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Perú deporta a dos magistrados chavistas tras negarle la entrada a su país por Casto Ocando – Alberto news – 1 de Octubre 2019

Como parte del compromiso que mantienen con los países miembros del Tiar, la nación andina negó la entrada a los magistrados que se encuentran vinculados al régimen de Nicolás Maduro.

El lunes 30 de septiembre los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Indira Alfonzo y Arcadio Delgado Rosales, fueron retenidos en el aeropuerto de Perú, debido a sus vínculos con el régimen de Nicolás Maduro.

El gobierno peruano negó la entrada a los funcionarios chavistas, a quienes deportaron tres horas después de su llegada a la ciudad de Lima, en donde participarían en la Cumbre Judicial Iberoamericana.

Las autoridades de Perú alegaron antes de depórtalos que se trataba de una serie de “restricciones de tipo migratorio, ordenadas por el gobierno peruano”.

Las acciones se producen después de que un grupo de países pertenecientes al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar), se comprometieron a no permitir el acceso a los funcionarios o personas que estén vinculadas con el régimen chavista.

Indira Alfonzo y Arcadio Delgado Rosales son parte de los magistrados que se encuentran sancionados por Canadá y Estados Unidos. A 12 de ellos solo les revocaron la visa estadounidense; los otros 18 no solo se quedaron sin visa, sino que sus cuentas y propiedades en Estados Unidos, Suiza, Unión Europea, Panamá y Canadá, fueron bloqueadas.

De las impunidades rojitas por  Jesús Peñalver – El Nacional – 27 de Septiembre 2019

Claro, en el camino se ha encontrado toda clase de escollos que ha puesto el des-gobierno que aún se halla aposentado en palacio, para impedir su funcionamiento y el cabal cumplimiento de sus atribuciones y deberes. Han sido decenas de sentencias del llamado Tribunal Supremo de Justicia que han  anulado las leyes dictadas, así como tantas y recurrentes las decisiones de tribunales de instancia que autorizan la persecución, acoso y encarcelamiento de  diputados, con prescindencia de toda norma de derecho que les garantice el derecho a la defensa y el debido proceso.

Para más inri, aquel mismo Supremo Tribunal la ha declarado en desacato. Todo esto sin olvidar la inhabilitación de los diputados de Amazonas, cuyos procedimientos duermen el sueño de los justos y de los injustos en la Sala Electoral del aludido TSJ.

Claro que tienen derecho de ocupar nuevamente sus curules, pues son tan legítimos como los parlamentarios de la Unidad Democrática. Pero debo, salvo mejor criterio, hacer algunas observaciones.

Es conocido que ese bodrio que mientan “asamblea nacional constituyente” no es legal, ni legítimo ni constitucional. Es decir, no es un organismo ni ente público. No existe. De modo que no es aplicable la norma contenida en el artículo 191 de la Constitución Nacional que expresa:

De manera que aquellos diputados a la legítima Asamblea Nacional (la elegida en diciembre de 2015) pueden perfectamente reincorporarse a sus curules, aun habiendo integrado aquella espuria ANC.

Caso distinto es el de Francisco Torrealba, hoy ex diputado por haber ocupado el cargo de ministro de Trabajo en 2017, lo que le impide ipso jure reincorporarse a la legítima Asamblea Nacional por haber perdido su investidura, conforme con el aludido artículo 191 constitucional.

Siendo que Pedro Carreño es abogado con estudios de posgrado y doctor en derecho constitucional y penitenciario (Caribbean International University, Curazao), de la cual Vielma Mora es o fue vicerrector, ayer mismo  anunció que acudiría al Tribunal Supremo de Justicia para que sea esta instancia la que decida “quién es o no es diputado”.

No me sorprendería que el colectivo dos pilitas «interpretara» la Constitución y fallara que Francisco Torrealba no ha perdido su investidura por haber sido nombrado y aceptado el cargo de ministro (como dije antes) en 2017, y puede perfectamente incorporarse a la Asamblea Nacional. Lo digo porque así actúa el bufete de Miraflores. Otro adefesio jurídico a la vista.

La inmunidad parlamentaria no es un privilegio personal, sino una garantía de imparcialidad y respeto a la majestad del Poder Legislativo ante los otros poderes. Y en este caso, como en tantos otros, queda claro que han sido los oficialistas quienes no respetan la Constitución, son ellos quienes la violan, haciendo posible esta tragedia en la que han convertido a Venezuela.

Son las impunidades rojitas a las que, por desdicha, nos tienen acostumbrados, asidos al poder como se encuentran y empeñados en no soltarlo. Se entiende, pues no es solo el hecho de perder ese poder, sino el miedo a ser juzgados, procesados conforme a derecho y condenados por tantos crímenes cometidos.

Falta espacio para vaciar la chapuza en que el ch… abismo ha convertido la administración de justicia en el país.

Parafraseando al poeta: “Desde el fondo de ti, y adolorido, un país triste como yo nos mira”.

Son veinte años, siete meses y veintitrés días de esta desgracia chavista, esta maldición inmerecida, este castigo innecesario. Terrible tiempo, tortuoso y dañino de una pesadilla coloreada de un rojo alarmante destruyendo al país. Este dolor debe acabarse. ¡Por Dios!

La UCV fijo posición ante sentencia emitida por el TSJ – El Nacional – 25 de Septiembre 2019

Ley de Universidades establecen que en ejercicio de su autonomía que tienen la competencia para planificar sus programas de investigación, de docencia y de extensión, para dictar normas internas y elegir sus autoridades


La 
Universidad Central de Venezuela, en la sesión ordinaria este 25 de septiembre, se dirigió a la Comunidad universitaria y a la opinión pública en general para fijar posición en relación a la Sentencia N° 0324 dictada por el Tribunal Supremo de Justicia.

Considerando que Constitución en su artículo 109 expresamente reconoce la autonomía a las Instituciones de Educación Superior para dictar sus normas de gobierno, funcionamiento y administración, por ser inherente a la naturaleza de la Universidad.

La Sala Constitucional ordenó un proceso electoral con la participación de la comunidad universitaria conformada por los cinco sectores establecidos en el numeral 3 de articulo 34 LOE. Esta acción no solo transgrede el artículo 109 constitucional, sino que incurre además en un sin número de violaciones y vicios.

El fallo N° 0324 de fecha 27 de agosto de 2019 establece de manera inconstitucional una infracción y una sanción sin tener dicha Sala competencias para ello. Asimismo poder establece que en caso de exceder seis meses desde la publicación de la sentencia, cese la permanencia legal de las autoridades «quedando la vacante absoluta de dichos cargos».

Acuerdo

El Consejo Universitario de la entidad educativa acordó, en relación a la sentencia, lo siguiente:

PRIMERO. La decisión emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, incurre en graves e irreparables vicios de nulidad absoluta de violaciones constitucionales y de derechos fundamentales. Asimismo por esta razón se respaldan las acciones legales de oposición a la medida cautelar y la recusación a los Magistrados de la Sala Constitucional. Las cuales se han implementado en defensa de la institucionalidad académica y democrática.
SEGUNDO: Se exige a los organismos del Estado el respeto a la institucionalidad y al normal desenvolvimiento de la vida académica, derecho a la educación y a la formación del ser humano. Todo esto inspirado en los principios de democracia, justicia social, solidaridad y abierta a todas las corrientes del pensamiento universal.

TERCERO: Además se solicitó elevar el presente documento ante las instancias nacionales e internacionales correspondientes vinculadas a la educación universitaria y a los derechos humanos.

CUARTO: Denunciar el artificio de la falsa decisión que declara parcialmente con lugar la medida cautelar de suspensión del numeral 3 del artículo 34 de la Ley Orgánica de Educación. Una vez acordado el oficio por la Sala Constitucional fueron suspendidos los artículos 31, 32 y 65 de la Ley de Universidades.
Esto crea rechazo al derecho demandado y constituye de una sentencia anticipada que resuelve el fondo de la demanda de nulidad de la Ley Orgánica de Educación.

 

“El brete de la mesita de noche” por José Luis Farías – La Patilla – 22 de Septiembre 2019

download.jpgEl llamado Acuerdo de la Casa Amarilla o “Acuerdo de la mesita de noche”, como gusta llamarlo en la intimidad Jorge Rodríguez, muestra el mar de fondo que sacude al régimen usurpador.

Fue un acto desesperado, una carta bajo la manga, una jugada que venían cocinando para chantajear a la oposición en Barbados hasta que decidieron montarla a troche y moche para salir del trance en el cual se metieron al decidir levantarse sin ton ni son de la negociación.

Enterarse que las sanciones de la Comunidad Europea vienen con todos los hierros y que incluyen a sesenta personajes del régimen usurpador (esposas, maridos, hijos y amantes) los puso a correr. En su intervención durante el acto Jorge Rodríguez no pudo ocultar sus angustias.

Con el “Acuerdo de la mesita de noche” trataron de mostrarse dialogantes, serios, responsables, dispuestos al entendimiento y la negociación. Pero todo lo hicieron mal, muy mal.

El formato que se sabe tenían previsto no podía transcurrir en la sede de la Cancillería de la república, era necesario un escenario neutro para darle credibilidad que por la desesperación no hubo tiempo de encontrar.

Los firmantes de la “oposición” estuvieron incompletos. Los Fernández le jugaron outside y Falcón se puso iracundo al enterarse de que no era él quien iba a hablar y se largó del encuentro.

Y aunque pudiera argumentarse aquello de “qué es una raya más para un tigre”, lo sucedido con los invitados del Cuerpo Diplomático después de semejante burla, aumentó a grados siderales su descrédito internacional.

De modo que el resultado fue un acuerdo en el cual se comprometen sin aparentemente nada a cambio. Así que cumplen o arrojan a Timoteo, Mujica y Claudio de nuevo a un limbo en donde no le serán útiles.

El régimen se entrampó con el “Acuerdo de la mesita de noche”. Y vislumbrado el fracaso, lo pagarán con más repudio, menos credibilidad, mayor fractura interna y acercamiento a su fin.

Al intentar cumplirlo liberaron al primer vicepresidente de la AN (aunque con medidas cautelares), diputado Edgar Zambrano, evidenciando que estaba secuestrado en condición de rehén político para intercambiarlo en caso de emergencia.

Se conoce que el primer lote de la lista de los próximos a liberar incluye entre 58 y 65 dirigentes políticos. Timoteo, Mujica y compañía exigirán el cumplimento de su promesa, mientras Guaidó y el resto de la AN le recordarán que los presos son muchos más y que incluyen cientos de militares.

También aceptaron designar en la AN (no en el TSJ, Mujica) a un nuevo CNE. Por supuesto, siempre cabrá esperar de ellos que falten a su palabra empeñada, pues no cumplen ni años. Pero ¡Tamaño peo! les espera, si no cumplen semejante compromiso. Se lo exigirá todo el mundo y también los “abajo firmantes”.

Por último, el régimen usurpador prometió que los diputados del PSUV se reincorporarán a la AN y todo indica que asistirán en cualquier momento. ¡Mayor brete! Tendrán que explicar por qué se incorporan a un ente que acusan de “desacato”, no es un tema fácil.

Quienes se incorporen deberán oír lo que no quieren oír, como que la corrupción y la ineptitud de Maduro y su pandilla destruyeron al país, que se robaron todo, que más de 25 millones de venezolanos pasan hambre, que no tienen acceso a las medicinas, a una buena educación, a servicios públicos, y que 5 millones de compatriotas se convirtieron en parias por culpa suya.

Deberán oír que cerca de treinta diputados se encuentran exilados, presos o en la clandestinidad solo por el hecho de disentir.

Sin embargo, ver a Diosdado, la Primera Combatiente, Carreño y compañía entrar a la AN con el rabo entre las piernas a incorporarse a sus curules para que Juan Guaidó desde la presidencia los meta en cintura recordándoles que en la AN se viene a trabajar por un país en paz, libre y democrático ¡no tendrá precio!. ¡Gracias Timoteo!

Las principales universidades de Venezuela se enfrentan a Maduro en defensa de la autonomía por Sebastiana Barráez – Infobae – 16 de Septiembre 2019

El Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes, cuyo rector es Mario Bonucci Rossini, se le planta al Gobierno, negándose a aceptar la destrucción de las universidades autónomas del país, como busca la sentencia 324 del Tribunal Supremo de Justicia.

El 27 de agosto, la Sala Constitucional del TSJ emitió una sentencia sobre el procedimiento a seguir para superar el estado en que se encuentran los mandatos vencidos de las autoridades de las instituciones de educación superior autónomas del país electas. Ordena realizar elecciones en las principales universidades del país, pero además que el Registro Electoral garantice la “igualdad” de los electores”, de manera que el voto de los estudiantes, profesores, egresados, personal administrativo y obrero tenga el mismo valor.

La prestigiosa Universidad de Los Andes, al examinar la sentencia Nº 0324, determinó que “es una medida cautelar que la Universidad Central de Venezuela no ha pedido dentro del marco del juicio de nulidad incoado por los Rectores de las Universidades Autónomas en 2009, por la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Educación”.

Destacan que el fondo del juicio paralizado desde hace diez años no se ha resuelto y no se va a resolver con apego al derecho, “porque sería reconocer que la Asamblea Nacional desconoció la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al introducir una modificación del contenido del artículo 109 constitucional al margen del procedimiento pautado por la propia Constitución, y ahora, es el propio TSJ quien ha desconocido la Constitución al reformar la Ley de Universidades e ignorar las previsiones del citado Art. 109 constitucional”.

A juicio del Consejo Universitario de la ULA, lo que determinan los hechos es que no existe tampoco ninguna preocupación ajustada a la Ley y a los principios democráticos, en salvaguardar el respeto de la soberanía popular representado por el voto. “La incertidumbre generada por las evidentes intenciones intervencionistas para desestabilizar el orden institucional, la encontramos en los casos de la representación del estado Amazonas en el Poder Legislativo del país y en no mostrar la menor preocupación por democratizar las instituciones de educación superior, en las cuales jamás se han elegido sus autoridades y las mismas son designadas discrecionalmente por el ejecutivo”.

Señalan que el principio de autonomía, previsto en el artículo 109 de la Constitución, ha sido permanentemente quebrantado durante los últimos 20 años. “Con esta decisión, la Sala Constitucional del TSJ ha montado el disparador de un dispositivo oficial estructurado para culminar en el año 2020, con la liquidación definitiva de la Autonomía Universitaria. Promover una falsa discusión en las universidades sobre el valor y contenido del voto para elegir las autoridades universitarias es una manera de distraer la atención de los universitarios de lo esencial”.

Asumen como prioridad para el país “resolver cuanto antes la crisis que está matando a Venezuela, y para los universitarios asegurar que se mantengan las bases de la Autonomía Universitaria. Y en esas luchas, como lo ha demostrado la historia del país, la Universidad venezolana ha jugado en cada ocasión un papel central”.

Recuerdan que en estos momentos, todas las mediciones de la opinión pública colocan a los universitarios, particularmente a los estudiantes, a la cabeza de la valoración hecha por los consultados sobre los componentes de la sociedad llamados a encabezar el cambio que reclama la República. “Promover un ambiente de dispersión y de contradicciones entre los universitarios puede convertirse en la forma de anular su significación en las tareas que tiene planteadas la sociedad ahora. En la Universidad lo esencial es salvaguardar la Autonomía Universitaria”.

Defender la Autonomía

El Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes destaca que “como la decisión de la espuria Sala Constitucional del TSJ se refiere directamente y en primer lugar a la Universidad Central de Venezuela, es deber de la Universidad de Los Andes y de las demás universidades autónomas del país, acompañar a la UCV en las iniciativas que adelante para hacer frente a la situación”.

Es así que consideran que como la decisión del TSJ encubre universitaria y jurídicamente un problema originado por motivaciones no universitarias ni jurídicas, “estimamos no obstante necesario hacerle frente en todas sus implicaciones, empezando por las formas jurídicas que ha adoptado para lo cual estimamos pertinente coordinar nacionalmente la defensa jurídica de la Universidad”.

Llaman la atención de la Asamblea Nacional y de las organizaciones partidistas “a las que concierne la protección de la vida del país de acuerdo con las pautas de la Constitución de la República para que se pronuncien sobre un asunto que solo tiene a la vida universitaria como pretexto”.

Finalmente consideran una necesidad “acometer en los estados Mérida, Táchira y Trujillo, ámbitos geográficos de la Universidad de Los Andes, así como acompañar en las sedes de cada una de las universidades autónomas del país, las iniciativas pertinentes para organizar la defensa de la Autonomía Universitaria, base principista y legal del funcionamiento de las Universidades Nacionales desde hace 62 años” y para ello comisionan a cada uno de los Decanos de Facultades y Núcleos para que, junto con las organizaciones representativas de la comunidad universitaria, promuevan las iniciativas que el espíritu de este remitido aconsejan.

El plan de Maduro no es la guerra con Colombia sino ponerle la mano a la Asamblea Nacional por Pedro Benítez – ALnavío – 13 de Septiembre 2019

Primero Nicolás Maduro pretendió anular a la Asamblea Nacional por medio de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. Luego probó reemplazarla con su Asamblea Nacional Constituyente. Como esto no le ha funcionado, ahora tratará de tomarla por dentro o elegir una nueva.
Nicolás Maduro no tiene futuro, pero hace planes / Foto: PSUV
Nicolás Maduro no tiene futuro, pero hace planes / Foto: PSUV

Al frente de su régimen Nicolás Maduro no tiene futuro, pero hace planes. Concretamente dos y ninguno pasa por una guerra con Colombia, fundamentalmente porque los militares venezolanos no la quieren.

El objetivo no consiste en bombardear Bogotá sino en ponerle la mano a la Asamblea Nacional (AN) que preside Juan Guaidó, que hace rato es más que una piedra en el zapato para él.

El propósito de la operación (lo realmente importante) es tomar la presidencia del Parlamento el próximo 10 enero, fecha que fija la Constitución para elegir la directiva de la Cámara. Así, la oposición perdería el control de la única institución a la que la mayoría de las democracias del mundo reconocen como legítima en Venezuela. En el papel es un jaque mate.

El primer plan es intentar tomar el Parlamento de mayoría opositora por dentro. Para ello Maduro se pasea por la posibilidad de incorporar a la bancada de diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a la AN y hacer una alianza con algún grupo de diputados disidentes del bloque opositor, probablemente los seis que hoy encabeza el parlamentario Timoteo Zambrano, que a finales del año pasado aspiró a presidir la Cámara.

El argumento suena lógico: “despolarizar” el conflicto político venezolano con el regreso del chavismo a la Asamblea, desmontar la Asamblea Nacional Constituyente(ANC) y elegir nuevas autoridades judiciales y electorales para el país.

Pero el propósito de la operación (lo realmente importante) es tomar la presidencia del Parlamento el próximo 10 enero, fecha que fija la Constitución para elegir la directiva de la Cámara. Así, la oposición perdería el control de la única institución a la que la mayoría de las democracias del mundo reconocen como legítima en Venezuela. En el papel es un jaque mate.

El problema con esa maniobra es que por un lado las cuentas no dan. El PSUV no dispone de los 55 diputados electos en diciembre de 2015. Varios de ellos abandonaron la causa, como Hugo “El Pollo” Carvajal, hoy en medio de un proceso judicial en EspañaGermán Ferrer, exiliado junto con su esposa, la fiscal general Luisa Ortega Díaz; o Eustoquio Contreras, quien se reincorporó a la AN desacatando la línea de Maduro.

Otros diputados de esa fracción ocupan cargos como gobernadores o alcaldes y la mayoría son miembros de la ANC. Tomar la AN implica desmontar su Constituyente y admitir en los hechos la inutilidad de esta.

Porque lo cierto es que las maniobras de Maduro para anular la AN por medio de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y luego reemplazarla con su ANC han fracasado.

Por otro lado, se enfrenta a un problema de legitimidad. ¿Qué validez puede tener la elección de una nueva directiva con más de 20 diputados opositores presos, asilados en embajadas o exiliados? Por esa vía la actual AN seguirá teniendo el reconcomiendo internacional que tiene hoy.

El segundo plan

El segundo plan de Maduro (y ya lo ha anunciado) consistiría en adelantar las elecciones de la AN en los primeros meses de 2020 para poner a la coalición opositora en un dilema y dividir el campo de los que le adversan.

Aquí es donde los viejos demonios de la oposición venezolana regresan. ¿Votar o no votar en medio de un régimen que no es democrático? No haberlo hecho en la elección parlamentaria de 2005 se considera uno de los peores errores cometidos por los partidos opositores, que le entregaron al chavismo el control absoluto del Poder Legislativo, y le facilitaron en aquella época al expresidente Hugo Chávez acelerar su legislación autoritaria.

Con este argumento, varios dirigentes adversos al chavismo como Claudio Fermín y Henri Falcón (entre otros) se preparan para participar y postular candidatos en la elección de la próxima AN, sin importar cuándo sea ni en qué condiciones. Eso Maduro, por supuesto, lo va a alentar como una forma de dividir al campo democrático.Maduro quiere ponerle la mano a la Asamblea Nacional de Juan Guaidó / Foto: @jguaido

¿El inconveniente? Que la mayoría social venezolana sigue todavía detrás del liderazgo de Juan Guaidó y esta Asamblea Nacional. Maduro apuesta a que Guaidó se desinfle, pero es lo que ha estado infructuosamente esperando que ocurra desde enero.

De paso, de darse esa elección en las presentes condiciones se efectuaría con los principales partidos opositores y dirigentes inhabilitados. Es muy obvio así que Maduro estaría construyendo una oposición a su medida.

Por lo que todos estos planes de Maduro se estrellan contra la misma pared: la falta de legitimidad. Venezuela seguiría en el mismo callejón sin salida.

¿La comunidad democrática internacional reconocería esa elección? ¿Maduro por esa vía conseguirá que le levanten las sanciones?

Aunque las respuestas a esas preguntan parecen obvias, no obstante, el dilema para la oposición en su conjunto será inevitable en el caso de que Venezuela llegue a 2020 con Maduro aún en el Palacio de Miraflores y sin un acuerdo político a la vista que abra la puerta a una transición.

Un magistrado del TSJ de Guaidó huye de Colombia y se instala en un refugio en Madrid por David Placer – ALnavío – 5 de Septiembre 2019

El magistrado Rafael Ortega, que recibió y custodió las pruebas del caso Odebrecht, abandonó Colombia por el acoso constante de funcionarios del Sebin que lo seguían hasta en el supermercado. Asegura al diario ALnavío que el G2 cubano y las FARC también operan con el Sebin en ese país. Ahora, reunificado con su familia en España, vive en un refugio de la Cruz Roja, que le garantiza techo y comida.
El magistrado Rafael Ortega vive en un refugio para asilados políticos en Madrid / Foto: David Placer
El magistrado Rafael Ortega vive en un refugio para asilados políticos en Madrid / Foto: David Placer

El magistrado Rafael Ortega ha tenido que huir de dos países para escapar del régimen de Nicolás Maduro.

Primero abandonó Caracas rumbo a Cúcuta, pocos días después de que la Asamblea Nacional, bajo el control de la oposición, nombrase un nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Pero la persecución del régimen chavista también llegó a Colombia, donde el magistrado vivió hasta mayo de este año. Entonces, decidió viajar a España, donde ha solicitado asilo político y donde se siente seguro y a salvo.

El magistrado Rafael Ortega se ha instalado en un refugio para asilados políticos en España. Ahora, con techo y las tres comidas diarias, buscará trabajo en Madrid como profesor universitario

Ortega se ha instalado en un refugio de la Cruz Rojaen Madrid, donde tramita su solicitud de protección internacional. Es uno de los casi 20.000 venezolanos que han pedido asilo político en España entre enero y junio de este año. Vive en el refugio con su esposa e hijos, en dos habitaciones: una para la pareja y otra para los dos muchachos. Como cualquier otro venezolano solicitante de asilo y sin recursos, Ortega recibe las tres comidas y una ayuda económica para gastos de higiene personal y transporte.

Sin dinero y con las cuentas bancarias y las tarjetas bloqueadas en Venezuela, reconoce que ha pasado mucho trabajo. “En Colombia no teníamos ni para la comida. Aquí en España espero poder conseguir algún trabajo como profesor en la universidad, que es lo que he hecho toda mi vida”, explica el magistrado en una entrevista con el diario ALnavío.

El magistrado en el exilio ha declarado ante la policía española que Colombia también es un país inseguro para los perseguidos políticos venezolanos. Venezuela es el principal país de procedencia de los asilados políticos en España, seguida por Colombia, según los datos del Ministerio del Interior de España.

Su caso no es menor. El magistrado fue el encargado de recibir las pruebas físicas y digitales del caso Odebrecht por el cual Nicolás Maduro fue condenado a 18 años de prisión por el Tribunal Supremo en el exilio, una sentencia que se ha convertido en papel mojado en Venezuela, donde los magistrados fueron acusados por traidores a la patria.

En su casa se guardaron decenas de cajas con las pruebas aportadas por la fiscal en el exilio Luisa Ortega Díaz. Y siempre se sintió perseguido en un país donde, explica, operan con relativa libertad el Sebin y el G2 cubano, además de las FARC. “Desde que llegamos a Cúcuta, estábamos siendo vigilados constantemente. Todos los magistrados nos movíamos juntos, en grupo. Íbamos a la plaza, al centro comercial y al hotel juntos. Nos hacían fotos de forma descarada”, explica el magistrado. “Y esa persecución también la sufrimos en Bogotá. Cuando mi esposa y mi hijo estaban en el supermercado, los perseguía un hombre que les hacía fotos. Mi esposa tuvo que llamar al vigilante y el funcionario del Sebin simplemente dijo que sólo cumplía con su trabajo”, añade.

Ortega temía que sus hijos podían ser secuestrados o atacados. La Fiscalía de Colombia no tomó en consideración su denuncia de persecución al considerar que no se había cometido ningún delito. Tampoco le fue concedida la solicitud de vigilancia y protección que el gobierno colombiano -explica- concedió a otros perseguidos como el fiscal Zair Mundaray, aliado de la fiscal general, tras un intento de secuestro. Entonces, planificó su viaje a España.

Ortega nunca ha hecho carrera política. Ha trabajado toda su vida como profesor de Derecho en distintas universidades de Venezuela, presentó credenciales y fue juramentado en el acto de proclamación público en la plaza Alfredo Sadel de Caracas. Al postularse como magistrado, era consciente de los riesgos que asumía. Lo que nunca imaginó es que tendría que huir pocas horas después de su designación.

Antes de ser juramentado, ya comenzó a recibir llamadas anónimas. Un hombre le informaba sobre los movimientos de sus hijos. Y le advertía de las consecuencias de la juramentación. “Yo no le contesté ni una sola palabra. A través de contactos con la policía, pude saber que la llamada fue realizada desde la cárcel de Uribana”, explica el magistrado.Rafael Ortega cruzó la frontera hacia Colombia con sus hijos / Foto: Cortesía

Rafael Ortega cruzó la frontera hacia Colombia con sus hijos / Foto: Cortesía

Tras la juramentación, el magistrado Ángel Zerpa fue detenido y el resto de los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, designados legítimamente por el Parlamento, fueron abandonando Venezuela, la mayoría de ellos por la frontera con Colombia. Ortega no ha sido el único en abandonar Colombia. Algunos de sus excompañeros se mudaron a Miami, pero hay otros seis magistrados que permanecen en territorio colombiano.

Para salir de Colombia, aprovechó la invitación de una universidad en Roma. Acudió a dar sus conferencias y se trasladó a España para pedir refugio. Pasó los primeros días en el conocido hotel Welcome, donde son agrupados todos los solicitantes de asilo en Madrid en su primera fase y donde tuvieron que compartir baño con decenas de refugiados.

Ahora, bajo la supervisión de la Cruz Roja, Ortega y su familia han pasado a una segunda fase y en breve podrán buscar un apartamento cuyo alquiler será asumido por la ONG. Será la fase de integración definitiva. Con cuatro meses en España, se ha sentido muy bien tratado por los funcionarios del gobierno y por las ONG.

En Venezuela, alquiló un autobús, viajó con mascarilla, fingió estar enfermo para pasar los controles y alcabalas y lloró al pasar por el Estadio Universitario del equipo de beisbol Leones del Caracas. No sabía cuándo volvería a verlo. En Colombia, se hospedó en hoteles y apartamentos en Cúcuta y Bogotá, siempre ayudado por fundaciones y con muchas limitaciones económicas. Ahora, con techo y comida garantizados durante sus primeros meses en España, sólo piensa en buscar trabajo como cualquier otro inmigrante e inscribir a su hijo mayor en la universidad.

En Venezuela lo dejó todo. Sólo cruzó la frontera con un bolso de mano, algo de ropa y sus credenciales. Cuando fue juramentado en la plaza Alfredo Sadel era consciente de las consecuencias de aquel acto. Pero, a pesar de las calamidades sufridas, Ortega lo volvería a hacer. “Todo lo que hice, lo hice de acuerdo con la ley y con mis principios. No me arrepiento de nada”.

La “justicia constitucional”contra las universidades por Ramón Escovar León – El Nacional – 3 de Septiembre 2019

La deriva autoritaria de la “justicia constitucional” de la revolución bolivariana ha quedado sellada con la “sentencia” número 324 de la Sala Constitucional del 27 de agosto pasado. En dicha decisión, por vía cautelar, y sin que nadie lo pidiera, suspendió la aplicación de un conjunto de artículos de la vigente Ley de Universidades, ordenó la realización de las elecciones en la Universidad Central de Venezuela en un plazo de seis meses y decretó que al vencer el plazo en cuestión cesa la permanencia de las autoridades. Esta decisión constituye un golpe al principio de autonomía y a la tradición de la universidad republicana.

Los antecedentes de la Universidad Central de Venezuela son el Seminario de Santa Rosa que se transforma el 22 de diciembre de 1721 en la Universidad de Caracas, hoy Universidad Central de Venezuela. Luego, el 24 de junio de 1827, Simón Bolívar promulga los Estatutos republicanos, los cuales son elaborados por la propia universidad, y en los que se ratifica el principio de autonomía universitaria. Esta es la universidad de Andrés Bello, José María Vargas, Juan Germán Roscio y de los próceres civiles que inspiraron la declaración de independencia.

Con el correr del tiempo, nuestra universidad fue evolucionando y consolidando la excelencia académica y el principio de autonomía. Profesores, estudiantes y egresados integran la comunidad universitaria y deciden su conducción, tal como hoy lo postula el artículo 109 de la Constitución.

La universidad autónoma, libre y plural, como espacio del pensamiento, es un factor que incomoda a la revolución bolivariana. No ha sido posible someterla, pese a los numerosos intentos del régimen de convertirla en centros de adoctrinamiento político. Ahora la comunidad universitaria se enfrenta a una nueva estratagema de los socialistas del siglo XXI, quienes, con sus dogmas ideológicos, pretenden controlar la educación superior democrática y republicana, para ideologizarla y subordinarla.

La sentencia 324 de la Sala Constitucional es un nuevo intento, entre otros, para acabar con la autonomía universitaria por medio de un enrevesado esquema electoral, con el pretendido deseo de arrebatarle a los profesores, estudiantes y egresados las decisiones sobre los asuntos universitarios. Ese esquema equipara el voto de los obreros y empleados con el de los profesores, al tiempo que divide al electorado en cinco “sectores”; cada uno con su propio registro electoral: profesores, estudiantes, egresados, personal administrativo y obrero. (Aquí cabe preguntar: ¿cómo se nombran las autoridades en las universidades controladas por el régimen?).

De esta manera, el intrincado sistema diseñado en la sentencia 324, sin base constitucional ni legal, establece que el candidato vencedor será el ganador en, al menos, tres de los cinco sectores y haya obtenido, a la vez, la mayoría absoluta de los votos de todos los sectores electorales sumados. Pero los egresados quedan limitados a aquellos que cumplan con dos condiciones necesarias: i) ejercer “la profesión en el lugar donde la universidad tenga su sede, núcleo o afines; y ii) haberse inscrito en el registro electoral que la Comisión Electoral de cada universidad elaborará para tal fin”. Esto establece una discriminación que viola la Constitución, tal como lo explicó el profesor Allan Brewer-Carías en un estudio difundido en las redes, titulado: “La Sala Constitucional, de nuevo, usurpando la función legislativa y violando la autonomía universitaria, en nombre de una falaz ‘democracia participativa y protagónica’ decreta un nuevo régimen electoral universitario y el cese de las funciones de las autoridades universitarias”.

El esquema inconstitucional mencionado es absurdo en su concepción, al desnaturalizar el significado rigurosamente académico de la comunidad universitaria como, por ejemplo, que el manejo de los asuntos universitarios corresponda a un empleado administrativo o a un obrero. Esto sería tan irracional como pensar que los planes de estudios y diseños de líneas de investigación puedan ser elaborados por los obreros, y no por los profesores. Esta consecuencia no escapa al abanico de posibilidades que deja abierta una decisión de inspiración marxista, que va en contra de la naturaleza de la academia.

Mediante esta sentencia se reedita judicialmente la Ley de Educación Superior que, ante la resistencia y oposición de la comunidad universitaria (profesores, estudiantes y egresados), el mismo Hugo Chávez tuvo que vetar en enero de 2011.

La comunidad universitaria, el mundo académico y los sectores democráticos del país deben asumir una posición unitaria ante la decisión 324. Profesores, estudiantes y egresados, en un solo bloque, son la garantía de que la autonomía universitaria no se perderá.

Hay que preservar los valores de la universidad republicana, que nació bajo el impulso de Simón Bolívar, el Libertador, a quien ahora ignoran los revolucionarios, pese a que lo invocan como su inspirador fundamental.

TSJ vs UCV por Jesús Rangel Rachadell

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El conflicto del gobierno contra las universidades ha tenido varias etapas. Control del presupuesto, de los sueldos y de la matrícula universitaria. Por medio del Tribunal Supremo de Justicia, la prohibición de elegir autoridades, y la imposición de una ley que no cumplió con el procedimiento de creación establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como fue la Ley Orgánica de Educación.

El último acto de intervención es la sentencia de la Sala Constitucional N° 324 del 27-08-2019, por la que coacciona a las autoridades y a las comisiones electorales para que organicen unas elecciones con un sistema electoral que no está en ninguna ley, y con la amenaza de declarar ausencia absoluta de todos los cargos, y el Consejo Nacional de Universidades proceda a sustituirlos.

Los magistrados que firmaron ese adefesio reflejan inconsistencias con su propia jurisprudencia, genera dudas y presenta vacíos importantes, aparte de declarar con lugar una solicitud de medida cautelar distinta, muy distinta, a la solicitada por uno de los denunciantes. Luego de 10 años de interpuesta la nulidad de la Ley Orgánica de Educación, proceso en que fue dictada la decisión, todavía el TSJ no ha decidido el fondo del asunto, demostrando una negligencia interesada en el cumplimiento de sus deberes.

La sentencia ordena elaborar el Registro Electoral Universitario, celebrar las elecciones, totalizar votos, adjudicar y proclamar a los ganadores en un plazo que no podrá exceder de seis (6) meses a partir de la publicación, cuando lo legal es luego de notificados los afectados; pero bueno, esta es la justicia socialista. Aunque no estoy de acuerdo con ese inicio, el lapso lo impusieron del 28-08-2019 al 27-02-2020.

El procedimiento diseñado por la Sala Constitucional para elegir autoridades universitarias es un monstruo como el de Frankenstein. Dictado en contra de la letra de la Constitución, agrupa en cinco sectores a los integrantes de la comunidad universitaria a que se refiere la impugnada Ley Orgánica de Educación: profesores, estudiantes, personal administrativo, personal obrero y los egresados. A estos últimos, se restringe su derecho a participar al exigirles: a) ejercer la profesión, b) vivir en la sede de la universidad (en el caso de la UCV, puede ser la ciudad de Caracas, el Distrito Capital o el Distrito Metropolitano, suprimido y liquidado por la asamblea nacional constituyente el 20-12-2017), y c) presentar una carta de residencia en el lapso de 30 días hábiles. Si el Consejo Universitario convoca las elecciones el día siguiente de la incorporación a actividades, el registro electoral se cierra el 30 de octubre de este año.

En el caso que ningún candidato obtenga: a) la mayoría de los sectores electorales; y b) la mayoría absoluta de los votos de todos los sectores; se procederá a una segunda vuelta con los dos que hayan obtenido la mayor cantidad de sectores electorales. Esta segunda vuelta se celebrará dentro de los 30 días hábiles siguientes a la primera elección, con dos candidatos para cada uno de los cargos rectorales y decanales aptos para una segunda vuelta.

Se tendrían que organizar 15 elecciones en la UCV (rector, vicerrector académico, vicerrector administrativo, secretario y decanos de 11 facultades). Tomando en cuenta el último cronograma de la Comisión Electoral para la elección de autoridades universitarias (Boletín N° 007/2012), este proceso se demoraba más de 4 meses, solo que cambiaron las condiciones. Pero las actividades de la UCV, según calendario, se reinician el 16 de septiembre, es decir, quienes disfrutan de sus vacaciones no tienen la obligación de regresar hasta esa fecha y no se debería contabilizar esos 19 días. Así son las dictaduras.

Considero que es inconstitucional el derecho a votar de algunos sectores, el registro electoral como está diseñado, y peligrosa la presión a los sectores por mecanismos parecidos a las cajas CLAP. La UCV tiene lectoras ópticas para totalizar resultados, y, una vez que estén definidos los candidatos, hay que imprimir los tarjetones especiales. Es necesario tiempo y plata. Hacer el proceso es cuesta arriba.

Maduro, el Cleón moderno, se la ha puesto difícil a las universidades.

Se acabó la autonomía. Sigamos con la esperanza de cambio.

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