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Macondozuela por Frank Calviño – El Susurro de las Cadenas – 10 de Agosto 2017

Macondo existe. Macondo es un pueblo donde 17 locos con michelines y sin municiones intentan tomar un fuerte militar. Macondo es un sitio donde los golpes de Estado se anuncian por Twitter, Snapchat y Facebook. Macondo es un embalse que estuvo seco los últimos cinco años y el gobierno no lo supo gestionar, pero que ahora se les desborda, porque lleno lo hacen aún peor. Macondo es tener líderes políticos y alcaldes presos porque te da la gana, sin delito, sin pruebas, sin vergüenza. Y luego moverlos de un sitio a otro como si fueran fichas de un ajedrez macabro.
Macondo es una AN que gana en el 2015 con la promesa de nombrar un nuevo TSJ y CNE, que durante dos años legisla sin que la dictadura se atreva a joderla frontalmente y que, en lugar de aprovechar ese tiempo, se mira el ombligo en supuestos “diálogos” y no hace nada de lo que tenía que hacer. Macondo es esa misma AN pidiendo un plebiscito el 16J, el pueblo arriesgándose a votar masivamente, y ahora los promotores del voto ignorando las mismas propuestas que promovieron. Macondo es una nación donde si no te agarra el chingo, te agarra el sin nariz. Macondo es Venezuela.
Cuando Gabriel García Márquez describió el ficticio pueblo de Macondo, el maestro creó para la eternidad el arquetipo de un “lugar surreal”. Un sitio que no solamente es mágico, sino absurdo e inesperado todo a la misma vez y en el mismo momento. Cuando Gabriel García Márquez creó Macondo lo hizo lo mejor que pudo, pero se quedó corto, porque no existían las Regionales. Macondo es Venezuela, pero las Regionales están más allá de la humilde locura que Macondo puede ofrecer. Es otro nivel de absurdo. Es un nuevo estrato de pendejez colectiva. De delirium tremens.
¿Cómo se puede ir a Regionales luego de invocar un 333 y 350? No se puede convocar al 333 y 350 y ahora ir a elecciones. Aquí se invocó a la rebelión y 120 personas lo pagaron con su vida. Aquí se desconoció al Estado porque “esta vez sí, ya no hay dudas, es una dictadura” y más de 680 personas están presas por eso. Aquí la MUD pegó el grito de batalla y las naciones de medio mundo respondieron afirmativamente. ¿Y ahora el mismo CNE que hace menos de un mes era una cueva de bandidos, es confiable? ¿Se llama a elecciones con un CNE sobre el que durante una década larga han pesado sospechas de fraude, justo después de que Smartmatic nos despejara la duda? ¿Qué vaina es esta?
La MUD dice que votemos en las Regionales, y la única razón que la realidad política puede darle es para mandarle compañeritos de juego a Daniel Ceballos, Enzo Scarano, Lumay Barreto, Delson Guarate y la parranda de alcaldes, concejales y autoridades públicas que están presas de bola, aun cuando GANARON elecciones. ¿O es que participar en la propaganda política de la dictadura (vulgarmente llamada Regionales) es para no “abandonar los espacios”? ¿Cuáles espacios? ¿La AN por ejemplo? Ese espacio tan importante que la MUD supo defender con gallardía y por eso ahora se sientan en las escaleras del Capitolio como mendigos o carajitos regañados
Hace dos años, cuando se ganó la AN, una de las advertencias más lúgubre – y más repetida – fue la que varios analistas le hicieron a la MUD diciéndoles: Usen el poder que tienen, si el poder no se usa, no se acumula. Los van a joder. Esto es una contra-reloj. Revienten el Estado chavista desde la AN, presionen, desconozcan, dicten nuevas autoridades. Pongan a las FANB en el compromiso de meterlos a ustedes presos o reconocer el nuevo gobierno legítimamente designado dentro de los poderes constitucionales de la AN. Arriesguen la vida ustedes – que por algo son LÍDERES – para crear ese escenario de “doble estado” (dopple stad) que tantas veces en la historia de la humanidad ha sido el alimento fundamental para desbaratar a una tiranía.
No lo hicieron. Los diputados prefirieron usar su poder para “negociar” con bandidos y terroristas – porque como todos sabemos eso siempre funciona, claro está – y al pueblo le pidieron el sacrifico de lanzarse a las calles para presionar. Murieron las ovejas. Murió la gente, los que pusieron su fe en estos “líderes”. Murieron 120 personas para que ahora la MUD esté sentada en las escaleras de la AN. Un triste postal de su incompetencia. En efecto, Venezuela es Macondo, pero Macondo no son las Regionales. Las Regionales son Macondozuela. Un nivel más en la escala de lo absurdo, de la incoherencia política, de la bipolaridad irracional: un día defendemos la tesis del fin del Estado, y luego de la pataleta, defendemos la tesis del juego democrático y aquí no ha pasado nada.
Y si tan solo fuese eso, un cambio temperamental en la dirección política, un reniego de todo lo que se ha hecho en estos últimos cinco meses, un trasplante de cerebro colectivo, las Regionales no serían más que una anécdota para narrar la incoherencia de la MUD. Uno más en una larga lista de “Donde dije digo, digo Diego”. Pero es que ir a las Regionales encierra problemas mucho, muchísimo más terribles.
Mantener las apariencias de democracia – la dictablanda que tenemos desde el 98 – es el escenario preferido por el chavismo. En dictablanda no hay sanciones internacionales, en dictablanda se venden bonos de la deuda, no los persigue la DEA y en resumen, pueden seguir haciendo negocios. En dictablanda pueden pisar un Starbucks, comprar en un WalMart, subirse a una montaña rusa en Six Flags. En dictablanda pueden vivir con el dinero y los recursos robados gracias al comunismo en Venezuela, en la comodidad del Capitalismo en el extranjero.
Estos 4 meses de lucha una de las grandes cosas que han logrado es pasar de dictablanda a DICTADURA. Cerrándoles el acceso al dinero. Jodiéndole las facilidades para negociar bonos de la deuda. Bloqueándole los reales robados en las cuentas del extranjero. Quitándoles el apoyo político y haciéndoles saber que si salen de Venezuela, van a caer presos. Eso es lo que se va a perder con las Regionales, amén de la cordura. Porque repito, no se puede llamar a un 333 y 350 e invocar la rebelión civil, tener 120 muertos más de 680 presos y ahora desconocer todo lo que ha pasado. La credibilidad se tritura. La gente no confía en la MUD con razón. Cuando un líder miente, nadie lo vuelve a seguir. Miren la respuesta de la calle en las últimas manifestaciones. El ánimo en la calle no se apagó- Lo apagaron. Lo que el gas y el plomo no pudo, la estupidez de la MUD lo consiguió. Ir a las Regionales no va a cambiar la situación, solamente va a revalidar la dictadura. El camino sigue siendo uno solo: desconocer al chavismo como gobierno y designar nuevas autoridades, constituir un nuevo Estado, desde lo que queda de la AN, rápido, antes que no quede nada y entonces en verdad el único camino sea la vía de las armas.

Inhabilitado y condenado a 15 meses de cárcel un líder opositor en Venezuela – El País – 8 de Agosto 2017

El Tribunal Supremo de Venezuela sanciona a Ramón Muchacho, alcalde de Chacao, por “desacato”
UnknownLa Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha establecido que Ramón Muchacho, el alcalde del municipio de Chacao, un bastión opositor en Caracas, incurrió en una “falta absoluta” por permitir la instalación de barricadas durante las protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro, por lo que ha ordenado su cese y le ha condenado a 15 meses de cárcel e inhabilitación política. Se le castiga “por desacato”, ha explicado un boletín del TSJ.

Estados Unidos baraja medidas más duras contra el Gobierno de Maduro
El TSJ ha adoptado esta decisión tras nueve horas de deliberaciones. Las audiencias del caso comenzaron el pasado jueves, pero Muchacho se ha negado a asistir, enviando a sus abogados, algo que los magistrados ya le advirtieron de que sería interpretado como una aceptación de los hechos. Su defensa ha presentado un informe médico expedido por una profesional de la medicina privada en el que se especifica que el alcalde tiene “problemas de salud que le impiden asistir al mencionado acto”.

Muchacho se suma así a la larga lista de alcaldes opositores contra los que ha actuado el TSJ estos años. Han sido objeto de medidas similares Daniel Ceballos (San Cristóbal) y Antonio Ledezma (Caracas) y, solo en las últimas semanas, Gustavo Marcano (Lechería), Alfredo Ramos (Iribarren), Carlos García (Mérida) y José Barreras (Cabudare).

Además, el alto tribunal ha prohibido salir de Venezuela al alcalde de El Hatillo, el también opositor David Smolansky. Este miércoles tendrá lugar la audiencia en la que se dirimirán los cargos en su contra por, supuestamente, desobedecer una orden judicial que le obligaba a impedir las protestas contra Maduro.

Más de un centenar de personas han muerto y miles han sido detenidas desde el pasado mes de abril, cuando la Mesa de Unidad Democrática (MUD) —alianza opositora en Venezuela— inició una ola de protestas contra Maduro.

 

Guerra contra los alcaldes – Editorial El Nacional – 9 de Agosto 2017

Los alcaldes son los funcionarios más cercanos al pueblo. Hacen de gerentes, pero también de conserjes y de oficinistas, en la atención de la comunidad. Cuando la democracia desciende de las alturas para toparse con la ciudadanía, encuentra en los alcaldes puente y escalera. Por ello, la comunicación entre los vecinos y sus servidores más próximos es fundamental para el establecimiento de un nexo primordial entre lo que propone como valor fundamental del civismo y el civismo propiamente dicho.

Los alcaldes importan por esa relación esencial con las comunidades, pero también porque su autoridad proviene de la soberanía popular. Son producto del voto de los vecindarios y de sus anhelos. Son hijos legítimos y administradores indiscutibles de la comunidad, en los términos más cristalinos. Ha sido así desde tiempos coloniales, cuando los administradores de las ciudades, de las poblaciones y los caseríos más modestos fueron sembrando con su trabajo en los municipios la semilla de la autonomía frente al régimen español. Son la raíz de la república y del republicanismo, como han demostrado los historiadores.

La dictadura sabe que, para controlar a su antojo a la sociedad, debe derrumbar el puente que los alcaldes significan, debe tumbar la escalera que permite la intimidad de la democracia cuando suben por sus escaños los ciudadanos para plantear sus urgencias y para reclamar la atención de sus necesidades. Ese trato humano la incomoda. Ese vínculo entre el funcionario modesto y diligente conspira contra la autocracia que no admite reproches, ni permite familiaridades. Tal vez sean los alcaldes de oposición la piedra más dolorosa en los zapatos del dictador, la espina más urticante en la cabeza del PSUV, la piña más estorbosa en el sobaco de la militarada.

Cuando la dictadura, mediante los oficios de su sirviente más ágil y obsecuente, el TSJ, la emprende contra nueve alcaldes para sacarlos del juego, busca la manera de destrozar una relación fundamental entre el pueblo y sus representantes legítimos. Contra nueve alcaldes de oposición, por supuesto, porque los electos en las listas del PSUV no representan al pueblo sino solamente a Maduro. Jorge Rodríguez, por ejemplo, que tiene en total abandono a su jurisdicción porque únicamente se dedica a trabajar como cachifo del dictador. A Jorgito no se le toca ni con el pétalo de una rosa.

La guerra de la dictadura contra los alcaldes de oposición es una guerra contra los valores más caros de la ciudadanía, una batalla descarada contra la democracia y los usos esenciales del republicanismo. El desfile de unos servidores públicos electos por el pueblo por el banquillo de una justicia reprobable y parcial es el que más nos concierne en cuanto habitantes de una comunidad determinada, en cuanto dolientes de una manera de vivir que depende de nosotros mismos y que solo la arbitrariedad puede liquidar con sus malas artes.

El gorilismo avanza a paso de vencedores, ahora por los predios más cercanos a nuestras calles de todos los días, a las escuelas de nuestros hijos, a nuestros intereses más dignos de atención, hasta ahora defendidos por los alcaldes a quienes se persigue sin justificación alguna.

 

¡No pongamos la torta! por Eddie A. Ramírez S. – RunRunes – 8 de Agosto 2017

UnknownHay motivos para estar molestos, pero no pongamos la torta ahora que esta dictadura totalitaria solo cuenta con una pequeña minoría de seguidores y tiene en contra a todos los países democráticos. Abundan los argumentos para no acudir a votar y también para votar. Por ello no es válido descalificar a quienes se inclinan por alguna de las dos opciones. Para decidir es necesario evaluar qué ganamos y qué perdemos.

Argumentos para no votar: 1- Si votamos y ganamos la mayoría de las gobernaciones es seguro que el régimen les quitará atribuciones y las estrangulará no aportándoles los recursos que les corresponden. Es decir, harán lo mismo que le aplicaron a la Alcaldía Mayor y a las gobernaciones de Miranda, Lara y Amazonas. Incluso el atropello puede ir más lejos y sus acólito de la inconstitucional y fraudulenta asamblea constituyente pueden eliminar las gobernaciones.2- Las rectoras tracaleras del CNE ya se pusieron en evidencia ante el mundo, por lo que no dudarían en cometer otro fraude para que los rojiarcas ganen las gobernaciones más importantes. 3- Si acudimos a votar estaríamos reconociendo la legitimidad del CNE y enfriaríamos las protestas de calle. 4- Con votos no sale una dictadura.

Argumentos para votar:1- Contar con gobernaciones en manos de los demócratas debilita al régimen y fortalece la lucha en contra del totalitarismo. 2- Aunque se justifica derrocar al régimen por intervención militar, esa opción no está en nuestras manos. Solo contamos con las valientes protestas de los jóvenes que lanzan piedras y queman alguna tanqueta, así como la presencia de ciudadanos de todas las edades en las calles. A cambio quienes protestan reciben balas y cárcel. Los generales Padrino, Reverol, Sergio Rivero, Zavarce y otros están tan embarrados que no les importa seguir ordenando los atropellos y ser alcahuetas de los paramilitares rojos. Las protestas de calle son necesarias pero no son suficientes para salir del régimen y no es fácil mantenerlas indefinidamente.

Conclusiones:

1- Los argumentos a favor y en contra de votar en las regionales tienen sustento. A los políticos les corresponde evaluar qué ganamos y qué perdemos. Para ello deben tomar en cuenta el interés nacional, el rechazo al régimen y la necesidad de salir del mismo lo antes posible para frenar el deterioro del país. La decisión debe ser de la MUD. Ramos Allup se adelantó, quizá para precipitar una decisión favorable a votar.

2- Si no votamos perdemos la oportunidad de ganar algo. Si votamos y nos quitan el triunfo o le quitan competencias a las gobernaciones no perdemos nada que ya no hayamos perdido. Quienes pueden ser afectados son los candidatos electos, los cuales pueden ir a la cárcel por cualquier excusa. No es cierto que las tracaleras del CNE se pueden salir siempre con las suyas. Está demostrado que cuando se es mayoría abrumadora y se cuenta con testigos  eficientes, no pueden hacer trampas. Las parlamentarias las ganamos por esfuerzo propio y no porque la Fuerza Armada nos apoyó. Sin embargo, hay que estar conscientes de que en una próxima elección las tramposas rectoras estarán todavía más dispuestas a seguir enlodándose.

3- Los países democráticos seguramente entienden que votar es nuestro punto fuerte. El que sea con un CNE tracalero no significa que se reconozca su legitimidad., al igual que cuando nos vemos obligados a pagar un rescate no significa que avalamos la acción de los delincuentes. En el 2005 nos abstuvimos pensando en deslegitimar al CNE y porque la dirigencia estaba convencida de que no podíamos obtener sino una docena de diputados. Hoy somos abrumadora mayoría y muchos estamos consciente de que nada logramos con la abstención. Criticar a los dirigentes que no han apoyado la creación de un gobierno paralelo, es no entender que eso sería rechazado por los gobiernos que hoy nos apoyan. Nuestra fortaleza es aferrarnos a la Constitución. Un gobierno de transición es posible y deseable, pero solo es viable por acuerdo entre las partes. Sería positivo que la MUD proponga un candidato de consenso como abanderado de esta lucha.

4- La espuria constituyente le dará más poder al régimen, terminará de anular a la Asamblea Nacional e intentará que no haya elección presidencial, por eso decidieron que estará activa durante dos años. Solo con las protestas de calle no cae ninguna dictadura, a menos que las mismas sean masivas y no pacíficas y que la fuerza armada decida no reprimirlas. La lucha por la democracia puede prolongarse, aunque no es descartable un hecho inédito. Requerimos votar, seguir con las protestas y tender puentes con quienes hasta hace poco han apoyado al régimen. No pongamos la torta ahora que la civilización se está imponiendo sobre la barbarie.

Como (había) en botica: Nuestra solidaridad con los Magistrados del TSJ electos por la Asamblea Nacional, entre ellos la doctora Elenis Rodríguez, con los alcaldes Gustavo Marcano y Alfredo Ramos, y con la Fiscal General. La luchadora Rocio San Miguel se precipitó al twittear que lo de la Brigada 41 era un falso positivo, pero ello no es motivo para descalificarla ¡No más prisioneros políticos, ni exiliado!

Comunicado alcaldía El Hatillo – 8 de Agosto 2017

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ALERTA

Persecución Alcalde David Smolansky

Como hemos venido alertando a la Comunidad Internacional la persecución, destitución y encarcelamiento de Alcaldes con pensamiento distinto al del Gobierno nacional se ha convertido en práctica constante por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Los Alcaldes Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Enzo Scarano, Delson Guarate, Warner Ramírez, Lumay barreto, Gustavo Marcano, Alfredo Ramos, Carlos García y Ramon Muchacho han sido apartados inconstitucional e ilegalmente de sus cargos. En mi caso, como Alcalde del Municipio El Hatillo he recibido numerosas amenazas desde febrero del año 2014, lo que incluso llevó a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictara medidas cautelares a mi favor en fecha 14 de enero del año en curso. En la actual coyuntura de manisfestaciones mulltitudinarias y pacíficas contra el regimen dictatorial que nos gobierna, nuevamente el Tribunal Supremo de Justicia es utilizado como instrumento para perseguir, amedrentar y encarcelar . En esta oportunidad nuevamente admite la demanda de protección de intereses colectivos y difusos presentada en mi contra, dicta una sentencia en la que me oblige a cumplir y ahora me cita a comparecer ante el Tribunal en Audiencia Pública el día miércoles 9 de agosto, y decreta medidas de prohibición de salida del país.

En este sentido hago un llamado a la Comunidad Internacional sobre las medidas que está tomando el gobierno en mi contra y que muy probablemente lleven a mi destitución y encarcelamiento como es el caso de los Alcaldes antes mencionados. En este sentido solicito que alcen su voz y se pronuncien ante esta ola de atropellos y violaciones a los mas elementales derechos humanos.

En Caracas, a los ocho días del mes de agosto de 2017.

David Smolansky Urosa

Alcalde

Inhabilitado y condenado a 15 meses de cárcel un líder opositor en Venezuela – El País – 8 de Agosto 2017

Unknown.jpegEl Tribunal Supremo de Venezuela sanciona a Ramón Muchacho, alcalde de Chacao, por “desacato”

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha establecido que Ramón Muchacho, el alcalde del municipio de Chacao, un bastión opositor en Caracas, incurrió en una “falta absoluta” por permitir la instalación de barricadas durante las protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro, por lo que ha ordenado su cese y le ha condenado a 15 meses de cárcel e inhabilitación política. Se le castiga “por desacato”, ha explicado un boletín del TSJ.

El TSJ ha adoptado esta decisión tras nueve horas de deliberaciones. Las audiencias del caso comenzaron el pasado jueves, pero Muchacho se ha negado a asistir, enviando a sus abogados, algo que los magistrados ya le advirtieron de que sería interpretado como una aceptación de los hechos. Su defensa ha presentado un informe médico expedido por una profesional de la medicina privada en el que se especifica que el alcalde tiene “problemas de salud que le impiden asistir al mencionado acto”.

Muchacho se suma así a la larga lista de alcaldes opositores contra los que ha actuado el TSJ estos años. Han sido objeto de medidas similares Daniel Ceballos (San Cristóbal) y Antonio Ledezma (Caracas) y, solo en las últimas semanas, Gustavo Marcano (Lechería), Alfredo Ramos (Iribarren), Carlos García (Mérida) y José Barreras (Cabudare).

Además, el alto tribunal ha prohibido salir de Venezuela al alcalde de El Hatillo, el también opositor David Smolansky. Este miércoles tendrá lugar la audiencia en la que se dirimirán los cargos en su contra por, supuestamente, desobedecer una orden judicial que le obligaba a impedir las protestas contra Maduro.

Más de un centenar de personas han muerto y miles han sido detenidas desde el pasado mes de abril, cuando la Mesa de Unidad Democrática (MUD) —alianza opositora en Venezuela— inició una ola de protestas contra Maduro.

 

Maduro pone en el punto de mira a los 80 alcaldes de la oposición por Miguel González – El País – 6 de Agosto 2017

El español Josy Fernández se enfrenta a 15 meses de cárcel por no impedir las manifestaciones opositoras en su ciudad

Después de destituir a la fiscal general, Luisa Ortega, y de intentar suplantar a la Asamblea Nacional con la nueva Asamblea Constituyente, controlada por el chavismo, el régimen de Nicolás Maduro ha puesto en el punto de mira a los 80 ayuntamientos controlados por la oposición.

El Tribunal Supremo se ha convertido en el ariete para derribar a los alcaldes elegidos en los comicios de 2013 y barrer a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de uno de sus últimos bastiones institucionales. Además del caso más conocido, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, en arresto domiciliario, dos ediles han sido condenados a 15 meses de cárcel en las últimas dos semanas y hasta 14 están encausados por permitir las manifestaciones contra el Gobierno que se suceden desde el pasado 1 de abril.

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Josy Fernández, alcalde de San Antonio de los Altos

Uno de ellos es Josy Fernández, alcalde de San Antonio de los Altos, un municipio de 110.000 habitantes a 10 kilómetros de la capital. Fernández, del partido opositor Primero Justicia, está citado para este martes por el tribunal y, en conversación telefónica con EL PAÍS, asegura que aún no ha decidido si acudirá. Califica de “absolutamente inconstitucional y al margen de la ley” el procedimiento abierto contra él y denuncia que sus abogados ni siquiera han podido acceder al expediente.

La acusación se basa en el testimonio de cuatro miembros del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que no viven en su ciudad y que sostienen que las protestas les impidieron el paso. “La denuncia es un corta y pega, tanto que ni siquiera se han molestado en cambiar el nombre de la localidad y me imputan no prohibir las manifestaciones en Baruta, un municipio que no es el mío”, alega Fernández.

El alcalde justifica la movilización de sus vecinos por la situación desesperada que vive la población, con escasez de alimentos y medicinas y una inflación del 5000%, pero asegura disponer de vídeos que demuestran que las manifestaciones no alteraron en ningún momento la movilidad.

No confía en que sus argumentos sean considerados. El alcalde de Iribarren, Ramón Alfredo Ramos, fue capturado el pasado día 28 por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la policía política de Maduro, y otros cuatro ediles, incursos en el mismo procedimiento, están en busca y captura. Además de acabar en la cárcel, se enfrenta a la destitución de un cargo para el que fue elegido con el 78% de los votos.

Fernández es uno de los casi 200.000 venezolanos con nacionalidad española. Hasta los 18 años vivió en el municipio de Chantada (Lugo), de donde procede su familia. La última vez que estuvo en España fue hace tres meses, pero tuvo que regresar precipitadamente a Venezuela ante el deterioro de la situación. Tiene pasaporte español, al igual que sus dos hijos, pero no parece que eso pueda servirle de mucho: media docena de españoles llevan meses en las cárceles de Maduro, incluido el exlíder estudiantil Yon Goicoechea, pese a que se ha archivado la acusación contra él, y otros 20 han sido detenidos en la última oleada de manifestaciones.

 

Comunicado Fiscalia – 5 de Agosto 2017

Leopoldo López vuelve a arresto domiciliario por Ewald Scharfenberg – El País – 6 de Agosto 2017

El opositor venezolano regresa a casa tras cuatro noches en la cárcel de Ramo Verde
Unknown-1El preso político venezolano Leopoldo López, dirigente del partido político Voluntad Popular (VP), ha vuelto este sábado a arresto domiciliario, tras haber pasado cuatro noches en la cárcel militar de Ramo Verde, a las afueras de Caracas. “Acaban de trasladar a Leopoldo a la casa. ¡Seguimos con más convicción y firmeza para lograr la paz y libertad de Venezuela”, anunció la esposa de López, Lilian Tintori, en su cuenta de Twitter poco antes de las once de la noche.

López —arrestado en febrero de 2014 y condenado en septiembre de 2015 a cumplir una sentencia de casi 14 años en prisión por cargos de asociación para delinquir, instigación y destrucción de bienes públicos— estuvo confinado en Ramo Verde hasta el pasado 8 de julio, cuando se le concedió una medida de “casa por cárcel”. La gracia fue producto del proceso de mediación llevado a cabo por el expresidente de Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.

Pero el naufragio definitivo de la misión de Zapatero, en vísperas de las elecciones constituyentes del 30 de julio, y la posterior crispación del clima político, llevaron al Gobierno a internar de nuevo en prisión a López el pasado martes.

La madrugada de ese día agentes de la policía política también buscaron en su residencia al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, dirigente del opositor partido Alianza Bravo Pueblo (ABP), para conducirlo a la misma prisión de Ramo Verde. Ledezma, preso político como López, también gozaba del beneficio del arresto domiciliario, pero desde mucho antes que el político de Voluntad Popular (abril de 2015).

El Gobierno venezolano, a través de voceros, dijo el martes que la redada contra López y Ledezma se había producido por la ruptura de las condiciones de excarcelación ofrecidas a ambos políticos, en especial, lo relativo a la prohibición de conceder declaraciones públicas.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el Gobierno de Nicolás Maduro, aclaró por su parte que había decidido revocar los beneficios a López y Ledezma para evitar que se fugaran. No obstante, el viernes, tres días después de su regreso a prisión, las autoridades devolvieron a Ledezma a su casa.

Ni los familiares ni los abogados de Leopoldo López habían podido verlo en su nuevo confinamiento desde que fue trasladado a prisión. Se esperaba que este sábado, día regular de visita en Ramo Verde, pudieran hacerlo. Sin embargo, fue devuelto a su residencia en el norte-centro de Caracas.

El martes se dio a conocer por las redes sociales un vídeo grabado previamente en su hogar, en el que López y su esposa, Tintori, revelaron que esperan su tercer hijo.

La nueva Asamblea Constituyente destituye a la fiscal general de Venezuela por Ewald Scharfenberg – El País – 6 de Agosto 2017

1497546897258Diosdado Cabello propone como fiscal provisional al actual Defensor del Pueblo, Tarek William Saab

La guillotina revolucionaria en la que el chavismo prometió convertir la recién estrenada Asamblea Constituyente se puso en funcionamiento ayer mismo. La primera víctima fue la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, a la que el Gobierno considera una “traidora” y a la que hace semanas que lanza advertencias. La Asamblea asumió el mandato de destituirla y declaró el ministerio público, cuya sede fue rodeada por las fuerzas de seguridad, “en emergencia”.

Los diputados de la Constituyente nombraron al defensor del Pueblo, Tarek Williams Saab, sustituto provisional de una fiscal general que desde hace semanas se había convertido en blanco primordial del Gobierno de Nicolás Maduro.

Muy crítica con el Ejecutivo chavista en los últimos meses, la abogada, en el cargo desde 2007, aseguraba hablar en nombre de un chavismo “original” y destacaba en una corriente crítica que amenazaba con alimentarse con más deserciones de la línea oficial. Su destitución supone un aviso para desalentar a otros posibles disidentes. El propio presidente, así como el número dos del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, advirtieron en diferentes intervenciones televisivas que ajustarían cuentas con Ortega Díaz. La sede de la Fiscalía General, en el centro de Caracas, amaneció ayer rodeada por tropas de la Guardia Nacional, lo que avanzaba que el Gobierno se aprestaba a pasar a la acción. Los efectivos militares arrestaron a los escoltas y personal de seguridad de la Fiscalía, e impidieron a la fiscal general la entrada en el edificio.

El viernes por la noche circularon ya por las redes sociales comentarios sobre un fallo eminente del Tribunal Supremo de Justicia, leal al chavismo, contra la fiscal general. Y así fue. Al iniciar su primera sesión oficial de trabajo, el secretario de la Asamblea Constituyente dio ayer lectura de la decisión del Supremo de abrir un procedimiento a Ortega Díaz para decidir si la sienta en el banquillo de los acusados, como pidió en mayo en una demanda el diputado chavista Pedro Carreño, por supuestas irregularidades de la fiscal en el desempeño del cargo.

Ruptura

Junto a la decisión de iniciar ese procedimiento, el Supremo acordó suspender a Ortega Díaz del cargo, así como prohibir su salida del país, la enajenación de sus bienes y el bloqueo de sus cuentas bancarias. En el histórico salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, donde hasta ayer celebraba sus sesiones el Parlamento elegido en las urnas a finales de 2015 con mayoría opositora, Diosdado Cabello propuso a sus “camaradas” destituir sin más dilación a Ortega Díaz “para evitar un vacío” y, según sostuvo, “combatir la impunidad”.

La propuesta, a la que Cabello acompañó de una moción para declarar en emergencia a la Fiscalía y designar al sustituto, no tuvo que ser votada. Se aprobó por aclamación y entre los vítores de la Constituyente. En declaraciones posteriores a medios oficiales, Cabello se apresuró a recalcar que la decisión no es “un linchamiento personal o político”.

El desencuentro entre Ortega Díaz y la dirección chavista comenzó a fraguarse públicamente en marzo, cuando el Supremo despojó al Parlamento de sus funciones legislativas para traspasarlas al Ejecutivo y la fiscal afirmó que ello suponía “una ruptura del orden constitucional”. Fue también el pistoletazo de salida de la oleada de protestas callejeras que aún sacude al país y ha dejado más de un centenar de muertos. La jurista denunció que las fuerzas de seguridad estaban violando los derechos humanos en las manifestaciones, citó como imputados a responsables policiales, y finalmente incluso promovió la apertura de juicios a magistrados oficialistas del Supremo.

Ante el cese, el presidente de la Asamblea Nacional y dirigente del partido opositor Primero Justicia (PJ), Julio Borges, acudió a la sede de la Fiscalía en compañía de otros cuatro parlamentarios. “Hacemos un llamado a los venezolanos a mantener la determinación por la defensa de la democracia y la paz. La destitución de la fiscal es otro paso de fuerza bruta que cava la propia tumba del régimen”, afirmó.

MÉXICO Y COLOMBIA CONDENAN LA DESTITUCIÓN DE ORTEGA
México y Colombia han condenado este sábado la destitución de la fiscal general venezolana, Luisa Ortega, por decisión de la nueva Asamblea de Venezuela. Para el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, se trata del “primer acto dictatorial” de la Asamblea Nacional Constituyente, instalada este viernes por el chavismo, a la que consideró “ilegítima”. En su mensaje, lanzado en la red social Twitter, reitera su solidaridad con el pueblo venezolano.

Por su parte, el Gobierno mexicano y la Procuraduría General de la República (fiscalía) han mostrado su rechazo a la decisión a través de un comunicado conjunto en el que “deploran y condenan la destitución de la fiscal”, así como el “asedio del Gobierno” venezolano a las instalaciones del Ministerio Público por parte de la Guardia Nacional Bolivariana. “El Gobierno de México hace un llamado al Gobierno de Venezuela para cese los actos de hostigamiento y uso de la fuerza pública contra las instituciones del Estado”, señala el escrito.

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