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El Supremo venezolano considera el tribunal ‘paralelo’ un “golpe judicial” – El Español – 13 de Octubre 2017

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El organismo paralelo estará compuesto por 33 magistrados nombrados por el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, y trabajará desde la OEA, Washington y Colombia.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela calificó este viernes de “golpe judicial” la instalación de una corte paralela a este órgano en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), que estará compuesta por magistrados nombrados por el Parlamento venezolano, de mayoría opositora.

“Condenamos firmemente este intento de golpe judicial y nos mantendremos firmes en la defensa de la Soberanía y de nuestras instituciones”, dice un comunicado del Supremo venezolano firmado por su presidente, Maikel Moreno.

La Asamblea Nacional de Venezuela (Parlamento) designó en julio a 33 magistrados para el TSJ con la idea de que reemplazaran a otros tantos jueces en ejercicio de esa instancia al considerar que están al servicio del Gobierno y que fueron nombrados con graves irregularidades.

El Supremo opositor celebró este viernes su primera sesión de trabajo en la sede del organismo continental en Washington, y la semana próxima hará otra reunión en Colombia, en un lugar por determinar.

El Supremo venezolano anunció que revisará “con profundidad las relaciones y el principio de reciprocidad con las naciones que intenten legitimar la acción criminal e ilegal de un grupo de usurpadores que pretenden promover acciones golpistas e intervencionistas en contra de la justicia venezolana”.

El TSJ pide a los países del mundo rechazar “estas acciones conspirativas, que dan pie a la anarquía en la delicada práctica del derecho internacional”.

“Cualquier tipo de legitimación por alguna nación en reconocimiento de ese grupo usurpador, sólo traerá consecuencias negativas a los procedimientos en materia penal, tratados internacionales, acuerdos mutuos en materia judicial, convenios multilaterales”, prosigue el comunicado oficial.

Derechos humanos, el tema principal

En la rueda de prensa de presentación, Miguel Ángel Martín, presidente del Supremo opositor dejó claro que el objetivo fundamental son “los derechos humanos” y, en concreto, “la apertura de un canal humanitario”, aunque no precisó si trabajarán con algún organismo internacional al respecto.

“Los magistrados (del Supremo opositor) tienen la fundamental tarea de dar sentido a la Justicia nuevamente en el país, una Justicia que ha sido esquiva para los venezolanos, inexistente para los venezolanos, definitivamente atropellada por los abusos y arbitrariedades del régimen”, dijo el secretario general del organismo, Luis Almagro.

Inquisidores trás los verdugos por Tulio Alvarez – Infocifras.org – 2 de Octubre 2017

tulio-a500.jpgLes pregunto: ¿Qué legitimidad tenía el Juez español Garzón para ordenar la captura internacional del General Augusto Pinochet por supuestos crímenes que no ocurrieron en territorio español? La respuesta a esta interrogante tiene absoluta vigencia ante la reciente instalación en la ciudad de Washington de un alto tribunal de Justicia, auspiciado por la Organización de Estados Americanos, conformado por los ciudadanos venezolanos designados por la Asamblea Nacional en el mes de julio de 2017.

Mi interés aquí no está en analizar jurídicamente la legitimidad o no de un tribunal que se constituya en tales circunstancias, lo cual ha comenzado a ser un interesante tema que se inscribe en la filosofía del derecho y en las materias propias del Derecho Constitucional. En realidad, me interesa más escarbar en la justificación y efectos políticos de medida tan innovadora; y el respaldo tan atrevido que le ha dado el Secretario General del organismo regional. Esto me da la ventaja de no colocarme en los extremos y eludir debates estériles. Además, estoy convencido de que el aspecto jurídico es un elemento secundario, por decir lo menos, en aquellos que ejecutan tal estrategia.

La valoración de la acción apadrinada por Almagro podría ser considerada descabellada, sin base, un teatro más para ocultar un desastre singular, hasta irrelevante. Calificaciones que se asimilan a aquellas utilizadas en variados escenarios del pasado en los que se constituyeron gobiernos o estructuras representativas de factores de resistencia política en el exilio. Unas quedaron en testimonios históricos pero otras se convirtieron en plataformas de lucha.

Por ejemplo, uno de mis personajes históricos dilectos, me refiero al General Charles de Gaulle, huyó de Francia y constituyó un gobierno francés en el exilio para hacer contrapeso al nazismo. En realidad, el Gouvernement de la France Libre era el mismo y un ayudante, en su principio. Se valió de la BBC para realizar su appel du 18 juin, llamando a todos los franceses a enfrentar el totalitarismo. Utilizó el respaldo de Winston Churchill, con él cual estaba unido por una profunda y mutua antipatía. Sumo respaldos y, al final, entró a una París liberada no como general sino como jefe del gobierno provisional. Sus armas: Fuerza de voluntad, vocación unitaria en tiempo de guerra y respaldo internacional de algunos Estados que reconocieron su status por pura conveniencia.

Lo cierto del caso es que después del 30-J y la respuesta alambicada que nos llevó a la desarticulación y la nada, la comunidad internacional en general, Almagro en particular, quedaron movidos. Como sostener la tesis de una dictadura brutal, fraudulenta y opresiva si, en lo interno, las señales objetivas estaban en orden a la adecuación progresiva del status político en el mejor estilo de Vichy. Pues la respuesta que ha dado en lo político es contundente; si en Venezuela no designaron un gobierno con quién entender una factible transición, entonces se constituye en el exilio un Tribunal de Justicia debidamente apoyado por el legítimo órgano de soberanía nacional, al tiempo que se reconoce la entidad de la Fiscal General de la República, la cual a su vez es respaldada por sus pares de todo el continente.

Bien por Almagro al retomar la crítica imagen internacional pero, ¿basta con tal performance? ¿Cuál es la competencia para que no se crucen los brazos las damas y caballeros en las oficinas de la OEA? Lo que sucedió en Washington no tiene precedente sino en tiempos de guerra. Supuestamente carente de competencias y ámbito de acción, el resultado final estará sujeto a las decisiones adecuadas a la crisis. E imagino que allá están vividos en lanzar los dardos dónde corresponde; mientras que aquí, el régimen de maduro y los factores económicos que lo apoyan, están seriamente concentrados en neutralizar lo que viene. Pero, insisto en preguntar, ¿qué es lo que debería venir?

Simplemente, la activación de una jurisdicción universal en temas tan álgidos como el de derechos humanos. Con la legitimidad de origen que le dio la Asamblea Nacional, el respaldo y adscripción de la ONU y OEA, además del reconocimiento de las democracias del Continente y la Unión Europea, previa definición reglamentario del ámbito de sus actuaciones, un cuerpo de esta naturaleza le puede crear un tremendo conflicto al régimen de Maduro si se constituye en un órgano: a) Que canaliza las denuncias sobre la violación de derechos humanos en Venezuela o de ciudadanos venezolanos en el extranjero activando los mecanismos de protección previstos en los tratados internacionales de derechos humanos; b) Que se activa en el conocimiento de los crímenes vinculados a la corrupción y lavado de dinero, ejecutados por funcionarios o autoridades venezolanas y sus colaboradores, auxiliado por la Fiscal General en el exilio; c) Que entra a conocer la constitucionalidad de los contratos de interés nacional celebrados por el régimen irrespetando procedimientos y mecanismos de control establecidos en la Constitución; y d) Asume la activa inquisición ante organismos e instituciones de los Estados, bajo los parámetros de colaboración internacional, con el objetivo de establecer los vínculos transnacionales de los delitos económicos cometidos contra el pueblo de Venezuela.

Si el organismo instalado en Washington tiene reconocimiento internacional las consecuencias son inmediatas y graves. Pueden hacer requerimientos de información a los Estados, pueden librar orden Internacional de detención ante las autoridades judiciales de otros países, pueden alertar a los miembros de la comunidad internacional sobre las irregularidades de contratos internacionales no validables; en fin, pueden aprovechar todos los mecanismos consagrados en los instrumentos diseñados para la lucha contra el terrorismo, narcotráfico, legitimación de capitales y , en general, delitos económicos transnacionales. Los tratados y el principio de colaboración internacional son suficientes para cumplir tales cometidos.

Imaginen el caso Odebretch. La información está en las fiscalías de todos los países que fueron víctimas de depredación. Se puede requerir y con seguridad la van a dar. Los perpetradores han declarado como se canalizó la corrupción en Venezuela. La determinación de responsabilidad pasa por librar orden Internacional de detención contra los investigados. Al tramitarse y producirse una eventual detención, el afectado seguramente acudirá ante los altos tribunales de los países que ejecuten la orden, alegando la irregularidad del proceso y la falta de jurisdicción del tribunal que libró la orden. Pero, ¿cómo podría establecerse la ilegitimidad; si la cancillería de ese país se ha pronunciado sobre la situación de ruptura del orden constitucional en nuestro país y comparte el criterio que avala a la Asamblea Nacional como legítimo cuerpo representativo del pueblo venezolano? Difícil cuestión, pero mientras tanto tienen los sesenta (60) días de detención provisional que en promedio establecen los tratados. Suficiente para crear angustia.

La ejecución del proceso implicaría poner al detenido ante el alto tribunal en Washington y el gobierno de los Estados Unidos, que presta su anuencia cuando quiere, tendría que poner a disposición del tribunal un establecimiento de detención federal mientras se desarrolla el proceso. Lo interesante es que hemos llegado a un punto en que las acciones van por la libre, ¿quién iba a pensar hace pocos días que los perseguidos iban a encontrar refugio y reconocimiento formal bajo el patrocinio de la OEA? ¿Quién puede pensar que es un acto producto de una acción irreflexiva que no midió las consecuencias o no realizó las consultas del caso?

Si existe la voluntad política todo se puede, más si hay respaldo de la comunidad internacional y se aplica la jurisdicción universal. De Gaulle no dudó a la hora de actuar. No era constitucionalista, ni siquiera abogado, pero tenía una aguda perspicacia política a pesar de ser militar. Lo único que les puedo decir es que este mundo cada día es más pequeño para los hijos de la corrupción. Y yo tengo la certeza que, al igual que lo dijo en su corta alocución el héroe francés, los mismos medios que nos han vencido pueden darnos un día la victoria. Y está a la vuelta de a esquina.

 

 

TSJ designado por la AN tomará posesión ante la OEA por Luis Pico – El Nacional – 27 de Septiembre 2017

Los juristas gozan del reconocimiento del Parlamento Europeo, que a su vez desconoce a la ANC ilegítima, de unanimidad chavista

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Aunque el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designado por la Asamblea Nacional (AN) todavía no pudo instalarse en su sede ni emitir sentencias, su dinámica está a punto de dar un giro de 180 grados.

El Poder Judicial tomará posesión oficialmente en las oficinas de la Organización de Estados Americanos (OEA) a partir del 13 de octubre, confirmó Pedro Troconis, miembro de la Sala de Casación Penal.

“Escogimos la OEA porque consideramos que es un organismo imparcial y con una cantidad de Estados considerable”, explicó Troconis en declaraciones exclusivas para El Nacional Web.

Agregó que la decisión se tomó el 17 de septiembre, luego de que los magistrados sostuvieran un debate y designaran a Miguel Ángel Martín, integrante de la Sala Constitucional, como presidente del TSJ.

“Podremos emitir acuerdos (pronunciamientos) para dirigirnos a gobiernos y autoridades para que se hagan investigaciones contra funcionarios que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, narcotráfico o legitimación de capitales”, adelantó.

Se espera que al momento de la instalación estén presentes los juristas que se encuentran exiliados en Estados Unidos, Colombia, Chile y Europa, con los que tendrían el quórum suficiente para llevar a cabo el procedimiento.

El 21 de julio la AN designó y juramentó a los integrantes del Poder Judicial, que previamente se sometieron ante un Comité de Postulaciones. Sin embargo, apenas horas después del acto, el gobierno de Nicolás Maduro los desconoció y acusó de usurpar funciones del Poder Judicial.

Algunos juristas se refugiaron en las embajadas de Chile y México, mientras que otros optaron por el exilio.

Distinta fue la suerte de Ángel Zerpa, miembro de la Sala Político Administrativa, que fue apresado por agentes de inteligencia el 22 de julio, para posteriormente ser apresado en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas.

Luego de más de 20 días en huelga de hambre, fue liberado con medidas cautelares, aunque todavía se halla inmerso en un proceso judicial.

Con reconocimiento internacional

El TSJ designado por la AN no solo cuenta con el reconocimiento de la OEA, donde se instalará, sino también del Parlamento Europeo. Miguel Ángel Martín, presidente del Poder Judicial, lo oficializó esta semana luego de haberse reunido con parlamentarios europeos, confirmó Troconis para El Nacional Web.

En contraparte, la asamblea nacional constituyente ilegítima, de unanimidad chavista, fue desconocida por el Europarlamento, países de la OEA, Mercosur, Estados Unidos, Colombia, entre otros.

 

Invitación instalación TSJ – Septiembre 2017

Magistrado Calleja: Con TSJ constituido en el exilio lucharemos sin tegua por DDHH en Venezuela – Noticias Venezuela – 23 de Septiembre 2017

A dos meses de su salida forzosa de Venezuela y tras desarrollar un intensa
agenda internacional, los magistrados de del Tribunal Supremo de Justicia
nombrados y juramentados por la Asamblea Nacional, constituyeron una Corte
Suprema de Justicia en el exilio.

Gabriel Calleja, integrante de este inédito Tribunal, que tendrá plenas
competencias en Venezuela y fuera de ella, informó que el objetivo del mismo
es retomar el orden constitucional, defender la democracia y los derechos
humanos, entre otros.

“Trabajaremos incansablemente por rescatar el principio de la independencia
de los poderes públicos, en el especial, el Poder Judicial; también trabajaremos
con la justicia internacional para detener los actos hostiles que amenazan el
ejercicio democrático del poder del Estado”, explicó el magistrado.

El documento fundacional se suscribió simultáneamente en Estados Unidos,
Colombia y Chile, países que han brindado su apoyo, reconocimiento en
algunos casos, asilo.

“Desde que entregamos nuestras credenciales a la Asamblea Nacional para
que fueran evaluadas, comenzó la lucha por un cambio en Venezuela, y no la
hemos abandonado a pesar de la férrea persecución”.

Cabe recordar que el pasado 21 de julio los magistrados fueron nombrados por
el parlamento venezolano, como establece la Constitución; un día después de
su juramentación debieron huir del país ante las amenazas de juicio militar por
traición a la patria, proferidas por el Gobierno de Nicolás Maduro.
Como Presidente del TSJ venezolano en el exilio fue electo Miguel Ángel
Martín; primer vicepresidente, Antonio Marval; y como segundo vicepresidente
a Rafael Ortega.

“Con este Tribunal Supremo de Justicia constituido en el exilio, los magistrados
emprenderemos una lucha sin tregua por la defensa de los derechos humanos
en Venezuela. No descansaremos ni un instante en esta batalla”, sentenció
Gabriel Calleja.

Informó que será en octubre cuando se realice la instalación formal de la corte
en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington.

 

Zair Mundaray desde la ONU: En Venezuela se premian las violaciones a los derechos humanos – NTN24 – 11 de Septiembre 2017

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Zair Mundaray, director de Actuación Procesal del Ministerio Público durante la gestión de la fiscal destituida por la Constituyente Luisa Ortega Díaz, aseguró este lunes que el gobierno de Venezuela premia a aquellos funcionarios cuya responsabilidad ha sido comprobada en sistemáticas violaciones a los derechos humanos.

Tal aseveración la realizó en el trigésimo sexto período de reuniones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el cual se lleva a cabo en la ciudad de Ginebra, Suiza, donde además explicó que luego que el Ministerio Público intentó imputar a diversos funcionarios militares de altos rangos, éstos fueron condecorados y promovidos a otros cargos de mayor relevancia y desde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) fueron protegidos con decisiones violatorias de la Constitución, según Nota de Prensa.

Uno de las casos al que hizo referencia fue el del Ex Comandante General de la Guardia Nacional, M/G Antonio Benavides Torres, quien fue citado en calidad de imputado por los fiscales, pero no asistió debido a que fue promovido a Jefe de Gobierno del Distrito Capital y desde el TSJ decidieron que tenía prerrogativas constitucionales para protegerlo de la acción de la justicia y dejar impune su conducta.

“Bajo el mando de Benavides Torres, la Guardia Nacional cometió sistemáticas violaciones de derechos humanos durante las protestas que ocurrieron recientemente en el país. Se disparaba contra manifestantes y se modificaban las municiones para incrementar su letalidad”, aseguró Mundaray.

Por otra parte, señaló que actualmente “en Venezuela no es posible la obtención de justicia” pues el Máximo Tribunal del país actúa bajo la subordinación del interés políticos de la Presidencia de la República.

Por tal razón, Mundaray informó que Ortega Díaz, trabaja de manera articulada con diversos organismos internacionales para lograr justicia ante los diversos delitos de corrupción y violación de derechos humanos en los que han incurrido las personas que detentan el poder en Venezuela.

Durante la reunión, el abogado también afirmó que Luisa Ortega Díaz tiene las pruebas suficientes para demostrar que en Venezuela existe una feroz persecución penal contra la disidencia política, la cual es una de las graves consecuencias de la toma armada del Ministerio Público venezolano y la usurpación de funciones de una nueva directiva.

 

El Kremlin en Caracas por Moisés Naím/Andrew Weiss – El País – 11 de Septiembre 2017

Lo que ocurrió en Siria tras el apoyo de Putin a El Assad está ocurriendo en Venezuela
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Nicolás Maduro junto a la primera dama Cilia Flores. (derecha) y la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente Delcy Rodríguez.

Una operación violenta para reprimir a los ciudadanos que se manifiestan contra un presidente autocrático deja decenas de muertos. La represión empuja a más gente a la calle, lo cual desencadena una espiral de violencia y una acuciante crisis humanitaria. Un presidente de Estados Unidos afirma rotundamente que el brutal dictador debe irse. La Unión Europea está de acuerdo, pero ninguna gran potencia tiene ganas de llevar a cabo una intervención militar directa. De pronto, como si surgiera de la nada, Vladímir Putin coloca a Rusia en medio de la crisis y garantiza la permanencia del dictador en el poder. El presidente estadounidense queda en ridículo por su ineficacia.

Por desgracia para el presidente Trump, esta situación, que ocurrió con Siria, está repitiéndose ahora con Venezuela.

A pesar de sus palabras beligerantes y sus nuevas sanciones contra Nicolás Maduro, el gobierno de Trump ha guardado un curioso silencio sobre el papel de Rusia, tal vez porque prefiere no llamar la atención sobre el hecho de que Moscú se ha convertido en el prestamista de último recurso del país latinoamericano en plena bancarrota.
Moscú se ha convertido en el prestamista de último recurso de Venezuela en plena bancarrota

A primera vista, puede parece extraño que Rusia intervenga en un país tan alejado de sus fronteras y que da la impresión de estar precipitándose hacia la ruina total. Pero los lazos de amistad entre Rusia y Venezuela vienen de atrás, del primer viaje del difunto presidente Hugo Chávez a Moscú en mayo de 2001. Después regresó 10 veces, antes de morir de cáncer en 2013. En ese periodo, Venezuela llegó a ser uno de los mejores clientes mundiales de la industria armamentística rusa. Entre 2001 y 2011, le compró armas por valor de 11.000 millones de dólares.

A medida que empeoraba su situación económica, la compra de armas disminuyó de volumen y los intercambios comerciales pasaron a centrarse de las armas a la energía. Al principio, los contratos estaban garantizados, en su mayoría, por las ventas de petróleo venezolano. Pero los acuerdos comerciales fueron volviéndose más complejos cuando los rusos empezaron a exigir más activos materiales como garantía. Caracas accedió, y las empresas rusas a través de las que se realizaban los contratos obtuvieron acciones de las compañías petrolíferas e incluso el derecho a explotar yacimientos enteros en Venezuela.

Si bien la relación entre Rusia y Venezuela ha sido siempre esencialmente económica, la política, tanto nacional como internacional, nunca ha estado lejos. La decisión del gobierno venezolano de neutralizar a la Asamblea Nacional democráticamente elegida, que desató una escalada de las protestas callejeras de la oposición en los últimos meses, se debió precisamente a la necesidad de obtener un préstamo de Rusia.

La Asamblea Nacional es la única palanca de poder que no controla Maduro. La ley establece que todos los créditos internacionales y todas las ventas de los activos nacionales deben someterse a su aprobación. Los líderes opositores que están al frente de la Asamblea son totalmente contrarios a los acuerdos que estaba ofreciendo el gobierno a empresas extranjeras, en particular a Rosneft, el gigante energético ruso propiedad del Estado. El gobierno, muy necesitado de dinero, decidió eludir el trámite e hizo que el Tribunal Supremo, un órgano que sí controla, emitiera un fallo por el que se hacía con la autoridad de la Asamblea Nacional, incluida la potestad de aprobar las nuevas transferencias de activos a entidades rusas.

Hoy, el gobierno de Maduro está haciendo todo lo que puede para pagar los 5.000 millones de dólares de deuda exterior que vencen en los próximos 12 meses. Con las sanciones recién anunciadas por Estados Unidos, la empresa nacional de petróleos, PDVSA, principal fuente de divisas, ha perdido la capacidad de pedir préstamos a los bancos estadounidenses o europeos para poder pagar o refinanciar la mayor parte de esa deuda.

En esas circunstancias, resulta especialmente importante que Rosneft prestara a PDVSA en abril más de mil millones de dólares; en total, los préstamos y créditos concedidos por Rusia a Venezuela en los últimos años ascienden a más de 5.000 millones de dólares.

Putin no dejará pasar la oportunidad de ejercer su influencia en el patio trasero de EEUU y, de paso, de conseguir buenas fuentes de ingresos

Además, Moscú ha ofrecido apoyo político. El ruso fue uno de los pocos gobiernos extranjeros que aprobó la reciente disolución de la Asamblea Nacional, y los máximos diplomáticos rusos, como el ministro de Exteriores, Serguei Lavrov, acusan de forma habitual a Estados Unidos de ser la mano oculta que alimenta la crisis venezolana. Sin embargo, la ayuda del Kremlin no es barata. Según se dice, PDVSA está en negociaciones para vender a Rosneft acciones en otros lucrativos proyectos de gas y petróleo a un precio muy bajo. Y Rosneft ha arrebatado a la petrolera venezolana la rentable tarea de comercializar el crudo entre sus clientes de Estados Unidos, Asia y otros lugares.

Después de los éxitos logrados por Putin en sus hazañas de aventurerismo geopolítico, la gran pregunta es si está pensando en intervenir también en Venezuela. Como inveterado oportunista que es, tiene que ser consciente de que las palabras recientes de Donald Trump sobre las posibles opciones militares para resolver la crisis venezolana no eran más que vanas amenazas. En las agitadas calles de Caracas, también está cada vez más claro que el régimen controla la situación y que no parece que vaya a caer a corto plazo.

Lo que no sabemos es si el Kremlin podrá permitirse los costes económicos y políticos de mantener a Maduro en el poder. Pero nos sorprendería que Putin deje pasar la oportunidad de ejercer su influencia en el patio trasero de Estados Unidos y, de paso, conseguir buenas fuentes de ingresos. En Siria, Putin dio la vuelta a una guerra civil caótica e impidió que Estados Unidos lograra su objetivo de cambiar el régimen.

Tal vez dejar al descubierto la vaciedad de la pomposa política exterior del gobierno de Trump en Venezuela sea, por sí solo, suficiente recompensa.

 

Situación alcaldes Venezuela – Agosto 2017

Colombia concede refugio a seis magistrados venezolanos por Sally Palomino – El País – 27 de Agosto 2017

Esta condición les permite moverse libremente por Bogotá y acceder a los beneficios de seguridad social
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En Colombia, la crisis de Venezuela se ha convertido en un tema del que se habla todos los días. Desde la semana pasada cuando la fiscal Luisa Ortega aterrizó en el país luego de un periplo que empezó cuando salió de Paraguaná en lancha hasta Aruba, el régimen de Nicolás Maduro ha señalado a Bogotá como el epicentro de una “conspiración” en su contra. La tensión aumentó con el ofrecimiento de asilo que Juan Manuel Santos le hizo a Ortega el fin de semana pasado. Mientras la fiscal rebelde permanece en el territorio nacional, pero es incierto si aceptará quedarse en este país, el gobierno colombiano concedió refugio por 30 días a seis de los 33 magistrados juramentados en julio por el Parlamento de Venezuela y que huyeron después de que Maduro ordenó su detención.

“Ayer nos otorgaron el refugio”, dijo este sábado a la agencia EFE el magistrado Rafael Ortega. Además de él, recibieron este beneficio sus colegas José Luis Rodríguez Piña, Rubén Carrillo, Gonzalo Oliveros, Gonzalo Álvarez y Evelyn D’Apollo. Ortega explicó que Colombia acogió con esta medida a su esposa y sus dos hijos, así como a la esposa de otro magistrado.

La condición de refugiados les permite moverse libremente por Bogotá y acceder a los beneficios de seguridad social. “No sé cómo lo tomará el gobierno venezolano, lo cierto es que el gobierno colombiano actúa según el derecho internacional cuando se trata de perseguidos políticos”, razonó el magistrado Ortega. Él, su esposa y sus hijos llegaron a comienzo de agosto a Cúcuta, capital del fronterizo departamento de Norte de Santander, y de allí viajaron a Bogotá.

El pasado 21 de julio, la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, juramentó a 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia para sustituir a los que considera “ilegítimos”, después de que en diciembre de 2015 la mayoría chavista en el Legislativo designó a decenas de jueces. Un día después de jurar el cargo, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) detuvo al magistrado Ángel Zerpa. Era el inicio de una persecución contra los 33 juristas. Desde que el presidente venezolano amenazó con llevarlos presos y congelarles sus bienes y sus cuentas bancarias, los magistrados buscan protección internacional. El miércoles anterior el gobierno chileno le otorgó asilo a cinco de ellos. En la embajada de Panamá y de México en Caracas se refugian otros a la espera de alguna decisión que les permita salir de Venezuela.

 

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