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Canciller de Eslovaquia pide a todos los países de la UE que reconozcan a Guaidó – El Nacional – 13 de Julio 2020

Salvo Chipre e Italia, los otros 25 países del bloque europeo ya lo reconocen como presidente interino

Eslovaquia
Ivan Korcok arriba a la reunión de la Unión Europea. Foto: AFP

El canciller de Eslovaquia, Ivan Korcok, abogó este lunes por que todos los países de la Unión Europea reconozcan a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, como hiciera Bratislava a principio de julio.

“Queremos llevar a la UE a la unidad cuando se trata de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela”, defendió Korcok antes de una reunión con sus pares europeos en Bruselas, la primera presencial desde el confinamiento.

El político es desde 2019 presidente encargado de Venezuela como líder de la Asamblea Nacional, cuestionando la legitimidad de Nicolás Maduro, y recabando el apoyo de medio centenar de países.

Salvo Chipre e Italia, los otros 25 países del bloque europeo ya lo reconocen como presidente interino. La UE, como tal, no lo reconoce como presidente interino, pero tampoco la legitimidad de Maduro en su reelección en mayo de 2018.

Venezuela se convirtió en 2017 en el primer país latinoamericano sancionado por la UE, que impuso también un embargo de armas. El bloque busca además aliviar la crisis humanitaria en el país y la crisis de refugiados en los países vecinos.

Tras una nueva serie de sanciones a funcionarios y opositores disidentes venezolanos, Bruselas y Caracas mantuvieron un pulso diplomático. Maduro dio marcha atrás finalmente a la expulsión de la embajadora de la UE en Venezuela.

Lo que el informe Bachelet no dice por Maria Alejandra Aristeguieta – CODEIV – 10 de Julio 2020

El pasado 2 de julio se presentó un nuevo informe sobre la situación de los DDHH en Venezuela en el marco del Consejo de Derechos Humanos. Si bien, éste no será el único informe presentado en el 44° período de sesiones sobre Venezuela, sí es el primero que se realiza luego de establecida una Oficina de ACNUDH en Caracas, dentro de las Oficinas del Coordinador Residente de la ONU, y luego de firmado un Memorándum de Entendimiento entre las autoridades venezolanas reconocidas por la ONU y la Oficina de la Alta Comisionada.

Varias ONGs y expertos en DDHH se han pronunciado sobre la materia, o están a la espera del segundo informe que será presentado el día 15 de julio para hacerlo. Sin embargo, dada la forma cómo han sido abordados algunos elementos, es menester arrojar luz sobre ellos, resaltarlos para dejar constancia, en aras de cualquier análisis futuro.

Luego de brevemente identificar el marco conceptual a partir cual se ha realizado el informe, en las próximas líneas se abordará uno de lo temas analizados en el informe, en particular lo relativo a las sanciones económicas como causantes de la exacerbación de la crisis multifactorial venezolana. Posteriormente se hace un recorrido por algunas imprecisiones producto de la falta de contextualización adecuada, o de la desvirtualización de datos y conceptos. Por último, conociendo las dinámicas del sistema de Naciones Unidas, y las prácticas de la diplomacia multilateral, se aborda la importancia de entender el tema de los Derechos Humanos como una cuestión de Estado.

Marco conceptual:

Durante la 42° sesión ordinaria del Consejo de DDHH  de la ONU llevada a cabo en septiembre del 2019, se adoptaron dos resoluciones sobre Venezuela, con orígenes y orientaciones distintas.

La primera, la resolución 42/4,  impulsada por los aliados de Maduro en el Consejo y votada por Angola, Burkina Faso, Camerún, China, Cuba, Egipto,  Eritrea, Fiji, Iraq, México, Nepal, Paquistán, Filipinas, Qatar, Ruanda, Sur África, Túnez y Uruguay solicita un informe escrito para ser presentado en el 44 período de sesiones, que se esta llevando a cabo en este momento  un informe exhaustivo por escrito sobre la situación de los derechos humanos, que incluya los resultados de la investigación realizada sobre el terreno de las denuncias de posibles violaciones de los derechos humanos a la vida, la libertad y la integridad física y moral en el país, a fin de que los responsables rindan cuentas y las víctimas obtengan reparación.

La segunda, la resolución 42/25, impulsada por el Grupo de Lima y votada por Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Brasil, Bulgaria, Chile, Croacia, República Checa, Dinamarca, Hungría, Islandia, Italia, Japón, Perú, Eslovaquia, España, Ucrania y Reina Unido, también pide un informe escrito para este período de sesiones sobre la situación de los DDHH en Venezuela con atención especifica a la independencia del poder judicial y el acceso a la justicia, violaciones a los derechos económicos y sociales, y la situación de los DDHH en la región del Arco Minero del Orinoco, seguido de un diálogo interactivo.

El informe de la ACNUDH presentado el pasado 2 de julio surge del mandato hecho por el Consejo de DDHH a la Secretaría bajo la resolución 42/4 y el próximo 15 y 16 de julio será presentado y discutido el informe solicitado por la resolución 42/25.

Según se destaca en la introducción del informe presentado el 2 de julio, “El tema del presente informe es la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela entre junio de 2019 y mayo de 2020, concretamente en lo referente a las cuestiones señaladas en la resolución 42/4. En este informe también se describe a grandes rasgos la cooperación entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Oficina de la Alta Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) durante el período de referencia” la cual nace de la visita oficial de la Alta Comisionada, del posterior Memorándum de Entendimiento que firmaron las partes que permitiría entre otras cosas la creación de una Oficina de ACNUDH en Caracas, y las actividades que de ella se desprenden.

Contenidos dentro del mandato y fuera de éste:

Hay varios elementos que saltan a la vista. El primero de ellos es que se analiza en este informe la situación de los derechos económicos y sociales, que deberían ser abordados a la luz del mandato que surge de la resolución 42/25. Además, la manera como está planteado en el informe del 2 de julio pasado, carece del análisis exhaustivo que se requiere para poder identificar las causas de las violaciones a los derechos económicos y sociales y parece obedecer más a una posición política que a un análisis fáctico, en el que se contrasta poco la información proporcionada por las autoridades con representación oficial ante la ONU, con información proporcionada por otras fuentes, en particular expertos en economía y representaciones de la sociedad civil.

  1. Sanciones económicas

A lo largo de este capítulo se repite una y otra vez que la causa del deterioro es producto de las sanciones.

En particular los párrafos 8,9 y 11 señalan lo siguiente:

“ 8. La población de la República Bolivariana de Venezuela siguió padeciendo violaciones interrelacionadas de sus derechos económicos y sociales, debido a la prolongada y multifactorial crisis social y económica. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en 2019 la economía se contrajo un 25,5%2 y se prevé que en 2020 se contraiga entre un 13% y un 28% adicional debido a la bajada de los precios internacionales del petróleo, la reducción de la producción petrolífera, el estancamiento económico como consecuencia de la COVID-19 y la repercusión de las sanciones económicas.3

9. El aumento de las sanciones económicas y financieras ha exacerbado la crisis económica y social preexistente al mermar recursos que podrían haberse utilizado para proteger más adecuadamente los derechos económicos y sociales y hacerlos plenamente efectivos. En agosto de 2019, el Gobierno de los Estados Unidos de América promulgó un decreto presidencial por el que se bloqueaban los bienes y los intereses financieros del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en aquel país, se prohibía a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y se autorizaban sanciones financieras a personas de otras nacionalidades que asisten o apoyan al Gobierno de Venezuela o a la corporación estatal de petróleos PDVSA.4 En el primer semestre de 2020, el Gobierno de los Estados Unidos de América adoptó sanciones secundarias contra la aerolínea estatal CONVIASA y las empresas extranjeras que compran y distribuyen petróleo venezolano en mercados no estadounidenses.5

11. Aunque la reducción de la capacidad de producción de petróleo de PDVSA puede atribuirse a varios factores, entre ellos la mala gestión y la corrupción, las sanciones contra el sector petrolero han contribuido a la fuerte disminución de la producción petrolífera y a la consiguiente merma de ingresos que, de otro modo, podrían haberse destinado a programas sociales y servicios públicos.8 Estas sanciones sectoriales han afectado a la economía de la República Bolivariana de Venezuela en su punto más débil, ya que el 88,5%, aproximadamente, de sus exportaciones totales son productos petrolíferos.9 “

La crisis venezolana empezó mucho antes que se impusieran sanciones individuales a violadores de derechos humanos, o secundarias, a empresas venezolanas que estuvieran financiando el terrorismo, el narco trafico o las violaciones a los derechos humanos. La crisis es producto de las decisiones de políticas públicas impuestas por el modelo ideológico que impera en Venezuela.

Existe una amplia literatura que aborda, por ejemplo, cómo los gobiernos con un severo déficit democrático, siguen un patrón muy similar de políticas públicas, en el que además de modificar el marco constitucional, el marco regulatorio y las instituciones, expanden el gasto público directo, incrementan el déficit fiscal, contratan deuda externa para gasto corriente, crean una economía basada en subsidios directos e indirectos, elevados salarios mínimos, controles de precios,  control de divisas,  destruyen el aparato productivo, nacionalizan, expropian, confiscan,  y ahuyentan las inversiones extranjeras o privadas,  creando así grandes monopolios del Estado en todos los sectores productivos de bienes y servicios, y con ello, grandes patrones de corrupción.

En el caso concreto de Venezuela, según lo explica la ONG Transparencia Venezuela, el cierre de empresas privadas por la discrecionalidad del Estado es proporcional al incremento de entes estatales que controlan desde el poder sectores de alimentos, electricidad, transporte, comunicación, agua, gas, comercio, construcción e instituciones financieras, entre otros.

Esto, aunado al tipo de políticas públicas señaladas arriba, se han traducido en penurias para los venezolanos en las áreas alimentos, medicinas, servicios públicos (agua, electricidad, transporte, seguridad, gas doméstico) y también las deficiencias en el suministro de gasolina y gasoil, consecuencia del deterioro de la infraestructura, incluyendo el cierre de refinerías, en un país productor de petróleo y cuyas reservas son las más importantes del mundo.

Estas políticas, adoptadas por el gobierno desde 2003 y profundizadas en el 2007, y nunca han sido reconocidas como las causantes de la severa crisis multifactorial por la que atraviesa Venezuela. Mas bien, históricamente, se ha endosado la responsabilidad a razones endógenas: desde una iguana hasta las recientes sanciones impuestas por la comunidad internacional.

Sorprende además, que habiéndose iniciado un análisis en el informe de julio del 2019,  en el que indicara que “El desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión, han tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida, entre otros, debido al deterioro de servicios básicos como el transporte público y el acceso a electricidad, agua y gas natural”, ahora se minimice e incluso obvie estos elementos, para concentrarse en lo que a todas luces es una narrativa que corresponde al espacio político y no al que la Oficina esta llamado a analizar.

2. Ausencia de contextualización,  e información desvirtuada

El segundo punto que llama la atención, es que el informe de la ACNUDH del 2018 fue en cierta medida una actualización del informe de 2017, y el del 2019 en buena parte el resultado de la visita Oficial de la Alta Comisionada a Venezuela.  Éste,  ni se limita al mandato, ni actualiza o complementa el informe del 2019, cuyas recomendaciones no han sido adoptadas por las autoridades. Por el contrario, al ser presentado sin una contextualización adecuada o un panorama completo, da la impresión de que ha habido progresos en el respeto y la promoción de los derechos fundamentales, cuando en realidad no es así.

Ejemplos de esta preocupación se encuentran en el reciente comunicado de la ONG Foro Penal, en el que señalan que: “El informe de 2019 recomienda que se “detenga y prevenga el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones”. Por su parte, el reciente informe indica la documentación de solo 17 detenciones de manifestantes incluyendo menores de edad y profesionales de la comunicación y no se refiere, hasta ahora, a las 337 detenciones con fines políticos ocurridas desde la emisión del informe previo, incluyendo las de personas con discapacidad mental detenidas arbitrariamente, y a las lesiones gravísimas ocasionadas a manifestantes durante las protestas, como es el caso de Rufo Chacón de 16 años de edad, quien, el 1º de julio de 2020, cumplió un año de haber perdido ambos ojos por un disparo de perdigones directo a su cara. Del mismo modo, al referirse la ONG  a la persecución de persecución y represión selectiva por motivos políticos indica que “a pesar de que (el informe) reconoce la continuidad de las desapariciones forzadas, torturas y asesinatos, solo se refiere a una muestra de 110 casos, sin indicar la magnitud real del problema y no se refiere a las múltiples denuncias realizadas de incremento de la represión política por parte de víctimas y organizaciones de Derechos Humanos, directamente ante las representantes de la ACNUDH que se encuentran en Venezuela.

Aunado a lo anterior, se evidencia una serie de elementos factuales que aparecen desvirtuados cuando se afirma, por ejemplo, en el párrafo 6, que la oposición pide que se realicen elecciones presidenciales anticipadas, cuando la realidad es que las elecciones presidenciales del 2018 fueron severamente cuestionadas por la comunidad internacional y rechazadas por la oposición, dando origen a una usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro, lo que ha generado una situación de irregularidad política y constitucional. O cuando se expresa en el párrafo 14 que  del presupuesto nacional se seguía transfiriendo dinero periódicamente a unos 17 millones de personas, titulares del «Carnet de la Patria», y manteniendo un alto nivel de subvención de los servicios públicos, cuando el llamado “Carnet de la Patria” en realidad se trata, y así ha sido destacado en varios informes de organismos regionales y multilaterales, de un mecanismo de control social violatorio de los derechos más elementales de los ciudadanos.

Quizás la más alarmante de estas afirmaciones sea la expresada en el párrafo 78, en el que se le hace un reconocimiento explicito a personalidades con muy escasa o nula representatividad, que escondidas tras unos aparentes partidos políticos minoritarios, obtuvieron, gracias a sus gestiones, la liberación de 43 presos políticos. Tal afirmación se hace sin tomar en consideración el contexto más amplio y denunciado por el Foro Penal venezolano del mantenimiento de la táctica de la “puerta giratoria” con lo cual no hay una real disminución del número de detenidos arbitrariamente.

Por otra parte, en el informe también se da como buena información suministrada por entes gubernamentales sin el necesario rigor y contraste. Por ejemplo, en el párrafo 34 se indica que se registraron 6.710 homicidios en 2019, cuando el Observatorio venezolano de violencia ha reportado sistemáticamente cifras que están por encima de las decenas de miles, siendo que en el 2018 se registraron 23.047 y en el 2019  el OVV reporta 16.506 muertes violentas a una tasa de 60,3 homicidios por cada 100 mil habitantes.

3. La cuestión de Estado como centro

La función principal de estos informes es la de asegurar el apego a las normas y tratados internacionales ratificados por el Estado venezolano,  desde la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos, hasta los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como la Convención  contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y otros instrumentos que son específicos e inherentes al sistema universal de DDHH, y cuyo principal fin debe ser garantizar, respetar, proteger y asegurar el pleno disfrute de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la población, en este caso, venezolana.

Estos informes deben ser vistos como una radiografía de la situación del país. Al no presentar el panorama completo con la debida acuciosidad y rigurosidad,  proyectan la aceptación como cosa natural de una  peligrosa situación, que la dibuja además, de una forma mucho menos dramática de lo que es en realidad, y representa una sustancial diferencia con respecto a los informes presentados en 2017, 2018 y 2019.

Asimismo, no se trata de parcialidades políticas, ni de una lucha de poder político entre distintas facciones. Tampoco se trata de utilizar señuelos y otros elementos para estimular la cooperación y una mayor apertura por parte de un régimen que atenta contra su población, para que atiendan compromisos adquiridos durante la visita oficial llevada a cabo por la Alta Comisionada en 2019, como lo fue la exigencia de acceso a los sitios irregulares de reclusión con denuncias graves sobre las condiciones de los privados de libertad, que no ha sido cumplida,   o  para que honre la posterior firma del Memorándum de Entendimiento que establece las bases para la presencia de una oficina de ACNUDH en Venezuela. Lo es menos aún para que permita a funcionarios progresar en su proyecto personal.

Se trata ante todo de una cuestión de Estado: los derechos de 30 millones de personas, la población del Estado venezolano, están en juego.

Internacionalista UCV – ExEmbajadora y defensora de DDHH

Venezuela: Europa envía un contundente mensaje a Maduro y pide sanciones específicas y una prohibición sobre el comercio de ‘oro de sangre’ venezolano en la Unión Europea – Renew Europe – 10 de Julio 2020

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El Parlamento Europeo aprobó hoy una resolución sobre la situación humanitaria en Venezuela y la crisis migratoria y de refugiados creada por el régimen de Maduro, que se mantiene en el poder poniendo en riesgo la vida de sus ciudadanos. El Grupo Renew Europe condena firmemente la represión de la democracia, del estado de derecho y de los derechos humanos por parte de las autoridades venezolanas y les insta a reconocer la crisis humanitaria en curso y a evitar que se siga deteriorando.

La resolución reitera que Juan Guaidó está reconocido como legítimo Presidente de la Asamblea Nacional y el Presidente interino legítimo de Venezuela, y pide a la UE que refuerce y amplíe las sanciones específicas, restringiendo consecuentemente los movimientos de aquellos individuos que apoyan a Maduro y a su régimen y congelando sus activos y visados.

El reciente intento de Maduro de expulsar a la embajadora de la UE de Caracas, como forma de represalia por la imposición de sanciones a 11 funcionarios responsables de graves violaciones de los derechos humanos, es muy lamentable y los eurodiputados piden a los Estados miembros que reconozcan a los representantes políticos nombrados por Juan Guaidó.

La eurodiputada de Renew Europe, Dita Charanzová (ANO, República Checa), Vicepresidenta del Parlamento Europeo y Responsable de las relaciones con América Latina, quien negoció la resolución en nombre de nuestro Grupo, dijo:

“Hemos enviado un fuerte mensaje a Maduro: no lo reconocemos, no puede haber un gobierno de transición con él, y seguiremos reforzando las sanciones selectivas hasta que se allane el camino para unas elecciones libres y justas.

Además de extender las sanciones a los funcionarios del régimen, un punto clave para mí fue pedir la prohibición del comercio y la circulación del ‘oro de sangre’ venezolano en Europa – la nueva sangre del régimen. Me alegro de que esto se haya incluido.

Reconocemos a Guaidó como el Presidente legítimo. Por lo tanto, los estados de la UE deben reconocer a sus representantes en Europa también, y revocar la acreditación de los embajadores de Maduro ahora.”

El eurodiputado Jordi Cañas (Ciudadanos, España), primer vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria de EUROLAT y coordinador del Grupo Renew Europe Eurolat, añadió:

“La reacción del régimen de hacer amago de expulsar a la Embajadora de la Unión Europea es prueba de que el régimen de sanciones funciona, fruto del trabajo de este Parlamento. Hay que endurecer el régimen de sanciones y extenderlo a todos los socios de la narco-dictadura.

Maduro sabe que tiene los días contados y que no puede acceder a las reservas de dinero del país, ni sus cómplices se pueden mover en libertad. Ninguno quedará impune ante la sistemática violación de derechos fundamentales y libertades en Venezuela, y la Unión europea seguirá trabajando permanentemente hasta lograr que la democracia vuelva al país. A los venezolanos, les quiero recordar que no están solos y que tarde o temprano, el régimen de Maduro caerá.”

 

 

 

Parlamento Europeo rechaza las amenazas de la dictadura de Maduro y reclama elecciones libres y creíbles en Venezuela – Centro de Comunicación Nacional – 10 de Julio 2020

El Parlamento Europeo está muy preocupado por la grave emergencia humanitaria en Venezuela, que ha obligado a millones de personas a huir del país y a la que se ha sumado la pandemia de COVID-19.

En una resolución aprobada con 487 votos a favor, 119 en contra y 79 abstenciones, la Cámara insta a las autoridades a reconocer la situación, evitar que se agrave y tomar medidas políticas y económicas para garantizar la seguridad de la población y la estabilidad del país y de la región.

La ya terrible crisis humanitaria, política, económica, institucional y social ha empeorado significativamente durante la pandemia, subraya el texto, que apunta a la escasez de medicamentos y alimentos, las violaciones masivas de los derechos humanos, la hiperinflación, la opresión política, la corrupción y la violencia. Todo ello está provocando el mayor desplazamiento de población conocido en la región, con alrededor de cinco millones de venezolanos fuera del país, una cifra que este año puede alcanzar los 6,5 millones.

Elecciones para acabar con la inestabilidad política

Los eurodiputados inciden en que el respeto de las instituciones y de los principios democráticos y la defensa del Estado de Derecho son esenciales para encontrar una solución a la crisis en Venezuela para beneficio de su población. Reclaman, por eso, elecciones presidenciales y legislativas libres, transparentes y creíbles como la única manera de salir de la crisis.

El Parlamento reitera su apoyo a Juan Guaidó como presidente legítimo de la Asamblea Nacional y presidente interino legítimo de Venezuela, y a la Asamblea Nacional, el único órgano democrático de Venezuela elegido legítimamente. La resolución rechaza las vulneraciones del ordenamiento democrático y constitucional, así como los actos de intimidación, la violencia y las decisiones arbitrarias contra los opositores.

Los eurodiputados lamentan las amenazas de Nicolás Maduro de expulsar de Caracas a la embajadora de la UE, en respuesta a las sanciones impuestas a once altos cargos venezolanos por violaciones de los derechos humanos y plantean que la Unión y los Estados miembros recurran a la reciprocidad si vuelve a suceder.

Aplicación de las decisiones europeas sobre sanciones

El PE recuerda a los Estados miembros que deben cumplir la Decisión 2017/2074 del Consejo y, en particular, “impedir la entrada en sus territorios respectivos o el tránsito por ellos a las personas a las que se aplican las medidas restrictivas”, y notificarlo al Consejo en caso de excepciones.

Ayuda internacional para migrantes y refugiados

El texto saluda las promesas de donación y los esfuerzos de la Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con los refugiados y migrantes venezolanos, organizada el 26 de mayo por la UE y el Gobierno español, y en la que se comprometieron 2.544 millones de euros, aunque sólo 595 millones son ayudas directas, que apenas servirán para cubrir las consecuencias anuales de una crisis sin precedentes en los países vecinos.

Parlamento Europeo rechaza las amenazas del régimen y reclama elecciones libres y creíbles en Venezuela by Presidencia (E) de Venezuela on Scribd

La tienda Megasis: la cara militar oculta de Irán en Caracas por Ludmila Vinogradoff – ABC – 10 de Julio 2020

El local está vinculado a Alex Saab, testaferro de Maduro. La oposición denuncia que la expansión iraní va de la gasolina, alimentos e influencia militar en la región

El Ejército de Irán ha instalado la tienda Megasis en Caracas donde venderá no solo sus productos de marcas Delnoosh y Varamin, sino que servirá como fachada de un centro de operaciones para expandir su influencia e intereses en la región y respaldar a Nicolás Maduro, denuncian analistas y opositores venezolanos.

La inauguración del supermercado Megasis, promocionada por la Embajada de la República Islámica de Irán en Caracas, ha sido pospuesta esta semana por la prolongación de la cuarentena del coronavirus, decretada por Nicolás Maduro.

«El día de mañana (domingo 21 de junio) va a llegar el buque ‘Golsan’ que trae alimentos para inaugurar el primer supermercado iraní en Venezuela. Otro éxito en las relaciones amistosas y fraternales entre dos países», publicó la Embajada iraní en Caracas por Twitter.

Situada en la urbanización caraqueña Terrazas del Avila, la tienda Megasis ocupa los antiguos locales de la expropiada cadena Éxito, Bicentenario y Tiendas Clap que pertenecía al agente chavista, Alex Saab, testaferro de Maduro, detenido en Cabo Verde por lavado de dinero, entre otras causas por la corrupción de los alimentos Clap (Comités Locales de Administración y Producción), que ahora espera por su extraditado a EEUU.

El propósito de la tienda no es vender lo que allí supuestamente van a vender, «su finalidad es mantener una fachada para poder lavar los dólares del narcotráfico y justificar el contrabando de oro», y tener una base de operaciones, dicen analistas.

Alianza

Además de enviar gasolina e insumos para supuestamente reactivar las refinerías, Irán busca lucrarse de otro modo en Venezuela estableciendo un supermercado con productos iraníes. La alianza entre Caracas y Teherán se está consolidando en diferentes áreas que incluye servicios de inteligencia, técnicos en el área militar, entre otras.

El diario Wall Street Journal (WSJ) ha publicado detalles de lo que esconde el supermercado iraní de Caracas. Afirma que Megasis pertenece al Ejército de Irán que está vinculado al programa de misiles.

La llegada de la compañía, que también tiene vínculos con el cuerpo militar de élite de la Guardia Revolucionaria Islámica militar de Irán (IRGC), calificada por los Estados Unidos como una organización terrorista, refuerza la posición de Teherán en el Hemisferio Occidental y se produce a medida que Venezuela busca cada vez más ayuda de los enemigos estadounidenses, incluido el petróleo de Irán y asistencia de la industria energética de Rusia, dice el WSJ.

El local en Terrazas del Avila exhibe exclusivamente marcas propiedad del ejército iraní: Delnoosh, que produce salsa de tomate y atún enlatado, y Varamin, que produce aceite de girasol. Las firmas son dos de las muchas subsidiarias de una compañía llamada Ekta, según su sitio web, que se creó como un fideicomiso de seguridad social para veteranos militares iraníes.

Según WSJ, Ekta está dirigida por Issa Rezaie, un veterano ejecutivo en compañías propiedad del IRGC, que ha sido incluido en la lista negra por su participación en el desarrollo de armas y por dirigir representantes que luchan en múltiples frentes del Medio Oriente.

Ekta, una cadena de 500 supermercados, está subordinado al Ministerio de Defensa iraní y a las Fuerzas Armadas de Logística, otra entidad sancionada por los Estados Unidos por su presunto papel en el desarrollo de misiles balísticos, según el Tesoro de los Estados Unidos. Quiere expandirse en Siria y Rusia.

Evadir sanciones

Funcionarios estadounidenses y expertos en Irán dicen que Irán utiliza sus compañías controladas por el gobierno para evadir sanciones y financiar sus programas de armas.

El opositor Julio Borges, comisionado de Relaciones Exteriores del gobierno de Juan Guaidó expresó: «Tal y como lo hemos denunciado, Irán está utilizando a Venezuela como base de sus operaciones para expandir su influencia en la región y el papel de Alex Saab es crucial dentro de este posicionamiento iraní. No es una alianza para vender gasolina, es un vínculo para afectar los intereses de la región».

El analista Joseh Humire, experto en seguridad hemisférica, dijo al portal Panampost que la tienda Megasis es una fachada que esconde una relación que va más allá de lo económico y político «también se vincula directamente con el terrorismo y el narcotráfico internacional». Tanto Iran como Venezuela como los iraníes «tienen la intención de provocar al Gobierno de Estados Unidos a escalar más acciones militares en la región».

 

Hicieron como que castigaban a los ‘cuates’ de Alex Saab por Claudia Solera/ Roberto Deniz – Armando.info – 8 de Julio 2020

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Con multas irrisorias y un breve congelamiento de cuentas, autoridades mexicanas dijeron haber sancionado en 2018 a las empresas de ese país que participaron en el esquema millonario que surtió de productos a las cajas Clap, incluyendo aquellas que vendieron leche en polvo de pésima calidad nutricional. Con Alex Saab -arquitecto y cabeza de estas operaciones- detenido en Cabo Verde hace tres semanas, en México comienzan a revelarse las irregularidades de una investigación que parecía haber hecho justicia. Al final, fue un castigo que ni dolió ni reparó a nadie.

Los ecos de la detención de Alex Saab llegan a varias partes. Desde Cabo Verde, donde fue capturado el 12 de junio tras la activación de una alerta roja de Interpol, primero a Venezuela, su centro de negocios desde hace casi una década y, luego, hasta Colombia, donde nació y ahora reflotan tanto sus conexiones políticas como un juicio en su contra. Ahora en México también se hace sentir el coletazo. La nación norteamericana fue desde 2016 clave para Saab y su socio, el también colombiano Álvaro Pulido Vargas, en el millonario esquema del suministro de alimentos al programa de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) que ese año el gobierno de Nicolás Maduro instauró en Venezuela.

Las autoridades mexicanas investigan las operaciones de Saab y Pulido desde 2018, al final de la administración del presidente anterior, Enrique Peña Nieto. Aunque entonces hicieron señalamientos contra la red tejida por los empresarios colombianos, todo se diluyó en un limbo burocrático. Pero el sacudón causado por la captura de Alex Saab permite ahora revelar los puntos débiles de aquella investigación, que absolvió en la práctica no sólo a las compañías de Saab y Pulido, sino también a los proveedores mexicanos que despacharon a Venezuela productos de muy baja calidad nutricional.

El detrás de cámara de ese proceso es una historia de omisiones y silencios que muestra cómo durante meses las autoridades mexicanas y venezolanas supieron de la pésima calidad de la mercancía, pero no hicieron nada para frenar ese cuestionable comercio y relevaron a los responsables de cualquier castigo.

El 18 de octubre de 2018 la Procuraduría General de México, en boca de Israel Lira, subprocurador especializado en investigación de delincuencia organizada, denunció que las exportaciones de comida a Venezuela se hacían mediante un “esquema fraudulento”, con “operaciones inusuales” y productos de “baja calidad” con “sobreprecios”.

El funcionario apuntó directamente contra Group Grand Limited, la fantasmal sociedad registrada en Hong Kong que Saab y Pulido controlan, y una firma homónima en México, manejada por familiares y operadores del tándem colombiano, así como la red de proveedores con la que contrataban. Pese a la gravedad de los señalamientos y a algunas medidas iniciales, como la congelación de cuentas bancarias, el propio funcionario abrió la puerta de un “acuerdo reparatorio” con los involucrados, a manera de compensación.

“Los imputados harán entrega al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) de la cantidad de tres millones de dólares americanos, esto equivale aproximadamente a 56 millones de pesos, los cuales serán destinados para mantener el mandato de la Acnur en América Latina y el Caribe”, expresó entonces Lira.

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La sombra de la irregularidad siempre rondó ese “acuerdo reparatorio” y el monto de la sanción lucía irrisorio para un negocio en el que se habían movido cientos de millones de dólares. Hoy Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana lo califica como un “hecho insólito”.

“Los empresarios y personas físicas denunciadas, establecieron un acuerdo reparatorio con la Procuraduría General de la República que es ilegal, porque a pesar de existir una irregularidad de 156 millones de dólares, se les impuso una  donación  de sólo tres millones de dólares (…) En lugar de que este dinero se depositara en una cuenta de la Tesorería de la Federación (Tesofe), como sucede en este tipo de casos, se fue a la oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Nosotros ya denunciamos esto ante la Secretaría de la Función Pública y ante la Fiscalía”, explicó Nieto a la reportera del diario Excélsior de Ciudad de México, Claudia Solera, coautora de este reportaje.

Otros documentos permiten comprobar la ilegalidad y los vicios del pacto con las compañías operadas por Alex Saab y Álvaro Pulido, así como por sus proveedores mexicanos.

Sospechas confirmadas

Ya para cuando la Procuraduría General mexicana hizo públicas tanto la denuncia como el correspondiente “acuerdo reparatorio”, sobraban las evidencias sobre las anomalías y los actores en torno al entramado de exportaciones. Armando.Info había revelado la participación de Saab y Pulido en Group Grand Limited y documentado, en febrero de 2018, la pésima calidad nutricional de la leche en polvo mexicana que llegaba con las cajas CLAP, mediante un estudio de laboratorio practicado a muestras de las diferentes marcas de leche por el Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Poco después la estatal venezolana Corpovex, encargada de centralizar las importaciones públicas, pidió a las compañías mexicanas cumplir con registros sanitarios. La fiscal venezolana en el exilio, Luisa Ortega Díaz, había dicho en agosto de 2017, que Group Grand Limited “se presume es del presidente de la República”, refiriéndose a Maduro.

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Ahora se sabe que la investigación que provocó aquel pronunciamiento de las autoridades mexicanas en octubre de 2018 tuvo inicio en junio de ese año. Entonces, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó la denuncia DEN-UIF-40-2018 ante la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública mexicanas.

Además de Group Grand Limited, la firma controlada por Alex Saab y Álvaro Pulido, en el escrito aparecían señaladas compañías mexicanas como El Sardinero, Deshidratados Alimenticios e Industriales (DAI), Empresas Bonobox, Jaifar Comercial, Grupo Brandon, Rice & Beans y Productos Serel. Figuraban también Asasi Food FZC, sociedad registrada en Emiratos Árabes Unidos e igualmente usada por Saab y Pulido, así como 4PL Industrial, empresa colombiana de logística y empaquetado de productos para los Clap, ligada también a la dupla Saab-Pulido. La denuncia incluía, además, los nombres de los empresarios mexicanos Jaime García García y Raphael Jihad El Khoury Karam.

En abril de 2018, apenas días antes de la celebración de la cuestionada elección presidencial en la que Maduro se aseguró la reelección, dueños y ejecutivos de estas empresas se habían reunido con Álvaro Pulido Vargas en el lujoso Hotel Villa Magna de Madrid para apurar el negocio. Las sospechas contra Group Grand Limited obligaron a los empresarios colombianos a sustituir esa firma por Asasi Food FZC, registrada en Emiratos Árabes Unidos y con la que obtuvieron en ese 2018 un contrato por 345 millones de euros, y Mulberry Proje Yatirim, una sociedad turca.

De abril de 2018 es, precisamente, una carta en la que Group Grand Limited plantea a Corpovex, la estatal que firmó los contratos con los intermediarios de los Clap, la “cesión de los derechos financieros correspondientes al contrato CPVX-CJ-CONT-0086-2017” en favor de la turca Mulberry Proje Yatirim. Dicho convenio ascendía a casi 426 millones de dólares y fue el segundo que obtuvo Group Grand Limited para los Clap, tras uno inicial suscrito a finales de 2016 por 340 millones de dólares a través de la Gobernación del Táchira, cuando estaba encabezada por José Vielma Mora.

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Tanto Group Grand Limited como Asasi Food FZC y Mulberry Proje Yatirim, además de los propios Alex Saab y Álvaro Pulido, fueron sancionados por el Departamento del Tesoro estadounidense en julio de 2019. “Varias de las sociedades que son de propiedad o están bajo el control de Saab y Pulido fueron usadas en la estratagema de corrupción alimentaria de Saab y Pulido”, aseguró el Tesoro en un comunicado.

Casi en simultáneo, un tribunal del estado de la Florida los acusó por lavado de dinero, asociado al primer negocio que lograron con el chavismo en 2011 para la construcción de casas prefabricadas..

Pero en México, a diferencia de lo ocurrido en Estados Unidos, las autoridades no criminalizaron el entramado de Saab y Pulido. Se limitaron a abrir la puerta a unos “acuerdos reparatorios” que parecen hechos a la medida de los infractores.

Durante meses, la empresa El Sardinero fue el principal proveedor de las cajas Clap que salían del puerto de Veracruz, en México, al de La Guaira, en los buques CNP Paita y Viking Merlin. Rice & Beans y Productos Serel también surtían sus productos, como arroz y lentejas, mientras que Grupo Brandon, una empresa de rastro muy difuso en el estado de Nuevo León, prácticamente monopolizaba los envíos de leche en polvo con distintas marcas de pobrísima calidad nutricional.

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Cuatro palmaditas en la espalda

El primer acuerdo reparatorio se consumó el 12 de octubre de 2018. Los representantes de El Sardinero, Delmar Logística, Almacenes Vaca y Rice & Beans, cancelaron cada uno 750.000 dólares para sumar los tres millones de dólares que irían a Acnur, anunciados por la Procuraduría General de México pocos días después. Además, se comprometieron a entregar a las autoridades 1.300 contenedores con alrededor de dos millones de combos Clap.

Santiago Nieto, el jefe actual de la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana, destaca varios vicios en esa resolución. “Primero, no se debió haber depositado a la Acnur estos tres millones de dólares, como sanción, sino a la Tesofe, como lo establece el Código de Procedimientos Penales, cuando existe un acuerdo reparatorio. Está por ley que debe de ser así. También es ilegal que se haya acordado el decomiso de 1.300 contenedores, que después fueron enviados a Venezuela, cuando, precisamente, una de las irregularidades había sido la adquisición de estos alimentos de baja calidad calórica”.

Los empresarios, por su parte, aseguran haber cumplido con lo exigido por las autoridades en ese momento. Desde El Sardinero, por ejemplo, insisten en que cumplieron al pie de la letra el “acuerdo reparatorio” tras pagar la donación, que paralizaron su negocio con Venezuela y que entregaron los dos millones de cajas Clap a la Cancillería mexicana.

Pero ese no fue el único “acuerdo reparatorio”. El 16 de octubre de 2018, la Procuraduría General de México acordó con representantes del grupo Kosmos, cuyos Productos Serel y La Cosmopolitana también se incluyeron en los Clap, la imposición de una multa de sólo 120.000 dólares, que también debieron abonar a Acnur. De Productos Serel era, por ejemplo, la leche en polvo Kosland, una de las que peores valores nutricionales tenía. La sanción es ínfima, si se toma en cuenta que, según la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana, Productos Serel vendió mercancía por varios millones de dólares a Wellsford Trading Corp, otro de los intermediarios contratados por el Gobierno de Maduro.

Wellsford Trading Corp, inscrita en Panamá, firmó el 30 de marzo de 2017 el contrato 0032 con la estatal Corpovex por casi 70 millones de dólares.

Un tercer “acuerdo reparatorio” se selló el 26 de octubre de 2018. Fue con la empresa Almacenes Vaca, a la que se impuso una multa de poco más de 14 millones de pesos, equivalente a unos 700.000 dólares, también destinados a la Acnur. Al propietario de esta compañía también pertenece Rice & Beans, otra de las principales proveedoras de los Clap entre 2017 y 2018. Apenas una factura de julio de 2018 muestra que Rice & Beans cobró a Mulberry Proje Yatirim, la sociedad turca con la que Alex Saab y Álvaro Pulido reemplazaron a Group Grand Limited, productos por 220.000 dólares.

El cuarto “acuerdo reparatorio” se firmó el 21 de noviembre de 2018. En este caso las autoridades pactaron con el representante de las compañías Jaifar Comercial, Delmar Logística y Empresas Bonobox, que en algún momento participaron en la logística desde México para los Clap, una multa de 110.000 dólares.

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Pero si los criterios de los “acuerdos reparatorios” son ahora cuestionados por el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana, más extraño aún resulta que Group Grand Limited, la sociedad usada en México por Alex Saab y Álvaro Pulido, haya logrado recuperar sus cuentas bancarias luego de que las autoridades ordenaran congelarlas.

A dos años de la investigación iniciada en México, sólo tres empresas continúan bloqueadas en el sistema financiero de ese país: Grupo Brandon y Group Grand Limited; en el caso de la última, se refiere tanto a la registrada en Hong Kong como a la mexicana. Sin embargo, la compañía manejada por Saab y Pulido ganó en noviembre de 2019 un amparo contra la Unidad de Inteligencia Financiera, con lo que pudo descongelar dos cuentas bancarias en el Scotiabank Inverlat.

El documento que justificó la decisión refiere que según “el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, el bloqueo sólo procede en acuerdos comerciales representados por el Estado mexicano y en el caso de las despensas fueron negociaciones entre empresas particulares”. Paradójicamente, ahora el Gobierno venezolano califica a Alex Saab como un “agente del Gobierno” para la compra de alimentos y medicinas, y hasta reclama para él “inmunidad diplomática”.

“Los principales problemas que hemos enfrentado en México, en este caso de las despensas Clap, son el acuerdo reparatorio ilegal que estableció la PGR de la administración anterior,  encabezada por Alberto Elías Beltrán, con los empresarios y, el segundo, la jurisprudencia que impulsó el exministro Eduardo Medina Mora para evitar que hubiera un congelamiento de cuentas por parte de la UIF, en la que se establece, que si no hay una solicitud de carácter internacional, existe la posibilidad de desbloquear. Y aunque aquí sí existe la solicitud internacional, los jueces otorgaron el amparo”, reprocha el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Las cuentas de Group Grand Limited quedaron bloqueadas inicialmente el 5 de octubre de 2018 tras la sospecha de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Uno de los apoderados de la empresa en México, Andrés León Rodríguez, demandó un amparo contra la medida. Tras una batalla legal entre la empresa y las autoridades, finalmente las cuentas fueron desbloqueadas en noviembre de 2019.

Otras empresas que fueron denunciadas por las autoridades mexicanas por su participación en la trama de los Clap, como Ilas México, B-Eminet, Digrava y Evaporadora y Secadora de Leches están a punto de lograr una medida similar a la que favoreció a Group Grand Limited. Otra prueba más de que en México la investigación cayó en el olvido y apenas hubo responsables por las acusaciones formuladas en octubre de 2018. Con la captura de Alex Saab, la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana parece dispuesta a retomar lo que inició hace dos años y ahondar en el sospechoso rastro que el millonario negocio de los Clap dejó en ese país.

Este es un trabajo investigado y publicado en simultáneo por Armando.Info y el diario Excélsior de México.

 

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European Parliament 2019-2024

Plenary sitting B9-0211/2020 } B9-0213/2020 } B9-0215/2020 } RC1 7.7.2020

JOINT MOTION FOR A RESOLUTION

pursuant to Rule 132(2) and (4) of the Rules of Procedure replacing the following motions: B9-0211/2020 (PPE) B9-0213/2020 (S&D) B9-0215/2020 (Renew) on the humanitarian situation in Venezuela and the migration and refugee crisis (2019/2952(RSP))

Dolors Montserrat, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Paulo Rangel, Antonio Tajani, David McAllister, Gabriel Mato, Antonio López-Istúriz White, Cláudia Monteiro de Aguiar, Isabel Wiseler-Lima, Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Michal Wiezik, Peter Pollák on behalf of the PPE Group Kati Piri, Javi López, Maria-Manuel Leitão-Marques on behalf of the S&D Group Dita Charanzová, Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Barry Andrews, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Nicola Danti, Fredrick Federley, Billy Kelleher, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans

RC\1209506EN.docx 2/9 PE647.710v01-00 } PE647.712v01-00 } PE655.392v01-00 } RC1 EN on behalf of the Renew Group RC\1209506EN.docx 3/9 PE647.710v01-00 } PE647.712v01-00 } PE655.392v01-00 } RC1 EN European Parliament resolution on the humanitarian situation in Venezuela and the migration and refugee crisis (2019/2952(RSP))

The European Parliament,

– having regard to its previous resolutions on Venezuela, in particular that of 16 January 2020 on the situation in Venezuela after the illegal election of the new National Assembly Presidency and Bureau (parliamentary coup)1 ,

– having regard to the statement by the spokesperson for the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy (VP/HR) of 1 April 2020 on the US proposal and the situation in the context of the coronavirus pandemic in Venezuela,

– having regard to the statement by UN human rights experts of 30 April 2020 on the health emergency in Venezuela,

– having regard to the warning by UN human rights experts of 6 May 2020 about the devastating impact of the country’s humanitarian and economic crisis on human rights, – having regard to UN High Commissioner Michelle Bachelet’s Human Rights Report on Venezuela of 2 July 2020,

– having regard to the joint press release of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and the International Organization for Migration (IOM) of 1 April 2020 on the situation of refugees and migrants from Venezuela during the COVID-19 crisis,

– having regard to the statement of the Secretary General of the Organization of American States on the situation in Venezuela of 5 January 2020 and of 26 June 2020,

– having regard to the Lima Group statements of 20 February, 2 March, 2 April and 16 June 2020,

– having regard to the declarations by the VP/HR of 4 and 16 June 2020 on the latest developments in Venezuela,

– having regard to the statement of its Committee on Foreign Affairs of 11 June 2020 on the recent attacks on Venezuela’s National Assembly,

– having regard to the International Contact Group statements of 16 June 2020 on the undermined credibility of the Venezuelan electoral body and of 24 June 2020 on the worsening political crisis in Venezuela,

– having regard to Council Decision (CFSP) 2020/898 of 29 June 2020 amending Decision (CFSP) 2017/2074 concerning restrictive measures in view of the situation in Venezuela2 , which added 11 leading Venezuelan officials to the list of those subject to 1 Texts adopted, P9_TA(2020)0013. 2 OJ L 205 I, 29.6.2020, p. 6. RC\1209506EN.docx 4/9 PE647.710v01-00 } PE647.712v01-00 } PE655.392v01-00 } RC1 EN restrictive measures,

– having regard to the International Donors Conference in solidarity with Venezuelan refugees and migrants of 26 May 2020,

– having regard to the Venezuelan Constitution,

– having regard to the Rome Statute of the International Criminal Court,

– having regard to Rule 132(2) and (4) of its Rules of Procedure,

A. whereas the European Union and its Member States have been supporting the Venezuelan population and the communities hosting refugees for years; whereas on 26 May 2020, the European Union and the Government of Spain, with the support of the UNHCR and the IOM, convened an International Donors Conference in Solidarity with Venezuelan Refugees and Migrants; whereas international donors pledged a total of EUR 2.544 billion, of which only EUR 595 million are direct grants, the rest being simply conditional loans; whereas during the conference, some of the borrowers expressed concerns about the bureaucratic difficulties and the complexity of regulation they faced in obtaining the loans; whereas the EUR 595 million in direct grants will hardly cover the annual consequences of such an unprecedented crisis in Venezuela’s neighbouring countries; whereas the international community needs to find innovative solutions to unlock other possible financial resources to help the Venezuelan people address their emergency needs beyond humanitarian and longer-term cooperation aid;

B. whereas the EU assistance amounts to over EUR 319 million, both within and outside Venezuela; whereas EUR 156 million have been devoted to humanitarian assistance, EUR 136 million to development and EUR 27 million to stability and peace;

C. whereas the already dire political, economic, institutional, social and multidimensional humanitarian crisis in Venezuela has significantly worsened and become aggravated during the pandemic; whereas increased shortages of medicines and food, massive human rights violations, hyperinflation, political oppression, corruption and violence are endangering people’s lives and forcing them to flee the country;

D. whereas a growing number of people in Venezuela, in particular vulnerable groups such as women, children and sick people, are suffering from malnutrition as a consequence of limited access to quality health services, medicines, food and water;

E. whereas the Venezuelan national health system has been significantly weakened due to mishandling by the regime, resulting in critical shortages of medicines and a lack of available medical treatment; whereas the figures provided by the regime in relation to the COVID-19 pandemic lack credibility and are not trusted either within Venezuela or by the international community;

F. whereas the current multidimensional crisis in Venezuela is generating the largest population displacement ever seen in the region; whereas around five million Venezuelans have fled the country, with 80 percent of them displaced in countries in the region; whereas according to the UNHCR, the Venezuelan refugee crisis is the second biggest in the world, behind that of Syria; whereas it is expected that by the end of 2020, the total number of people fleeing the worsening conditions in Venezuela could exceed 6.5 million;

G. whereas according to the UNHCR, the number of Venezuelans seeking asylum worldwide has increased by 2 000 %; whereas 650 000 have filed asylum claims worldwide and around two million have obtained residence permits from other countries in the Americas; whereas 12 % of the population has fled the country and people continue to leave at an average rate of 5 000 per day;

H. whereas the current global public health emergency has compounded an already desperate situation for many refugees and migrants from Venezuela, as well as their host countries; whereas many refugees and migrants depend on insufficient daily wages to cover basic needs such as shelter, food and healthcare;

I. whereas according to the initial reports about the pandemic overwhelming the country’s debilitated healthcare system, hospitals are filled with coronavirus patients and dozens of health workers have been infected;

J. whereas the illegitimate Venezuelan Supreme Court, controlled by the regime of Nicolás Maduro, unjustifiably ratified the appointment of Luis Parra as President of the National Assembly on 26 May 2020; whereas the illegal session which took place in January 2020 respected neither legal procedure nor democratic constitutional principles by preventing, in some cases by force, the large majority of democratically elected representatives from being present during the session and consequently from casting their votes; whereas the illegal decision emanating from this illegitimate parliamentary session led the Council of the EU to impose sanctions on a further 11 officials for their role in undermining democracy and the rule of law, including Luis Parra and Juan Jose Mendoza, President of the Constitutional Chamber of the Supreme Court; whereas Juan Guaidó has excluded himself from any transitional government and Maduro cannot be part of such a government;

K. whereas on 13 June 2020, the illegitimate Supreme Court once again appointed new members to the National Electoral Council), despite not having any legal power to do so; whereas, in accordance with Articles 187 and 296 of the Venezuelan Constitution, these appointments are the sole and exclusive responsibility of the National Assembly, a body democratically elected by the Venezuelan people; whereas the European Parliament will not recognise any decision or ruling that is unilaterally taken by these illegitimate bodies; whereas the officials responsible for these decisions have also been added to the EU’s sanction list;

L. whereas Nicolás Maduro ordered the European Union’s ambassador to leave the country within 72 hours of the EU imposing targeted sanctions on several officials responsible for serious human rights breaches, and whereas he also threatened the ambassador of Spain with further reprisals; whereas in May 2020, there were reports of acts of harassment against the French embassy in Caracas, including by cutting off water and electricity supplies to the ambassador’s residence; whereas the regime has decided to reverse that decision and not to expel the EU ambassador;

M. whereas the Maduro regime has lashed out against the political parties Accion Democratica, Primero Justicia and Un Nuevo Tiempo, subjecting them to systematic RC\1209506EN.docx 6/9 PE647.710v01-00 } PE647.712v01-00 } PE655.392v01-00 } RC1 EN persecution through rulings of the illegitimate Supreme Court stripping them of their national directorates against the will of their members; whereas the democratic political party Voluntad Popular was classified as a terrorist organisation by the Maduro regime;

N. whereas the democratic international community, including the EU, has firmly rejected this electoral farce and all such illegal actions; whereas this action has further reduced the democratic space in the country to the bare minimum and has created major obstacles to the resolution of the political crisis in Venezuela; whereas the formation of a balanced and inclusive national emergency government, comprising all democratic political and social sectors of the country and able to address current humanitarian needs, is essential in order to overcome the escalating crisis;

O. whereas respecting international standards, an independent and balanced National Electoral Council and a level playing field ensuring the unimpeded participation of political parties and candidates represent the cornerstones of a credible electoral process, enabling free and fair legislative and presidential elections;

P. whereas illicit financing and foreign interference from the regime in elections pose a significant threat to European democracies;

Q. whereas the implementation of EU foreign affairs decisions is in hands of national authorities but the Commission has a responsibility to monitor the implementation of EU law;

R. whereas on 12 June 2020, the authorities in Cape Verde arrested Alex Saab, a businessman who has been implicated in several corruption schemes involving the Maduro regime and is now awaiting a judicial decision and possible extradition; whereas the Saab case illustrates how pervasive corruption has become in Venezuela while the country is in the midst of an unprecedented humanitarian crisis; whereas the country ranked 173rd out of 180 in Transparency International’s 2019 Corruption Perceptions Index;

S. whereas the number of political prisoners has increased since mass civil unrest began in 2014, and currently stands at more than 430; whereas 11 Europeans are also reportedly being detained in Venezuela; whereas many accounts of torture by the regime are currently under preliminary examination by the ICC for crimes against humanity; whereas repression, arbitrary detentions and torture have increased during the COVID19 crisis; whereas High Commissioner Bachelet’s report on Venezuela of 2 July 2020 documented more than 1 300 extrajudicial killings by security forces between 1 January and 31 May 2020;

T. whereas the Maduro regime has failed to provide transparent information, accept international humanitarian assistance and give priority to the needs and rights of the most vulnerable segments of the population; whereas on 1 June 2020, an agreement was concluded between the Ministry of the People’s Power for Health and the National Assembly’s advisory team for COVID-19 to allow humanitarian aid to be delivered to Venezuela apolitically through the Pan American Health Organization (PAHO) whereas over the years, the regime has rejected any form of humanitarian aid;

U. whereas the Maduro regime has, since 2016, supported illegal artisanal gold mining in the Venezuelan Amazon to finance irregular armed groups; whereas the gold has been smuggled out of the country through irregular channels to be sold and exchanged illicitly abroad; whereas this so-called blood gold is extracted and exploited at the expense of human rights and the environment under illegal and criminal conditions which seriously threaten both;

V. whereas effective actions are needed to stop the security threat to the wider region constituted by the links between Maduro’s dictatorial regime, terrorist groups and organised armed groups carrying out their criminal activities in Venezuela;

1. Reiterates its deep concern at the severity of the humanitarian emergency, which poses a profound threat to the lives of Venezuelans; expresses its solidarity with all Venezuelans forced to flee their country for want of very basic living conditions, such as access to food, drinking water, health services and medicines;

2. Draws attention to the worsening migration crisis which has spread across the entire region, namely to Colombia, Peru, Ecuador, Bolivia, Chile, Brazil, Panama and Argentina, as well as some EU Member States and the Caribbean, and highlights the extremely difficult circumstances which are further aggravated by the fight against the COVID-19 pandemic; praises the efforts of the neighbouring countries and the solidarity they have shown; asks the Commission and the European External Action Service (EEAS) to continue cooperating with these countries and territories, not only by providing humanitarian assistance but also by providing more resources and through development policy;

3. Urges the Venezuelan authorities to acknowledge the ongoing humanitarian crisis, to prevent its further deterioration, and to promote political and economic solutions to ensure the safety of all civilians and stability for the country and the region; takes note of the agreement reached between Venezuela and the PAHO on the fight against COVID-19;

4. Calls for urgent action to prevent the aggravation of the humanitarian and public health crisis, and in particular the reappearance of diseases such as measles, malaria, diphtheria and foot-and-mouth disease; calls for the rapid implementation of a short-term response to counter malnutrition among the most vulnerable groups, such as women, children and sick people;

5. Welcomes the pledges and efforts of the International Donors Conference in solidarity with Venezuelan refugees and migrants; calls, in this context, for a reduction in bureaucracy and a simplified framework that can ensure the pledges reach those who are in desperate need as soon as possible;

6. Strongly rejects the violations of the democratic, constitutional and transparent functioning of the National Assembly, as well as the acts of intimidation, violence and arbitrary decisions against its members; denounces the undemocratic appointment of new members to the National Electoral Council and the stripping of parties of their current boards of directors against the will of their members;

7. Reiterates its acknowledgement that, as a result of the transparent and democratic vote of the National Assembly, Juan Guaidó is the legitimate President of the National RC\1209506EN.docx 8/9 PE647.710v01-00 } PE647.712v01-00 } PE655.392v01-00 } RC1 EN Assembly and the legitimate interim President of the Bolivarian Republic of Venezuela, in accordance with Article 233 of the Venezuelan Constitution;

8. Reiterates its full support to the National Assembly, which is the only legitimately elected democratic body of Venezuela and whose powers need to be respected, including the prerogatives and safety of its members; insists that a peaceful political solution can only be reached if the National Assembly’s constitutional prerogatives are fully respected;

9. Recalls that respect for democratic institutions and principles and the upholding of the rule of law are essential conditions for finding a solution to the crisis in Venezuela for the benefit of its people; therefore urgently calls for the creation of conditions leading to free, transparent and credible presidential and legislative elections based on a fixed calendar, fair conditions for all actors, transparency and the presence of credible international observers as the only way out of the crisis, thereby excluding any violence or military action;

10. Calls on the EU and other international actors to mobilise a response from the international community that contributes to the urgent restoration of democracy and the rule of law in Venezuela;

11. Recalls that the Member States are legally bound by Council Decision 2017/2074 to implement the restrictive measures contained therein, notably the prevention of the entry into, or transit through, their territories of the persons to whom the restrictive measures apply, as well as an obligation to notify the Council immediately in writing of any exemptions they have granted;

12. Takes note of the Council decision of 29 June 2020 to add 11 Venezuelan officials to the list of those subject to individual sanctions which do not harm the Venezuelan population, and calls for that list to be strengthened and enlarged if the situation of human rights and democracy in the country continues to deteriorate; considers that the EU authorities must restrict the movements of the individuals on that list, as well as those of their closest relatives, and freeze their assets and visas; further calls for an immediate ban on the trade in and circulation of illegal blood gold from Venezuela;

13. Strongly regrets Mr Maduro’s threats to expel the EU ambassador from Caracas as a form of retaliation for the sanctions imposed on 11 officials responsible for serious human rights violations; takes note, in this regards, of the initial statement of the VP/HR announcing reciprocity and calls on the Member States to also consider acting under the principle of reciprocity if this situation arises again, namely by revoking the credentials of Maduro’s Ambassadors in the EU; reiterates its call on Member States to recognise the political representatives appointed by Juan Guaidó;

14. Denounces the rampant corruption which has become an integral part of the Maduro regime; denounces the Maduro regime’s use of political funding as a tool of foreign interference; strongly denounces and deplores cases of corruption, including those under judicial investigation in Member States;

15. Calls for the immediate release of all political prisoners and an end to the torture, illtreatment and harassment of political opponents, human rights activists and peaceful RC\1209506EN.docx 9/9 PE647.710v01-00 } PE647.712v01-00 } PE655.392v01-00 } RC1 EN protesters, and for those unfairly forced into exile to be allowed to return;

16. Fully supports the ICC investigations into the extensive crimes and acts of repression perpetrated by the Venezuelan regime; urges the European Union to support the initiative of the ICC States Parties to open an investigation into crimes against humanity committed by the de facto Maduro government, thereby holding those responsible to account;

17. Takes note of the decision of the British Court of 2 July 2020, which unequivocally recognises the democratic legitimacy of the Bolivarian Republic of Venezuela in the person of its President Juan Guaidó by giving him legal access to the Republic’s gold reserves;

18. Requests that a fact-finding mission be dispatched to the country in order to assess the situation;

19. Instructs its President to forward this resolution to the Council, the Commission, the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, the legitimate interim President of the Republic and National Assembly of the Bolivarian Republic of Venezuela, the governments and parliaments of the Lima Group countries, the Euro-Latin American Parliamentary Assembly and the Secretary-General of the Organisation of American States.

Lista actualizada de sancionados – urru.org – 7 de Julio 2020

Suiza añade 11 altos cargos venezolanos a la lista de sanciones – Swissinfo.ch – 7 de Julio 2020

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 El presidente venezolano Nicolás Maduro pronuncia un discurso delante de las fuerzas armadas en Caracas, el 2 de julio de 2020. Keystone / Miraflores Presidential Palace H

Las autoridades suizas han sumado el nombre de 11 altos cargos del Gobierno de Venezuela a la lista de sanciones por su presunta implicación en violaciones de los derechos humanos y los principios democráticos en el país latinoamericano.

Los once destacados políticos y militares venezolanos agregados a la lista el 7 de julio estarán sujetos a sanciones, incluidas la prohibición de entrar o entrar y viajar por Suiza y la congelación de los activos que puedan tener depositados en bancos suizos.

Suiza se suma así a la Unión Europea que el pasado 29 de junio adoptó una decisión similar y cuya lista comprende a 36 personas sancionadas.

El Gobierno suizo impuso las primeras sanciones a Venezuela en el año 2018 por presuntas violaciones de los derechos humanos y del Estado de derecho, así como por la erosión de las instituciones democráticas.

Suiza impone sanciones a Venezuela

En seguimiento de las sanciones impuestas por la Unión Europea contra Venezuela, el Gobierno de Suiza aplicó medidas coercitivas contra ese país…

Las once personas incluidas desde hoy en la lista están acusadas de actuar contra los grupos que se oponen al presidente Nicolás Maduro. Entre ellos figuran José Adelino Ornelas Ferreira, el  secretario general del Consejo de Defensa de la Nación, y Néstor Luis Reverol Torres, ministro de Interior, Justicia y Paz.

A Ornelas Ferreira se le acusa de graves violaciones de los derechos humanos y de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Venezuela, incluso obstruyéndoles la ayuda humanitaria y recurriendo al uso excesivo de la fuerza por parte de los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y otras componentes de esta que están bajo su mando.

Reverol Torres, por su parte, excomandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, también está acusado de graves violaciones de los derechos humanos, como tortura de presos políticos y represión de la oposición democrática en el país.

El pasado 2 de julio, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, declaró que al menos 1 324 personas han muerto en los primeros cinco meses de 2020 en operaciones de seguridad en Venezuela.

Venezuela elegirá un nuevo Parlamento el próximo 6 de diciembre. La oposición controla la Asamblea Nacional desde 2016, cuyo presidente Juan Guaidó ha sido reconocido por decenas de países – entre ellos Estados Unidos – como el presidente legítimo de Venezuela, tras la polémica reelección de Nicolás Maduro.

Las exportaciones de Pdvsa en junio cayeron a niveles de 1943 – El Nacional – 1 de Julio 2020

Las ventas petroleras de Venezuela el mes pasado se ubicaron en 379.000 barriles diarios

petroleo Pdvsa
|Foto: AFP

Las ventas internacionales de Pdvsa continúan en picada al haber registrado exportaciones de 379.000 barriles de petróleo diarios en el recién finalizado junio. Esto representa la cifra más baja desde 1943.

«Pdvsa y sus empresas conjuntas enviaron un total de 17 cargas en junio, transportando alrededor de 379.000 barriles por día de productos crudos y refinados, según los datos de Refinitiv Eikon», reseñó Reuters.

Además, los datos reflejan una caída de exportaciones de 18% respecto a mayo, cuando, de por sí, el volumen de ventas fue escaso.

Sanciones

El gobierno de Donald Trump ha aumentado la presión en los últimos meses, ampliando su lista de entidades sancionadas para incluir empresas mexicanas, petroleros, empresas navieras internacionales y personas que han desempeñado un papel en las exportaciones de petróleo de Venezuela.

Esto ocurre en medio de un escenario de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que han ahuyentado a compradores y compañías navieras por temor a posibles sanciones.

Recorte de producción

Aunado con ello, en todo junio Pdvsa se vio obligada a reducir las operaciones ante la acumulación excesiva de inventario, a pesar de que la producción ha menguado progresivamente en la última década.

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