Después de un largo receso, mientras trataba de poner en orden las ideas para este 2018 que continúa luciendo como trascendental para nuestro futuro, comienzo por desearles a todos nuestros lectores un feliz año, aunque suene difícil expresarlo y aún más creerlo.

Pero, por difícil que luzca, la posibilidad de cerrar este año con una razón para celebrar depende principalmente de todos y cada uno de nosotros, y no solo del liderazgo político del país. Depende de cada líder social –sea religioso, empresarial, estudiantil, sindical, gremial, vecinal o de cualesquier otro ámbito de la vida nacional– y del compromiso de cada ciudadano con el futuro de Venezuela.

Hoy, quienes reclaman un cambio representan alrededor del 70% del país, mientras que apenas un 20% apoya la continuidad de Maduro en el poder. Es una proporción de más de tres a uno que le da a la oposición una ventaja real para imponerse en cualquier escenario electoral. Siendo así, ¿por qué la oposición pierde, tanto las elecciones regionales como las municipales, a finales del año pasado? Porque las batallas no las gana quien tiene el ejercito más grande, sino el mejor organizado.

El régimen se las arregló para sacar a votar disciplinadamente a sus cuatro millones de electores, y posiblemente a algunos más, bajo el chantaje propio de quien tiene el control de los recursos necesarios para la sobrevivencia, en medio de la peor crisis jamás vivida y creada por el mismo Gobierno. El 70% de la oposición se dividía en un debate que lo redujo a varias minorías: unos incondicionales de la MUD,que votarían o no dependiendo de lo que los partidos decidan; otros negados a votar con este CNE, otros que se abstienen como “castigo” a la MUD por no haber logrado detener a la Asamblea Constituyente, algunos que esperan que el Gobierno sea removido por la fuerza gracias a la actuación militar –interna o externa–, mientras que otro grupo, no menos importante, pierde toda esperanza y huye del país, sumándose a la mayor ola de emigración que jamás hayamos tenido y que hoy supera el 10% de la población y le arrebata a las oposición unos dos millones de votos.

Si la oposición se sigue fracturando, dividiendo o emigrando, tendremos en Venezuela una nueva versión de Cuba: habremos entregado el país a una minoría, como son los cálculos de quienes desde el Gobierno se niegan a implementar cualquier política que permita mejorar las condiciones económicas o sociales, o alimentar alguna esperanza de un cambio por la vía electoral, lo que motivaría la movilización de esa gran mayoría ciudadana que reclama una transición política.

La gran barrera que nos separa del cambio está construida con los ladrillos de la división y la desesperanza. Es necesario y urgente derribar tal muro con la participación de todos nosotros, y en especial de todos los líderes políticos y sociales. No se puede ganar con una oposición dividida y desmovilizada.

Decíamos en nuestra última carta, del 13 de diciembre de 2017, que una transición democrática en el 2018 sería posible, sí y solo sí, se cumple en un plazo inmediato con tres objetivos fundamentales:

(1) Si los líderes políticos hacen a un lado sus ambiciones políticas, por legítimas que sean, y logran consolidar la unidad de la oposición en torno a aquel candidato que goce del mayor consenso posible entre las bases opositoras, incluidos aquellos electores que no se identifican con la MUD, lo que debería estar ya definido por la vía de primarias o por cualquier otro mecanismo que resulte confiable a tal fin;

(2) si el comando de campaña diseña y ejecuta eficientemente una estrategia de movilización y motivación al voto que logre mover a quienes tienen dudas sobre la utilidad de unos comicios, lo que no puede fundamentarse en negar las dificultades por todos conocidas, pero poniendo el acento en el porqué es posible lograr el cambio por los votos, y el porqué es importante participar masivamente; y

(3) si la unidad opositora acuerda, diseña y ejecuta una estrategia de vigilancia y defensa del voto, que considere conflicto y negociación como las dos caras complementarias de tal estrategia, que debe ser coordinada tanto con una sociedad civil articulada y movilizada como con una comunidad internacional comprometida con la causa democrática de Venezuela. Sin estas condiciones no se puede ganar una elección ni hoy, ni durante el primer cuatrimestre, ni a final de año, ni nunca.

El Gobierno está consciente de que tales condiciones no son imposibles y han sido la clave para materializar transiciones políticas por la vía electoral en otros países. Ante tal posibilidad, aprieta el acelerador para quitarle el tiempo necesario a la oposición para construir estas tres condiciones. Mientras, lamentablemente, aún no hemos visto ningún avance en ninguno de estos tres objetivos de parte de la oposición, que, equivocadamente, sigue centrando más esfuerzos de los que se justifican en un diálogo que luce más como una táctica dilatoria del Gobierno –mientras consolida un definitivo golpe electoral– que como un intento real por negociar sus posibles costos para una transición política pacífica y electoral.

Comprendo a quienes hoy, más que nunca, tienen dudas sobre la posibilidad de una transición electoral en Venezuela. Sobre todo después de que la Asamblea Constituyente decretara, el 23 de enero, el adelanto de elecciones presidenciales antes del 30 de abril. Razones sobran para dudar, pero creo que cada quien debe prepararse. Renunciar a la posibilidad de una transición electoral es renunciar a lo que podemos hacer y dejar la solución del problema a terceros, cuyas acciones, éxito o fracaso no está en nuestras manos. Nos toca a nosotros coordinar esfuerzos con la comunidad internacional y luchar para que haya una elección, no un simulacro para relegitimar al Gobierno y que imponga resultados previamente decididos a una oposición pasiva, dividida, desmovilizada y asustada.

En tal sentido, es importante comprender que ganar o perder una elección presidencial –que ocurrirá más temprano que tarde– dependerá, en primer lugar, de las expectativas de la gente. Si la gente cree que puede, hará todo lo que esté en sus manos y podrá. Si la gente cree que sí se puede, saldrá a votar, incluyendo a muchos de los que hoy, por miedo o por resignación, votarían a favor del Gobierno. Ellos se atreverán si creen que es la oportunidad para cambiar.

Si la gente cree, estará dispuesta a involucrarse más allá de la simple acción de votar y tomará los centros de votación para vigilar el proceso, estará presente en cada auditoría, recuperará cada acta y estará dispuesta a defender los resultados en cada mesa y en la calle. Si la gente no cree, nada sucederá. Habremos perdido esta oportunidad desde mucho antes de que tal elección ocurra, y el Gobierno tendrá una victoria perfecta: una en la que gana sin tener que pelear. Hacia allí se orienta toda su estrategia de desmotivación y desmovilización ciudadana.

Creer depende de las expectativas que tengamos. Es responsabilidad del liderazgo político y social no permitir que la construcción o la destrucción de tales expectativas quede en manos del Gobierno. Cuando hacemos que las expectativas dependan del desenlace del diálogo con el régimen ponemos en sus manos la destrucción de la esperanza y de las expectativas de cambio. Cuando hacemos que las expectativas dependan de un cambio de rectores en el Consejo Nacional Electoral, o de las reglas electorales, estamos colocando en las manos del adversario la destrucción de nuestras propias expectativas.

Es importante que la construcción de las expectativas positivas se centre en las condiciones que nosotros sí controlamos, no en las que dependen del régimen o de terceros que quisieran hacerlo pero no pueden. Para ello, la oposición debe centrar su esfuerzo en las tres condiciones antes mencionadas, comenzando de inmediato por la definición de quién será nuestro candidato presidencial. Con un liderazgo definido para el rol electoral, la unidad del país que se opone al régimen se fortalecerá, así como la ejecución de una estrategia unitaria para la movilización de esa gran mayoría que hoy reclama un cambio, que demanda el derecho a vivir en un país normal.

Para ello es esencial, reiteramos, que los partidos políticos acepten que las legítimas ambiciones de quienes han dedicado su vida a la política no pueden estar colocadas –de manera irreal y egoísta– por encima de la construcción de las condiciones para lograr una transición democrática. Hoy, no se trata de quién quiere liderar este proceso, sino de quién puede realmente hacerlo. Se trata de quién puede reunir, en el menor plazo posible, las condiciones para movilizar a la gran mayoría del país que reclama un cambio urgente. Se trata de quién puede unificar a los seguidores de todos quienes se identifican con algún partido político, y a los que no, en una gran alianza nacional. Se trata de quién tenga la capacidad y genere la confianza para detener la sangría migratoria alimentada por la desesperanza, para volver a hacer creer a la gente que sí se puede construir un gran acuerdo para la reconstrucción nacional, de manera ordenada y democrática, para que tengamos un país normal, donde podamos progresar y vivir en paz. Se trata de lograr que todos los liderazgos políticos y sociales nos unamos en torno a un solo liderazgo y a una sola causa para que nos podamos sentir orgullosos de haber sido todos los protagonistas de las páginas más gloriosas que de nuestra historia se haya escrito desde los tiempos de nuestra independencia.