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Punto de encuentro de Venezolanos votantes en Bilbao

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La ONU aprueba una resolución contra el bloqueo de EE.UU. sobre Venezuela por Barbara Mendez Jaimes – Descifrado – 15 de Julio 2019

La medida insta a fortalecer la cooperación internacional para hacer frente a las consecuencias negativas del bloqueo

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El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó una resolución en rechazo al conjunto de medidas coercitivas unilaterales impuestas por el Gobierno de Estados Unidos contra la economía y la industria petrolera de Venezuela.

La resolución, que fue aprobada con 28 votos a favor, 14 en contra y cinco abstenciones, fue impulsada por el Gobierno venezolano desde el Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) para fortalecer el respaldo internacional contra los efectos del bloqueo económico, financiero y comercial.

Además de condenar abiertamente las sanciones de Washington, la resolución insta a fortalecer la cooperación internacional para hacer frente a las consecuencias negativas del bloqueo, bajo la premisa de “promover, proteger y fomentar el respeto de los Derechos Humanos”, principios contenidos en la carta fundacional de la ONU.

En este sentido, queda reafirmado el fundamento de autodeterminación de los pueblos, donde cada Estado tiene el “derecho inalienable a elegir libremente y desarrollar, de conformidad con la voluntad soberana de su pueblo, su propio sistema político, social, económico y cultural, sin injerencia de ningún otro Estado o actor no estatal”.

De esta manera, el amplio respaldo de los Estados miembros en la votación sigue contrastando el reciente informe sobre Venezuela presentado por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que minimizó el impacto del bloqueo en el país caribeño.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, agradeció “el contundente respaldo de los Estados miembros del Consejo de DDHH de la ONU a la resolución presentada desde la Presidencia del MNOAL a favor de Venezuela” y  aseveró que se trata de “una victoria que amplía la cooperación internacional y rechaza las sanciones imperiales”.

La diplomacia venezolana sigue tratando de denunciar ante distintas instancias internacionales los efectos de las sanciones contra todo el pueblo venezolano, que afectan ampliamente el goce de los Derechos Humanos, en especial en el sector de la sanidad, donde se han visto afectados importantes programas estatales de tratamientos médicos, intervenciones quirúrgicas y trasplantes.

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Petróleos de Venezuela envía crudo a Cuba pese a las sanciones de Estados Unidos por Ludmila Vinogradoff – ABC – 13 de Julio 2019

Las medidas del Departamento del Tesoro de EE.UU. fueron impuestas en abril pasado contra 34 buques

El negocio clandestino del envío de petróleo venezolano a Cuba, de unos 60 mil barriles diarios, ha continuado con una variedad de trucos y vías ilegales para evadir las sanciones impuestas por los Estados Unidos y la prohibición ordenada por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guidó.

Las medidas del Departamento del Tesoro de EE.UU. fueron impuestas en abril pasado contra 34 buques que operaban con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y las corporaciones norteamericanas que tenían relaciones comerciales con esa empresa pero no han sido acatadas.

Tanto las sanciones de EEUU como la orden de Guaidó de parar el petróleo venezolano a Cuba han sido burladas por el régimen de Nicolás Maduro y el cubano tanto en la transportación como en la financiación de la operación comercial, convirtiendo el Caribe en un mar de peligrosa piratería.

Semanalmente salen de los puertos nacionales buques piratas con bandera venezolana o extranjera hacia Cuba que «no tienen certificación internacional de ninguna clase ni les importa las sanciones», afirma a ABC el venezolano capitán de altura José Ballaven, director de la Asociación Civil Gente de Mar.

Los cambios de bandera o de nombre de los buques petroleros venezolanos son «irrelevantes ante las sanciones» señala el capitán Ballaven. También comenta que han cambiado la tripulación de los barcos porque pasan «hambre» por otra gente de dudosa calificación, lo que pone en peligro y riesgos la navegación en el mar caribe.

Dijo que los buques de PDVSA que se encuentran «fuera de clase», es decir, no cumplen con la regulación internacional ni pueden anclar en ningún puerto. «Lamentablemente, Venezuela y Cuba violan la ley, no pueden navegar a ninguna parte», dice que las embarcaciones no están aseguradas y «si ocurre un derrame o accidente afectaría a los cruceros turísticos y las islas del Caribe».

En estos momentos operan unos 13 buques de PDVSA, que «son operados y administrados por empresas extranjeras. Hay 4 barcos más que se encuentran varados en Portugal porque PDVSA no ha pagado la factura de reparación», añade Ballaven.

El experto petrolero José Toro Hardy, confirma a ABC que PDVSA envía a Cuba unos 60.000 barriles diarios, bastante menos de los 100.000 que enviaba antes de las sanciones de EE.UU.

También refiere que en la transportación a Cuba se está utilizando tanqueros petroleros «pocos serios» a los que le cambian los nombres y la tripulación para eludir las sanciones, lo que hace difícil su rastreo satelital.

Maduro está enviando gratis el petróleo venezolano a Cuba para pagar su seguridad personal y la de los médicos cubanos. La cifra oscila entre unos 15.000 y 20.000 cubanos en Venezuela. «Enviaremos petróleo a Cuba contra viento y marea», dijo en mayo.

Las transaccciones financieras de PDVSA también eluden las sanciones. Sus centros operativos y bancarios se han mudado a Moscú, donde impera la oscuridad y falta de información oficial.

Pero lo que más indigna al opositor Juan Guaidó es que Maduro envía el petróleo a Cuba mientras los venezolanos no tienen gasolina, que deben hacer colas de 4 y 5 días y muchos han muerto en el intento de abastecerse, especialmente en los estados de Táchira y Mérida.

 

La visita clandestina de Nicolasito a Nepal por Gajendra Basnet / Khabarhub – La Patilla – 15 de Julio 2019

El hijo de Nicolás Maduro, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, llegó a Nepal clandestinamente junto con tres ministros el sábado y recibió altos honores en el pequeño país asiático.

Guerra, de 29 años, que es miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, considerada “ilegítima” por los Estados Unidos, y que su padre lo designó director del Cuerpo de Inspectores de la Presidencia, recibió una seguridad VIP con vehículos blindados y escolta.

Estados Unidos advirtió que la cercanía de Nepal con Venezuela y Corea del Norte podría afectar la relación entre Estados Unidos y Nepal.

La fuente del Departamento de Estado de EEUU, bajo condición de anonimato, dijo a Khabarhub: “¿Por qué y con qué intención está en Nepal?”, Agregó que están observando de cerca la actividad de las autoridades gubernamentales por la visita de Maduro Guerra.

La fuente afirmó que el partido gobernante está causando incomodo en los Estados Unidos y que afectaría la asistencia a Nepal. Dijo que su país estaba observando atentamente la cercanía de Nepal con los países comunistas de línea dura.

Venezuela está atravesando su peor tensión política desde el pasado enero, cuando Maduro asumió la presidencia por otro período de seis años como presidente ejecutivo, lo cual no fue aceptado por la oposición ni por gran parte de la comunidad internacional. En respuesta, el líder opositor y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, tomó juramento como presidente interino de la nación.

Estados Unidos fue el primer país en reconocer a Guaidó como jefe interino de estado, y luego se unieron otros 50 países, la mayoría de ellos en América Latina.

Mientras tanto, el presidente Bidya Devi Bhandari, el primer ministro KP Sharma Oli y el secretario general del gobernante Partido Comunista de Nepal (NCP), Bishnu Poudel, se han negado a reunirse con Maduro Guerra.

Sin embargo, “Nicolasito” se reunió con el portavoz del partido NCP, Narayankaji Shrestha, el miembro de la Secretaría Bamdev Gautam, el presidente de NCP y ex primer ministro Pushpa Kamal Dahal, y el líder nepalí Madhav Kumar.

La delegación de 11 miembros visitó el Parlamento Federal en Nepal y evaluó las prácticas parlamentarias. Los delegados venezolanos visitantes y parlamentarios nepalíes discutieron las relaciones entre Nepal y Venezuela. La delegación venezolana también se reunió con los parlamentarios del partido gobernante. También asistió a una cena junto con el presidente Dahal y los líderes Gautam y Nepal.

Se afirma que Maduro Guerra y su equipo llegaron a Nepal por invitación de la asociación de jóvenes de NCP. Pero, fuentes en Baluwatar dijeron que el gobierno y el partido no habían extendido la invitación.

Los analistas dicen que Guerra llegó a Nepal para apaciguar a los líderes del partido gobernante que se oponen a las sanciones de Estados Unidos y muestran solidaridad con el régimen de su padre.

Nepal y Venezuela establecieron relaciones diplomáticas en 1987. Sin embargo, no se han realizado visitas de alto nivel de ambos países desde la fecha.

Anteriormente, el presidente de NCP, Dahal, había emitido una declaración denunciando la “intervención” de Estados Unidos en Venezuela. La Embajada de los Estados Unidos en Katmandú había pedido al gobierno que aclarara su posición sobre el tema luego de que el ex primer ministro emitiera tal declaración.

Luego, el Ministerio de Relaciones Exteriores en una declaración había dicho que no debería haber ninguna intervención externa en Venezuela y que los venezolanos son capaces de decidir su futuro.

Trump Doesn’t Have Time for Starving Venezuelans by Francisco Rodríguez – The New York Times – 10 de Julio 2019

Mr. Rodríguez is a former head of Venezuela’s Congressional Budget Office.

Children waited to eat lunch outside a soup kitchen in a slum near Caracas in February.
CreditCreditMeridith Kohut for The New York Times

Over the past two years, Washington has imposed increasingly punitive economic sanctions on Venezuela. These sanctions have restricted the government’s access to external financing, limited its ability to sell assets and, most recently, barred it from trading oil with the United States.

The sanctions were designed to choke off revenues to the regime of Nicolás Maduro. Its architects claimed they would not generate suffering for Venezuelans. The reasoning was that Mr. Maduro would quickly back down, or the military would force him out before the sanctions could begin to have an effect.

That was wrong. Two years in, Mr. Maduro retains his grip on power, and his regime has become even more repressive and ruthless. Venezuela’s crisis now appears to have outlasted President Trump’s short attention span. Life for Venezuelans has gone from bad to worse.

Venezuela was already in a deep humanitarian crisis, following years of mismanagement and corruption under Mr. Maduro and his predecessor, Hugo Chávez. Sanctions are now putting the country at risk of a humanitarian catastrophe. In the three months after they were increased in January, Venezuela imported barely a third of what it imported in the same period last year and less than one-tenth of what it bought from the rest of the world back in 2012. Given that most of the population is already living at near-starvation levels and that the country depends on imports to feed itself, further cuts in foreign purchases risk producing the first Latin American famine in over a century.

The risks of famine — and what needs to be done to stop it — are lost in the conversation among Washington policymakers and the Venezuelan opposition. This is the inconvenient truth about Venezuela: Both the policymakers who designed this reckless strategy and the political leaders who supported it could end up sharing responsibility with the criminal and incompetent Maduro regime for the country’s tragedy.

The 2017 sanctions barred foreign partners from funding companies in the country’s oil sector and froze the refinancing of the country’s debt. My research shows that after the first round of economic sanctions, Venezuelan oil output suffered a collapse worse than that ever undergone by any oil-producing economy not facing a war or oil strike. The economy lost an estimated $17 billion a year as a result. Operations that were not affected — like joint ventures with Chinese or Russian companies — saw production grow or stabilize even as the rest of the oil industry was collapsing.

Things will only get worse with this year’s oil embargo. Based on the historical experience of other countries that have faced similar situations (such as Iraq, Iran and Libya), the recent round of oil sanctions could cause an additional loss of $10 billion a year for the already decimated oil industry — equivalent to more than two-thirds of the country’s imports last year.

People waited for hours to fill their cars with gasoline in the state of Portuguesa in February. 
CreditMeridith Kohut for The New York Times

Industry experts have confirmed that the sanctions have had a crippling effect on the country’s oil sector. Jon Bilbao, the respected former oil industry executive asked by Juan Guaidó, recognized by many as Venezuela’s interim leader, to run the state-owned fertilizer company Monómeros, said last month that if the sanctions were lifted, the company could turn a profit this year. It lost $23 million last year.

 

Tell the opposition’s intellectual elites that sanctions are exacerbating the country’s crisis and you are likely to be met with silence or be told that this is false, that the country’s economic crisis began long before. This is the logical equivalent of saying that a terminally ill patient cannot be killed.

There is a stark contrast between their claims and the views of regular Venezuelans. A recent survey by the local pollster Datincorp found that 68 percent of Venezuelans believe sanctions have negatively affected their quality of life. How to stop hundreds of thousands of Venezuelans from starving to death this year should be front and center of the international community’s debate on how to help Venezuela.

World leaders faced the same quandary in Iraq more than two decades ago. While they elected to keep the sanctions against the Iraqi regime in place, they created an oil-for-food program designed to protect ordinary Iraqis from the consequences of their government’s actions.

Though the Iraqi program was mired in corruption, that doesn’t mean we shouldn’t opt for one like it in Venezuela. A comprehensive 2005 report by a commission headed by Paul Volcker on the Iraqi case outlines concrete recommendations on how such a program would need to be redesigned to minimize corruption risks and ensure that resources reach vulnerable populations.

The reality of sanctions is not that simple. Ignoring the suffering they’re causing is not going to bring democracy to Venezuela. What it will do is make Venezuelans poorer and their plight more desperate. Famines do not topple dictatorships. They only lead to loss of lives.

Francisco Rodríguez is chief economist at Torino Economics and a former head of research of the United Nations’ Human Development Report Office.

La Guerra Silenciosa de Estados Unidos y la “Paciencia Estratégica” por Casto Ocando – Primer Informe – 7 de Julio 2019

En su esfuerzo por acabar con la dictadura de Nicolás Maduro, Estados Unidos está empleando sanciones abiertas, y operaciones encubiertas que están golpeando con ferocidad al régimen, gracias al trabajo de más de una docena de agencias federales y de inteligencia, y al apoyo internacional. Estos son los escenarios de la guerra silenciosa contra Nicolás Maduro.

En Noviembre de 2017 el presidente norteamericano Donald Trump hizo referencia por primera vez al concepto de “paciencia estratégica”, una doctrina que caracterizó la política de seguridad nacional de la Administración Obama. Trump declaró que esta doctrina era un fracaso de Estados Unidos frente a las amenazas del mundo, especialmente Corea del Norte.

Tiempo después, en marzo de este año, el Secretario de Estado Mike Pompeo también se refirió al tópico, particularmente para cuestionar los efectos de la paciencia estratégica obamista en Venezuela, asegurando que había empeorado la situación del país.

Básicamente la idea transmitida por Trump y Pompeo era: “basta de esperar por soluciones pacíficas, hay que actuar con fuerza y decisión”.

El concepto de la paciencia estratégica ha vuelto a relucir estos últimos días en Estados Unidos, pero en un sentido completamente distinto al expresado por Trump y Pompeo.

El Jefe del Comando Sur, con sede en Miami, el almirante Craig Faller, por ejemplo, declaró que Venezuela requiere ahora “una cierta paciencia estratégica” para alcanzar los objetivos, posiblemente en respuesta a los clamores dentro y fuera de Venezuela de que Estados Unidos actúe militarmente contra la dictadura de Maduro lo más pronto posible. La situación en el país está “estancada”, dijo Faller, por lo cual recomendaba esperar.

Otra personaje clave, el diplomático William Brownfield, ex embajador en Caracas y Bogotá, y ex Zar Antidrogas del Departamento de Estado, fue aún más específico: hay que tener paciencia estratégica para dar tiempo a que las sanciones y medidas de Washington contra el régimen hagan su efecto devastador.

”Hay que tener la paciencia para permitir a la estrategia producir el resultado positivo”, dijo Brownfield en una entrevista reciente.

Es bien sabido que Trump ha demostrado que no tiene mucha paciencia él mismo: ha criticado personalmente a sus asesores por la tardanza en producir resultados efectivos y sacar a Maduro del poder, según reportamos en esta columna. Pero tras lo que aparenta ser un abandono de interés por parte de la Casa Blanca, el nuevo discurso de la “paciencia estratégica” es ahora considerada por Washington el mejor curso de acción. Estas son algunas de las razones del por qué.

Los efectos de las sanciones de Estados Unidos no sólo están a la vista, sino que están golpeando con ferocidad al régimen.

Como ya se sabe, gracias a las sanciones el sistema financiero occidental ha sido prácticamente cerrado a los operadores del alto chavismo, el más reciente de los cuales es el propio hijo de Maduro, Nicolasito.

Es cierto que el régimen ha acudido a sistemas financieros alternos, tratando de hacer operaciones en rublos, yuanes y liras turcas, entre otras monedas. También es conocido que está tratando de vender crudo y oro como contrabando, a escondidas, y a grandes descuentos por los riesgos que implica para el comprador.

Pero el proceso de transferir esas operaciones al sistema financiero internacional para poder cubrir una amplia gama de necesidades y compromisos es increíblemente complicado para el régimen de Maduro, especialmente a la hora de darle legitimidad y monetizar tales operaciones y contrabandos, y usarlos para pago de deudas, bienes y servicios.

“Las sanciones han desbancarizado completamente a los chavistas”, me comenta un banquero venezolano que conoce de cerca los mecanismos usados por el chavismo para mover fondos.

Incluso para aquellas cuentas mantenidas por testaferros que pasaron los estrictos controles de la banca internacional, el problema no se detiene. Cada transacción, sea por transferencia electrónica o de tarjetas de crédito para uso de terceros, está sometida a un apabullante escrutinio de compliance, si las personas, empresas o beneficiarios son venezolanos o están relacionados con Venezuela.

Esa fue la razón por la cual la firma Caribbean Overseas LTD, el mayor proveedor en Aruba de alimentos al mayor, especialmente carne de primera, suspendió envíos de $100,000 semanales a Caracas, destinados a mantener bien provista la alacena de Nicolás Maduro y su entorno familiar.

La lista de afectados es larga: la flotilla de aviones del tuerto Andrade y su socio Gorrín, decomisada en Miami; los más de $500 millones congelados a Samark López, el testaferro de El Aissami; los centenares de millones congelados a empresas de lavado de dinero vinculadas a Delsy Rodríguez; y los miles de millones inmovilizados a operadores como Roberto Rincón y Alex Saab, entre otros.

Pero quizá más importante sean las acciones encubiertas que actualmente se despliegan en varios frentes claves, utilizando el enorme potencial de recursos y herramientas con que cuenta el gobierno norteamericano, incluyendo assets militares, que están causando un gran desasosiego entre los maduristas.

Considérese la decisión de cinco departamentos -Justicia, Tesoro, Estado, Seguridad Nacional y Defensa-, de concentrar recursos y esfuerzos para atacar desde diversos ángulos la organización criminal madurista.

Al menos 17 agencias de inteligencia –desde las más conocidas como el FBI, la DEA y la CIA, hasta las menos familiares como la National Reconnaissance Office, que controla los satélites espías de Estados Unidos—tienen sus recursos enfocados, en parte o en mucho, en la actividades de la organización criminal de Maduro-Cabello-Cuba.

La capacidad de escucha electrónica, lo mismo a través de intervenciones a distancia como a través de aeronaves tecnológicamente avanzadas, mantiene un flujo de información en tiempo real que permite a Estados Unidos y sus aliados estar al tanto de lo que se discute en los chats y las conversaciones chavistas al más alto nivel.

No por casualidad entre los soldados de fuerzas especiales enviados por Rusia a Venezuela recientemente, se encuentran especialistas de guerra y espionaje electrónico del ejército ruso, presuntamente para contrarrestar la penetración de las comunicaciones por parte de Estados Unidos y sus aliados.

Lo mismo los hackers chinos, que operan sigilosamente en varios edificios de Caracas, aunque ya no de manera anónima.

Desde hace más de 6 meses opera en Venezuela un pequeño ejército de agentes e informantes infiltrados a diversas instancias, incluso dentro de importantes organismos de decisión del régimen, según me informaron fuentes en tres agencias de inteligencia.

Según estas fuentes, en las últimas semanas, la infiltración de assets en Venezuela ha adquirido proporciones hercúleas, en proporción a las crecientes operaciones para contener el tráfico de drogas y los operativos de traslado de dinero en efectivo, producto de la venta de cocaína, controladas por los capos de Maduro.

El trabajo de interdicción, por ejemplo, con la ayuda de un número creciente de informantes venezolanos que desertaron, ha contribuido enormemente a dibujar con precisión el mapa de las redes criminales del régimen: laboratorios, aeronaves, casas donde guardan dinero en efectivo, rutas, cooperadores en varios países, conexiones con Cuba, Honduras, México. “Todo está mapeado”, me dice uno de los informantes que llegó hace un par de meses a Estados Unidos tras un periplo de varias semanas que lo llevó desde Apure hasta Perú y de ahí a Puerto Rico y Washington, donde coopera con las autoridades.

La otra cara de la moneda de esta ofensiva son las investigaciones criminales contra aliados del régimen, actualmente desarrolladas en una decena de fiscalías federales a lo largo de Estados Unidos.

Estos procedimientos no se detienen simplemente en la acusación formal. Incluyen también órdenes de búsqueda y captura, congelamiento de bienes y cuentas, investigación de entornos familiares y profesionales.

Dicho de otro modo: una cacería internacional en combinación con gobiernos de tres continentes, vigilando entradas y salidas por avión o embarcaciones, visitando propiedades y realizando allanamientos con autorizaciones judiciales tan válidas en Miami como en Santo Domingo, Madrid o Zurich, Suiza. O Dubai y Sudáfrica, por no hablar de toda Latinoamérica.

“Se trata de una guerra global en todos los frentes pero sin balas ni misiles”, me dijo esta semana un diplomático norteamericano. “Es una estrategia más efectiva, sin el costo político de invadir”, apuntó.

¿Conoce el presidente interino Juan Guaidó, o la Asamblea Nacional controlada por la oposición, los detalles de estas masivas operaciones encubiertas en la que participan también otros países de América Latina y Europa?

Una pregunta más adecuada sería: ¿Tienen Guaidó y sus aliados opositores el poder de controlar esta maquinaria letal que, inexorablemente, llevará a la salida de Nicolás Maduro del poder?

Los que piensan que Estados Unidos no invadirá formalmente a Venezuela, probablemente estén en lo cierto. Pero quizá una pregunta más apropiada sería: ¿es necesaria una invasión?

Notas:

Tras la pista del dinero

El Task Force de Fincen-Departamento del Tesoro que opera desde Nueva York con agentes de varias agencias como el FBI, el IRS, la DEA y de Homeland Security Investigations, está avanzando en una tarea particular: identificar los banqueros y operadores financieros que diseñaron y construyeron complejas estructuras como hedge fundsholdings y empresas de fachada a nivel mundial para esconder para esconder decenas de miles de millones robadas al fisco de Venezuela. Las pesquisas, según las fuentes, apuntan a un grupo de banqueros de origen judío en Nueva York, asesores financieros venezolanos que operaban desde España y militares retirados que manejan cuentas de generales chavistas en Hong Kong y China continental. Muchas de las pistas de las investigaciones han salido de operadores financieros que están bajo investigación criminal en Estados Unidos y que han decidido cooperar. Otros datos claves fueron proporcionados por chavistas que saltaron la talanquera, incluyendo los operadores vinculados al empresario venezolano Roberto Rincón, y los casos investigados en España como Nervis Villalobos y César Rincón. Otra fuente clave ha sido el ex jefe de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) Hugo Carvajal, alias El Pollo. Carvajal mantenía un registro detallado de las cuentas en el extranjero mantenidas por connotados chavistas, incluyendo Nicolás Maduro, Cilia Flores, Rafael Ramírez, Jorge Arreaza y los hermanitos Rodríguez. Otro informante ofreció dar detalles para identificar la ubicación de una fabulosa fortuna controlada por Rafael Ramírez, pero la cooperación no ha sido posible hasta ahora por desacuerdos en los porcentajes de la recompensa.

Así opera la maquinaria de lavado

El Task Force de Fincen-Tesoro están prestando particular atención a empresas y operadores vinculados directa o indirectamente a Nicolás Maduro y su entorno. El tipo de operaciones y empresas sospechosas que están investigando de cerca en Estados Unidos, tienen estas características: 1, subsidiarias con nombres similares en Venezuela; 2, exportan a Venezuela equipo pesado, partes automotrices y equipo electrónico. Este modelo criminal ha sido catalogado como TBML: Trade Based Money Laundering. O lo que es igual: lavado de dinero a través de operaciones comerciales. Las áreas de operaciones bajo la lupa van desde el Sur de la Florida –Miami, Fort Lauderdale, Weston, Boca Ratón, Palm Beach-, el área metropolitana de Houston, Texas; todo el Caribe –República Dominicana en particular-, y el sur de Europa, según fuentes. El dinero típicamente se mueve desde este tipo de empresas a otras ubicadas en Hong Kong, España, Portugal, Panamá, Florida y Delaware. Pese a que los pagos de contratos con el gobierno se hacían en dólares, debido a las sanciones, las transferencias comenzaron a hacerse en euros. Pero muchas empresas han sido atrapadas cuando cambiaron los euros a cuentas en dólares, mediante empresas y bancos ubicados en Estados Unidos, a través de las llamadas nested accounts, cuentas bancarias abiertas en el sistema financiero norteamericano a través de bancos corresponsales, pero en realidad controladas por entidades foráneas. Muchas empresas que hacen o han hecho negocios con el régimen madurista operan usando este sistema de cuentas bancarias porque proveen del preciado anonimato. Pero Fincen está chequeando cuáles de estas instituciones están haciendo transferencias a lugares donde no tienen normalmente actividad financiera.

 

¿Cuál es el modelo de intervención que aplica Estados Unidos a Venezuela? – Venezuela al día – 8 de Julio 2019

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En su esfuerzo por acabar con la dictadura de Nicolás Maduro, Estados Unidos está empleando sanciones abiertas, y operaciones encubiertas que están golpeando con ferocidad al régimen, gracias al trabajo de más de una docena de agencias federales y de inteligencia, y al apoyo internacional. Estos son los escenarios de la guerra silenciosa contra Nicolás Maduro.

En Noviembre de 2017 el presidente norteamericano Donald Trump hizo referencia por primera vez al concepto de “paciencia estratégica”, una doctrina que caracterizó la política de seguridad nacional de la Administración Obama. Trump declaró que esta doctrina era un fracaso de Estados Unidos frente a las amenazas del mundo, especialmente Corea del Norte.

El concepto de la paciencia estratégica ha vuelto a relucir estos últimos días en Estados Unidos, pero en un sentido completamente distinto al expresado por Trump y Pompeo. El Jefe del Comando Sur, con sede en Miami, el almirante Craig Faller, por ejemplo, declaró que Venezuela requiere ahora “una cierta paciencia estratégica” para alcanzar los objetivos, porque considera que la situación en el país está “estancada”.

Otra personaje clave, el diplomático William Brownfield, ex embajador en Caracas y Bogotá, y ex Zar Antidrogas del Departamento de Estado, fue aún más específico: hay que tener paciencia estratégica para dar tiempo a que las sanciones y medidas de Washington contra el régimen hagan su efecto devastador.

Incluso para aquellas cuentas mantenidas por testaferros que pasaron los estrictos controles de la banca internacional, el problema no se detiene. Cada transacción, sea por transferencia electrónica o de tarjetas de crédito para uso de terceros, está sometida a un apabullante escrutinio de compliance, si las personas, empresas o beneficiarios son venezolanos o están relacionados con Venezuela.

Esa fue la razón por la cual la firma Caribbean Overseas LTD, el mayor proveedor en Aruba de alimentos al mayor, especialmente carne de primera, suspendió envíos de $100,000 semanales a Caracas, destinados a mantener bien provista la alacena de Nicolás Maduro y su entorno familiar.

La lista de afectados es larga: la flotilla de aviones del tuerto Andrade y su socio Gorrín, decomisada en Miami; los más de $500 millones congelados a Samark López, el testaferro de El Aissami; los centenares de millones congelados a empresas de lavado de dinero vinculadas a Delsy Rodríguez; y los miles de millones inmovilizados a operadores como Roberto Rincón y Alex Saab, entre otros.

Pero quizá más importante sean las acciones encubiertas que actualmente se despliegan en varios frentes claves, utilizando el enorme potencial de recursos y herramientas con que cuenta el gobierno norteamericano, incluyendo assets militares, que están causando un gran desasosiego entre los maduristas.

Considérese la decisión de cinco departamentos -Justicia, Tesoro, Estado, Seguridad Nacional y Defensa-, de concentrar recursos y esfuerzos para atacar desde diversos ángulos la organización criminal madurista.

Al menos 17 agencias de inteligencia –desde las más conocidas como el FBI, la DEA y la CIA, hasta las menos familiares como la National Reconnaissance Office, que controla los satélites espías de Estados Unidos—tienen sus recursos enfocados, en parte o en mucho, en la actividades de la organización criminal de Maduro-Cabello-Cuba.

La capacidad de escucha electrónica, lo mismo a través de intervenciones a distancia como a través de aeronaves tecnológicamente avanzadas, mantiene un flujo de información en tiempo real que permite a Estados Unidos y sus aliados estar al tanto de lo que se discute en los chats y las conversaciones chavistas al más alto nivel.

No por casualidad entre los soldados de fuerzas especiales enviados por Rusia a Venezuela recientemente, se encuentran especialistas de guerra y espionaje electrónico del ejército ruso, presuntamente para contrarrestar la penetración de las comunicaciones por parte de Estados Unidos y sus aliados.

Lo mismo los hackers chinos, que operan sigilosamente en varios edificios de Caracas, aunque ya no de manera anónima.

Desde hace más de 6 meses opera en Venezuela un pequeño ejército de agentes e informantes infiltrados a diversas instancias, incluso dentro de importantes organismos de decisión del régimen, según me informaron fuentes en tres agencias de inteligencia.

Según estas fuentes, en las últimas semanas, la infiltración de assets en Venezuela ha adquirido proporciones hercúleas, en proporción a las crecientes operaciones para contener el tráfico de drogas y los operativos de traslado de dinero en efectivo, producto de la venta de cocaína, controladas por los capos de Maduro.

El trabajo de interdicción, por ejemplo, con la ayuda de un número creciente de informantes venezolanos que desertaron, ha contribuido enormemente a dibujar con precisión el mapa de las redes criminales del régimen: laboratorios, aeronaves, casas donde guardan dinero en efectivo, rutas, cooperadores en varios países, conexiones con Cuba, Honduras, México. “Todo está mapeado”, me dice uno de los informantes que llegó hace un par de meses a Estados Unidos tras un periplo de varias semanas que lo llevó desde Apure hasta Perú y de ahí a Puerto Rico y Washington, donde coopera con las autoridades.

La otra cara de la moneda de esta ofensiva son las investigaciones criminales contra aliados del régimen, actualmente desarrolladas en una decena de fiscalías federales a lo largo de Estados Unidos.

Estos procedimientos no se detienen simplemente en la acusación formal. Incluyen también órdenes de búsqueda y captura, congelamiento de bienes y cuentas, investigación de entornos familiares y profesionales.

Dicho de otro modo: una cacería internacional en combinación con gobiernos de tres continentes, vigilando entradas y salidas por avión o embarcaciones, visitando propiedades y realizando allanamientos con autorizaciones judiciales tan válidas en Miami como en Santo Domingo, Madrid o Zurich, Suiza. O Dubai y Sudáfrica, por no hablar de toda Latinoamérica.

“Se trata de una guerra global en todos los frentes pero sin balas ni misiles”, me dijo esta semana un diplomático norteamericano. “Es una estrategia más efectiva, sin el costo político de invadir”, apuntó.

Tras la pista del dinero

El Task Force de Fincen-Departamento del Tesoro que opera desde Nueva York con agentes de varias agencias como el FBI, el IRS, la DEA y de Homeland Security Investigations, está avanzando en una tarea particular: identificar los banqueros y operadores financieros que diseñaron y construyeron complejas estructuras como hedge funds, holdings y empresas de fachada a nivel mundial para esconder para esconder decenas de miles de millones robadas al fisco de Venezuela. Las pesquisas, según las fuentes, apuntan a un grupo de banqueros de origen judío en Nueva York, asesores financieros venezolanos que operaban desde España y militares retirados que manejan cuentas de generales chavistas en Hong Kong y China continental. Muchas de las pistas de las investigaciones han salido de operadores financieros que están bajo investigación criminal en Estados Unidos y que han decidido cooperar. Otros datos claves fueron proporcionados por chavistas que saltaron la talanquera, incluyendo los operadores vinculados al empresario venezolano Roberto Rincón, y los casos investigados en España como Nervis Villalobos y César Rincón. Otra fuente clave ha sido el ex jefe de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) Hugo Carvajal, alias El Pollo. Carvajal mantenía un registro detallado de las cuentas en el extranjero mantenidas por connotados chavistas, incluyendo Nicolás Maduro, Cilia Flores, Rafael Ramírez, Jorge Arreaza y los hermanitos Rodríguez. Otro informante ofreció dar detalles para identificar la ubicación de una fabulosa fortuna controlada por Rafael Ramírez, pero la cooperación no ha sido posible hasta ahora por desacuerdos en los porcentajes de la recompensa.

Así opera la maquinaria de lavado

El Task Force de Fincen-Tesoro están prestando particular atención a empresas y operadores vinculados directa o indirectamente a Nicolás Maduro y su entorno. El tipo de operaciones y empresas sospechosas que están investigando de cerca en Estados Unidos, tienen estas características: 1, subsidiarias con nombres similares en Venezuela; 2, exportan a Venezuela equipo pesado, partes automotrices y equipo electrónico. Este modelo criminal ha sido catalogado como TBML: Trade Based Money Laundering. O lo que es igual: lavado de dinero a través de operaciones comerciales. Las áreas de operaciones bajo la lupa van desde el Sur de la Florida –Miami, Fort Lauderdale, Weston, Boca Ratón, Palm Beach-, el área metropolitana de Houston, Texas; todo el Caribe –República Dominicana en particular-, y el sur de Europa, según fuentes. El dinero típicamente se mueve desde este tipo de empresas a otras ubicadas en Hong Kong, España, Portugal, Panamá, Florida y Delaware. Pese a que los pagos de contratos con el gobierno se hacían en dólares, debido a las sanciones, las transferencias comenzaron a hacerse en euros. Pero muchas empresas han sido atrapadas cuando cambiaron los euros a cuentas en dólares, mediante empresas y bancos ubicados en Estados Unidos, a través de las llamadas nested accounts, cuentas bancarias abiertas en el sistema financiero norteamericano a través de bancos corresponsales, pero en realidad controladas por entidades foráneas. Muchas empresas que hacen o han hecho negocios con el régimen madurista operan usando este sistema de cuentas bancarias porque proveen del preciado anonimato. Pero Fincen está chequeando cuáles de estas instituciones están haciendo transferencias a lugares donde no tienen normalmente actividad financiera.

Estados Unidos sanciona a Venezuela por la muerte del capitán Acosta por Francesco manetto – El País – 12 de Julio 2019

El militar falleció con evidencias de tortura tras una semana de detención bajo custodia de la contrainteligencia militar

Maduro en un acto militar, este miércoles. En vídeo, las tensiones por la muerte del capitán Acosta.ZURIMAR CAMPOS (EFE) 

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este jueves al cuerpo de las fuerzas de seguridad venezolanas señalado por el homicidio del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, la Dirección General de la Contrainteligencia Militar (Dgcim). Este militar de la Armada, opositor al régimen de Nicolás Maduro, falleció el pasado 29 de junio tras una semana de detención y torturas por una supuesta conspiración contra el Gobierno chavista. Su cadáver fue enterrado el miércoles después de más de 10 días en la morgue.

La semana pasada Naciones Unidas publicó un demoledor informe sobre el deterioro de los derechos humanos en Venezuela que censura precisamente las prácticas de la Dgcim, además de las del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). Tras filtrarse el informe de la autopsia del capitán, la justicia detuvo a un teniente y a un sargento segundo como presuntos responsables, imputándoles el delito de homicidio preterintencional. Sin embargo, no se ha abierto ninguna investigación sobre la cadena de mando.

Como es habitual en este tipo de sanciones del Departamento del Tesoro, las medidas afectan a los bienes que la Dirección de la Contrainteligencia pueda tener en Estados Unidos e impone la prohibición de realizar operaciones financieras con cualquier persona que se encuentre en territorio estadounidense. La Administración de Donald Trump fue la primera, el pasado 23 de enero, en reconocer a Juan Guaidó como presidente interino, al considerar que el mandato de Maduro decayó por alcanzar el poder en unas elecciones, celebradas en mayo de 2018 sin la participación de las fuerzas opositoras, que calificaron de fraudulentas.

Venezuela Sells Oil to Tiny Turkish Firm by Marianna Parraga, Luc Cohen and Deisy Buitrago – World Energy News – 9 de Julio 2019

© Anatoly Menzhiliy / Adobe Stock

With U.S. sanctions blocking Venezuela from selling oil to the United States, state-owned energy firm PDVSA has turned to several little-known buyers that include a tiny Turkish company with no refineries but ties to President Nicolas Maduro’s government, according to internal documents and a PDVSA source.

Until recently, some of the world’s largest petroleum and refining firms, including U.S. companies Chevron and Valero Energy, lined up to take Venezuelan oil cargoes and PDVSA had a rigorous vetting process to ensure potential buyers had the capacity to pay.

But U.S. sanctions imposed in January in an effort to oust Maduro have driven away many of those customers. PDVSA’s exports have slumped by more than a fifth since sanctions were imposed, according to company records and Refinitiv Eikon data. Its biggest buyers today are Chinese and Indian companies.

Three sources with knowledge of the matter told Reuters that directors at a March 14 meeting of PDVSA’s board temporarily waived some requirements for new customers or suppliers, including that of having at least two years’ experience in the oil industry.

Neither PDVSA nor Venezuela’s oil ministry responded to requests for comment for this story.

In the wake of the changes, a Turkish company called Grupo Iveex Insaat started buying Venezuelan oil in April, according to documents related to PDVSA loading plans and internal reports on exports and imports for the first half of the year reviewed by Reuters.

Istanbul Chamber of Commerce records show that Iveex Insaat was formed less than a year ago with capital of just 10,000 lira ($1,775) and listed “residential construction” as its main activity.

It was one of only five firms that loaded tankers to take Venezuela’s upgraded crude – among its most valuable oil – from April through June, the documents showed. Iveex loaded four cargoes of Venezuelan crude and products in April – equivalent to just under 8 percent of Venezuela’s oil exports – and nothing in May or June, according to PDVSA documents.

Turkish corporate records show Iveex Insaat is owned by Miguel Silva, a Venezuelan businessman who heads the Caracas-based Venezuelan Exporters’ Chamber and also served as a housing ministry commissioner in Maduro’s administration.

Reuters was unable to determine the terms under which Iveex Insaat is receiving Venezuelan oil and was unable to confirm who would ultimately buy and refine the crude, as the company has no refineries.

Neither Iveex Insaat nor Silva responded to requests for comment.

The PDVSA source, a shipping broker and a maritime inspector – all of whom declined to be named – told Reuters that Iveex had agreed to deliver refined products to Venezuela in exchange for receiving crude. With its refinery network crippled by maintenance issues, the OPEC nation has struggled with severe fuel shortages in recent months.

The two other companies that only began chartering tankers to take PDVSA’s oil after sanctions hit are Panama-registered Melaj Offshore Corp and Sahara Energy, a unit of Nigeria-based Sahara Group. The two loaded PDVSA oil cargoes shortly after the sanctions were announced, internal company documents show.

Sahara Energy did not respond to emails and calls to request comment. Reuters was unable to find contact details for Melaj.

Ties with Turkey
The deals with Iveex highlight growing commercial links between Venezuela and Turkey, whose President Tayyip Erdogan has stood by Maduro, alongside Russia, Cuba and China.

Turkey is one of the main buyers of the South American country’s gold, which has become an important source of cash as oil output falls.

Silva registered Iveex Insaat with a Turkish partner named Erhan Kap on Sept. 27, 2018, just a week after Maduro visited Istanbul.

Kap, who is an Istanbul tour guide according to his social media profiles, declined to comment when reached by phone.

According to Silva’s biography on the Iveex website, Silva has had a number of posts within Maduro’s administration, including serving in the national Housing Ministry in 2014 and coordinating a government development plan for the western state of Tachira in 2013.

Venezuela’s information ministry – which responds to media requests on the government’s behalf – did not respond to an email seeking comment.

Iveex’s website says it is a “physical commodity trading and distribution company” focused on petroleum products and crude oil with offices in London, Istanbul and Caracas. It says it uses a “leased fleet of regional vessels.”

While the website describes “long experience” in oil trading and distribution, a review of previous iterations of the site using the Internet Archive shows references to petroleum trading were added after November 2018.

PDVSA sold barrels for the first time to Iveex Insaat in April, when it loaded the tanker Seamuse with 294,413 barrels of natural gasoline and light virgin naphtha bound for the Middle East, trade documents from PDVSA show.

The vessel has not yet discharged and remains anchored near a Kuwaiti port, according to Refinitiv Eikon data. Days later, a similar cargo was loaded for Iveex on the tanker Vinjerac.

The Turkish firm also loaded the tankers Delta Kanaris and Delta Harmony with more than 1 million barrels each of Hamaca crude, an upgraded oil that PDVSA has struggled to sell because its primary market was the United States.

However, these three vessels remain anchored off Venezuelan ports. PDVSA has not allowed them to sail until Iveex delivers at least one of several fuel cargoes intended to offset the first cargo it took, the PDVSA source and two shipping sources said.

Sanción de «Nicolasito» es un claro mensaje para la FANB y la mafia organizada – Yo Soy Venezolano – 28 de Junio 2019

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La periodista y escritora venezolana Ibéyise Pacheco se refirió, este viernes 28 de junio, a la sanción recientemente impuesta a Nicolás Maduro Guerra, hijo del líder chavista Nicolás Maduro.

A juicio de Pacheco, la medida es un mensaje que va dirigido no solo al aludido, sino también a los miembros del alto gabinete del régimen, así como a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y a toda la “corporación criminal” que ha estado denunciando el ex jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) Manuel Cristopher Figuera desde Estados Unidos.

Vale mencionar que la sanción dirigida a Maduro Guerra responde a los vínculos que, según expresó el Departamento del Tesoro norteamericano, este tiene con actividades de corrupción y censura en Venezuela.

Estados Unidos aumenta la presión a Nicolás Maduro al sancionar a su hijo por Pablo Guimón – El País – 29 de Junio 2019

El Tesoro estadounidense castiga a Nicolás Maduro Guerra por su pertenencia a la Asamblea Nacional Constituyente y su participación en la censura y la corrupción

Nicolas Maduro Guerra, en el centro, junto a su padre.
Nicolas Maduro Guerra, en el centro, junto a su padre. ARIANA CUBILLOS AP

El Gobierno estadounidense ha redoblado su presión este viernes al régimen de Nicolás Maduro, con un paquete de sanciones contra su hijo. Así lo ha confirmado el Departamento del Tesoro en un comunicado, en el que acusa a Nicolás Nicolasito Maduro Guerra, hijo del líder chavista, de participar en “programas de propaganda y censura”, de “beneficiarse de las minas venezolanas junto con Maduro y su esposa [Cilia Flores, que no es la madre del sancionado]” y de “presionar a los militares para evitar que la ayuda humanitaria entre en Venezuela”. Las sanciones incluyen la congelación de cualesquiera propiedades que Maduro Guerra pudiera tener en Estados Unidos, así como la anulación de sus visados y la prohibición de realizar transacciones financieras o comerciales con instituciones estadounidenses.

Las sanciones constituyen un elemento más de presión de la Administración Trump para desalojar a Nicolás Maduro, que consideran ocupa ilegalmente el poder en Venezuela, usurpándoselo al opositor Juan Guaidó, que se declaró presidente interino en enero, invocando la Constitución. Estados Unidos fue el primero de medio centenar de países que reconocieron a Guaidó como presidente interino.

“El régimen de Maduro se construyó sobre unas elecciones fraudulentas, y su círculo íntimo vive en el lujo producto de la corrupción, mientras el pueblo venezolano sufre”, ha dicho el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. “Maduro depende de su hijo Nicolasito y otros próximos a su régimen autoritario para mantener el control absoluto de la economía y reprimir al pueblo de Venezuela. El Tesoro continuará actuando contra familiares cómplices de los miembros del régimen que se benefician de la corrupción de Maduro”.

Maduro Guerra, de 29 años, forma parte de la Asamblea Nacional Constituyente elegida en 2017, en medio de acusaciones fraude, y no reconocida por la oposición ni la mayor parte de la comunidad internacional. La pertenencia a dicho órgano es uno de los motivos expuestos por el Tesoro para sancionarlo. Al menos otras ocho personas han sido objeto de sanciones en el pasado por su pertenencia a la asamblea, a la que el Tesoro estadounidense acusa de querer “reescribir la Constitución venezolana y disolver las instituciones”, así como de haber sido creada “a través de un proceso antidemocrático instigado por el gobierno de Maduro para subvertir la voluntad del pueblo venezolano”.

ENTORNO CORRUPTO por FLORANTONIA SINGER

Nicolás Maduro Guerra se suma a una lista que ya alcanza a más de más de un centenar de venezolanos sancionados entre los que se cuentan el propio Maduro, su esposa Cilia Flores, militares, funcionarios y familiares; colaboradores y testaferros de integrantes de la cúpula del régimen chavista por presunta corrupción, violaciones de derechos humanos y vínculos con el narcotráfico y grupos guerrilleros.

Esta semana también fue acusado de lavado de dinero y conspiración para lavar dinero en bancos de Florida al que hasta hace dos meses fue Ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, quien fue removido del cargo en medio de la crisis eléctrica del marzo, cuando el país se quedó sin luz por más de cuatro de días. En este caso también está señalado el ex viceministro de Finanzas e Inversiones del mismo ministerio, Eustoquio José Lugo Gómez.

El canciller venezolano Jorge Arreaza reaccionó este viernes a las sanciones contra Mota Domínguez calificándolas de cínicas, pero hasta ahora ningún funcionario del gobierno de Maduro ha reaccionado sobre las de su hijo. “Es tal el descaro del Gobierno supremacista, que planificó y encabezó ataques contra el Sistema Eléctrico Nacional, al anunciar medidas ilegales contra respetables ex funcionarios del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica”, dice en un comunicado en el que además exige que la administración de Trump rinda cuentas a la comunidad internacional sobre estas “medidas coercitivas unilaterales”.

Las administraciones de George W. Bush y Barack Obama aplicaron las primeras sanciones individuales por vínculos de funcionarios chavistas con grupos guerrilleros y narcotráfico, pero el cerco de presión de Estados Unidos se ha incrementado desde 2015, cuando comenzaron a señalarse a decenas de funcionarios, que se ha estrechado con Donald Trump a partir de 2017, cuando se aplicaron las primeras sanciones económicas, y este año con las restricciones petroleras. La presión se ha extendido desde otros flancos. Para el cierre de 2018, Transparencia Venezuela registraba 108 ciudadanos sancionados por 41 países.

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