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Comunicado del TSJ legitimo – 21 de Enero 2019

El Gobierno de Maduro detiene a un grupo de militares que intentó sublevarse por Alonso Moleiro – El País – 21 de Enero 2019

Un comando de la Guardia Nacional asaltó dos guarniciones en Caracas. Vecinos de la zona salieron a apoyar el alzamiento, que fue contenido horas después

Un grupo reducido de militares se ha alzado en Cotiza, un barrio de Caracas VIDEO: ATLAS

Caracas amaneció sobresaltada este lunes. Alrededor de las tres de la madrugada, un grupo de 27 militares del Escuadrón Montado de la Guardia Nacional, liderados por el sargento José Gregorio Bandres, asaltó el puesto militar de Cotiza, en el noroeste de la ciudad. El comando emitió un comunicado en el cual desconoció al Gobierno de Nicolás Maduro, lo llamó tirano y usurpador, y envió un mensaje a la población y al resto de los militares para restaurar el orden constitucional en el país sudamericano.

Los sublevados, integrantes del Comando de Seguridad Urbana de la Guardia Nacional, habían tomado antes los puestos militares de Maracao y Petare, al suroeste y este de la ciudad, respectivamente, llevándose consigo 55 fusiles Ak108 y 55 pistolas que ya fueron recuperadas por las fuerzas armadas. Cuando se apostaron en Cotiza, enviaron algunos vídeos que pudieron ser vistos en las redes sociales, en las cuales aludían a “la tiranía” de Maduro y agregaban: “Venezuela, esto lo hacemos por ustedes, estamos respondiendo al llamado del pueblo”. En la mañana, varios usuarios de redes sociales informaron del bloqueo de Instagram y de Twitter en varias zonas.

La Guardia Nacional, tradicionalmente el componente más débil de las Fuerzas Armadas venezolanas, ha conocido una clara metamorfosis en estos años: sus unidades han crecido mucho en atribuciones, efectivos y armamentos, han recibido un adiestramiento especial para enfrentar las manifestaciones opositoras, y son vistas como uno de los bastones naturales de Nicolás Maduro para afianzarse en el poder.

EL SUPREMO DECLARA NULO NOMBRAMIENTO DE DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA

Muy poco después del alzamiento de los oficiales, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el chavismo, se reunió para declarar “inconstitucional” a la actual directiva de la Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó, afirmando que, en consecuencia, el poder legislativo “no tiene junta directiva” y declarando nula la ceremonia del 5 de enero.

La decisión, anunciada por el magistrado Juan José Mendoza, tiende a precipitar la marcha de la crisis venezolana. Mendoza recordó que el cuerpo legislativo, de mayoría opositora, “está en desacato” después de una sentencia del propio tribunal, emitida en marzo de 2017, que le impide legislar bajo el argumento de que el organismo ha violentado procesos constitucionales, desconociendo la decisión del Tribunal y el resto de las instituciones del Estado.

Al conocer la medida del Supremo, Guaidó afirmó que las decisiones y la conducta de los magistrados del Supremo “no constituyen nada nuevo”, y agregó que el poder legislativo que preside, “se mantiene firme”. “Esta es el único poder público que ha sido electo por el voto de todos los venezolanos”. Guaidó, que ha sido reconocido por casi todos los embajadores destacados en Caracas, invitó a todo el país a manifestarse en contra de la usurpación de Maduro el próximo 23 de enero.

Este pronunciamiento se produce poco después de que la Asamblea Nacional, que domina la oposición, aprobara una resolución para declarar una amnistía a todos los efectivos militares que hayan participado en actividades represivas y de orden público obedeciendo órdenes superiores. Algunos observadores habían comentado que esta disposición caló positivamente en unidades militares que han sido educadas en valores chavistas, pero en las cuales se cuece un descontento objetivo ante la marcha general del país.

Alrededor de las nueve de la mañana, la propia Fuerza Armada Nacional Bolivariana emitió un comunicado en el cual reconocía lo sucedido. Llama “delincuentes” a los sublevados, promete un castigo ejemplarizante para ellos y atribuye lo ocurrido a “oscuros intereses de la extrema derecha”. El texto promete ceñirse expresamente a lo dispuesto en la Constitución, pero, como es habitual, concluye sus líneas con la consigna “Chávez vive, la patria sigue. Independencia y patria socialista, viviremos y venceremos”.

Como ya se ha vuelto costumbre en un entorno sobresaltado y hermético, parte de la población desconfiaba de la veracidad del alzamiento, e interpretada lo sucedido como un montaje orquestado por Miraflores para enturbiar los multitudinarios pronunciamientos en contra de Maduro que han tenido lugar en estos días en los Cabildos Abiertos de todo el país, convocados por el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

Algunos temen que con lo sucedido el Gobierno de Maduro encuentre una excusa perfecta para reprimir de forma indiscriminada. Para este miércoles 23 de enero, Guaidó está convocando en nombre de la oposición a la población a manifestarse en contra de la usurpación de Maduro en todo el país. Se prevé que la asistencia a estas concentraciones sea masiva.

El propio Guaidó, así como el líder opositor Julio Borges, en el exilio en Colombia, se refirieron al alzamiento. Guaidó afirmó en su cuenta de Twitter que “lo que sucedió en el cuartel de Cotiza es una muestra de un sentimiento generalizado en las Fuerzas Armadas. “Nuestros militares saben que la cadena de mando está rota por la usurpación del cargo presidencial. La Asamblea Nacional se compromete a brindar todas las garantías necesarias a los miembros de la FAN que contribuyan activamente con la restitución de la Constitución”, escribió. Borges, por su parte, dijo que “el mismo deseo de cambio que motivó la sublevación de la Guardia Nacional en Cotiza existe dentro de toda las Fuerzas Armadas. Apoyamos ese sentimiento y la Ley de Amnistía de la Asamblea Nacional es para dar garantías a todos los militares que impulsen el regreso de la democracia”.

A media mañana, se reportaba un dispositivo de protección especial en las instalaciones militares de Fuerte Tiuna en Caracas y la Comandancia del Ejército, donde había apostados tanques. El alto mando castrense estaría evaluando el alcance y efectos de los cabildos de la oposición, unas reuniones vecinales, con vistas a la concentración del 23 de enero. Dos días atrás, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, había sugerido que las instituciones del Estado, comenzando por el Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía General de la República, controlados por el chavismo, investigarían el proceder de Guaidó y la Asamblea Nacional.

¿Qué decidió el TSJ? por José Ignacio Hernández G. – ProDaVinci – 21 de Enero 2018

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El lunes 21 de enero de 2019 se anunció desde la Esquina Dos Pilitas –sede del Tribunal Supremo de Justicia– una “nueva” sentencia dictada por la Sala Constitucional, la cual, reiterando la tesis del desacato, declaró la nulidad de la Junta Directiva designada en 2019 y los demás actos dictados por la Asamblea Nacional, especialmente luego de la crisis del 10E.

Déjà vu constitucional

Más de una vez nos pasa que presenciamos algo en el presente que creemos haber vivido en el pasado. A eso le llaman déjà vu. Pues al leer la noticia con la que inicio este artículo, he tenido una suerte de “déjà vu constitucional”.

Así, el inicio de todo el entuerto constitucional en el que está sumida Venezuela, comenzó en 2016, cuando el TSJ concluyó que la Asamblea Nacional había desacatado la sentencia –inejecutable, por lo demás– que ordenó separar a cuatro diputados del estado Amazonas. Esto, por cierto, en un juicio electoral que por ley ha debido durar solo meses y que lleva ya más de tres años en espera de sentencia.

Pese a que tales diputados decidieron separarse temporalmente de sus cargos, el TSJ siguió insistiendo en la tesis del desacato, para invalidar todas las actuaciones de la Asamblea Nacional e incluso, usurpar sus funciones.

Como hemos explicado en Prodavinci, la tesis del desacato no tiene fundamento jurídico. Entre las muchas razones que cabe invocar me limito a una: de haber desacato –que no lo hay– éste solamente conduciría a ejecutar la sentencia electoral de manera forzosa. Ninguna norma del ordenamiento jurídico venezolano permite, ni podría hacerlo, que el TSJ invalide toda la actuación de un ente como la Asamblea Nacional invocando un supuesto y falso desacato.

La tesis del desacato otra vez

La anunciada decisión de la Sala Constitucional reitera este mismo argumento. Como la Asamblea Nacional está en “desacato”, entonces, todas sus decisiones son inválidas, incluyendo la designación de la Junta Directiva de 2019 y los actos posteriores dictados por la Asamblea Nacional, incluyendo los Acuerdos dictados con ocasión de la crisis del 10E.

En realidad lo que hizo la Sala Constitucional fue extender los efectos de la sentencia que en idénticos términos había sido dictada en enero de 2017. En aquella oportunidad, la Sala Constitucional anuló la designación de la Junta Directiva de la AN y todos los actos posteriores que dictó ésta. Asimismo, se le ordenó retrotraerse a la Junta Directiva designada en 2016, para que ésta asumiera las decisiones orientadas a poner fin al supuesto desacato.

Con su nueva decisión, la Sala Constitucional actuó de oficio. Es decir, nadie le solicitó pronunciarse sobre la elección de la Junta Directiva de 2019. Esto es otra clara irregularidad, pues los verdaderos tribunales sólo actúan a instancia de parte, en especial para resolver conflictos constitucionales.

¿Y qué dijo el TSJ sobre el 10E?

Además, en su decisión, el TSJ aprovechó para recordar que los comicios del 20 de mayo de 2018 sí fueron una elección válida, y que por esto Nicolás Maduro sí es presidente electo y está en pleno ejercicio del cargo. Con lo cual, para el TSJ, la Asamblea Nacional pretende usurpar las competencias de la Presidencia de la República.

Las investigaciones

Tal y como ha hecho el Tribunal desde 2016, de nuevo exhortó al inicio de investigaciones ante lo que considera una actuación ilícita de la Asamblea. Para esto, la decisión ordena remitir copia certificada de la decisión a la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, al Poder Ejecutivo Nacional y a la Fiscalía General de la República.

¿Qué puede pasar? Como hemos dicho, en el pasado similares pronunciamientos han sido dictados y no han llegado a nada, en el sentido de que no se ha iniciado causa penal formal derivada de lo que se considera son actuaciones ilícitas (aun cuando diversos diputados han sido objeto de procesos penales claramente arbitrarios).

¿Qué cambia luego de esta decisión?

Luego de este análisis, cabe formular la siguiente pregunta: ¿cambia algo luego de esta sentencia?

En mi opinión no cambia nada. El TSJ insiste en repetir el mismo argumento del desacato que, empleado en 2016, hoy luce completamente desgastado. Sigue, además, simulando actuar en un plano jurídico, afirmando una realidad que solo existe en el papel de sus decisiones, las cuales se repiten una y otra vez.

TSJ de Maduro reitera el “desacato”: “La AN no tiene junta directiva válida” – Albertonews – 21 de Enero 2019

El Tribunal Supremo de Justicia declaró este lunes que se anula la juramentación de la nueva directiva de la Asamblea Nacional (AN), por lo que el parlamento no tiene una junta directiva válida.

Asimismo, señalan que todos los actos de la AN son nulos, declarando a la AN en desacato. “Cualquier actuación de la AN será nula y carecerá de validez”, aseveró el TSJ.

El Magistrado Juan Mendoza sostuvo “Se anuló los actos de la Asamblea Nacional. del pasado sábado 5 de Enero, donde se designó la actual junta directiva”.

En ese sentido el TSJ de Maduro indicó “Son absolutamente nulos.Con el decreto de usurpación desconocen al poder nacional al descocar la declaración del TSJ, desconoce el poder electoral, el poder ejecutivo y lo más grave al pueblo soberano que participó en elecciones”.

Igualmente el TSJ sostuvo que la Ley sobre la crisis humanitaria en Venezuela de la AN quedó anulada, así como también el acuerdo de recuperación de activos, alegando que esa decisión le corresponde al “presidente” Nicolás Maduro. Sobre la ley de amnistía “es nula por ser contraria a la Constitución”.

Por otra parte el TSJ indicó que enviarán la sentencia a la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC), al Fiscal General de la República Tarek William Saab y al Poder Ejecutivo para que ejerzan lo que les corresponde.

“La Asamblea Nacional está violando los artículos 130, 131 y 132 de la Constitución Nacional”, reiteró el TSJ.

A continuación del documento de la sentencia:

Caracas, 21 de Enero de 2019.

Años 208° y 159°

En fecha 11 de enero de 2017, esta Sala mediante sentencia N° 02 declaró:

“(…)

4.- DECLARA la inconstitucionalidad por omisión del Poder Legislativo Nacional al no haber dictado las medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución referidas al acatamiento de las decisiones dictadas por este Máximo Tribunal de la República y, EN CONSECUENCIA, SE ANULAN el acto parlamentario celebrado el 05 de enero de 2017, así como el acto celebrado el 09 de enero de 2017, por la Asamblea Nacional con ocasión del nombramiento de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional y todos los actos parlamentarios subsecuentes que se generen por contrariar las órdenes de acatamiento a las decisiones de este Máximo Tribunal de la República Bolivariana de Venezuela.

5.- SE ORDENA a los Diputados que conformaron la Junta Directiva del lapso vencido asumir sus funciones directivas y secretariales de la Asamblea Nacional, para que de forma única y exclusiva den cumplimiento a las decisiones de este Máximo Tribunal, en los términos antes expuestos en el presente fallo. En consecuencia, se ordena efectuar las notificaciones correspondientes.

…Omissis…

10.- Cualquier actuación de la Asamblea Nacional y de cualquier órgano o individuo en contra de lo aquí decidido será nula y carente de toda validez y eficacia jurídica, sin menoscabo de la responsabilidad a que hubiere lugar.” (…).

Ahora bien, es un hecho público, notorio y comunicacional que los aludidos dispositivos del fallo N° 02/2017 fueron objetivamente desacatados por la Asamblea Nacional, por lo que, al evidenciarse la omisión constitucional reiterada ya advertida en la sentencia antes reproducida parcialmente, al dejar de cumplir con las medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución, se generan circunstancias objetivas que la Sala debe declarar:

1) Que la Asamblea Nacional no tiene Junta Directiva válida, incurriendo la írrita “Directiva” elegida el 5 de enero de 2019 (al igual que las “designadas” inconstitucionalmente durante los años 2017 y 2018), en usurpación de autoridad, por lo cual todos sus actos son nulos de nulidad absoluta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 constitucional. Así se declara.

Es claro, además, que este ejercicio írrito del Poder Público acarrea responsabilidad individual con motivo de la violación del texto constitucional (artículo 139 eiusdem). Así se declara.

2) La Sala Constitucional observa que, en fecha 15 de enero de 2019, la Asamblea Nacional en desacato y sin Junta Directiva válidamente designada y juramentada dictó cuatro (4) acuerdos que se denominan de la siguiente manera:

a) “ACUERDO SOBRE LA DECLARATORIA DE USURPACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA POR PARTE DE NICOLÁS MADURO MOROS Y EL RESTABLECIMIENTO DE LA VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN”.

b) “ACUERDO PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA AYUDA HUMANITARIA PARA ATENDER LA CRISIS SOCIAL QUE SUFRE EL PUEBLO VENEZOLANO”.

c) “ACUERDO EN SOLICITUD DE PROTECCIÓN DE ACTIVOS DEL ESTADO VENEZOLANO ANTE LOS PAÍSES DE ARGENTINA, BRASIL, CANADÁ, CHILE, COLOMBIA, COSTA RICA, GUATEMALA, GUYANA, HONDURAS PANAMÁ, PARAGUAY, PERÚ, ESTADOS UNIDOS, BULGARIA, RUSIA, CHINA, TURQUÍA, EMIRATOS ÁRABES Y LA UNIÓN EUROPEA ANTE LA FLAGRANTE USURPACIÓN DEL PODER EJECUTIVO POR PARTE DEL CIUDADANO NICOLÁS MADURO MOROS”

d) “ACUERDO SOBRE LA NECESIDAD DE UNA LEY DE AMNISTÍA PARA LOS CIVILES Y MILITARES QUE APEGÁNDOSE AL ARTÍCULO 333 DE LA CONSTITUCIÓN, COLABOREN EN LA RESTITUCIÓN DEL ORDEN”.

Ahora bien, ya se precisaba en el dispositivo 10 del fallo N° 02/2017, que “Cualquier actuación de la Asamblea Nacional y de cualquier órgano o individuo en contra de lo aquí decidido será nula y carente de toda validez y eficacia jurídica, sin menoscabo de la responsabilidad a que hubiere lugar”.

Solo ello serviría como fundamento para declarar la nulidad absoluta de todos los actos parlamentarios.

Sin embargo, es tal la gravedad del contenido de los mismos, que esta Sala Constitucional se encuentra en la obligación de señalar algunos de los vicios de inconstitucionalidad en el cual incurren:

1) En relación al “ACUERDO SOBRE LA DECLARATORIA DE USURPACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA POR PARTE DE NICOLÁS MADURO MOROS Y EL RESTABLECIMIENTO DE LA VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN”; la Asamblea Nacional violenta los artículos 130, 131 y 132 constitucionales, en particular el deber que tiene “toda persona” de cumplir y acatar esta Constitución, las leyes y los demás actos que en ejercicio de sus funciones dicten los órganos del Poder Público.

En efecto, desconocen al Poder Judicial al desacatar sus fallos, al Poder Electoral que realizó el proceso electoral en el cual fue elegido, proclamado y juramentado como PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA para el período 2019-2025, el ciudadano NICOLÁS MADURO MOROS, al Poder Ejecutivo al desconocer la investidura de su titular y, la más grave, al titular de la soberanía, el pueblo, quien lo escogió en comicios transparentes, mediante el sufragio universal, directo y secreto.

Este pueblo titular de la soberanía, de conformidad con el artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es el depositario del poder constituyente originario y, en ejercicio de dicho poder, eligió una Asamblea Nacional Constituyente, quien fue la convocante de las referidas elecciones presidenciales (artículo 347 eiusdem).

Un acuerdo como el que se examina implica un acto de fuerza que pretende derogar el texto constitucional (artículo 333) y todos los actos consecuentes del Poder Público Nacional; por lo cual esta Sala Constitucional se ve obligada a actuar de oficio en protección del texto fundamental, de conformidad con los artículos 266.1, 333, 334, 335 y 336, estos últimos del Título VIII (De la Protección de la Constitución). Así se decide.

Es, además, inaudito que se procure aplicar “analógicamente” las causales taxativamente contenidas en el artículo 233 de la Constitución a los fines de justificar la pretendida falta absoluta del Presidente de la República.

No puede agregarse a dichas causales, otra “acomodaticia” para, por vía de una pretendida ficción jurídica, determinar que en nuestro país no hubo elecciones el 20 de mayo de 2018, y que de las resultas de los comicios convocados por el Poder Constituyente y el Poder Electoral no se escogió un Jefe de Estado.

Dichas causales son de derecho estricto y no pueden ser modificadas y/o ampliadas analógicamente, sin violar la Constitución. Así también se decide.

Por otra parte, esta Sala advierte que en sentencia N° 24 del 22 de enero de 2003 se realizó la interpretación del artículo 350 de la Carta Magna, en la cual se concluye que esta disposición es el corolario del resultado de la labor del Poder Constituyente, que habilita al pueblo de Venezuela a desconocer cualquier norma resultante de su ejercicio que viole los principios de derecho natural en el contemplados. Por lo tanto, es absolutamente impertinente su mención para justificar expresas violaciones del texto fundamental por parte de un órgano constituido. Por el contrario, esta Sala advierte en la parte motiva de dicho fallo lo siguiente:

“(…) Aparte de la hipótesis antes descrita sólo debe admitirse en el contexto de una interpretación constitucionalizada de la norma objeto de la presente decisión, la posibilidad de desconocimiento o desobediencia, cuando agotados todos los recursos y medios judiciales, previstos en el ordenamiento jurídico para justiciar un agravio determinado, producido por “cualquier régimen, legislación o autoridad”, no sea materialmente posible ejecutar el contenido de una decisión favorable. En estos casos quienes se opongan deliberada y conscientemente a una orden emitida en su contra e impidan en el ámbito de lo fáctico la materialización de la misma, por encima incluso de la propia autoridad judicial que produjo el pronunciamiento favorable, se arriesga a que en su contra se activen los mecanismos de desobediencia, la cual deberá ser tenida como legítima sí y solo sí –como se ha indicado precedentemente- se han agotado previamente los mecanismos e instancias que la propia Constitución contiene como garantes del estado de derecho en el orden interno, y a pesar de la declaración de inconstitucionalidad el agravio se mantiene (…)”.

Por lo tanto, dada la reiterada conducta inconstitucional de la Asamblea Nacional, esta Sala considera que el fallo transcrito es aplicable al caso de autos. Así lo decide.

Asimismo, la Asamblea Nacional no puede erigirse en Tribunal Supremo de Justicia para declarar una pretendida usurpación, ya que implicaría la tipificación de la conducta descrita en los precitados artículos 138 y 139, en concordancia con los artículos 136 y 137, todos constitucionales. Así se declara.

Finalmente, nuestro régimen es eminentemente presidencial. Y al existir separación de poderes es al Presidente de la República al que le corresponde dirigir la acción de gobierno, administrar la Hacienda Pública Nacional, negociar empréstitos nacionales, celebrar contratos de interés nacional y dirigir las relaciones internacionales, es decir, que en ningún caso y bajo ningún supuesto puede asumir un parlamento la acción de gobierno y la administración de la Hacienda Pública (ver artículo 236 de la Constitución, cardinales 2, 11, 12, 14, entre otros).

2) En relación con el “ACUERDO PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA AYUDA HUMANITARIA PARA ATENDER LA CRISIS SOCIAL QUE SUFRE EL PUEBLO VENEZOLANO”, esta Sala señala que mediante sentencia N° 460 del 9 de junio de 2016, fue declarada nula por inconstitucional la “Ley Especial para Atender la Crisis Nacional de Salud”, aprobada por la Asamblea Nacional el 28 de abril de 2016. Esta actuación pretende reeditar, por vía de “acuerdo”, el aludido proyecto, por lo cual es absolutamente nulo, no solo por la reedición, sino que, en el supuesto de que no estuviere enmarcado en un texto legal (como es el caso) estaríamos en presencia de una acción de gobierno, por lo cual se incurriría una vez más en violación del artículo 138 constitucional.

3) En lo que concierne al “ACUERDO EN SOLICITUD DE PROTECCIÓN DE ACTIVOS DEL ESTADO VENEZOLANO ANTE LOS PAÍSES DE ARGENTINA, BRASIL, CANADÁ, CHILE, COLOMBIA, COSTA RICA, GUATEMALA, GUYANA, HONDURAS PANAMÁ, PARAGUAY, PERÚ, ESTADOS UNIDOS, BULGARIA, RUSIA, CHINA, TURQUÍA, EMIRATOS ÁRABES Y LA UNIÓN EUROPEA ANTE LA FLAGRANTE USURPACIÓN DEL PODER EJECUTIVO POR PARTE DEL CIUDADANO NICOLÁS MADURO MOROS”; esta Sala advierte una vez más que todo lo relativo al gobierno y administración de la Hacienda Pública Nacional y la dirección de las relaciones exteriores de la República (artículo 236 constitucional cardinales 2, 4, 11 entre otros) le corresponde al Presidente de la República como órgano del Poder Ejecutivo.

Es inadmisible para esta Sala Constitucional la usurpación de atribuciones de otros poderes, modificando las formas de Estado y de Gobierno. Corresponde al Ministerio Público por órgano de su titular, determinar la correspondiente responsabilidad penal, civil y administrativa, de conformidad con la Constitución y las leyes, todo ello en protección del texto fundamental y de la estabilidad del Estado. Así se declara.

4) Finalmente, la Sala Constitucional en sentencia N° 264 de fecha 11 de abril de 2016, declaró nula una “Ley de Amnistía” absolutamente contraria a la Constitución por delitos cometidos contra el Estado y el pueblo venezolano.

En esta oportunidad, el “ACUERDO SOBRE LA NECESIDAD DE UNA LEY DE AMNISTÍA PARA LOS CIVILES Y MILITARES QUE APEGÁNDOSE AL ARTÍCULO 333 DE LA CONSTITUCIÓN, COLABOREN EN LA RESTITUCIÓN DEL ORDEN”, no solo insiste en una amnistía por delitos ya cometidos en los intentos de desestabilización pasados, sino en amparar hacia el futuro cualquier acción delictiva que se cometa, siempre y cuando sea para colaborar en el presunto restablecimiento del orden democrático en Venezuela. Es decir, que rige para hechos futuros y/o inciertos, incluso eventualmente atentatorios de la institucionalidad democrática o crímenes de lesa humanidad que, por sus características, están excluidos del indulto o de la amnistía (ver artículo 29 de la Constitución); por tanto, además de su clara nulidad, por tratarse de un acto dictado por un órgano parlamentario en desacato, debe agregarse su incuestionable irracionalidad jurídica. Así se declara.

En consecuencia de lo señalado en la parte motiva de este fallo, ejerciendo la atribución que le confiere el artículo 336 de la Constitución y en ejercicio de la jurisdicción constitucional como máxima instancia de resguardo de la misma, así como en aras de mantener las medidas indispensables para el restablecimiento del orden constitucional; esta Sala, ratifica la inconstitucionalidad por omisión del Poder Legislativo Nacional referida en múltiples sentencias, en particular en el fallo N° 2 del 11 de enero de 2017 y constata el reiterado desacato en que sigue incurriendo la Asamblea Nacional de los fallos de este Tribunal Supremo de Justicia y la violación expresa del contenido del texto constitucional en los términos aquí decididos. Así se decide.

En tal sentido, se ordena remitir copia certificada de esta decisión a la Asamblea Nacional Constituyente; al Poder Ejecutivo Nacional, en la persona del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros y al Fiscal General de la República, a los fines del ejercicio de sus atribuciones correspondientes.

Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado.

El Presidente,

Juan José Mendoza Jover

El Vicepresidente,

Arcadio Delgado Rosales

Los Magistrados y las Magistradas,

Carmen Zuleta de Merchán

Gladys María Gutiérrez Alvarado

Calixto Ortega Ríos

Lourdes Benicia Suárez Anderson

René Alberto Degraves Almarza

La Secretaria,

Mónica Andrea Rodríguez Flores

Exp. 2017-0001

Primero Justicia desconoce sentencia del TSJ al desconocer la legítima directiva de la AN – La Patilla – 21 de Enero 2019

Primero Justicia desconoce la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, el cual ha declarado la inconstitucionalidad de la Junta directiva de la legítima Asamblea Nacional, único poder electo por el pueblo en el país, debido a que atenta contra la voluntad del pueblo y forma parte de las herramientas de la dictadura para seguir usurpando el poder en Venezuela.

Es por ello que reiteramos lo siguiente:

1.- Reconocemos como directiva de la Asamblea Nacional la que está conformada por Juan Guaidó en la presidencia del poder legislativo, Edgar Zambrano como primer vicepresidente y Stalin González como segundo vicepresidente.
2.- Rechazamos contundentemente las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por considerar que son violatorias a la constitución y que además representan una práctica reiterada del gobierno para desconocer la única institución legítima en Venezuela que es la Asamblea Nacional.

3.- Reafirmamos el llamado a la ruta planteado por la AN y que está claramente definida en la convocatoria a las concentraciones del 23 de enero, a saber: Que cese la usurpación, construir un gobierno de transición y realizar elecciones libres en el país con condiciones claras y justas para todos los venezolanos.

Asimismo el TSJ con su inconstitucional sentencia pretende que nuestro llamado a la amnistía no llegue al seno de las Fuerzas Armadas, es por ello que anunciamos que no descansaremos para lograr que ese llamado sea cada día más fuerte y con mayor compromiso.

Desde Primero Justicia recordamos que la Asamblea Nacional es reconocida por todos los venezolanos y por el mundo democrático como la única institución con legitimidad popular, por lo cual es evidente que esta sentencia inconstitucional del TSJ se suma a la larga lista de sentencias que buscan darle herramientas al usurpador de Nicolás Maduro para desconocer la voluntad del pueblo representada en la Asamblea Nacional. “Esta inconstitucional sentencia no nos apartará de seguir impulsando la ruta que desde la Asamblea Nacional hemos planteado”

Comunicado del TSJ a las fuerzas armadas – 15 de Enero 2019

La guardia pretoriana de Nicolás Maduro por Maolis Castro – El País – 15 de Enero 2019

La dependencia del gobernante venezolano en los militares y los cuerpos represivos crece tras asumir un segundo mandato considerado ilegítimo por la oposición

Acto militar durante la toma de posesión de Nicolás Maduro
Acto militar durante la toma de posesión de Nicolás Maduro CRISTIAN HERNÁNDEZ EFE

Nicolás Maduro sacó una mano por la ventanilla del coche, saludó a los seguidores y partió enseguida. Esta vez no hubo un acto de masas, el líder socialista eligió un encuentro con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en la Academia Militar de Caracas, después de juramentar su segundo Gobierno (2019-2025) en el Tribunal Supremo de Justicia. Fue el jueves, un día de expectativas y máxima tensión en Venezuela por la controvertida investidura.

En este polvorín, el general en jefe Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, ha reiterado el “irrestricto apoyo y lealtad absoluta” de los soldados al gobernante. La respuesta no ha detenido al jefe del Legislativo, que continuó con su petición de desconocer al régimen y aplicar tres artículos de la Constitución.

Para la abogada Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, son ínfimas las posibilidades de una rebelión en los cuarteles. “La fuente de poder o de sustento de Maduro está en la Fuerza Armada Nacional, en ningún otro elemento objetivo ni simbólico en Venezuela… Hay una subrogación de él en la figura del Estado”, explica.

Maduro domina casi todos los poderes en Venezuela, menos el Legislativo, ganado por la oposición en 2015, y tampoco tiene el apoyo de la mayoría de la población que, según varias encuestas, desaprueban su gestión. Ahora, su continuidad en el Palacio de Miraflores dependería de la fuerza ante la crisis de legitimidad.

Su predecesor, el expresidente Hugo Chávez (1999-2013), transformó la FANB. El líder incorporó a excompañeros de armas en su gabinete y actividades políticas, promovió a oficiales leales y degradó a detractores. Muchos de los elegidos están acusados de corrupción o están sancionados en el exterior por violar los derechos humanos.

Después de la muerte del jefe de Estado no solo no cesó el poderío militar, sino que se expandió. Maduro designó a generales activos o retirados como altos cargos, que ocupan un 47% de los ministerios. El mandatario creó empresas gubernamentales administradas por el Ejército para la explotación de la minería. Fue notoria la dotación de armamento, comprado a China y Rusia.

La disidencia

La justicia venezolana dijo que había investigado un posible plan de rebelión militar el año pasado. En diciembre, Maduro acusó a Estados Unidos de ofrecer dinero a sus hombres a cambio de derrocarlo. “Ellos van en serio, aumentaron el dinero para intentar sobornar a los militares venezolanos a casi 120 millones de dólares”, afirmó.

La lealtad de los jerarcas no ha impedido tímidas insurrecciones de oficiales. En 2017, el Gobierno ordenó a los soldados reprimir las protestas antigubernamentales. Ningún alto cargo desertó, solo un grupo de 20 militares se alzó en un cuartel de la céntrica ciudad de Valencia, en agosto. La mayoría cayó en prisión, mientras dos murieron en un presunto enfrentamiento.

La ONG Foro Penal Venezolano había registrado 72 militares presos por motivos políticos hasta ahora. Hace unos días, un informe de Human Rights Watch reveló que agentes de inteligencia sometieron a varios de los detenidos a abusos físicos y psicológicos. “Los abusos sufridos incluyen golpizas brutales, intentos de asfixia con bolsas de plástico, cortaduras con hojillas en las plantas de los pies, descargas eléctricas, privación de comida y acceso al baño, y amenazas de muerte”, acotó.

A excepción del alto mando, los soldados están arropados por la crisis socioeconómica. Una orden administrativa de la FANB, filtrada a la prensa, indica que 4.309 efectivos de la Guardia Nacional desertaron entre 2014 y 2017. La cifra puede ser mayor porque no incluye a otros componentes como el Ejército, la Aviación y la Armada, tampoco cuenta los desincorporados en 2018. San Miguel, experta en el sector castrense, confirma la veracidad del documento. “No se puede ocultar que hay militares cruzando fronteras del país, caminando para huir de la crisis humanitaria en Venezuela. Ellos también sufren los mismos problemas”, asegura.

Así te hemos contado la toma de posesión de Nicolás Maduro – El País – 11 de Enero 2019

La juramentación del presidente de Venezuela se celebra sin representantes de la UE, Estados Unidos o el Grupo de Lima, con la excepción de México

El presidente del Supremo venezolano, Maikel Moreno, inviste presidente a Nicolás Maduro, este jueves en Caracas. FOTO: REUTERS | VÍDEO: ATLAS

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha asumido este jueves un segundo mandato de seis años, considerado ilegítimo por gran parte de la comunidad internacional, con un país en la ruina y cada vez más aislado. Maduro, de 56 años, ha jurado ante el Tribunal Supremo de Justicia y no en el Congreso, único poder no oficialista, en un acto que ha arrancado a las 10.00 en Caracas (15.00, en la España peninsular). “Juro por el legado de nuestro amado comandante [Hugo] Chávez, por los niños de Venezuela: no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma para defender a la patria”, ha dicho el mandatario ante el presidente del Supremo, Maikel Moreno. “El mundo es más grande que el imperio estadounidense y sus satélites. Aquí está presente ese mundo”, manifestó después el líder chavista ante las delegaciones internacionales que asisten a la ceremonia.

El interinato por Víctor Antonio Bolívar Castillo – El Nacional – 10 de Enero 2019

Víctor Antonio Bolívar Castillo
Estas líneas han sido escritas con alguna anterioridad a esta fecha que hemos señalado como crucial para el futuro inmediato del país. Consecuente con nuestra prédica al respecto, y a sabiendas de que la dinámica y el pragmatismo político pueden llevar al traste nuestro parecer, insistiremos en su replanteamiento, ahora aderezado con los últimos acontecimientos. Esa dinámica y pragmatismo en oportunidades nos ha llevado, en circunstancias parecidas por su alta connotación política, por caminos ajenos a los formalismos del deber ser.

De haberse aplicado el texto constitucional, el 10 de enero de 2013, Chávez debió haber prestado juramento ante la AN o TSJ para inmediatamente asumir como presidente para un nuevo período. Al no hacerlo, pasado el tiempo perentorio, debió prestar juramento como presidente interino el presidente de la AN de entonces, Diosdado Cabello, y haberse convocado y realizado unas nuevas elecciones presidenciales.

Pero no fue así, peor aún, allí no quedó la aberración jurídica del inconstitucional manejo del asunto, y –por el contrario– se siguió violando la Constitución. Maduro, entonces vicepresidente, quien debía ostentar ese cargo hasta ese 10 de enero, también “cogió cola” con lo de la continuidad administrativa y siguió siendo vicepresidente inconstitucionalmente. Este, como muchos otros casos, nos ha dejado claro a los venezolanos, en todos estos años de “revolución”, que la violación de la Constitución se hace en forma tan permanente y sistemática como natural, sin que se generen las consecuencias de su incumplimiento.

Ya se instaló la AN para el período 2019-2020. Su flamante presidente, el diputado Guaidó, hizo un contundente diagnóstico de la realidad nacional que compartimos. Luego esbozó las coordenadas en las que el órgano legislativo actuará para llevarnos a un gobierno de transición una vez como cese la usurpación, con el respaldo del pueblo y de la FABN. Su entusiasmo, manifestado en grado superlativo, contagioso y esperanzador, pareciera dejar claro que esa sangre joven dejará atrás las anodinas gestiones de sus antecesores en el cargo.

Sin embargo, el riesgo de convertirse en un rehén de las circunstancias se asoma cuando, luego del diagnóstico, señala la receta. Pareciera ser así cuando hizo caso omiso de los pronunciamientos que, con respecto a las faltas absolutas de Maduro, hizo la AN declarándolo como usurpador con mucha anterioridad a la fecha. De manera que no es cierto que institucionalmente no se encuentre vacante la Presidencia de la República, mas no así el poder fáctico.

Insistimos en que difícilmente puede darse otra oportunidad como la de hoy para protagonizar la profundización de la crisis actuando dentro del texto constitucional. En las obligaciones de la AN está la de sesionar este 10 de enero, día en el que debía prestar juramento un presidente electo que hoy no existe, por tanto, la sesión solo tendrá, en el marco de su competencia, el objetivo de ratificar la falta absoluta (declarada dos veces por la AN y TSJ) y la designación del presidente del Poder Legislativo como presidente interino. Toda otra decisión distinta no está en el marco constitucional, como sería la de constituir un consejo consultivo para articular una transición. Incluso, entendemos que cuando el Grupo de Lima y otros países y organismos internacionales manifiestan que el Poder Legislativo asuma el Poder Ejecutivo como institución del poder público, ese señalamiento en estricto sensu no estaría ajustado a los términos de nuestra carta magna. Es el presidente del legislativo, mas no el órgano legislativo del poder público, el que debe asumir las facultades del ejecutivo.

No basta otro desconocimiento que se haga de Maduro como presidente. Si nuevamente se desconoce como tal, no puede quedar el país al garete o en sus manos asumiéndolo con naturalidad como presidente de facto. Ese desconocimiento debe llevar en forma implícita la designación de quien lo sustituya en forma interina y ese supuesto está establecido en nuestra Constitución. La ruptura constitucional no se produce a partir de hoy, la hay desde el 20 de mayo de este año, cuando en unas  pretendidas y fraudulentas elecciones Maduro se unge como presidente reelecto. De forma tal que no fue electo legítimamente como presidente de la República, por ello ese cargo sí se encuentra en una vacante que se debe cubrir, aunque como dictador siga ostentando el poder. Dicho de otra manera, en Venezuela no hay vacío de poder, que lo sigue ejerciendo de hecho Maduro, lo que hay es el vacío institucional en el ejercicio legítimo de la presidencia del país.

No puede seguir la AN corriendo la arruga, y procurar ganar tiempo, todo lo cual juega a favor de la consolidación de una dictadura que, por el contrario, utiliza esa actitud para el desgaste institucional del Poder Legislativo. Se impone entonces la agudización de la crisis que perentoriamente traiga consigo la ansiada solución política en el corto plazo.

Comunicación del TSJ legitimo a la Asamblea Nacional – 11 de Enero 2019

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