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Comunicado de la Sociedad Venezolana de Filosofía – 10 de Diciembre 2019

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La Sociedad Venezolana de Filosofía, en uso de sus atribuciones como asociación cultural de carácter nacional e independiente de doctrinas, ideologías y creencias, manifiesta su enérgico rechazo a la sentencia emitida por la Sala Constitucional del TSJ, expediente N° 2019-1170, donde dictó una serie de medidas cautelares contra los profesores Miguel Albujas Dorta y Manuel Rachadell Sánchez,

Los profesores Albujas y Rachadell fueron nombrados en fecha reciente por la Asamblea Nacional como sus representantes ante el Consejo Nacional de Universidades con el fin de ser defensores de la Autonomía Universitaria. Ambos son profesionales de destacada solvencia académica; el Dr. Miguel Albujas es vicepresidente de esta Sociedad Venezolana de Filosofía y actual director del Instituto de Filosofía de la UCV; el Dr. Manuel Rachadell es actualmente profesor y jefe de la Cátedra de Finanzas Públicas en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV, profesor de postgrado en la Especialización en Sistemas y Procesos Electorales y ex director de la Oficina Central de Asesoría Jurídica de la UCV.

Desde su fundación, las universidades venezolanas, encabezadas por la Universidad de Caracas, hoy Universidad Central de Venezuela, han luchado por el derecho de ser autónomas y dicha Autonomía logra su conquista definitiva en 1958, cuando fue redactado como instrumento jurídico por una comisión presidida por el Dr. Francisco De Venanzi e integrado por reconocidos académicos. La autonomía universitaria está consagrada en la constitución venezolana y otorga a las universidades la facultad de crear “sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio bajo en control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley”.

Por ello, es inadmisible que se sancione a dos universitarios por querer ejercer su derecho a luchar por el respeto a la Autonomía Universitaria.

Sin esa libertad de acción no es concebible la existencia misma de la UNIVERSIDAD.

En Caracas, a los diez días del mes de diciembre de dos mil diecinueve.

Por la Sociedad Venezolana de Filosofía

Corina Yoris-V
C.I. N° 3230281
Presidenta de la SVF

NB: Hay una lista de venezolanos, académicos, profesores, ciudadanos que han querido suscribir este comunicado.

Cuatro universidades venezolanas ubicadas en ranking de las mejores 100 en Latinoamérica – El Pitazo – 25 de Octubre 2019

Debido a la crisis que atraviesa actualmente Venezuela, que afecta al sector educativo, la UCV, USB, Ucab y la ULA bajaron su puntuación respecto del ranking general del año pasado

  

Caracas.- La Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad Simón Bolívar (USB), la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), y la Universidad de los Andes (ULA), se ubicaron en la lista de las 100 mejores casas de estudio en Latinoamérica, a pesar de los problemas que atraviesa el sector educativo venezolano por la crisis económica y social.

La UCV, USB, Ucab y la ULA bajaron su puntuación respecto del ranking general del año pasado, debido a que la mayoría de jóvenes que han migrado por la crisis de Venezuela, no culminan sus carreras universitarias.

Es importante destacar que las universidades en el ámbito nacional, enfrentan una crisis presupuestaria que impacta no solo en la diáspora de estudiantes y profesores, sino en la capacidad de generar nuevos conocimientos.

El Latin American University Rankings 2020 también incluyó en su lista de las mejores de Latinoamérica, a la Universidad de Carabobo, Universidad Metropolitana y a la Universidad del Zulia, un estado que está bastante golpeado por los problemas eléctricos.

El estudio tomó en cuenta »el impacto de la investigación y productividad, compromiso de enseñanza, empleabilidad, impacto en Internet e internacionalización».

David Sosa: “No vamos a ceder al chantaje” por Hugo Prieto – ProDaVinci – 3 de Noviembre 2019

David Sosa: “No vamos a ceder al chantaje”La sentencia 0324 del Tribunal Supremo de Justicia le pone fecha de caducidad a la autonomía universitaria: 28 de febrero de 2020. Marca, además, “la intervención, la liquidación de la universidad”, dice David Sosa, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y estudiante del tercer semestre de la Escuela de Ciencias Políticas.

Ese día finaliza el lapso que el TSJ estableció para que se realice la elección de autoridades, no ya según las pautas dispuestas en la ley de universidades y la Constitución Nacional, sino en lo que se ordena, como en el mundo militar, en esa sentencia. “En este momento se están dando las discusiones para que la comunidad universitaria, todos sus integrantes —profesores, estudiantes, empleados y obreros— le demos una respuesta al régimen”, dice Sosa. “Si las medidas del régimen son ilegales, nuestra respuesta tiene que ser legal”. El conflicto asoma a la vuelta de la esquina.

¿En qué estado se encuentra la Universidad Central de Venezuela?

Probablemente la universidad atraviesa por una de sus más grandes crisis. Ha habido momentos en que fue cerrada, bajo los gobiernos de Guzmán Blanco o Juan Vicente Gómez, momentos en que fue allanada (Rafael Caldera). Pero actualmente, su infraestructura, por ejemplo, se encuentra deteriorada como nunca antes se había visto en el campus universitario, lo que afecta, incluso, su patrimonio cultural. Las condiciones laborales de empleados y profesores, cuyos sueldos y salarios son de miserias, empeoran cada vez más. Las condiciones de los estudiantes están en el piso. El comedor cerrado, vandalizado por el hampa en varias ocasiones. Sólo algunas rutas de transporte funcionan, por problemas de mantenimiento de las unidades. Tenemos becas de 720 bolívares que no alcanzan ni para dos fotocopias. Esa es la universidad que a mi generación le ha tocado vivir.

La Ciudad Universitaria fue declarada Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la Humanidad, por la Unesco. ¿Esta organización de Naciones Unidas se ha pronunciado sobre el deterioro de su infraestructura y de las obras de arte? ¿La universidad cumple con las pautas que la Unesco ha establecido?

Hasta el momento, y con mucho esfuerzo, se ha hecho el mínimo necesario para mantener el complejo de la Ciudad Universitaria reconocido por la Unesco como patrimonio cultural de la humanidad. Cada vez se hace más cuesta arriba, más difícil. La universidad ha tenido que hacer alianzas, convenios, con empresas privadas, mediante los cuales la universidad presta algunos servicios y esas empresas aportan recursos para mantener ciertos espacios. Recientemente, a través de esta figura, se recuperaron ciertos camerinos y la iluminación en el Aula Magna, de acuerdo a los parámetros de la Copre. En ese sentido se ha podido mantener el estatus, pero como universidad y como país, en un contexto como este, podríamos perder ese reconocimiento.

Hay un malestar social en todo el mundo, no siempre damos con las razones de la protesta. Parece que la política perdió la brújula. No hay una conexión entre la política y la gente. ¿Eso se está viviendo en la universidad?

Ciertamente, es un momento de agitación. Pero hay una diferencia en la respuesta que dan los distintos gobiernos a las protestas y manifestaciones que se dan en determinados contextos. Hay gobiernos que escuchan a sus pueblos y dan una respuesta. Pero también hay gobiernos, dirigidos por irresponsables, que no escuchan ni ofrecen respuestas. Es el caso de Venezuela. A lo largo de 20 años se han realizado gestiones, se han introducido cartas, se han solicitado audiencias, se ha intentado el diálogo, en fin, se ha intentado todo tipo de métodos para que los que hoy nos gobiernan de forma ilegitima, respondan a las necesidades de la población. Sí, la gente no ve a los políticos como un interlocutor válido. Y eso genera un sentimiento anti político, al que no escapa la universidad.

La universidad era una especie de laboratorio de lo que ocurría en el país o todo lo que ocurría en el país se reflejaba en la universidad. Quizás ambas cosas. En ese sentido, la universidad hoy es un témpano a la deriva, porque no hay conexión con el gobierno del señor Maduro, ni con fuerzas de la oposición política que, además, no tienen capacidad ni para procesar ni para gestionar demandas. ¿Usted qué cree?

Creo que actualmente hay muchas demandas, muchas razones, que nos unen a los distintos sectores de la sociedad venezolana. Esas razones no son necesariamente de índole ideológico o de intereses políticos. Como representante de un movimiento social, lo digo con claridad: A nosotros lo que nos interesa es generar cambios de abajo hacia arriba, no la toma del poder. Ojalá hubiese actores, me refiero a los partidos políticos, que desde el poder hicieran las cosas distintas. Pero más allá del sector, organización o grupo al que usted pertenezca hay cosas que nos unen, que nos unen… ¡a todos! Esas razones son el hambre, la miseria, la corrupción, la represión, que todos estamos padeciendo. Esas razones son las que están llevando a la gestación de un movimiento, alrededor del cual se están congregando las distintas fuerzas sociales y políticas del país. A lo largo de este año, en Venezuela ha habido más de 10 mil protestas. ¿Por qué no se han traducido en la presión para que se produzcan los cambios que ellas demandan? Entre otras cosas, porque no están concentradas en un mismo momento, en un mismo espacio.

Esa desconexión entre las protestas y la política viene incluso antes del chavismo. Son protestas aisladas. Acaba de mencionar un número, más de 10 mil. ¿Qué tendría que pasar para que se dé esa conexión entre la política y la protesta? Digamos, para que la protesta encuentre masa crítica y sea no un foco sino un movimiento, un vehículo de cambio.

Lo que hace falta es la articulación política. Esas son protestas sociales, totalmente legítimas, protestas que son la expresión de los ciudadanos por falta de servicios, por falta de alimentos, de medicinas, por mejores condiciones laborales, por becas, por transporte, por un sinfín de necesidades y problemas. En este momento estamos gestando la articulación política para darle a ese malestar social un objetivo político. Puedo hablar por el movimiento estudiantil, entre otras cosas, porque lo hemos discutido y prácticamente hay un consenso entre todos los dirigentes estudiantiles a nivel nacional.

¿Cuál sería ese objetivo político?

El único objetivo político que puede traducirse, que puede alcanzar, una mejora de nuestras vidas, me refiero a mejoras de las condiciones laborales de nuestros trabajadores, de la infraestructura de la universidad y del bienestar estudiantil, es el cambio político en Venezuela. Que este país tenga la oportunidad de escoger libremente y que las mayorías decidan cuál sea el destino de nuestra nación. Oportunidad que hoy está totalmente secuestrada y restringida por una pequeña minoría, a través del uso de la fuerza, de la represión y del miedo. Solamente hace falta que esa pequeña minoría que detenta el poder del Estado salga de allí y permita una transición para que en Venezuela haya un proceso electoral justo y, en definitiva, el país pueda avanzar y tener a servidores públicos en los puestos de gobierno y que las universidad, realmente, pueda tener a un ministro que nos escuche. Hoy, eso no existe.

La dirigencia estudiantil tomó la iniciativa política en 2004, sus iniciativas y propuestas encontraron eco en los partidos políticos y en la sociedad. Incluso, varios de ellos fueron electos a la Asamblea Nacional y siendo diputados tuvieron que exiliarse. Ahí está el caso de Juan Requesens, secuestrado y torturado por la policía política. ¿Cómo se ubica David Sosa, digamos, generacionalmente y qué balance hace?

Si vamos a evaluar la acción del movimiento estudiantil, eso nos sitúa claramente en una línea histórica. ¿Qué ha significado el chavismo como proceso político? Ellos fueron acumulando poder. 2002, toma de PDVSA —el poder económico— que, a su vez, aportó recursos para corromper a las Fuerzas Armadas —toma del poder militar, del poder fáctico—, con el cual puedes controlar las instituciones, sin el riesgo de que alguien te detenga —toma del poder institucional—, empiezas a corromper al TSJ, a la AN, a los órganos de gobierno. Apruebas leyes, como la ley Resorte, para aplicar la censura y crear un poder mediático, un aparato de propaganda, cuando vienes a ver, te conviertes en un Hegemón político. Ese Hegemón muere y su sucesor, paulatinamente, va perdiendo cada vez más poder. Quebraron PDVSA, perdieron el respaldo internacional, se han dividido —Luisa Ortega Díaz, Cristopher Figuera, Rodríguez Torres, entre otros—, pierden instituciones del Estado como la Asamblea Nacional, único poder legítimo reconocido por las democracias del mundo. Hoy han devenido en una tiranía.

¿Pero cuál ha sido el papel que ha jugado el movimiento estudiantil?

Dentro de ese contexto jugamos un papel clave. En 2007, le infligimos su primera derrota electoral a Hugo Chávez y representamos la esperanza para muchas personas. En 2014, las protestas estudiantiles, que se iniciaron en Táchira, contribuyeron a quitarle la careta al régimen y en 2017 contribuimos para que perdieran el respaldo internacional. Es decir, la generación de la cual me toca ser dirigente estudiantil es producto de los aciertos y desaciertos de generaciones anteriores. Pareciera que en este momento tenemos muy claro el objetivo que nos unifique, que no es otro que el cambio político y un proceso de transición que culmine en unas elecciones, en las que podamos, todos los venezolanos, elegir el destino que queremos. Y muchísimas razones tenemos para unirnos, para no quedarnos en nuestras casas: Hambre, miseria y corrupción.

¿Qué crítica, que reproche, le haría a la clase política?, porque esa dirigencia estudiantil adscribió a los partidos políticos, algunos fueron electos a la Asamblea Nacional, institución del Estado que no ha sido precisamente asertiva en la conducción del proceso al que hace referencia.

La falta de unión, claramente la falta de unión. Yo le pido a la dirigencia política del país que se una, que las diferencias ideológicas, no pueden estar por encima. Que si usted, sea de derecha o de izquierda, pero cree y comparte los valores de la democracia, tal como la conocemos en Occidente —es decir, elecciones libres, separación de poderes, forma republicana de gobierno— usted es mi aliado para luchar contra la dictadura, para luchar contra la tiranía. Las diferencias ideológicas no pueden ser la razón que desuna a la oposición venezolana.

Usted ha dicho que le han pedido audiencias, que le han enviado petitorios, al ministro de Educación Superior.

No a un ministro en particular sino a los sopotocientos ministros que han desfilado por el gobierno en estos 20 años. En cada una de esas comunicaciones, lo que hemos pedido es respeto a la autonomía universitaria, a la autonomía administrativa, organizacional, pero también a la autonomía financiera. He ahí el mecanismo que ha utilizado el régimen para tratar de asfixiar y arrodillar a la universidad. Se supone que la Zona Rental, por ejemplo, debería producir una renta para la universidad. Se la han quitado. Hoy en día, lo que era un mercado Bicentenario, se convirtió en depósito del Sebin y de las fuerzas represivas del régimen. Si quienes diseñan las políticas públicas ven a la universidad como un enemigo, no nos dejan otra posibilidad que cambiarlos a ellos. Ya no creemos en un régimen que vaya a cambiar o dar un viraje. Durante 20 años nos han demostrado que eso no es posible.

En distintas oportunidades, el gobierno del señor Maduro ha tratado, digámoslo así, de poner en cintura a la universidad. Esas acciones, por lo general, se toman cuando las protestas pacíficas y legítimas de los ciudadanos decaen en las calles.

Ciertamente ellos aprovechan las vacaciones, en los que no hay afluencia estudiantil, que en sí misma es la principal fuerza de defensa de la universidad, para agredirla o violentarla. Precisamente, durante el más reciente período vacacional, el TSJ emitió la sentencia 0324, una sentencia ilegítima, anticonstitucional, porque ese tribunal no es quién para decirnos a nosotros cómo organizar nuestros procesos electorales.

Los estudiantes eligieron a sus representantes, pese a las disposiciones del TSJ.

Sí, pero son sentencias distintas.

¿Por qué los profesores no hicieron lo propio?

Precisamente la sentencia 0324 propició el debate sobre la necesidad de realizar elecciones. Pero no como lo dice el TSJ, sino como lo dice la ley de universidades y nuestra Constitución. Si las medidas del régimen son anticonstitucionales, nuestra respuesta debe ser constitucional; si las medidas del régimen son ilegales, nuestra respuesta debe ser legal. Si ellos se empecinan en seguir adelante, encontrarán la respuesta de la comunidad universitaria, movilizada en la defensa de su autonomía, en la defensa de sus procesos de elección de autoridades para que esta universidad siga siendo Academia; y que ello se convierta en un hito político para decirle al régimen que no tenemos miedo, que no vamos a ceder a su chantaje.

¿Qué otros retos tiene el movimiento estudiantil?

Tenemos tres objetivos. Uno, la organización del movimiento estudiantil a nivel nacional. Actualmente, estamos trabajando en la creación de la Confederación de Estudiantes de Venezuela (Confev), que nos permita tener tesis nacionales, que a su vez nos permitan desarrollar acciones, igualmente nacionales, en cada uno de los estados donde haya una universidad púbica nacional autónoma, una universidad pública experimental o una universidad privada. Dos. La realización de elecciones de autoridades y representantes estudiantiles en la mayor cantidad de universidades posibles. Sólo mediante el respeto a nuestros derechos de asociación política podemos avanzar en la consecución de nuestros objetivos, no ya como un movimiento estudiantil sino como un movimiento social. Tres. Nosotros queremos renovar la ley de universidades para fortalecer el concepto de autonomía, sobre todo en su aspecto financiero, para que la universidad más nunca sea dependiente de ningún gobierno.

La cuerda se ha tensado y la violencia podría estallar a la vuelta de la esquina. ¿Usted qué piensa?

Nosotros no hemos renunciado ni renunciaremos a nuestro derecho a la protesta pacífica. Nos reconocemos, además, como un movimiento no violento y la no violencia tiene sus lógicas, que te permiten generar masa crítica y, a partir de ahí, cambios. Pero tiene que haber condiciones. ¿Cuáles? Unidad de objetivos, tenemos que tener un objetivo político claro; organización para que eso suceda en el mismo lugar y en el mismo momento, disciplina para cumplir con nuestros planes y nuestra estrategia. En el marco de esas tres condiciones, vamos a trabajar conjuntamente con todos los sectores de la sociedad venezolana para generar el cambio político que todos necesitamos.

Cuatro universidades venezolanas en el top 100 de las mejores de Latinoamérica – Yo Soy Venezolano – 25 de Octubre 2019

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La Universidad Simón Bolívar, Universidad Central de Venezuela, Universidad de Los Andes y la Universidad Católica Andrés Bello, figuran en el top 100 de las mejores de Latinoamérica.

El Latin American University Rankings 2020 también incluyó en su lista de las mejores a la Universidad del Zulia, a la Universidad de Carabobo y a la Universidad Metropolitana.

A escala internacional, la USB lidera el top con el número 38; la UCV, el 43; la ULA, el 82, y la UCAB, el 84.

El estudio tomó en cuenta “el impacto de la investigación y productividad, compromiso de enseñanza, empleabilidad, impacto en Internet e internacionalización«. /
Unión Radio/

García Arocha instó a defender el próximo lunes la autonomía universitaria por Melissa De Sousa Visconti – El Universal – 13 de Octubre 2019

La rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, calificó como “inconstitucional” el decreto del TSJ donde ordenó a que se realicen elecciones de autoridades

Caracas.- Este domingo, la rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Cecilia García Arocha, invitó a los venezolanos a participar en el evento que se llevará a cabo en el Aula Magna de la UCV, en favor de la autonomía universitaria el próximo lunes.

Arocha calificó como “inconstitucional” e “ilegal” el decreto publicado el pasado 27 de agosto por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), donde ordenó la renovación de todas las autoridades de la Universidad Central en un plazo no superior a seis meses.
Asimismo, la rectora ratificó que “estamos al frente de nuestros cargos porque una sentencia de la Sala Electoral del TSJ impidió que las comisiones electorales que habían convocado las elecciones universitarias, en este caso no solamente decanos sino también rectores, fueron suspendidas”.
Aseguró que la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu) está de acuerdo con la renovación de las autoridades, pero no en el sistema de votación que pretende implementar el máximo órgano judicial, en el que pone en igualdad de condiciones todos los sufragios.

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Del entusiasmo al compromiso por Gustavo Roosen – El Nacional – 8 de Octubre 2019

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Dos encuentros recientes de venezolanos en el exterior alientan la percepción de que estamos pasando de la preocupación al optimismo y de la esperanza al compromiso. Si la reunión de más de 500 personas convocadas por la Unimet en Madrid mostró la experiencia positiva de 4 emprendedores venezolanos y la vitalidad de una comunidad optimista que no ha dejado de pensar en el país y de fortalecerse para participar en su reconstrucción, las reuniones sostenidas por profesores universitarios en el exilio están sirviendo para trazar líneas de acción para una auténtica renovación universitaria.

En ambos casos se hace evidente una conciencia de los cambios, de los que están ocurriendo en el mundo, de los que marcarán el futuro de la sociedad, cambios a los cuales tiene que atender Venezuela si la voluntad es salir de la condición actual e insertarse en la línea de los ganadores. Son los cambios que anuncia, entre otros pensadores, el británico Paul Collier cuando advierte sobre la brecha que se expande entre los países, entre los centros y las periferias, los actualizados y los rezagados, los protagonistas y los olvidados, brechas todas determinadas fundamentalmente por el acceso al conocimiento y a la tecnología.

La urgencia de esta actualización es recogida por el equipo de trabajo conformado para estudiar las perspectivas del sector universitario dentro del Plan País. En un primer documento, a modo de borrador, sugieren pensar en un proceso de transformación que tenga presentes algunas consideraciones básicas, entre ellas que la restauración del sistema de educación superior en Venezuela no puede dejar de considerar el crecimiento exponencial del conocimiento y los cambios generados por la masiva incorporación de las nuevas tecnologías de información y procesamiento. Los cambios que operan en el mercado de trabajo en el mundo contemporáneo, opinan, “obligan a pensar en el desarrollo de distintas competencias que permitan a los egresados universitarios enfrentar los retos que supone un mundo cambiante y lleno de incertidumbre, donde el aprender a aprender en forma continua y a lo largo de la vida será una constante para afrontar un futuro incierto”.

Entre los cambios con los que es preciso contar está también, señala igualmente el documento, el de las proyecciones mundiales en el campo de la generación energética y sus efectos para una economía como la venezolana, marcada por la dependencia del petróleo. Pensar en este condicionante impone repensar el tema de la gratuidad en la educación superior y de las relaciones entre universidad, empresa y Estado.

En una sociedad de responsabilidades compartidas, la educación superior no puede ser un problema solo del Estado. Lograr un presupuesto equilibrado, sostenible y no dependiente del Estado requiere una participación de la sociedad, de la comunidad universitaria, de la familia, de los egresados, de la empresa privada, de los actores económicos. No se trata de liberar al Estado de esa responsabilidad, pero tampoco de desviar esa responsabilidad al Estado o de atribuírsela en solitario. Revisar la posición de la sociedad respecto de la educación universitaria es una forma de destacar la importancia de su participación en libertad para la definición y la construcción del país posible y deseable.

Los cambios, está claro, no se darán desde fuera. Las nuevas tecnologías marcan el futuro de la universidad y de la sociedad, pero abordarlos compromete a todos, muy especialmente a aquellos cuya experiencia de vida les está haciendo palpable las posibilidades, los retos, las oportunidades y la dimensión de la cuarta revolución tecnológica, de influencia definitiva en la educación, la investigación, la docencia, la conciencia misma de una nueva educación y de una nueva universidad.

Alienta saber que estamos pasando del escepticismo a la preocupación realista por la formación de los más jóvenes, por el desarrollo de su capacidad de emprendimiento y de innovación. Y anima constatar que para esta tarea comienzan a confluir las preocupaciones y los esfuerzos de la academia y de los sectores productivos.

José Virtuoso: «La crisis arrastrará al país al caos de un Estado fallido» – El Nacional – 25 de Septiembre 2019

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«La crisis que ha sobrevenido es de carácter sistémico, avanza de manera vertiginosa y amenaza con arrastrar al país al caos propio de un Estado fallido”, dijo de acuerdo a un análisis económico que señala una caída de 40% del PIB para el cierre de 2019.

Virtuoso informó que de acuerdo con la Encuesta de Condiciones de Vida, coordinada desde la Universidad Católica Andrés Bello, la gravedad de la crisis humanitaria incrementó la tasa bruta de mortalidad. Asimismo, existe una pérdida de 3,5 años en la esperanza de vida. También señaló que en 81% de los hogares existe inseguridad alimentaria.

«Esta sociedad quiere cambio, cambio urgente de régimen, de políticas, quiere paz, certidumbre, esperanza, no soporta a quien se llama gobierno desde Miraflores, porque siente que con él se hunde cada vez más”, indicó.

“Las encuestas indican que alrededor del 80% evalúa negativamente la gestión de Nicolás Maduro y 67% quiere que cese la usurpación de la Presidencia que ilegítimamente este desempeña en la actualidad”. De igual forma, 55% quiere que el gobierno cambie a través de elecciones libres y transparentes.

El rector afirmó que las negociaciones en la isla de Barbados sí significaron un cambio positivo para Venezuela. Le permitieron a la oposición crear un mecanismo que se alejaba del esquema de vencedores y vencidos. También criticó la decisión del régimen de discutir simultáneamente con otros actores.

«Soy de los que se niegan rotundamente a ver en este momento fracasos por todas partes. No es así. En Venezuela se está pariendo una salida democrática, pacífica y constitucional a la tragedia que padecemos. Digo pariendo y pariendo con sangre, sudor y lágrimas”, indicó Virtuoso. “Son muchas las energías que se están invirtiendo en esta dirección desde la dirigencia de la Asamblea Nacional, la sociedad civil organizada, ese más de 30% de la población que cotidianamente protesta y exige cambios en la calle y la comunidad internacional aliada a favor de la transición política. Estamos pariendo esa salida y no nos vamos a detener».

Destacó que es importante que la sociedad venezolana se libere de las actitudes que no ayudan. «Creo que es necesario combatir dos actitudes que lamentablemente no nos ayudan. Una es superar el mesianismo redentor. Ese fenómeno en el cual yo, que quiero mucho el cambio, apuesto por que otro lo logre por mí”.

“La verdadera fuerza política, la robustez de las luchas políticas, dependen del compromiso de la sociedad en su conjunto. De la apuesta de cada uno que le lleva a implicarse en la acción colectiva, de la conciencia de los ciudadanos, de la propia responsabilidad».

«Para quienes somos educadores por vocación, no podemos abandonar la educación si queremos que el país resurja de sus cenizas. Es urgente que todos colaboremos en su salvación como condición para lograr un país próspero y en paz», dijo.

Afirmó que los jóvenes que no asisten a las universidades lo hacen por no estar en la capacidad de asumir los altos costos. «65% manifestó no acudir a ninguna institución por la imposibilidad de asumir los costos. Ahora la Unicef estima que más de un millón de niños y niñas están fuera de la escuela en Venezuela».

«Para 2018 los estudios de Encovi nos revelaban que la deserción escolar en niños y jóvenes entre 3 y 24 años se ubicó en 30%, ocho puntos porcentuales por encima de 2014».

«Las universidades de financiamiento público no escapan de esta realidad: profesores y empleados muy mal remunerados y eliminación progresiva de los servicios de transporte. El resultado es una universidad que progresivamente se ha ido vaciando. Las cifras de abandono de docentes y estudiantes son realmente alarmantes».

«La educación de gestión privada, que depende de los recursos que provienen de su matrícula estudiantil, se ha visto sobreexigida para continuar desarrollando su tarea», dijo en relación a la crisis que vive el sector privado universitario.

Las principales universidades de Venezuela se enfrentan a Maduro en defensa de la autonomía por Sebastiana Barráez – Infobae – 16 de Septiembre 2019

El Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes, cuyo rector es Mario Bonucci Rossini, se le planta al Gobierno, negándose a aceptar la destrucción de las universidades autónomas del país, como busca la sentencia 324 del Tribunal Supremo de Justicia.

El 27 de agosto, la Sala Constitucional del TSJ emitió una sentencia sobre el procedimiento a seguir para superar el estado en que se encuentran los mandatos vencidos de las autoridades de las instituciones de educación superior autónomas del país electas. Ordena realizar elecciones en las principales universidades del país, pero además que el Registro Electoral garantice la “igualdad” de los electores”, de manera que el voto de los estudiantes, profesores, egresados, personal administrativo y obrero tenga el mismo valor.

La prestigiosa Universidad de Los Andes, al examinar la sentencia Nº 0324, determinó que “es una medida cautelar que la Universidad Central de Venezuela no ha pedido dentro del marco del juicio de nulidad incoado por los Rectores de las Universidades Autónomas en 2009, por la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Educación”.

Destacan que el fondo del juicio paralizado desde hace diez años no se ha resuelto y no se va a resolver con apego al derecho, “porque sería reconocer que la Asamblea Nacional desconoció la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al introducir una modificación del contenido del artículo 109 constitucional al margen del procedimiento pautado por la propia Constitución, y ahora, es el propio TSJ quien ha desconocido la Constitución al reformar la Ley de Universidades e ignorar las previsiones del citado Art. 109 constitucional”.

A juicio del Consejo Universitario de la ULA, lo que determinan los hechos es que no existe tampoco ninguna preocupación ajustada a la Ley y a los principios democráticos, en salvaguardar el respeto de la soberanía popular representado por el voto. “La incertidumbre generada por las evidentes intenciones intervencionistas para desestabilizar el orden institucional, la encontramos en los casos de la representación del estado Amazonas en el Poder Legislativo del país y en no mostrar la menor preocupación por democratizar las instituciones de educación superior, en las cuales jamás se han elegido sus autoridades y las mismas son designadas discrecionalmente por el ejecutivo”.

Señalan que el principio de autonomía, previsto en el artículo 109 de la Constitución, ha sido permanentemente quebrantado durante los últimos 20 años. “Con esta decisión, la Sala Constitucional del TSJ ha montado el disparador de un dispositivo oficial estructurado para culminar en el año 2020, con la liquidación definitiva de la Autonomía Universitaria. Promover una falsa discusión en las universidades sobre el valor y contenido del voto para elegir las autoridades universitarias es una manera de distraer la atención de los universitarios de lo esencial”.

Asumen como prioridad para el país “resolver cuanto antes la crisis que está matando a Venezuela, y para los universitarios asegurar que se mantengan las bases de la Autonomía Universitaria. Y en esas luchas, como lo ha demostrado la historia del país, la Universidad venezolana ha jugado en cada ocasión un papel central”.

Recuerdan que en estos momentos, todas las mediciones de la opinión pública colocan a los universitarios, particularmente a los estudiantes, a la cabeza de la valoración hecha por los consultados sobre los componentes de la sociedad llamados a encabezar el cambio que reclama la República. “Promover un ambiente de dispersión y de contradicciones entre los universitarios puede convertirse en la forma de anular su significación en las tareas que tiene planteadas la sociedad ahora. En la Universidad lo esencial es salvaguardar la Autonomía Universitaria”.

Defender la Autonomía

El Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes destaca que “como la decisión de la espuria Sala Constitucional del TSJ se refiere directamente y en primer lugar a la Universidad Central de Venezuela, es deber de la Universidad de Los Andes y de las demás universidades autónomas del país, acompañar a la UCV en las iniciativas que adelante para hacer frente a la situación”.

Es así que consideran que como la decisión del TSJ encubre universitaria y jurídicamente un problema originado por motivaciones no universitarias ni jurídicas, “estimamos no obstante necesario hacerle frente en todas sus implicaciones, empezando por las formas jurídicas que ha adoptado para lo cual estimamos pertinente coordinar nacionalmente la defensa jurídica de la Universidad”.

Llaman la atención de la Asamblea Nacional y de las organizaciones partidistas “a las que concierne la protección de la vida del país de acuerdo con las pautas de la Constitución de la República para que se pronuncien sobre un asunto que solo tiene a la vida universitaria como pretexto”.

Finalmente consideran una necesidad “acometer en los estados Mérida, Táchira y Trujillo, ámbitos geográficos de la Universidad de Los Andes, así como acompañar en las sedes de cada una de las universidades autónomas del país, las iniciativas pertinentes para organizar la defensa de la Autonomía Universitaria, base principista y legal del funcionamiento de las Universidades Nacionales desde hace 62 años” y para ello comisionan a cada uno de los Decanos de Facultades y Núcleos para que, junto con las organizaciones representativas de la comunidad universitaria, promuevan las iniciativas que el espíritu de este remitido aconsejan.

El chavismo y las universidades. Recordando a Perón por Nelly Arenas – Blog Polis – 10 Septiembre 2019

Respondiendo a su vocación totalitaria,  desde su primera hora en el poder Hugo Chávez intentó convertir las instituciones universitarias venezolanas en brazos ejecutores de su proyecto personal.  Efectivamente, una vez alcanzada la presidencia de la república, el máximo jefe del movimiento bolivariano se las arregló para intervenir las máximas casas de estudio del país con el pretexto de colocarlas al servicio del pueblo y a tono con los requerimientos revolucionarios. En marzo de 2001 un grupo de estudiantes afectos al presidente, miembros del Movimiento 28 (M28),  asaltó violentamente el edificio rectoral de la Universidad Central de Venezuela, mientras sesionaba el Consejo Universitario. El movimiento exigía la democratización de la universidad expresada en participación igualitaria de estudiantes, trabajadores y cuerpos colegiados en la toma de decisiones de la institución. Treinta y seis días permanecieron los tomistas en posesión de las instalaciones rectorales. Pero la Universidad reaccionó con todo vigor. Cada uno de esos treinta y seis largos días, centenas de estudiantes y profesores se apostaron en la plaza del rectorado resueltos a recuperar el recinto. En una lucha cuerpo a cuerpo con los tomistas, estudiantes y profesores todos a una, lograron el  desalojo de la sede. La universidad había vencido y el gobierno se dio por notificado de que la comunidad académica no se dejaría arrebatar su máxima casa de estudios sin ofrecer valiente resistencia.

El chavismo, no obstante, no se dio por derrotado. Y, de nuevo coherente con la ruta autoritaria que se había trazado, anunció al país en 2009 una  Ley de Educación que contrariaba a la Ley de Universidades vigente. La nueva legislación estipulaba que todos los miembros de la comunidad, sin excepción, debían ser partícipes mediante el voto de las decisiones universitarias. Profesores, estudiantes, egresados, obreros, empleados administrativos, tendrían derecho por igual, y con el mismo peso, al sufragio. La Ley de Universidades vigente contemplaba que los reglamentos electorales debían ser diseñados y normados por cada consejo universitario, con plena soberanía. De manera que las disposiciones fabricadas por la oficialidad constituían una grosera intromisión en los asuntos de la universidad y propinaban  un duro golpe a la autonomía universitaria.

El recurso igualitarista, falsamente democrático, hacía recordar otras intervenciones populistas en el campo universitario en América Latina. Tal como la de  Juan Domingo Perón en la Argentina de los tempranos años de su gobierno cuando éste se empeñó en hacer coincidir su doctrina justicialista con el ejercicio de la academia. “La Universidad ha demostrado su absoluta separación del pueblo y el más completo desconocimiento de sus necesidades y aspiraciones”. Con estas palabras justificaría Perón la injerencia.  Sin embargo, a pesar de todo el poder que el líder populista logró concentrar entre 1943 y 1951, le costó muchísimo avasallar la Universidad de Buenos Aires. Esta institución fue el baluarte fundamental de resistencia al régimen militar clerical que se impuso posterior al golpe de Estado de 1943, como señala Hugo Gambini, en su Historia del peronismo. Los estudiantes universitarios no tuvieron  dudas de que quienes se hicieron del poder con la asonada eran los hombres de armas, el catolicismo recalcitrante y una ideología muy próxima al nazismo. Los estudiantes, señala Gambini, estaban dispuestos a desafiar dos de las consignas peronistas: Haga patria, mate a un estudiante y Alpargatas sí, libros no.

Alcanzada la presidencia en febrero de 1946, Perón decidió vencer la renuencia universitaria  interviniendo las distintas casas de estudio, seis en total, por mano del general Farrell. La intervención   se mantuvo por un mes (del 4 de mayo al 5 de junio de 1946). Una serie de renuncias, así como una ola de cesantías elevó a 1.250 el número de profesores extrañados de la universidad. 70% de los docentes fueron desplazados de sus cargos y sustituidos por docentes con credenciales peronistas.  A esa purga le siguió una treta destinada a impedir la representación estudiantil. Esta fue la Ley Universitaria 13.031 de octubre de 1947, mediante la cual la representación del alumnado se redujo a un delegado sin voto, elegido por sorteo entre los estudiantes más calificados. Se complementaba la medida con la designación de los rectores por el ministro correspondiente. Perón se dio así el gusto  de asestar un porrazo decisivo a la autonomía universitaria. En adelante y por mucho tiempo, la Universidad marchó acoyundada al interés político de la doctrina justicialista. La sujeción de la enseñanza universitaria al proyecto de Perón, hacía parte de un cometido superior: la peronización de la sociedad.

En Argentina esto ocurrió en pleno ascenso del populismo peronista. En Venezuela las universidades han resistido durante dos décadas y colonizarlas del mismo modo que lo hizo el líder sureño no le ha sido posible al chavismo. Ni siquiera a Chávez en plena popularidad y ejercicio de su legitimidad. Maduro intenta ahora imponer la celebración de elecciones con votación igualitaria desengavetando la Ley Orgánica de Educación. Para ello se apoya en el Tribunal Supremo de Justicia, organismo que acaba de ordenar la celebración de elecciones conforme a la arbitraria Ley. Tendrán el mismo derecho a voto profesores, estudiantes, egresados, empleados y obreros.  Confía Nicolás Maduro en que controlando el claustro universitario a su antojo, logrará lo que nunca ha podido el chavismo: contar con autoridades obsecuentes al régimen. Aprovecha las debilidades de la oposición en este momento así como las tensiones entre factores de poder intrauniversitario. Pero Maduro no es Chávez y mucho menos Perón. Un líder es populista solo cuando cuenta con amplio respaldo de las masas. De modo que su populismo no pasa de la retórica heredada de su progenitor político. Así se valga de una maniobra burda como ésta, las universidades autónomas seguirán resistiendo caer en las garras del chavismo. La dictadura no tiene espacio en la UCV ni en ninguna otra universidad nacional.

La “justicia constitucional”contra las universidades por Ramón Escovar León – El Nacional – 3 de Septiembre 2019

La deriva autoritaria de la “justicia constitucional” de la revolución bolivariana ha quedado sellada con la “sentencia” número 324 de la Sala Constitucional del 27 de agosto pasado. En dicha decisión, por vía cautelar, y sin que nadie lo pidiera, suspendió la aplicación de un conjunto de artículos de la vigente Ley de Universidades, ordenó la realización de las elecciones en la Universidad Central de Venezuela en un plazo de seis meses y decretó que al vencer el plazo en cuestión cesa la permanencia de las autoridades. Esta decisión constituye un golpe al principio de autonomía y a la tradición de la universidad republicana.

Los antecedentes de la Universidad Central de Venezuela son el Seminario de Santa Rosa que se transforma el 22 de diciembre de 1721 en la Universidad de Caracas, hoy Universidad Central de Venezuela. Luego, el 24 de junio de 1827, Simón Bolívar promulga los Estatutos republicanos, los cuales son elaborados por la propia universidad, y en los que se ratifica el principio de autonomía universitaria. Esta es la universidad de Andrés Bello, José María Vargas, Juan Germán Roscio y de los próceres civiles que inspiraron la declaración de independencia.

Con el correr del tiempo, nuestra universidad fue evolucionando y consolidando la excelencia académica y el principio de autonomía. Profesores, estudiantes y egresados integran la comunidad universitaria y deciden su conducción, tal como hoy lo postula el artículo 109 de la Constitución.

La universidad autónoma, libre y plural, como espacio del pensamiento, es un factor que incomoda a la revolución bolivariana. No ha sido posible someterla, pese a los numerosos intentos del régimen de convertirla en centros de adoctrinamiento político. Ahora la comunidad universitaria se enfrenta a una nueva estratagema de los socialistas del siglo XXI, quienes, con sus dogmas ideológicos, pretenden controlar la educación superior democrática y republicana, para ideologizarla y subordinarla.

La sentencia 324 de la Sala Constitucional es un nuevo intento, entre otros, para acabar con la autonomía universitaria por medio de un enrevesado esquema electoral, con el pretendido deseo de arrebatarle a los profesores, estudiantes y egresados las decisiones sobre los asuntos universitarios. Ese esquema equipara el voto de los obreros y empleados con el de los profesores, al tiempo que divide al electorado en cinco “sectores”; cada uno con su propio registro electoral: profesores, estudiantes, egresados, personal administrativo y obrero. (Aquí cabe preguntar: ¿cómo se nombran las autoridades en las universidades controladas por el régimen?).

De esta manera, el intrincado sistema diseñado en la sentencia 324, sin base constitucional ni legal, establece que el candidato vencedor será el ganador en, al menos, tres de los cinco sectores y haya obtenido, a la vez, la mayoría absoluta de los votos de todos los sectores electorales sumados. Pero los egresados quedan limitados a aquellos que cumplan con dos condiciones necesarias: i) ejercer “la profesión en el lugar donde la universidad tenga su sede, núcleo o afines; y ii) haberse inscrito en el registro electoral que la Comisión Electoral de cada universidad elaborará para tal fin”. Esto establece una discriminación que viola la Constitución, tal como lo explicó el profesor Allan Brewer-Carías en un estudio difundido en las redes, titulado: “La Sala Constitucional, de nuevo, usurpando la función legislativa y violando la autonomía universitaria, en nombre de una falaz ‘democracia participativa y protagónica’ decreta un nuevo régimen electoral universitario y el cese de las funciones de las autoridades universitarias”.

El esquema inconstitucional mencionado es absurdo en su concepción, al desnaturalizar el significado rigurosamente académico de la comunidad universitaria como, por ejemplo, que el manejo de los asuntos universitarios corresponda a un empleado administrativo o a un obrero. Esto sería tan irracional como pensar que los planes de estudios y diseños de líneas de investigación puedan ser elaborados por los obreros, y no por los profesores. Esta consecuencia no escapa al abanico de posibilidades que deja abierta una decisión de inspiración marxista, que va en contra de la naturaleza de la academia.

Mediante esta sentencia se reedita judicialmente la Ley de Educación Superior que, ante la resistencia y oposición de la comunidad universitaria (profesores, estudiantes y egresados), el mismo Hugo Chávez tuvo que vetar en enero de 2011.

La comunidad universitaria, el mundo académico y los sectores democráticos del país deben asumir una posición unitaria ante la decisión 324. Profesores, estudiantes y egresados, en un solo bloque, son la garantía de que la autonomía universitaria no se perderá.

Hay que preservar los valores de la universidad republicana, que nació bajo el impulso de Simón Bolívar, el Libertador, a quien ahora ignoran los revolucionarios, pese a que lo invocan como su inspirador fundamental.

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