeterminada de personas que han colapsado los centros médicos de la región.

En el hospital Dr. Miguel Oraá no hay ni colchones. El lugar sufre la misma crisis sanitaria que ocurre en todo el país: sin insumos médicos, agua o electricidad. En el hospital Dr. Miguel Oraá no hay ni colchones. El lugar sufre la misma crisis sanitaria que ocurre en todo el país: sin insumos médicos, agua o electricidad.

Desde que Iris Varela se transformó en la ministra de Prisiones de Venezuela, se produjeron 12 sangrientos motines: en enero 2013, en Uribana-Lara, murieron 63 personas; en septiembre de ese año, en Zulia, 16; en noviembre de 2014, en Uribanam murieron 21 reos; en agosto de 2015, en Carabobo, 16; en marzo de 2016, en Lara, murieron 5; en agsto de 2016, en Amazonas, fallecieron 37 personas; en marzo de 2017, en Guárico, fueorn 15 los muertos; en abril de ese año, en Ayala, murieron 12; en juunio d e2017, en Cumaná, murieron 9; en marzo de 2018, en Carabobo, las víctimas fatales fueron 68; y en mayo de 2019, en portuguesa, los muertos fueron 29.

Un motín en una cárcel de Venezuela deja al menos 46 muertos por Florantonia Singer – El País – 2 de Mayo 2020

El Gobierno de Maduro asegura que se trató de un intento de fuga. Diputados de la región señalan que fue por falta de alimentos

Familiares de presos rezan a las afueras de la cárcel Los Llanos tras el motín. En vídeo, llegada de heridos al hospital y familiares a las afueras del penal. FOTO: REUTERS | VIDEO: AFP/REUTERS

Una refriega de un motín de reclusos en una cárcel del occidente de Venezuela dejó al menos 46 muertos y algunos informes reportan hasta 50 heridos. La ministra de Servicio Penitenciario, Iris Varela, confirmó el hecho sin precisar el número de fallecidos. Aseguró en un medio local que se trató de un intentó de fuga de los reclusos de la llamada cárcel de Los Llanos, ubicada en la ciudad de Guanare, del Estado venezolano de Portuguesa.

La diputada María Beatriz Martínez dijo que los reclusos estaban en la puerta del Centro Penitenciario de Los Llanos, mientras dialogaban con el director del penal y un militar encargado de la seguridad del penal, cuando se registró el motín.

“Extraoficialmente se habla de más de 40 muertos. Y aunque se pretende hacer ver como consecuencia de una fuga frustrada, familiares con los que he hablado dicen que el motín ocurrió por la prohibición de ingresar a la cárcel los alimentos a los privados de libertad. Ellos lo que tienen es hambre”, dijo Martínez.

La diputada contó que los presos tenían una protesta desde temprano e intentaban negociar con las autoridades. En un momento la alteración fue mayor y un grupo intentó romper la cerca y fueron repelidos por las fuerzas de seguridad. Luego hubo dos enfrentamientos armados más entre presos y guardias.

Durante la refriega, los reos usaron armas de fuego y blancas, así como objetos punzantes y una granada. El director de la cárcel, Carlos Toro, resultó gravemente herido de una puñalada en la espalda y la cabeza. Una custodio también resultó herida por esquirlas de una granada lanzada por uno de los reclusos. Los heridos de mayor gravedad fueron trasladados al hospital Dr. Miguel Oraá. En las cercanías de la cárcel se improvisó una morgue para identificar los cadáveres.

Como todas las cárceles de Venezuela, ese penal está en grave hacinamiento. Fue construida para alojar a 750 reclusos y adentro hay más de 2.500 hombres en graves condiciones de salubridad, con casos de enfermedades como tuberculosis, escabiosis y hepatitis, denunció el activista Humberto Prado, comisionado de Juan Guaidó para Derechos Humanos.

La alimentación de la mayoría de los presos en Venezuela está a cargo de sus familiares. Luego de casi 50 días de cuarentena por el coronavirus, en la que se han suspendido las visitas a familiares para evitar contagios, las dificultades de movilidad que hay en el país por la falta de gasolina y las restricciones de circulación de vehículos impuestas por el Gobierno de Nicolás Maduro han complicado aún más la logística de los familiares para atender a los detenidos.

Condiciones para atender Covid-19 en Venezuela – Centro Comunicación Nacional – 27 de Marzo 2020

Gobierno Legítimo presenta 2ndo Boletín de la verdad

En atención de la política de transparencia, nosotros como Gobierno interino y legítimo de Venezuela, nos vemos en la obligación de comunicar al país la verdad ante mentiras del régimen en función del interés nacional.

Desde el principio hemos advertido que una de las claves para combatir el Covid-19 es con información veraz y oportuna.

El día 26 de marzo, falleció el primer venezolano en el estado Aragua a causa de este virus. El régimen de Nicolás Maduro insiste que el paciente perdió la vida por asistir a un centro de salud demasiado tarde y por padecer de otras enfermedades y complicaciones respiratorias.

La única verdad es que la víctima ingresó a una clínica en esa región el día 23 de marzo, padeciendo de una neumonía, producto del Coronavirus. Ese mismo día se le practicaron las pruebas, pero no fue hasta el día 26 de marzo que se obtuvieron los resultados.

Todos los médicos y personal de salud conocen que hoy en día, cualquier caso de neumonía debe ser tratado como un caso de coronavirus, porque es este precisamente el resultado de la complicación del virus, y lo que termina acabando con la vida de los infectados.

Lo más grave es la decisión de la Corporación de Salud del estado Aragua, que obligó el traslado del paciente al Ambulatorio del Norte. Un ambulatorio tipo 2, que no cuenta con personal médico necesario y tampoco cuenta con una unidad de terapia intensiva ni instalaciones médicas eficientes.

Alertamos a la comunidad internacional y a todos los venezolanos, que el régimen toma estas decisiones para hacer propaganda política, defender una ideología política y controlar la información.

Los hospitales centinela donde se concentran 60% de los casos de coronavirus en Venezuela no están en condiciones para atender a los pacientes contagiados por el Covid-19.

Agradecemos a todos los médicos, enfermeras y todo personal de los hospitales, por su incansable trabajo y por seguir atendiendo a los venezolanos a pesar de los riesgos que corren por trabajar sin la protección necesaria. Gracias.

El derecho a la salud de todos los venezolanos incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente. Lo responsable es garantizarle la vida a los venezolanos.

Esta crisis no puede ser superada con falsas realidades, las cifras no deben ser maquilladas, el venezolano merece estar informado, y este es un derecho que no puede ser vulnerado una vez más.

Superar esta pandemia, se trata de salvar vidas. Y hoy, salvar vidas depende de la consciencia, la voluntad política, la solidaridad, empatía y la humildad. Depende de cada uno de nosotros.

¿Desesperación o estrategia? ¿Qué busca Maduro solicitando asistencia al FMI? por Pedro Benítez – ALnavío – 18 de Marzo 2020

Según dos agencias de noticias el Fondo Monetario Internacional (FMI) no habría tardado ni 12 horas en negar la solicitud de 5.000 millones de dólares que Nicolás Maduro le hizo. Una versión proveniente del propio chavismo indica que Maduro ya sabía cuál sería la respuesta pero su intención era política: presentarse ante los venezolanos y el mundo como una víctima a la que el imperialismo no le da tregua ni ante una pandemia. Agitar otra vez la bandera del enemigo externo en medio de la crisis mundial provocada por el coronavirus. No obstante, según varios economistas venezolanos, la realidad es que Maduro se ha quedado sin fichas ante la caída de los precios del petróleo.
Maduro intenta agitar otra vez la bandera del enemigo externo / Foto: Prensa Maduro
Maduro intenta agitar otra vez la bandera del enemigo externo / Foto: Prensa Maduro

Nicolás Maduro ha sido experto en transformar cada crisis en una oportunidad para consolidar su poder. Lo hizo con la espectacular caída de los precios del petróleo entre 2015 y 2017. Luego cuando Venezuela se convirtió en el único caso de un importante exportador de petróleo en caer en hiperinflación en 2018. Y de manera todavía más dramática hace exactamente un año, cuando en marzo de 2019 Venezuela fue el primer país del mundo moderno (fuera de Cuba y Corea del Norteen los años 90) que sólo tuvo servicio eléctrico siete días en todo un mes.

Ningún otro gobernante latinoamericano, en ninguna otra época, ha sobrevivido en el poder a una sucesión de catástrofes similares. Contra todo vaticinio razonable Maduro lo consiguió.

Hasta ahora Maduro y su grupo de civiles y militares han apostado por sobrevivir en medio del caos sin que este los afecte. Hasta ahora han tenido éxito. Hasta ahora. Porque a lo que realmente le temen (es la verdad que esconden) es a que este tipo de situaciones lleven a la pérdida del orden público.

Ahora, siendo Venezuela el país de la región donde (como era previsible) más rápidamente está creciendo el número de casos confirmados por coronavirus (33 en 10 días), pretende repetir exactamente la misma operación.

Trasladar la responsabilidad de las dificultades a otros (el enemigo anterior, el enemigo interior y el enemigo exterior) y aplicar represión a los críticos y descontentos han sido sus tácticas predilectas.

En medio de la crisis mundial provocada por la pandemia lo primero que Maduro vio venir fue la caída de los precios del petróleo. Públicamente advirtió que se aproximaban días duros. Sin financiamiento de sus aliados chinos y rusos, esta coyuntura inesperada tiene un impacto más inmediato y demoledor en las precarias finanzas del régimen chavista que las sanciones norteamericanas que apuestan a un estrangulamiento a mediano plazo.

Maduro lo sabía, pero al mismo tiempo el coronavirus le ha caído como anillo al dedo para tapar un crisis con otra. Otra vieja táctica. Ante la agudización de la escasez de gasolina, porque también hay que importarla para luego regalarla, la pandemia la ha dado la excusa para paralizar el país al imponer en la práctica un estado de sitio.

No se le puede criticar por algo que están haciendo otros países. Pero en el caso concreto de Venezuela es sencillamente imposible mantener confinada a la mayoría de la población en sus hogares por varios días.

Hay que comer. No hay ingresos ni ahorros suficientes. Escasea el agua potable. Y todo eso se resuelve en la calle. El Estado chavista no tiene cómo atender esas necesidades vitales. No dispone ni de subsidios, incentivos fiscales o petros. De paso, según datos aportados por el mismo ministro de Salud de Maduro, en el país no hay siquiera 100 camas para cuidados intensivos.

Si con los mejores sistemas de salud públicos del mundo la situación de Italia y España es terrible ante la pandemia, la de Venezuela es apocalíptica.

El sector público venezolano hace rato colapsó. Más allá de los artificios de la comunicación política está la cruda realidad.

Maduro ha ganado unos días más. Sólo eso. Ha puesto nuevamente a los militares en la primera línea al cerrar las principales ciudades del país. Sin recursos, es lo único que puede hacer. ¿Pero por cuento tiempo?

Más allá de intentar impedir problemas de orden público (algo a lo que le tienen pánico) los uniformados no tienen capacidad para resolver ningún problema concreto importante. Ni los suministros de agua potable y electricidad, ni poner en servicio más camas en los hospitales, ni la falta de gasolina.

Es en este cuadro donde el canciller de Maduro, Jorge Arreaza, difunde por su cuenta de Twitter una solicitud formal al Fondo Monetario Internacional (FMI) de financiamiento de 5.000 millones de dólares con el pretexto de atender la crisis del Covid-19. ¿Desesperación o estrategia?

No es casualidad que esa solicitud de asistencia financiera se haga el mismo día que Irán. Si la tormenta económica está golpeando a las grandes economías del mundo, no podía ser menos para países mucho más vulnerables. Esto, lo sabe Maduro.

Pero como siempre tiene un doble juego, también calcula la previsible reacción del FMI, donde Estados Unidos tiene una influencia decisiva. Esta también es una oportunidad de poner en práctica la estrategia de los maestros cubanos de presentarse como víctimas a las que el imperialismo no les da tregua ni ante una pandemia, algo en lo que la izquierda mundial lo va a acompañar. Su objetivo es ir socavando las sanciones.

El FMI no tardó ni 12 horas en negar la solicitud de Maduro / Foto: FMI

El FMI no tardó ni 12 horas en negar la solicitud de Maduro / Foto: FMI

Sólo que no son estas las que más están perjudicando las finanzas venezolanas, sino la tremenda crisis en la que ha caído el mundo y para la cual (tal como ocurrió en 2014) el régimen chavista no tuvo la previsión de preparar al país.

Hasta ahora Maduro y su grupo de civiles y militares han apostado por sobrevivir en medio del caos sin que este los afecte. Hasta ahora han tenido éxito. Hasta ahora. Porque a lo que realmente le temen (es la verdad que esconden) es a que este tipo de situaciones lleven a la pérdida del orden público.

Por lo tanto sí, Maduro necesita con desesperación recursos para seguir importando gasolina y cajas de CLAP. Pero eso no le impide seguir confiando en su estrategia de intentar convertir cada crisis en su oportunidad. La consigna es resistir sin importar el costo que los demás tengan que pagar.

Las FAES, grupo de exterminio por Miguel Henrique Otero – El Nacional – 15 de Marzo 2020

2019082608585583990Ahora mismo, no hay en el mundo un grupo de exterminio estatal como las FAES, la unidad elite de la Policía Nacional Bolivariana -PNB-. Su nivel de letalidad supera con creces al que podría ser hoy su pariente más próximo: el Grupo de Detección e Investigación Criminal, de Filipinas, dirigido desde el más alto nivel del poder que encabeza Rodrigo Duterte, el gobernante de ese país. En tres años y medio -julio de 2016 a noviembre de 2019-, de acuerdo a cifras del propio gobierno filipino, la supuesta guerra contra el tráfico de drogas habría acabado con las vidas de 5 mil 552 personas (muchos de ellos, dirigentes sindicales, ambientalistas y defensores de los Derechos Humanos). Baste con decir que, solo en 2018, de acuerdo a cifras del régimen madurista, en nuestro país fueron liquidadas 5 mil trescientas personas (mientras, el Observatorio Venezolano de la Violencia -OVV- estima que las muertes reales superan las 7 mil 500). Esto significa que la letalidad de las FAES es más de tres veces mayor, en un país que tiene menos de un tercio de la población de Filipinas.

También las FAES, anunciadas en 2016 y puestas en funcionamiento en julio de 2017, fueron creadas por la más alta instancia del poder, con una doble y específica finalidad: matar y sembrar el país de miedo. No hay especulación en esto: se diseñó una organización uniformada de negro -que, en el marco de sus prácticas, representa el color de la muerte y el luto-, que utiliza una calavera como un elemento presente en sus uniformes, y que enmascara a sus funcionarios, tanto en sus operaciones como en sus exhibiciones públicas. Hay que entenderlo: las máscaras no solo tienen como finalidad ocultar el rostro de los funcionarios. El principal objetivo es infundir terror. Hacer de las FAES una presencia temible y temida por la sociedad venezolana.

Basta con ver los numerosísimos videos o fotografías que circulan en las redes sociales para estimar que la inversión que se ha hecho en esta organización debe haber sido enorme: toda clase de lujosos y variados vehículos, armas largas de alto calibre, uniformes y equipos del más alto costo y, por supuesto, una dotación de máscaras y pasamontañas, que no tiene antecedentes en la historia de los cuerpos policiales venezolanos.

Como es previsible, las FAES están rodeadas de opacidad. Se han publicado reportajes -Reuters, BBC Mundo, Infobae, entre otros- que hablan de una estructura de 1200 a 1500 miembros. No solo habrían sido reclutados en varios cuerpos policiales, sino que entre sus filas cuentan con miembros provenientes de las bandas de delincuentes y paramilitares conocidas como colectivos. El entrenamiento que reciben no se limita a las técnicas policiales y militares -en particular, a la producción masificada de francotiradores- sino a la configuración de un enemigo interno, encarnado por líderes de la oposición democrática, periodistas, personas que protestan, dirigentes de los barrios que reclaman sus derechos y el deterioro de las condiciones de vida de las comunidades en las que habitan. Al igual que los exterminadores de Filipinas, bajo la promesa de combatir la delincuencia, se asesinan a ciudadanos inocentes e indefensos.

Desde finales del 2017 vienen circulando testimonios simplemente pavorosos, historias de extrema ferocidad e indefensión, que han ocurrido en barriadas o zonas populares, en Caracas y en otras ciudades. La mayoría de estos ataques responden a un patrón, a un método para asesinar. Funciona así.

En la mayoría de los casos, se trata de operaciones nocturnas, aunque también se han producido a plena luz del día. Un piquete de asesinos uniformados de negro, encapuchados o enmascarados, portando armas largas, llega a un barrio o urbanización. Atraviesan uno o dos vehículos en la calle, para impedir la libre circulación. Golpean o derriban la puerta, en medio de la madrugada. A partir de ese momento, nada importa: si hay niños (como ha ocurrido), si hay ancianos (como ha ocurrido) o si hay mujeres en situación de embarazo (como ha ocurrido). El espectáculo de la atrocidad es parte del guion FAES.

De inmediato proceden a desalojar a las familias del propio hogar. Los alejan unos metros, pero no demasiado: de este modo se aseguran que los gritos y las detonaciones sean escuchados. Hay numerosos testimonios que lo reiteran: antes de matarlos, a varias de las víctimas las han golpeado y torturado. Después de los aullidos de dolor, a continuación, siguen los disparos a quemarropa. Recogen el cadáver, lo meten en un vehículo y lo dejan en un hospital o morgue. Algunos relatos publicados consignan variantes: hay quienes han sido llevados de sus casas, desaparecidos por horas, y luego asesinados en las inmediaciones. En todos los casos, los criminales reportan lo mismo: dado de baja por resistirse a la autoridad.

No solo matan a quienes, en la mayoría de los casos, son el sostén económico de sus familias. También desvalijan los hogares: se llevan dinero, medicamentos, comida, equipos informáticos, ropas, zapatos, juguetes y hasta bicicletas. Y, antes de marcharse, rompen objetos, destrozan el lugar para simular un enfrentamiento, disparan a las paredes, siembran armas, drogas u objetos robados.

Esta organización, destinada a propagar la muerte y el terror real, ha realizado su misión con éxito: la sociedad venezolana les teme, tanto o más que a los delincuentes. Los venezolanos sabemos, además, que gozan de total impunidad. Al contrario, como cuerpo de muerte estrella, se benefician del derecho al botín, al saqueo de las propiedades de las víctimas. En alguna ocasión, cuando se han levantado denuncias en contra de este ejército de asesinos, Maduro ha respondido: ¡qué viva el FAES!

Morir en la frontera: en 2019 hubo 1.850 víctimas y 484 enfrentamientos armados en los seis estados limítrofes de Venezuela por Sebastiana Barráez – Infobae – 21 de Febrero 2020

FundaRedes presentó la Curva de la violencia en Bolívar, Táchira, Falcón, Zulia, Apure y Amazonas. Los grupos armados irregulares y la guerra del oro, entre las causas de la impactante estadística

Un soldado venezolano en la frontera

Un soldado venezolano en la frontera

El Observatorio FundaRedes presentó la Curva de la violencia en seis estados fronterizos de Venezuela durante el 2019, destacando que concentran gran parte de la ola de criminalidad en Venezuela. Ellos son Bolívar, Táchira, Falcón, Zulia, Apure y Amazonas, en los que ocurrieron 1.850 muertes por homicidio, 104 desapariciones y secuestros, y 484 enfrentamientos armados.

Revela el informe que fueron cometidos variedad de crímenes, “desde homicidios con desmembramientos y decapitaciones, como los registrados en Táchira, Zulia, Bolívar y Falcón, así como incineración de cadáveres, infanticidios, feminicidios y masacres en áreas urbanas y comunidades indígenas”.

Aseguran que encontraron un patrón en lo que los organismos de seguridad del Estado presentan como “enfrentamientos”. “Los hechos sucedieron en circunstancias prácticamente similares, sólo cambió el escenario, pero en todos los casos las víctimas murieron en el lugar de los hechos. Un punto de coincidencia es que los familiares de las víctimas solicitaron derecho a réplica para desmentir que se haya tratado de enfrentamientos” y con versiones que coinciden en que se trataría de ejecuciones extrajudiciales.

Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana; el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC); la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), así como algunas policías estadales, son los organismos que más aparecen mencionados en las denuncias sobre este tipo de hechos.

FundaRedes considera que el incremento de los supuestos enfrentamientos en los territorios fronterizos obedece más a una política de exterminio delincuencial, aplicada por los organismos de seguridad del Estado desde 2017. También a “procedimientos de grupos armados irregulares por el control de territorios, principalmente de Táchira; pugnas entre bandas delictivas y de fuerzas de seguridad del Estado contra la delincuencia común”.

Las cifras que evidencian un incremento totalizan 692 muertos en “enfrentamientos” o “ejecuciones extrajudiciales” en los seis estados analizados en el transcurso de 2019.

Víctimas de la violencia en la frontera

Víctimas de la violencia en la frontera

El silencio

Afirma FundaRedes que, desde hace cerca de tres años, los organismos de seguridad recomiendan a familiares de desaparecidos y secuestrados no revelar información a los medios de comunicación. El argumento es que así llegarán a una rápida solución de los casos. “No obstante, para las organizaciones no gubernamentales como FundaRedes, lejos de lograr ese propósito, resulta una forma de silenciar el delito y avalar la impunidad, más aún en los últimos años cuando la participación de funcionarios policiales en secuestros y extorsiones ha sido una práctica común, muchas veces en alianza con delincuentes”.

Eso explicaría que la prensa tiene poco acceso a este tipo de informaciones, solo lo tuvo cuando las víctimas fueron halladas sin vida. “En Táchira y Zulia es donde más casos de secuestro y desapariciones se conocieron en 2019”.

Otro tipo de desapariciones ocurrieron en el estado Falcón. “Ahí 38 personas fueron denunciadas como desaparecidas, luego de abordar embarcaciones para emigrar del país. En estos casos se habló de redes de trata de personas que secuestran a los migrantes”.

En el estudio realizado por el observatorio determinaron que “Táchira es uno de los estados fronterizos con mayor variedad criminal”. En 2018 la tasa de homicidios fue de 23 por cada 100 mil habitantes, cifra que en 2019 ascendió a 26,36 por cada 100 mil habitantes, al registrarse 316 muertes por esa causa. “En total hubo 316 víctimas”.

De los 29 municipios del Táchira, el mayor número de homicidios ocurrió en Pedro María Ureña (20,57%), el municipio donde la guerrilla ha enfrentado a los paramilitares para controlar el territorio, que tiene como principal atractivo la poderosa industria del contrabando. Le sigue la capital San Cristóbal (8,54%), Bolívar (8,23%), García de Hevia (8,23%) y Fernández Feo (6,33%). 90% de esos crímenes fueron cometidos por arma de fuego.

Los principales victimarios fueron grupos armados irregulares (cerca de 70% de los casos), y el móvil principal fue el sicariato (más de 25%). 20 víctimas eran mujeres”. La mayoría de las víctimas fueron jóvenes entre 20 y 35 años de edad.

Homicidios en la frontera

Homicidios en la frontera

Oro sangriento

En el estado Bolívar se libra la guerra por el control de las minas de oro. Es el estado con el índice más alto de violencia con una incidencia muy significativa de homicidios seguido de enfrentamientos o ejecuciones extrajudiciales y secuestros y/o desapariciones.

Es un mineral bañado de sangre. “Los medios de comunicación digitales reseñaron que durante 2019 hubo 869 homicidios: 532 asesinatos y 337 muertos en ‘enfrentamientos’ o ‘ejecuciones extrajudiciales’, con una tasa de 36,59 por cada 100 mil habitantes”.

Lo más doloroso es que entre las víctimas resaltan 32 niños y/o adolescentes. Entre los hombres la mayor incidencia se dio de 18 a 45 años de edad. “El municipio más violento fue Caroní con 54,35% de los casos” y en la mayoría de los sucesos estuvo presente un arma de fuego.

“Los principales victimarios fueron la delincuencia común, grupos armados irregulares y las mafias que operan en la extracción minera (sindicatos). Los móviles fueron: 41,78% hechos delictivos no esclarecidos. 19,34% sicariato, 14,31% robos, 10,44% ajuste de cuentas, 4,84% supuestos enfrentamientos, 2,71% violencia de género y 1,74% en protestas sociales”.

En el 2019 ocurrieron en Bolívar 28 secuestros y/o desapariciones, entre las víctimas figuran dos efectivos del Ejército; tres mujeres (una hallada asesinada); un niño de 4 años (asesinado) y 16 hombres, dos de ellos asesinados.

El ELN tiene presencia en cinco de los seis estados fronterizos: Bolívar, Táchira, Zulia, Apure y Amazonas.

El ELN tiene presencia en cinco de los seis estados fronterizos: Bolívar, Táchira, Zulia, Apure y Amazonas.

La presencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el estado Bolívar es pública y notoria. En septiembre de 2019 el diputado a la Asamblea Nacional Francisco Sucre lo denunció luego de viajar a esa entidad, pues en un punto de control del Ejército, en la isla de Anacoco, los efectivos militares le advirtieron que unos 800 metros más adelante había una alcabala del ELN”.

“En completa impunidad actúa este grupo armado colombiano desde antes de 2017; constantemente sostiene enfrentamientos con ‘sindicatos’ mineros (mafias organizadas que pugnan por el control del Arco Minero y las minas de coltán, entre otros) que han dejado un número no precisado de víctimas en masacres y asesinatos individuales. Estos hechos son calificados por las autoridades gubernamentales como ‘confrontaciones entre grupos criminales rivales’, sin reconocer la implicación de la guerrilla”.

A Zulia lo describe el informe de FundaRedes como una bomba de tiempo. “La frontera en Zulia tiene en común con Táchira la presencia de grupos armados irregulares colombianos, lo que hace esta zona particularmente violenta. En esa entidad desde hace años es un secreto a voces la toma de varios municipios, sobre todo Catatumbo, por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y más recientemente por el grupo paramilitar Los Rastrojos. Adicionalmente, existen estructuras de crimen organizado”.

No es casual que el año pasado se registraron 388 homicidios con una tasa de 4,67 por cada 100 mil habitantes.

En el caso del estado Falcón, considera FundaRedes, está planteada una lucha de poderes. “Es donde hay menor presencia de guerrilla y grupos paramilitares”, pero es la más afectada por otras organizaciones criminales, algunas de reciente surgimiento.

Para FundaRedes, a los estados Amazonas y Apure la caracteriza la censura y limitaciones informativas. “Una data completa de hechos violentos como homicidios, enfrentamientos, secuestro y/o desapariciones ocurridos desde enero hasta diciembre de 2019 en los estados fronterizos Amazonas y Apure resultó imposible de registrar debido a la inexistencia de medios de comunicación social tradicionales y/o portales digitales informativos en esas entidades o a la presión que sufren los pocos que operan para que esta información no se dé a conocer”.

Finalmente, el observatorio destaca que en ambas entidades federales existe una notoria merma informativa por el progresivo cierre forzado de periódicos, no sólo por la escasez de materia prima, sino por la censura y la autocensura impuestas. “Los medios de comunicación tradicionales que aún sobreviven publican ocasional y discretamente algunas informaciones de violencia, pues reciben constantes intimidaciones por las estructuras criminales que allí operan, como la guerrilla y los grupos armados irregulares, además de los llamados ‘colectivos’ respaldados por el gobierno nacional para evitar que estas informaciones circulen”.

A %d blogueros les gusta esto: