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Trump advierte que “algo va a pasar con Venezuela” y asegura que EE.UU. estará “muy involucrado” – RT – 11 de Julio 2020

Al abordar la situación del líder opositor Juan Guaidó, el presidente estadounidense afirmó que el diputado “está perdiendo cierto poder”.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha comentado sobre la situación política que atraviesa Venezuela. El tema fue abordado en el marco de una entrevista en Miami publicada este sábado por Noticias Telemundo.

“Venezuela era un país rico hace 15 años y ha sido destruido por dos personas, pero por un sistema, un sistema horrible, llámelo como quiera, pero es un sistema horrible”, expresó el mandatario.

A continuación, Trump advirtió que “algo va a pasar con Venezuela, eso es todo lo que puedo decirle, algo va a pasar con Venezuela”, y agregó que, en el panorama mencionado, EE.UU. estará “muy involucrado”.

Por otra parte, cuando el periodista José Díaz Balart le preguntó si continuaba apoyando al líder opositor Juan Guaidó, el mandatario estadounidense señaló que respaldará “a quien sea que haya sido elegido”, sugiriendo que el diputado “parece ser el presidente que electo”.

No obstante, Trump indicó que Guaidó “está perdiendo cierto poder”. Asimismo, tras insistir en la idea de apoyar a “alguien” que cuente con el respaldo del pueblo, el mandatario norteamericano mencionó que “Venezuela ha sido tratada muy, muy mal”, y reconoció que él ha sido “muy estricto” con la nación bolivariana.

“Nos ocuparemos de la gente de Venezuela”, concluyó el presidente.

“¿Qué más podría pasar?”

El analista internacional Pablo Jofré Leal considera que los comentarios de Trump se alinean a las amenazas “permanentes” de Washington reflejadas en las acciones que ya han sucedido, como “las sanciones, los embargos, los bloqueos” e incluso acciones militares con el apoyo de Bogotá.

“Trump está avisando que va a continuar con esa política de máxima presión contra Venezuela”, explicó el experto a RT, y sugirió que las palabras del presidente de EE.UU. se deben entender en “clave electoral”.

Por otra parte, al referirse a Juan Guaidó, el analista señaló que al opositor, que ya no cuenta “ni siquiera con el apoyo de EE.UU. […] le quedan pocos días, porque indudablemente lo que necesita Trump, respecto a las elecciones de noviembre, es alguien que le dé garantías de mayor desestabilización, de mayores acciones, de sacar a la gente a la calle en Venezuela […] que no lo va a lograr”.

“¿Qué más podría pasar? Desestabilización, sabotajes”, cuestionó Jofré, tras acotar que el país latinoamericano “ha sido víctima de sanciones que calan muy hondo en la sociedad venezolana”

Cuatro empresarios de Caracas, Ciudad Guayana, Ciudad Bolívar y el Zulia eran los “compradores” del “toyotazo” – LosTubazos.com  – 9 de Julio 2020

 

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El miércoles en horas de la madrugada para amanecer este jueves  funcionarios de la fiscalía y del FBI realizaban allanamientos en varios condados y urbanizaciones de Miami, a residencias de personas relacionadas con la adquisición de 81 vehículos de alta gama, que presuntamente serían enviados para altos funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Extraoficialmente el procedimiento se denomina “El toyotazo” debido a la cantidad de vehículos de esta marca japonesa.

Todo se descubre, porque la compra se hizo en efectivo. Es decir, se pagó 3.3 millones de dólares en efectivo y eso encendió las alarmas porque inicialmente los cuerpos de seguridad pensaron que se trataría de lavado de dinero proveniente de la droga.

Este caso ha permitido conocer que por lo menos cuatro empresarios de Caracas, Ciudad Guayana, Ciudad Bolívar y el Zulia, fueron quienes hicieron la operación de adquisición de los vehículos, a través de sus firmas registradas como comercios en Miami, debido a que el gobierno venezolano, producto de las sanciones impuesta por la administración norteamericana,  no puede ni comprar una aguja en el país del Norte.

Estos empresarios fungieron como los compradores. La idea era adquirir los automóviles y posteriormente enviarlos a Venezuela.

En Maracaibo la persona señalada de formar parte de la operación estaría vinculada a alguien a quien llaman el Chiche, presuntamente capo de un cartel de drogas.

Pero además, también se descubrió que muchos de los carros habían sido repotenciados y repintados pues algunos no serían nuevos de paquete como diría un famoso animador de la televisión.

El gobierno norteamericano también habría detectado una gran cantidad de venezolanos residenciados en Florida que hacen operaciones comerciales para el gobierno de Nicolás Maduro. Esta investigación apenas comienza por lo que se esperan más detenciones, retenciones y denuncias.

 

EE.UU. confisca 81 coches de lujo adquiridos por los jerarcas chavistas por David Alandete – ABC – 10 de Julio 2020

El valor estimado de los vehículos, incautados en un puerto de Florida, supera los tres millones de dólares

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Las autoridades de Estados Unidos han confiscado 81 vehículos, cuyo valor estimado es de 3,2 millones de dólares (2,8 millones de euros), que el empresario venezolano sancionado Raúl Gorrín se disponía a enviar al régimen de Venezuela. Entre los coches requisados, que están de momento en depósito en el puerto marítimo Everglades (Florida), hay muchos de alta gama, incluido un todoterreno biturbo de Mercedes cuyo precio de mercado supera los 150.000 dólares. Según el departamento de Seguridad Nacional norteamericano, la exportación de esos vehículos hubiera violado las sanciones contra el régimen chavista, en pie por abusos de los derechos humanos.

«Todo esto forma parte de un esfuerzo continuado para combatir la corrupción de las instituciones públicas en el extranjero y, en particular, la corrupción pública en Venezuela, el lavado de dinero, la sustracción de los recursos del pueblo venezolano y el robo de la riqueza venezolana depositada en el Tesoro nacional, para el beneficio de unas pocos personas políticamente expuestas, que son unos cleptócratas, además de sus socios», según Anthony Salisbury, director de la oficina de investigaciones en Miami del departamento de Seguridad Nacional, quien describió esta incautación como «la punta de un iceberg».

La trama

Según esta investigación, el empresario venezolano Gorrín es el centro de esa trama de tráfico de vehículos para disfrute de los jerarcas del chavismo y sus familiares. Gorrín es un magnate venezolano de los medios de comunicación, hasta hace un tiempo considerado cercano al régimen de Maduro. En 2018 fue acusado por la Fiscalía estadounidense de pagar sobornos por un monto estimado de 159 millones de dólares en canje por operaciones con divisas extranjeras, además de blanquear sus ingresos con viviendas de lujo en Manhattan y Florida. En 2019, el Tesoro le sancionó por supuesto lavado de dinero.

La Justicia de EE.UU. lo considera prófugo, y no ha habido juicio. Lo cierto es que antes de que se presentaran cargos en su contra, Gorrín intentó hasta negociar acuerdos de la Administración Trump con el chavismo, presentándose como un mediador afincado en Miami. Hay incluso una fotografía de él dándole la mano al vicepresidente, Mike Pence, durante una visita de este último a Florida.

Los más de 80 vehículos incautados en el puerto Everglades de Fort Lauderdale (Florida)
Los más de 80 vehículos incautados en el puerto Everglades de Fort Lauderdale (Florida) – Efe

A Gorrín, sin embargo, no se le ha imputado ahora ningún delito relacionado con el tráfico de estos vehículos. Este diario intentó contactar con sus abogados, que no respondieron a los mensajes en los que solicitó su valoración sobre las acusaciones verbales, de las que informó primero el diario de Florida «The Miami Herald». La ley de EE.UU. manda que cualquier incautación que supere los 500.000 dólares debe ser notificada al infractor, y este tiene el derecho de llevarla a juicio, para recuperar sus bienes si estos fueron obtenidos de forma legítima.

Según los investigadores, las primeras pistas sobre este tráfico de vehículos las recibieron los agentes federales estadounidenses de Colombia, desde donde se iban a introducir los coches en Venezuela. Los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. en Florida comenzaron a identificar vehículos en abril con documentación falsificada o que habían sido robados, con el VIN, o número de identificación para cada vehículo, borrado. Los agentes aseguran que seguirán incautándose de vehículos.

Más de 450 millones

Según mantiene el departamento de Seguridad Nacional, desde que Trump llegó a la Casa Blanca en 2017, los agentes estadounidenses se han incautado de más de 450 millones de dólares de jerarcas venezolanos y sus empresarios afines, incluidos yates, limusinas, jets, lofts, mansiones y hasta caballos y caballerizas, además de depósitos en cuentas bancarias. Y paralelamente, la Casa Blanca ha dictado varias rondas de sanciones que han hundido, entre otras cosas, el mercado del crudo venezolano.

Privados de su acceso a los mercados internacionales, y hasta de la posibilidad de vender crudo, los altos mandos del chavismo han estrechado sus alianzas con Irán y con Rusia. Sin embargo, un juez federal de EE.UU. autorizó la semana pasada a la Administración Trump el abordaje de cuatro cargueros propiedad de navieros griegos y de bandera liberiana, para la incautación de la gasolina y los químicos que Irán planea enviar a puerto venezolano. La Fiscalía estadounidense alega que esos envíos son un instrumento para que la Guardia Revolucionaria iraní «ejerza una mayor influencia» sobre el régimen chavista, lo que considera una amenaza para los intereses de EE.UU. en el continente americano.

 

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Lista actualizada de sancionados – urru.org – 7 de Julio 2020

Iranian Military-Owned Conglomerate Sets Up Shop in Venezuela By Ian Talley in Washington and Benoit Faucon in London – The Wall Street Journal – 5 de Julio 2020

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An Iranian firm is working with the Maduro government’s troubled emergency food program, which is the subject of U.S. enforcement action as an alleged money-laundering operation, compounding U.S. concerns.

An Iranian conglomerate owned by the country’s military and tied to its missile program has established a retail foothold in Venezuela, according to officials and records detailing the move, deepening Tehran’s involvement with the Maduro government.

The Iranian firm is working with the Maduro government’s troubled emergency food program, which is the subject of U.S. enforcement action as an alleged money-laundering operation, compounding U.S. concerns regarding the move.

The arrival of the company, which also has ties to Iran’s elite military Islamic Revolutionary Guard Corps, designated by the U.S. as a terror organization, bolsters Tehran’s foothold in the Western Hemisphere and comes as Venezuela increasingly seeks assistance from U.S. foes, including petroleum from Iran and energy-industry assistance from Russia.

The U.S. has imposed sanctions against the governments of the two countries, both of which lauded the new venture as part of a growing diplomatic, military and trade relationship.

“Another success in friendly and fraternal relations between two countries,” Iran’s embassy in Caracas tweeted recently.

On June 21, an Iranian vessel discharged a cargo of food at a Venezuelan port to supply the Islamic Republic’s first supermarket in the Latin American

food at a Venezuelan port to supply the Islamic Republic’s first supermarket in the Latin American nation, according to shipping trackers and comments by Tehran’s ambassador to Caracas, Hojatollah Soltani, released by the embassy.

Venezuelan media, including state-run news outlets, showed a giant, empty grocery store in the Venezuelan capital on the cusp of opening with fresh products. The location previously was a major outlet for Venezuela’s military-run emergency food program known by its Spanish initials, Clap.

The building now exclusively advertises brands owned by the Iranian military: Delnoosh, which makes tomato sauce and canned tuna, and Varamin, which makes sunflower oil. The firms are two of the many subsidiaries of a company called Ekta, according to its website, which was set up as a social-security trust for Iranian military veterans.

Ekta didn’t respond to a request for comment. Iran’s embassy in Caracas and Venezuela’s mission to the United Nations also didn’t respond to requests for comment.

Ekta is headed by Issa Rezaie, a veteran executive in companies owned by the IRGC, which has been blacklisted by the U.S. for its involvement in arms development and for directing proxies fighting across multiple Middle Eastern fronts.

Ekta is subordinate to the Iranian Ministry of Defense and Armed Forces Logistics, another entity sanctioned by the U.S. for its alleged role in ballistic-missile development, according to the U.S. Treasury.

Any Iranian business is required to have IRGC consent to operate overseas, according to U.S. intelligence reports. As part of Tehran’s sanctions-evasion efforts, Iranian officials have appointed retired IRGC leaders to head companies in key Iranian sectors, according to the intelligence.

The Clap program is the main food source for an estimated 15% of Venezuelans and a critical supplement for a far larger percentage of the population, analysts say. But U.S., Colombian and Mexican officials charge the Maduro government has used it to launder stolen state assets, proceeds from drug trafficking and other illicit activities.

U.S. officials and prosecutors say the Clap money- laundering operations were conducted through false invoicing of overpriced food imports by contracting companies owned or controlled by a Colombian businessman, Alex Saab.

Mr. Saab, who has been tied by U.S. officials to Venezuelan and Colombian drug cartels, was detained a week before the June supermarket announcement. Authorities in the West African island nation of Cape Verde acted on an Interpol notice issued after his U.S. indictment for alleged money-laundering offenses last year.

Mr. Saab was apprehended on the way back from Iran, according to U.S. officials. Venezuela’s foreign ministry said that he was on a mission as an agent for the government to “ensure procurement of food for [Clap] as well as medicines, medical supplies and other humanitarian goods.”

U.S. officials and Venezuela watchers question the legitimacy of the Clap program as well as Iran’s intentions in setting up the Venezuelan food operation.

“This is Iran’s sanctioned military taking advantage of the sanctioned but desperate Venezuelans to make money,” said Russ Dallen, the Miami-based managing partner of Caracas Capital Markets who tracks developments in Venezuela. “They are not doing it out of the goodness of their heart.”

The new venture follows meetings last month between Venezuela’s vice president of planning, Ricardo Menédez, and Iran’s ambassador to Caracas, Mr. Soltani, detailing “a strategic cooperation” in science, hydrocarbons, transport, industry and food, according to online Venezuelan government comments.

U.S. officials say they are concerned beyond the potential for the new commercial cooperation to offer new avenues for evading sanctions and money laundering. The collaboration also represents a possible security threat as Tehran exports its military expertise and technology, officials say.

One senior Western diplomat said their nation’s intelligence reported that Iran was transferring military technicians to Venezuela along with engineers Tehran sent to help the country restore its broken energy infrastructure. Top officials from both countries have held a series of recent meetings seeking to bolster cooperation, including in technology transfers.

Etka was established over 60 years ago as a supply store for military families, but became a giant agribusiness and, with 500 supermarkets, the country’s biggest grocery as European consumer-goods giants left Iran under a progression of sanctions programs. Etka’s products also are sold in Iraq and Tajikistan and it has held talks to enter Syria and Russia.

U.S. officials and Iran experts say Iran uses its government-controlled companies to evade sanctions and fund its weapons programs. The U.S. Treasury last year blacklisted the defense ministry overseeing Etka for using intermediary companies as a procurement network for its banned ballistic-missile program.

Most Iranian companies involved in Venezuela have ties to the IRGC. The Golsan, the vessel which shipped the food for the Etka supermarket, is owned by a firm that delivered fuel to Venezuela and that was sanctioned for transporting items related to Iran’s ballistic-missile and other IRGC programs. Mahan Air, an Iranian company involved in transporting personnel, money and arms to Syria for the IRGC, brought components to refurbish a Venezuelan refinery in exchange for gold. Khatam al-Anbiya, an IRGC conglomerate, provided the engineers.

 

 

Juez estadounidense aprobó la confiscación de nuevo envío de gasolina de Irán a Venezuela – El Nacional – 4 de Julio 2020

James Boasberg aprobó la petición de cuatro fiscales que aseguran que los beneficios de la transacción entre ambos países beneficiarían a la Guardia Revolucionaria islámica

El juez estadounidense del distrito de Columbia, James Boasberg, emitió el pasado jueves una orden para incautar nuevos tanqueros de gasolina por del régimen iraní hacia Venezuela.

Boasberg aprobó una petición de cuatro fiscales, quienes aseguraron que los beneficios de la transacción por parte de Irán beneficiaría a la Guardia Revolucionaria de la teocracia islámica, la cual ha sido designada como organización terrorista por parte de Estados Unidos, de acuerdo con el portal Infobae.

Dicha demanda afecta a los buques Bella, Bering, Pandi y Luna, que actualmente llevan aproximadamente 1,1 millones de barriles de gasolina a Venezuela.

De acuerdo con una fuente confidencial, la demanda judicial determina que Mahmoud Madanipur, con vínculos en la Guardia Revolucionaria, planificó los envíos de combustible a Venezuela utilizando compañías “offshore” y transferencias barco a barco para evitar las sanciones de Estados Unidos ontra Irán.

El Departamento de Justicia declaró en un comunicado que “las ganancias de las ventas de petróleo respaldan toda la gama de actividades nefastas de la Guardia Revolucionaria, como la proliferación de armas de destrucción masiva y sus formas de entrega, el apoyo al terrorismo y varios abusos contra los derechos humanos, en el país y en el extranjero”.

La orden de incautación emitida por Boasberg dicta que la gasolina iraní deba llevarse bajo jurisdicción exclusiva de la corte federal para el Distrito de Columbia. Sin embargo, no especificó como intentará el gobierno de Estados Unidos confiscar las cargas.

Esta medida se une con las otras impuestas por el gobierno de Estados Unidos a Venezuela e Irán en el marco de los recientes envíos de gasolina.

Entre los meses de mayo y junio buques con 1,5 millones de barriles de gasolina e insumos de Irán llegaron a Venezuela debido a la escasez de combustible que existe en el país, pese a tener las reservas de petróleo conocida como “las más grandes del mundo”.

Sobre estos hechos el presidente interino de Venezuela Juan Guaidó declaró que la gasolina enviada del país iraní “representa un día de producción o de procesamiento de barriles de combustible en Venezuela”, asegurando que los barriles que arribaron al país alcanzarían para surtir entre 10 y 20 días.

Aunque algunos de los buques llegaron a puerto criollo, otros dos desistieron para no someterse a las sanciones de Washington. Ellos eran los buques Bella y Bering, de banderas liberiana y griega, respectivamente, que nuevamente han puesto rumbo hacia Venezuela.

El pasado viernes los capitanes de los petrolero que hicieron la entrega fueron sancionados por Estados Unidos e incluidos en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por lo que todos los activos bajo jurisdicción estadounidense quedaron bloqueados

Sobre este hecho el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, declaró en un comunicado que “los marineros que están considerando trabajar con Irán y Venezuela deberían entender que ayudar a estos regímenes opresivos no vale la pena el riesgo”.

Por otra parte, Guaidó afianzó la idea de que el envío de combustible enviado a Venezuela desde Irán ha sido utilizado como un “elemento de propaganda” y que la carga ha sido pagada con oro extraído ilegalmente del sur de su país.

Irán anunció que seguirá enviando petróleo a Venezuela pese a las medidas de Estados Unidos. Además, el ministerio de Relaciones Exteriores advirtió que, de tener lugar nuevos bloqueos, el país se reservará el derecho a adoptar las medidas necesarias.

U.S. moves to seize Iranian petroleum aboard four tankers bound for Venezuela in sanctions escalation, push to extend arms embargo by  Spencer S. Hsu and  Carol Morello – The Washington Post – 2 de Julio 2020

U.S. authorities have moved to seize the cargo of four oil tankers carrying gasoline and fuel products from Iran to Venezuela, escalating a sanctions battle with two regimes Washington opposes and a contest over Iranian oil shipments that allegedly finance its nuclear program.

The action comes weeks after Iran sent five tankers and 1.5 million barrels of gasoline in a symbolic gesture of support to embattled Venezuelan President Nicolás Maduro in defiance of the Trump administration.

A U.S. judge in Washington signed a seizure warrant Thursday for Venezuela-bound shipments aboard four other tankers — the Bella, Bering, Pandi and Luna — whose deliveries were disrupted. Prosecutors estimated their cargo included 1.2 million barrels of gasoline worth nearly $50 million — the seizure of which would be a blow the U.S. government aimed at Iran’s use of third-party shippers to avert economic penalties.

President Trump  and Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei.
President Trump and Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. (Erik S Lesser/Iran’s Supreme Leader Office/EPA-EFE/REX/Shutterstock)

In a civil forfeiture lawsuit and statement filed late Wednesday, U.S. officials in Washington cited a network of informants indicating the fuel was “a source of influence” for Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps, which the United States has designated a terrorist organization. Prosecutors claimed the movements were arranged by Mahmoud Madanipour, an Iran-based man affiliated with the Revolutionary Guard.

Madanipour purportedly acted on behalf of Mobin International Ltd., a firm associated with Guard Corps-connected bank accounts, prosecutors said. Madanipour and the firm also are associated with a United Arab Emirates trading company that the suit did not name that moved to conceal the shipments’ Iranian origin, prosecutors and Homeland Security Investigations agents said.

A text message between Madanipour and a co-conspirator noted difficulties in the voyage of the Liberian-flagged Bella and the Bering, after the United States threatened the Greek owners with possible sanctions, court filings state.

“The co-conspirator texted, ‘the ship owner doesn’t want to go because of the American threat, but we want him to go, and we even agreed We will also buy the ship,’ ” prosecutors wrote in court filings.

U.S. authorities said any funds seized would be directed in part to a fund for U.S. victims of state-sponsored terrorism, according to a statement by the Justice Department’s national security division, the U.S. attorney’s office for the District of Columbia, Homeland Security Investigations and the FBI.

Madanipour could not immediately be reached for comment, and UAE-based Mobin did not immediately respond to requests for comment.

The Iranian mission to the United Nations said the seizure would be “piracy.”

“Any attempt on the high seas to prevent Iran from engaging in lawful trade with any country it chooses will be an act of piracy, pure and simple,” said Alireza Miryousefi, a spokesman for Tehran’s office in New York. “This is a direct threat to international peace and security and in contravention of international law including the U.N. Charter.”

The U.S. move against the tankers is the latest action in a two-year “maximum pressure” campaign of sanctions that have decimated Iran’s economy. And it comes as the Trump administration is making a major push to get support for an extension of a United Nations arms embargo due to expire in October.

Secretary of State Mike Pompeo pressed the U.S. case at the Security Council this week, where he called Iran “the world’s most heinous terrorist regime” and raised fears it could become a rogue arms provider to militant groups throughout the region.

Brian Hook, the State Department’s special envoy for Iran, has just completed meetings in the United Arab Emirates, Saudi Arabia, Bahrain and Israel, where senior officials expressed concern that lifting the embargo could fuel a regional arms race, according to accounts provided by the office of the department’s spokesman.

Hook also went to Vienna on Friday to meet with the head of the International Atomic Energy Agency, a visit designed to highlight a U.S. demand that Iran provide the agency access to suspicious sites where the United States believes Tehran is safeguarding research on developing a nuclear bomb. Iran has repeatedly denied the accusation and called the intelligence behind the charges fabricated.

U.S. officials have tightened sanctions on Iran’s oil industry, a mainstay of its economy, saying the Revolutionary Guard and its major holdings have extensive interests in it and use the profits to support terrorism, proliferation of weapons of mass destruction and human rights abuses.

U.S. sanctions officials assert one network led by the guard’s elite Quds Force in spring 2019 alone used more than a dozen vessels to covertly transport nearly 14 million barrels of crude oil and other petroleum products, grossing more than $750 million.

This week’s actions came almost exactly one year after British authorities seized the Grace 1, an Iranian oil tanker, in Gibraltar, alleging it was carrying oil to Syria in violation of a European Union embargo. Soon after the July 4 incident, Iran detained a British-flagged tanker, the Stena Impero, in the Strait of Hormuz.

Gibraltar ultimately released the Iranian ship in August, despite a last-minute request by the same U.S. attorney’s office in Washington to permit the United States to seize the ship, its oil and $1 million, alleging U.S. sanctions violations.

U.S. authorities in May charged two Iranian men and seized $12 million used to purchase a now-detained Liberian-flagged oil tanker, the Nautic, in what was then billed as the largest seizure of funds used to support the Quds Force.

Washington also hit the five captains of the Iranian-flagged tankers that successfully delivered oil to Venezuela with sanctions.

A State Department official said the sanctions have been effective in depriving Venezuela of its major source of revenue.

“The global shipping community is moving out of doing business with Venezuela in the face of U.S. sanctions,” said Elliott Abrams, the special envoy for Venezuela, in an emailed statement. “The most reputable firms, including the largest Greek shipping companies, have been cooperative and have shown that they value their reputations and their global businesses.”

The Wall Street Journal, which first reported the U.S. disruption of the other Venezuela-bound deliveries of Iranian oil products, has also reported that the Trump administration is preparing to add as many as 50 tankers to U.S. commercial blacklists for working with Maduro’s government.

Wednesday’s court filings state that Madanipour and Mobin International worked with the National Iranian Oil Co. and entities associated with it and the Guard Corps. Madanipour took steps to conceal the involvement of Iranian entities in previous shipments or potential deliveries to China and Malaysia, prosecutors asserted.

For example, the filings state the UAE company, identified only as “Company 1,” in January asked the owner of the Pandi to carry gasoline from Iran to the UAE but that Madanipour changed documents to show that Mobin International was responsible for the voyage. The UAE company then invoiced for $14.9 million an entity that the Guard Corps has publicly said was operating on its behalf and that ran the Grace 1 last year, the filings said.

Prosecutors said Mobin International in March 2019 described setting up a new Persian Gulf country joint venture “to be secured of any risk of sanctions” and “handle all our transshipments of risky oil business.”

According to the court filing, an associate in 2017 also asked Madanipour — allegedly on behalf of proposed Chinese buyers — whether Iranian oil could be provided through other countries with payments made through other countries to avoid U.S. sanctions. “We can get payment in Oman, UAE, Turkey, Italy and Germany,” Madanipour replied, according to court documents.

It was unclear whether the Bella, Bering, Pandi and Luna had been detained. Shipping tracking websites placed the first two Greek-owned vessels most recently in the Aegean Sea, and the other two in the Gulf of Oman.

Savvy Greek Shipowner Avoids Venezuela Gasoline Scam by Joshua Goodman – Latin American Herald Tribune – 3 de Julio 2020

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“This clearly demonstrates that sanctions work,” said Russ Dallen, who closely monitors maritime traffic as the head of Caracas Capital Markets. “But although this shipowner appears to have done the right thing, there are lots of other unscrupulous cockroaches in the shipping industry that won’t hesitate to do business with Venezuela.”

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MIAMI — For two months, the Malta-flagged oil tanker Alkimos has been quietly floating off the Gulf Coast of Texas, undisturbed by the high-stakes legal fight playing out in a federal courtroom as a result of American sanctions on Venezuela.

The commercial dispute, which hasn’t been previously reported, has all the drama of a pirate movie: a precious cargo, clandestine sea maneuvers and accusations of a high seas heist.

It pits Evangelos Marinakis, one of Greece’s most powerful businessmen and owner of its most successful soccer club, Olympiakos, against a fellow shipping magnate from Venezuela, Wilmer Ruperti, who has a long history of helping the country’s socialist leaders.

Round one appears to have favored Marinakis, whose Piraeus-based Capital Ship Management Corp, operates the Alkimos. On Wednesday, federal marshals in Houston are scheduled to auction off the ship’s’ cargo: 100,266 barrels of high octane gasoline estimated to be worth more than $5 million. The auction is in response to Judge Lynn Hughes’ order seizing the cargo, which he said would’ve likely ended up in Venezuela, while arbitration over a $1.7 million lien continues.

“This clearly demonstrates that sanctions work,” said Russ Dallen, who closely monitors maritime traffic as the head of Miami-based Caracas Capital Markets. “But although this shipowner appears to have done the right thing, there are lots of other unscrupulous cockroaches in the shipping industry that won’t hesitate to do business with Venezuela.”

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The U.S. has been trying for months to cut off fuel shipments to and from Venezuela, hoping to accelerate Nicolás Maduro’s downfall by depriving him of the oil income that is the lifeblood of the socialist country. But so far the biggest losers have been regular Venezuelans, who are forced to wait in line for days to fill up their cars due to a lack of domestically-refined gasoline.

To date, the Trump administration has sanctioned more than 50 vessels found violating sanctions. This month it added five Iranian captains to a list of individuals blocked from doing business with the U.S. after Maduro leaned on his fellow anti-American ally to deliver gasoline that skittish commodity traders are increasingly unwilling to supply Venezuela.

The Alkimos’ saga, which was pieced together from court filings reviewed by The Associated Press, began innocently enough. In late March, the Chinese-built carrier, which measures 156 meters (480 feet), was docked in Panama when it was hired to deliver the gasoline to Aruba.

But almost immediately something seemed off.

The shipping instructions indicated the cargo would be transferred at sea to another ship that had been visiting Venezuelan ports exclusively for the past year. And payent for the freight was wired from a third party, a company called Ultra Travel, which was purportedly based in Montenegro.

Moreover, ES Euroshipping AG, the Swiss-registered company that chartered the Alkimos, was owned by Ruperti, a businessman connected to Venezuela’s government.

In 2002, Ruperti chartered a fleet of Russian tankers to help then President Hugo Chávez break a months’ long strike at the state-run oil company PDVSA. Now, he was trying come to the rescue again.

In March, a separate Swiss company he controls billed PDVSA for a 12 million euros advance with which he planned to purchase up to 250,000 barrels of the same 95-octane gasoline he hired the Alkimos to transport, according to a copy of the invoice obtained by the AP. To get around the U.S. sanctions, the company opened a bank account in euros and rubles at Moscow-based Derzhava Bank.

The Alkimos tanker is owned by Brujo Finance Company, a company registered in the Marshall Islands. But its operator, whose name and corporate logo is painted on the ship, is Capital Ship Management, which operates a fleet of 54 tankers.

Capital’s chairman, Marinakis, is the owner of football clubs Olympiakos in Greece and Nottingham Forest in England.

In 2018, prosecutors opened a preliminary investigation against him for drug trafficking stemming from the record seizure of 2.1 tons of heroin aboard a vessel called Noor 1. He strongly denied the charges, saying they were an attempt by the leftist government at the time to silence dissent. In the past, he also faced match-fixing charges but was later cleared.

Marinakis did not respond to a request to comment made through his website and Capital.

While the arbitration between the two shipping magnates is likely to take months, U.S. officials see the case as a sign that sanctions on Venezuela are increasingly effective.

In May, the U.S. Departments of State and Treasury and the U.S. Coast Guard issued an advisory warning the maritime industry that such ship to ship transfers of the sort the Alkimos was being asked to perform are frequently used to evade sanctions. While the report focuses on Iran, North Korea and Syria — not Venezuela — it urges shippers to enhance due diligence and sanctions compliance practices to avoid running afoul of U.S. regulations

“The global shipping community is moving out of doing business with Venezuela,” Elliott Abrams, the Trump administration’s special representative for Venezuela, told the AP. “The most reputable firms, including the largest Greek shipping companies, have been cooperative and have shown that they value their reputations and their global businesses.”

In the case of the Alkimos, its owners suspected something was amiss. So its lawyers pressed ES Euroshipping for additional information, pointing out that the contract contained a “sanctions clause” giving the shipowner “absolute discretion” to refuse to carry out any trade that it deems exposes it, or its crew, to U.S. sanctions.

“Just to be clear in advance. Owner WILL NOT participate in any illegal trading,” according to an email sent March 31 by the shipowner’s broker.

Despite its misgivings, the ship departed Panama on April 9 — days after the AP reported that Ruperti had started purchasing oil in what he would later describe as a “humanitarian work” that didn’t violate the U.S. sanctions.

Alkimos Sanctions Clause
“I am 100% sure that I am doing this legally and that I am complying with the rules and obligations,” he told the AP in an April interview. He declined to comment when contacted this week about the seized cargo.

En route to Aruba, the back and forth continued—and the Alkimos’ owners grew more suspicious. The rendezvous point with the other ship, the Beauty One, was located in the open seas—50 miles west of Aruba off the northern coastline of Venezuela—rather than an area designated by Aruban authorities for ship-to-ship fuel transfers. Further, the supervisor of the risky procedure, ATM Marine Services, were unknown to the ship’s owners, without even a web page to identify it. No agents had been appointed to coordinate with Aruban authorities.

“URGENT responses to the above are requested. The matter is most serious,” the Alkimos’ broker wrote shortly before its schedule arrival off Aruba on April 11.

Throughout the ordeal, tanker rates were surging — something that ES Euroshipping contends was driving the shipowner’s rush to unload its cargo and move on to the next job. With the world economy shutting down due to the COVID crisis, there was a glut of fuel being produced. The mammoth oil carriers, which in some cases saw their daily rates jump 10-fold, were suddenly in demand as floating storage devices even as crude prices were crashing.

After two deadlines to provide alternate voyage orders passed, the Alkimos turned around on April 26 and headed to Houston. But it first advised ES Euroshipping that it would seek a lien on the cargo for $1.7 million to compensate for losses, including $500,000 in fees it racked up being adrift for so long.

ES Euroshipping contends Capital Ship Management and the ship’s owners stole the cargo and is seeking damages worth $2.3 million. In court filings, attorney Michael Volkov said that that after much stonewalling by the ship owner, which refused to accept its assurances there was no sanctions risk, Euroshipping did provide alternate instructions — to take the cargo first to the Bahamas and then Trinidad.

But Ruperti’s company claims its instruction were nonetheless ignored and accused the ship owner of setting off on an illegal, 7-day voyage to Houston to find a favorable jurisdiction to legalize its “theft” when much closer ports existed for the parties — none of the U.S. nationals — to litigate their competing breach of contract claims. It also accused Alkimos of fleeing Aruban waters without notifying the harbormaster, leaving behind $11,500 in fines and fees for the unauthorized departure.

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“Brujo is but a pirate who plundered cargo at sea, fled the Aruban authorities without proper authorization, diverted its vessel to a port in this District, and then deceived this Court,” Volkov said in a May 29 filing.

Ruperti appears to have some powerful backers of his own. On May 1, Hans Hertell, a former U.S. Ambassador to the Dominican Republic, wrote a letter to Ryan Patrick, the U.S. attorney for the southern district of Texas, calling on prosecutors to open a criminal probe against the shipowners.

“We were simply astounded to learn that the Vessel Owners had so brazenly stolen and converted our clients’ cargo in this manner,” according to the letter.

Crisis en Venezuela: el país registró la menor exportación de petróleo en 77 años – Infobae – 1 de Julio 2020

La estatal PDVSA y sus empresas conjuntas transportaron en junio cerca de 379.000 barriles por día de crudo y productos refinados; un volumen que no se veía desde 1943. La caída ha dejado al régimen de Nicolás Maduro sin su principal fuente de ingresos

Venezuela atraviesa una profunda crisis energética y petroleraVenezuela atraviesa una profunda crisis energética y petrolera

Las exportaciones petroleras de Venezuela se desplomaron en junio a su nivel más bajo desde 1943 después de que media docena de buques tanqueros, que intentaban sortear los riesgos de las sanciones de Estados Unidos, zarparan de las aguas del país sin cargar, según los datos de seguimiento de los buques.

La caída en las exportaciones de petróleo ha dejado al régimen de Nicolás Maduro sin su principal fuente de ingresos, contribuyendo a un colapso económico en la nación, que forma parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), y dejando a las autoridades sin efectivo para importaciones esenciales como alimentos y medicinas.

Estados Unidos ha aumentado la presión en los últimos meses, ampliando su lista de entidades sancionadas para incluir empresas mexicanas, buques petroleros, navieras internacionales y personas que han desempeñado un papel en las exportaciones venezolanas de crudo.

Las sanciones más estrictas han ahuyentado a clientes de la petrolera estatal venezolana PDVSA y a algunas navieras que habían transportado sus cargas.

La estatal PDVSA y sus empresas conjuntas enviaron un total de 17 cargas en junio, transportando alrededor de 379.000 barriles por día (bpd) de crudo y productos refinados, según datos de Refinitiv Eikon y cronogramas de carga de la compañía. Dicho volumen, que no se veía desde 1943, fue casi un 18% inferior a las exportaciones de mayo, de acuerdo a esos datos.

PDVSA atraviesa una profunda crisis desde hace años (REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)PDVSA atraviesa una profunda crisis desde hace años (REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)

La producción total de crudo del país está ligeramente por encima de esos niveles, según datos diarios de PDVSA vistos por la agencia ReutersEsos volúmenes serían un poco más del 10% de los casi 3,5 millones de bpd que Venezuela bombeó a fines de la década de 1990.

Las exportaciones a Europa aumentaron en junio a 130.000 barriles por día, impulsadas por entregas más grandes a la española Repsol y la italiana Eni, mostraron los documentos de PDVSA. Esos envíos están permitidos bajo exenciones para pagos de deuda y permutas financieras.

Los envíos al aliado político de Venezuela, Cuba, también aumentaron a 82.300 bpd desde 67.000 bpd en mayo.

Los inventarios de crudo pesado en el puerto venezolano de Jose, la principal terminal de petróleo del país y sitio de almacenamiento de crudo exportable, cerraron el mes pasado en 14,5 millones de barriles frente a un pico de 14,9 millones de barriles a mediados de junio, según los datos de PDVSA.

Las importaciones de combustible de Venezuela también disminuyeron el mes pasado, a 66.000 bpd desde 77.100 bpd en mayo, ya que la mayoría de los embarques de gasolina iraní fue descargado en mayo.

Estados Unidos subastará gasolina destinada a Venezuela

Un tribunal federal en Houston esperaba subastar este miércoles 100.000 barriles de gasolina que una empresa naviera sospecha que un magnate venezolano cercano a la dictadura de Maduro planeó enviar a Venezuela. La compañía, Brujo Finance Company, que tiene su sede en las Islas Marshall, temía que el acuerdo pudiera exponerla a sanciones estadounidenses. El caso muestra cómo algunas compañías marítimas prefieren enfrentar a clientes en la corte que el riesgo de que sus buques sean sancionados.

En junio PDVSA exportó cerca de 379.000 barriles por día (bpd) de crudo y productos refinados (REUTERS/Henry Romero)En junio PDVSA exportó cerca de 379.000 barriles por día (bpd) de crudo y productos refinados (REUTERS/Henry Romero)

En una demanda presentada en mayo ante el Tribunal de Distrito Sur de Texas en Estados Unidos, Brujo dijo que su buque, Alkimos, cargó gasolina en Panamá en marzo y el fletador, Sea Energy Company, dijo que era un viaje a Aruba o Curazao. Brujo indicó que Sea Energy informó que Alkimos debía descargar a través del mecanismo de transferencia barco a barco en Aruba a Beauty One, un petrolero que atracaba con frecuencia en Venezuela. Brujo agregó que pidió garantías a Sea Energy de que la gasolina no iría al país sudamericano, pero no recibió una respuesta satisfactoria.

Brujo invocó la cláusula de sanciones de su contrato y llevó a Sea Energy a un arbitraje, allanando el camino para la subasta. Brujo busca resarcir los daños y perjuicios por los honorarios en que incurrieron con Alkimos mientras esperaban.

Sea Energy y ES Euroshipping -el dueño de la carga- acusó a Brujo de “robo” y dijo que la operación no presentaba riesgos porque el buque Beauty One no fue sancionado.

“Ninguna ley aplicable (…) impone un embargo completo contra Venezuela”, escribieron las compañías.

Al menos 16 barcos cargados de petróleo venezolano navegan sin rumbo en alta mar – 14ymedio.com – 27 de Junio 2020

Las refinerías temen las sanciones de EE UU y encuentran petróleo barato en el mercado internacional

EE UU ha amenazado con aumentar su lista de entidades sancionadas si colaboran en el comercio y transporte de petróleo de la empresa estatal venezolana PDVSA. (EFE)
EE UU ha amenazado con aumentar su lista de entidades sancionadas si colaboran en el comercio y transporte de petróleo de la empresa estatal venezolana PDVSA. (EFE)

Al menos de 16 buques que transportan un total de 18,1 millones de barriles de crudo y combustibles venezolanos están atrapados en las aguas de varios países, según publica este sábado Reuters con datos de Refinitiv Eikon.

Los países compradores los evitan para impedir posibles sanciones por parte de Estados Unidos, que está endureciendo su presión para reducir las exportaciones de petróleo de Venezuela, principal fuente de ingresos del Gobierno de Nicolás Maduro.

La semana pasada, por ejemplo, Washington impuso sanciones contra dos compañías mexicanas, entre ellas Libre Abordo, bajo la acusación de “transportar petróleo robado al pueblo venezolano” y ayudar al régimen de Maduro a sortear las restricciones. El Departamento del Tesoro, además, ha amenazado con aumentar su lista de entidades sancionadas si colaboran en el comercio y transporte de crudo de la empresa estatal venezolana PDVSA.

Estados Unidos también penalizó a cinco capitanes de barco iraníes con el bloqueo de activos en territorio estadounidense y la prohibición de operar en sus aguas, por haber entregado 1,5 millones de barriles de petróleo al país sudamericano.

Algunas embarcaciones han estado en altamar más de seis meses, detalla Reuters

Así las cosas, algunas embarcaciones han estado en altamar más de seis meses, detalla Reuters, sin poder descargar en ningún puerto, pues el petróleo “rara vez se carga en tanqueros sin que estos tengan un comprador definido”. Mientras esperan, cada buque incurre en fuertes cargos por demoras. Según una fuente naviera a la agencia británica, la tarifa por demora para un barco que transporte petróleo venezolano es de al menos 30.000 dólares por día.

Viejos clientes de PDVSA, afirma Reuters, están preocupados incluso por que les impongan sanciones al completar transacciones permitidas, como el pago de deuda con petróleo o el intercambio por alimentos.

La difícil situación de las exportaciones de Venezuela se agrava, concluye la agencia, por el sobreabastecimiento del mercado, que permite a los compradores adquirir crudo menos “riesgoso” como el iraní o el venezolano.

Venezuela denunció el pasado febrero a Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional por las sanciones, acusando a Washington de estar cometiendo “crímenes de lesa humanidad”.

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