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Gobierno de Emergencia Nacional: una cuestión de tiempo por Luis Manuel Aguana – TIC’s y Derechos Humanos – 13 de Julio 2018

Caricatura LMA 1990 - Con Nombre.jpgEn un acto que muchos venezolanos podríamos considerar como un retraso abierto a la discusión acerca de la orden recibida del TSJ legitimo para iniciar el procedimiento para llenar el vacío de poder que deja la continuación del juicio a Nicolás Maduro Moros por corrupción propia y legitimación de capitales, la Directiva de la Asamblea Nacional decidió no introducir el punto en la agenda legislativa del martes 10 de julio de 2018.

Sin mencionar lo que muchos pensamos acerca del colaboracionismo descarado de algunos diputados opositores en la Asamblea Nacional, solo me limito a recordarles a los ciudadanos diputados que cada día que pasa sin resolverse el problema político de Venezuela, mueren venezolanos de hambre y falta de medicamentos. Pero eso al parecer no es el sentir de quienes deben con urgencia tomar las decisiones que les corresponden para que se resuelva la grave crisis política venezolana, a pesar de haber recibido un respaldo en votos nunca antes visto de la población aquel 6 de diciembre de 2015, y que es la que precisamente se muere de hambre y enfermedades. Ojalá que eso lo recordaran el diputado Omar Barboza y el resto de la Directiva de la Asamblea Nacional antes de seguir metiéndole burocracia al procedimiento para llenar el vacío de poder de acuerdo a la sentencia del TSJ legitimo.

En un paso en la dirección de entorpecer la ejecución de la decisión del TSJ legítimo, Barboza y la Directiva de la Asamblea Nacional enviaron el fallo del Alto Tribunal a la Consultoría Jurídica del parlamento para que “analizara el fallo del TSJ en el exilio” (ver http://versionfinal.com.ve/politica-dinero/barboza-propone-a-consultoria-juridica-del-parlamento-analizar-fallo-del-tsj-en-el-exilio/). ¿Será para buscar maneras de no cumplirlo? Porque de otra manera no se podría entender que la decisión un Tribunal Supremo de Justicia no se cumpla por aquellos a quienes se les ordena hacerlo, y en lugar de eso se pongan a “analizar el fallo”. Las decisiones de los tribunales se cumplen, no se analizan.

Luego de darse finalmente por notificado vía correo electrónico, y aunque que la decisión del TSJ legítimo fuera publicada días atrás y la conociéramos todos los venezolanos a través de las redes sociales, “Barboza señaló que el próximo martes se evaluará la propuesta para que una comisión, integrada por los jefes parlamentarios de los partidos políticos, presente un informe para tomar como base en la decisión final. “Por supuesto, tomando en cuenta la realidad política que hizo que estos magistrados tuvieran que huir del país, así como el análisis que hagamos del expediente que aún no conocemos a través de la Constitución y las leyes del país como Poder Legislativo”, dijo Barboza.” (ver AN recibió notificación del TSJ en el exilio sobre antejuicio de Maduro, en http://www.el-nacional.com/noticias/asamblea-nacional/recibio-notificacion-del-tsj-exilio-sobre-antejuicio-maduro_230663).

En otras palabras, es a partir del próximo martes 17 de julio de 2018 que los venezolanos comenzaremos a saber qué es lo que los diputados de la Asamblea Nacional harán con la orden del TSJ legitimo. Si no fuera tan grave lo que ocurre en Venezuela pensaría que no piensan resolverlo. Pero están obligados a hacerlo, ya bien sea por acción o por omisión. ¿Y porque omisión? Porque los venezolanos podemos entender que los ciudadanos diputados no quieran resolverlo por amenazas del régimen a ellos o sus familiares. Deberían, como ya comente en mi nota anterior, dejarle al TSJ legitimo que resuelva ese problema porque es evidente que en Venezuela no desean hacerlo, justificadamente o no. De esa manera dejan de ser un obstáculo para que el proceso siga y se designe un nuevo Gobierno que nosotros hemos denominado de Emergencia Nacional (ver solicitud completa en https://tinyurl.com/y7x87ldb).

Lo lamentable de todo este cuadro es el tiempo dolorosamente perdido. El venezolano ya no tiene tiempo para seguir en este toma y dame entre el TSJ legítimo y la Asamblea Nacional. Ya el régimen anunció que comenzarán la evaluación para el revocatorio de los diputados de la Asamblea Nacional a través de la ilegitima Asamblea Nacional Constituyente (ver ANC evalúa revocatorio de diputados del Parlamento, en http://www.el-nacional.com/noticias/gobierno/pedro-carreno-anc-evalua-revocatorio-diputados-del-parlamento_243202).

A finales de julio los diputados cumplirán la mitad de su periodo y el régimen comenzará con el CNE el proceso para desbancarlos. ¿Creen ustedes que lo lograrán? Por supuesto que lo lograrán, y lo harán en tiempo record. Tiby y su CNE fabricarán los votos necesarios para demoler el Parlamento en manos opositoras. Difícilmente quedarán diputados opositores que no estén alineados con el régimen. Así que de nuevo, o corren o se encaraman.

Poco a poco los venezolanos nos vamos quedando sin soluciones institucionales locales, mientras todos contemplamos impávidos que inexorablemente se van demoliendo las únicas instituciones legítimas del país. La Asamblea Nacional, única institución reconocida internacionalmente dentro del país, caerá por las manos de un parapeto ilegal como lo es la Asamblea Nacional Constituyente del régimen. Al recuperar o al menos inutilizar la Asamblea Nacional, el régimen habrá dado un paso decisivo para el cambio de nuestra Constitución desde la Asamblea Nacional Constituyente ilegitima.

Y mientras el tiempo, que es un recurso precioso e irrecuperable, pasa inexorablemente, nuestros diputados lo dilapidan frenando y burocratizando las salidas posibles que se están planteando para la designación sin más dilación de un Consejo de Gobierno de Emergencia Nacional.

La poca vida útil opositora que le quede a la Asamblea Nacional, debería estar dedicada a tratar de cambiar al régimen y regresar al país a un modelo sostenible. De otra manera habrán sido inútiles los jóvenes muertos y los presos políticos de las protestas desde que se eligió a esa Asamblea Nacional. El cerco se va cerrando y no se ha hecho nada significativo a favor de cambiar al régimen desde las instituciones legítimas a través de los mecanismos constitucionales. Ya es hora que esa situación cambie, y cambie inmediatamente.

Ya bien sea la Asamblea Nacional o el TSJ legítimo al que le toque designar a quien deba llenar el vacío de poder por el juicio de Maduro, la decisión no puede perderse en una telaraña jurídica que implique semanas o meses. Eso tiene que durar días. Por eso el régimen siempre nos ha ganado y nosotros siempre hemos perdido. Todavía recuerdo aquellas voces opositoras que nos decían que rechazaban la Constituyente Originaria de la mano del pueblo porque eso “duraría años”. Pues bien, el régimen la hizo con su CNE en tres meses, del 1ro de mayo de 2017 al 30 de julio de 2017 ¿Qué tal?

¿Ustedes creen que ese revocatorio de diputados durará mucho tiempo? Durará días después del 31 de julio porque el régimen ya decidió con su Constituyente acabar con el Parlamento opositor. Mucho les valdría a los Diputados leer el punto No. 8 de la Exhortación del Episcopado venezolano “No temas, Yo estoy contigo” Is. 41, 10 de fecha 11 de Julio de 2018: “Urge en Venezuela una dirigencia política que ponga en el centro de sus reflexiones y de su accionar al pueblo venezolano, que tenga conciencia de que más allá de controlar el poder, la política es el oficio de quien movido por la nobleza y los principios éticos sabe ponerse al servicio de los ciudadanos y no de mezquinos intereses. Los líderes de la oposición deben ofrecer al pueblo alternativas de cambio, y trabajar con más fuerza por su bienestar.” (ver Exhortación del Episcopado Venezolano en, http://www.cev.org.ve/index.php/noticias/309-exhortacion-del-episcopado-venezolano-no-temas-yo-estoy-contigo-is-41-10).

Sres. Diputados: si la oposición no es capaz de institucionalmente moverse rápido con lo que ya tiene para generar una instancia legítima que pueda hacerle frente al régimen desde el exilio por encima de nuestras diferencias, como un Consejo de Gobierno de Emergencia Nacional, los muertos que ya llevamos apenas habrán comenzado y posiblemente los que sigan serán ustedes…

TSJ legítimo ordena a la AN la incorporación inmediata de los diputados Amazonas – La Patilla – 10 de Julio 2018

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La Sala Constitucional del TSJ legítimo, en ponencia de la Magistrada Elenis Del Valle Rodríguez Martínez, anuló este lunes 9 de Julio, la Decisión No 260 (Expediente No AA70 – E- 2015 – 000146) “de la Sala Electoral del ilegítimo TSJ dictada en Diciembre de 2015” y ordenó la incorporación inmediata de los diputados por el estado Amazonas JULIO HARON IGARZA, NIRMA GUARULLA y ROMEL GUZAMANA a sus cargos y, la restitución de todos sus derechos.

La Sala acordó además enviar dicha decisión a organismos internacionales como Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), Parlamento Europeo y Grupo de Lima con la finalidad de que “examinen posibles medidas sancionatorias contra INDIRA M. ALFONZO IZAGUIRRE, MALAQUÍAS GIL RODRÍGUEZ, JHANNETT MARÍA MADRIZ SOTILLO, FANNY MÁRQUEZ CORDERO, CHRISTIAN TYRONE ZERPA” ponente y magistrados del tribunal de facto que opera en Venezuela y, quienes suscribieron la írrita sentencia que afectó derechos individuales y colectivos.

El escrito será remitido igualmente a “Tibisay Lucena, quien funge como Presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), a la Asamblea Nacional en la persona de su presidente Dr. Omar Barboza, a la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz, y a la Fuerza Armada Nacional, en sus cuatros componentes, a los fines legales pertinentes”

Con esta decisión del TSJ legítimo, la Asamblea Nacional recupera su integración inicial producto de las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, y la fracción de oposición la mayoría absoluta.

 

Decisión de Falta Absoluta del TSJ legitimo – 2 de Julio 2018

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PLENA

Años 207° y 159°

Ponente. Magistrado ROMMEL RAFAEL GIL PINO

Expediente: SP-2018-001

ASUNTO: Enjuiciamiento por presuntos delitos de Corrupción Propia y Legitimación de Capitales contra Nicolás Maduro Moros, quien alega ser venezolano, titular de la cédula de identidad No. V-5.892.464.

Se inicia la presente causa, por querella de solicitud de enjuiciamiento presentada el día diecinueve (19) de febrero de dos mil dieciocho (2018), por la Dra. Luisa Marvelia Ortega Díaz, procediendo en su condición de Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, mediante la cual formula solicitud de Antejuicio de Mérito contra Nicolás Maduro Moros, quien ha venido ejerciendo el cargo de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, dio por recibida la querella y en sesión Plenaria del veintidós (22) de febrero de dos mil dieciocho (2018), el Presidente de la Sala Plena Magistrado Miguel Ángel Martin Tortabú, asignó la ponencia al Magistrado Rommel Rafael Gil Pino, integrante del cuerpo colegiado y Presidente de la Sala Electoral.

El día seis (6) de marzo de dos mil dieciocho (2018), se admite la causa dándose inicio al trámite procesal ordenando las notificaciones a las partes para que ejerzan sus derechos en el proceso de antejuicio.

En fecha nueve (9) de abril de dos mil dieciocho (2018), está Sala dictó sentencia declarando que HAY MÉRITO SUFICIENTE PARA ENJUICIAR A NICOLÁS MADURO MOROS, quien ha venido ejerciendo el cargo de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, al considerar el pleno que existe causa probable que hace presumir la comisión de los delitos de Corrupción Propia y Legitimación de Capitales previstos en el artículo 64 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra la Corrupción y artículo 35 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

Vista la notificación que en fecha siete (07) de mayo de dos mil dieciocho (2018), el ciudadano Secretario de la Asamblea Nacional, debidamente facultado por el numeral 14 del artículo 33 del Reglamento Interior y de Debates de ese órgano legislativo, hace a este órgano judicial, en la que formalmente comunica la respuesta de la Asamblea Nacional a la notificación que este Supremo Tribunal de Justicia le dirigiera en fecha tres (03) de mayo de dos mil dieciocho (2018),relacionada con la inequívoca existencia de orden legal que pesa sobre Nicolás Maduro Moros, tanto de suspensión del ejercicio del cargo de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, como de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público durante el proceso penal que se le sigue en esta alta instancia judicial, de conformidad con lo previsto en el artículo 380 del Código Orgánico Procesal Penal vigente.

Visto igualmente que, conforme se señala en la indicada comunicación –a la que se ha hecho referencia ut supra- la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela ratifica la DECLARATORIA DE FALTA ABSOLUTA DEL CIUDADANO NICOLÁS MADURO MOROS, EN EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, que fuere efectuada formalmente por dicho órgano legislativo nacional, en ejercicio de su potestad constitucional expresamente otorgada de conformidad con el artículo 233 de la carta magna, lo cual efectivamente realizó mediante Acuerdo de fecha nueve (09) de enero de dos mil diecisiete (2017).

Siendo necesario determinar las consecuencias legales del caso, esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, para decidir observa:

Ver la decisión completa en el siguiente enlace :

Decision Falta Absoluta Exp. SP-2018-001.

Comunicación TSJ sobre sistema electoral – 18 de Junio 2018

Sentencia del Tribunal Supremo sobre el Sistema Electoral – 13 de Junio 2018

Sentencia del TSJ en el exilio anulando el sistema automatizado de votación y restituyendo el sistema manual. Abrir el siguiente enlace :

Sentencia del Sistema Electoral (SE-2018-001)

“El quiebre avanza” por María Corina Machado – La Patilla – 3 de Junio 2018

thumbnailmariacorinamachado.x70825.jpgVenezuela no tiene Presidente ni Comandante en Jefe. Y el régimen se quiebra. Es un proceso doloroso y peligroso, porque la dictadura sabe que está aislada, acorralada y fracturada.

A partir del 2014, cuando salimos a la calle a presionar por el fin de la tiranía, Maduro perdió la calle y se desenmascaró en toda su crueldad. La despiadada y televisada represión y tortura lo calificó de ahí en adelante y para siempre: dictador. Allí se quebró lo que había heredado de respaldo popular.

En las elecciones de la AN en diciembre de 2015, las fuerzas democráticas obtuvimos 2/3 de los diputados, y se quebró la complicidad institucional del Parlamento con el régimen. Días después, el régimen designó inconstitucionalmente 34 magistrados principales y suplentes del TSJ, quebrando también la legitimidad de éste otro pilar del sistema.

El quiebre de las finanzas públicas y la economía se aceleró desde la toma fraudulenta de Maduro del poder. Arrasaron las reservas de la nación, hipotecaron el oro, multiplicaron la deuda ocho veces, destruyeron la capacidad productiva del país, desataron una hiperinflación que ya supera 15.000% anual y acabaron con Pdvsa. Se robaron todo y quebraron la economía nacional.

La represión desenfrenada que empezó en 2014, siguió en 2016 y llegó al límite durante la rebelión popular de 2017, finalmente quebró también la complicidad y la inacción de la comunidad internacional. La democracia mundial entendió que un régimen forajido y fallido no tiene fronteras y es intolerable tanto por razones éticas y humanas, como por razones de seguridad y estabilidad de la región. Es inadmisible la instauración en este hemisferio de una narco-dictadura, íntimamente relacionada con el narcotráfico y el terrorismo,

El avance totalitario de Maduro y la decisión de imponer la farsa del 20 de mayo, a pesar de las advertencias externas, aceleró la aplicación de sanciones contra los culpables del desfalco más grande de la historia. Estas acciones han producido rupturas -algunas muy obvias y otras aún ocultas-, entre los grupos criminales que conforman el régimen, que se delatan y acusan entre sí. Por eso, también se quiebra el “pacto de mafias”.

La ruina del país y con ello el incumplimiento de los compromisos con acreedores, ha detonado el quiebre de la paciencia de los mercados. ConocoPhillips, Rusoro Mining y otras transnacionales, han entendido que no podrán cobrar jamás sus deudas y derechos, a este régimen maula. Los más de 100 tanqueros inmóviles desde hace 28 días en las costas venezolanas, son el preámbulo del auto-embargo que el régimen impuso a nuestro petróleo. Los mercados son implacables, y no entienden de ofertas engañosas de los Zapatero de estos tiempos.

La quiebra del chantaje social tuvo un momento decisivo el 20 de mayo. Se quebró el chantaje del hambre. Se quebró el miedo. La desobediencia nacional se esparció por toda Venezuela en el ensordecedor vació de las calles ese día. Triunfó la dignidad, la conciencia cívica, la valentía.

Y se ha quebrado también, la obediencia en la Fuerza Armada Nacional. Ya son más de 200 militares presos, detenidos y desaparecidos. La entrega de la Soberanía al régimen cubano, la presencia de la guerrilla en el corazón de Venezuela, la amenaza al Esequibo y el hambre en los cuarteles; acabó con la subordinación silente a la narco-tiranía. Los hombres y mujeres de armas que se han negado a cumplir órdenes que violan sus juramentos, demuestran que el quiebre militar también ocurrió. Ellos cuentan hoy con el respeto de sus compatriotas.

A Maduro sólo le queda el respaldo de la vergonzosa tutela cubana, de la delincuencia organizada -incluyendo aquí a una fracción muy reducida de la FAN- y de los cómplices que se disfrazan “de oposición”. Esto ya no es suficiente para sostener un régimen que se quiebra inexorablemente.

De las ruinas que deja la época más oscura de nuestra historia, comenzamos a reconstruir un país mucho mejor del que nunca tuvimos; con esfuerzo, audacia, honestidad y compasión. Tan grande y tan sólido que nunca más volverá a quebrarse.

Conozca la lista completa de presos políticos liberados – El Nacional – 1 de Junio 2018

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Entre en primero grupo de liberados se encuentran Daniel Ceballos, Gregory Hinds y Dylan Canache

Maikel Moreno, presidente del tribunal Supremo de Justicia, anunció este viernes la liberación de 39 presos por motivos políticos, entre ellos, Daniel Ceballos, ex alcalde de San Cristobal.

“El Poder Judicial, a través de tribunales penales de diferentes circunscripciones judiciales, dictó una serie de beneficios procesales para ciudadanos y ciudadanas procesados y condenados por la presunta comisión de delitos sancionados en las nuestras leyes”, escribió en su cuenta de Twitter.

A Ceballos se le otorgó medida cautelar con presentación cada 30 días, prohibición de salida del país, de declaración a medios de comunicación y de uso de redes sociales.

Entre los liberados se encuentran: Yessica Cordero, Ramón Ruiz, Yancer Soto,Diego Medrano, Jorge Galan, Luis Orozco, Luis Acosta, Hoffman Díaz, Junior Pérez, Gabriel Vega, Alexis Alcalá Duque, Gregori Pulido, Edisson Pichardo, Jairo Peñuela, José Alexis De Los Santos, José González León, María Elena Uzcátegui, Carmen Alicia Gutiérrez Acevedo, Carmen Briones Donoso, Angelis Quiroz, Ninoska Josefina Bolívar, Stefanny Salazar, Diannet Blanco, Brigitte Herrada, María Angelina Salcedo Torres, Nazareth Vásquez, Virgen Liliana Quintanillo, Erika Palacios Alfonzo, Melanye Álvarez Castro, Geraldin Chacón, Marianyelis Sánchez Delgado, Gregory Hinds Rodríguez, Juan Pablo Giraldo, Juan Pedro Lares, Fermín Cocchioni, Diego Gómez, Ender González y Dylan Canache.

¿Qué fue lo que pasó con la “juramentación” de Nicolás Maduro ante la ANC? por José Ignacio Hernández – ProDaVinci – 24 de Mayo 2018

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Sin mayor anuncio previo, el 24 de mayo de 2018 Nicolás Maduro informó que ese día acudiría a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para juramentarse “como Presidente Reelecto de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2019-2025, por voluntad del pueblo libre y soberano”.

Hacía días que el tema de la “juramentación” de Maduro había sido objetivo de diversas noticias informales, especialmente, luego de que pasadas las siete de la noche del 21 de mayo de 2018, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de cuenta twitter, informara que Nicolás Maduro había interpuesto una “demanda de interpretación” ante la Sala Constitucional.

Al menos para el momento de la “juramentación” ante la ANC, el TSJ no había anunciado ninguna decisión en torno a la “demanda de interpretación” presentada.

¿Qué conclusiones pueden extraerse de todo esto?

Lo que dice la Constitución y lo que dijo en 2013 la Sala Constitucional

No está de más recordar lo que dice la Constitución acerca de la juramentación del Presidente electo. De acuerdo con su artículo 231, el candidato electo tomará posesión del cargo de Presidente el 10 de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Es decir, que la toma de posesión debería realizarse mediante juramento ante la Asamblea Nacional el 10 de enero de 2019.

Pero en 2013 la Sala Constitucional “reescribió” este artículo para aclarar que en caso de reelección, la juramentación y toma de posesión era una mera formalidad pues en suma, había una suerte de “continuidad” del mandato presidencial.

Aplicando esa tesis, por ello, la fecha del 10 de enero de 2019 no es relevante, pues Maduro, como “Presidente reelecto”, se mantendría en ejercicio del cargo de manera continua, entre el período que finaliza y el período que inicia en 2019. De allí que no tenía mayor sentido, como fue asomado, señalar que la ilegitimidad de Maduro derivada de su fraudulenta elección solo comenzaba a regir a partir de 2019.

Lo que pasó

No era de extrañar que la ANC asumiese la competencia para tomar “juramento” a Maduro, invocando la falsa tesis del desacato de la Asamblea Nacional y, además, reeditando su decisión en torno a la “juramentación” de los gobernadores.

Lo que sí extraña es que esa “juramentación” se haya efectuado en mayo de 2018, y no en enero de 2019. Tanto más, acoto, luego de que el TSJ anunciara de una “demanda interpretación” presentada por Maduro, de la cual no se tiene mayor noticia.

Así, en un “Decreto Constituyente” anunciado el mismo 24 de mayo, la ANC informó que había recibido la “certificación” de la elección del 20 de mayo, y por ello, Maduro debía asumir el cargo y tomar juramento en enero de 2019. Pero acto seguido, la ANC tomó juramento a Maduro.

Es decir: la ANC aclaró que la juramentación se realizaría el 10 de enero de 2019, pero procedió a “juramentar” a Nicolás Maduro como Presidente por el período 2019-2025.

Un fraude continuado

La “juramentación” ante la ANC realizada el 24 de mayo de 2018 no es siquiera un acto jurídico. Así, no solo la “reelección” de Nicolás Maduro fue resultado de un proceso conducido completamente al margen de la Constitución, sino que además, la ANC, que es un órgano ilegítimo, no tiene competencia para tomar juramento a ningún funcionario. Y mucho menos la juramentación del Presidente electo –si lo hubiere- podría hacerse antes del 10 de enero de 2019, y por una instancia distinta a la Asamblea Nacional.

Con lo cual, en sentido estricto, lo realizado en la ANC el 24 de mayo de 2018 no debería ser calificado como “juramentación”.

Con todo, el acto político realizado por la ANC demuestra que todo el proceso de las elecciones presidenciales forma parte de un fraude continuado, es decir, de un conjunto de decisiones concatenadas entre sí que pretenden tener apariencia de un proceso electoral pero que, en el fondo, no son más que actuaciones políticas orientadas a violentar la Constitución y muy en especial, los derechos políticos de los venezolanos.

 

Comunicado del Bloque Constitucional – 22 de Mayo 2018

PRONUNCIAMIENTO

Frente a la concreción del fraude electoral que se verificó el día 20 de mayo de 2018, a la comunidad:

1) El proceso electoral del día 20 de mayo de 2018 fue un fraude electoral, por ser consecuencia de unas elecciones convocadas ilegítimamente por el Consejo Nacional Electoral, a instancia de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, en violación del período constitucional y con ausencia de las garantías electorales propias del Estado Democrático de Derecho.

2) El proceso electoral del día 20 de mayo de 2018 fue un fraude electoral, al incurrir el Consejo Nacional Electoral en desacato, al admitir la participación de Nicolás Maduro Moros, quien se encuentra inhabilitado para ocupar cargo público alguno como consecuencia de la autorización dada por la Asamblea Nacional el pasado 15 de abril del presente año, al legítimo Tribunal Supremo de Justicia para que este continúe conociendo judicialmente de la querella penal que contra él fue interpuesta por la Fiscal General de la República por graves hechos de corrupción vinculados al caso Odebrecht;

3) El proceso electoral del día 20 de mayo de 2018 fue un fraude electoral, porque la Fuerza Armada Nacional incurrió en desacato a la sentencia del legítimo Tribunal Supremo de Justicia de fecha 3 de mayo de 2018, al no aprehender al ciudadano Nicolás Maduro Moros como le fue ordenado en virtud de habérsele dictado medida judicial preventiva privativa de libertad.

También en desacato procedieron las autoridades policiales, específicamente, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (C.I.C.P.C.), al incumplir la orden de aprehensión que les fue debidamente notificada y permitir que el mencionado ciudadano procediera sin ejecutar la restricción de su libertad, judicialmente ordenada.

4) El fraude electoral también se verificó en el proceder igualmente delictual del ciudadano Nicolás Maduro Moros, denunciado por uno de los candidatos que optó por participar a pesar de las circunstancias expuestas, al violar éste un supuesto acuerdo en el que se habría comprometido a no infringir la Ley Electoral con los anunciados “puntos rojos”, los cuales, sin embargo, sí fueron instalados para vincular la acción del voto con la pertenencia al partido de gobierno y la posibilidad de recibir prebendas.

5) El proceso electoral del día 20 de mayo de 2018 fue un fraude electoral, porque pese a la evidente abstención de casi el 83% de la población, debidamente documentada en los medios de comunicación social, la Presidenta del Consejo Nacional Electoral expresó unas cifras de participación que no se corresponden con la realidad.

Cabe destacar que antes del proceso electoral, la comunidad internacional (la mayoría de los países de la región, el Grupo de Lima, Unión Europea, Secretaría general de la OEA, entre otros) advirtieron que no se reconocerían los resultados y luego de verificado el proceso fraudulento ya se han manifestado estos países así como organismos internacionales de derechos humanos en el desconocimiento del proceso electoral del 20 de mayo de 2018.

En consecuencia de lo anterior, Venezuela se encuentra en una situación de vacío de poder, pues no existe un titular legítimo en el cargo de Presidente de la República, toda vez que el ciudadano Nicolás Maduro Moros:

i. Ha sido declarado en falta absoluta por la legítima Asamblea Nacional;

ii. Fue suspendido del cargo e inhabilitado políticamente por el legítimo Tribunal Supremo de Justicia antes del proceso electoral del 20 de mayo pasado; y,

iii. Pesa sobre él medida preventiva privativa de libertad y se halla sometido a una querella penal por existir causa probable que hace presumir la comisión de los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales, previstos en el artículo 64 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra la Corrupción y el artículo 35 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

Todas las anteriores consideraciones, son suficientes para permitirnos afirmar y denunciar ante la opinión pública que el ciudadano NICOLAS MADURO MOROS, NO ES FORMALMENTE PRESIDENTE DE LA REPUBLICA NI PUEDE SER RECONOCIDO COMO PRESIDENTE ELECTO debido al fraude electoral de fecha 20 de mayo de 2018 y a la causa penal que contra él existe, previa a esa fecha.

En razón de lo expuesto, este BLOQUE CONSTITUCIONAL insta a la Asamblea Nacional, a que en base al exhorto del legítimo Tribunal Supremo de Justicia contenido en la sentencia de fecha 3 de mayo de 2018 y a lo previsto en el artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ante la falta absoluta, ahora por ausencia de un Presidente electo, encargue de la Presidencia de la República al Presidente de la Asamblea Nacional, mientras se proceda a realizar elección directa, secreta y acorde con los principios de igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales, con un nuevo órgano comicial integrado por representantes legítimamente designados en perfecto apego a las reglas constitucionales, quienes permitan el libre ejercicio de los derechos políticos de todos los ciudadanos sin indebidas restricciones; sin presos ni inhabilitados políticos, garantizando así el pluralismo político, preconizado por el artículo 2 de nuestra Constitución, vigente aspiración de una República Democrática en un Estado de derecho y de Justicia, por cuya permanencia luchamos.

En Caracas, a los 22 días del mes de mayo de 2018.

Coordinación Nacional: Cecilia Sosa Gómez, Blanca Rosa Mármol, Román Duque Corredor, Jorge Rosell Senhen, Alberto Arteaga Sánchez, Rubén Pérez Silva, Pedro Rondón H. y René Molina Galicia.

Coordinación Ejecutiva: Perkins Rocha. Magistrados, Académicos, Profesores: Aníbal Rueda, María Concepción Mulino, Julio Elías Mayaudón, Ramón Escovar León, Carlos Ayala Corao, Rafael Badell Madrid, Juan Carlos Apitz, Ana María Ruggeri, Luis Beltrán Guerra, Salvador Yanuzzi, Alvaro Badell Madrid, Rodrigo Rivera Morales, Alejandro Canónico, Franklin Hoet, Gustavo Linares Benzo, Nelly del Valle Mata, José Francisco Comte, Marcos Solis Saldivia, Mariana León Mármol, Flor Zambrano, Rafael Chavero Gazdik, Eustoquio Martínez, Carlos Camero, Alejandro González Valenzuela, María Luisa Acuña, Gustavo Tarre Briceño, María Amparo Grau Togores, Iván Pérez Rueda y Moisés Troconis Villareal Federación de Colegios de Abogados de Venezuela: Marlene Robles, (Presidenta), Norma Delgado Aceituno, Clara Inés Valecillo; Jesús Vergara Peña y José Luis Machado. Presidentes de Colegios de Abogados de Venezuela: Lourdes Vallenilla (Amazonas), Luis Beltrán Calderón Mejías (Anzoátegui), Rosalino Medina (Aragua), RoldanTorres (Apure), Rombet Camperos (Barinas), Nelson Riedi (Carabobo), Roberto Andery (Cojedes), Omer Figueredo (Delta Amacuro), Yvett Lugo (Distrito Capital), Wilme Pereira (Falcón), Mary de Muguesa (Guárico), José Luis Machado (Lara), Eliseo Moreno (Mérida), Letty Piedrahita (Miranda), Jesús Ramos (Monagas), Pedro Arévalo (Nueva Esparta), Zoila Calderón (Portuguesa), Orlando Velásquez (Sucre), Mario Torres (Zulia

Provea impugnó ante el TSJ convocatoria al proceso del 20 de mayo – La Patilla – 16 de Mayo 2018

Este martes, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) acudió a la sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas, para introducir un recurso ante la Sala Electoral con el objeto de impugnar la convocatoria del proceso electoral convocado para el próximo 20 de mayo, y solicitar la aplicación de una medida cautelar urgente de amparo constitucional para que se suspenda el acto de votación mientras se tramita el juicio, reseña Derechos.org.

Ante la actual coyuntura política, económica y social, Provea considera obligante ejercer este recurso para exigir de los órganos de administración de justicia, el cumplimiento de la Constitución y la garantía del derecho al sufragio de todos los ciudadanos venezolanos.

En el proceso convocado para el próximo 20 de mayo, los electores no somos libres de votar por cualquier candidato, toda vez que fueron ilegalizados los principales partidos de oposición y sus principales líderes fueron inhabilitados arbitrariamente para participar. Los electores estamos sometidos igualmente a presiones indebidas por parte del gobierno y sus partidos (PSUV y Somos Venezuela), quienes ofrecen dádivas o amenazan con restricciones a los titulares del llamado Carnet de la Patria que no voten el 20 de mayo.

La Comisión Americana de Derechos Humanos ha abordado en varios casos anteriores la importancia fundamental de los organismos electorales independientes e imparciales; considerando que un proceso electoral auténtico, libre y justo no puede ser aquel administrado por funcionarios u organismos sobre los cuales el gobierno o los partidos políticos tengan una influencia decisiva.

La falta de imparcialidad de los rectores del Consejo Nacional Electoral no solo se desprende de sus antecedentes profesionales que los vinculan, en su mayoría, al Gobierno, sino que también la misma ha quedado demostrada durante el transcurso del tiempo y durante los procesos electorales al observar la conducta y el proceder constante y reiterativo del organismo electoral para beneficiar sólo a una parcialidad política, la identificada con el Gobierno, mientras que ha constantemente perjudicado y limitado los derechos políticos de los opositores venezolanos.

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU; la Secretaría General de la OEA; los Estados Unidos de América y Canadá; Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía; la Unión Europea: han manifestado que el proceso relativo a la elección presidencial es fraudulento, porque no se expresará libremente el sufragio de los ciudadanos venezolanos. Muchos han afirmado que desconocerán el resultado de la elección presidencial cuyo acto de votación está previsto para el 20 de mayo de 2018, sin importar quién obtenga el mayor número de votos, lo cual acarrearía gravísimas consecuencias para Venezuela y los venezolanos, desde todo punto de vista.

En un comunicado divulgado este lunes por 43 organizaciones de la sociedad civil venezolana, expresamos nuestra preocupación por el proceso convocado para el 20 de mayo, y exigimos la suspensión del mismo toda vez que el mismo adolece de las condiciones necesarias que den garantías para el derecho al sufragio.

 

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