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Comunicado Tribunal Supremo de Justicia – 3 de Diciembre 2019

David Sosa: “No vamos a ceder al chantaje” por Hugo Prieto – ProDaVinci – 3 de Noviembre 2019

David Sosa: “No vamos a ceder al chantaje”La sentencia 0324 del Tribunal Supremo de Justicia le pone fecha de caducidad a la autonomía universitaria: 28 de febrero de 2020. Marca, además, “la intervención, la liquidación de la universidad”, dice David Sosa, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y estudiante del tercer semestre de la Escuela de Ciencias Políticas.

Ese día finaliza el lapso que el TSJ estableció para que se realice la elección de autoridades, no ya según las pautas dispuestas en la ley de universidades y la Constitución Nacional, sino en lo que se ordena, como en el mundo militar, en esa sentencia. “En este momento se están dando las discusiones para que la comunidad universitaria, todos sus integrantes —profesores, estudiantes, empleados y obreros— le demos una respuesta al régimen”, dice Sosa. “Si las medidas del régimen son ilegales, nuestra respuesta tiene que ser legal”. El conflicto asoma a la vuelta de la esquina.

¿En qué estado se encuentra la Universidad Central de Venezuela?

Probablemente la universidad atraviesa por una de sus más grandes crisis. Ha habido momentos en que fue cerrada, bajo los gobiernos de Guzmán Blanco o Juan Vicente Gómez, momentos en que fue allanada (Rafael Caldera). Pero actualmente, su infraestructura, por ejemplo, se encuentra deteriorada como nunca antes se había visto en el campus universitario, lo que afecta, incluso, su patrimonio cultural. Las condiciones laborales de empleados y profesores, cuyos sueldos y salarios son de miserias, empeoran cada vez más. Las condiciones de los estudiantes están en el piso. El comedor cerrado, vandalizado por el hampa en varias ocasiones. Sólo algunas rutas de transporte funcionan, por problemas de mantenimiento de las unidades. Tenemos becas de 720 bolívares que no alcanzan ni para dos fotocopias. Esa es la universidad que a mi generación le ha tocado vivir.

La Ciudad Universitaria fue declarada Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la Humanidad, por la Unesco. ¿Esta organización de Naciones Unidas se ha pronunciado sobre el deterioro de su infraestructura y de las obras de arte? ¿La universidad cumple con las pautas que la Unesco ha establecido?

Hasta el momento, y con mucho esfuerzo, se ha hecho el mínimo necesario para mantener el complejo de la Ciudad Universitaria reconocido por la Unesco como patrimonio cultural de la humanidad. Cada vez se hace más cuesta arriba, más difícil. La universidad ha tenido que hacer alianzas, convenios, con empresas privadas, mediante los cuales la universidad presta algunos servicios y esas empresas aportan recursos para mantener ciertos espacios. Recientemente, a través de esta figura, se recuperaron ciertos camerinos y la iluminación en el Aula Magna, de acuerdo a los parámetros de la Copre. En ese sentido se ha podido mantener el estatus, pero como universidad y como país, en un contexto como este, podríamos perder ese reconocimiento.

Hay un malestar social en todo el mundo, no siempre damos con las razones de la protesta. Parece que la política perdió la brújula. No hay una conexión entre la política y la gente. ¿Eso se está viviendo en la universidad?

Ciertamente, es un momento de agitación. Pero hay una diferencia en la respuesta que dan los distintos gobiernos a las protestas y manifestaciones que se dan en determinados contextos. Hay gobiernos que escuchan a sus pueblos y dan una respuesta. Pero también hay gobiernos, dirigidos por irresponsables, que no escuchan ni ofrecen respuestas. Es el caso de Venezuela. A lo largo de 20 años se han realizado gestiones, se han introducido cartas, se han solicitado audiencias, se ha intentado el diálogo, en fin, se ha intentado todo tipo de métodos para que los que hoy nos gobiernan de forma ilegitima, respondan a las necesidades de la población. Sí, la gente no ve a los políticos como un interlocutor válido. Y eso genera un sentimiento anti político, al que no escapa la universidad.

La universidad era una especie de laboratorio de lo que ocurría en el país o todo lo que ocurría en el país se reflejaba en la universidad. Quizás ambas cosas. En ese sentido, la universidad hoy es un témpano a la deriva, porque no hay conexión con el gobierno del señor Maduro, ni con fuerzas de la oposición política que, además, no tienen capacidad ni para procesar ni para gestionar demandas. ¿Usted qué cree?

Creo que actualmente hay muchas demandas, muchas razones, que nos unen a los distintos sectores de la sociedad venezolana. Esas razones no son necesariamente de índole ideológico o de intereses políticos. Como representante de un movimiento social, lo digo con claridad: A nosotros lo que nos interesa es generar cambios de abajo hacia arriba, no la toma del poder. Ojalá hubiese actores, me refiero a los partidos políticos, que desde el poder hicieran las cosas distintas. Pero más allá del sector, organización o grupo al que usted pertenezca hay cosas que nos unen, que nos unen… ¡a todos! Esas razones son el hambre, la miseria, la corrupción, la represión, que todos estamos padeciendo. Esas razones son las que están llevando a la gestación de un movimiento, alrededor del cual se están congregando las distintas fuerzas sociales y políticas del país. A lo largo de este año, en Venezuela ha habido más de 10 mil protestas. ¿Por qué no se han traducido en la presión para que se produzcan los cambios que ellas demandan? Entre otras cosas, porque no están concentradas en un mismo momento, en un mismo espacio.

Esa desconexión entre las protestas y la política viene incluso antes del chavismo. Son protestas aisladas. Acaba de mencionar un número, más de 10 mil. ¿Qué tendría que pasar para que se dé esa conexión entre la política y la protesta? Digamos, para que la protesta encuentre masa crítica y sea no un foco sino un movimiento, un vehículo de cambio.

Lo que hace falta es la articulación política. Esas son protestas sociales, totalmente legítimas, protestas que son la expresión de los ciudadanos por falta de servicios, por falta de alimentos, de medicinas, por mejores condiciones laborales, por becas, por transporte, por un sinfín de necesidades y problemas. En este momento estamos gestando la articulación política para darle a ese malestar social un objetivo político. Puedo hablar por el movimiento estudiantil, entre otras cosas, porque lo hemos discutido y prácticamente hay un consenso entre todos los dirigentes estudiantiles a nivel nacional.

¿Cuál sería ese objetivo político?

El único objetivo político que puede traducirse, que puede alcanzar, una mejora de nuestras vidas, me refiero a mejoras de las condiciones laborales de nuestros trabajadores, de la infraestructura de la universidad y del bienestar estudiantil, es el cambio político en Venezuela. Que este país tenga la oportunidad de escoger libremente y que las mayorías decidan cuál sea el destino de nuestra nación. Oportunidad que hoy está totalmente secuestrada y restringida por una pequeña minoría, a través del uso de la fuerza, de la represión y del miedo. Solamente hace falta que esa pequeña minoría que detenta el poder del Estado salga de allí y permita una transición para que en Venezuela haya un proceso electoral justo y, en definitiva, el país pueda avanzar y tener a servidores públicos en los puestos de gobierno y que las universidad, realmente, pueda tener a un ministro que nos escuche. Hoy, eso no existe.

La dirigencia estudiantil tomó la iniciativa política en 2004, sus iniciativas y propuestas encontraron eco en los partidos políticos y en la sociedad. Incluso, varios de ellos fueron electos a la Asamblea Nacional y siendo diputados tuvieron que exiliarse. Ahí está el caso de Juan Requesens, secuestrado y torturado por la policía política. ¿Cómo se ubica David Sosa, digamos, generacionalmente y qué balance hace?

Si vamos a evaluar la acción del movimiento estudiantil, eso nos sitúa claramente en una línea histórica. ¿Qué ha significado el chavismo como proceso político? Ellos fueron acumulando poder. 2002, toma de PDVSA —el poder económico— que, a su vez, aportó recursos para corromper a las Fuerzas Armadas —toma del poder militar, del poder fáctico—, con el cual puedes controlar las instituciones, sin el riesgo de que alguien te detenga —toma del poder institucional—, empiezas a corromper al TSJ, a la AN, a los órganos de gobierno. Apruebas leyes, como la ley Resorte, para aplicar la censura y crear un poder mediático, un aparato de propaganda, cuando vienes a ver, te conviertes en un Hegemón político. Ese Hegemón muere y su sucesor, paulatinamente, va perdiendo cada vez más poder. Quebraron PDVSA, perdieron el respaldo internacional, se han dividido —Luisa Ortega Díaz, Cristopher Figuera, Rodríguez Torres, entre otros—, pierden instituciones del Estado como la Asamblea Nacional, único poder legítimo reconocido por las democracias del mundo. Hoy han devenido en una tiranía.

¿Pero cuál ha sido el papel que ha jugado el movimiento estudiantil?

Dentro de ese contexto jugamos un papel clave. En 2007, le infligimos su primera derrota electoral a Hugo Chávez y representamos la esperanza para muchas personas. En 2014, las protestas estudiantiles, que se iniciaron en Táchira, contribuyeron a quitarle la careta al régimen y en 2017 contribuimos para que perdieran el respaldo internacional. Es decir, la generación de la cual me toca ser dirigente estudiantil es producto de los aciertos y desaciertos de generaciones anteriores. Pareciera que en este momento tenemos muy claro el objetivo que nos unifique, que no es otro que el cambio político y un proceso de transición que culmine en unas elecciones, en las que podamos, todos los venezolanos, elegir el destino que queremos. Y muchísimas razones tenemos para unirnos, para no quedarnos en nuestras casas: Hambre, miseria y corrupción.

¿Qué crítica, que reproche, le haría a la clase política?, porque esa dirigencia estudiantil adscribió a los partidos políticos, algunos fueron electos a la Asamblea Nacional, institución del Estado que no ha sido precisamente asertiva en la conducción del proceso al que hace referencia.

La falta de unión, claramente la falta de unión. Yo le pido a la dirigencia política del país que se una, que las diferencias ideológicas, no pueden estar por encima. Que si usted, sea de derecha o de izquierda, pero cree y comparte los valores de la democracia, tal como la conocemos en Occidente —es decir, elecciones libres, separación de poderes, forma republicana de gobierno— usted es mi aliado para luchar contra la dictadura, para luchar contra la tiranía. Las diferencias ideológicas no pueden ser la razón que desuna a la oposición venezolana.

Usted ha dicho que le han pedido audiencias, que le han enviado petitorios, al ministro de Educación Superior.

No a un ministro en particular sino a los sopotocientos ministros que han desfilado por el gobierno en estos 20 años. En cada una de esas comunicaciones, lo que hemos pedido es respeto a la autonomía universitaria, a la autonomía administrativa, organizacional, pero también a la autonomía financiera. He ahí el mecanismo que ha utilizado el régimen para tratar de asfixiar y arrodillar a la universidad. Se supone que la Zona Rental, por ejemplo, debería producir una renta para la universidad. Se la han quitado. Hoy en día, lo que era un mercado Bicentenario, se convirtió en depósito del Sebin y de las fuerzas represivas del régimen. Si quienes diseñan las políticas públicas ven a la universidad como un enemigo, no nos dejan otra posibilidad que cambiarlos a ellos. Ya no creemos en un régimen que vaya a cambiar o dar un viraje. Durante 20 años nos han demostrado que eso no es posible.

En distintas oportunidades, el gobierno del señor Maduro ha tratado, digámoslo así, de poner en cintura a la universidad. Esas acciones, por lo general, se toman cuando las protestas pacíficas y legítimas de los ciudadanos decaen en las calles.

Ciertamente ellos aprovechan las vacaciones, en los que no hay afluencia estudiantil, que en sí misma es la principal fuerza de defensa de la universidad, para agredirla o violentarla. Precisamente, durante el más reciente período vacacional, el TSJ emitió la sentencia 0324, una sentencia ilegítima, anticonstitucional, porque ese tribunal no es quién para decirnos a nosotros cómo organizar nuestros procesos electorales.

Los estudiantes eligieron a sus representantes, pese a las disposiciones del TSJ.

Sí, pero son sentencias distintas.

¿Por qué los profesores no hicieron lo propio?

Precisamente la sentencia 0324 propició el debate sobre la necesidad de realizar elecciones. Pero no como lo dice el TSJ, sino como lo dice la ley de universidades y nuestra Constitución. Si las medidas del régimen son anticonstitucionales, nuestra respuesta debe ser constitucional; si las medidas del régimen son ilegales, nuestra respuesta debe ser legal. Si ellos se empecinan en seguir adelante, encontrarán la respuesta de la comunidad universitaria, movilizada en la defensa de su autonomía, en la defensa de sus procesos de elección de autoridades para que esta universidad siga siendo Academia; y que ello se convierta en un hito político para decirle al régimen que no tenemos miedo, que no vamos a ceder a su chantaje.

¿Qué otros retos tiene el movimiento estudiantil?

Tenemos tres objetivos. Uno, la organización del movimiento estudiantil a nivel nacional. Actualmente, estamos trabajando en la creación de la Confederación de Estudiantes de Venezuela (Confev), que nos permita tener tesis nacionales, que a su vez nos permitan desarrollar acciones, igualmente nacionales, en cada uno de los estados donde haya una universidad púbica nacional autónoma, una universidad pública experimental o una universidad privada. Dos. La realización de elecciones de autoridades y representantes estudiantiles en la mayor cantidad de universidades posibles. Sólo mediante el respeto a nuestros derechos de asociación política podemos avanzar en la consecución de nuestros objetivos, no ya como un movimiento estudiantil sino como un movimiento social. Tres. Nosotros queremos renovar la ley de universidades para fortalecer el concepto de autonomía, sobre todo en su aspecto financiero, para que la universidad más nunca sea dependiente de ningún gobierno.

La cuerda se ha tensado y la violencia podría estallar a la vuelta de la esquina. ¿Usted qué piensa?

Nosotros no hemos renunciado ni renunciaremos a nuestro derecho a la protesta pacífica. Nos reconocemos, además, como un movimiento no violento y la no violencia tiene sus lógicas, que te permiten generar masa crítica y, a partir de ahí, cambios. Pero tiene que haber condiciones. ¿Cuáles? Unidad de objetivos, tenemos que tener un objetivo político claro; organización para que eso suceda en el mismo lugar y en el mismo momento, disciplina para cumplir con nuestros planes y nuestra estrategia. En el marco de esas tres condiciones, vamos a trabajar conjuntamente con todos los sectores de la sociedad venezolana para generar el cambio político que todos necesitamos.

Se avecina otro choque de trenes entre Guaidó y Maduro por Zenaida Amador – ALnavío – 30 de Octubre 2019

El régimen de Nicolás Maduro empuja con fuerza la agenda electoral. El objetivo es hacerse de la única institución democrática que prevalece en Venezuela, la Asamblea Nacional (AN), y para eso echará mano de todos los recursos que le garanticen unos comicios a su medida, ante lo cual Juan Guaidó pretende impulsar formalmente el cambio de autoridades del Consejo Nacional Electoral. Esta nueva prueba de fuerzas pudiera dar lugar a dos entes electorales en Venezuela.
La AN de Guaidó pretende impulsar el cambio de autoridades del CNE / Foto: @jguaido
La AN de Guaidó pretende impulsar el cambio de autoridades del CNE / Foto: @jguaido

Este martes la Asamblea Nacional (AN) se declaró en sesión permanente y abrió el debate para la creación de un Comité de Postulaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE). La propuesta llega justo cuando el chavismo ya anunció que avanza presuroso en la escogencia de nuevas autoridades del CNE usando como paraguas la Mesa de Diálogo Nacional, que instaló en septiembre pasado con organizaciones políticas minoritarias.

Pero las restricciones legales nunca han frenado el accionar del régimen, cuyos voceros ya anunciaron que recurrirán al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designado por Maduro o a la propia ANC de ser necesario para que apruebe a los nuevos miembros del CNE que ellos propongan. De allí que las fuerzas mayoritarias de oposición en la Asamblea Nacional optaron por dar un paso al frente con el Comité de Postulaciones del CNE.

La oposición venezolana ha insistido largamente en la necesidad de renovar a los rectores del CNE y aplicar los mecanismos necesarios que garanticen la celebración de elecciones libres en Venezuela, especialmente tras los procesos irregulares de elección de los integrantes de la ANC y de reelección de Maduro para un segundo mandato. El tema fue central en los acercamientos entre los representantes de Maduro y los de Guaidó bajo la mediación de Noruega, que cesaron en agosto sin acuerdos.

Frente a esto, Maduro dio forma a la Mesa de Diálogo Nacional, cuyas gestiones están al margen de los partidos políticos mayoritarios que son los que respaldan la presidencia interina de Juan Guaidó.

Sin embargo, la potestad legal de designar a los miembros del Poder Electoral pertenece a la Asamblea Nacional, donde el régimen de Maduro carece de la mayoría parlamentaria necesaria para imponer los nombramientos.

Una vez más

Pero las restricciones legales nunca han frenado el accionar del régimen, cuyos voceros ya anunciaron que recurrirán al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)designado por Maduro o a la propia ANC de ser necesario para que apruebe a los nuevos miembros del CNE que ellos propongan.

De allí que las fuerzas mayoritarias de oposición en la Asamblea Nacional optaron por dar un paso al frente con el Comité de Postulaciones del CNE. El debate quedó abierto este martes, como señaló Guaidó, para que los parlamentarios chavistas que “no deciden, que lamentablemente tienen que consultar (…) se pongan de acuerdo”.

Si la designación de los rectores del CNE nace de la discusión en la AN, con el aporte de todas las partes, habría más credibilidad en el sistema electoral; pero no necesariamente este es el mecanismo que mejor asiste al chavismo en sus estrategias.

La duplicación de instituciones ha sido una de las vías para desmontar el sistema democrático a lo largo de los años y todo parece apuntar que seguirá la escalada. Vale decir que ya en Venezuela hay dos presidentes, uno ilegítimo pero en el ejercicio del poder (Maduro) y uno reconocido como tal por más de 50 naciones, pero sin control de las instituciones (Guaidó); también existe una Asamblea Nacional legítima (AN) y un ente legislativo ilegítimo creado por Maduro (ANC); entre otras duplicacionesMaduro quiere garantizar unos comicios a su medida / Foto: @NicolasMaduro

La bancada parlamentaria oficialista ya arrojó luces al respecto. “Ustedes (oposición) van a seguir adelante, van a intentar nombrar nuevas autoridades, nosotros no vamos a participar en ese Comité de Postulaciones, y entonces ese CNE va a terminar como ese TSJ que nombraron en un acto en el este de Caracas y cuyos integrantes están en el exilio y otros presos por usurpación de cargo”, aseguró el diputado Jesús Montilla.

Cualquier vía

Al margen de esta discusión, los líderes del chavismo atacan por otras vías el sistema electoral y siguen perfilándolo en función de sus intereses.

Diosdado Cabello, presidente de la ANC, ya habla de un esquema electoral alterno para que los pueblos indígenas puedan nombrar a sus parlamentarios. La idea es que “los pueblos originarios sean capaces de elegir con sus métodos a sus propios legisladores a la Asamblea Nacional”.

No hay que olvidar que en las elecciones de diciembre de 2015, que dieron lugar a la actual conformación de la AN de mayoría opositora, la excusa del régimen para declarar al Parlamento en desacato fue la objeción del resultado alcanzado en un estado con alta concentración de población indígena.

Señalaron como fraudulentos los resultados electorales del estado Amazonas, poniendo en entredicho a los cuatro diputados opositores que resultaron ganadores por esa entidad (Julio Haron Ygarza, Nirma Estela Guarulla, Romel Guzamana y Miguel Leonardo Tadeo Rodríguez). Aunque hasta la fecha el Tribunal Supremo de Justicia no ha avanzado con un pronunciamiento al respecto, sí ha usado el tema para declarar a la AN en desacato y dejar sin efecto sus decisiones.

Precisamente este desacato es el que no le permitiría a la AN nombrar a los rectores del CNE, según argumentan los parlamentarios de la bancada roja. “Si esta AN persiste en el desacato, no quedará otro camino que, tal y como lo dice la Constitución, sea la Sala Constitucional del TSJ la que nombre al Poder Electoral para que, en el año 2020, se hagan elecciones para nuevos diputados y diputadas”, aseguró el diputado Julio Chávez.

Perú deporta a dos magistrados chavistas tras negarle la entrada a su país por Casto Ocando – Alberto news – 1 de Octubre 2019

Como parte del compromiso que mantienen con los países miembros del Tiar, la nación andina negó la entrada a los magistrados que se encuentran vinculados al régimen de Nicolás Maduro.

El lunes 30 de septiembre los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Indira Alfonzo y Arcadio Delgado Rosales, fueron retenidos en el aeropuerto de Perú, debido a sus vínculos con el régimen de Nicolás Maduro.

El gobierno peruano negó la entrada a los funcionarios chavistas, a quienes deportaron tres horas después de su llegada a la ciudad de Lima, en donde participarían en la Cumbre Judicial Iberoamericana.

Las autoridades de Perú alegaron antes de depórtalos que se trataba de una serie de “restricciones de tipo migratorio, ordenadas por el gobierno peruano”.

Las acciones se producen después de que un grupo de países pertenecientes al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar), se comprometieron a no permitir el acceso a los funcionarios o personas que estén vinculadas con el régimen chavista.

Indira Alfonzo y Arcadio Delgado Rosales son parte de los magistrados que se encuentran sancionados por Canadá y Estados Unidos. A 12 de ellos solo les revocaron la visa estadounidense; los otros 18 no solo se quedaron sin visa, sino que sus cuentas y propiedades en Estados Unidos, Suiza, Unión Europea, Panamá y Canadá, fueron bloqueadas.

De las impunidades rojitas por  Jesús Peñalver – El Nacional – 27 de Septiembre 2019

Claro, en el camino se ha encontrado toda clase de escollos que ha puesto el des-gobierno que aún se halla aposentado en palacio, para impedir su funcionamiento y el cabal cumplimiento de sus atribuciones y deberes. Han sido decenas de sentencias del llamado Tribunal Supremo de Justicia que han  anulado las leyes dictadas, así como tantas y recurrentes las decisiones de tribunales de instancia que autorizan la persecución, acoso y encarcelamiento de  diputados, con prescindencia de toda norma de derecho que les garantice el derecho a la defensa y el debido proceso.

Para más inri, aquel mismo Supremo Tribunal la ha declarado en desacato. Todo esto sin olvidar la inhabilitación de los diputados de Amazonas, cuyos procedimientos duermen el sueño de los justos y de los injustos en la Sala Electoral del aludido TSJ.

Claro que tienen derecho de ocupar nuevamente sus curules, pues son tan legítimos como los parlamentarios de la Unidad Democrática. Pero debo, salvo mejor criterio, hacer algunas observaciones.

Es conocido que ese bodrio que mientan “asamblea nacional constituyente” no es legal, ni legítimo ni constitucional. Es decir, no es un organismo ni ente público. No existe. De modo que no es aplicable la norma contenida en el artículo 191 de la Constitución Nacional que expresa:

De manera que aquellos diputados a la legítima Asamblea Nacional (la elegida en diciembre de 2015) pueden perfectamente reincorporarse a sus curules, aun habiendo integrado aquella espuria ANC.

Caso distinto es el de Francisco Torrealba, hoy ex diputado por haber ocupado el cargo de ministro de Trabajo en 2017, lo que le impide ipso jure reincorporarse a la legítima Asamblea Nacional por haber perdido su investidura, conforme con el aludido artículo 191 constitucional.

Siendo que Pedro Carreño es abogado con estudios de posgrado y doctor en derecho constitucional y penitenciario (Caribbean International University, Curazao), de la cual Vielma Mora es o fue vicerrector, ayer mismo  anunció que acudiría al Tribunal Supremo de Justicia para que sea esta instancia la que decida “quién es o no es diputado”.

No me sorprendería que el colectivo dos pilitas «interpretara» la Constitución y fallara que Francisco Torrealba no ha perdido su investidura por haber sido nombrado y aceptado el cargo de ministro (como dije antes) en 2017, y puede perfectamente incorporarse a la Asamblea Nacional. Lo digo porque así actúa el bufete de Miraflores. Otro adefesio jurídico a la vista.

La inmunidad parlamentaria no es un privilegio personal, sino una garantía de imparcialidad y respeto a la majestad del Poder Legislativo ante los otros poderes. Y en este caso, como en tantos otros, queda claro que han sido los oficialistas quienes no respetan la Constitución, son ellos quienes la violan, haciendo posible esta tragedia en la que han convertido a Venezuela.

Son las impunidades rojitas a las que, por desdicha, nos tienen acostumbrados, asidos al poder como se encuentran y empeñados en no soltarlo. Se entiende, pues no es solo el hecho de perder ese poder, sino el miedo a ser juzgados, procesados conforme a derecho y condenados por tantos crímenes cometidos.

Falta espacio para vaciar la chapuza en que el ch… abismo ha convertido la administración de justicia en el país.

Parafraseando al poeta: “Desde el fondo de ti, y adolorido, un país triste como yo nos mira”.

Son veinte años, siete meses y veintitrés días de esta desgracia chavista, esta maldición inmerecida, este castigo innecesario. Terrible tiempo, tortuoso y dañino de una pesadilla coloreada de un rojo alarmante destruyendo al país. Este dolor debe acabarse. ¡Por Dios!

La UCV fijo posición ante sentencia emitida por el TSJ – El Nacional – 25 de Septiembre 2019

Ley de Universidades establecen que en ejercicio de su autonomía que tienen la competencia para planificar sus programas de investigación, de docencia y de extensión, para dictar normas internas y elegir sus autoridades


La 
Universidad Central de Venezuela, en la sesión ordinaria este 25 de septiembre, se dirigió a la Comunidad universitaria y a la opinión pública en general para fijar posición en relación a la Sentencia N° 0324 dictada por el Tribunal Supremo de Justicia.

Considerando que Constitución en su artículo 109 expresamente reconoce la autonomía a las Instituciones de Educación Superior para dictar sus normas de gobierno, funcionamiento y administración, por ser inherente a la naturaleza de la Universidad.

La Sala Constitucional ordenó un proceso electoral con la participación de la comunidad universitaria conformada por los cinco sectores establecidos en el numeral 3 de articulo 34 LOE. Esta acción no solo transgrede el artículo 109 constitucional, sino que incurre además en un sin número de violaciones y vicios.

El fallo N° 0324 de fecha 27 de agosto de 2019 establece de manera inconstitucional una infracción y una sanción sin tener dicha Sala competencias para ello. Asimismo poder establece que en caso de exceder seis meses desde la publicación de la sentencia, cese la permanencia legal de las autoridades «quedando la vacante absoluta de dichos cargos».

Acuerdo

El Consejo Universitario de la entidad educativa acordó, en relación a la sentencia, lo siguiente:

PRIMERO. La decisión emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, incurre en graves e irreparables vicios de nulidad absoluta de violaciones constitucionales y de derechos fundamentales. Asimismo por esta razón se respaldan las acciones legales de oposición a la medida cautelar y la recusación a los Magistrados de la Sala Constitucional. Las cuales se han implementado en defensa de la institucionalidad académica y democrática.
SEGUNDO: Se exige a los organismos del Estado el respeto a la institucionalidad y al normal desenvolvimiento de la vida académica, derecho a la educación y a la formación del ser humano. Todo esto inspirado en los principios de democracia, justicia social, solidaridad y abierta a todas las corrientes del pensamiento universal.

TERCERO: Además se solicitó elevar el presente documento ante las instancias nacionales e internacionales correspondientes vinculadas a la educación universitaria y a los derechos humanos.

CUARTO: Denunciar el artificio de la falsa decisión que declara parcialmente con lugar la medida cautelar de suspensión del numeral 3 del artículo 34 de la Ley Orgánica de Educación. Una vez acordado el oficio por la Sala Constitucional fueron suspendidos los artículos 31, 32 y 65 de la Ley de Universidades.
Esto crea rechazo al derecho demandado y constituye de una sentencia anticipada que resuelve el fondo de la demanda de nulidad de la Ley Orgánica de Educación.

 

“El brete de la mesita de noche” por José Luis Farías – La Patilla – 22 de Septiembre 2019

download.jpgEl llamado Acuerdo de la Casa Amarilla o “Acuerdo de la mesita de noche”, como gusta llamarlo en la intimidad Jorge Rodríguez, muestra el mar de fondo que sacude al régimen usurpador.

Fue un acto desesperado, una carta bajo la manga, una jugada que venían cocinando para chantajear a la oposición en Barbados hasta que decidieron montarla a troche y moche para salir del trance en el cual se metieron al decidir levantarse sin ton ni son de la negociación.

Enterarse que las sanciones de la Comunidad Europea vienen con todos los hierros y que incluyen a sesenta personajes del régimen usurpador (esposas, maridos, hijos y amantes) los puso a correr. En su intervención durante el acto Jorge Rodríguez no pudo ocultar sus angustias.

Con el “Acuerdo de la mesita de noche” trataron de mostrarse dialogantes, serios, responsables, dispuestos al entendimiento y la negociación. Pero todo lo hicieron mal, muy mal.

El formato que se sabe tenían previsto no podía transcurrir en la sede de la Cancillería de la república, era necesario un escenario neutro para darle credibilidad que por la desesperación no hubo tiempo de encontrar.

Los firmantes de la “oposición” estuvieron incompletos. Los Fernández le jugaron outside y Falcón se puso iracundo al enterarse de que no era él quien iba a hablar y se largó del encuentro.

Y aunque pudiera argumentarse aquello de “qué es una raya más para un tigre”, lo sucedido con los invitados del Cuerpo Diplomático después de semejante burla, aumentó a grados siderales su descrédito internacional.

De modo que el resultado fue un acuerdo en el cual se comprometen sin aparentemente nada a cambio. Así que cumplen o arrojan a Timoteo, Mujica y Claudio de nuevo a un limbo en donde no le serán útiles.

El régimen se entrampó con el “Acuerdo de la mesita de noche”. Y vislumbrado el fracaso, lo pagarán con más repudio, menos credibilidad, mayor fractura interna y acercamiento a su fin.

Al intentar cumplirlo liberaron al primer vicepresidente de la AN (aunque con medidas cautelares), diputado Edgar Zambrano, evidenciando que estaba secuestrado en condición de rehén político para intercambiarlo en caso de emergencia.

Se conoce que el primer lote de la lista de los próximos a liberar incluye entre 58 y 65 dirigentes políticos. Timoteo, Mujica y compañía exigirán el cumplimento de su promesa, mientras Guaidó y el resto de la AN le recordarán que los presos son muchos más y que incluyen cientos de militares.

También aceptaron designar en la AN (no en el TSJ, Mujica) a un nuevo CNE. Por supuesto, siempre cabrá esperar de ellos que falten a su palabra empeñada, pues no cumplen ni años. Pero ¡Tamaño peo! les espera, si no cumplen semejante compromiso. Se lo exigirá todo el mundo y también los “abajo firmantes”.

Por último, el régimen usurpador prometió que los diputados del PSUV se reincorporarán a la AN y todo indica que asistirán en cualquier momento. ¡Mayor brete! Tendrán que explicar por qué se incorporan a un ente que acusan de “desacato”, no es un tema fácil.

Quienes se incorporen deberán oír lo que no quieren oír, como que la corrupción y la ineptitud de Maduro y su pandilla destruyeron al país, que se robaron todo, que más de 25 millones de venezolanos pasan hambre, que no tienen acceso a las medicinas, a una buena educación, a servicios públicos, y que 5 millones de compatriotas se convirtieron en parias por culpa suya.

Deberán oír que cerca de treinta diputados se encuentran exilados, presos o en la clandestinidad solo por el hecho de disentir.

Sin embargo, ver a Diosdado, la Primera Combatiente, Carreño y compañía entrar a la AN con el rabo entre las piernas a incorporarse a sus curules para que Juan Guaidó desde la presidencia los meta en cintura recordándoles que en la AN se viene a trabajar por un país en paz, libre y democrático ¡no tendrá precio!. ¡Gracias Timoteo!

Las principales universidades de Venezuela se enfrentan a Maduro en defensa de la autonomía por Sebastiana Barráez – Infobae – 16 de Septiembre 2019

El Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes, cuyo rector es Mario Bonucci Rossini, se le planta al Gobierno, negándose a aceptar la destrucción de las universidades autónomas del país, como busca la sentencia 324 del Tribunal Supremo de Justicia.

El 27 de agosto, la Sala Constitucional del TSJ emitió una sentencia sobre el procedimiento a seguir para superar el estado en que se encuentran los mandatos vencidos de las autoridades de las instituciones de educación superior autónomas del país electas. Ordena realizar elecciones en las principales universidades del país, pero además que el Registro Electoral garantice la “igualdad” de los electores”, de manera que el voto de los estudiantes, profesores, egresados, personal administrativo y obrero tenga el mismo valor.

La prestigiosa Universidad de Los Andes, al examinar la sentencia Nº 0324, determinó que “es una medida cautelar que la Universidad Central de Venezuela no ha pedido dentro del marco del juicio de nulidad incoado por los Rectores de las Universidades Autónomas en 2009, por la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Educación”.

Destacan que el fondo del juicio paralizado desde hace diez años no se ha resuelto y no se va a resolver con apego al derecho, “porque sería reconocer que la Asamblea Nacional desconoció la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al introducir una modificación del contenido del artículo 109 constitucional al margen del procedimiento pautado por la propia Constitución, y ahora, es el propio TSJ quien ha desconocido la Constitución al reformar la Ley de Universidades e ignorar las previsiones del citado Art. 109 constitucional”.

A juicio del Consejo Universitario de la ULA, lo que determinan los hechos es que no existe tampoco ninguna preocupación ajustada a la Ley y a los principios democráticos, en salvaguardar el respeto de la soberanía popular representado por el voto. “La incertidumbre generada por las evidentes intenciones intervencionistas para desestabilizar el orden institucional, la encontramos en los casos de la representación del estado Amazonas en el Poder Legislativo del país y en no mostrar la menor preocupación por democratizar las instituciones de educación superior, en las cuales jamás se han elegido sus autoridades y las mismas son designadas discrecionalmente por el ejecutivo”.

Señalan que el principio de autonomía, previsto en el artículo 109 de la Constitución, ha sido permanentemente quebrantado durante los últimos 20 años. “Con esta decisión, la Sala Constitucional del TSJ ha montado el disparador de un dispositivo oficial estructurado para culminar en el año 2020, con la liquidación definitiva de la Autonomía Universitaria. Promover una falsa discusión en las universidades sobre el valor y contenido del voto para elegir las autoridades universitarias es una manera de distraer la atención de los universitarios de lo esencial”.

Asumen como prioridad para el país “resolver cuanto antes la crisis que está matando a Venezuela, y para los universitarios asegurar que se mantengan las bases de la Autonomía Universitaria. Y en esas luchas, como lo ha demostrado la historia del país, la Universidad venezolana ha jugado en cada ocasión un papel central”.

Recuerdan que en estos momentos, todas las mediciones de la opinión pública colocan a los universitarios, particularmente a los estudiantes, a la cabeza de la valoración hecha por los consultados sobre los componentes de la sociedad llamados a encabezar el cambio que reclama la República. “Promover un ambiente de dispersión y de contradicciones entre los universitarios puede convertirse en la forma de anular su significación en las tareas que tiene planteadas la sociedad ahora. En la Universidad lo esencial es salvaguardar la Autonomía Universitaria”.

Defender la Autonomía

El Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes destaca que “como la decisión de la espuria Sala Constitucional del TSJ se refiere directamente y en primer lugar a la Universidad Central de Venezuela, es deber de la Universidad de Los Andes y de las demás universidades autónomas del país, acompañar a la UCV en las iniciativas que adelante para hacer frente a la situación”.

Es así que consideran que como la decisión del TSJ encubre universitaria y jurídicamente un problema originado por motivaciones no universitarias ni jurídicas, “estimamos no obstante necesario hacerle frente en todas sus implicaciones, empezando por las formas jurídicas que ha adoptado para lo cual estimamos pertinente coordinar nacionalmente la defensa jurídica de la Universidad”.

Llaman la atención de la Asamblea Nacional y de las organizaciones partidistas “a las que concierne la protección de la vida del país de acuerdo con las pautas de la Constitución de la República para que se pronuncien sobre un asunto que solo tiene a la vida universitaria como pretexto”.

Finalmente consideran una necesidad “acometer en los estados Mérida, Táchira y Trujillo, ámbitos geográficos de la Universidad de Los Andes, así como acompañar en las sedes de cada una de las universidades autónomas del país, las iniciativas pertinentes para organizar la defensa de la Autonomía Universitaria, base principista y legal del funcionamiento de las Universidades Nacionales desde hace 62 años” y para ello comisionan a cada uno de los Decanos de Facultades y Núcleos para que, junto con las organizaciones representativas de la comunidad universitaria, promuevan las iniciativas que el espíritu de este remitido aconsejan.

El plan de Maduro no es la guerra con Colombia sino ponerle la mano a la Asamblea Nacional por Pedro Benítez – ALnavío – 13 de Septiembre 2019

Primero Nicolás Maduro pretendió anular a la Asamblea Nacional por medio de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. Luego probó reemplazarla con su Asamblea Nacional Constituyente. Como esto no le ha funcionado, ahora tratará de tomarla por dentro o elegir una nueva.
Nicolás Maduro no tiene futuro, pero hace planes / Foto: PSUV
Nicolás Maduro no tiene futuro, pero hace planes / Foto: PSUV

Al frente de su régimen Nicolás Maduro no tiene futuro, pero hace planes. Concretamente dos y ninguno pasa por una guerra con Colombia, fundamentalmente porque los militares venezolanos no la quieren.

El objetivo no consiste en bombardear Bogotá sino en ponerle la mano a la Asamblea Nacional (AN) que preside Juan Guaidó, que hace rato es más que una piedra en el zapato para él.

El propósito de la operación (lo realmente importante) es tomar la presidencia del Parlamento el próximo 10 enero, fecha que fija la Constitución para elegir la directiva de la Cámara. Así, la oposición perdería el control de la única institución a la que la mayoría de las democracias del mundo reconocen como legítima en Venezuela. En el papel es un jaque mate.

El primer plan es intentar tomar el Parlamento de mayoría opositora por dentro. Para ello Maduro se pasea por la posibilidad de incorporar a la bancada de diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a la AN y hacer una alianza con algún grupo de diputados disidentes del bloque opositor, probablemente los seis que hoy encabeza el parlamentario Timoteo Zambrano, que a finales del año pasado aspiró a presidir la Cámara.

El argumento suena lógico: “despolarizar” el conflicto político venezolano con el regreso del chavismo a la Asamblea, desmontar la Asamblea Nacional Constituyente(ANC) y elegir nuevas autoridades judiciales y electorales para el país.

Pero el propósito de la operación (lo realmente importante) es tomar la presidencia del Parlamento el próximo 10 enero, fecha que fija la Constitución para elegir la directiva de la Cámara. Así, la oposición perdería el control de la única institución a la que la mayoría de las democracias del mundo reconocen como legítima en Venezuela. En el papel es un jaque mate.

El problema con esa maniobra es que por un lado las cuentas no dan. El PSUV no dispone de los 55 diputados electos en diciembre de 2015. Varios de ellos abandonaron la causa, como Hugo “El Pollo” Carvajal, hoy en medio de un proceso judicial en EspañaGermán Ferrer, exiliado junto con su esposa, la fiscal general Luisa Ortega Díaz; o Eustoquio Contreras, quien se reincorporó a la AN desacatando la línea de Maduro.

Otros diputados de esa fracción ocupan cargos como gobernadores o alcaldes y la mayoría son miembros de la ANC. Tomar la AN implica desmontar su Constituyente y admitir en los hechos la inutilidad de esta.

Porque lo cierto es que las maniobras de Maduro para anular la AN por medio de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y luego reemplazarla con su ANC han fracasado.

Por otro lado, se enfrenta a un problema de legitimidad. ¿Qué validez puede tener la elección de una nueva directiva con más de 20 diputados opositores presos, asilados en embajadas o exiliados? Por esa vía la actual AN seguirá teniendo el reconcomiendo internacional que tiene hoy.

El segundo plan

El segundo plan de Maduro (y ya lo ha anunciado) consistiría en adelantar las elecciones de la AN en los primeros meses de 2020 para poner a la coalición opositora en un dilema y dividir el campo de los que le adversan.

Aquí es donde los viejos demonios de la oposición venezolana regresan. ¿Votar o no votar en medio de un régimen que no es democrático? No haberlo hecho en la elección parlamentaria de 2005 se considera uno de los peores errores cometidos por los partidos opositores, que le entregaron al chavismo el control absoluto del Poder Legislativo, y le facilitaron en aquella época al expresidente Hugo Chávez acelerar su legislación autoritaria.

Con este argumento, varios dirigentes adversos al chavismo como Claudio Fermín y Henri Falcón (entre otros) se preparan para participar y postular candidatos en la elección de la próxima AN, sin importar cuándo sea ni en qué condiciones. Eso Maduro, por supuesto, lo va a alentar como una forma de dividir al campo democrático.Maduro quiere ponerle la mano a la Asamblea Nacional de Juan Guaidó / Foto: @jguaido

¿El inconveniente? Que la mayoría social venezolana sigue todavía detrás del liderazgo de Juan Guaidó y esta Asamblea Nacional. Maduro apuesta a que Guaidó se desinfle, pero es lo que ha estado infructuosamente esperando que ocurra desde enero.

De paso, de darse esa elección en las presentes condiciones se efectuaría con los principales partidos opositores y dirigentes inhabilitados. Es muy obvio así que Maduro estaría construyendo una oposición a su medida.

Por lo que todos estos planes de Maduro se estrellan contra la misma pared: la falta de legitimidad. Venezuela seguiría en el mismo callejón sin salida.

¿La comunidad democrática internacional reconocería esa elección? ¿Maduro por esa vía conseguirá que le levanten las sanciones?

Aunque las respuestas a esas preguntan parecen obvias, no obstante, el dilema para la oposición en su conjunto será inevitable en el caso de que Venezuela llegue a 2020 con Maduro aún en el Palacio de Miraflores y sin un acuerdo político a la vista que abra la puerta a una transición.

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