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Nicolás Maduro amenazó a Juan Guaidó: “Llegará el día que los tribunales pidan su detención e irá a la cárcel” – Infobae – 14 de Febrero 2020

El dictador hizo la declaración en el marco de una rueda de prensa en el Palacio de Miraflores, consultado acerca de la razón por la cual no había sido arrestado a su regreso a Venezuela

Nicolás Maduro aseguró este viernes que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, será detenido cuando el Ministerio Público emita una orden de aprehensión. Maduro declaró que aún no ha llegado el día, pero aseguró que “llegará”.

“El día que los tribunales de la República den el mandato de detener a Guaidó por todos los delitos que ha cometido, ese día va a la cárcel. Ese día no ha llegado”, dijo Maduro en una rueda de prensa celebrada este viernes en el Palacio de Miraflores.

Guaidó volvió este martes a Venezuela tras una gira internacional en la que fue recibido por Donald Trump, Justin Trudeau, Emmanuel Macron y Boris Johnson, entre otros altos mandatarios.

Sobre él pesa una prohibición de salida del país -emitida por cortes allegadas a Maduro- que ya evitó en febrero de 2019, cuando cruzó la frontera hacia Colombia para intentar que la ayuda humanitaria enviada allí entrara en Venezuela, sin que hubiera consecuencias.

Juan Guaidó (REUTERS/Manaure Quintero)

Juan Guaidó (REUTERS/Manaure Quintero)

El propio Guaidó había reconocido durante su gira que había “riesgo” de que esta vez sí fuera detenido a su regreso a Venezuela. No fue arrestado cuando ingresó al país a través del aeropuerto internacional de Maiquetía, pero sí fue blanco de agresiones por parte de colectivos chavistas presentes en las inmediaciones.

El momento de mayor tensión se registró cuando Dubraska Padrón, coordinadora política de la aerolínea Conviasa -recientemente sancionada por Estados Unidos- ingresó al sector de migraciones y comenzó a increparlo. La mujer siguió a Guaidó hasta la salida del aeropuerto mientras lo calificaba de traidor y le arrojaba líquidos. Guaidó se retiró sin recibir heridas y exclamó ante las cámaras, en relación al episodio: “Este es el showcito”.

Sin embargo, en medio de la confusión, el tío de Guaidó, Juan José Márquez, que le ha acompañado en su gira internacional, sí fue detenido porque, según las autoridades venezolanas, llevaba material explosivo.

Interrogado sobre el arresto de Márquez, Maduro contestó que “es un problema de la Justicia venezolana”. “Pregúntele todas las preguntas que tenga al fiscal general y al tribunal. No es un problema en el que yo tenga que opinar”, ha enfatizado. No obstante, tanto el gobierno de Portugal como la aerolínea que trasladó a la delegación rechazaron que existiera la posibilidad de que este hubiera sido el caso.

El ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Augusto Santos Silva, denunció que las acusaciones del régimen de Nicolás Maduro “no tienen ningún sentido” y aseguró que su detención no es más que una “manera de intimidar” al líder opositor.

El canciller portugués, Augusto Santos Silva

El canciller portugués, Augusto Santos Silva

La aerolínea (TAP), por su parte, aseguró que “es imposible viajar con explosivos en nuestros aviones porque tenemos sistemas de seguridad que los detectan (…) En las normas de TAP y de todas las aerolíneas aliadas a IATA, no solo está prohibido viajar con explosivos sino que la lista incluye baterías”.

El gabinete de Guaidó, por su parte, ha lanzado este mismo viernes una “alerta internacional” por la detención de Márquez, asegurando que es víctima de “un vil montaje” para “quebrar” la voluntad del líder opositor.

“Nicolás Maduro es un cobarde que no se anima a pisar la calle porque lo tratan como lo que es, un dictador”, dijo el miércoles al mediodía Guaidó, en una improvisada conferencia de prensa, minutos antes del comienzo de una nueva sesión de la Asamblea Nacional. “Las amenazas no nos han detenido ni nos van a detener”, agregó.

En ese marco, Guaidó se refirió también a las agresiones que recibieron él y el resto de los miembros de su delegación al arribar al aeropuerto. “Es una escalada clara de la violencia. La agresión ayer a periodistas, a diputados, fue brutal y salvaje, pero no va a detenernos. Ustedes (por los periodistas) han sufrido en carne propia la violencia, tienen compañeros hospitalizados. Son civiles armados por la dictadura que están atacando a la prensa y a los ciudadanos. Esto es responsabilidad del Alto Mando Militar. Están dejando actuar a violentos armados”, afirmó.

 

Delcy Rodríguez en España

En otro pasaje de la conferencia, Maduro se refirió a la controversia suscitada en España por la presencia de la vicepresidente del régimen, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto del país pese a las sanciones impuestas por la Unión Europea, y su reunión con el ministro de Transporte del gobierno de ese país, José Luis Ábalos.

Reuters

Reuters

Consultado acerca de los detalles del encuentro, Maduro evitó brindar una respuesta: “Eso es secreto de Delcy, ella no me ha contado ese secreto, qué habló con Ábalos”, ha contestado. El ministro español ofreció distintas versiones de los hechos a lo largo de distintos días. La última de ellas fue que acudió al aeropuerto con el objetivo de que Rodríguez evitara bajar del avión y generara de esa manera un conflicto diplomático mayor. No obstante, la oposición española consideró la explicación insuficiente y tomó medidas legales. Una de ellas fue acudir al Parlamento Europeo para determinar si el Gobierno había infringido las sanciones impuestas con sus acciones.

Más allá de la polémica en España, Maduro aseguró que Rodríguez fue “en silencio” a otros países durante su tiempo fuera del país y que allí logró “conversar cosas muy interesantes”. “Fue a algunos países en público y se conoció, y en otros fue en silencio para conversar cosas muy interesantes que nosotros estamos desarrollando con otros países del mundo”, dijo, sin proveer más detalles.

No obstante, sí aseguró que ha transmitido a España y otros gobiernos -entre los que mencionó a Argentina, México, Panamá, Rusia y la UE- una propuesta de crear un grupo de “países amigos” que se encargue de favorecer el diálogo en Venezuela. El objetivo, aseguró, es que el grupo favorezca “un diálogo inclusivo y soberano (…) para fortalecer la democracia” en el país, y que se desarrolle “antes, durante y después” de las elecciones parlamentarias previstas para este año.

Decreto de prohibición de promocionar y difundir material audiovisual – Tribunal 36 de Primera Instancia – 8 de Octubre 2019

Avanzan en EEUU las opciones judiciales para que Venezuela pierda Citgo por Sabrina Martín – PanamPost – 1 de Octubre 2019

Gobierno Guaidó se prepara para pedir un recurso de protección de activos en la ONU

Sin Citgo, Venezuela perdería la capacidad de poner y distribuir crudo venezolano en Estados Unidos. (Alba Ciudad)

Nuevamente un tribunal de Estados Unidos falló a favor de la corporación canadiense Crystallex y le dejó la vía abierta para que pueda apoderarse de las acciones de la refinería estatal Citgo, el mayor activo que tiene Venezuela en el exterior.

La decisión judicial levanta la suspensión que le impedía a la empresa canadiense apoderarse de las acciones de Citgo, en el marco de un laudo arbitral que condena a Venezuela a pagar mil docientos dos millones de dólares más intereses por la expropiación de sus activos bajo el mandato de Hugo Chávez.

Con la nueva medida del juez Thomas Ambro se anulan las decisiones de tribunales inferiores que habían suspendido temporalmente las acciones de Citgo, mientras que el Gobierno del presidente legítimo, Juan Guaidó, presentaba nuevos alegatos para la defensa de los activos de la empresa venezolana.

La minera canadiense reclama mil docientos millones de dólares por la estatización de un yacimiento de oro, realizada por Chávez en 2008. El chavismo no ha pagado la indemnización acordada tras el arbitraje internacional.

En agosto de 2018 una corte de Delaware determinó que Petróleos de Venezuela (PDVSA) actuó como un alter ego del Gobierno venezolano, y Citgo es una filial de la estatal petrolera. Por lo tanto, los activos de Citgo Holding, empresa valorada en cerca de ocho mil millones de dólares, podían ser confiscados para cumplir con las deudas.

Hay que recordar que un decreto emitido en agosto congela los activos del Estado venezolano en Estados Unidos y suspende los juicios contra Citgo, pero no elimina permanentemente los derechos de los acreedores a embargarla.

Guaidó se prepara para acudir a la ONU

El Gobierno del presidente Guaidó, que está a punto de perder Citgo tras los impagos y deudas del chavismo, se prepara para pedir un recurso de protección de activos en la ONU para evitar que los acreedores tomen control de dicha refinería.

La propuesta, que sería presentada en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), estaría en etapa inicial. Los economistas y abogados asesores de Guaidó buscan que el organismo internacional proteja los activos de Venezuela, tal y como lo hizo el Consejo de Seguridad cuando protegió los activos de Irak en el extranjero tras la invasión estadounidense en 2003.

De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, «la táctica del equipo de Guaidó se debe a que para finales de octubre se tienen que pagar 913 millones de dólares del bono de la petrolera estatal PDVSA que vence en 2020 y que tiene como garantía más de la mitad de las acciones de la filial estadounidense de la industria, Citgo».

Pero lograr que el Consejo de Seguridad apruebe la medida de protección de activos es prácticamente «misión imposible», debido a que está conformado por países como Rusia y China, que tienen poder de veto y son aliados del régimen Maduro.

¿Qué significa perder Citgo?

Sin Citgo, Venezuela perdería la capacidad de poner y distribuir crudo venezolano en Estados Unidos, debido a que este país es la principal nación que paga con divisas en efectivo. Sin embargo, tras las sanciones emitidas por el Gobierno de Donald Trump contra la tiranía, ese país ha reducido sus compras a Venezuela.

PDV Holding Inc., propiedad de PDVSA, es propietaria de Citgo Holding Inc., que a su vez posee Citgo Petroleum Corporation, que tiene tres refinerías y oleoductos en Estados Unidos. Citgo pueden refinar setecientos cuarenta y nueve mil barriles de crudo diarios y la refinería de Lake Charles es la sexta más grande en Estados Unidos.

Pero la situación se complica aún más, porque en 2016 se conoció que Maduro hipotecó en secreto la refinería Citgo a Rusia por un millonario préstamo. El régimen venezolano le habría entregado el 49,99 % de las acciones a Rusia a cambio de un préstamo de 1,5 billones de dólares.

La petrolera venezolana PDVSA adjudicó prácticamente el control de la refinería en Estados Unidos a la estatal rusa Rosneft, según un documento que dio a conocer el Latin American Herald Tribune, donde Rosneft admite que controla el 49,99 % de las acciones de Citgo.

Si Citgo o PDVSA incumplieran con el pago del millonario préstamo, la compañía estatal rusa Rosneft podría terminar siendo dueña de importantes refinerías de petróleo y oleoductos en Estados Unidos.

Hay que recordar además que recientemente, ante un posible default por parte del régimen de Maduro, el Gobierno de Estados Unidos decidió permitir que los tenedores de bonos de PDVSA 2020 puedan reclamar el cobro de su garantía en caso de que Venezuela incumpla con los pagos. Con ello podrían apropiarse de acciones de Citgo.

Conocer cuánto vale Citgo es una discusión constante entre los economistas, pero, según estimaciones, si Venezuela hoy decidiera vender Citgo para pagar sus deudas, no recibiría más de cuatro mil millones de dólares, de los cuales la mitad es de Rosneft y la otra mitad para pagar todas las deudas pendientes. A Venezuela le quedaría muy poco.

Justicia europea desestima recurso de Venezuela contra sanciones de UE – Deutsche Welle – 19 de Septiembre 2019

La Justicia europea desestimó este viernes el recurso del gobierno venezolano de Nicolás Maduro contra el régimen de sanciones adoptado en 2017 por la Unión Europea, por la situación de los derechos humanos en el país.   

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y la primera dama del país, Cilia Flores. (Archivo).Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y la primera dama del país, Cilia Flores.

“El Tribunal General [de la UE] decide desestimar el recurso”, falla la corte con sede en Luxemburgo, dando la razón al Consejo de la UE, institución encargada de imponer sanciones, que consideraba inadmisible la demanda de Caracas.

En noviembre de 2017, la UE impuso su primer paquete de sanciones consistente en prohibir a empresas europeas la exportación de armas y equipos que puedan utilizarse para la represión interna en Venezuela.

Durante la vista celebrada en febrero, la agente del Consejo de la UE, Petra Mahnic, defendió que el reglamento adoptado respondía “al deterioro de la democracia, del Estado de derecho y los derechos humanos en Venezuela”.

El gobierno de Maduro recurrió en febrero de 2018 la creación de ese régimen de sanciones, al asegurar que se vulneró su derecho a ser oído, no se justificó debidamente la decisión y existen errores de apreciación sobre los hechos.

Para Caracas, esas sanciones, adoptadas tras la muerte de 125 personas en cuatro meses de protestas opositoras, son además “contramedidas ilícitas conforme al Derecho internacional consuetudinario”, según el recurso.

“A lo sumo, efectos indirectos”

Sin entrar en el fondo del recurso, el tribunal desestima la demanda tras estudiar los motivos de inadmisibilidad defendidos por el Consejo de la UE, entre ellos que las “disposiciones impugnadas no afectan directamente” a Caracas.

“A lo sumo, pueden tener efectos indirectos” ya que las prohibiciones impuestas a las entidades de los países de la UE pueden limitar “las fuentes en las que Venezuela puede procurarse productos y servicios”, según el fallo.

Venezuela se convirtió en 2017 en el primer país latinoamericano sancionado por la UE. Además del embargo de armas, los europeos impusieron en 2018 una congelación de activos y prohibición de visados para 18 funcionarios.

El Tribunal General debe pronunciarse todavía sobre los recursos presentados por 10 de los 18 funcionarios contra estas medidas individuales, entre ellos la vicepresidenta del gobierno venezolano, Delcy Rodríguez.

Los europeos son blanco de las críticas de los opositores al gobierno de Venezuela por no aumentar la presión sobre el presidente Nicolás Maduro, al nivel de Estados Unidos, que incluso congeló los activos venezolanos.

Rafael Ramirez, Eulogio Del Pino y otros demandados por extorsión en tribunales de USA por Gustavo Coronel – Blog Las Armas de Coronel – 16 de Agosto 2019

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En la ciudad de Houston, Texas la empresa Harvest Natural Resources Inc. ha introducido una demanda en contra de Rafael Ramírez, Eulogio del Pino, Juan José Mendoza García (PetroConsultores) y José Ángel González Acosta por el delito de intento de extorsión en su contra.
Según el texto de la demanda Ramírez, del Pino y sus “colaboradores”  le pidieron a la citada empresa la suma de U.S. $10 millones a fin de permitirle la venta de su participación del 40%  en la empresa mixta PetroDelta S.A. Estas demandas no fueron hechas una sola vez sino en cuatro ocasiones separadas, siempre en nombre de Rafael Ramírez, por conducto de Mendoza García. Los intentos de extorsión se produjeron en reuniones de Mendoza García tanto con la empresa que deseaba vender, Harvest, como con las empresas que – en su momento – estuvieron dispuestas a comprar, PERTAMINA (Indonesia) y PETROANDINA. Tanto los ejecutivos de Harvest como los de las empresas potencialmente compradoras dan testimonio de que tales reuniones ocurrieron.
Tanto la empresa demandante como los potenciales compradores de las acciones de Harvest en PetroDelta S.A. rechazaron, en cada ocasión, el intento de extorsión a quienes lo pedían y, por tal razón, PDVSA y el Ministerio pusieron trabas imposibles de satisfacer por las empresas, convirtiendo lo que pudo haber sido una venta por unos U.S. $725 millones a la empresa PERTAMINA en una venta a un diferente comprador por U.S. $255 millones, venta que solo fue posible una vez que Ramírez abandonara el Ministerio y PDVSA. Esto representó para Harvest una pérdida de U.S. $470 millones.  
La empresa Harvest pide una compensación del triple de sus pérdidas, lo cual representaría unos $1450 millones a ser pagados por los demandados, más los costos procesales
En su demanda Harvest detalla las fechas y asistentes a las reuniones y da fe de que tanto las empresas PERTAMINA como PETROANDINA recibieron pedidos similares de dinero para que la venta pudiese llevarse a cabo. La demanda añade numerosos detalles según los cuales Ramírez y sus “colaboradores” estarían sujetos a investigación en USA y en otros países, incluyendo algunos de sus asociados más cercanos ya  enviados a prisión, como Rafael Reiter y Nervis Villalobos. Po su parte Eulogio del Pino está aparentemente en prisión en Venezuela. 
 
En 2015 el Wall Street Journal reportó actividades de extorsión a contratistas españoles por parte de Rafael Ramírez, a través de su primo, aparentemente en prisión en Venezuela, Diego Salazar Carreño, ver: https://www.wsj.com/articles/u-s-investigates-venezuelan-oil-giant-1445478342
Rafael Ramírez se ha negado, hasta ahora, a comparecer en el tribunal de Houston, donde ha sido demandado y ha presentado un documento que pretende excusar su ausencia, el cual está lleno de demostrables.
Estas graves acusaciones no han impedido que Ramírez siga en su intento de ser candidato presidencial en Venezuela, hablando en nombre de lo que llama el Chavismo Originario y pretenda presentarse ante el país como un angelito víctima de Nicolás Maduro.

Estos son los chavistas que están bajo la lupa en Estados Unidos, España, Andorra y Costa Rica por David Placer – ALnavío – 26 de Julio 2019

Más de 40 políticos, empresarios y funcionarios del chavismo han sido juzgados o están siendo investigados por las autoridades internacionales. Esta es la lista de los implicados en las tramas chavistas.

Más de 40 venezolanos son investigados en cuatro países / Foto: PDVSA
Más de 40 venezolanos son investigados en cuatro países / Foto: PDVSA

Las autoridades y tribunales internacionales investigan a más de 40 exdirectivos, funcionarios, empresarios y hombres de confianza del chavismo por enormes casos de corrupción.

La fiscalía y los tribunales de Andorra, España y Estados Unidos y la policía de Costa Rica investigan las extensas redes de corrupción que han lavado cifras milmillonarias, principalmente procedentes de la industria petrolera durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Éste es el listado, por países, de los venezolanos y allegados del chavismo investigados por policía, fiscales y jueces.

Andorra:

La juez de Andorra Canòlic Mingorance investiga a 16 ciudadanos relacionados con el desvío milmillonario de recursos de Petróleos de VenezuelaPDVSA, hasta el banco BPA (Banca Privada de Andorra) en la que más de una decena de extrabajadores y altos cargos de la entidad también fueron acusados de desviar dinero procedente de una red corrupta liderada por Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez, expresidente de Petróleos de Venezuela que se encuentra en paradero desconocido.

La mayor parte los chavistas procesados por la justicia internacional están vinculados a casos de corrupción en Petróleos de Venezuela

Salazar, que ha terminado encarcelado en La Tumba, la prisión subterránea del Sebin en Plaza Venezuela, en Caracas, era la cabeza visible de la red de corrupción que pudo haber centrifugado unos 2.000 millones de dólares en una compleja red de empresas fantasma.

En la trama también están siendo investigados Nervis Villalobos, exviceministro de Energía, y Javier Alvarado Ochoa, exministro de Desarrollo Eléctrico detenido recientemente en Madrid por órdenes de la Audiencia Nacional.

Villalobos y Alvarado formaron una trama de lavado de dinero que podría rondar los 110 millones de dólares que fueron extraídos a través del banco portugués Espíritu Santo que resguardaba dinero de Petróleos de Venezuela.

En Andorra también está siendo investigado Luis Carlos De León que fue detenido en España y extraditado a Estados Unidos por blanqueo de capitales y miembro de una organización criminal. De León, muchacho hábil y simpático, se enchufó en la rosca de los negocios del chavismo al conocer a Javier Alvarado, padre de uno de sus amigos.

La jueza de Andorra también avanza investigaciones sobre los siguientes implicados: Rosycela Díaz Gil (esposa de Diego Salazar), Luis Mariano Rodríguez Cabello(operador personal de Diego Salazar), Omar Jesús Farías Luces (propietario de Seguros Constitución, con la cual firmó contratos de seguros a la petrolera), Francisco Rafael Jiménez Villarroel (gerente de Gas Natural Vehicular y director de Deltaven).

También están siendo investigados en el mismo juzgado de Andorra:

José Luis Zabala
Estíbaliz Basoa
Luis Carlos de León Pérez
Alejando Saura Alonso
Alfonso J. Rodríguez Navas
Reinaldo Luis Ramírez Carreño
José Ramon Arias Lanz
Eudomario Carruyo

Estados Unidos

Condenados:

Carlos Kauffman:

Cumplió un año de prisión después de haber colaborado con la justicia de Estados Unidos para juzgar el caso del maletín de Guido Antonini Wilson que llevaba 800.000 dólares destinado para, supuestamente, financiar la campaña de Cristina Fernández en Argentina. Kaffman adquirió Industrias Venocopor 30 millones de dólares y ahora se dedica a la competición de vehículos Ferrari.

Franklin Durán:

Socio de Kauffman, fue condenado a cuatro años de cárcel en los Estados Unidos en un juicio celebrado en Miami. Fue acusado de ser un agente encubierto del chavismo en Estados Unidos y de ocultar el origen y destino del maletín con los 800.000 dólares en efectivo.

Francisco Ilaramendi:

Se declaró culpable de varios delitos de fraude y conspiración para obstruir a la justicia en un tribunal de Connecticut en 2011. Illarramendi fue sentenciado por montar un esquema piramidal con fondos de Petróleos de Venezuela. Fue sentenciado por mentir a inversionistas y acreedores al cubrir unas pérdidas por 500.000 millones de dólares.

Miami:

Alejandro Andrade:

Conocido como el “tuerto” Andrade y amigo personal de Hugo Chávez, fue tesorero nacional de Venezuela. Se declaró culpable el 22 de diciembre de 2017 por delito de lavado de dinero. Fue condenado a ocho años de cárcel.

Las cantidades defraudadas en el caso ascienden a los 1.000 millones de dólares, de acuerdo con la investigación judicial.

Raúl Gorrín:

Un tribunal federal de Miami investiga la red de blanqueo del empresario Raúl Gorrín, dueño del canal de TV Globovisión, y el pago de sobornos a altos funcionarios del chavismo.

Gorrín, incurso en la misma investigación que Andrade, fue acusado el 16 de agosto de 2018 en el Distrito Sur de Florida con cargos por conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

Gabriel Jiménez Aray:

Gabriel Arturo Jiménez Aray, de 50 años, residía en Chicago cuando fue investigado por el mismo caso en el que están implicados Raúl Gorrín y Alejandro Andrade. Antiguo propietario del banco Banco Peravia, en República Dominicana, se declaró culpable el 20 de marzo de 2018 también por delitos de lavado de dinero.

José Vicente Amparan:

Ha sido identificado como “lavador de dinero profesional”, involucrado en el mismo caso del desfalco milmillonario a PDVSA. Amparán está en búsqueda y captura. También parece como propietario de 16 empresas en España.

Carmelo Urdaneta:

Abogado de profesión, Carmelo Urdaneta es exconsejero legal del Ministerio de Energía y Petróleo. Fabricaba documentos financieros falsos para justificar las transacciones ilícitas que se conversaron en Venezuela y se transaron en Miami, de acuerdo con la investigación judicial.

Houston:

Roberto Rincón (padre):

Se declaró culpable por delitos de blanqueo de capitales en la estafa milmillonaria de Petróleos de Venezuela. El próximo 31 de julio se podría conocer su sentencia definitiva. Fue capturado en Houston en diciembre de 2015. Tuvo empresas activas en Madrid, donde llegó a residir. La boda de su hijo por todo lo alto en un monasterio en Ávila, España, fue célebre por el enorme derroche de recursos.

Abraham Shiera:

Implicado en la misma investigación judicial de Roberto Rincón, fue detenido en Miami en diciembre de 2015. También podría conocer su sentencia definitiva el próximo 31 de julio.

Participó en el grupo de pool de empresas que prestaban servicios a PDVSA. A cambio del éxito en los contratos, los funcionarios chavistas recibían pagos en efectivo y en regalos, como por ejemplo relojes, vehículos y pagos de viajes a la Fórmula 1.

Rafael Reiter:

Exdirector de Seguridad de Petróleos de Venezuela, se instaló en una mansión en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), donde fue detenido hace un año acusado de delitos de blanqueo de capitales. Conocido como Nadal por sus compañeros de trama, fue detenido junto con su esposa, Vanessa Yssea.

Otros procesados:

Alejandro Istúriz, Luis Carlos De León y Nervis Villalobos. Esto dos últimos también están siendo investigados en España.

En Estados Unidos también han sido investigados los empresarios denominados “bolichicos” tras denuncias en Nueva York. Las investigaciones contra los implicados en el caso DerwickFrancisco D’Agostino, cuñado de Henry Ramos AllupAlejandro Betancourt, conocido como “El bolichico”, Francisco Convit y Pedro José Trebbau no han prosperado en los tribunales de Nueva York.

Costa Rica:

Eduardo Manuitt:

El exgobernador chavista del estado Guárico acaba de ser detenido por la policía de Costa Rica con un importante arsenal de armamento. También está siendo investigado por falsedad documental.

España:

Raúl Morodo y Alejo Morodo:

El exembajador del expresidente de gobierno José Luis Rodríguez Zapatero es acusado de recibir dinero procedente de asesorías ficticias, también en Petróleos de Venezuela. Las cantidades defraudadas podrían ascender a los 4,5 millones de euros.

Juan Carlos Márquez:

Exprofesor de derecho de la Universidad Central de Venezuela y hombre de confianza de Rafael Ramírez, aceptó colaborar la semana pasada con el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso del exembajador de Zapatero en Venezuela. El domingo pasado apareció ahorcado.

Claudia Patricia Guillén:

La enfermera personal de Hugo Chávez está siendo procesada por la Audiencia Nacional, terminó siendo designada vicetesorera de la Nación por el exministro Jorge Giordani. Es acusada por blanqueo de capitales, asociación ilícita y malversación de fondos. El régimen de Maduro ha solicitado su extradición a Venezuela, petición que hasta ahora ha sido denegada.

Adrián Velásquez:

Marido de Guillén y exjefe de Seguridad de Chávez, es acusado de enriquecimiento ilícito y blanqueo de capitales a través de sociedades en Panamá. El régimen de Maduro también ha solicitado su extradición a Venezuela.

Hugo Carvajal:

Exjefe de la inteligencia venezolana, el “Pollo” Carvajal está detenido en España por una solicitud de arresto de Estados Unidos por la comisión de delitos de blanqueo de fondos procedentes del narcotráfico y la guerrilla de las FARC. Estados Unidos lo acusa de ser pieza clave en el tráfico de drogas desde Venezuela hacia México y Estados Unidos.

Luis Fernando Vuteff:

De nacionalidad argentina, el yerno del exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, está siendo investigado por los tribunales ordinarios por delito de blanqueo de capitales.

En España también están siendo investigados Javier Alvarado, que ha sido detenido hace pocas semanas en Madrid, y Rafael Reiter, investigado en Estados Unidos.

Hay que destacar también que Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores, sobrinos de Cilia Flores, la esposa de Maduro, fueron arrestados en Haití a finales de 2015 y llevados a Estados Unidos en el marco de una operación de la Administración para el Control de Drogas (DEA)

Maduro y Guaidó se disputarán control de Citgo en tribunales de EEUU por Sabrina Martín – PanamPost – 27 de Junio 2019

La justicia estadounidense decidirá cuál de los dos directorios estará a cargo del mayor activo de Venezuela en el exterior.

 

Con una demanda, el régimen busca que el tribunal reconozca la legitimidad de la junta directiva de cinco miembros que fueron designados por Maduro. (Alba Ciudad)

El régimen de Nicolás Maduro y el Gobierno legítimo de Juan Guaidó se disputarán en tribunales de Estados Unidos el control de la refinería Citgo, el mayor activo que tiene Venezuela en el exterior.

De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, la justicia estadounidense decidirá cuál de los dos directorios estará a cargo de Citgo Petroleum Corp, la octava mayor empresa de refinación de ese país.

Maibort Petit@maibortpetit

Los funcionarios petroleros del régimen de Nicolás Maduro están intentando recuperar el control de la filial estadounidense de refinación de Petroleum Corp., demandando a directores corporativos designados por @jguaido

El régimen busca que el tribunal reconozca la legitimidad de la junta directiva de cinco miembros que fueron designados por Maduro, una sentencia que si termina a su favor, le daría al dictador el control sobre los casi 30 000 millones de dólares en ingresos anuales de la compañía.

Después de que Guaidó asumió como presidente constitucional, tras la usurpación del cargo por parte de Maduro, el Gobierno de Estados Unidos le otorgó su apoyo y con ello la administración de la refinería venezolana, con la única condición que cualquier beneficio no ingrese al régimen de Maduro.

Tras lo anterior, Guaidó optó en febrero por nombrar una junta directiva de PDVSA con poder para nombrar nuevos directivos para las filiales en Estados Unidos, como PDV Holding, Citgo Holding y Citgo Petroleum.

Fue Luisa Palacios quien asumió el cargo de presidenta de Citgo tras ser designada por el legítimo Parlamento, y ha estado dirigiendo la compañía, que busca un nuevo presidente ejecutivo.

El antiguo presidente de la firma de refinación designado por Maduro, Asdrúbal Chávez, perdió el control de Citgo y sus miembros fueron destituidos.

La empresa de refinación dijo en un comunicado que “confía en que los tribunales estadounidenses” reconocerán a Guaidó, así como lo ha hecho Washington, como el representante legítimo de Venezuela con autoridad para nombrar directores.

Esta querella es un esfuerzo frívolo en un intento de usar los tribunales para litigar sobre las decisiones de política exterior del presidente de Estados Unidos.

El dictador ha afirmado que es «totalmente ilegal» que el legítimo presidente tomara el control de Citgo. Con la refinería bajo el control de Guaidó, Maduro ha dejado de percibir millones de dólares, los cuales necesita para alargar su estadía en el poder.

«Este endeudamiento es totalmente ilegal. Vamos a demostrar el robo que están haciendo en los tribunales de Estados Unidos, y nos van a devolver a Citgo. ¡Les vamos a ganar en los juicios porque el único propietario es el Estado venezolano!», dijo el usurpador Maduro el pasado mes de abril.

En sus declaraciones, el dictador decidió ignorar que durante décadas el régimen multiplicó la deuda externa. Pasó de 30 000 millones de dólares a unos 150 000 millones. Además, comprometió las acciones de Citgo a cambio de préstamos en efectivo.

Pareciera que Maduro empieza a «sangrar por la herida», pues al perder el control de Citgo también pierde el mayor activo de Venezuela en el extranjero.

PDV Holding Inc., propiedad de PDVSA, es propietaria de Citgo Holding Inc., que a su vez posee Citgo Petroleum Corporation, que tiene tres refinerías y oleoductos en Estados Unidos.

Citgo pueden refinar 749 000 barriles diarios y la refinería de Lake Charles es la sexta refinería más grande en Estados Unidos.

Lo que hizo Maduro con Citgo: era su «juguete» de mayor valor

Maduro dejó a Venezuela al borde de perder Citgo luego de que violara un acuerdo millonario con la minera canadiense Crystallex International Corp. Ahora le toca a Guaidó tratar de recuperar la petrolera, que está en medio de disputas internacionales.

La minera canadiense no es la única que está detrás de Venezuela para cobrar una millonaria suma, pues el régimen de Maduro también habría violado un acuerdo por 1 300 millones de dólares que alcanzó en octubre con Rusoro Mining de Vancouver. Ambas empresas habían buscado órdenes de tribunales estadounidenses para subastar a la matriz de Citgo.

Debido a que el chavismo llevó a Venezuela a entrar en default “por todos lados”, los acreedores que aún esperan por su pago también están detrás de Citgo, tal y como lo están Crystallex y Rusoro Mining.

Un reportaje de la BBC reveló que expertos legales y financieros anticipan que ante un impago se iniciará un complicado proceso de maniobras legales para cobrarle a Venezuela.

“El último que llegue a cobrar, no va a cobrar porque todos los afectados por impago de Venezuela van detrás de Citgo y de los pocos activos que tiene el país en el exterior”, dijo a PanAm Post el economista Luis Oliveros.

Según el experto, conocer cuánto vale Citgo es una discusión constante entre los economistas, pero, según sus estimaciones, si Venezuela hoy decidiera vender Citgo para pagar sus deudas, no recibiría más de 4 000 millones de dólares, de los cuales la mitad es de Rosneft (la petrolera estatal rusa) y la otra mitad para pagar todas las deudas pendientes. A Venezuela le quedaría “muy poco”.

Es por esta razón que Guaidó tuvo que ordenar el pago de una deuda contraída por Maduro en 2016 y que comprometía a Citgo. Con esto, el presidente evitó, por ahora, que la empresa fuera tomada como parte de pago.

El juez militar que cazaba a supuestos “traidores” al chavismo fue acusado de “traidor” y ahora comparte la cárcel con sus víctimas por Sebastiana Barráez Infobae – 16 de Junio 2019

El coronel de la Guardia Nacional Ramón Alí Peñalver Vásquez fue enviado a la sede de la DGCIM y expulsado de la Fuerza Armada, sospechado de haber participado en la insurreción del 30A

Ramón Alí Peñalver Vásquez

Ramón Alí Peñalver Vásquez

Cuando el coronel de la Guardia Nacional Ramón Alí Peñalver Vásquez llegó hace una semanas en calidad de detenido a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Caracas, la reacción de oficiales presos fue de protestaMuchos son sus víctimas; están allí porque él los envió a la cárcel siendo Juez Militar. Los custodios debieron trasladarlo a un área distinta de los inmundos sótanos que sirven de cárcel a muchos militares imputados por conspiración contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Peñalver Vásquez fue un verdugo en el Tribunal Militar de Vargas, en el Tribunal Militar 2° de juicio de Maracay (Aragua) y en la Corte Marcial. Ahora cayó en desgracia porque los cuerpos de Inteligencia lo acusan de estar involucrado en los sucesos de la Operación Libertad del 30 de Abril, que lideró Juan Guaidó en las inmediaciones de la base aérea La Carlota.

Le aplicaron al coronel lo mismo que permitió que le hicieran a varios de los militares cuyas causas él sentenció. Lo allanaron sin orden previa, lo detuvieron sin que así lo decidiera juez alguno, lo incomunicaron por unos días, le abrieron un expediente con actas fabricadas. Y para colmo, Nicolás Maduro lo expulsó de la Fuerza Armada y lo degradó “por traición a la patria”.

Lo consideró indigno de pertenecer a la FANB “por haber violentado con su conducta los valores y principios que representan a la institución militar”. El decreto indica que la decisión “implica necesariamente la pérdida del grado y condecoraciones nacionales“.

Le abrieron una investigación penal “a los fines de determinar la existencia de los elementos de modo, tiempo y lugar que permitan precisar el tipo de responsabilidad”. Según consideró Maduro el oficial, junto a un general, fueron contactados por sectores de oposición para llevar a cabo un intento de rebelión el 30 de abril.

 

Casos emblemáticos

Son muchos los expedientes que durante años tuvo en sus manos el ahora coronel Peñalver Vásquez, actuando al servicio de la justicia militar, sin cumplir con los mínimos derechos de los imputados. Como evidencia de eso es el general del Ejército Ángel Omar Vivas Perdomo, quien narra lo que ocurrió la mañana del día miércoles 28 de abril del año 2010. “Luego de haber enfrentado una investigación penal militar que duró más de dos años, me encontraba en el Fuerte Militar Tiuna, en la sala de audiencias de la Corte Marcial de la República, sentado en el banquillo de los acusados escuchando al “Juez” Militar, Mayor de la Guardia Nacional Ramón Alí Peñalver, ordenar llevarme a Juicio Militar en el Consejo de Guerra de Caracas acusándome de haber cometido los delitos militares de insubordinación, desobediencia y falta al decoro”.

Estaba ahí, dice, “por haberme opuesto en el año 2007, cuando todavía era un General en servicio activo, a que Hugo Chávez, primer Procónsul cubano en Venezuela, impusiera el lema cubano “patria, socialismo o muerte” a la entonces FAN venezolana. Por oponerme a lo que fue la punta del iceberg de toda la tragedia que vive Venezuela hoy”.

La historia del general Vivas se resume en que fue detenido, incomunicado, torturado, violentado sus derechos y negado el debido proceso judicial.

Golpe Azul

Peñalver, quien ascendió a coronel de número 46, según resolución 014724 del 29 de junio 2016, manejó otro caso simbólico, el del Golpe Azul, como se llamó a la supuesta planificación de una rebelión donde fundamentalmente participarían oficiales de la Fuerza Aérea Militar y que se habría planificado el 12 de febrero de 2015.

El 12 de enero de 2017 los coroneles José Lucindo De LaCadena Toledo y Ramón Alí Peñalver, así como el Tcnel. (AV) Willelvis Soto, como jueces del Tribunal Militar Segundo de Juicio Accidental de Maracay, sentenciaron a cinco militares y tres civiles, señalados de participar en ese supuesto golpe de Estado contra Nicolás Maduro.

De cinco a ocho años de prisión fueron condenados los primeros tenientes Henry Javier Salazar Moncada, Carlos José Esqueda Martínez, Petter Alexander Moreno Guevara, Ricardo José Antich Zapata y Luis Hernando Lugo Calderón, por los presuntos delitos de instigación a la rebelión y contra el decoro militar.

Además de tres civiles: Pedro Rafael Maury Bolívar, taxista, Luis Rafael Colmenares Pacheco, cajero de banco, y Jesús Enrique Salazar Mendoza, carpintero.

Hay jueces, fiscales y defensores públicos militares que actúan desde el poder con la mayor crueldad, sin respeto por la carrera, la libertad, la familia, los bienes o simplemente los derechos de los militares detenidos, sintiéndose protegidos porque obedecen los caprichos del poder de turno, sin asumir que en un escenario como el que vive Venezuela con la administración de justicia, cualquier día puede caer bajo sospecha y entrar en la misma centrífuga que antes ayuda a mantener en funcionamiento.

La revolución es un trapiche que va exprimiendo y desechando personas. No importa cuánto le sirvan, aunque lo hagan por años, basta una sospecha para entrar en desgracia y el victimario se convierte en víctima como ha sucedido con el juez Peñalver Vásquez.

Tribunal arbitral condena al régimen venezolano a pagar $366 millones por expropiaciones – Diario Las Americas – 3 de Mayo 2019

El pasado 26 de abril, un tribunal arbitral internacional administrado por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, Holanda, condenó a Venezuela a pagar aproximadamente $366 millones en favor de Serafín García Armas y su hija Karina García Gruber, propietarios de Alimentos Frisa, C.A. y Transporte Dole, C.A. en concepto de indemnización por la expropiación ilegal de estas compañías que tuvo lugar en 2010, según documentos a los que tuvo acceso DIARIO LAS AMÉRICAS.

El arbitraje internacional fue iniciado en el año 2012 por el sr. García Armas y la sra. García Gruber invocando el Tratado Bilateral de Inversiones firmado entre Venezuela y el Reino de España en el año 1995. El reclamo se basó en la expropiación de Alimentos Frisa, C.A. y Transporte Dole, C.A., compañías de los sres. García Armas y García Gruber, quienes operaban en el sector de la importación y distribución de alimentos en Venezuela. En mayo de 2010 las instalaciones de estas compañías fueron ocupadas y sus inventarios decomisados por funcionarios del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), bajo las órdenes del presidente Hugo Chávez.

La intervención de las compañías de la familia García Armas (que también incluyó al Frigorífico Ordaz, S.A., propiedad de otros miembros de la familiar y respecto del cuál tramitan dos arbitrajes separados), tuvo lugar en el marco de una serie de inspecciones realizadas por el INDEPABIS en mayo de 2010 a varias empresas en el sector alimentario, varias de las cuales resultaron finalmente expropiadas por el régimen del presidente Chávez.

En el caso de Alimentos Frisa, C.A. y Transporte Dole, C.A., el INDEPABIS acusó a estas compañías de irregularidades operativas, y a través de medidas preventivas de “ocupación y operatividad temporal”, removió a sus propietarios legítimos y puso sus activos e inventarios a disposición de una junta administradora controlada por el Gobierno.

Según destacó el tribunal arbitral, compuesto por los experimentados árbitros Guido Santiago Tawil (Argentina), Eduardo Grebler (Brasil) y Rodrigo Oreamuno (Costa Rica) y administrado por la Corte Permanente de la Haya, la junta administradora del Gobierno se apropió de ambas compañías, incluyendo sus inventarios, cuentas por cobrar, vehículos y cuentas bancarias. El Tribunal Arbitral señaló que en ningún momento la junta administradora intentó preservar el patrimonio o la operación de las compañías, ni rindió cuentas por sus actos. Debido a los desmanejos de la junta administradora, al poco tiempo de su intervención, ambas empresas debieron suspender definitivamente sus operaciones.

El tribunal arbitral concluyó que la real justificación para la intervención de las compañías por parte del INDEPABIS no había sido la supuesta existencia de irregularidades, sino la decisión de Venezuela de apropiarse de los activos de las compañías del sr. García Armas sin pagar por ellas. Por lo tanto, el tribunal arbitral consideró que las medidas habían implicado una expropiación ilegal y una violación a la obligación de trato justo y equitativo que tenía Venezuela bajo el Tratado Venezuela-España.

En su decisión, el tribunal también consideró que las medidas de Venezuela habían sido arbitrarias y totalmente desproporcionadas con las supuestas infracciones y que Venezuela había violado gravemente el debido proceso al no seguir los procedimientos previstos en la ley venezolana para una expropiación legal, incluyendo el pago de compensación pronta y efectiva.

Como resultado de estas violaciones del Tratado Venezuela-España, el Tribunal Arbitral condenó a Venezuela al pago de la indemnización a favor de los inversores por $366 millones más intereses a partir de la fecha del laudo. Como parte de dicha condena, ordenó a Venezuela cubrir todos los costos legales y administrativos del arbitraje, notando que la defensa de Venezuela en el arbitraje había intentado obstruir el avance del procedimiento de manera sistemática y con mala fe.

La representación del sr. García Armas y la sra. García Gruber estuvo liderada por las firmas de abogados Nigel Blackaby y Noiana Marigo, de la firma Freshfields Bruckhaus Deringer, y por Jean Paul Dechamps, de la firma Dechamps International Law.

Venezuela fue representada por el abogado Alfredo De Jesús.

EEUU ordena a Rafael Ramírez pagar $1.420 millones tras perder demanda por corrupción – TalCual – 14 de Febrero 2019


Ramírez nunca compareció en la Corte del Distrito Sur de Texas para impugnar el caso, pese a ser notificado en su residencia de Nueva York el año pasado


Rafael Ramírez, expresidente de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) fue declarado culpable por extorsión al perder una demanda por chantaje presentada por la compañía Natural Resources, tras no presentarse al juzgado para su defensa.

Como consecuencia, un tribunal estadounidense ordenó a Ramírez y los demás demandados -Juan José García, consultor de la empresa, y Eulogio Del Pino, sucesor de Ramírez- pagar 1.420 millones de dólares.

Harvest alega que los directivos de Pdvsa impidieron que la empresa vendiera sus activos venezolanos por 725 millones de dólares en 2012, debido a que se negaron a pagar a los ejecutivos 10 millones de dólares en soborno. Como resultado, se vio obligado a vender la propiedad por tan solo 255 millones a CT Energy Holding, firma controlada por el empresario venezolano Oswaldo Cisneros.

En un inicio, Harvest pretendía vender sus activos a la petrolera estatal de indonesia, Pertamina. Sin embargo, Juan José García, en nombre de Ramírez, exigió sobornos tanto del vendedor como del comprador, en aras de autorizar la operación. Ante los obstáculos que pusieron para concretar la transacción, Indonesia se retiró.

Más adelante, Harvest aceptó vender su propiedad a la unidad de Recursos Petrolíferos de Pluspetrol Petroandina por 400 millones de dólares. No obstante, nuevamente los ejecutivos de Pdvsa exigieron sobornos y complicaron la operación, que finalmente no se concretó. De esa forma, se vieron en la obligación de vender a CT Energy Holdings por apenas 255 millones.

Ramírez nunca compareció en la Corte del Distrito Sur de Texas para impugnar el caso, pese a ser notificado en su residencia de Nueva York el año pasado.

El tribunal dictó una sentencia en rebeldía contra él en enero por un importe de 472 millones de dólares estadounidenses en concepto de daños y perjuicios. Harvest solicitó que triplicaran la cifra al basarse en que fueron víctimas de extorsión, a lo que accedió el ente legal.

Finalmente, Harvest despidió a los otros acusados “sin prejuicios”, lo que significa que puede volver a proseguir con sus casos en el futuro.

Rafael Ramírez, crítico al gobierno de Maduro, pero defensor de la gestión de Chávez y líder del llamado ‘chavismo disidente’, ha insistido en diversas entrevistas que durante su paso como presidente de Pdvsa nunca incurrió en ningún tipo de acto de corrupción. En este sentido, ha responsabilizado a sus sucesores por el desfalco de la empresa y su actual crisis.

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