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Magistrados opositores anulan decisión chavista de retirar a Venezuela de la OEA por Antonio María Delgado – El Nuevo Herald – 4 de Diciembre 2017

El Tribunal Supremo de Justicia nombrado por la oposición venezolana anuló el lunes las decisiones del régimen bolivariano de Caracas de retirar al país petrolero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Organización de los Estados Americanos.

“Estos actos violan directamente la Constitución y los derechos garantizados en esa Constitución a todos los venezolanos”, dijo el lunes la magistrada Cioly Zambrano en una rueda de prensa sostenida en las oficinas del Interamerican Institute for Democracy en Coral Gables, al anunciar que quedaba anulados.

Con esta decisión “se está restituyendo el derecho que tienen los venezolanos a acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hacer valer sus derechos y sus intereses colectivos”, agregó Zambrano.

El argumento central del pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es que Maduro no tiene la capacidad constitucional de retirar al país de la OEA o de anular sus compromisos internacionales, ya que esa función le corresponde exclusivamente a la Asamblea Nacional.

La sentencia anunciada el lunes reitera la insistencia de los magistrados nombrados por la oposición de ser considerados los miembros legítimos del TSJ de Venezuela, aunque el chavismo desconoce su autoridad.

Y la decisión del lunes podría dar pie a que venezolanos afectados por las violaciones de los derechos humanos acudan a reclamar sus derechos nuevamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que debería entonces pronunciarse si reconoce o no el dictamen emitido el lunes por los magistrados en el exterior.

“Existe un ordenamiento jurídico internacional aplicable a Venezuela y nosotros acabamos de restituirnos a ese sistema nuevamente a través de esta decisión”, declaró Zambrano en la rueda de prensa.

Zambrano, al igual que la gran mayoría de los magistrados nombrados por la Asamblea Nacional este año, se vio obligada a salir del país bajo amenaza de ser arrestada. Desde entonces, los jueces han comenzado a reunirse y a trabajar desde el exterior.

El régimen de Caracas inició los pasos para salirse de la CIDH en julio del 2012, bajo el mandato del entonces presidente Hugo Chávez, quien en ese entonces dio instrucciones a Maduro, quien en ese entonces era canciller, para que iniciara los trámites.

En ese momento Maduro declaró que la corte había “entrado en una etapa de degradación moral, ética y jurídica”, sirviendo de escudo para grupos de detractores que “obran violentamente” en contra de la revolución bolivariana.

La decisión de salirse de la OEA fue anunciada cinco años después, después que el secretario general de la organización, Luis Almagro, inició los trámites para aplicar la Carta Democrática Interamericana para tratar de atender el desmantelamiento del sistema democrático emprendido por el chavismo en Venezuela.

En ese momento, la canciller Delcy Rodríguez dijo que su país era víctima de un complot internacional.

“Sabemos que detrás de este cónclave, que detrás de esta coalición […] está la mirada puesta sobre la soberanía de nuestra patria. Está la pretensión de intervenir y tutelar a nuestro país”, manifestó en ese entonces la canciller Delcy Rodríguez, al anunciar la decisión del régimen de sacar al país de la organización multilateral.

Pero decisión no le corresponde a Maduro, dijo Zambrano al explicar la ilegalidad de la medida.

Según la Constitución, sólo la Asamblea Nacional —ahora controlada por la oposición— está en condiciones de aprobar o disolver los tratados de la república.

 

El problema de negociar en dominicana por Thays Peñalver – Venepress.com – 4 de Diciembre 2017

1511394358_1509979393_Captura_de_pantalla_2017-11-06_a_la(s)_10.41.26_a._m..jpgNadie sabe quien pierde más o lo que es lo mismo, ganará quien pierda menos y en este caso, el gobierno es el que menos tiene cara de perder

La oposición y el gobierno han decidido levantarse de la mesa sin que exista humo blanco en las negociaciones. Como es lógico, el problema para ambos es que toda negociación por mas adelantada que esté contempla ceder posiciones y posturas. Por eso el peor momento de toda “negociación” política es cuando ambas partes ven plasmado en un documento la ruta acordada, pero completamente edulcorada en un lenguaje diplomático que convenga a las partes. Les pongo un ejemplo que ocurrió ayer abiertamente en los medios, a la oposición le conviene que el gobierno acepte los términos “crisis humanitaria” y que permita un “canal humanitario” y para el gobierno es imposible aceptarlo, porque sería admitir nada menos el fracaso de la revolución y con ello, la oposición saldría políticamente victoriosa. Pero si la oposición solo logra un acuerdo parecido al de 2014 que hable de “trabajar conjuntamente para solucionar el problema” que contemple traer medicinas, sin haber ganado la batalla política, uno de sus puntos principales, como en el pasado, carecería de efecto político alguno y es que la donación de unas pocas medicinas coyunturales –en sentido estadístico- no tienen mayor impacto en un país que necesita arreglar el problema de insumos médicos de fondo.

Lógicamente ocurre lo mismo con el bando contrario, pues el gobierno pide que la oposición rechace “cualquier forma de injerencia internacional” -venga de Trump, de Almagro o de quien sea- y cuando se plasma en el documento, la oposición no puede aceptarlo en esos términos y termina siendo un punto muerto en el debate, ya que quedaría también como en el documento de 2014, como una simple declaración de principios sobre la soberanía del país.

El resto de las expectativas del gobierno son tan altas, que implican nada menos que una “rendición incondicional” de la oposición cuando piden también que la oposición aniquile el mandato expreso de 7,5 millones de sus votantes y reconozca, coadyuve al reconocimiento Internacional de la Asamblea Nacional Constituyente, se subordine a ésta y participe en la Comisión de la Verdad destinada a investigar a la propia oposición.

Pide también que la Asamblea Nacional acate las sentencias del TSJ que la despojan por completo de sus funciones y que se comprometa al cese de la “guerra económica” que supuestamente han generado los industriales y los productores -entre muchos otros- contra el pueblo. Finalmente, que acepten los resultados de las elecciones Municipales en curso y de las presidenciales, ya previstas éstas últimas para finales de 2018.

Para la oposición aceptar semejantes propuestas o que el gobierno acepte lo contrario como contrapropuesta opositora, simplemente coloca estas posiciones en un punto medio, en el que ambas partes se comprometen a “medio aceptarse” lo que políticamente no tiene mayores repercusiones para el gobierno, pero si para la oposición tanto en su electorado, como a nivel internacional. Porque medio aceptar la Constituyente, no es lo mismo que lo que el gobierno ha hecho con la Asamblea. Porque el punto y la ganancia política entonces se lo llevaría por completo el gobierno.

Por eso los dos puntos fuertes de la negociación son principalmente la reestructuración del CNE y “Que la oposición se comprometa a hablar con el Gobierno de EE.UU y exija que levante la persecución económica y financiera contra Venezuela” (Telesur). Y por eso todo parece indicar que ya están trabajando desde hace rato en este punto con la “reestructuración de la deuda” propuesta por la oposición, a cambio de que le permitan tácitamente a la Asamblea proseguir su curso y un cambio en el CNE.

El problema es que la oposición debe entonces no solo comprometerse a hablar sino exigirle a Donald Trump, Marco Rubio e Ileana Ros-Lehtinen (al Senado y a la Cámara), que eliminen o reformen las sanciones económicas para reestructurar la deuda. En palabras más sencillas el gobierno tendrá un barril a 60 dólares, le entrarán cada semana mil millones de dólares para las elecciones. Pero no puede movilizar un centavo y necesita que la oposición ayude a levantar las sanciones para que el gobierno disponga de los fondos para gobernar. Por todo esto, el mayor de los problemas que tiene esta petición es que la fuerza de la oposición, depende de terceros.

El segundo problema es el impacto internacional en la imagen de la oposición. Lo que resulta obvio, es que el gobierno necesita que quien motorice esto sea la parte de la oposición que puede al menos tener acceso y algo de ascendente, es decir no la parte de la oposición que Donald Trump y Marco Rubio no escucharían.

Puede ser también que el gobierno este pretendiendo como resultado el descredito opositor, en los Estados Unidos y que este país termine de entender que la oposición no es la opción. De allí que de aceptarse, al menos dos de los políticos con mayor ascendente internacional de la oposición, serán los comprometidos para esta tarea y contra esto ya Marco Rubio se pronunció a penas escuchar la petición publica de la oposición en su momento (10 de noviembre): “No habrá manera de reestructurar la deuda venezolana, sin una exención a las sanciones y no habrá ninguna exención de sanciones”. Si es o no una retorica del senador Rubio, para elevar la fuerza en la negociación, se vera en un futuro, pero todo luce que la oposición no las tiene todas consigo.

En relación a esta postura, la lógica estadounidense es la misma, que si la oposición cubana en Cuba, pidiera el cese del bloqueo para que los Castro entreguen algo a cambio. Por eso lo que pedirá la oposición a Trump y a Rubio es un caso único. En principio porque sabe que quienes llegan a pedir eso son personas que tienen una “pistola en la cabeza” y por eso es cierto que el gobierno de Estados Unidos ha cedido políticamente en casos puntuales de acuerdo a resultados concretos, pero nunca ha cedido completamente. Es decir, hay precedentes de levantamiento de sanciones puntuales en diálogos como el caso de Zimbabue (Tribunal electoral y esposas de ministros) pero nunca ha cedido a un bloqueo como el venezolano, mucho menos cuando las “concesiones” en el propio diálogo y la excarcelación previa de políticos renombrados, es una señal de que la presión está funcionando.

Así que, ¿de que depende que Donald Trump y Marco Rubio acepten la propuesta de estos políticos y eliminen las sanciones parcial o totalmente? En el mejor de los casos, no bastará con una tímida ganancia o un CNE “balanceado” o un canal humanitario, la oposición debe presentarse allí, con la madre de todas las ganancias, es decir el gobierno debe ceder a lo incomprensible y ya ha advertido que “no torcerá el brazo”.

Sea como fuere, en este caso las posibilidades de una victoria contundente de la oposición, son pocas si el gobierno no cede abiertamente a unas elecciones completa y totalmente libres, con el fin de la represión a la oposición, el retorno de los políticos exiliados y presos habilitados políticamente. Menos de esto, no conllevara al levantamiento de sanciones, mucho menos de lo que el gobierno califica de “bloqueo financiero”.

Pero si la oposición llega a Donald Trump y a Marco Rubio con una ganancia mínima. Un CNE mitad del gobierno y mitad de la oposición con un tercero, susceptible a ser demolido por el sistema y unos cuantos políticos aún presos en sus casas, con un canal humanitario que no es solución al problema de fondo de los medicamentos, la situación será complicada para la oposición internacionalmente y m´ss aún, de cara a sus electores.

Finalmente esta la realidad económica, hasta ahora culpa absoluta del gobierno. La oposición podría obtener ganancias puntuales, pero también tiene mucho que perder, aún si se sale con la suya. Y aquí me temo que en la oposición hay buenas intenciones, pero siguen sin tener noción de lo que verdaderamente implica una reestructuración de la deuda en un país. Porque el liderazgo opositor cree que una reestructuración es asunto de economistas y burócratas cuando es un asunto de ciclópeos y agresivos bufetes de abogados.

Lo que no entiende el liderazgo opositor que lo propone, es que no importa si es el esquema de un rescate del FMI que implica una serie de condiciones espeluznantes y la sesión de la soberanía económica frente a la oficina del comisionado nombrado o directamente con los acreedores, en un país con un barril a 60 dólares, sentado sobre diez trillones de dólares y activos por doquier. El liderazgo opositor debe comprender que toda reestructuración de la deuda implica medidas económicas, implican abogados internacionales y muchas letras pequeñas, implica que usted durante el tiempo que dure, no puede darle mejores condiciones a otros préstamos porque estaría estafando a quienes aceptaron sus condiciones, implica la posible negativa de los fondos buitres y problemas grandes con activos internacionales e implica quiéralo o no, medidas de recorte de gastos y disciplina fiscal que son por decir lo mejor, poco probables.

Así que si reestructuran la deuda y esto sale mal económicamente como en el caso argentino o griego (implícito en toda reestructuración) la oposición estará en el peor de los mundos, será culpada de la crisis, de colaboracionismo y habrá perdido todo lo que le queda de imagen internacional.

Por eso, la parte no convocada al dialogo, piensa que si la única fortaleza real de la oposición, si lo único que impide que arrasen con lo que queda del aparato productivo y de la debilitada oposición, son la presión internacional y financiera ¿Suena lógico jugar esa carta antes de tiempo?. Por otra parte piensa que presentar una “victoria” con una reforma puntual del CNE que lo haga mas paritario no conduce a ninguna parte, mucho menos a ganar una elección, ya que parten de la experiencia de la propia Asamblea, ganaron dos tercios y ni siquiera podían abrir las oficinas, no tenían luz o un funcionario militar tenía mas peso para dejar entrar al Hemiciclo, que el propio presidente. En fin que esa parte de la oposición piensa que tener un mejor CNE, no garantiza que un suboficial, los deje siquiera entrar al centro de cómputos, mucho menos que no hagan trampa.

En fin que la oposición esta dividida incluso en las posibles ganancias de las negociaciones y más aún frente a una ganancia a medias, porque en toda negociación ceden las dos partes y no solo importa lo que gane una parte, sino las implicaciones de las ganancias del otro lado. Como por ejemplo, el gobierno no reconocería una emergencia humanitaria porque sería reconocer el fracaso de la revolución, pero dejaría entrar medicinas. Asunto que sería un pequeño paliativo al problema real de medicamentos, es decir no se reflejaría realmente en la carestía general y no sería ganancia política para la oposición. O un CNE mas “balanceado” que no significaría elecciones limpias y a la oposición trabajando contra las medidas de Trump.

Así que el temor de esa parte opositora es que el gobierno se salga con la suya, al ganar casi todas las gobernaciones y las alcaldías, gane las presidenciales y se quede con dinero y sin sanciones económicas con una oposición culpada por todos, extremadamente debilitada internacionalmente y demolida electoralmente por otros cinco años. Lo que en la practica sería casi la desaparición de los partidos y su militancia. Con una constituyente y un TSJ secundados parcialmente por la oposición, que pueden decidir elecciones legislativas en 2019 y crear en la practica, una hegemonía de un partido único, nunca visto desde el caso cubano. Es decir el peor escenario posible para la oposición.

Como siempre hay que ligar que las cosas funcionen y que el liderazgo tenga la razón y no se la juegue por nada o casi nada. Porque hay muchas cosas que pueden salir mal como resultado de esta negociación en particular. Hay que ligar que a la oposición le vaya bien, porque no solo se juega su final, sino nuestro destino. Su éxito o fracaso, será el de Venezuela, pero como dice el New York Times, todo pinta que en esta negociación, nadie sabe quien pierde más o lo que es lo mismo, ganará quien pierda menos y en este caso, el gobierno es el que menos tiene cara de perder.

Thays Peñalver
04/12/2017 – 4:47PM

TSJ en el exilio ratificó que prohibe a otros poderes reconocer a la ANC – El Nacional – 1 de Diciembre 2017

El organismo que funciona en la sede de la OEA ordenó la ejecución de la sentencia que declara a la ANC como inconstitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio ordenó la ejecución de la sentencia que declara el fraude constitucional de la asamblea nacional constituyente (ANC), publicada el 25 de octubre de 2017.

Con este decreto se prohíbe a los poderes Ejecutivo, Ciudadano, Electoral, Judicial y Legislativo, dictar o ejecutar cualquier acto de reconocimiento a la ANC con la finalidad de impedir su actuación como poder.

El TSJ en el exilio explicó que la solicitud de ejecución procede con la finalidad de impedir se sigan afectando los derechos de los venezolanos, debido a que, a su juicio, los ciudadanos no se manifestaron democráticamente en las elecciones del 30 de julio.

El organismo que funciona en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, ordenó a los poderes públicos, los ciudadanos, y los integrantes de la Fuerza Armada, acatar y hacer cumplir el amparo decretado.

 

Decision del TSJ sobre fraude constitucional del proceso de la Asamblea Nacional Constituyente – 30 de Noviembre 2017

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONSTITUCIONAL 206º y 158º

ASUNTO: Ejecución de la Decisión que declara el fraude constitucional del proceso de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

PARTE DENUNCIANTE: Diego Enrique Arria Salicetti, Maria Corina Machado Parisca, Antonio José Ledezma Díaz y Cecilia Sosa Gómez, venezolanos, mayores de edad, con Cedulas de Identidad Nros. 1.714.176, 6.914.799, 4.588.712 y 2.935.735, en su orden, asistidos profesionalmente por Cecilia Sosa Gómez, Inpreabogado No. 3751.

TERCEROS INTERVINIENTES: Enrique Colmenares Finol, Luis Manuel Aguana, Luis Francisco Granados Mantilla, Egildo Eugenio Lujan Navas, Hinderburgo Becerra Naranjo, José Jacinto Bravo, Víctor José López, Jipson Briceño Domínguez y José Manuel Salazar Velásquez, venezolanos, mayores de edad, con Cédulas de Identidad Nros. 1.556.712,3.663.266,3.073.116, 2.960.466, 2.510.321, 27.658.830, 1.748.990, 5.977.952 y 13.403.635, en su orden, asistidos por los abogados Blanca Rosa Mármol de León y Pedro Urrieta Figueredo, abogados inscritos en el Inpreabogado bajo los números 5.381 y 38.455, respectivamente. Los terceros que intervienen en esta causa, por escrito presentado el 24/11/2017, solicitan se decrete la ejecución de la decisión emitida por esta Sala en fecha 25 de octubre de 2017. Asimismo los denunciantes, por escrito del 25/11/2017, solicitan se decrete la ejecución de la decisión ya indicada. Seguidamente, está Sala Constitucional pasa a decir las solicitudes de ejecución, previo a las siguientes consideraciones:

I Legitimación de los terceros

En el caso que nos ocupa, los terceros intervinientes invocan su condición de ciudadanos venezolanos e integrantes del cuerpo electoral de la Republica, haciendo constar tal acreditación pública, para sustentar su interés procesal en la presente causa. El hecho de que los terceros sean ciudadanos venezolanos, y electores acreditados en el Registro Electoral, según los anexos que acompañan; así como la circunstancia que el objeto del proceso lo constituye derechos e intereses colectivos y difusos, son razones valederas y suficientes por las que está Sala admite la intervención voluntaria de los terceros. Así se decide.

II Ejecución solicitada por los terceros

La ejecución de toda decisión conlleva la materialización de lo que ha sido objeto del proceso, por ello no está dado al juez entrar a conocer en fase de ejecución asuntos diferentes a los ya juzgados en la decisión de mérito. Los terceros que intervienen, solicitan la ejecución de la decisión emitida en esta causa, así como también formulan varias peticiones, dentro de las cuales se encuentran: i. La activación de la resistencia pacífica conforme a los artículos 333 y 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que se declare el restablecimiento constitucional (Restauración de la Democracia) frente a la derogatoria de la vigente Constitución por mecanismos no previstos en ella; 2 ii. Se ratifiquen los efectos vinculantes de la consulta popular promovida por la Asamblea Nacional el 16/07/2017; iii. Que se ordene a la Asamblea Nacional el cumplimiento del acuerdo parlamentario de fecha 18/07/2017; iv. Solicitar a la Fiscal General de la Republica, su colaboración con las actividades de restablecimiento del orden constitucional, la validación de lo que denominan los solicitantes, “ la ruta descrita en el Capítulo IV de este escrito” y se autorice el referendo consultivo; v. Que se autorice a la organización Alianza Nacional Constituyente para que proceda a organizar la consulta y referendo necesarios. En este orden, se precisa que no es admisible para el operador de justicia acordar peticiones que no formaron parte del debate procesal, y lo cual fue lo decidido, salvo aquellos casos previstos en la ley donde se permite la intervención de terceros, pues ello conllevaría al reconocimiento de un derecho no peticionado o reconocido por el fallo a ejecutar. En consecuencia no es admisible lo solicitado por los terceros intervinientes, en lo que respecta a las solicitudes diferentes de aquello que fue motivo de la decisión, sin menoscabo del derecho que tienen los tercero de interponer en forma autónoma, cualesquiera otra petición que a bien tengan, en aras del derecho constitucional de acceso a los órganos de justicia, previsto en el artículo 26 Constitucional. Así se decide. En lo que respecta a las solicitudes de los terceros intervinientes sobre la ejecución de la decisión que declara el fraude constitucional del proceso de la ANC, y lo relativo a la activación de la resistencia civil, lo cual si fue objeto de decisión, se declara procedente la petición de ejecución, y así quedará comprendido en el decreto de ejecución. Así se decide.

III Decreto de Ejecución

Los denunciantes precisan su petición, en que se prohíba a los poderes Ejecutivo, Ciudadano, Electoral, Judicial y Legislativo; dictar o ejecutar cualquier acto de reconocimiento a la ANC, de modo de impedir su actuación como un poder de facto. En la decisión del 25 de octubre de 2017, esta Sala declaró la nulidad de todo el proceso que derivó en la ANC por el fraude constitucional, quedando disuelta la misma, estableciendo que no tienen efecto jurídico los actos emitidos de ese órgano nacido de un fraude constitucional. La decisión de mérito que dimana de esta Sala, se encuentra firme, habida notificación de los Poderes Públicos del Estado venezolano, específicamente los llamados a cumplir con el mandamiento de amparo constitucional. Conforme al artículo 525 del Código de Procedimiento Civil y 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, está Sala Constitucional en nombre de la Republica y por Autoridad de la ley, con la finalidad de impedir se menoscaben los derechos de los venezolanos, toda vez que el pueblo no se manifestó en favor del proceso que derivó en la ANC fraudulenta, Decreta la Ejecución Forzosa de la decisión emitida en fecha 25/10/2017, y en consecuencia:

Primero: Se ordena a los Poderes Públicos conformados por el Ejecutivo Nacional, Consejo Nacional Electoral, Defensor del Pueblo, Ministerio Público, así como a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, la prohibición de reconocer o emitir algún acto o actuaciones que comprendan un reconocimiento de la ANC.

Segundo: Resulta vinculante, además de pertinente, y a su vez como garantía del derecho del titular del poder constituyente; decretar: que todos los poderes públicos, los ciudadanos, y los integrantes de la Fuerza Armada, en sus cuatro componentes, deben acatar y hacer cumplir el amparo decretado en favor del pueblo venezolano, en el entendido que no deben realizar actos donde se reconozca el fraude constitucional declarado por la Sala Constitucional. Asimismo se ordena a todos los poderes públicos, colaborar y coadyuvar con la Asamblea Nacional, Poder Legislativo Legitimo, para que sus funciones, deberes y derechos enmarcados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela sean cumplidos cabalmente.

Tercero: En lo que respecta a la activación de la resistencia civil prevista en el artículo 350 de la Constitución, y que es pedimento de los terceros que forman parte de la organización Alianza Nacional Constituyente, esta Sala ordena que los ciudadanos, los poderes públicos, los integrantes de la Fuerza Armada Nacional, asuman el deber de desconocer y resistirse contra el fraude constitucional del proceso de la ANC, autorizados por el artículo 333 de la Constitución, tal y como fue establecido en la decisión de mérito. Vale apuntar, que el proceso fraudulento del cual se deriva la ANC forma parte de los componentes utilizados por el Ejecutivo Nacional para mantener el control político del país, que a su vez constituye un elemento adicional que agrava la situación de Venezuela. En razón de que el país está sumido en una crisis social y económica profunda que tiene afectado la vida normal de los ciudadanos, es procedente la activación de la resistencia civil y pacífica decretada por este Alto Tribunal al tenor de los artículos 333 y 350 constitucional, lo que hace urgente producir los cambios que requiere Venezuela para la restitución de la vigencia de la Constitución y por ende de la democracia en Venezuela, por lo tanto, cualquier salida de la crisis que se pretenda en el escenario político, debe hacerse dentro de los mecanismos de participación popular que consagra el artículo 70 de la Constitución, y nunca a espaldas del pueblo, con el fin primordial de provocar la salida inmediata de todo aquello que ha generado la crisis por la que atraviesa el país.

Cuarto: Se ordena oficiar lo conducente al Contralor General de la República, para que, en el ejercicio de su competencia, inspeccione y audite el presupuesto y gastos que hubiere aprobado Asamblea Nacional Constituyente de facto, para el estableciendo de las responsabilidades administrativas y penales a que hubiere lugar, so pena de la responsabilidad legal por omisión; igualmente se ordena oficiar lo conducente a la Fiscalía General de la República, a los fines pertinentes.

Dada, firmada y sellada, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Washington a los treinta (30) días del mes de noviembre de dos mil diecisiete (2017). Años 206 de la Independencia y 158 de la Federación.

Miguel Ángel Martin Tortabu, El Presidente de la Sala

Elenis del Valle Rodríguez Martínez , La Vicepresidenta Ponente

LOS MAGISTRADOS Cioly Janette Coromoto Zambrano Álvarez Zuleima del Valle González Gustavo José Sosa Izaguirre Luis Manuel del Valle Marcano Gabriel Ernesto Calleja Angulo Reinaldo Paredes Mena Secretario Accidental

TSJ en el exilio denuncia en La Haya a funcionarios del gobierno de Maduro – La Patilla – 20 de Noviembre 2017

Los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que componen la Sala de Casación Penal remitieron este lunes pruebas a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que comprometen a 59 funcionarios y ex funcionarios del Estado venezolano en crímenes de Lesa Humanidad y Genocidio, cometidos contra la ciudadanía de esa nación. La denuncia incluye al Presidente de Venezuela Nicolás Maduro, al Vicepresidente Tareck El Aissami, Diodado Cabello e integrantes del Alto Mando Militar y altos representantes del poder ejecutivo de ese país. En la sentencia “Se ruega al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que considere emitir notificaciones especiales a Interpol en contra de estos ciudadanos.”

El magistrado Pedro Troconis, presidente de la Sala de Casación Penal del TSJ “legítimo”, indicó además que se pide al Consejo de Seguridad de la ONU que tenga en consideración la posibilidad de pedir a Interpol que emita alertas para las personas mencionadas en la denuncia, encabezada por el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

En la denuncia se menciona a la “mayoría del generalato” de Venezuela y al vicepresidente Tareck El Aissami y el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello.

El TSJ dice que remite esta denuncia en razón de que el poder judicial venezolano está “subordinado” al ejecutivo y a que Venezuela es firmante del Estatuto de Roma y la legislación venezolana reconoce el principio de complementariedad de ese organismo internacional.

Desde octubre pasado, los jueces del TSJ elegidos y juramentados por la Asamblea Nacional de Venezuela (Parlamento, de mayoría opositora) en julio pasado están celebrando sesiones en Washington en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Lista de individuos mencionados en la primera sentencia dictada por la Sala de Casación Penal del TSJ:

1. Nicolas Maduro Moros
2. Nestor Luis Reverol Torres
3. Carlos Alfredo Perez Ampueda
4. Douglas Rico
5. Gustavo Enrique Gonzalez Lopez
6. Miguel Eduardo Rodriguez Torres
7. Rafael Perez Urdaneta
8. Justo Noguera Pietri
9. Antonio Benavides Torres
10. Franklin Garcia Duque
11. Manuel Quevedo Comenares
12. Fabio Enrique Zavarse Pabón
13. Vladimir Padrino Lopez
14. Remigio Ceballos Ichaso
15. Antonio Benavides Torres
16. Sergio Rivero Marcano
17. Alfredo Perez Ampueda
18. Jose Orellana Ferrer
19. Alexis Rodriguez Cabello
20. Kelvin Cabrera Romero
21. Jesus Suarez Chourio
22. Guiseppe Alessandro Cimadevilla
23. Tito Urbano Melean
24. Elias Moreno Martinez
25. Ivan Hidalgo Teran
26. Pedro Alberto Juliac Lastiguez
27. Jose Morantes Torres
28. Carlos Alberto Martinez Stapullionis
29. Edglis Herrera Balza
30. Eladio Jimenez Rattia
31. Carlos Leal Tellerias
32. Jesus Mantilla Oliveros
33. Jose Ascanio Escalona
34. Jacinto Jose Cabello
35. Felix Manrique Carreño
36. Elias Moreno Martinez

 

Decisión del TSJ sobre Canal Internacional de ayuda Humanitaria para Venezuela – 15 de Noviembre 2017

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA 206° y 258°

SALA CONSTITUCIONAL

Ponente. Magistrada Elenis del Valle Rodríguez Martínez

Expediente SC-2017-003

ASUNTO: Solicitud de Medida Cautelar Innominada de Protección Constitucional

Ver la ponencia completa en el siguiente enlace : TSJ-SC-2017-003.-

La antipolítica nos condujo a esta debacle – Entrevista a Paulina Gamus por Edgardo Agüero S. – Blog Polis – 7 de Noviembre 2017

Paulina-Gamus.jpg“Esto una dictadura en todos los aspectos”. Paulina Gamus echa mano de su estilo frontal para catalogar al régimen liderado por Nicolás Maduro y con la misma franqueza dispara dardos hacia Henry Ramos Allup, secretario general de Acción Democrática, partido en el que Gamus ha ocupado cargos directivos. “Él dijo que no reconocía a ese poder fraudulento y después mandó a los gobernadores a juramentarse”.

La juramentación de los gobernadores de Acción Democrática ha suscitado mucha controversia. ¿Cuál es su parecer a este respecto?

—Para ese momento yo me encontraba fuera del país, pero apenas lo supe reaccioné con un tweet por el chat familiar, que es la manera que tengo de comunicarme últimamente. Decía que me producía asco y vergüenza, por no decir náuseas, ese acto de juramentación y que yo no pertenecía a la banda chavista de Henry Ramos Allup. Recordé, además, que desde el año 2000 tengo esa carta pública en Internet, por medio de la cual renuncié al CEN de Acción Democrática, siendo segunda vicepresidente del partido, no solamente por la manera en que Henry Ramos expulsó del partido a William Dávila, que era gobernador electo del estado Mérida y además lo insultó y lo vejó, haciendo elogios al gobernador del MVR. En aquel momento, dentro de la Asamblea Nacional, Acción Democrática se prestó al nombramiento de las autoridades de los poderes públicos, del fiscal general, del TSJ, de la Contraloría, AD tuvo sus votos allí. Voy a hablar de esa Acción Democrática, porque yo creo que hay dos AD. Hace muchísimos años, cuando Prieto dividió al partido, había en ese momento la Acción Democrática-Gobierno que era la de Raúl Leoni, Gonzalo Barrios, la institucionalidad. En esos términos, y en situaciones distintas a las actuales, yo creo que podemos hablar de una Acción Democrática-Gobierno, que es la de Henry Ramos, y Acción Democrática-Oposición, que es la de todas las personas que estamos absolutamente avergonzadas por todo esto que ha ocurrido. El CEN de AD, que es la dirección máxima del partido, hace tres o cuatro meses que no es convocado para nada, de manera que esas decisiones no son decisiones colectivas, son decisiones unipersonales, de una persona que maneja el partido de una forma autoritaria al viejo estilo estalinista. Entonces, culpar a toda una organización por el manejo autoritario, el manejo indebido que está haciendo una sola persona, creo que no es justo. Yo creo que un poco lo que hemos hecho los firmantes de la carta que suscribimos varios miembros del CEN, Carlos Canache Mata, Humberto Celli, Marco Tulio Brunicelli, Lilia Arvelo, Claritza Sanoja y yo, es una carta que trata de lavarle la cara a ese partido que es corresponsable de estos hechos.
“Me producía asco y vergüenza, por no decir náuseas, ese acto de juramentación y que yo no pertenecía a la banda chavista de Henry Ramos Allup” Leer más de esta entrada

Declaración de los ex jefes de Estado y de Gobierno – Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) – 7 de Noviembre 2017

DECLARACIÓN SOBRE VENEZUELA

Los ex jefes de Estado y de Gobierno formantes de Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), expresamos lo siguiente:

1) Nuestra firme condena al avance y consolidación de la dictadura de Nicolás Maduro, cuyo más reciente acto de violencia contra la democracia y la constitucionalidad ha sido ordenar la persecución criminal del presidente y del vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputados Julio Borges y Freddy Guevara, encontrándose el último bajo protección de la embajada de Chile en Caracas.

2) Nuestro decidido respaldo a las iniciativas internacionales y sancionatorias, como las del Grupo de Lima, el Parlamento Europeo, Canadá y los Estados Unidos, conducentes al restablecimiento de la democracia y las libertades en Venezuela.

3) Nuestra adhesión plena a las tareas que, al efecto, despliega con coraje el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro. En lo particular compartimos su firme desconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente impuesta por la dictadura y su clara conclusión en cuanto a que “no se pueden reconocer los resultados de una elección en un país en el que no existen garantías para el ejercicio efectivo de la democracia”. De donde saludamos a los actores políticos de oposición que no se someten a los dictados de aquélla y reclaman autoridades electorales imparciales como procesos electorales libres y justos, bajo observación internacional calificada.

4) Nuestra invitación a las fuerzas democráticas venezolanas a que realicen un esfuerzo de concertación amplia y sincera en la lucha contra la dictadura, guiados por los principios irrenunciables de la democracia; lo que incluye un igual llamado a quienes, como amantes de la libertad y habiendo adherido a la causa del régimen, condenan no obstante sus crímenes y violaciones sistemáticas de derechos humanos.

5) Nuestra solidaridad para con el pueblo de Venezuela, en lo particular con quienes son víctimas de la represión oficial y de la crisis humanitaria.

6) Saludamos el coraje democrático de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia designado y juramentado por la Asamblea Nacional, y de los alcaldes municipales de la oposición quienes hoy se encuentran en el exilio.

7 de noviembre de 2017

Oscar Arias, Costa Rica

José María Aznar, España

Belisario Betancur, Colombia

Rafael Ángel Calderón F., Costa Rica

Laura Chinchilla, Costa Rica

Alfredo Cristiani, El Salvador

Fernando de la Rúa, Argentina

Vicente Fox, México

César Gaviria T., Colombia

Lucio Gutiérrez, Ecuador

Osvaldo Hurtado, Ecuador

Luis Alberto Lacalle, Uruguay

Jamil Mahuad, Ecuador

Mireya Moscoso, Panamá

Andrés Pastrana A., Colombia

Jorge Quiroga, Bolivia

Miguel Ángel Rodríguez, Costa Rica

Álvaro Uribe V., Colombia

Juan Carlos Wasmosy, Paraguay

Es auténtico, Asdrúbal Aguiar Secretario General de IDEA

Por un plato de lentejas por Eddie A. Ramírez S. – RunRunes – 7 de Noviembre 2017

UnknownDice la Biblia que Esaú, hijo mayor de Isaac, regresó de una cacería muerto de hambre y le solicitó a su hermano Jacob que le diera comida de un plato de lentejas que tenía preparado. Este lo chantajeó al exigirle a cambio su derecho a la primogenitura. Quienes nunca han conocido el hambre quizá critiquen a Esaú por vender su derecho, pero ¿es censurable que alguien que no tiene comida agache la cabeza? Se presentan cuatro situaciones.

1- Los ciudadanos que aceptan las bolsas oficiales de comida CLAP a cambio del voto lo hacen por necesidad. Son los Esaú que deben ceder al chantaje de los Jacob que detentan el poder, para poder satisfacer una necesidad primaria como es la alimentación. Por ello, nadie debe criticarlos, aunque hay algunos vividores a quienes les gusta recibir dádivas sin realizar el esfuerzo de trabajar.

2- Se podría entender que los cuatro gobernadores que se humillaron ante la espuria Constituyente aleguen que aceptaron someterse al yugo de las “horcas caudinas” para poder dar de comer a sus seguidores. Sin embargo, debieron considerar que el costo de las lentejas era mayor que el beneficio de la primogenitura. Nada podrán arreglar en sus estados y, lo que es peor, le dieron el visto bueno a un parapeto que fue desconocido y condenado por todos los países democráticos. Si hubiesen asumido otra posición, podrían tener la cabeza erguida, la dictadura de Maduro tendría aún más rechazo mundial, quizá cinco estados estarían en ebullición y la oposición no estaría dividida.

3-Otro caso es el de Manuel Rosales ¿Cómo puede ser tan falta de ética para postularse a un cargo que ganó legítimamente Juan Pablo Guanipa? Nunca lo habíamos descalificado, a pesar de que muchos sospechan del guante de seda con el que es tratado por la dictadura, incluyendo la repentina suspensión de su inhabilitación. Sin duda Maduro movió bien sus peones. Guanipa es el gobernador del Zulia y Rosales sería un usurpador. Las lentejas le saldrán caras.

4- Mucha discusión se ha desatado con respecto a quienes aceptaron ser candidatos a alcalde. Es lógico que se desee no perder municipios en donde somos mayoría abrumadora y en donde laboran compatriotas que quedarían sin empleo. No los criticamos y esperamos se preparen bien para enfrentar las trampas. Quizá podamos ganar algunas, pero estemos claros que el régimen se
valdrá de sus triquiñuelas para que no ganemos las que ya están en su poder.

¿Lentejas por primogenituras? No todos tienen la entereza de un Franklin Brito, quien prefirió morir de hambre en defensa de su derecho a un pedazo de tierra de relativamente poco valor.

Como (había) en botica: El régimen cometió un gran fraude el 15-O, pero nuestros dirigentes fallaron; unos por descuidar las Mesas electorales y otros por no votar y enviar señales abstencionistas. Ojalá acepten su responsabilidad y se constituya una verdadera unidad. Nuevamente Canadá evidenció su rechazo a la dictadura sancionando a otros personeros del régimen, por violaciones a los derechos humanos y corrupción entre ellos a Maduro, Rafael Ramírez y Eulogio Del Pino. Felicitamos al doctor Oscar García Mendoza, quien hoy se incorpora como nuevo Miembro de Consejo Consultivo del Interamerican Institute for Democracy. Freddy Guevara, el joven diputado que ha enfrentado cívicamente y con coraje a la dictadura tuvo que asilarse. Los magistrados sumisos del TSJ volvieron a incurrir en otro atropello al retirarle la inmunidad. Celebramos la libertad relativa de Yon Goicoechea y Delson Guarate y les deseamos éxito en sus candidaturas, si es que las permiten ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

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