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Elecciones libres y transparentes en Venezuela por Daniela Urosa – El País – 21 de Mayo 2019

El sistema electoral venezolano carece de mínimas garantías para celebrar comicios que reflejen la real voluntad de la ciudadanía

Nicolás Maduro, el pasado día 20 en Caracas.
Nicolás Maduro, el pasado día 20 en Caracas. MARVIN RECINOS AFP

Nicolás Maduro ha propuesto un adelanto de las elecciones parlamentarias sin justificación constitucional ni legal alguna para ello. En tal sentido, expresó “asumir un reto” –acudir a elecciones parlamentarias- que nadie le ha propuesto. Si algún reto tiene Maduro es cesar en el ejercicio ilegítimo de la Presidencia de la República, lo que permitiría instalar un gobierno de transición y llamar a elecciones presidenciales.

1. Condiciones institucionales: es fundamental el restablecimiento de la independencia de poderes y el fortalecimiento de las instituciones que participan en los procesos comiciales, en especial (i) eliminación de la asamblea nacional constituyente instaladainconstitucionalmente en julio de 2017 y que usurpa funciones del poder electoral; (ii) designación de nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), árbitro electoral cuyas autoridades fueron ilegalmente designadas y carecen de independencia para garantizar elecciones libres y transparentes; (iii) designación de nuevos magistrados de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, la cual ejerce la jurisdicción electoral en Venezuela pero sus Magistrados no cuentan con independencia judicial. (iv) Designación de nuevos magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia,Sala que ha sido el principal instrumento político del actual autoritarismo en Venezuela.

2. Condiciones materiales: no es posible pensar en elecciones en Venezuela mientras no se garanticen los derechos fundamentales de contenido político, en especial, (i) el derecho a la participación política y derecho al ejercicio de cargos públicos, violados por la inhabilitación y privación de libertad de líderes políticos y la ilegalización de partidos opositores y (ii) El derecho al sufragio de los venezolanos en el exterior, injustamente restringido por el CNE, al exigir residencia legal en el exterior para votar.

3. Condiciones electorales (stricto sensu): reforzando las reglas del juego electoral en Venezuela, en particular (i) depuración del registro electoral, (ii) presencia de misiones de observación electoral internacional, (iii) auditoría del sistema de votación electrónica, (iv) competitividad electoral durante la campaña electoral, (v) prohibición del voto asistido y del “carnet de la patria”, que se han traducido en vejaciones ilegítimas al secreto del voto, mediante la coacción de electores a cambio de comida y medicinas.

El restablecimiento de estas condiciones de integridad electoral es condición previa a la realización de cualquier elección en Venezuela y al pleno restablecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en nuestro país.

Daniela Urosa es profesora de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo en Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela. Este artículo ha sido elaborado por Agenda Pública para El País.

Ataque al Congreso: ¿El principio del fin? por Diego García-Sayan – El País – 17 de Mayo 2019

En Venezuela, las acciones del Tribunal Supremo contra el Legislativo violentan la separación de poderes esencial a cualquier democracia

Édgar Zambrano, vicepresidente de la Asamblea Nacional, y Juan Guaidó.
Édgar Zambrano, vicepresidente de la Asamblea Nacional, y Juan Guaidó. F. PARRA AFP

La última arremetida contra varios diputados del legislativo de Venezuela, la detención de su vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Édgar Zambrano, y el impedimento el martes a los diputados —con un pretexto baladí— de ingresar al , tiene algo de déjà vu, por lo que hay en ello de reiteración en el atropello contra la democracia. Lo que viene ocurriendo tiene particular gravedad y pone de relieve tres asuntos.

Segundo, un sistema judicial y de ministerio público cuyas últimos visos de independencia frente al Ejecutivo se han esfumado por completo en las últimas dos semanas. Se recubre, ahora, de torpes formalidades el zarpazo contra una inmunidad parlamentaria que ya se encuentra liquidada. Con celeridad digna de mejor causa, e indudable atropello de las normas constitucionales sobre esa inmunidad, inmediatamente después de la acusación por el disciplinado Fiscal General Tarek William Saab, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia emitió las sentencias N° 17, 18 y 19 de 2, 7 y 8 de mayo contra varios diputados y con base en las cuales fue detenido el 8 de mayo el vicepresidente de la Asamblea Nacional.

Las acciones del Tribunal Supremo contra el Legislativo violentan la separación de poderes esencial a cualquier democracia —contenida en el artículo 136 constitucional— así como la disposición que establece que los diputados no pueden ser procesados sin la “previa autorización de la Asamblea Nacional para que pueda ordenarse su detención y continuar su enjuiciamiento”.

Tercero, un impacto en la comunidad internacional que ahonda el aislamiento del régimen y abre el abanico de quienes buscan una solución democrática a la crisis institucional en Venezuela. Cierto que una Organización de Estados Americanos (OEA) en crisis y debilitada por errores en su conducción, no es hoy el foro de la fuerza y legitimidad que dio aprobación el 2001 a la fundamental Carta Democrática Interamericana.

Pero es sintomático que en la sesión del Consejo Permanente de este lunes se haya aprobado por consenso una resolución que rechaza estos ataques a los miembros del legislativo. Países que han procurado cuidado en el pasado cercano vertebrar una difícil posición de distancia/equilibrio —México, República Dominicana o Uruguay— no se opusieron a esa firme condena.

En paralelo, destacan en este contexto de “situación límite” importantes movimientos de piezas en el escenario global apuntando hacia una salida pacífica y negociada de la situación. No es irrelevante el dinamismo que se avizora desde la Unión Europea, el papel de Noruega —país curtido en procesos de mediación y solución de conflictos— y los diálogos que ya viene impulsando, contactos entre Elliot Abrams con integrantes del régimen de Maduro y los “buenos oficios” de algunos ante actores ineludibles como Rusia, Cuba y China para quienes el colapso de las instituciones en Venezuela no puede ser para nada indiferente.

Compromiso ineludible por Omar González Moreno – El Nacional – 14 de Mayo 2019

Omar González Moreno
 ¿Qué panorama tenemos? Un régimen ilegal que secuestra a diputados legítimamente electos por la ciudadanía, un Tribunal Supremo de Justicia írrito que emite sentencias políticas que pretenden dejar vacía a la Asamblea Nacional.

Unas Fuerzas Armadas que no terminan de dar el paso en favor de la sociedad venezolana y siguen en una posición de extrema cautela, que sólo le permite al régimen usurpador seguir cometiendo felonías en todo el territorio nacional. 

Un sistema opresor que sigue jugando con la economía nacional haciendo que miles de venezolanos se desesperen porque no pueden comer ni comprar medicinas.

Y, en la otra acera, una Venezuela que sueña con la libertad, que sale a las calles a protestar por un país en libertad y con Estado de Derecho.

Una Venezuela que lucha, pero que sola no puede contra un régimen criminal y violento, que controla el monopolio de las armas de la república, y que no tiene reparo en usarlas contra la población civil.

Ante semejante realidad, llegó el momento de las tomas de decisiones, por el bien de millones de venezolanos y por el futuro de la nación y también de Colombia y prácticamente de  todo el hemisferio, incluyendo a los Estados Unidos.

Así como la Organización de Estados Americanos (OEA) abrió las puertas a una acción decidida y la ONU a través de la aprobación del R2P, así como la Asamblea Nacional está dando  un paso importante con el regreso oficial de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar), de esa misma forma debemos seguir tomando decisiones e impulsando acciones valientes.

Los diputados debemos asumir la responsabilidad histórica de terminar de aprobar la activación del artículo 187 numeral 11 de la Constitución Nacional. No podemos dilatarnos más en este punto.

No caigamos en consideraciones innecesarias o en patriotismos desvirtuados y desmedidos. Recordemos que nuestro Gran Libertador, Simón Bolívar, no tuvo a menos en pedirle auxilio a la Corona Británica, a los franceses, a Colombia y Haiti para lograr la libertad nacional.

Y no por esto, fue menos gloriosa la Independencia de Venezuela. A su vez, no es cuestionable la decisión de Bolívar de empezar su Campaña Admirable desde lo que hoy es Colombia, lo que pudiera calificarse como una invasión. Ni menos es cuestionable la decisión del Libertador de tomar un ejército de venezolanos y llevarlos a  Colombia, Ecuador, Perú y lo que hoy conocemos como Bolivia, para liberar estos territorios.

Nada de estas acciones aminora el papel histórico de Bolívar, Sucre, Anzoátegui, Páez, Bermúdez, Mariño, Piar y de tantos otros; así como  tampoco es reprochable solicitarle al Comando Sur de los Estados Unidos, a Colombia, Brasil y a todas las democracias  del mundo  que nos ayuden a liberar a Venezuela, sino, por el contrario, es un deber para nosotros como diputados nacionales que debemos asumir ya.

TSJ acusa a cuatro diputados de rebelión civil – ProDaVinci – 14 de Mayo 2019

El martes 14 de mayo de 2019, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) acusó a los diputados de la Asamblea Nacional: Miguel Pizarro, Carlos Paparoni, Franco Casella y Winston Flores, por “comisión flagrante” de los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuada. La sentencia de la Sala Plena ordena “remitir copia certificada de las actuaciones al Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente para que dicho órgano determine lo conducente”.

Juan Guaidó, presidente de la AN y presidente encargado de Venezuela, reiteró su «total respaldo» a todos los legisladores del Palacio Federal Legislativo y convocó a una sesión para el 15 de mayo a las 10:00 de la mañana. Posterior a esto, la Asamblea Constituyente aprobó la petición del TSJ de «allanar la inmunidad parlamentaria de Freddy Superlano, Sergio Vergara, Juan Andrés Mejía, Carlos Paparoni, Miguel Pizarro». Además, dijeron que iban a iniciar una investigación para Franco Casella y Winston Flores alegando que por ser diputados suplentes no tienen inmunidad parlamentaria.

Más temprano, la AN tenía prevista una sesión que no pudo llevarse a cabo porque el Palacio Legislativo fue tomado por militares, según informó el Centro de Comunicación Nacional. Guaidó se refirió a los hechos y dijo: «Podrán tratar de secuestrar nuestro Palacio Federal Legislativo, pero nosotros vamos a resistir».

Este mes de mayo de 2019, el TSJ ha acusado a 14 diputados de la AN por los mismos delitos, después de los eventos del 30 de abril, cuando Guaidó apareció junto Leopoldo López y un grupo de militares en el Distribuidor Altamira, haciendo un llamado a la restitución del orden constitucional.Los otros parlamentarios acusados por el TSJ son: Édgar Zambrano, Henry Ramos Allup, Luis Florido, Mariela Magallanes, José Simón Calzadilla, Américo de Grazia, Richard Blanco, Freddy Superlano, Sergio Vergara y Juan Andrés Mejía.

El diputado Édgar Zambrano, primer vicepresidente de la AN, fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional el 8 de mayo.

Este año, al menos 3 diputados acusados han solicitado refugio en embajadas de Caracas. El parlamentario Luis Florido está exiliado en Colombia.

Según información de la AN, 24 parlamentarios habían sido perseguidos hasta este mes. Con esta nueva sentencia del TSJ, la cifra asciende a 30.

La AN no reconoció la reelección de Nicolás Maduro como presidente y declaró que usurpa el cargo desde que fue juramentado ante el Tribunal Supremo de Justicia el 10 de enero de 2019. Guaidó asumió las funciones de la presidencia de la República y fue juramentado el 23 de enero. El diputado es reconocido como presidente encargado por más de 50 países.

El chavismo profundiza escalada contra el Parlamento – Transparencia Venezuela – 10 de Mayo 2019

Transparencia Venezuela, 10 de mayo de 2019.- El control que el Gobierno ejerce sobre el Poder Judicial, y en especial sobre el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), no solo le ha permitido a bloquear cualquier iniciativa de la Asamblea Nacional (AN) y arrebatarle las competencias que la Constitución le otorga, para evitar que este cuerpo se interponga en sus planes, sino que además ha ido contra sus integrantes en una estrategia que, hasta ahora, tiene el siguiente saldo: Casi un tercio de los curules que tenía la mayoritaria bancada de la Unidad Democrática están vacíos.

Desde que en la víspera de la Nochevieja del 2015, menos de tres semanas después de los comicios que le dieron a la oposición el control del Parlamento, la Sala Electoral impidiera a tres diputados asumir sus cargos, alegando supuestas irregularidades en su elección, la cámara ha visto cómo – poco a poco- varios de sus integrantes han terminado sin inmunidad, en el exilio, asilados en delegaciones diplomáticas o en el peor de los casos tras las rejas.

El más reciente legislador detenido fue el primer vicepresidente de la AN, Edgar Zambrano (Acción Democrática), quien fue aprehendido el 8 de mayo de 2019, unas 96 horas después de que el TSJ autorizara al Ministerio Público de la ilegítima Constituyente a procesarlo, sin necesidad de antejuicio de mérito, por su presunta participación en el movimiento militar que el 30 de abril encabezó el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como el Jefe de Estado interino de Venezuela.

A Zambrano, al que el Juzgado Segundo Especial contra Terrorismo de Caracas ordenó mantenerlo preventivamente tras las rejas, le fue aplicado el criterio según el cual su caso no ameritaba antejuicio de mérito porque supuestamente incurrió en flagrancia. Gracias a este mismo criterio el diputado Juan Requesens (Primero Justicia) tiene meses en un calabozo del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), mientras que Freddy Guevara (Voluntad Popular), Mariela Magallanes (Causa R), Richard Blanco (Alianza Bravo Pueblo), Freddy Superlano (Voluntad Popular) están en embajadas y otros nueve parlamentarios están en el exilio, entre ellos Julio Borges (Primero Justicia) y Germán Ferrer (disidente del partido oficialista PSUV).

El origen de todo

La piedra de tranca inicial fue el supuesto desacato a la sentencia número 260 del Sala Electoral, que impedía a Nirma Guarulla, Julio Ygarza y a Rommel Guzamana asumir su función como diputados, mientras se decidía si hubo  irregularidades en su elección como representantes del estado Amazonas. Eso ha permitido al TSJ- en especial a la Sala Constitucional- anular casi todas las leyes, acuerdos o resoluciones que el Parlamento ha aprobado en estos casi cuatro años de legislatura.

Asimismo, este supuesto incumplimiento, ha sido la excusa por la cual la intérprete de la Carta Magna le ha arrebatado al Parlamento competencias y ha avalado que el gobierno ejerza algunas de ellas como la modificación de partidas presupuestarias, la aprobación de créditos adicionales o la firma de contratos de interés público mediante los 10 decretos de Estado de Excepción que ha dictado Nicolás Maduro desde enero de 2016.

La negativa de la AN a cumplir las instrucciones del TSJ también ha sido la razón esgrimida para justificar la elección de la cuestionada Constituyente, mediante un procedimiento distinto al celebrado en 1999; y para que ésta instancia paralela asuma otras competencias del Poder Legislativo, como la aprobación del presupuesto nacional o para simplemente legislar.

¿Por qué los legisladores no acatan los fallos judiciales? En primer término la sentencia de la Sala Electoral que originó todo este conflicto echó a la basura toda la jurisprudencia de esa instancia, la cual establecía que una vez proclamado por un candidato éste debía asumir y el proceso judicial no podía impedirlo, salvo que al final se determinase que ciertamente en su elección estuvo viciada.

En segundo lugar, porque la Constitución Nacional, en su artículo 187, numeral 20, señala que corresponde a dicho organismo “calificar a sus integrantes y conocer de su renuncia. La separación temporal de un diputado sólo podrá acordarse por el voto de las dos terceras partes de los diputados y las diputadas presentes”.

La tercera razón es que pese a que los diputados de Amazonas no están incorporados, el TSJ insiste que el Parlamento debe dar marcha atrás con casi todo lo que ha hecho en estos cuatro años, para dar por superado el desacato.

Y, por último el desacato judicial, según la legislación venezolana, no es un delito sino una falta que acarrea sanciones de presidio de menos de dos años y multas, pero no existe norma en la Constitución o en ningún otro instrumento que autorice a un organismo a asumir las funciones de otro como castigo por supuestamente no respetar la resolución de un juez.

El mismo patrón

Desde los sucesos del 30 de abril, 10 legisladores han visto como la protección que les otorga a la Carta Magna por su cargo les ha sido arrebatada por el máximo juzgado por supuestamente participar en dichos hechos.

En estos casos se ha repetido un patrón. El fiscal general designado por la cuestionada Constituyente, Tarek William Saab, ha solicitado autorización para procesar a estos diputados y el pleno del TSJ lo ha autorizado, pero sin necesidad de someterlos al procedimiento especial del antejuicio, alegando que fueron pillados- in fraganti- delinquiendo.

El artículo 200 de la Constitución ciertamente establece que en caso de que un parlamentario sea atrapado violando una ley, en flagrancia, puede ser arrestado, pero jamás estipula que pierde el privilegio del antejuicio.

Al adoptar estas decisiones no se ha ofrecido a los legisladores la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa.

La Contraloría General de la República, también intervenida por la ilegal Constituyente, se ha sumado a la campaña contra el Parlamento y lo ha hecho inhabilitando por 15 años a diputados como Adriana D’ Elia, quien hoy se encuentra en el exilio también.

De continuar esta persecución las posibilidades de que la AN siga sesionando se ven limitadas. El reglamento interno del organismo establece en su artículo 84 el número mínimo de diputados necesario para pueda laborar la instancia, hasta ahora la bancada opositora que tiene 112 curules tenía asegurado ese mínimo por sí misma, pero de continuar los procesos y arrestos, ya no será así.

La otra oportunidad de Guaidó por Luis Manuel Aguana – Panampost – 11 de Mayo 2019 

Juan Guaidó tiene, después del fallido intento del 30 de abril, la obligación de separarse definitivamente de factores indeseables y actuar independientemente

A Guaidó no le sobran oportunidades (Foto: Flickr)

En junio del año pasado, un grupo de venezolanos comprometidos, entre los cuales tuve el honor de participar, introdujimos una solicitud ante el TSJ legítimo para que este Alto Tribunal procediera a la designación de un Consejo de Gobierno de Emergencia Nacional, con el objeto del restablecer el orden constitucional y democrático en Venezuela. Esa solicitud obedeció a que en ese momento era absolutamente necesario, como lo sigue siendo ahora, que Venezuela contara con un liderazgo sobre el que descansara la conducción de la oposición venezolana habida cuenta de la omisión escandalosa de la Asamblea Nacional de designar un gobierno legítimo. Así como la nuestra, se sumaron otras solicitudes similares de venezolanos desde dentro y fuera del país.

Una de las razones principales por las cuales esa solicitud, ni ninguna de las otras, cristalizó en un Gobierno de Emergencia Nacional que en el exilio condujera en ese entonces la lucha opositora, fue la presión intensa que realizaran los diputados miembros de la directiva de la Asamblea Nacional para evitar esa decisión, amenazando incluso a los magistrados a los que se les ocurriera actuar de manera independiente.

¿Que buscábamos en realidad con esa decisión del TSJ legítimo? Pues bien, que se designara un Gobierno al margen de los intereses y de la corrupción política que desde la Asamblea Nacional albergaban factores estrechamente ligados de una u otra manera con el régimen. Nuestra intención era que Venezuela pudiera contar con un gobierno de transición que fuera de verdad independiente y que volviera a poner la institucionalidad dislocada del país en el riel del Estado de Derecho. Buscámanos también que se designaran personalidades que todos los venezolanos respetáramos, de una probidad indiscutible y a toda prueba, con la suficiente experiencia de Estado como para conducir este barco que hace aguas por todos lados a un puerto seguro, para luego de una profunda reconstrucción, se pudiera volver a colocar en el océano de la política a través de un proceso electoral auténticamente libre.

¿Que terminó pasando? Que la Asamblea Nacional retrasó el proceso de toma de decisiones hasta llegar al 5 de enero de 2019, con la designación de una nueva legislatura que a duras penas, y empujada por el pueblo venezolano, terminó por designar un Presidente Encargado el 23 de ese mes. Eso que queríamos que ocurriera el primer semestre de 2018, efectivamente ocurrió pero a medias el año siguiente, con la ley del estatuto para la transición, adefesio con el que gobierna la Asamblea Nacional y todos esos políticos comprometidos con intereses bien lejanos a los del pueblo venezolano, a los que queríamos a toda costa evitar. Por supuesto al existir efectivamente un gobierno legítimo, toda la comunidad internacional se volcó a reconocerlo, como efectivamente esperábamos que así ocurriera si el TSJ legítimo lo hubiera designado.

Si bien es cierto ese gobierno de emergencia en los términos solicitados al TSJ legítimo no se concretó, confiamos en ese momento en que la conducción política del proceso llevada a cabo por Juan Guaidó como Jefe de Estado, aun cuando mediatizado por la ley del estatuto para la transición, pudiera efectivamente conducirnos a una salida ordenada del régimen al ver la presión ciudadana y el sólido respaldo dado a su investidura por la ciudadanía y por los principales polos de poder y Estados democráticos de Occidente, como fue el caso del Gobierno de los Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos.

De acuerdo con el reportaje La conjura de los testaferros, que describe en detalle la sucesión de eventos del 30 de abril, los reales mal habidos de Gorrín y la corrupción de los actores de este montaje tuvieron mucho que ver con el arreglo de marras con el régimen y sus actores de la oposición. Esto no hace más que reafirmar la complicidad que hemos denunciado muchas veces de ambas partes con la tiranía y explica en mucho la razón por la cual no hemos salido de ella, al cuidar ambas partes intereses que les son comunes. Si ese movimiento del 30 de abril hubiera tenido éxito, los intereses de todos quedan a salvo, manteniéndose el mismo alto mando de Padrino y TSJ de Moreno, quedando la «recuperación» de la democracia descansado en la corrupción de ambos factores. De hecho, se hubiera tratado de la Disneyland de la corrupción formalizada en cogobierno.

Esto también explicaría el porqué de la negativa persistente de los diputados al rechazar la cooperación del exterior para ponerle fin a la violación de los derechos humanos de los venezolanos. No lo quieren hacer porque una salida de raíz del régimen daría al traste también con los negocios de sus contrapartes de la oposición asociados a su sombra, poniendo en evidencia quiénes están y quiénes no están en todo lo que ha pasado en Venezuela en estos últimos 20 años.

Lo peor de todo esto es que muchos de los que deciden la aprobación del artículo 187 numeral 11 en la Asamblea Nacional son cómplices de esta lamentable situación. Incluso todos aquellos que debieran aceptar que estamos en un estado de emergencia que amerita la aplicación del principio de la Responsabilidad de Proteger al pueblo venezolano de las claras violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad cometidos por Nicolás Maduro Moros no lo hacen porque están escondiendo vinculaciones e intereses comunes con el régimen.

En este contexto, los venezolanos necesitamos que quien esté al frente de la lucha opositora sea alguien completamente desligado de toda esa basura, y al momento de una muy posible intervención humanitaria de la comunidad internacional, pueda gobernar una transición sin la macabra influencia de quienes han prevaricado con el dinero de la nación, acompañado de venezolanos de la talla que buscábamos cuando intentamos el recurso para la designación de un gobierno desde el TSJ legítimo en el exilio.

Ante la posibilidad cierta que ocurra de una intervención humanitaria del país por la legítima solicitud de los venezolanos de exigir la Responsabilidad de Proteger al mundo, el diputado presidente de la Asamblea Nacional y Presidente Encargado Juan Guaidó tiene, después del fallido intento del 30 de abril, la obligación de separarse definitivamente de los factores indeseables descritos anteriormente -así sean de su mismo partido- y actuar independientemente, para conducir una transición de una manera transparente.

Esto es algo que los venezolanos exigimos luego de ver ese espectáculo ofrecido el 30 de abril, cuando se pretendía poner al frente de la recuperación del país precisamente a quienes lo han destruido. En una nueva oportunidad, sería muy grave otro intento de una «Operación Libertad» que no traiga consigo la liberación y sometimiento de aquellos que han asesinado, torturado y violado los derechos humanos de los venezolanos, entregando las riquezas de nuestro territorio en detrimento del pueblo. Ojalá el Presidente Encargado la aproveche, porque el país así se lo está exigiendo y posiblemente no tenga otra.

¿Traición a la patria? – Editorial El Nacional – 9 de Mayo 2019

Una de las formas de atacar, sin posibilidad de discusión, las acusaciones por traición a la patria a las cuales acude la usurpación para coartar la acción de un grupo de diputados de oposición consiste en detenerse en su origen espurio. Un TSJ carente de legitimidad, escogido de prisa por los voceros del régimen como escudo de protección, sin atenerse a las normas  que privan en una selección que se debe caracterizar por la pulcritud, basta para descalificar lo que dispongan sus miembros en materia política. Un supuesto parlamento, llamado constituyente y salido de un proceso electoral amañado y ventajista, sin vínculos  con la voluntad popular, carece de autoridad y de respetabilidad para apoyar las decisiones de una magistratura legalmente inexistente.

Durante el gomecismo se estableció una ajustada sinonimia entre la virtud del patriotismo y la figura del tirano. La división entre los bendecidos y los aborrecidos por el régimen dependía de su entrega a la figura del “hombre fuerte y bueno” que regía los destinos de la sociedad por mandato de las leyes sociales. Una campaña de los intelectuales más famosos y de la prensa de gran circulación, se encargó de asegurar que la patria era Gómez y que Gómez era la patria, para que los venezolanos supieran a qué atenerse.

Una traducción tendenciosa y malévola, un deleznable vínculo  hecho desde la cúpula durante 27 años, que no solo conducía a la execración de los disidentes, sino  también a que fueran condenados a terribles penas. Miles de venezolanos, metidos a la fuerza en la casilla de la antipatria, pagaron severas condenas en las cárceles, fueron víctimas de crueles torturas o asesinados sin fórmula de juicio. Su delito fue oponerse a una de las satrapías más ignominiosas de América, pero, como Gómez dijo que eran “malos hijos de la patria”, padecieron penalidades infinitas y vergonzosas.

¿Quién determina hoy qué es la patria y quiénes son los antipatriotas? Maduro es la patria, como lo fue antes Chávez, y sus adversarios, como se oponen a ellos y a lo que representan, son acusados del delito de “traición a la patria”. El PSUV es la voz de la patria, y, valiéndose de las instituciones espurias que son sus servidoras obedientes, ha creado un infierno en cuyas candelas deben arder los “malos hijos de la patria” sobre cuya existencia se tuvo la primera noticia en Venezuela debido a una expresión de un ominoso dictador, del bagre criminal que se impuso a sangre y fuego sobre la sociedad.

El problema del delito de traición a la patria no es solo lo ilegal de su procedencia, que es descomunal como se planteó al principio, sino el camino expedito que abre para cometer injusticias y hasta crímenes que no admite  la sociabilidad civilizada, que no caben en el programa de una república que muchas luchas ha realizado para librarse de la ignominia de las satrapías, de los atropellos de los mandones que ni siquiera tienen ideas en la cabeza para sostener su continuismo.

El régimen de Maduro detiene al vicepresidente del Parlamento de Venezuela por Francesco Manetto – El País – 9 de Mayo 2019

Édgar Zambrano ha sido arrestado por agentes del servicio secreto, después de perder la inmunidad por su apoyo al plan de Guaidó

Guaido habla sobre la detención de Édgar Zambrano en directo. REUTERS

Agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) han detenido este miércoles en Caracas al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Édgar Zambrano. El dirigente opositor fue despojado la semana pasada de inmunidad parlamentaria tras apoyar el plan frustrado con el que Juan Guaidó, líder del Parlamento reconocido como mandatario interino por más de 50 países, liberó a Leopoldo López y trató de provocar una fractura en el estamento militar.

@edgarzambranoad

Fuimos sorprendidos por el SEBIN, al negarnos salir de nuestro vehículo, utilizaron una grúa para trasladarnos de manera forzosa directamente al Helicoide. Los demócratas nos mantenemos en pie de lucha.

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Caracas pidió la liberación del vicepresidente del Parlamento y aseguró que si esto no se produce, “habrá consecuencias”.  “La detención arbitraria del diputado Édgar Zambrano por las fuerzas de seguridad opresoras de Maduro en Venezuela es ilegal e inexcusable. Maduro y sus cómplices son los responsables directos de la seguridad de Zambrano”, detalló la embajada.

El arresto se produce después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el chavismo, acusara a una decena de diputados de traición a la patria. Todos ellos, al igual que Guaidó, han perdido su inmunidad y Zambrano fue la primera víctima de esta contraofensiva.  El presidente de la Corte, Maikel Moreno es precisamente uno de los altos cargos chavistas que, junto con el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, el comandante de la Guardia Presidencial, Iván Fernández Dala, y el titular de Interior, Néstor Reverol, distintas fuentes involucraron en el plan que pretendía provocar una ruptura del estamento militar

Horas antes, Moreno había cargado en un comunicado contra la que considera una injerencia de Estados Unidos y su vicepresidente, Mike Pence, en la política venezolana y en el trabajo del Supremo. “Se ha formulado una nueva amenaza unilateral al poder judicial venezolano, específicamente a este Tribunal Supremo de Justicia, el cual está integrado por 32 magistrados y magistradas. En este sentido, denunciamos ante el país y la comunidad internacional que los Estados Unidos de América intentan con este ultimátum que el poder judicial venezolano se ponga al margen de la democracia y propicie un golpe de Estado”, manifestó en referencia a la presión ejercida por la Administración de Donald Trump.

El contexto de tensión geopolítica en el que el Gobierno y la oposición toman sus decisiones es evidente. El propio Maduro se empleó en una alocución retransmitida por televisión en arremeter contra Washington y las autoridades de la vecina Colombia. “Hay una escalada de declaraciones que pudieran terminar en una escalada militar en la frontera de estas fuerzas criminales de Colombia contra Venezuela. Todo es parte del plan del imperialismo norteamericano”, dijo. “He mandado a tomar medidas especiales de precaución en la frontera. Máxima alerta”.

Guaidó repudió lo sucedido con un llamamiento a la comunidad internacional que apoya su plan, denominado operación libertad, que pretende desalojar a Maduro del poder, iniciar un proceso de transición y acabar con una convocatoria de elecciones. “Alertamos al pueblo de Venezuela y la comunidad internacional: el régimen secuestró al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Édgar Zambrano. Intentan desintegrar el poder que representa a todos los venezolanos, pero no lo van a lograr”, avisó.

La oposición no acata formalmente las medidas judiciales adoptadas por el Supremo porque no reconoce la legitimidad de ese tribunal. No obstante, esta detención demuestra que el Gobierno y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) siguen manteniendo el control de los resortes del Estado.

Funcionarios del SEBIN se llevan al diputado Edgar Zambrano – CNN en Español – 8 de Mayo 2019

El Supremo venezolano acusa a diputados antichavistas de “traición a la patria” porFrancesco Manetto – El País – 8 de Mayo 2019

La justicia del régimen remite el caso a los tribunales ordinarios. Tensión en la Asamblea Nacional, rodeada por la Guardia Nacional

En foto, Guardia Nacional Bolivariana bloquea el ingreso a la Asamblea Nacional. En vídeo, el Presidente de la Asamblea habla sobre la decisión del Supremo.

El régimen chavista ha puesto en marcha la maquinaria para tratar de cercar a la oposición cuando se cumple una semana de la acción que llevó a la liberación de Leopoldo López. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela acusó este martes a seis diputados de siete delitos relacionados con su participación en la denominada Operación Libertad que busca desalojar a Nicolás Maduro del poder.Entre ellos figuran Henry Ramos Allup, Luis Florido y Américo De Grazia, que según la sentencia, anunciada a través de un comunicado, deberán enfrentarse a la justicia penal ordinaria, despojándoles así de su aforamiento. Inicialmente la sala involucró también al exparlamentario Andrés Velásquez, aunque más tarde rectificó su escrito. Horas después del fallo, la Asamblea Nacional Constituyente, el poder legislativo oficialista, despojó de inmunidad parlamentaria a los acusados.

Tras una semana de incertidumbre, en un país con el poder institucional partido en dos, los engranajes chavistas del Estado se han activado para contrarrestar la hoja de ruta de Guaidó, que está decidido a seguir con su propósito de pilotar una transición que desemboque en una convocatoria de elecciones. En los últimos días el presidente del Parlamento, reconocido como mandatario legítimo por más de 50 de países, ha llamado a la huelga general y ha convocado nuevas movilizaciones. El escaso seguimiento de algunas acciones como el despliegue de sus seguidores en las bases militares se debe también al temor a los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que de momento han dejado al menos cinco muertos y decenas de heridos.

Un clima de tensión presidió la mañana de este martes la sesión de la Asamblea Nacional. El Gobierno relevó a los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana asignados a la Cámara por la implicación de algunos en la liberación de López. Los nuevos agentes rodearon las instalaciones y cortaron el paso a los medios de comunicación alegando motivos de seguridad. Algunos colectivos, grupos armados vinculados al chavismo, se acercaron al Parlamento para amedrentar a los diputados. Guaidó logró entrar y se reunió con una delegación de embajadores europeos.

A pesar de lo sucedido, el presidente del poder legislativo incidió en su intento de quebrar a las fuerzas armada. “Este Parlamento ofrece las soluciones que no puede generar Maduro. La Fuerza Armada muestra abiertamente sus descontentos con lo que está pasando”, aseguró durante la sesión. La institución rechazó la decisión del TSJ, al que considera ilegítimo. “Ante amenazas en contra de la Asamblea Nacional y sus diputados, alertamos a Venezuela y al mundo a estar activos y atentos a próximas acciones que tomaremos en defensa de nuestra libertad. ¡Seguimos unidos y movilizados!”, proclamó.

SIN SANCIONES POR APARTARSE DE MADURO

El vicepresidente de EE UU, Mike Pence, anunció ayer la retirada de las sanciones contra el general venezolano Manuel Cristopher Figuera, exjefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) que la semana pasada retiró su apoyo a Nicolás Maduro. “Esperamos que esto anime a otros a seguir el ejemplo del general Cristopher Figuera y otros miembros de las Fuerzas Armadas”, señaló Pence en un discurso preparado para una conferencia en el Departamento de Estado. Figuera afirmó la semana pasada que decidió retirar su apoyo a Maduro tras descubrir que “muchas personas de su confianza estaban negociando a sus espaldas” por “sus propios y mezquinos intereses”. / REUTERS

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