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Uno de los miembros de la autoridad electoral de Venezuela críticos con el chavismo renuncia a su cargo por Alonso Moleiro / Florantonia Singer – El País – 7 de Agosto 2020

Rafael Simón Jiménez afirma que el organismo “es una camisa de fuerza”, pero llama a votar en las legislativas de diciembre

Un cartel del Consejo Nacional Electoral venezolano invita a inscribirse en el censo para votar en las legislativas de diciembre.
Un cartel del Consejo Nacional Electoral venezolano invita a inscribirse en el censo para votar en las legislativas de diciembre.MIGUEL GUTIÉRREZ / EFE

Rafael Simón Jiménez, vicepresidente del recién nombrado Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, renunció sorpresivamente a su cargo este jueves. El dirigente político, vinculado a partidos minoritarios opositores de línea moderada, agrupados en la denominada Mesa de Diálogo Nacional, había participado en las negociaciones con el chavismo para organizar los próximos comicios legislativos del país en los términos impuestos por el Gobierno de Nicolás Maduro, que controla la mayoría del organismo electoral.

Político experimentado con buenas relaciones con la mayoría de la dirigencia opositora tradicional, Jiménez era visto como uno de los pocos dirigentes con la suficiente vocación democrática y autonomía de criterios como para no hacer suyas, con total pasividad, las imposiciones de la burocracia chavista con vistas a los comicios legislativos fijados para diciembre. La convocatoria ha sido criticada por gran parte de la comunidad internacional por la ausencia de garantías y en la mayoría de la oposición ha decidido no participar.

Varios diputados opositores, como Ángel Medina, de Primero Justicia, o William Dávila, de Acción Democrática, han declarado que la decisión de Jiménez envía nuevas señales al país en torno a la poca fiabilidad de estos comicios. “La decisión de renunciar al cargo para el cual fue escogido de manera inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia expresa la debilidad sobre la cual se intenta montar un árbitro electoral en Venezuela”, dijo Medina. Jiménez será sustituido por el rector incorporado Juan Carlos Delpino, también de la oposición moderada.

La elección de los rectores del actual Consejo Nacional Electoral fue organizada por el Tribunal Supremo de Justicia de forma unilateral, por encima de la autoridad constitucional de la Asamblea Nacional, controlada por las fuerzas críticas al chavismo. Ha sido, sin embargo, el propio Jiménez el que se ha encargado de hacer saber que su salida del Consejo Nacional Electoral obedece a motivos más personales, periféricos, no tan vinculados a las presiones políticas de fondo o la limitación de sus funciones, como muchos creyeron en un primer momento.

“Fue una acumulación de cosas. Siento que soy el mono del circo. Las otras rectoras vienen de una actividad muy discreta y tienen un bajo perfil, el centro de todas las miradas soy yo y eso me lleva a tener posiciones muy claras”, afirmó Jiménez, para quien la autoridad electoral es ahora “una camisa de fuerza”. Al comentar que es difícil para él, en lo personal, guardar el silencio que le impone su cargo, Jiménez agregó que prefería seguir “aportando a la democracia desde el activismo político” e hizo, a pesar de la renuncia, un apasionado llamamiento a la participación de la población a la cita electoral de finales de año.

“Considero que esto es una lucha democrática, y en la lucha contra un régimen como este tenemos que tener exigencias permanentes, pero desde el activismo. La peor forma de hacerlo es desactivándonos y no movilizándonos. Si los abstencionistas dieran algún argumento o propuesta válida, quizás los apoyaría, pero no pasa. Actualmente, mantengo que la abstención es igual a extinción”. A Rafael Simón Jiménez se le estuvo preguntando con insistencia si tiene planes para presentar su nombre como candidato a diputado y, sin descartarlo de plano, afirmó no tener un partido que lo presente.

El último sondeo realizado en julio por la encuestadora Delphos para el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello recoge que, con todo, todavía hay disposición a votar entre los venezolanos. Según la encuesta, el 62,3% de los consultados cree que la oposición debe participar, y el 46,6% iría a votar incluso si Juan Guaidó no va. Solo el 35,4% estaría dispuesto a protestar de nuevo en las calles para forzar un cambio de Gobierno.

La predisposición al voto se mantiene incluso a pesar de que el 41,7% valora muy negativamente al actual CNE. El estudio de Delphos también revela que el 64,7% de los consultados asegura no haber escuchado antes sobre la Mesa de Diálogo Nacional y sus miembros. Los que se identifican como opositores alcanzan el 41,6% de la encuesta, pero se dividen entre quienes apoyan al liderazgo de Juan Guaidó y los que no. Estos últimos son un 16,7%.

Exfuncionarios del CNE piden al TSJ declarar nulidad de convocatoria a parlamentarias por Ibis Leon – Efecto Cocuyo – 30 de Julio 2020

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Exfuncionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) piden al Tribunal Supremo de Justicia declarar la nulidad de la convocatoria de las elecciones parlamentarias porque viola seis artículos de la Constitución.

El expresidente del Poder Electoral, Andrés Caleca, informó que lograron introducir el recurso ante el máximo tribunal este miércoles 29 de julio.

Los artículos vulnerados son el 73, 77, 186, 292, 293 y 298 del texto constitucional. “La ley fundamental es violada por todos lados en materia electoral con esta convocatoria”, rechazó Caleca en el programa La Fuerza es la Unión.

Los solicitantes advierten que las Normas Especiales y Reglamentarias que aprobó el recién nombrado CNE para los comicios del 6 de diciembre violan el artículo 298 constitucional el cual prohíbe modificar las leyes electorales seis meses antes de la fecha fijada para la elección.

Otra irregularidad que exponen es la creación de un sistema de elección distinto al establecido en el artículo 186 constitucional y el artículo 10 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) para elegir a 48 diputados.

“Este sistema busca adjudicar en una lista cerrada a 48 diputados sin tener una base territorial de cada circunscripción estadal, sin que los electores voten directamente por ellos y sin que cada estado  pueda ser representado por los diputados que se adjudiquen en esa ecuación matemática desconocida, con el agravante que esta modalidad no está prevista en la Constitución, ni en la orden emanada de la referida Sala en su Sentencia 068, y menos aún en las leyes electorales y sin tener la competencia ni atribuciones legislativas para ello”.

Esta lista crea un desequilibrio entre los principios de la representación proporcional y de la personalización del sufragio, según explican.

Las normas aprobadas por los nuevos rectores también desaplican el artículo 186 de la Constitución y el 10 de la Lopre al establecer que el número de diputados a elegir serán 277 y no 167 como corresponde, según la base poblacional y el mecanismo de cálculo que precisa el texto constitucional.

“Lo que significa que no solo estas normas las colocan  por encima de la leyes electorales, sino también por encima de la Constitución, por cuanto las desaplica, hecho este que rompe con el paradigma del principio de legalidad o el orden jurídico democrático”, exponen en el documento.

Además señalan que la competencia para reglamentar que tiene el Poder Electoral no puede ser usada para reescribir artículos de una Ley orgánica con la finalidad de cambiar de forma arbitraria el sistema electoral.

“El CNE tiene competencia para reglamentar solos las leyes electorales y de referéndum y no otras, esta modalidad inventada o innovada de crear un reglamento autónomo, sin tener origen legal, que además como están concebidas las referidas normativas, atentan contra la reserva legal, altera el orden natural de las cosas, es decir, el statu quo, y violan descaradamente los referidos  principios constitucionales contenidos en el artículo 293, parte in fine, que rige a todos los procesos electorales, así se desprende de su contenido”.

Indígenas sin voto directo

Denuncian que el reglamento diseñado para esta elección viola el derecho al sufragio libre y directo de las comunidades indígenas. “Crea una especie de elección de segundo grado al decidir que deben la Asamblea de comunidades va a elegir unos representantes que forman una Asamblea Estadal donde éstos votarán a mano alzada por el candidato de su preferencia, hecho este  tan grave que impide que el voto sea libre y secreto”.

Los exfuncionarios que respaldan el recurso son:

Andrés Caleca, ExPresidente del CNE; ldemaro Martinez, ExMiembro del Directorio del CNE; Eduardo Roche Lander, Ex Contralor General de la República; Rafael Lander, Ex Vice Presidente del CNE; Humberto Maio, ExFiscal General de Cedulación; Americo Martin, Ex Diputado al Congreso Nacional; Egleé González Lobato, ExConsultora Jurídica del CNE; Nancy Hernández de Martín, ExDirectora de la Comisión de Participación y Financiamiento del CNE.

Lea el recurso completo aquí:

Recurso de Nulidad by Ibis León on Scribd

Venezuela solicita a Italia la extradición del expresidente de PDVSA Rafael Ramírez por Florantonia Singer / Alonso Moleiro – El País – 1 de Agosto 2020

El exministro de Petróleo, muy próximo a Hugo Chávez y enfrentado a Maduro, está acusado de corrupción y es considerado responsable del expolio de la petrolera estatal

Rafael Ramírez, en una imagen de 2017.
Rafael Ramírez, en una imagen de 2017.GETTY

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela emitió este viernes una resolución que da luz verde para que el régimen chavista solicite al Gobierno de Italia la extradición de Rafael Ramírez, presidente de la petrolera estatal, PDVSA, y también ministro de Minas entre 2002 y 2013. Conocido como el zar del petróleo venezolano en los años de Hugo Chávez, Ramírez está acusado de corrupción y desde el exilio ha manifestado en repetidas ocasiones su oposición a Nicolás Maduro.

Según la información del alto tribunal, controlado por el oficialismo, el pedido de extradición de Ramírez busca someter al funcionario, que también es miembro de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), “a un proceso penal por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso propio, evasión de procedimiento licitatorio y asociación para delinquir”. Estos delitos están sancionados por las leyes contra la corrupción y la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo.

A Ramírez y algunos de sus colaboradores en la petrolera estatal se les ha acusado de varios delitos graves desde diversos frentes políticos. En esta ocasión, de acuerdo con el Supremo, por sobreprecios en un contrato entre PDVSA Servicios SA y Petrosaudí Oil Services LTD. Hombre poderoso e influyente en los tiempos de Chávez, cuya figura sigue reivindicado, sobre Ramírez descansó la responsabilidad de la reorientación estratégica de la política petrolera y las decisiones organizativas de la compañía en el ciclo de precios petroleros más alto de la historia. La industria fue abandonada a sus aliados y mercados naturales para establecer alianzas con China y Rusia, sellar un pacto con la revolución cubana y alejarse de Estados Unidos. Bajo su administración, el volumen de las deudas de PDVSA se triplicó.

Casos de corrupción

Luego de la enfermedad y muerte de Chávez, en 2013, el expresidente de la petrolera comenzó a alejarse sin retorno de la dirección política de la revolución bolivariana, entre otras cosas por diferencias con Maduro y su “número dos”Diosdado Cabello, sobre la orientación económica del Gobierno. En 2016, cuando empezó la legislatura de la Asamblea Nacional dominada la oposición, los diputados iniciaron una activa investigación de los casos más flagrantes de corrupción en los años del chavismo, con sus gravísimos daños patrimoniales a la nación, que colocaban al descubierto el descalabro de la industria petrolera.

La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, presidida entonces por Freddy Guevara –hoy resguardado en la Embajada de Chile en Caracas—cerró una voluminosa investigación que responsabiliza a Ramírez y a varios de sus colaboradores por el desvío masivo de dinero a cuentas bancarias particulares, triangulados en complejas operaciones financieras, y le atribuye responsabilidad directa en la decadencia de la industria venezolana, por varias décadas una de las más dinámicas y poderosas del mundo.

Ramírez fue tenazmente defendido por sus compañeros militantes del PSUV al comienzo de las acusaciones parlamentarias de la oposición, que fueron obstaculizadas. El dirigente político fue apartado de su cargo y se le asignó la representación del Gobierno de Maduro en Naciones Unidas. A partir de ese momento, la ruptura de Ramírez con el Palacio de Miraflores fue definitiva.

Un gesto hacia Estados Unidos

Esta semana, se conoció también una medida inesperada que afecta a dos de los seis ejecutivos de Citgo, la filial petrolera de Venezuela en EE UU, detenidos en el país sudamericano desde hace más de dos años sin haber sido sometidos a juicio. Dos de los directivos pasaron a régimen de arresto domiciliario. La medida la confirmó el exgobernador de Nuevo México, Bill Richardson, que a mediados de julio visitó Caracas en una misión mediadora por el caso de estos ciudadanos estadounidenses. “Estamos aliviados de escuchar que el jueves Gustavo Cárdenas y Jorge Toledo, dos de los #CITGO6, fueron liberados de prisión y se les concedió el arresto domiciliario”, escribió Richardson en su cuenta de Twitter.

Cárdenas y Toledo fueron detenidos en el aeropuerto de Maiquetía el 21 de noviembre de 2017 junto con el expresidente de la filial de PDVSA José Ángel Pereira y los exvicepresidentes Tomeu Vadell, Alirio José Zambrano y José Luis Zambrano, cuando regresaban al país para asistir a una reunión de urgencia a la que fueron llamados en PDVSA. Todos ellos, con pasaporte estadounidense, fueron acusados de peculado doloso, lavado de dinero y asociación para delinquir, entre otros delitos, por supuestamente negociar el refinanciamiento de unos 4.000 millones de dólares en bonos de Citgo a cambio de una participación del 50% de la compañía. La transacción nunca se concretó.

Los seis exejecutivos de Citgo estuvieron desde su detención bajo arresto domiciliario, pero en febrero de este año, sin ninguna explicación, fueron trasladados a la prisión del Helicoide, la cárcel donde suelen encerrar a los presos políticos, justo después de que el líder de la oposición y jefe del Parlamento, Juan Guaidó, se reuniera con Donald Trump en la Casa Blanca y recibiera un nuevo espaldarazo durante su gira internacional de principios de año. Ahora, dos de ellos vuelven al régimen inicial.

El demócrata Richardson ha gestionado negociaciones internacionales para detenidos de alto perfil y a mediados de julio se reunió con Nicolás Maduro. Al regresar a su país dijo que había fracasado en su intento por liberar a los seis ejecutivos, una exigencia que ha reiterado Washington, al igual que a los exboinas verdes Luke Denman y Airan Berry, detenidos en mayo durante una fallida incursión militar en las costas venezolanas. Richardson ha agradecido ahora el gesto de Maduro y de Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación, por la liberación de los estadounidenses detenidos en el país. “Es un primer paso”, dijo.

La medida ocurre en uno de los momentos de mayor hostilidad entre Venezuela y Estados Unidos, que continúa acorralando al régimen de Maduro con más sanciones a sus funcionarios y ofrecimientos de recompensas para dar con su captura y la de sus altos cargos. Además, Citgo ha estado en el centro de las hostilidades políticas en Venezuela, luego de que Guaidó lograse el año pasado tomar control de la filial y nombrar una junta ad hoc. La refinería estaba en riesgo de perderse al haber sido puesta como garantía para tenedores de bonos de PDVSA. En tribunales, la junta designada por Guaidó ha peleado con los acreedores y ha logrado suspender la liquidación de este activo, sobre el que todavía tiene control, al menos hasta octubre.

TSJ declaró procedente solicitar a Italia la extradición de Rafael Ramírez – El Nacional – 31 de Julio 2020

El exministro es acusado de comisión de los delitos de peculado doloso propio, evasión de procedimiento licitatorio y asociación

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró procedente la solicitud a Italia para la extradición del exministro de Petróleo Rafael Ramírez con el fin de que sea sometido a un proceso penal en Venezuela.

Ramírez, quien por varios años fue uno de los funcionarios más cercanos al fallecido presidente Hugo Chávez, es acusado de comisión de los delitos de peculado doloso propio, evasión de procedimiento licitatorio y asociación, informó la institución del régimen en un comunicado.

La sentencia Nº 55-2020 señala que se asume “el firme compromiso” ante Italia de que Ramírez “será juzgado únicamente por su presunta participación en la comisión de los delitos mencionados”.

El TSJ agregó que la sentencia apunta que el Ministerio Público, al solicitar la orden de aprehensión contra el exministro, precisó que en febrero de 2017 se interpuso una denuncia por parte del diputado Luis Parra, quien preside en la actualidad la Asamblea Nacional ilegítima.

Parra mencionó, entre otras cosas, la situación de las cancelaciones excesivas diarias de un contrato celebrado entre Pdvsa y Petrosaudi Oil Services (Venezuela) LTD.

Hace tres años Ramírez se alejó del régimen de Maduro por, según ha dicho él mismo, diferencias respecto a la manera de conducir el país. El oficialismo, por su parte, lo ha culpado de estar relacionado con hechos de corrupción en Pdvsa.

El exministro, de acuerdo con un artículo publicado en Vózpopuli, ordenó hace 13 años contratar las empresas de Alejo Morodo, hijo del exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo, quien es investigado por presuntamente haber blanqueado al menos 4 millones de euros extraídos ilícitamente de la estatal petrolera venezolana.

TSJ golpea la descentralización tributaria – Acceso a la Justicia – 27 de Julio 2020

TSJ golpea la descentralización tributaria de los municipios y estados

El pasado 7 de julio el máximo intérprete de la Carta Magna propinó otro golpe contra el Estado constitucional de derecho, luego de que en la sentencia n.º 78 ordenara la suspensión por noventa días de las normas tributarias de los municipios y estados.

La Sala Constitucional (SC) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó además al vicepresidente sectorial del Área Económica, Tareck El Aissami, que conformara una mesa técnica con los gobernadores, los alcaldes y el jefe de gobierno del Distrito Capital «a fin de coordinar los parámetros dentro de los cuales ejercerán la potestad tributaria, en particular, para armonizar los tipos impositivos y alícuotas de los tributos».

La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que desaplica la potestad tributaria constitucional de los municipios y estados se produce a partir de un recurso de nulidad, junto con un amparo cautelar presentado en 2019 para impugnar las ordenanzas Reforma de la Ordenanza de Creación de las Unidades de Valores Fiscales en el Municipio Chacao del Estado Miranda y Reforma de la Ordenanza sobre Convivencia Ciudadana del Municipio Chacao, dictadas por el Concejo Municipal del municipio Chacao a través de las cuales efectuaban cobros de tributos y sanciones fijadas al tipo de cambio de referencia que establece diariamente el Banco Central de Venezuela (BCV).

Acceso a la Justicia considera insólito que después de casi un año desde que la SC admitiera el mencionado recurso de nulidad y ordenara suspender temporalmente  ambas leyes municipales en la sentencia n.º 250 del 8 de agosto de 2019, extendiera por iniciativa propia los efectos de esa suspensión contra todas las normas tributarias de los municipios y estados del país.

Para sustentar la adopción de esta medida suspensiva, la Sala de manera arbitraria decidió usurpar la función legislativa de la Asamblea Nacional (AN), por cuanto hasta la fecha el Parlamento no ha dictado la legislación para coordinar y armonizar las potestades tributarias de las distintas personas político territoriales del país, a que se refiere el ordinal 13 del artículo 156 constitucional.

Violaciones contra los poderes municipal y estadal

Las repetidas y cada vez más frecuentes violaciones al Texto Fundamental venezolano por parte del TSJ ponen aún más en riesgo el ya debilitado Estado federal venezolano tras negar la autonomía tributaria de los municipios y estados, que es la facultad de crear, organizar, recaudar, administrar y controlar tributos.

El Estado federal aparece proclamado en el artículo 4 de la Constitución, y apunta hacia la distribución vertical del poder público, estableciendo niveles políticos territoriales, que en el caso venezolano está estructurado en República-estado-municipio. A su vez, a cada nivel político territorial le corresponde una autonomía política, administrativa, legislativa, financiera y tributaria. Cada autonomía, así mismo, comporta funciones propias que se ejercen con plenitud.

Al respecto, Acceso a la Justicia observa cómo la SC con la sentencia n.º 78 desmanteló aún más al Estado federal contemplado en la Carta Magna, al suspender cautelarmente y de manera injustificada la autonomía que gozan los municipios y los estados federados en el ejercicio de sus funciones, y más concretamente la tributaria, con el ánimo de acrecentar, incluso reforzar, competencias del Poder Ejecutivo, representado en este caso por el vicepresidente sectorial del Área Económica del régimen de Nicolás Maduro Moros, Tareck El Aissami.

Lo anterior queda refrendado aún más luego de que la SC resolviera invadir una vez más la competencia de la AN, destinada a regular el ejercicio de la potestad tributaria de los municipios y estados, a fin de favorecer al gobierno central nacional, y que contraría groseramente a la Constitución al ignorar no solo la descentralización (artículo 4),  principio fundamental que rige al gobierno de la República y de las entidades que la componen, sino también la distribución y división del poder público venezolano, establecida en el artículo 136 de la Constitución.

La decisión judicial n.º 78, sin cumplir con los razonamientos, requisitos y criterios que debe tener una sentencia, desconoció de manera absoluta las normas de la Carta Magna que distribuyen las potestades tributarias entre los distintos entes político territoriales.

Lo más grave es que la sentencia manipuló y alteró la organización federal del Estado, así como la separación y el equilibrio entre los poderes, al invadir, aparte de «transferir» irregularmente una competencia legislativa exclusiva de la AN, destinada a armonizar el ejercicio de las potestades tributarias, a una instancia del Ejecutivo Nacional que es absolutamente ajena a la materia.

Sin duda,la adopción de esta sentencia cautelar pone en riesgo de colapso el debilitado Estado constitucional de derecho, que incluso contradice su propia razón de ser dado que propicia un conflicto entre los poderes municipal, estadal y nacional.

El desconocimiento del Estado federal es una estrategia de vieja data

La práctica centralista con el ánimo de asfixiar a los municipios y estados en el ejercicio de sus competencias y, por ende, desmembrar el Estado federal que proclama la Carta Magna, no es nueva. De hecho, existe una batería de decisiones, gubernamentales, legislativas y jurisprudenciales, que desde hace tiempo propugnan su eliminación; se trata, por cierto, de una política que fue impulsada por el expresidente Hugo Chávez Frías.

La propuesta de reforma constitucional que Chávez Frías presentó en 2007 era un texto que concebía la institucionalización de un Estado centralizado. Sin embargo, tras su rechazo popular mediante referendo celebrado el día 2 de diciembre de ese año, la AN de mayoría oficialista para ese momento emprendió un feroz ataque a los postulados del modelo de Estado desarrollado en la Constitución de 1999, en concreto contra la descentralización político territorial con la aprobación de leyes diseñadas para estructurar el llamado «Estado Popular» o «Estado Comunal».

En 2017,  la creación del  Estado Comunal sería avalada por la SC en la sentencia n.º 355 del 16 de mayo, luego de que resolviera cinco demandas de nulidad que habían  sido presentadas en contra de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal de 2010, que, pese a declararlas sin lugar aprovechó la ocasión para sostener la constitucionalidad de esa «forma de Estado», no obstante el grosero divorcio con la división político territorial establecida en la Carta Fundamental.

Por otro lado, también destacan diferentes y polémicas decisiones judiciales emanadas del TSJ. En el 2008, la SC en la sentencia n.º 565 del 14 de abril de 2008 declaraba que el Ejecutivo Nacional podía revertir la transferencia de la administración de carreteras, autopistas, puertos y aeropuertos que estaban en manos de las entidades federales, tras interpretar el artículo 164, numeral 10 de la Constitución, cuyo texto establece que es una competencia exclusiva de los estados «la conservación, administración y aprovechamiento de carreteras y autopistas nacionales, así como de puertos y aeropuertos de uso comercial, en coordinación con el Ejecutivo Nacional».

A partir de esa decisión, la AN, dominada por el chavismo, reformaría al poco tiempo la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público (Gaceta Oficial n.º 39140 del 17 de marzo de 2009), en la que faculta expresamente al Ejecutivo Nacional a «revertir por razones estratégicas, de mérito, oportunidad o conveniencia, la transferencia de las competencias concedidas a los estados»(artículo 8).

En 2009, la Sala Político Administrativa (SPA) en su sentencia N.º 76 del 22 de enero de 2009 declaró respaldar el decreto presidencial número 1.969 de fecha 18 de septiembre de 2002, en el que establecía como zona de seguridad el área circundante a la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda de La Carlota. Dicho fallo resultaba de la demanda de nulidad que el 17 de octubre de 2002 había presentado el entonces alcalde de Chacao, Leopoldo López, contra la mencionada decisión presidencial.

En el fallo citado, el juez administrativo estableció que:

«La autonomía municipal lejos de ser absoluta se encuentra sujeta a las limitaciones establecidas tanto en la Constitución como en la Ley (…)  aun cuando los Municipios, en principio, detentan la potestad de ejercer aquellas materias de su competencia dentro de los límites de su circunscripción territorial, la declaratoria de una determinada área como zona de seguridad, lleva implícita una modificación legal de ese régimen de competencia, el cual se justifica por la tutela de los intereses nacionales involucrados en el resguardo de aquellos espacios geográficos identificados como zonas de seguridad nacional».

A las anteriores irregularidades se suma la amenaza que en 2017 hizo el Ejecutivo nacional con privar de recursos a los estados y municipios que no firmaran un acuerdo de aceptación de la sentencia n.º 814 del 11 de octubre de 2016 a partir de la cual la  SC había establecido que ella aprobaría el presupuesto nacional de 2017 en lugar de la AN, por encontrarse el órgano legislativo en «desacato».

Frente a estos tristes episodios, tampoco puede perderse de vista que en la actualidad existe la amenaza de que la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) apruebe un nuevo texto constitucional en el que plantea sustituir el Estado federal por un Estado centralizado, luego de que en septiembre de 2018 circulara en algunos medios de comunicación lo que sería el anteproyecto de Constitución, que justifica la creación de un Estado comunal con una concentración absoluta de poder en el Ejecutivo, un cambio radical y sustancial del modelo político venezolano.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Evidentemente las arbitrariedades del TSJ son llevadas a cabo por razones políticas, sobre todo para asegurar más control del poder en momentos de grave crisis que vive el país, y en medio de un año de contienda electoral que avanza sin ningún tipo de contratiempos desde que fue convocada su celebración por el írrito CNE.

No cabe la menor duda de que la ilegítima actuación del TSJ, brazo ejecutor del régimen de Maduro, ha sido adoptada no solo para evadir el control de la AN, sino también para desplazar a los poderes municipal y estadal en materia tributaria.

Es una medida que impactará negativamente en los ingresos públicos de esas entidades locales y regionales, pero sobre todo generará más zozobra y desconcierto entre los venezolanos, especialmente en los contribuyentes a la hora de cumplir sus obligaciones tributarias.

La recompensa de US$5 millones que EE.UU. ofrece por Maikel Moreno, jefe del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela – BBC News – 22 de Julio 2020

Maikel morenoDerechos de autor de la imagenREUTERS

Un nuevo dirigente venezolano se suma a la lista de “delincuentes” más buscados por Estados Unidos.

El secretario de Estado Mike Pompeo anunció una recompensa de US$5 millones por información que conduzca a la captura o enjuiciamiento de Maikel Moreno, presidente del Tribuna Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, y su esposa, Debora Sacha Menicucci Anzola.

Washington lo considera parte de redes internacionales de corrupción y crimen organizado, y sumó su nombre al de otros altos cargos de Venezuela por los que ofrece cuantiosas recompensas, entre ellos el propio presidente, Nicolás Maduro.

El pasado marzo, el Departamento de Justicia ofreció US$15 millones por la captura del mandatario, al que acusa de delitos de narcoterrorismo, mientras que al vicepresidente de Asuntos Económicos, Tareck El Aissami, se le reclama por narcotráfico.

Moreno rechazó las acusaciones y reprochó a Estados Unidos intentar “subvertir la institucionalidad democrática” mediante “manipulaciones y mentiras”.

Y el Ejecutivo venezolano le mostró su respaldo en un comunicado en el que considera que habla de “acciones ilegales y coercitivas del gobierno del gobierno de Donald Trump” y de recompensas “al estilo de los cowboys del salvaje y lejano oeste”.

De qué se acusa a Maikel Moreno

Ya cuando se anunció la recompensa por Maduro, el Departamento de Justicia incluía a Moreno en su lista de dirigentes venezolanos supuestamente corruptos.

La Fiscalía estadounidense presentó entonces cargos ante un tribunal de Florida por lavado de dinero.

Cartel de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.
Moreno no es el primer alto cargo de Venezuela por el que Washington ofrece una recompensa.

En el comunicado emitido por Pompeo se dice que durante los últimos años, Moreno se ha valido de su posición como presidente del Tribunal Supremo de Justicia para recibir sobornos en metálico o propiedades a cambio de que influyera en decisiones judiciales, como el archivo de casos o la puesta en libertad de detenidos.

Quién es Maikel Moreno

Ahora presidente del cuestionado TSJ, Moreno es una de las autoridades más polémicas.

Últimamente ha sido objeto de críticas dentro y fuera de Venezuela por las sentencias del organismo que preside, que en los últimos meses ha suspendido a la junta directiva de los principales partidos opositores.

Muchos observadores han tachado esas decisiones como un intento del gobierno de Maduro de descabezar a la oposición de cara a las elecciones legislativas del 6 de diciembre.

Pero la figura de este doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Santa María de Caracas ha sido controvertida desde sus inicios en la dirigencia chavista.

El 28 de diciembre de ese mismo año la Asamblea lo juramentó como magistrado de la sala de casación penal del TSJ. Y el 11 de febrero de 2015 fue electo como primer vicepresidente del organismo.

Su nombramiento generó controversia por el pasado de Moreno, que fue acusado del asesinato de una mujer en Bolívar, estado del sur de Venezuela, mientras trabajaba como miembro de la policía política, hoy el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y pasó por ello dos años en la cárcel.

Tras conseguir beneficios penitenciarios y reincorporarse al cuerpo policial, fue relacionado con la muerte de un hombre en un tiroteo en 1989, aunque finalmente fue exculpado.

También fue desestimada la acusación vertida por el exmagistrado chavista Luis Velásquez Alvaray, quien lo señaló en 2007 por formar parte de la denominada Banda de los Enanos, una organización que supuestamente opera en el sistema judicial y ha sido mencionada en varios casos de corrupción.

Maduro y Moreno
Moreno es una de las autoridades más polémicas.

Moreno estuvo en el foco a mediados de 2019, cuando, el enviado para Venezuela del gobierno de EE.UU., Elliott Abrams, lo señaló como uno de los altos cargos que habían conspirado para derribar a Maduro.

Según Abrams, Moreno y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, se habían comprometido a apoyar el golpe de Estado lanzado por el líder opositor Juan Guaidó para “restaurar la democracia”.

Tanto Padrino como Moreno negaron tener nada que ver con aquel intento de derribar a Maduro.

Moreno desde entonces se ha mantenido como presidente de un TSJ cuyas decisiones de forma sistemática favorecen las posiciones del gobierno

EE UU ofreció recompensa millonaria por Maikel Moreno – El Nacional – 21 de Julio 2020

Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano, informó que el presidente del TSJ del régimen de Nicolás Maduro y su esposa fueron sancionados por corrupción

AFP
Foto: AFP

Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, ofreció este martes una recompensa de 5 millones de dólares por información que lleve al enjuiciamiento de Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia del régimen de Nicolás Maduro.

En un comunicado, Pompeo, sancionó a Moreno y a su esposa por estar envueltos en una trama de corrupción.

“Moreno, un amigo de Maduro, usó su posición de autoridad para beneficio personal, aceptando sobornos para influir en los resultados de los casos penales en Venezuela”, precisó Pompeo.

Detalló que para tales fines, Moreno ordenó a jueces de tribunales menores la liberación de ciertos detenidos, así como desestimar algunas causas judiciales.

“Con la medida que hemos tomado, estamos dando un mensaje claro: Estados Unidos sigue firme  y en contra de la corrupción”, añadió el alto funcionario estadounidense en Twitter.

Recompensas

Desde marzo de este año, Moreno ha estado en la mira de las autoridades de Estados Unidos. Ese mes, fiscales del estado de Florida lo acusaron de lavado de dinero y fue incluido en una lista de narcoterrorismo, en la que también están los nombres de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Tareck el Aissami, Hugo Carvajal, Vladimir Padrino López, Luis Motta Domínguez, Clivel Alcalá y otros funcionarios del régimen.

Posteriormente, la DEA ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por Nicolás Maduro y de 10 millones de dólares por Cabello, El Aissami, Carvajal y Alcalá. Este último se entregó a las autoridades norteamericanas días después. Mientras tanto, Carvajal, se mantiene prófugo de la justicia luego de que España aceptó extraditarlo a Washington.

Maikel Moreno

Sin embargo, las medidas de Estados Unidos contra Moreno datan de 2017, cuando fue sancionado junto con otros siete magistrados por la designación y juramentación exprés del TSJ, tras el triunfo de la oposición en la Asamblea Nacional.

Asimismo, esas sanciones se argumentaron a raíz de las sentencias en contra del funcionamiento del Parlamento.

Maduro y el TSJ, arando el camino del partido único en Venezuela por Andreina Itriago – El Tiempo – 8 de Julio 2020

Expertos locales aseguran que el cuestionado mandatario está construyendo una oposición a su medida.

Nicolás Maduro

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del régimen venezolano arrebató a sus líderes originales el tercer partido opositor, en poco más de tres semanas.

Esta vez fue el turno de Voluntad Popular (VP), el partido fundado por el dirigente Leopoldo López –el preso político más emblemático de Nicolás Maduro y hoy refugiado en la casa del embajador de España en Caracas– y de cuyas filas salió el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países.

La Sala Constitucional del TSJ suspendió el martes a la que hasta entonces era la dirección nacional de VP y nombró una junta directiva ‘ad hoc’ encabezada por el diputado José Gregorio Noriega, uno de los parlamentarios expulsados de la oposición a finales de 2019 por presuntos hechos de corrupción.

Maduro está redibujando un sistema político venezolano donde no haya espacio para la oposición verdadera, la oposición real

 

“A Voluntad Popular no la definen unos traidores impuestos por la dictadura, sino la memoria de nuestros hermanos caídos en la lucha, el sacrificio de los presos políticos y de quienes han debido ir al exilio, y la valentía de quienes luchan en las calles de Venezuela”, dijo López tras conocer la decisión del TSJ, que según la organización local Acceso a la Justicia carece de argumentación jurídica.

La misma medida se tomó a mediados de junio contra Acción Democrática (AD) y Primero Justicia (PJ), los partidos opositores más votados. Y se espera una cuarta decisión vinculada a Un Nuevo Tiempo (UNT), luego de que pocos días después de las intervenciones de AD y PJ, uno de sus militantes, y quien también había sido expulsado de la oposición, el diputado Chaim Bucaram, solicitó al TSJ que también nombrara una junta directiva ‘ad hoc’ para este partido.

Leopoldo López

Leopoldo López, líder de la oposición en Venezuela, está refugiado en la casa del embajador de España en Caracas.

Para el analista político Dimitris Pantoulas, el régimen está buscando “borrar” a la oposición dirigida por Guaidó, al tiempo que construye una oposición a su medida que lo legitime ante aliados internacionales. “Maduro está redibujando un sistema político venezolano donde no haya espacio para la oposición verdadera, la oposición real”, le dijo Pantoulas a EL TIEMPO.

En un trino, Acceso a la Justicia reforzó esta idea: “Desde el TSJ se criminaliza el pluralismo para crear una oposición a la medida en las próximas parlamentarias”.El cuestionado mandatario estaría promoviendo, cada vez más, la no participación de la oposición en las elecciones.

La oposición venezolana tiene que poner objetivos realistas y empujar hacia esos objetivos junto con sus aliados

 

“Es muy difícil que la oposición pueda participar sin partidos, sin dirigencia, sin nada (…). Ya Maduro se siente muy fuerte y está empujando lo máximo que puede convertir a Venezuela en un país donde solo exista un partido”, dijo el analista.

Juntos, AD, PJ, UNT y VP conformaban el denominado G4, o principal coalición de oposición. Sin ellos, la dirigencia opositora dentro de Venezuela, y sobre todo Guaidó, se enfrenta a un gran reto. Lo primero, a juicio de Pantoulas, es volver a unirse, algo que había conseguido el líder opositor el año pasado, pero que hoy dista mucho de ser una realidad. Lo segundo, deben hablar con sus dirigentes en el exilio y aliados internacionales para trazar una agenda en común.

“La oposición venezolana tiene que poner objetivos realistas y empujar hacia esos objetivos junto con sus aliados, que son Estados Unidos y la Unión Europea, primordialmente, y después tienen que hablar con Rusia,  (…) llegar a una negociación con los aliados internacionales de Maduro”, acotó Pantoulas.

Sólo el 9,4% de los venezolanos desea elecciones parlamentarias sin presidenciales por Beisy Andreina Serrano – Punto de Corte – 4 de Julio 2020 

 José Gil director general de Datanálisis, explicó desde su perfil en Twitter, algunos de los fallos que presentan las venideras elecciones parlamentarias. Panorama electoral al cual catalogó de “muy complicado”.

Gil detalló que el 84% de los encuestados opinaba que había que renovar el CNE por falta de confianza en el anterior. Pero esta acción, no transitó por un camino legal y constitucional.

En el hilo publicado en el Twitter el director de la firma mencionada, puntualizó varios fallos orquestados por la administración de Nicolás Maduro, en conjunto con el Tribunal Supremo de Justicia.

“El oficialismo provocó la división de la Asamblea Nacional en enero 2020, supuestamente para darle reconocimiento a la de Luis Parra. Pero, parece que sólo fue para evitar que la Asamblea de Juan Guaidó tuviese los 2/3 para nombrar los nuevos rectores”

Recordó que después de dividir la AN, el TSJ declaró “omisión legislativa” y se traspasó la potestad de nombrar los nuevos rectores. “El rechazo a la gestión del TSJ ha rondado el 80% en los últimos años”.

Posteriormente, el mismo TSJ interviene los partidos AD y Primero Justicia y le entrega sus directivas a dedo a otros directivos; en vez de exigirle a las autoridades originales realizar elecciones internas.

Según Gil, algunas declaraciones de oficialistas señalaron que se consideró intervenir también al partido Un Nuevo Tiempo y declarar terrorista a Voluntad Popular.

Dispuestos a votar

Los datos recogidos por Datanálisis señalan que “los muy dispuestos a ir a votar en unas elecciones parlamentarias son sólo el 11,4%. Siendo los muy dispuestos los que usualmente votan”.

Si la convocatoria a elecciones incluyese también la elección presidencial, los muy dispuestos a ir a votar se multiplican porque eso es lo que la mayoría quiere.

“Sólo el 9,4% de los venezolanos desea elecciones parlamentarias sin presidenciales”

La OEA rechazó las recientes decisiones del TSJ de Maduro – El Nacional – 26 de Junio 2020

La resolución fue aprobada con 21 votos a favor, 7 abstenciones y 6 países ausentes

La OEA rechazó las recientes decisiones del TSJ de Maduro
Foto archivo

La Organización de los Estados Americanos aprobó este viernes en sesión extraordinaria la resolución que rechaza las más recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia del régimen de Nicolás Maduro contra las directivas de los partidos políticos Acción Democrática y Primero Justicia.

Un total de 21 países votaron a favor de la resolución para deslegitimar la designación de los nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral. Además, 7 Estados salvaron el voto y 6 naciones no participaron.

La representante de Uruguay destacó que la decisión arbitraria de designar a los rectores exprés le quitó toda credibilidad al proceso electoral.

«El deterioro no parece terminar de tocar fondo en Venezuela. La única forma de ir a elecciones es bajo la supervisión de organismos internacionales», agregó.

Por su parte, el representante de Bolivia sostuvo que las recientes decisiones solo buscan coartar la democracia. «Bolivia confía en que esta resolución ayude a dar esperanza en el pueblo venezolano».

Ideales democráticos

Asimismo, Brasil afirmó que el apoyo a esta resolución tiene la mira de restituir la democracia y libertad de Venezuela, para que lo venezolanos tengan una participación real en el proceso constitucional de la nación.

La representante de Argentina ante la OEA se mostró preocupada ante los últimos episodios en Venezuela porque «pueden ser vistos como un desvío en los avances que el régimen y la oposición venían realizando en el Parlamento».

El embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordóñez, manifestó: «Unas elecciones celebradas con las autoridades electorales designadas de la forma en la que se acaba de hacer y con unos partidos políticos intervenidos hacen imposible que el proceso electoral tenga legitimidad alguna».

Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos, afirmó que «el apoyo a esta resolución es una demostración importante de los ideales democráticos».

 

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