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Las empresas también quieren emigrar de Venezuela por Juan Carlos Zapata – Alnavío – 8 de Septiembre 2018

Con el paquetazo, Nicolás Maduro apunta ahora al corazón de lo que queda de propiedad privada. De los que quedan en resistencia. De los que no querían irse de Venezuela y ahora lo piensan. De los que ya comienzan a decir: bueno, sólo falta entregarles la empresa, y aquí está. Maduro apunta, también, hacia aquellos que quieran quedarse junto a él, los cuales, a su vez, no tienen garantía alguna, porque les puede pasar lo del empresario boliburgués Ricardo Fernández Barrueco con Chávez. Expropiado y preso.
Chávez obligó a Juan Carlos Escotet a buscar otras rutas / Foto: Abanca
Chávez obligó a Juan Carlos Escotet a buscar otras rutas / Foto: Abanca
Había corrido la versión en altos círculos políticos y económicos de que el gobierno de Nicolás Maduro cada vez soltaba amarras del poder cubano. Que la dirigencia chavista era más independiente. Que las “fantásticas” ideas de los últimos años e inclusive la represión son producto de la imaginación y la crueldad local. La especie fue esparcida por algunos presidentes y expresidentes de la región latinoamericana y Europa con acceso a La Habana y al Palacio de Miraflores. Y esa especie puso a dudar a empresarios y políticos que a su vez se reunían y se reúnen con los exmandatarios. Ahora la tortilla da la vuelta. O vuelve al punto de partida. Al momento en que, como decía el finado Luis Miquilena, mentor electoral de Hugo Chávez, Fidel Castro le sorbió los sesos a aquel. Estamos hablando de 1999. De una noche de 1999 en la que, en La Habana, Miquilena dejó a Chávez y a Castro solos. Para que hablaran. Cuando se reencontraron, ya Chávez era otro. O tal vez el mismo, pero reforzado, sólo que Miquilena no se había percatado de ello.

Ahora estamos en el punto del paquetazo de Nicolás Maduro. Han transcurrido dos décadas. Cuando Maduro llega al poder, llega con el apoyo decisivo de ese poder cubano. Un poder que había medido al hombre. Al hombre aparato. Que bien monitoreado, alcanza los niveles de crueldad, desparpajo, resistencia, hipocresía y hasta indiferencia, claves no sólo para sobrevivir sino para imponerse. Un hombre de admiración expresa hacia el castro-comunismo desde la adolescencia. Un hombre que en abril de 2002, cuando Chávez se quiere ir a Cuba, echado del gobierno, piensa, nada más y nada menos, que el comandante los había traicionado, y por ello, Maduro huye, huye con la que ahora es su mujer, Cilia Flores. Si Maduro pensaba en la traición de Chávez, ¿a cuánto estaba dispuesto en aquellos días de abril que Caracas se levanta contra el régimen? ¿Dispuesto a la represión? ¿Dispuesto a matar? Ya entonces era posible observar al hombre cruel que ha sido después.

Hugo Chávez echó a Gustavo Cisneros de Venezuela. Y pisoteó a Marcel Granier estatizando el canal de televisión, RCTV. Mencionamos estos dos emblemáticos. Chávez también obligó a Juan Carlos Escotet a buscar otras rutas, como Galicia, Panamá, Estados Unidos, después de haberlo defendido de la furia de Diosdado Cabello. Chávez echó a un grupo de boliburgueses y encarceló a otros. Maduro echó a Miguel Ángel Capriles, que vendió la Cadena Capriles al madurismo. Y acaba de intervenir Banesco, el banco de Escotet, y ni siquiera atiende a Escotet, llegando al punto de instruir la ruptura de cualquier puente con el único banquero multimillonario que ha tenido Venezuela. Es la furia de Cabello en acción. Maduro echó a Andrés Mata, logrando que afectos del régimen se quedaran con El Universal. Chávez enfrentó a Lorenzo Mendoza y al Grupo Polar, pero Maduro los está echando. Maduro empujó al Grupo Mercantil a dividir operaciones, las de Venezuela, y las de Estados Unidos (Leer más: Un banco venezolano marca la pauta de cómo escapar del riesgo Maduro). Maduro los está echando a todos. Echó al exZar de PDVSARafael Ramírez. Y encarceló a un boliburgués emblemático: Diego Salazar.Chávez también echó a Gustavo Cisneros de Venezuela / Flickr: Adriana Cisneros

En dos episodios represivos, 2014 y 2017, Maduro demostró por qué fue el candidato del poder cubano y el elegido de Chávez. Con varias sentencias delTribunal Supremo de Justicia (TSJ) confirmó que podía romper el hilo constitucional, dispuesto a no soltar el poder. Un poder más cerrado con la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Un poder que somete a los aliados internos. A los adversarios internos. A la Fuerza Armada. Al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). A Maduro se le dijo en el IV Congreso del PSUV: Disponga usted, Presidente.

Con el paquetazo, Maduro apunta ahora al corazón de lo que queda de propiedad privada. De los que quedan en resistencia. De los que no querían irse y ahora lo piensan. De los que ya comienzan a decir: bueno, sólo falta entregarles la empresa, y aquí está. Maduro apunta hacia los bancos. Que ya tiene a Banesco en sus manos y no lo soltará, según coinciden los banqueros. Maduro apunta, también, hacia aquellos que quieran quedarse junto a él, los cuales, a su vez, no tienen garantía alguna, porque les puede pasar lo del empresario boliburgués Ricardo Fernández Barrueco con Chávez. Expropiado y preso.

El paquetazo de Maduro está acompañado de esa actitud ante el éxodo. El uso del éxodo como arma contra Colombia, Perú, Brasil, Ecuador. En el Gobierno dicen que no hay tal éxodo extraordinario. La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, dice que es “normal”, aunque sabe que no lo es. Porque lo impulsan para generar más problemas en la región. La actitud hacia el éxodo es la del desprecio hacia el que se va. Y es el desprecio hacia la opinión pública. Y es la manipulación propagandística del éxodo mostrando lo que no es: que hay venezolanos que quieren regresar (Leer más: Por qué Nicolás Maduro desprecia el éxodo venezolano).Chávez enfrentó a Lorenzo Mendoza, pero Maduro lo está echando / Foto: WC

Venezuela es un botín

El fallecido expresidente Rómulo Betancourt señalaba que con los Castro enCuba nació el terrorismo. El secuestro de aviones. La invasión guerrillera. El Che Guevara. Matar a un policía. El espionaje. La infiltración. El intento de controlar un gobierno como el de Salvador Allende en Chile. En Venezuela, se aplica un terrorismo interior. Hacia la empresa. Hacia la dirigencia política. Hacia la disidencia. Hacia lo que no calce en la estructura y el movimiento hegemónico. Que no encaje en ese estado de dominación, tal como ha definido el jefe de los jesuitas, Arturo Sosa, al proceso chavista. Lo aplicaron los Castro en Cuba, llevando gente al paredón y a campos de concentración, y expulsándola del país. Hoy en Venezuela hay otras formas de llevar al paredón. Recordemos a Chávez enfilando contra la jueza María Lourdes Afiuni, contra el excandidato presidencial Manuel Rosales, contra su examigo y compadre, general Raúl Baduel. Y esta conducta, recordemos a Maduro señalando que él superaría la represión del dictador turco Recep Tayyip Erdogan después de aquella intentona golpista de 2016. Y de Maduro son los presos políticos en la siniestra cárcel de El Helicoide. Y son los muertos y heridos en la calle. Y son los ejecutivos de Chevron presos, y los ejecutivos de Banesco presos, y los empleados de una farmacia o un supermercado presos. Es el terror interno. Son décadas de laboratorio. De políticas y medidas probadas. Son décadas de estudio, conociendo la dirigencia. Estudiando la dirigencia. Con decir que el poder cubano llegó, con la excepción de Betancourt que lo combatió hasta el último aliento, a encandilar a presidentes, expresidentes, estadistas, escritores, premios Nobel de literatura, periodistas, empresarios, banqueros.

No era difícil sorberle los sesos a Hugo Chávez. No es difícil controlar al régimen de Maduro. Monitorear a Maduro. Celebrar a Maduro. Encumbrar a Maduro. Y este que posee las dosis necesarias del ejemplar totalitario, se monta en la operación. Recordemos al Maduro canciller, aprendiz y mandadero, arengando a los militares paraguayos cuando se deponía al presidente Fernando Lugo. Recordemos al Maduro defendiendo la reelección indefinida de Hugo Chávez, la que hoy quiere Daniel Ortega en Managua, la que los Castro han gozado en Cuba, la que desea Evo Morales en Bolivia, a la aspiraban Rafael Correa en Ecuador y los Kirchner en Argentina.Venezuela es el botín con el que soñaron los Castro y Betancourt siempre les negó / Foto: WC

Venezuela es un botín. El botín con el que soñaron los Castro y Betancourt siempre les negó. Chávez se los entregó. Y Maduro termina el trabajo. El paquetazo es parte del esquema del poder. La Habana, Caracas, Managua. Que ahora provocará el otro éxodo. El del capital. Que ya hay empresarios que no saben qué hacer. Ni siquiera atinan a cómo sacar las cuentas. De algo están seguros: que el chavismo, que Maduro, que Diosdado Cabello, los empujan a escapar. A marcharse. A decirle adiós a Venezuela.

Fernando Mires: Una parte de la oposición venezolana “se está cubanizando” por Vanessa Davies – Contrapunto.com – 4 de Septiembre 2018

Fernando Mires: Una parte de la oposición venezolana
“No solo por la cantidad de votos teme Maduro a las elecciones. Las teme, antes que nada, porque las elecciones pueden ser el lugar en donde se forme una oposición internamente organizada y no esa masa políticamente invertebrada que existe hoy día” .

“En diciembre se avecinan nuevas elecciones y no se sabe qué está haciendo la oposición para enfrentar ese evento”, señala el analista. Las migraciones jamás han provocado intervenciones militares externas, enfatiza

Para quien no sepa quién es o cómo piensa Fernando Mires, esta entrevista no será más que la opinión de “otro madurista más”. Pero a Mires no se lo debe despachar con tres palabras ofensivas o dos frases hechas. Su condena al Gobierno del presidente Maduro y sus críticas a la oposición nacen de una vida de reflexión y escritura, de sus textos sobre filosofía política; del hecho de haber nacido en Chile en 1943 y ser, ahora, profesor emérito de la Universidad de Oldenburg (Alemania).

Para Mires lo que hay en Venezuela es una dictadura. Así de sencillo. Pero hay, también, una oposición que lo que ha hecho es afianzar al Gobierno. “Una parte –queremos creer que es ínfima– de la oposición también se está cubanizano”, sostiene el politólogo en entrevista con Contrapunto vía correo electrónico. Lo dice por algunos voceros que están fuera del país y que consideran que la crisis política se soluciona dando órdenes que nadie puede ejecutar.

Fernando Mires presentó en Caracas, en 2016, su libro El Cambio, con prólogo de Henrique Capriles. Durante la presentación se tomaron estas fotografías

La política virtual 

—La política por Twitter se ha impuesto también en nuestro país. ¿Qué consecuencias tiene la política tuitera?

—Es un fenómeno mundial. Hasta el presidente de Estados Unidos (EEUU) gobierna por Twitter. A eso es difícil oponerse. Twitter está instalado y llegó para quedarse. En ese sentido yo no me declaro antituitero. Twitter es un medio y un espacio en el cual se forman fragmentos del discurso publico –diría Habermas–. Que hay quienes abusan de ese medio, que hay un lumpen tuitero, que hay una chusma agresiva y anónima, todo eso es inevitable. El tuiteo al menos sirve para darse cuenta de cuánto subdesarrollo cultural anida en el mismo centro de lo que llamamos civilización. Pero por otro lado, también hay tuiteros notables, verdaderos artistas de la frase corta. Por eso una vez yo escribí que Nietzsche nació antes de tiempo. Nietzsche habría sido un gran tuitero. Casi todas sus grandes frases caben en un tuit.

—¿Qué impacto ha tenido la política tuitera en Venezuela? ¿Ha incidido en la pérdida de liderazgo de la oposición, por ejemplo? ¿En la destrucción de dirigentes?

—Efectivamente. Twitter no es democrático. La gente que pasa hambre y vive en la miseria no tiene tiempo ni ganas de tuitear; de ahí que solo una capa de la población participa en las minipolémicas. Por esa razón el tema de la ausencia de liderazgo no tiene mucho que ver con Twitter. En el mejor de los casos Twitter solo refleja la ausencia de liderazgo. Y en Venezuela no hay liderazgo porque la capitulación abstencionista del 20-M llevó a la oposición a perder liderazgo en el único campo donde lo había ejercido: en el electoral.

De acuerdo con Mires “la oposición –lo sabemos todos– solo era una confederación electoral. Sin elecciones no puede haber oposición. Así de simple. Ahora, esa ausencia de política ha llevado sin duda a que sectores antipolíticos, particularmente los que siguen a la señora Machado y a Ledezma, ejerzan cierta hegemonía comunicacional en las redes. Y es natural. Como no tienen poder de convocatoria, como no tienen calle, como no tienen política, han hecho de Twitter no un medio, sino un fin en sí. No obstante, poco a poco, he observado, se levanta en contra de ellos un contradiscurso tuitero, uno que no recurre a la invectiva ni al insulto, sino a la razón y a la lógica.

—Por Twitter se ha ordenado encarcelar a Maduro, desconocer sus decisiones… ¿Esto es real? ¿Twitter puede reemplazar la acción política?

—En ningún caso. En Twitter no se puede hacer lo que tampoco se puede hacer en la vida no tuitera. Si no existiera Twitter, tales sectores lo harían por la radio, o incluso por volantes. Lo que sí es cierto, y eso es imposible desconocerlo, es que Twitter, al provenir del mundo virtual, ha ofrecido un espacio virtual para que determinados grupos lleven a cabo una política también virtual. Ellos han creado, efectivamente, una suprarealidad virtual: un mundo hacia donde determinados grupos potencian fantasías, donde dan rienda suelta a sus deseos irrealizados y, lo peor de todo, donde terminan confiriéndoles vida real. Son los del “hay que”. Fíjese usted como Machado, Ledezma y sus dignos seguidores comienzan casi todos sus tuits con el “hay que”. Hay que sacar a Maduro, hay que salir a las calles, hay que reconstruir la democracia. La palabra “como” no la conocen. O solo la usan en el verbo comer.

Plan contra Capriles

—Hay un TSJ en el exilio condenó a Maduro pero también pidió investigar a Capriles. ¿Qué lectura hace de ambas decisiones? ¿Tiene validez lo que diga el TSJ en el exilio?

—Seamos claros: no hay ni puede haber un TSJ en el exilio, así como no hay gobernadores ni presidentes en el exilio. Los cargos estatales –con excepción de las embajadas– solo pueden ser ejercidos dentro de la nación. Por eso la AN nombró a miembros suplentes de ese tribunal en Venezuela, los que fueron obligados por el régimen a irse al exilio. La AN no nombró nunca a ningún tribunal en el exilio. No podía hacerlo. Habría sido anticonstitucional. Ese TSJ en el exilio solo tiene y puede tener un carácter simbólico, y probablemente está bien que así sea. Pero no puede sentenciar de modo vinculante en contra de nadie. De ahí que a mí me resulta evidente que la petición de que se investigara a Capriles surgió de una oscura esquina del extremismo opositor.

La sola intención de investigar a Capriles (y no a otro) delata el avieso deseo de destruir la imagen de uno de los pocos líderes de oposición con reconocimiento público. No deja de ser sintomático el hecho de que Capriles, en el mismo momento de la “petición” del TSJ simbólico, hubiera estado llevando a cabo esfuerzos por unir a diversos partidos de la oposición. Por ahí van los tiros, creo yo. El del TSJ simbólico fue un atentado (pseudo) judicial en contra de Capriles.

—¿Hay complicidad o hipocresía de gobiernos o líderes de izquierda con el Gobierno venezolano por considerar que es de izquierda? ¿En qué la ha visto y por qué?

—Yo lo vería al revés. Maduro en estos momentos solo cuenta con el apoyo decidido de dos dictaduras, Cuba y Nicaragua, y de un gobierno personalista y autoritario, como el de Evo Morales; es decir, solo cuenta con el apoyo de la izquierda antidemocrática. La izquierda democrática ha tendido a la omisión y a la neutralidad, pero ya no brinda entusiasta apoyo al régimen venezolano como ocurrió en el pasado. Ni el gobierno uruguayo ni el mexicano parecen dispuestos a jugárselas por Maduro. Si Lula llega al gobierno, tampoco lo hará. Más todavía: Lenín Moreno ha desertado de la izquierda antidemocrática que llegó a representar Correa. La salida de Ecuador del ALBA fue un durísimo golpe para Maduro, hecho no computado por la casi inexistente oposición venezolana.

Ahora, que gobiernos democráticos, sean de izquierda o de derecha, no estén dispuestos a embarcarse en una aventura internacional en contra de Maduro, es otra cosa. Cada gobierno se debe, en primer lugar, a su nación. En este mismo momento a Piñera, para poner un ejemplo, le interesa mucho más el conflicto limítrofe que está atizando Morales en contra de Chile que el futuro político de Venezuela. Lamentablemente es así, y debe ser así. La comunidad internacional solo ha sido una ficción geopolítica que inventaron los abstencionistas venezolanos para justificar su capitulación electoral.

—Usted dice que no hay regímenes autoritarios sin personas autoritarias. ¿Eso implica que hay personas autoritarias en Venezuela, tanto las que ejercen el autoritarismo como las que lo avalan? ¿Es un “autoritarismo plebeyo”, si lo llamamos así?

—Sí. Pero eso no solo vale para Venezuela. Tiene validez para gran parte de los países latinoamericanos y para algunos países de Europa del Este. Allí, donde el espíritu de la constitución nacional no anida en el alma de los ciudadanos, estos se dejan regir por valores extraconstitucionales como la religión (o sus sustitutos ideológicos), la tradición y la autoridad. Por esa razón hay una estrecha relación entre dictadura, autoritarismo cultural y patriarcalismo. El tema es interesante. Estoy planeando escribir un artículo acerca de eso.

—Trino Márquez (sociólogo) dice que el presidente Maduro busca destruir o controlar. ¿Usted comparte este criterio? Si es así, ¿qué implica para el país?

—Trino tiene razón. El objetivo central de Maduro es destruir tres poderes no estatales: el empresarial, el de los sectores profesionales y el de la clase política opositora. No podemos decir que no ha tenido éxito. Todas las medidas económicas implementadas desde el Gobierno no persiguen otro propósito que formar una masa pauperizada, dócil y apolítica, dependiente biológicamente del Estado.

Carnet de la patria: sin supremacías morales

—Hubo un ataque, o un atentado, contra el presidente Maduro el 4 de agosto. ¿Esto implica una escalada de violencia política en Venezuela?

—No lo creo. La violencia, en toda su magnitud, solo puede provenir desde el ejército. Naturalmente, si el campo social está vaciado de política, como ocurre en estos momentos, puede ocurrir que personas o grupos excéntricos, de esos que existen en todas partes, comiencen a actuar. Pero como es sabido, atentados no solo ocurren bajo una dictadura sino también bajo una democracia. El problema es que las dictaduras intentan siempre capitalizarlos y los que pagan las consecuencias son por lo general los políticos más constitucionalistas. Es el caso dramático de Requesens.

—El debate político en Venezuela está centrado ahora –o parece estarlo– en el carnet de la patria, si se saca o no se saca. ¿Es este debate relevante para el país? ¿Debe ser el punto de discusión más importante entre los sectores políticos? ¿Qué implica el carnet de la patria? ¿Son traidores los que se lo sacan? 

—Cuando hay ausencia de conducción política todas las decisiones pasan a ser personales. Quienes adquieren el carnet de la patria no han contravenido ninguna línea política, ninguna directiva, ningún proyecto, entre otras cosas porque la propia oposición no se ha pronunciado, en su conjunto, sobre el tema. Es, por lo tanto, una vileza calificar de traidores a miles y miles de seres humanos que adquieren el carnet obligados por la pobreza material que los acosa día a día. Si alguien no quiere el carnet porque presuntamente atenta contra su dignidad personal, que lo haga. Si alguien lo necesita para alimentar a su familia, también debe hacerlo. No es el momento para exhibir supremacías morales a costa de las necesidades de los más desvalidos. Creo que he sido claro. Primero hay que comer. La oposición no se hace con fakires.

—Si Gobierno y oposición están al margen de las grandes mayorías en Venezuela, ¿quién está haciendo política? ¿Cuáles son las salidas? ¿Esa desconexión abre las puertas a qué cosas?

—Usted lo ha dicho en su pregunta. Si nadie está haciendo política, la alternativa (yo no hablo de salida, de eso estamos lejos) solo puede ser hacer política. Y a riesgo de que me califiquen de electoralista o de fundamentalista de los votos, sostengo que, dadas las condiciones que se dan en la actualidad, la alternativa solo puede ser electoral; entre otras cosas, porque la oposición es antes que nada electoral. Nunca ha sabido hacer algo que no sea participar en elecciones. Y cuando lo ha hecho, lo ha hecho bien. Ahora, en diciembre se avecinan nuevas elecciones y no se sabe que está haciendo la oposición para enfrentar ese evento. Todos hablan de unidad, pero la unidad solo puede ser electoral, y eso nadie lo dice. ¿Van a volver a repetir la torta que dejaron el 20-M?

Fernando Mires agrega otros elementos para el debate: “Naturalmente, el TSJ es parcial. Y nuevamente me van a decir, con elecciones sí, pero no con ese CNE. Quienes así hablan no saben en verdad lo que significa un proceso electoral. Allí el objetivo es ganar, pero no se trata solo de ganar, sino de hacer política ciudadana en su máxima expresión. ¿Quieren calle? ¿Cuándo ha habido más calle si no en una campaña electoral? ¿Quieren liderazgos? ¿Cuándo si no en medio de un proceso electoral se forjan y se prueban los líderes, hablando a su gente? ¿Quieren participación? ¿Qué mejor que un campo electoral para dar curso a las iniciativas populares formando comités barrio por barrio, pueblo por pueblo? No solo por la cantidad de votos teme Maduro a las elecciones. Las teme, antes que nada, porque las elecciones pueden ser el lugar en donde se forme una oposición internamente organizada y no esa masa políticamente invertebrada que existe hoy día. En otras palabras: un proceso electoral no es solo un medio. Puede ser también un fin”.

Migraciones no provocan intervenciones militares 

—El presidente Maduro se ha mantenido en Miraflores, a pesar de la crisis y de pérdida de popularidad reportada por encuestas. ¿Qué cree que lo ha mantenido en el poder?

—En una frase: Maduro ha llegado hasta donde lo dejaron llegar.

—Hay dirigentes políticos clamando por una intervención internacional en Venezuela. ¿Es ese el camino para salir de la crisis? ¿Qué consecuencias tendría?

—De todas las barbaridades que se leen en las redes, esa es la más grande de todas. Nadie en el exterior –salvo una vez Trump, quien corrigió al día siguiente– ha dicho algo al respecto. Ningún presidente latinoamericano ha dado una opinión sobre el tema. Más bien al contrario: todos han subrayado que a los venezolanos y a nadie más corresponde solucionar sus problemas. Llama incluso la atención de que sean personajes que se llenan la boca con la palabra dignidad los que piden a gobiernos extranjeros que actúen en nombre de lo que ellos no han sabido y no han querido hacer.

Por otro lado, expone Mires, “todos sabemos que un gobierno actúa militarmente en contra de otro si se da el caso de que ese otro representa un peligro para la soberanía exterior de su país o de sus aliados. No es el caso de Maduro, quien solo atenta en contra de la seguridad interior de su propio país. El último argumento, recientemente esgrimido, es que las migraciones masivas que tienen lugar en Venezuelan llevarían a una intervención externa. Opinión absurda: sabemos que las intervenciones militares externas han provocado grandes migraciones (Siria e Irak) pero jamás que las migraciones hayan provocado intervenciones militares externas”.

A su juicio, “una fracción surrealista de la opinión pública venezolana está corriendo la misma suerte que corrieron algunos cubanos en Miami. Alejados de su país –algunos antes de irse– han dado curso libre a su imaginación y dan por sentado hechos que no tienen cómo ocurrir. En otras palabras: no solo el sistema económico del madurismo está siendo cubanizado. Una parte –queremos creer que es ínfima– de la oposición también se está cubanizano. Por cierto, pueden suceder locuras. Pero yo desde la lejanía solo puedo opinar sobre lo previsible”.

Breve reflexión sobre la crisis venezolana por Héctor Silva Michelena – Blog Polis – 29 de Agosto 2018

Hagamos una breve reflexión sobre la crisis societaria actual que padece Venezuela; extraigo algunas ideas del libro titulado  How Democracies Die  (Cómo mueren las democracias) que describe los caminos institucionales a través de los cuales las democracias pueden colapsar.

Sostiene uno de sus autores, Steven Levitsky, profesor en Harvard, que las democracias no solo colapsan al ruido de golpes militares. De hecho, lo común hoy en día es que el colapso de las democracias sea resultado de un proceso gradual, a veces silencioso en el cual las propias instituciones de la democracia son empleadas para desmantelarlas y así imponer un régimen dictatorial. Las democracia mueren, entonces, en manos de las propias instituciones llamadas a protegerlas, sobre todo cuando permiten la elección de un líder populista que, una vez en el poder subvierte los controles de la democracia liberal e incluso la participativa y protagónica para imponer un régimen autocrático.

Destaco tres lecciones que se desprenden de la crisis venezolana. La primera, y más importante de todas, es que la consolidación democrática no es una situación inmodificable. En realidad, ninguna democracia puede darse por sentada. Venezuela tenía una democracia real que colapsó; la segunda lección es que las crisis económicas sostenidas pueden derivar en grave crisis de la democracia. La Venezuela de hoy es un ejemplo paradigmático de esta lección, por eso Levitsky deja caer esta sentencia lapidaria: la democracia en Venezuela está muerta. La tercera y última lección es que es importante tomar en cuenta cómo los mecanismos instrumentados para consolidar la democracia pueden ser un arma de doble filo. Así, el pacto de Punto Fijo, duramente cuestionado por el chavismo, fue un instrumento indispensable para consolidar la democracia, y así produjo importantes beneficios. Pero a la vez, este pacto actuó como un arma de doble filo pues en el largo plazo el pacto derivó en severas limitaciones del ejercicio realmente democrático, la participación popular, la equidad y la justicia. La partidocracia se había impuesto sobre la democracia de partidos. El Pacto de Punto Fijo se había agotado.

Tras la muerte de Chávez subió al poder Nicolás Maduro, quien desde sus inicios mostró incapacidad para ejercer un buen gobierno como lo muestra bien la carta de renuncia del entonces poderoso ministro Jorge Giordani, titulada “Testimonio y responsabilidad ante la historia”, de fecha 18/06/2014. (https://www.aporrea.org/ideologia/a190011.html). Los puntos centrales que esgrime Giordani son: que Maduro no continúa los procesos de desarrollo político y social diseñados por Chávez, que no tiene capacidad administrativa ni es un hombre de Estado, que carece de liderazgo político y que ha permitido una gran corrupción a través de Cadivi.

Yo me quedo perplejo al ver cómo una crisis económica tan profunda, que ha reducido en casi 40% el ingreso per cápita de los venezolanos en 5 años, no haya significado un cambio político. Ciertamente la oposición que había acertado en las elecciones parlamentarias del 2015, no percibió que tanto Diosdado Cabello, entonces presidente de la Asamblea Nacional, como Nicolás Maduro podían actuar descaradamente. En efecto Cabello, en una sesión de la AN celebrada el 23 de diciembre de 2015 nombró ilegítimamente un Tribunal Supremo de Justicia completamente oficialista; ese tribunal, mediante sentencia cautelar, del 30 de diciembre de 2015, suspendió la investidura de los Diputados del Estado Amazonas, 4 en total, de los cuales 3 de la oposición, con lo cual le quitó la mayoría calificada de 112 votos.

Desde entonces la conducta abiertamente autoritaria de Maduro, destruyó la Asamblea Nacional, al quitarle sus atribuciones y transferirlas al TSJ rompiendo el Orden Constitucional, denunciado tardíamente por la Fiscal Luisa Ortega Díaz, cerró las vías democráticas lo que ha debido llevar su régimen al colapso. Más aún, convocó, contra lo pautado en la Constitución, en mayo de 2017, a una Asamblea Nacional Constituyente, con bases comiciales fascistas;  la Carta Magna es bien explícita: el presidente está facultado para iniciar el proceso, mas no para convocarlo, pues eso es atributo inalienable del pueblo, donde reside la soberanía. Debía hacerse un referéndum consultivo vinculante, como en 1999.

Pero eso no sucedió, por eso es para mí una sorpresa que Maduro subsista tanto tiempo en medio de una severa crisis humanitaria y sin apoyo político. Creo que la sobrevivencia de Maduro y su régimen se deben al apoyo inconstitucional e incondicional  del Alto Mando Militar, quienes son los verdaderos dueños del poder, tanto político como económico. En efecto, más del 70% de los cargos públicos importantes están en manos de militares, incluida ahora PDVSA donde el Mayor General de la GN Manuel Quevedo, ajeno por completo a la industria, ejerce una verdadera dictadura interior. Bajo su corto mandato la producción de PDVSA cayó de 2 millones de b/d a 1 millón 250 mil de b/d, una verdadera catástrofe pues la divisas indispensables para el funcionamiento de la economía, han caído a pesar de que los precios del petróleo se incrementaron en 11% en 2017.

¿Qué hacer? No tengo respuesta. Veo a una oposición, no sólo carente de liderazgo y de propuestas, sino con conflictos en su propio interior y alejada de la real crisis humanitaria que padece la inmensa mayoría de los venezolanos. Doy un solo dato: de acuerdo con la pirámide de edad y sexo, de UNICEF, en Venezuela hay 6 millones de niños y niñas, entre cero y nueve años entre los cuales el 16,4 % es calificado de desnutrición severa por organizaciones tan creíbles como la Fundación Bengoa y Cáritas; hablamos de poco más de 1 millón de niños y niñas, que sufrirán daños irreversibles en su desarrollo corporal y mental.

Unas palabras finales. Venezuela es, políticamente, una insólita paradoja. Tiene un presidente reelecto con el expediente del fraude electoral estructural masivo, un delito muy grave que conlleva penas severas. Es autoritario y dictatorial, pero ejerce un populismo exacerbado, aumentando repetidamente el salario repartiendo, bolsas CLAP, bonos de todo tipo, desde Navidad hasta el 24 de julio contamos siete, asignados a quienes poseen el orwelliano “Carnet de la Patria”. Según las encuestas más conocidas y creíbles, más del 70% de la población votante lo rechaza  y lo considera el responsable de la profunda y larga crisis que nos azota. El Mundo Occidental, al cual pertenecemos, lo rechaza por dictador y no lo reconoce como presidente legítimo. Lo apoyan los enormes aunque muy lejanos  países orientales, como China Rusia e Irán. Maduro no cae  – reitero – sólo porque lo sostienen las armas uniformadas de la Nación

En su editorial del 1º de junio de  2018, del diario argentino La Nación se lee: “El concepto más elemental de legalidad y legitimidad, como son la democracia y el Estado de Derecho, han desaparecido de Venezuela. Ni qué decir de la situación de la economía (…). Según el FMI, este año la inflación llegará al 13.864%[1] y el desempleo al 33%”.

“Un panel de expertos de la OEA presentó un informe que concluye que existen fundamentos suficientes para considerar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, lo que abre la posibilidad de que altos funcionarios, incluido Maduro, pueden ser juzgados por la Corte Penal Internacional. El reporte identificó a 131 víctimas de asesinatos durante las protestas de 2014 y 2017”.

“Según el Índice de Percepción de la Corrupción, publicado por Transparencia Internacional, Nicaragua y Venezuela son los países peor clasificados. Un informe de la Unidad de Investigación de la Fundación InSight Crime y el observatorio de Crimen Organizado de la Universidad del Rosario, de Bogotá, concluye que Venezuela se convirtió en un eje del crimen de la región.”

“El estudio, titulado Venezuela: ¿un Estado mafioso?, es el resultado de tres años de investigaciones. Entre el fuerte aislamiento y el negacionismo de la realidad por sus ilegítimas autoridades puede concluirse que nada queda ya de la democracia venezolana”.

Yo he leído, en inglés, el estudio, que consta de 84 páginas bien documentadas estadísticamente, e ilustradas con mapas en colores sobe el flujo de drogas, dinero y hombres en este gran tráfico criminal. Puede leer el estudio en http://www.insightcrime.org, o escribir, como lo hice yo, a info@insightrime.org.

Yo estoy persuadido, junto con numerosos analistas políticos occidentales, que en las actuales condiciones, cuando la oposición está impedida de participar políticamente, y cuando no hay ninguna vía electoral  institucional disponible, de que debe pensarse  en mecanismos no-electorales para lograr el cambio. Así, la combinación de protestas – que generarán represiones –  con la presión del Mundo Occidental, puede llevar a un quiebre dentro del gobierno, siempre y cuando sus funcionarios, para salvar su pellejo y su dinero, decidan no seguir las ordenes arbitrarias de Maduro. Amén.

[1] El FMI revisó esta cifra el 23/07/2018 02:23 pm, así: “Proyectamos un estallido de la inflación hasta 1.000.000% para el fin de 2018, para indicar que la situación en Venezuela es similar a la de Alemania en 1923 o Zimbabue a fines de la década de 2000”, señaló el economista jefe del FMI para América Latina, Alejandro Werner. Estima en 18% la caída del PIB en 2018.

Secretaría General de la OEA llama a desconocer solicitudes de extradición de la dictadura – 21 de Agosto 2018

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) hace un llamado a las autoridades competentes del Hemisferio a desconocer todo pretendido acto del ilegítimo tribunal supremo de justicia que funciona en Caracas al amparo del régimen dictatorial, y en particular a desestimar por contrarias a derecho, las solicitudes de extradición realizadas por dicho cuerpo.

Al día de hoy las únicas instituciones democráticas en Venezuela por su origen constitucional, su integración conforme a los procedimientos constitucionales y su funcionamiento son: la Asamblea Nacional (resultante de las elecciones de diciembre de 2015); el legítimo Tribunal Supremo de Justicia (en el exilio y cuyos Magistrados fueran designados precisamente por la Asamblea Nacional); y la Fiscalía General (en el exilio también y pretendidamente destituida en forma ilegítima por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente).

Únicamente los actos de las tres instituciones mencionadas en el párrafo anterior cuentan con la legitimidad y la legalidad que obligan a su acatamiento por parte de los órganos y soportes de los mismos en Venezuela, y a su validación por parte de la comunidad interamericana e internacional.

Venezuela vive en dictadura, la Asamblea Nacional Constituyente fue electa con fraude, y el Poder Ejecutivo y el Poder Electoral tienen vicios de origen y sus procedimientos de integración de las más altas magistraturas han sido inconstitucionales y/o fraudulentos.

Además de los principios y valores, es necesario trasladar a la práctica las consecuencias jurídicas y políticas respecto a la ruptura del orden institucional en Venezuela.

En días pasados hemos asistido a espurias solicitudes de extradición por parte del ilegítimo tribunal supremo de justicia de la dictadura encabezado por su ilegal presidente Maikel Moreno.

Dichas “solicitudes de extradición” vinculadas al presunto atentado contra Nicolás Maduro están viciadas y deben ser desconocidas al unísono por la comunidad internacional por ser fraudulento el órgano que las emite, impostores sus integrantes y no acordes a derecho.

Acuerdo de la Asamblea Nacional sobre abandono del cargo de Nicolas Maduro y su responsabilidad penal por hechos de corrupción – 21 de Agosto 2018

Carta de Luis Almagro al Presidente de la Asamblea Nacional – 20 de Agosto 2018

Derechos humanos en la encrucijada por Héctor E. Schamis – El País – 18 de Agosto 2018

La Corte Penal Internacional y Venezuela

Maikel Moreno, en la Corte Penal Internacional.
Maikel Moreno, en la Corte Penal Internacional. TWITTER

Ya es redundante decir que vivimos una época de exacerbación de las viejas ideologías. Sin embargo, no hemos reconocido lo suficiente que el precio a pagar es la erosión de la arquitectura normativa del sistema internacional, estructura de principios y valores que no se derivan de, ni son reducibles a, ideología alguna.

Ello ha causado que el sistema internacional no solo esté plagado de doble estándares, aceptables dentro de ciertos parámetros, sino que se halle en proceso franco de erosión. El test de Litmus de esta desafortunada realidad vuelve a ser Venezuela. El caso verifica las acciones contradictorias de las organizaciones cuya misión es proteger, hacer cumplir y promover los derechos humanos, tanto como reparar a las víctimas.

De hecho, mientras la OEA no se acobarda ante ningún hierro caliente —Venezuela, pero también Nicaragua y Cuba— desde organizaciones extra regionales llegan mensajes de otro tipo, los cuales unas veces confunden, otras rebelan y casi siempre perturban. El siguiente ejemplo ilustra el punto.

En julio pasado se celebró el vigésimo aniversario de la firma del Estatuto de Roma, documento que creó la Corte Penal Internacional. El acto tuvo lugar en su sede en La Haya. Como Estado parte del sistema, Venezuela asistió a los actos conmemorativos. Es de protocolo invitar a todos los miembros, con lo cual la presencia de dicho país no fue necesariamente una sorpresa.

Lo inesperado fue quién representó a Venezuela: Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, corte colonizada por apparatchiks del partido gobernante que jamás emitió una sentencia adversa al Ejecutivo. Moreno está sancionado por la Unión Europea junto con otros altos funcionarios del régimen por corrupción y violaciones a los derechos humanos. Su presencia en La Haya requirió una autorización especial del gobierno holandés a solicitud de la Corte Penal.

Se deriva de ello que los Países Bajos están dispuestos a hacer excepciones al principio jurídico de igualdad ante la ley. Que además esa sea la política del tribunal encargado de juzgar y castigar crímenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio transformó el evento en algo deshonroso.

O tal vez aún peor cuando se lee que Moreno aseguró allí que “el Poder Judicial venezolano garantiza el respeto por los derechos humanos del pueblo venezolano, así como la institucionalidad democrática en la nación”. Lo dijo sin importarle que la Corte Penal tenga el caso de Venezuela bajo la categoría de “Examen Preliminar”, lo cual tampoco pareció preocupar a los propios funcionarios de la Corte.

A ese punto el evento adquirió ribetes de burla, a las víctimas de los crímenes, a sus familiares y a la comunidad internacional. El 31 de mayo Luis Almagro le hizo llegar a la Fiscal General Fatou Basouda el informe del panel de juristas que examinaron la evidencia presentada en la OEA durante audiencias celebradas en 2017. Nombran a Maikel Moreno, por sus antecedentes criminales antes de convertirse en el juez más importante de Venezuela, y al TSJ, por ser instrumental a los abusos allí documentados. Concluye dicho informe que existe más que razonable evidencia acerca de la comisión de crímenes de lesa humanidad.

El 22 de junio, a su vez, Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, emitió un informe sobre Venezuela. Afirma que “dado que el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos, existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la Corte Penal Internacional en esta materia”.

No queda claro, entonces, la renuencia de la Fiscal Basouda a transformar dicho examen preliminar en investigación plena, de eso habla el Alto Comisionado al considerar “una mayor implicación de la Corte Penal en esta materia”. Y menos claro es, desde luego, que a pesar de toda evidencia, uno de los responsables de tales violaciones sea invitado por la propia Corte.

En Venezuela no solo se han cometido crímenes de lesa humanidad sino que se siguen cometiendo, es un delito continuo. Si la Fiscal Basouda hubiera actuado, tal vez podría haberle evitado la detención ilegal, violación del debido proceso y torturas al diputado Juan Requesens, hecho ocurrido el día 7 de agosto. La foto del diputado, semidesnudo y con visibles signos de haber sido sometido a tratos crueles y degradantes, fue circulada por sus carceleros pero la Fiscal piensa que no hay suficiente evidencia.

La Corte Penal Internacional no aplica el principio de igualdad ante la ley. Los crímenes de los que se ocupa se seleccionan arbitrariamente antes de ser considerados. Tal vez el filtro que se usa es la ideología de quienes están en el poder, la geografía del abuso o la cantidad de víctimas en cuestión. Son hipótesis acerca de un doble estándar flagrante y cuyo resultado es la reproducción de una injusticia.

Además de doble estándar la Corte también tiene mal gusto. Obligar a los asistentes a un evento sobre derechos humanos a tolerar la presencia y las palabras de Maikel Moreno es un insulto a su inteligencia, a sus principios y al propio ideal de justicia.

Una decisión del Soberano por Luis Manuel Aguana – TIC’s y Derechos Humanos – 16 de Agosto 2018

Caricatura LMA 1990 - Con NombreLa sentencia condenatoria del TSJ legítimo en Bogotá a Nicolás Maduro Moros por corrupción y legitimación de capitales, pone a todo el mundo político a correr dentro y fuera de Venezuela (ver TSJ en el exilio sentenció a Nicolás Maduro a 18 años y 3 meses de cárcel por corrupción, enhttps://www.lapatilla.com/2018/08/15/tsj-en-el-exilio-sentencio-a-nicolas-maduro-a-18-anos-y-3-meses-de-carcel-por-corrupcion/).  Dentro, porque los venezolanos sabremos definitivamente si la oposición oficial reunida en la Asamblea Nacional respaldará a los Magistrados que se constituyeron en Tribunal Supremo de Justicia legítimo fuera de nuestras fronteras, o terminarán apoyando al régimen al sabiendas de la culpabilidad demostrada durante las audiencias que se realizaron en Bogotá.

Y fuera, porque la Comunidad Internacional deberá tomar una decisión definitiva si respaldar o no las decisiones de la justicia venezolana legítima que a pesar de toda la adversidad, ha demostrado que si se puede actuar sujetos al Estado de Derecho, con completa independencia entre los poderes legítimamente constituidos, y en el supremo interés de Venezuela y los venezolanos.

Sin embargo está operando en toda su extensión una fuerza contraria, consecuencia de lo que di en llamar en una pasada nota el “fenómeno de TSJ-L” (ver El fenómeno del TSJ legítimo enhttp://ticsddhh.blogspot.com/2018/06/el-fenomeno-del-tsj-legitimo.html) en donde desde mucho tiempo antes de comenzar el juicio de Nicolás Maduro Moros las fuerzas políticas reunidas en la Asamblea Nacional vieron con mucho recelo que los Magistrados designados por ellos se comportaran con autonomía y vida propia, constituyéndose como Tribunal Supremo de Justicia en el exilio.

Se salieron fuera de la esfera de influencia de la Asamblea Nacional, sin acatar las órdenes políticas de aquellos que fueron sus mentores para resultar designados como Magistrados del TSJ. Ese quiebre se produjo cuando terminaron siendo perseguidos con sus familias y tuvieron que huir del país, y completamente sin el apoyo de la Asamblea Nacional.

La oposición oficial al ver esos intentos “independentistas” de los Magistrados enviaron al “embajador” Luis Florido como emisario a todos los países donde se residenciaron, para advertirles que “no se les ocurriera” tomar decisiones sin la “aprobación” de sus “jefes políticos” Ramos Allup,  Borges y Barboza. ¡Qué triste papel el de Florido como diputado de un partido tan aguerrido como Voluntad Popular! Al ver que estos “muchachos” resolvieron no pararle al esas “advertencias”, que más se parecen a las que hacían los matones de Don Vito Corleone como jefe de la mafia de la novela de Mario Puzo, resolvieron jugar “hard ball”, emprendiéndola con una trama de descalificación de su Presidente, Miguel Ángel Martín Tortabu.

En una acusación sin fundamento, la Directiva de la Asamblea Nacional se movilizó como no lo habían hecho antes en el caso de la doble nacionalidad de Maduro para denunciar que el Presidente del TSJ legítimo tenia “doble nacionalidad”. Ni siquiera les sonó la flauta, como aquel burro de la novela, para registrar en los archivos de la misma Asamblea Nacional, los documentos consignados por el Magistrado Martin para concursar para ese alto cargo. Si lo hubieran hecho habrían encontrado la renuncia a su nacionalidad española mucho antes de aplicar como Magistrado. Pero la maniobra era quebrarle las piernas a quien consideraban el jefe de esa “sublevación” independentista del Poder Judicial.

Véase bien lo que hasta aquí está pasando. Diputados de la oposición en posiciones de dirección del Poder Legislativo se están dedicando a sabotear e interferir con las decisiones de otro poder independiente, pretendiendo mantener el control de esos Magistrados tal y como lo hace el régimen, y a la más rancia usanza de la 4ta República. ¡Eso es precisamente lo que queremos erradicar! Pero el siguiente paso le fue subiendo la escala a la amenaza mafiosa.

El periodista José Domingo Blanco denunció en su cuenta de Twitter que el Presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barboza, conjuntamente con su ex Presidente, Julio Borges, se reunirían en Bogotá con la Fiscal Luisa Ortega Díaz para “negociar” detener el juicio de Nicolás Maduro (ver https://twitter.com/mingo_1/status/1023569054030868480?s=03)). La denuncia de Mingo el mismo día de la reunión logro abortar el encuentro donde supuestamente esa “oposición” negociaría con Ortega dejarla tranquila de las tropelías en contra de los Derechos Humanos que ha cometido, en un futuro gobierno posterior de esa oposición, e incluso con la posibilidad de una posición relevante en esa administración, a cambio de congelar el juicio, difiriendo las audiencias que se estaban llevando a cabo en Bogotá en el juicio en contra de Maduro. Esa técnica la conoce muy bien la Dra. Ortega como bien lo saben todos los presos políticos que aún siguen estando detenidos porque todavía no han tenido la primera audiencia por falta del Ministerio Público.

Ese intento, como todos saben, fue fallido y el juicio continuó a pesar de los de las tentativas opositoras, no sólo de desbancar los esfuerzos de condenar a los corruptos que han destruido a  Venezuela (entre otras razones porque ellos también están en la lista de Odebrecht) sino que en el camino hubieran detenido el principal proceso que se llevaba en el TSJ legítimo en el exilio, dejando muy mal parado al Alto Tribunal.

Pero la cocina del diablo no se detiene. Los partidos de la oposición oficial saben lo que viene después de esta decisión del TSJ en contra de Maduro, y han reiteradamente desestimado la tesis del vacío de poder esgrimida por el TSJ legítimo, diciendo que ese juicio no es importante porque Maduro no era ya presidente desde que la Asamblea Nacional declaró el “abandono del cargo” en enero de 2017, y que ellos “ya no tienen que hacer más nada”.

Nada más alejado de la realidad, como lo han demostrado sus actuaciones, al persistentemente haber ignorado el mandato del 16J-2017 ordenado por el pueblo venezolano, y el mandato legal del TSJ legítimo para designar un gobierno que sustituya a Nicolás Maduro. Lo que sigue a continuación de esa sentencia es la designación de un Gobierno de Emergencia Nacional por parte del TSJ legítimo. Pero eso los partidos de la oposición oficialista no están dispuestos al permitirlo.

En una denuncia hecha pública en su cuenta de Twitter por Carlos Ortega, Presidente de la CTV (verhttps://twitter.com/CarlosOrtegaCTV/status/1029195409942618113?s=08), el régimen se habría agavillado con algunos diputados de la oposición oficial y un Magistrado para impedir el fallo de ayer. Aunque la noticia llega tarde porque ya eran conocidos esos intentos, lo nuevo es que desde el mismo TSJ legítimo hay Magistrados conspirando para desmontar al Tribunal. ¿Qué tal? Los tentáculos pueden ser muy largos cuando se dispone del dinero de la corrupción.

Al no poder parar la sentencia de Maduro lo que le queda a la conspiración montada desde la Asamblea Nacional es el desconocimiento abierto al TSJ legítimo.  Recuerden que aún desconocemos el informe que aún prepara la Consultoría Jurídica de la Asamblea Nacional en relación a la sentencia del 2 de julio de 2018 que obliga a la Asamblea Nacional a designar un nuevo gobierno en Venezuela. Ahora con la sentencia condenatoria de Maduro se hace impostergable. O lo hace la Asamblea Nacional o lo hace el TSJ legítimo. Y sabemos cuál es la decisión ya tomada de la oposición oficialista: meter en una gaveta esa decisión, tal vez la más importante de la Venezuela actual. De allí que no les quede otra que ir de frente en contra del TSJ legítimo con una última carta deslegitimadora: el informe del Consultor Jurídico de la Asamblea Nacional. No quieren, por un montón de razones que analizaremos en su oportunidad, que esa decisión este fuera de su control.

La Directiva de la Asamblea Nacional informo a través de su Presidente Omar Barboza en fecha 10 de julio de 2018 –antes de la sentencia de Maduro- que había propuesto “esperar la opinión de la Consultoría Jurídica de la AN sobre la notificación que enviaron este lunes los magistrados del @TSJ_Legitimo y la opinión de @lortegadiaz” (verhttps://twitter.com/JOSEVICENTEHARO/status/1030158962019262464). La espera ha sido sospechosamente muy larga, e incluyó el tiempo que tomó de juicio de Maduro, la sentencia y todos los intentos de destruir esa decisión, así como algo muy importante: las vacaciones de la Asamblea Nacional.

Ahora a la Directiva de la Asamblea Nacional, que ha intentado desbancar al TSJ legitimo, le toca decidir qué hacer con la papa caliente que acaba de salir con la sentencia de Maduro, pero lo quieren hacer desde una Comisión Delegada -en cogollito pues- para pasarse por arriba una posible decisión de los Diputados en Plenaria. Así es que se juega la pelota caribe de la política en Venezuela. Ese informe no se ha hecho público todavía y de su contenido dependerá si los políticos de la Asamblea Nacional respaldarán o no la decisión del Alto Tribunal en el exilio.

No somos adivinos para saber en qué tónica vendrá ese informe, pero sin llegar a ver algo podrido podemos saber que algo está descompuesto solo por el olor. Y la Directiva de la Asamblea Nacional, su Consultoría Jurídica y ahora la Comisión Delegada hieden como la Morgue de Bello Monte. Mi pregunta al pueblo de Venezuela: ¿Logrará la Asamblea Nacional finalmente sabotear el esfuerzo de los Magistrados del TSJ legítimo de designar un Gobierno de Emergencia Nacional que responda al sufrimiento de este país? ¿Permitiremos que ese cogollo desconozca la sentencia de Maduro e impida que el pueblo de Venezuela tenga un Gobierno que verdaderamente trabaje desde fuera para sacarnos de este infierno? La decisión final debería ser como siempre, del soberano…

 

Comunicado del TSJ legitimo sobre sentencia a Nicolas Maduro -15 de Agosto 2018

¿Para qué sirve la condena a prisión de Nicolás Maduro emitida por el TSJ en el exilio? por María Rodríguez – Al Navio – 17 de Agosto 2018

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“Que no tenga duda de que tarde o temprano Nicolás Maduro cumplirá la sentencia”, sostiene Blas Jesús Imbroda, presidente del Colegio de Abogados Penal Internacional. Es la primera condena en firme para el presidente venezolano: 18 años de cárcel por corrupción, dictada por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio. Imbroda y otros dos expertos en derecho internacional consultados por el diario ALnavío valoran la sentencia.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela en el exilio condenó este miércoles al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a 18 años y tres meses de prisión por delitos de corrupción vinculados con la constructora brasileña Odebrecht. ¿Se cumplirá la condena? ¿Sirve de algo una sentencia así en las circunstancias actuales de Venezuela? ¿Qué presión puede ejercer? ¿Debe reconocer el fallo judicial la comunidad internacional? El diario ALnavío habla con tres expertos en derecho internacional para resolver estas y otras dudas.

Blas Jesús Imbroda, presidente del Colegio de Abogados Penal Internacional, explica que esta sentencia “pone en evidencia la vergüenza de un régimen dictatorial sin el menor Estado de derecho, donde el Tribunal Supremo se tiene que constituir en el exterior y celebrar juicios en el exterior”. Y refleja también que Venezuela es hoy “un Estado fallido, donde sus instituciones principales no existen de facto”, añade.

El TSJ en el exilio (elegido en julio de 2017 por la Asamblea Nacional, de mayoría opositora) emitió la sentencia desde la sede del Congreso de Colombia. Los miembros del tribunal se reparten entre Panamá, Colombia, Chile y EEUU, donde residen con el régimen de asilo político, según informó El Nacional.

Imbroda: “Esta sentencia pone en evidencia la vergüenza de un régimen dictatorial sin el menor Estado de derecho”

Este tribunal inició el 2 de agosto en Bogotá un juicio promovido por Luisa Ortega Díaz, la fiscal general de Venezuela defenestrada por la Asamblea Nacional Constituyente. En siete audiencias Ortega presentó pruebas con las que vincula a Maduro con Odebrecht.

Imbroda también deja clara una segunda lectura: “Se demuestra claramente que además de los crímenes de lesa humanidad que se han cometido y se siguen cometiendo en Venezuela, estamos ante un gobierno absolutamente corrupto”.

Según precisó el magistrado Rommel Gil en la audiencia en Bogotá y recoge la agencia EFE, esta condena a Maduro debe cumplirse en la prisión militar de Ramo Verde, en el estado Miranda. Se trata del centro de reclusión de preferencia del régimen chavista para encarcelar a sus presos políticos. Una cárcel tenebrosa. Allí estuvo el preso político más famoso del mundo, Leopoldo López, y también Daniel Ceballos, exalcalde de San Cristóbal (Táchira).

En cuanto a si Maduro ingresará o no a prisión por esta condena, el presidente del Colegio de Abogados Penal Internacional afirma que “no lo hará ahora mismo porque el propio Maduro no ejecutará esa sentencia, pero ya sabe que tiene una”.

“Y que no tenga duda de que tarde o temprano esta sentencia se acabará cumpliendo. Obviamente todo pasa por la caída del régimen y la implantación de un Estado democrático de derecho. Maduro rendirá cuentas a la justicia”, concluye Imbroda.

Carlos Romero Mendoza, abogado venezolano y miembro de la Fundación Estudios Municipales, subraya que la principal pregunta es cómo se va a cumplir la sentencia, pero también “qué expectativas va a generar esa decisión para el pueblo venezolano”. Explica que se trata de una “situación muy atípica y difícil de explicar jurídicamente” por tratarse de un tribunal en el exilio “que ha generado muchas dudas y polémicas”.

Mendoza destaca que esta sentencia es “una contribución política” y será determinante “si alguna instancia como Interpol recibe eso como un mandato vinculante”. Lo que quiere dejar claro es que “hay una ruina institucional del Estado que implica una ruina absoluta de las reglas de juego en democracia”. Y añade: “Me preocupa que la comunidad internacional abra un debate sobre si es una sentencia válida o no”.

También destaca la importancia de esta sentencia Carlos Ramírez López, abogado venezolano con más de 40 años de experiencia y especialista en Derecho Procesal, Penal y Civil, en Derecho Constitucional y diplomado en litigación penal internacional. “Esa condena tiene utilidad en el plano de que el mundo libre tome conciencia de que lo que ocurre en Venezuela está afectando a muchos otros países. Y no sólo en cuanto a la conciencia humanitaria se refiere, sino en sus propios intereses materiales, al tener que prodigar auxilios a los miles de venezolanos que huyen del país”, explica Ramírez.

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