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Provea impugnó ante el TSJ convocatoria al proceso del 20 de mayo – La Patilla – 16 de Mayo 2018

Este martes, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) acudió a la sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas, para introducir un recurso ante la Sala Electoral con el objeto de impugnar la convocatoria del proceso electoral convocado para el próximo 20 de mayo, y solicitar la aplicación de una medida cautelar urgente de amparo constitucional para que se suspenda el acto de votación mientras se tramita el juicio, reseña Derechos.org.

Ante la actual coyuntura política, económica y social, Provea considera obligante ejercer este recurso para exigir de los órganos de administración de justicia, el cumplimiento de la Constitución y la garantía del derecho al sufragio de todos los ciudadanos venezolanos.

En el proceso convocado para el próximo 20 de mayo, los electores no somos libres de votar por cualquier candidato, toda vez que fueron ilegalizados los principales partidos de oposición y sus principales líderes fueron inhabilitados arbitrariamente para participar. Los electores estamos sometidos igualmente a presiones indebidas por parte del gobierno y sus partidos (PSUV y Somos Venezuela), quienes ofrecen dádivas o amenazan con restricciones a los titulares del llamado Carnet de la Patria que no voten el 20 de mayo.

La Comisión Americana de Derechos Humanos ha abordado en varios casos anteriores la importancia fundamental de los organismos electorales independientes e imparciales; considerando que un proceso electoral auténtico, libre y justo no puede ser aquel administrado por funcionarios u organismos sobre los cuales el gobierno o los partidos políticos tengan una influencia decisiva.

La falta de imparcialidad de los rectores del Consejo Nacional Electoral no solo se desprende de sus antecedentes profesionales que los vinculan, en su mayoría, al Gobierno, sino que también la misma ha quedado demostrada durante el transcurso del tiempo y durante los procesos electorales al observar la conducta y el proceder constante y reiterativo del organismo electoral para beneficiar sólo a una parcialidad política, la identificada con el Gobierno, mientras que ha constantemente perjudicado y limitado los derechos políticos de los opositores venezolanos.

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU; la Secretaría General de la OEA; los Estados Unidos de América y Canadá; Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía; la Unión Europea: han manifestado que el proceso relativo a la elección presidencial es fraudulento, porque no se expresará libremente el sufragio de los ciudadanos venezolanos. Muchos han afirmado que desconocerán el resultado de la elección presidencial cuyo acto de votación está previsto para el 20 de mayo de 2018, sin importar quién obtenga el mayor número de votos, lo cual acarrearía gravísimas consecuencias para Venezuela y los venezolanos, desde todo punto de vista.

En un comunicado divulgado este lunes por 43 organizaciones de la sociedad civil venezolana, expresamos nuestra preocupación por el proceso convocado para el 20 de mayo, y exigimos la suspensión del mismo toda vez que el mismo adolece de las condiciones necesarias que den garantías para el derecho al sufragio.

 

A un año de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente por Carlos García Soto – ProDaVinci – 15 de Mayo 2018

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Para estos días se cumple un año de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente por el Presidente Maduro. Convienen quizá algunas notas sobre el significado de este aniversario.

Las sentencias N° 155 y 156 de la Sala Constitucional

El 28 y el 29 de marzo de 2017 la Sala Constitucional dictó las sentencias N° 155 y 156.

Si bien la Sala Constitucional había anulado todas las actuaciones previas de la Asamblea Nacional, con esas dos sentencias la Sala llegó a un estadio superior: el otorgamiento de potestades legislativas al Presidente de la República y la declaración de que las funciones de la Asamblea Nacional serían ejercidas por la propia Sala Constitucional.

Las sentencias N° 155 y 156 generarían importantes expresiones de rechazo por la opinión pública venezolana y por la comunidad internacional.

Entre otras, las sentencias produjeron la reacción de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien hasta ese momento no había realizado pronunciamientos en contra de las actuaciones del Presidente o del Tribunal Supremo de Justicia; por el contrario, había sido una aliada del sector oficial por años.

Si bien el Presidente calificó la situación como un “impasse” y convocó a un órgano sin competencia como el Consejo de Defensa de la Nación para dirimirlo, la Fiscal Ortega mantendría desde entonces una posición crítica al Presidente y el Tribunal Supremo de Justicia.

La Sala Constitucional dictaría dos sentencias “aclaratorias” (N° 157 y 158), que sin embargo no lograron apaciguar el conflicto.

La Asamblea Nacional también reaccionaría ante las sentencias N° 155 y 156. Para la sesión del 5 de abril el orden del día inició el procedimiento para remoción de los Magistrados del TSJ y el 13 de junio en la sesión plenaria de la Asamblea Nacional se consideró el informe de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales para la elección de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

La convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente

Las sentencias N° 155 y 156 dieron lugar a una serie de protestas ciudadanas en buena parte del país. Luego de un mes de protestas, el 1 de mayo el Presidente Maduro anunciaría al país la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, para lo cual dictó tres Decretos, a través de los cuales (i) “convocó” a la Asamblea Nacional Constituyente; (ii) designó a los miembros de la “Comisión Presidencial” a cargo del impulso de la iniciativa y (iii) dictó las “bases comiciales” que regirían el proceso constituyente.

La “convocatoria” por el Presidente Maduro sería la primera decisión inconstitucional en el proceso constituyente, porque conforme al régimen previsto en la Constitución de 1999 (artículo 347), la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente es una potestad única y exclusiva del propio pueblo, es decir, de los ciudadanos.

La interpretación dada por el Presidente de la República al dictar el Decreto N° 2.830 fue exactamente la contraria: al pretender ejercer la facultad que tiene de iniciativa de convocatoria, en realidad intentó él mismo “convocar” la Asamblea Nacional Constituyente, sin referendo al pueblo de por medio, lo cual, por supuesto, vicia de nulidad por inconstitucionalidad el Decreto N° 2.830.

Esa interpretación del Presidente fue avalada por una muy ambigua sentencia N° 378 de la Sala Constitucional de 31 de mayo de 2017, conforme a la cual no se requeriría un referendo consultivo para que el pueblo decida si ir o no a un proceso constituyente.

Por otra parte, junto a la “convocatoria” a la Asamblea Nacional Constituyente realizada por el Presidente Maduro, éste dictó las “bases comiciales” por las cuales se regiría el proceso constituyente.

Así, a través del Decreto N° 2.878, mediante el cual se establecen las Bases Comiciales para la Asamblea Nacional Constituyente (Gaceta Oficial Nº 41.156 del 23 de mayo de 2017) el Presidente Maduro estableció las normas por las cuales se regía la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, así como la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente debió ser objeto de un referendo, las bases comiciales también debían ser objeto de un referendo para que el pueblo decidiera si las aprobaba o no.

Las actuaciones de la Asamblea Nacional Constituyente

Desde entonces, la Asamblea Nacional Constituyente ha dictado distintas decisiones durante estos casi diez meses, que van desde la destitución de la Fiscal Luisa Ortega Díaz, hasta la convocatoria de nuevas elecciones en el Estado Zulia, debido a que el Gobernador electo Guanipa no aceptó juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, pasando por diversas “Leyes Constitucionales”, como la de inversión extranjera, la de precios acordados, e incluso la Ley contra el odio.

Tales decisiones, por supuesto, han implicado la usurpación de las funciones que conforme a la Constitución de 1999 corresponden a la Asamblea Nacional. Así, el proceso de desmantelamiento que se inició con las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, ha continuado desde el año pasado con las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente.

Hasta ahora, sin embargo, la Asamblea Nacional Constituyente no ha iniciado la única tarea para la cual podía estar llamada, si hubiera sido convocada conforme a la Constitución, la redacción de un nuevo texto constitucional. Quizá inicie la discusión de una nueva Constitución luego de la elección del 20 de mayo, pero también en ese supuesto se tratará de la actuación de una instancia convocada y electa al margen de la Constitución, tal como las otras decisiones tomadas desde agosto de 2017.

 

Asamblea de Venezuela evade responsabilidad y se niega a iniciar transición por Orlando Avendaño – Panampost – 8 de Mayo 2018

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“La actitud deleznable de la Asamblea Nacional, al dejar solo al Tribunal Supremo, cuyos miembros están el exilio y los familiares de estos perseguidos, demuestra plenamente que Venezuela es un Estado fallido”

Asamblea de Venezuela evade responsabilidad y se niega a iniciar transición. (Twitter)
El pasado 3 de mayo el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio acordó la continuación del proceso de juicio contra el dictador Nicolás Maduro —esto implicó su suspensión de la presidencia— y exhortó a la Asamblea Nacional a hacer lo propio para suplir la ausencia en el Palacio de Miraflores. Es decir, iniciar la transición que muchas voces han exigido.

Ahora los diputados han respondido con un documento con el que pretenden evadir su responsabilidad por completo.

“Finalmente, en fecha 9 de enero de 2017 esta Asamblea Nacional, entre otros aspectos, acordó: primero. Declarar que Nicolás Maduro, invocando el cargo de presidente de la República, ha incurrido en acciones y omisiones que sitúan su desempeño al margen del diseño y funciones constitucionales“, se lee en el texto.

“Segundo. Declarar, en consecuencia, y de conformidad con los artículos 232 y 233 de la Constitución, que Nicolás Maduro Moros ha abandonado su cargo (…) Como puede observarse en lo antes expuesto, la aplicación del artículo 233 constitucional ya fue efectuada por esta Asamblea Nacional al decidir que Nicolás Maduro abandonó su cargo”, continúa el secretario del Parlamento, Negal Morales, en el documento.

Luego aseguran que la Asamblea está comprometida con los esfuerzos para que se “restituya el hilo democrático“. Dicen que respetan “la separación de poderes”; y reiteran que la declaración del abandono de cargo, en enero de 2017, fue un acto “público, notorio y comunicacional”.

El 3 de mayo, exactamente, el legítimo Tribunal Supremo de Justicia en el exilio ordenó la continuidad del proceso contra el dictador y planteó en un comunicado que transmitió a la directiva de la Asamblea Nacional: “En consecuencia (…) se exhorta a la Asamblea Nacional a iniciar el procedimiento que permita la transición constitucional de la presidencia de la República, de conformidad con los artículos 233 y 234 de la Constitución”.

En los artículos citados, se dice: el 233, hace referencia a la falta absoluta y “cuando se produzca (…) el presidente electo o presidenta antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta (…) Mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o la nueva presidenta, se encargará de la presidencia de la República el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional”.

También, en el artículo 233: “Si la falta absoluta del presidente o la presidenta se produce durante los primeros cuatro años, se procederá a una nueva elección universal (…)” y si se produce “durante los últimos dos años del período constitucional, el vicepresidente ejecutivo asumirá la presidencia”.

En síntesis, en el artículo 233, si bien se mencionan las razones por las cuales pudiera declararse el abandono de cargo, también se señala cuál es el procedimiento que se debe seguir. Es, por lo tanto, a lo que el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio hace referencia cuando pide al Parlamento “permitir la transición constitucional” (este documento, pro cierto, el del legítimo Tribunal, fue reconocido por figuras internacionales tan importantes como el secretario general de la OEA).

Pero, frente a la legítima exigencia del Tribunal, el Parlamento ha tratado de excusarse con un proceso que, si bien sí se llevó a cabo, jamás se continuó. Cierto: en enero del año pasado se declaró el abandono de cargo de Maduro; pero a los días los diputados lo seguían llamando “presidente”.

Es claro que los miembros de la Asamblea Nacional no quieren impulsar la transición institucional en Venezuela. Justo antes de que se diera la votación hace unas semanas para aprobar la continuación del juicio contra Maduro, el medio Runrunes publicó un artículo en el que reveló la incomodidad que sienten los diputados con el proceso, con la transición y con el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Por presiones de la opinión pública, cedieron.

El comunicado del secretario de la Asamblea generó gran indignación —así como en su momento las posturas de algunos diputados ante el antejuicio de mérito—. El consultor y columnista, Armando Martini, escribió en su cuenta de Twitter: “Asamblea Nacional, utilizando subterfugios leguleyos, defecó en mandato ciudadano del 16 de julio [cuando en el plebiscito más de siete millones de venezolanos apoyaron la transición]. Hoy, con truculencia jurídica depuso en la orden del TSJ legítimo, al negarse cumplir sentencia. Merecen el repudio de quienes luchan por la libertad y democracia”.

“No solo la tiranía. La actitud deleznable de la Asamblea Nacional, al dejar solo al Tribunal Supremo, cuyos miembros están el exilio y los familiares de estos perseguidos, demuestra plenamente que Venezuela es un Estado fallido y que por lo tanto necesita de una prótesis internacional”, dijo al respecto el filósofo Erik Del Bufalo.

En medio de esta coyuntura la denominada Fracción 16 de Julio de la Asamblea, integrada por diputados de diferentes partidos, hizo público un texto en el que expresa su apoyo al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio y piden que se debata el “auto de proceder dictado” por los magistrados.

Algunos, como el diplomático y expresidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Diego Arria, criticaron que, luego del importante documento de los magistrados, se decidiera debatir este martes en la sesión ordinaria de la Asamblea sobre “la reconversión monetaria y su repercusión en la economía familiar”.

 

TSJ en el exilio notificó al Sebin orden de aprehensión contra Nicolás Maduro por Ysabel Fernández – Venepress – 9 de Mayo 2018

Se exhortó a González López a impartir las instrucciones para la captura del Presidente de Venezuela

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La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en exilio, envió una comunicación al director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) Gustavo González López, que refiere la suspensión de Nicolás Maduro como Presidente de la República y la emisión de una orden de aprehensión por la presunta comisión de delitos de “Corrupción Propia y Legitimación de Capitales”.

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Sebin allana apartamento propiedad del magistrado en el exilio Antonio Marval por Carolina González – El Carabobeño – 7 de Mayo 2018

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Una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) allana en estos momentos un apartamento que sirvió de residencia al magistrado del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, Antonio Marval, pero que en estos momentos ocupan unos inquilinos.

Desde tempranas horas de la mañana los funcionarios llegaron al piso 2 del edificio Isla de Aves, en la urbanización El Bosque de Valencia. Dos unidades de la Dirección de Acciones Inmediatas del Sebin permanecen en el sitio.

El lunes 30 de abril fue allanada la oficina del magistrado Marval, en el centro comercial La Grieta. Ese mismo día los funcionarios llegaron a la residencia del presidente del TSJ en el exilio, Miguel Angel Martín, en Prebo 3.

El apartamento está alquilado a una pareja y un niño, que se encontraban en el apartamento al momento de la visita domiciliaria. En el lugar está un fiscal del Ministerio Público. También asistieron los abogados, Luis Armando Betancourt, director regional del Foro Penal; y Alfonso Granadillo, vicepresidente del Colegio de Abogados.

Betancourt desconoce si hay orden de allanamiento. Estarán atentos a cualquier procedimiento irregular.

 

 

La rebelión de los votantes por Alberto Barrera Tiszka – The New York Times – 6 de Mayo 2018

 

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Durante todos estos años, siempre pensé que la única salida al conflicto de mi país era el voto. Sigo pensando así. Y justo por esa razón, creo que el próximo 20 de mayo los venezolanos debemos abstenernos.abstenernos.

Para la mayoría de la población, dentro y fuera del país, la situación es alarmante. Hemos llegado a un límite casi inimaginable en términos de hiperinflación, de deterioro en la calidad de vida, de violación de los derechos humanos y de control y represión oficial. El país frívolo que exportaba reinas de concursos de belleza se ha convertido en el país trágico que exporta pobres desesperados. Todo esto, bajo la mirada de un gobierno que sigue empeñado en negar la realidad, que prefiere destruir la nación que negociar.

En un artículo indignante, publicado hace pocos días en El País, Nicolás Maduro ofreció una muestra de cómo continuamente intenta legitimarse. “Nuestra democracia es distinta a todas”, afirma al comienzo del texto. “Porque todas las demás —en prácticamente todos los países del mundo— son democracias formadas por y para las élites. Son democracias donde lo justo es lo que le conviene a unos pocos”.

En realidad, su gobierno es un espejo perfecto de lo que denuncia. El chavismo se ha convertido en una élite que lleva veinte años concentrando poder. Controla el petróleo y la moneda, maneja a su antojo las instituciones y los tribunales, ha transformado a las Fuerzas Armadas en su ejército privado. Detiene, encarcela, tortura y hasta ejecuta adversarios sin respetar las leyes, sin dar explicaciones. Ha privatizado casi todos los espacios de la vida pública, ha organizado el hambre como un negocio político rentable. Una élite que necesita y desea, el próximo 20 de mayo, ganar algún tipo de legitimidad.

A medida que se acerca el día de las elecciones, aumentan la tensión y el debate sobre votar o no votar en el país. Quienes promueven la teoría de que es necesario votar dan por descontado que la abstención es una resignación inútil, un abandono de la lucha o una manera algo espuria de resistir. Uno de los éxitos del chavismo ha sido distribuir en la sociedad venezolana la idea de que el disentimiento es sospechoso, que siempre puede acercarse peligrosamente a la ilegalidad. La ambigua conjetura de que el llamado a no votar esconde en el fondo un ánimo conspirador le resulta muy conveniente al gobierno.

Dos supuestos sostienen la propuesta de participar en las elecciones: creer, primero, que de manera repentina una indetenible marea de votos le dará un triunfo incuestionable al candidato de la oposición, Henri Falcón, y, después, en segundo término, confiar que el gobierno y sus instituciones aceptarán y reconocerán esa victoria. No hay, sin embargo, ninguna garantía de que alguna de estas dos cosas pueda ocurrir.

La candidatura Falcón no depende de la política, sino de la fe. No es un problema que tenga que ver, ni siquiera, con el candidato. No hay que discutir sus cualidades o deficiencias. El problema está en el sistema. No es nueva la ilusión de un sorpresivo tsunami electoral, más aun en un contexto de crisis total como el que vive el país. Por eso mismo, la campaña oficial se ha centrado en obtener ganancias del clientelismo a través del llamado Carnet de la Patria, que permite al gobierno canjear votos por comida. La élite chavista ha diseñado una arquitectura electoral que carnetiza la pobreza y transforma la elección en un chantaje.

Supongamos, de todos modos, que la hipótesis se transforma en realidad y que una avalancha de votos hace irremediable un triunfo de la oposición. Supongamos, también, que el gobierno reconoce su derrota: ¿qué sigue? Henri Falcón debe esperar hasta enero de 2019 para que el presidente entregue el gobierno.

Llamar a votar porque no hay más remedio, porque no hay otra alternativa, es absurdo. Estamos denunciando que las elecciones son un artificio, que la democracia en Venezuela es una trampa.

Las enseñanzas de lo ocurrido el 2015 deberían ser útiles. Tras la victoria de la oposición, los parlamentarios salientes aprovecharon los pocos días que les quedaban para dar un golpe de Estado y asegurar su control absoluto del Tribunal Supremo de Justicia. A esto, además, hay que sumarle la existencia de una fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), a la que todavía le queda por lo menos un año de ejercicio, constituida como un poder absoluto, capaz de —por ejemplo— redefinir y limitar a su antojo el papel y las funciones de la presidencia.

Esto implica que aun perdiendo las elecciones, la élite chavista retendrá el poder en su sentido amplio, incluyendo la posibilidad de despojar de facultades a la presidencia. En el supuesto negado de que Henri Falcón ganara, solo obtendría una silla hueca, un adorno y no un cargo, una representación del vacío. Todo esto hace que la elección del 20 de mayo sea un fraude anunciado.

La dirección política de la oposición tiene muchas debilidades y ha cometido bastantes errores. Sin embargo, en este momento tanto la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) como el Frente Amplio están siendo leales con la mayoría que, de distintas maneras, intenta resistir ante el gobierno.

El llamado a la abstención es coherente con lo ocurrido tras las elecciones de octubre del año pasado, cuando Juan Pablo Guanipa ganó la gobernatura en el estado de Zulia y Andrés Velásquez en Bolívar. ¿Qué pasó? Al primero, trataron de someterlo a través de la ANC. La élite canceló el triunfo de los votantes e impuso nuevas elecciones. Al segundo, todavía hoy, el Consejo Nacional Electoral no le ofrece respuestas ante sus contundentes denuncias de fraude. Estos son ejemplos recientes y brutales.

Las elecciones en Venezuela están diseñadas como una estafa perfecta. El gobierno elige a todos los candidatos, establece las reglas de juego, no permite auditorías ni ningún tipo de observación independiente, extorsiona a los votantes con comida y medicinas, mientras la población menos necesitada se debate moralmente entre votar o no votar.

Es una maniobra que apuesta, además, a enfrentar a la crítica internacional. El gobierno necesita una alta participación electoral para poder descalificar a todos los países que se han sumado al desconocimiento de los resultados electorales. Basta recordar una reciente entrevista con Jorge Rodríguez. El ministro de Comunicación y jefe de campaña de Maduro descartó la existencia de la crisis humanitaria usando como argumento el resultado de las últimas elecciones. Para eso necesita el gobierno que los venezolanos participen en las presidenciales.

Llamar a votar porque no hay más remedio, porque no hay otra alternativa, es absurdo. No estamos decidiendo entre votar o tomar las armas. Eso es parte de la trampa. Es lo que también ha propuesto Maduro. No estamos decidiendo entre votar o apoyar una invasión. Estamos denunciando que las elecciones son un artificio, que la democracia en Venezuela es una trampa.

Pero es necesario que la dirigencia política de la oposición llene de sentido —simbólico y práctico— la abstención, que la convierta en un verdadero acto político. Hay muchas posibilidades e iniciativas de inventar acciones de todo tipo, dentro y fuera del país, para el 20 de mayo. No se trata de una resignación pasiva. La abstención no tiene por qué ser una renuncia. También puede ser un gran acto de rebeldía.

Alberto Barrera Tyszka es escritor y colaborador regular de The New York Times en Español. Su novela más reciente es “Patria o muerte”, recientemente traducida al francés en Gallimard.

 

TSJ en el exilio: Maduro está inhabilitado para optar a la presidencia por Daniel Alvarez – Venepress – 3 de Mayo 2018

Informaron a la comunidad internacional para que tomen acciones al respecto

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El Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, informó que el presidente de la República y candidato a la reelección se encontraría inhabilitado para reelegirse, pues tiene un proceso penal en su contra por presunta corrupción con la gigante de la construcción Odebrecht, por tanto han ordenado al Consejo Nacional Electoral (CNE) que inhabilite a Maduro. Indicaron que en su sala plena se está reglamentando el proceso contra éste.

Los magistrados en el exilio aseguraron que informarán a la comunidad internacional para tomen las medidas oportunas, “notificaremos a la Secretaría Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA), al Parlamento Europeo, y al Grupo de Lima, para hacer de su conocimiento que Nicolás Maduro está suspendido e inhabilitado para ejercer cargos públicos”.

Exhortaron a la Asamblea Nacional a que de inicio a los trámites para llenar el vacío de poder que deja la inhabilitación de Maduro, e instó al Ministerio Público a presentar la acusación formal contra el mandatario.

Por su parte el magistrado Pedro Troconis, recordó la medida preventiva de privación de libertad contra Maduro, por medio de la Interpol (Cicpc) y agregó que esperan por el MP representado por la fiscal en el exilio Luisa Ortega Díaz, por el acto conclusivo para fijar la fecha de la audiencia preliminar y las pruebas contra el mandatario.

 

Decision del TSJ sobre enjuiciamiento de Nicolas Maduro Moros – 3 de Mayo 2018

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PLENA 207 y 159

Expediente: SP-2018-001

ASUNTO: Enjuiciamiento por presuntos delitos de Corrupción Propia y Legitimación de Capitales contra NICOLÁS MADURO MOROS, quien alega ser venezolano, titular de la cédula de identidad No. V-5.892.464.

Se inicia la presente causa por querella presentada el día diecinueve (19) de febrero de dos mil dieciocho (2018), por la Dra. LUISA MARVELIA ORTEGA DÍAZ, venezolana, titular de la cédula de identidad No. V-4.555.631, procediendo en su condición de Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, mediante la cual formula solicitud de Antejuicio de Mérito contra NICOLÁS MADURO MOROS, quien ha venido ejerciendo el cargo de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, dio por recibida la querella y en sesión Plenaria del veintidós (22) de febrero de dos mil dieciocho (2018), el Presidente de la Sala Plena Magistrado Miguel Ángel Martin Tortabú, asignó la ponencia al Magistrado Rommel Rafael Gil Pino, integrante del cuerpo colegiado y Presidente de la Sala Electoral.

El día seis (6) de marzo de dos mil dieciocho (2018), se admite la causa dándose inicio al trámite procesal ordenando las notificaciones a las partes para que ejerzan sus derechos en el proceso de antejuicio.

El día tres (3) de abril de dos mil dieciocho (2018), en el Salón Boyacá del Capitolio de la República de Colombia, tuvo lugar la audiencia oral y pública, donde las partes ejercieron su derecho a exponer sus alegatos, concediéndoles igualmente el derecho de réplica y contrarréplica previsto en la ley.

En fecha nueve (9) de abril de dos mil dieciocho (2018), está Sala Plena dictó sentencia declarando que HAY MÉRITO SUFICIENTE PARA ENJUICIAR A NICOLÁS MADURO MOROS, quien ha venido ejerciendo el cargo de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, existiendo causa probable que hace presumir la comisión de los delitos de Corrupción Propia y Legitimación de Capitales previstos en el artículo 64 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra la Corrupción y artículo 35 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo; asimismo decretó Medida Cautelar de Privación Judicial Preventiva de Libertad para el querellado. Igualmente, en esa misma oportunidad, se ordenó notificar a la INTERPOL para que incluya a NICOLÁS MADURO MOROS entre las personas con ALERTA ROJA Internacional por tener orden de detención válida y colocarlo a la orden de este Máximo Tribunal. Finalmente, se acordó la activación de la Convención Internacional de Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo).

Cumpliendo con los trámites de ley, se ordenó notificar a la Asamblea Nacional para que de conformidad con lo previsto en el numeral 2° del artículo 266 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, autorizara o no la continuidad del enjuiciamiento a NICOLÁS MADURO MOROS ante este Máximo Tribunal, hasta alcanzar la sentencia definitiva.

En fecha veintitrés (23) de abril de dos mil dieciocho (2018), la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela notificó a este Tribunal la decisión de autorización del juicio, según acuerdo alcanzado en sesión ordinaria.

Seguidamente, esta Sala Plena procede a decidir conforme a las siguientes consideraciones:

I Autorización de Enjuiciamiento

Visto el Acuerdo de la Asamblea Nacional de fecha diecisiete (17) de abril de dos mil dieciocho (2018) y recibida su notificación por este Máximo Tribunal el día veintitrés (23) de abril de dos mil dieciocho (2018), donde se informa que el órgano parlamentario autorizó “…continuar el proceso judicial al ciudadano NICOLÁS MADURO MOROS aprobado (el Acuerdo) en sesión ordinaria de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela celebrada el pasado 17 de abril del 2018…”, en virtud del pronunciamiento de esta Sala Plena de fecha 9 de abril de dos mil dieciocho (2018 que declaró que HAY MÉRITO SUFICIENTE PARA ENJUICIAR A NICOLÁS MADURO MOROS, por existir causa probable que hace presumir la comisión de los delitos de Corrupción Propia y Legitimación de Capitales previstos en el artículo 64 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra la Corrupción y el artículo 35 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, así como la presunta responsabilidad por la comisión de los hechos punibles denunciados ante este órgano judicial, circunstancias éstas que determinan el haberse satisfecho plenamente, el cumplimiento del requisito relativo a la imprescindible autorización del Parlamento para iniciar el juicio penal, conforme a las previsiones constitucionales y de ley. Y así se decide.

II Competencia de la Sala Plena

Habiéndose cumplido exhaustivamente con los extremos previstos en el numeral 2° del artículo 266 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia DECLARA SU COMPETENCIA para continuar conociendo de todas las fases del presente juicio hasta la sentencia definitiva, de conformidad con lo previsto en los artículos 112 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y 378 del Código Orgánico Procesal Penal, según el procedimiento ordinario de la citada ley adjetiva penal. Y así se decide.

III Transición Constitucional

Este Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio del irrenunciable mandato a él dirigido, de garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales; ejerciendo las facultades expresamente a él reconocidas de forma exclusiva y excluyente, de ser el máximo y último intérprete de la Constitución, según se encuentra consagrado en el artículo 335 del referido texto constitucional; tomando en consideración que el orden constitucional es un valor político inmanente de la República Bolivariana de Venezuela, por constituirse ella en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia; DECLARA LA SUSPENSIÓN DE NICOLÁS MADURO MOROS como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Y SU INHABILITACIÓN para el ejercicio de cualquier otro cargo de la función pública, en aplicación de lo previsto en el artículo 380 del Código Orgánico Procesal 3 Penal, mientras dure el trámite del juicio que ha sido debidamente autorizado por la Asamblea Nacional, a los fines de determinar su responsabilidad o no en la presunta comisión de los ilícitos graves en el ejercicio del cargo presidencial por él desempeñado, denunciados por la Fiscal General de la República Dra. Luisa Marvelia Ortega Díaz. Y así se decide.

En consecuencia, este máximo Tribunal, EXHORTA a la Asamblea Nacional a iniciar el procedimiento que permita la transición constitucional de la Presidencia de la República, de conformidad con los artículos 233 y 234 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

IV Continuación del Proceso

Habiéndose completado la fase preparatoria del proceso, que en este caso se refiere al antejuicio de mérito, se ordena la continuación de este proceso judicial, siguiendo el tramite del procedimiento ordinario de conformidad con el numeral 2° del artículo 266 constitucional, en concordancia con el artículo 378 del Código Orgánico Procesal Penal; a tal efecto, se insta al Ministerio Público proceda a presentar la acusación correspondiente, ello de conformidad con el artículo 308 eiusdem. Y así se decide.

V Ejecución de Medidas

Conforme a lo decidido por esta Sala Plena en sentencia de fecha nueve (09) de abril de dos mil dieciocho (2018) se ORDENA dar cumplimiento a las medidas cautelares acordadas en garantía a la tutela judicial efectiva, en consecuencia:

PRIMERO: Se ORDENA a la Fuerza Armada Nacional y al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (C.I.C.P.C.), la captura y detención de NICOLÁS MADURO MOROS, y colocarlo a la orden de este Máximo Tribunal, conforme a la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad decretada en sentencia el día nueve (09) de abril de dos mil dieciocho (2018).

SEGUNDO: Se ORDENA notificar a la “Organización Internacional de Policía Criminal”, conocida internacionalmente con sus siglas oficiales “OIPC-INTERPOL” o simplemente “INTERPOL”, para que, de acuerdo a sus protocolos internos, incluya a NICOLÁS MADURO MOROS entre las personas con Alerta Roja Internacional.

Por imperio de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se ORDENA a todas las autoridades civiles y militares, bajo apercibimiento de desacato, a cumplir la presente decisión y prestar toda la colaboración necesaria para su ejecución inmediata.

NOTIFÍQUESE de la presente decisión a Nicolás Maduro Moros; a la Asamblea Nacional; a la Fiscal General de la República; al Consejo Nacional Electoral (CNE); al Ministerio del Poder Popular para la Defensa; al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (C.I.C.P.C.); a la Dirección General Sectorial de Contrainteligencia Militar (D.G.S.C.M.); al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN); y a la Organización Internacional de Policía Criminal (OIPC-INTERPOL), a los fines de que cumplan con lo ordenado por este máximo Tribunal.

NOTIFÍQUESE al Consejo Nacional Electoral a los fines de que se sirva EJECUTAR la Inhabilitación según lo previsto en el articulo 380 del Código Orgánico Procesal Penal, conforme al cual NICOLÁS MADURO MOROS no puede optar al ejercicio de ningún cargo público mientras dure el presente juicio penal.

NOTIFÍQUESE a la Secretaría de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA); a la Presidencia de la Comisión Europea (CE); al Parlamento Europeo y a las Cancillerías de los países que integran el denominado GRUPO DE LIMA a los fines de hacer de su conocimiento que NICOLÁS MADURO MOROS está suspendido e inhabilitado para el ejercicio del cargo de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela; y tengan a bien tomar las previsiones jurídicas pertinentes.

Dado, firmado y sellado, por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Coral Gables, Florida a los tres (03) días del mes de mayo de dos mil dieciocho (2018). Años 207 de la Independencia y 159 de la Federación.

Miguel Ángel Martin Tortabú Presidente de la Sala Plena

LOS MAGISTRADOS

Elenis del Valle Rodríguez Martínez

Cioly Janette Coromoto Zambrano Álvarez

Luis Manuel del Valle Marcano

Zuleima del Valle González

Gabriel Ernesto Calleja Angulo

Gustavo José Sosa Izaguirre

Antonio José Marval Jiménez

Ramsis Ghazzaoui Piña

José Luis Rodríguez Piña

Manuel Antonio Espinoza Melet

José Fernando Núñez Sifonte

Rommel Rafael Gil Pino

Domingo Javier Salgado Rodríguez

Álvaro Fernando Rafael Marín Riveron

Ildefonso Ifill Pino Ramón

José Pérez Linarez

Thomas David Alzuru Rojas

Luis María Ramos Reyes (Se abstuvo de firmar)

Pedro José Troconis Da Silva

Cruz Alejandro Graterol Roque

Milton Ramon Ladera Jiménez

Alejandro Jesús Rebolledo (Se abstuvo de firmar)

Beatriz Josefina Ruiz Marín

Rafael Antonio Ortega Matos

Rubén Carrillo Romero

José Sabino Zamora Zamora

Reinaldo Paredes Mena Secretario Accidental

El día de hoy tres (03) de mayo de dos mil dieciocho (2018) se publica la presente decisión, siendo las 10:00 am en la Ciudad de Coral Gables, Florida, Estados Unidos de América.

Reinaldo Paredes Mena Secretario Accidental Exp. SP-2018-001

Maduro ya no es “presidente” y el TSJ en el exilio no es “simbólico” por Orlando Avendaño – Panampost – 18 de Abril 2018

Los abogados Blanca Rosa Mármol y José Vicente Haro coinciden en que las decisiones del Tribunal y la Asamblea tienen importantes implicaciones y deben ser entendidas

Hay mucha confusión sobre los últimos acontecimientos políticos en Venezuela. No han sido actos lo suficientemente accesibles y ello permite que surjan las dudas y las equivocaciones.

Como se trata de una disputa en la que la «legitimidad» es piedra angular del debate, es importante definir términos, nomenclaturas y expresiones. Es sustancial determinar qué se puede decir y qué se debe evitar. La opinión pública, al final, brinda legitimidad. La sociedad brinda legitimidad. Y las palabras brindan legitimidad.

Ya llamar presidente a Maduro —al menos desde hace bastante— es un error peligroso. Hacerlo sería conferirle una legitimidad que no tiene. También suponer que este es un Gobierno de turno y evadir las palabras «dictadura», «dictador», «régimen» o «tiranía».

Con la histórica decisión de los diputados este martes 17 de abril, todo el escenario se altera. Para comprender bien —obedeciendo al Estado de derecho y a los principios republicanos que se defienden— qué es lo que se debería decir y qué no, PanAm Post contactó a la abogado, autora, catedrática y exmagistrada emérita, Blanca Rosa Mármol; y al abogado, catedrático y experto constitucionalista, José Vicente Haro.

Lo primero que hay que determinar es que, pese a lo que algunos suponen —incluso desde el mismo bando que se opone a Maduro—, el proceso de antejuicio de mérito y la decisión del Parlamento está apegada a la rectitud jurídica.

“La de la Asamblea Nacional fue una decisión que tiene un carácter jurídico con unas consecuencias políticas ineludibles. Se criticó mucho si en la sesión debía tenerse una mayoría calificada o simple; pero la situación termina por sugerir que sea de aplicación preferente la normativa… Entonces se estableció la mayoría simple; ya que es algo que la Constitución no especifica”, dijo la exmagistrada emérita, Blanca Rosa Mármol.

José Vicente Haro señaló que “en términos precisos, el acto del martes fue jurídico y constitucional y tiene implicaciones políticas”.

Pero la duda principal surge sobre el proceso en cuanto fue impulsado por el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Muchos han cuestionado la capacidad de esta institución para impulsar este proceso.

“Está decisión está siendo tomada por un Tribunal Supremo de Justicia que, debido a la persecución política, un total de 31 magistrados está en el exilio. Entonces esa decisión está adoptada por un Tribunal Supremo de Justicia que cuenta con los magistrados correspondientes. De esos 30, 28 se constituyeron en la sala plena. Llenaron el cuórum correspondiente para constituir el tribunal y la mayoría votó a favor del antejuicio. Y lo importante es que haya habido ese cuórum, las 2/3 partes; de lo contrario si se podría hablar de un proceso viciado”, agregó Haro.

“Además, los magistrados fueron designados por el Tribunal Supremo de Justicia, cumpliendo con el proceso constitucional previsto. Cumpliendo con todo el proceso. Y, por último, estos magistrados sí reúnen los requisitos para ejercer el cargo, a diferencia de quienes detentan ilegítimamente las funciones en Caracas. Por ejemplo, Maikel Moreno, el presidente del Tribunal ilegítimo, no cuenta por ningún lado con los requisitos para asumir el cargo”, continuó el profesor.

Sectores de la opinión pública nacional e internacional han llamado “institución simbólica” al Tribunal Supremo de Justicia. Se habla de que el del martes fue un acto simbólico sin mayores repercusiones. Solo tendría, en cambio, la intención de levantar la moral de una sociedad desesperanzada. Sin embargo, los abogados insisten en lo equivocado de suponer esto.

“El Tribunal Supremo de Justicia es el legítimo porque fueron designados los 13 magistrados principales y 21 suplentes por la Asamblea Nacional, el único poder legítimo. Se hizo en respuesta al proceso irregular del antiguo Parlamento, cuando al final de una administración agónica se designó a unos magistrados que no cumplían con los requisitos necesarios. Era un deber”, aseveró a PanAm Post la abogada y autora Blanca Rosa Mármol.

De acuerdo con Mármol, “la sala plena del Tribunal tuvo que constituir en el exilio y, a pesar de esto, pudo cumplir con el cuórum necesario”. Insistió en que “están en el exilio porque aquí fueron perseguidos ferozmente por una designación que, de hecho, obedece a la Constitución. Aquí no solo fueron detenidos tres, sino torturados. A los magistrados no les quedó otro remedio. Ellos no pueden estar aquí”.

“No se vuelve un acto simbólico por el hecho de que estén en el exilio. La designación fue apegada a parámetros constitucionales, no políticos. Lo que sí fue político fue la designación ilegal de los denominados magistrados express”, señaló la exmagistrada.

José Vicente Haro insiste en este tema, también, por su importancia. Que estén fuera del país no les impide ejercer como magistrados. Dijo: “El principio de extraterritorialidad no es absoluto”. Lo que les permitió impulsar este proceso del antejuicio de mérito en contra de Nicolás Maduro fue que se pudo cumplir con el cuórum necesario.

Y el proceso de antejuicio de mérito, como tal, también está apegado al proceso jurídico, señalan ambos especialistas: “inició con la denuncia de la fiscal general de la República, aún en sus funciones, Luisa Ortega Díaz. En ese proceso se le nombró un abogado a Nicolás Maduro. Se le dio el derecho de defenderse. No acudió y, por lo tanto, desconoció la autoridad legítima del Tribunal”.

“De debe aclarar, además, que el efecto jurídico constitucional es que ya se puede abrir un juicio. Recordemos que la etapa del antejuicio terminó el 9 de abril cuando el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio aceptó que hay motivos para impulsar ese juicio. Y lo que hubo ayer fue una autorización parlamentaria para terminar jurídica y constitucionalmente con el proceso”, acotó José Vicente Haro.

Ambos abogados señalaron que, aunque puede que por los momentos no se perciban algunas consecuencias prácticas, es importante que, “si se tiene en cuenta lo que tanto se ha denunciado desde la oposición, la ciudadanía y las ONG, que en Venezuela se quebrantó el orden constitucional; es importante que no se acepte todo lo que busque imponer la dictadura y se entienda como legítimo, más bien, lo que emane de las instituciones que sí gozan de legalidad”.

En ese sentido, la consecuencia teórica inmediata de la decisión de los diputados este martes 17 de abril, es que el dictador venezolano, Nicolás Maduro, queda apartado de su cargo como presidente.

“Desde el pronunciamiento de la Asamblea Nacional, hasta el enjuiciamiento, de acuerdo con lo que señala el Código Procesal Penal en su artículo 380, queda suspendido el presidente e inhabilitado para ejercer funciones públicas. Debería dejar de llamársele presidente. Pero una cosa es el deber ser y otra es el acatamiento por parte del régimen aquí en Venezuela”, dijo Blanca Mármol de León.

En el artículo 380 del Código Procesal Penal, que cita la abogada, se lee: “Cumplidos los trámites necesarios para el enjuiciamiento, el funcionario o funcionaria quedará suspendido e inhabilitado para ejercer cualquier cargo público durante el proceso”.

Y los venezolanos, además, no somos ajenos a ese artículo ni al proceso. En marzo de 1993 el fiscal general de entonces, Ramón Escobar Salom, introdujo ante la Corte Suprema una solicitud de antejuicio de mérito contra el presidente Carlos Andrés Pérez. La solicitud fue admitida, Pérez separado del cargo y enjuiciado.

José Vicente Haro cita este episodio para ejemplificar el deber ser de la coyuntura actual. Agrega, además, que a Maduro ya no debe llamársele presidente; pero tampoco «expresidente». En cambio, “se debe hablar es de «presidente separado del cargo»”.

“Lo ideal es dejar de llamarlo así. Ya él está detentando ilegítimamente el poder, de facto. Porque a partir de ayer él tiene la obligación constitucional y penal de hacer lo mismo que hizo Carlos Andrés Pérez. Él ahora sí estaría incurriendo en un desacato. A las leyes y a la Constitución. Está obstruyendo la justicia”, aseveró Haro.

Maduro sería, además, un usurpador. No es un «expresidente», pero sí un delincuente. Abulta su expediente con la decisión de ignorar las legítimas instituciones del país.

“Ahora lo que ocurre es que una persona sin legitimidad está ostentando un cargo de facto. Sus actos son nulos. De acuerdo con la Constitución, él estaría incurriendo en una usurpación de autoridad, algo que es condenado”, indicó el abogado y profesor universitario, José Vicente Haro.

Presidente del TSJ en el exilio señala los próximos pasos del antejuicio contra Maduro – La Patilla – 19 de Abril 2018

Miguel Ángel Martín, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, asegura que el presidente Nicolás Maduro ha sido destituido por la Asamblea Nacional (AN) y debe presentar su separación del cargo.

En una entrevista exclusiva para VPI tv y La Patilla señaló los siguientes pasos del proceso judicial en contra del mandatario.

“El antejuicio de mérito necesitaba la autorización de la AN. El paso siguiente es que Maduro queda suspendido de ejercer cualquier cargo público y debe renunciar, ahora estamos revisando el efecto jurídico”, expresó el magistrado Martín durante una entrevista transmitida a través del canal Venezolanos Por la Información (VPI).

Detalló que los pasos a seguir serían:

. Recibir la notificación formal por parte de la AN.

. Hacer una revisión sobre la realización de la transición constitucional tras la separación de Nicolás Maduro del cargo presidencial.

. Si es después de la mitad del período que se inicia la investigación -como sucede en este caso- el vicepresidente Ejecutivo de la República, Tareck El Aissami, debe asumir el cargo de la Presidente de la República y juramentarse ante la AN, como autoridad legislativa elegida por más de 14 millones de venezolanos. Si esto no ocurre, entonces asume el cargo el presidente de la Asamblea Nacional, en este caso, el diputado Omar Barboza.

. Justicia Internacional: El TSJ legítimo tiene la potestad de emitir una orden a organismos internacionales de justicia, en este caso, Interpol.

“Como jueces y dado que en Venezuela las instituciones están secuestradas, podemos activar la justicia internacional. Haremos un periplo por tribunales internacionales solicitando el inicio de las investigaciones por el caso de corrupción a través de Odebrecht”, expresó Martín.

 

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