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EEUU no se quedará de brazos cruzados ante la crisis venezolana – La Patilla – 14 de Abril 2018

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anunció este sábado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha afirmado que no se quedará de brazos cruzados ante el régimen dictador de Nicolás Maduro, y ante la grave crisis humanitaria que atraviesa Venezuela.

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“Venezuela es un estado fallido y está afectando otras economías. El presidente Trump ha dicho claramente que los Estados Unidos no se va a quedar con los brazos cruzados, hemos puesto sanciones a más de de 50 individuos, hemos eliminado El Petro de nuestra economía, y hemos planteado ampliar a 16 millones de dólares más para ayudar a Colombia y Venezuela”.

El vicepresidente estadounidense instó al gobierno de Maduro a que permita al país para recibir la ayuda humanitaria que necesita. “Nicolas Maduro obstaculiza nuestra ayuda, se niega a recibir ayuda humanitaria porque insiste en que no hay crisis humanitaria, pero la gente se muere de hambre”, sentenció.

Asimismo insistió en que “apelamos al gobierno de Maduro que abra al país para recibir la ayuda que necesita el pueblo venezolano. Hay casi dos millones de personas que han sido desplazadas y que la generosidad de lo países de la región nos inspira. Agradezco a los que han tratado de aislar al brutal sistema de Maduro”, sostuvo en su intervención.

De esta manera, Pence recalcó que en su país cada día se tomarán medidas firmes para aislar el régimen.

“En nombre del presidente Trump, Estados Unidos cree en estos momentos que hay que hacer más, cada país tiene que tomar medidas mas firmes para aislar a un régimen. Tenemos que ayudar a nuestros hermanos venezolanos, Estados Unidos no descansará hasta que se restablezca la democracia en Venezuela”.

Por otra parte, afirmó que cree firmemente en que en Venezuela se reestableecrá un orden democrático, a la vez que citó al Libertador de Venezuela Simón Bolívar: “La gente que ama la libertad acabará siendo libre” y la gente del mundo nuevo ama a la libertad… Aun nos queda mucho por hacer pero vamos a luchar por lograr el día en que haya libertad en todos los países del hemisferio, tengamos fe en la capacidad del pueblo de este hemisferio, recuerden rezar por los que luchan bajo la tiranía”, reiteró.

Las tiranías más pobres

El vicepresidente estadounidense lamentó que la dictadura de Cuba ha tratado de aportar la dictadura en Venezuela. Dijo que estas tiranías son las dos más pobres del hemisferio.

“La tiranías de cuba y Venezuela es evidente en el hemisferio ahora son los países mas pobres”, expresó.

“La responsabilidad de que sufra el pueblo venezolano es culpa de un hombre, Nicolás Maduro, prometió a su pueblo grandeza, les prometió seguridad, les prometió grandeza. Pero el país esta de rodilla, está en ruinas”.

Continuó relatando su encuentro con la oposición venezolana en el marco de la Cumbre de las Américas. “Ayer me reuní con cuatro líderes valiosos de la oposición que han sido obligados a salir de su país, me dijeron cómo Maduro había corrompido a los venezolanos. Es horroroso pensar es en eso. Nueve de cada 10 venezolanos ahora son pobres, los almacenes están vacíos, los hospitales no tienen servicios básicos y esto los obliga a salir de su país”.

 

Senador Bill Nelson: sanciones a Maduro apenas comienzan por Antonio Maria Delgado – El Nuevo Herald – 13 de Abril 2018

Bill-Nelson.jpgEl Senador por Florida Bill Nelson abogó el viernes a favor de incrementar las sanciones económicas al régimen de Nicolás Maduro, insistiendo que es mucho lo que queda por hacer para contener la sistemática destrucción del país sudamericano.

Nelson, quien celebró el Día del Exiliado Venezolano en un evento organizado en la alcaldía de Pembroke Pines por la organización de Venezolanos perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX), agregó que Estados Unidos también debe seguir luchando para aislar al régimen políticamente, y deshacer el control que Maduro aún ejerce sobre algunos de los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Debemos seguir incrementando las sanciones económicas impuestas sobre Maduro y sus secuaces”, manifestó Nelson en el evento, donde fue honrado con “la Orden del Exilio”, de mano de VEPPEX.

“Solo recientemente el Departamento del Tesoro finalmente escuchó nuestras preocupaciones sobre cómo Maduro, con ayuda de Rusia, estaba buscando evadir las sancione a través de la criptomoneda denominada Petro. […] Pero aún falta mucho más por hacer”, agregó en el evento, también organizado por el Venezuelan American Democratic Club.

Pese a pertenecer al Partido Demócrata, Nelson ha estado trabajando estrechamente con el senador republicano Marco Rubio para avanzar en Washington la agenda a favor de extender el cerco internacional impuesto a Maduro.

Esa iniciativa, que también ha sido fuertemente respaldada por la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen y el senador demócrata, Bob Menendez, ha llevado a Washington a imponer sanciones económicas individuales contra decenas de altos jerarcas del chavismo, acusados de corrupción, de destruir la democracia y de violar los derechos humanos.

Más de tres millones de venezolanos (alrededor de un 10 por ciento de la población) se han visto obligados a huir del país ante el colapso social y económico provocado por dos décadas de políticas económicas hostiles al emprendimiento privado y al gigantesca corrupción asociada con el régimen de Maduro.

El país es víctima de una crisis humanitaria sin precedente y la desplazada población requiere de la asistencia humanitaria, en momentos en que cientos de miles de venezolanos han cruzado las fronteras de los países vecinos en busca de alimentos y medicinas.

Jose Antonio Colina, presidente de VEPPEX, dijo durante el evento que el pueblo venezolano siente un profundo agradecimiento por los líderes estadounidenses que han asumido la causa venezolana como la suya.

Pero también solicitó a la administración del presidente Donald Trump un poco más de clemencia hacia las docenas de miles de venezolanos que se encuentran en Estados Unidos y que aún no poseen protección migratoria.

Las deportaciones de venezolanos que están tomando lugar no son consistentes con los esfuerzos de la administración “por ayudar a los venezolanos a enfrentarse a la perversa narcodictadura”, dijo Colina.

Muchos de los jóvenes que están siendo deportados corren el riesgo de ser arrestados, torturados y asesinados, al poner pie en Venezuela, agregó.

 

Estados Unidos prohíbe las transacciones con la criptomoneda venezolana por Joan Faus – El País – 19 de Marzo 2018

La restricción afecta a ciudadanos norteamericanos y llega un mes después del nacimiento de la divisa virtual petro
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Estados Unidos limitó este lunes el intento de Venezuela de utilizar su nueva y enigmática criptomoneda para esquivar las asfixiantes sanciones internacionales. El presidente Donald Trump firmó un decreto que prohíbe a ciudadanos estadounidenses o que vivan en EE UU efectuar transacciones con cualquier divisa virtual creada por el Gobierno de Nicolás Maduro desde el pasado 9 de enero. En paralelo, el Departamento del Tesoro incorporó a cuatro altos cargos venezolanos, en activo o retirados, a su listado de sancionados por mala gestión económica y corrupción.

Maduro anunció hace un mes la entrada en funcionamiento de la criptomoneda petro, lo que fue recibido con escepticismo por los expertos dada la hiperinflación y el declive monetario venezolano sumado a su bloqueo internacional. En la antesala de su primer día en funcionamiento, Maduro aseguró el pasado 20 de febrero que la criptomoneda había conseguido financiación por valor de 735 millones de dólares. El presidente venezolano dijo que la moneda virtual estaría garantizada por las reservas de petróleo, oro y diamantes, que su precio quedaría relacionado con el del petróleo y que el petro estaría disponible en casas de intercambio electrónico de todo el mundo.

La nueva restricción de EE UU, sin embargo, acaba con esa última posibilidad. A partir de este lunes, ninguna persona estadounidense podrá llevar a cabo “transacciones, provisiones para financiar o cualquier otro acuerdo” con cualquier divisa virtual emitida por o en nombre del Gobierno venezolano. Buena parte de las transacciones financieras internacionales pasan en algún momento por el sistema estadounidense y Washington ha redoblado en los últimos meses su abanico de sanciones a Caracas.

“Maduro diezmó la economía venezolana y propició una crisis humanitaria. En vez de corregir el rumbo para evitar una catástrofe mayor, el régimen de Maduro está tratando de eludir sanciones mediante la moneda virtual petro”, declaró el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, en un comunicado. “Urgimos a Maduro a distribuir ayuda humanitaria y dejar de bloquear la necesitada asistencia humanitaria a la gente de Venezuela, y llamamos de nuevo a los militares venezolanos a respetar la Constitución”, agregó Mnuchin, que este lunes abordó la crisis venezolana en la cumbre de ministros de Finanzas del G20, que se celebra en Buenos Aires.

En una conferencia telefónica con periodistas, un alto funcionario estadounidense describió la criptomoneda venezolana como un “intento desesperado del régimen corrupto” de Maduro y advirtió de que invertir en el petro supone “apoyar una dictadura”. También minimizó el impacto de la restricción sobre el pueblo venezolano porque dijo que es “muy improbable” que puedan utilizar la divisa virtual.

Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, en enero de 2017, Washington ha endurecido sus sanciones contra altos cargos del chavismo por la deriva autoritaria de Caracas y presuntos vínculos con el narcotráfico. El Gobierno de Trump, según subrayó la citada fuente, sigue considerando la posibilidad de imponer un embargo petrolero al país caribeño, pero quiere garantizarse de que no propiciaría efectos negativos para el pueblo venezolano y las economías regionales y estadounidenses.

Los penalizados por Washington, incluido el vicepresidente Tareck El Aissami, tienen sus activos financieros bloqueados en EE UU, están vetados de llevar a cabo transacciones con entidades estadounidenses y tampoco pueden viajar a ese país.

Ese mismo castigo es el que reciben desde este lunes los nuevos cuatro sancionados a los que se acusa de corrupción y mala gestión económica. Son Américo Alex Mata García, director suplente de la Junta Directiva del Banco Nacional de Hábitat y Vivienda y que, como coordinador de la campaña electoral de Maduro en 2013, ha sido señalado por presuntamente recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Los otros tres penalizados son Willian Antonio Contreras, jefe del órgano responsable de imponer controles de precios en Venezuela; Nelson Reinaldo Lepaje Salazar, jefe de la Oficina del Tesoro Nacional de Venezuela, y Carlos Alberto Rotondaro Cova, expresidente de la Junta Directiva del Instituto Venezolano de Seguridad Social.

¿Cuáles son las implicaciones de la orden ejecutiva de EEUU sobre el petro? por José Ignacio Hernández – ProDaVinci – 19 de Marzo 2018

El-petro-418x220.jpgEl 19 de marzo de 2018, el gobierno de Estados Unidos emitió una nueva Orden Ejecutiva relacionada con Venezuela, cuyo efecto práctico es la prohibición de las operaciones con el petro.

Dicha Orden considera que, al emitir el petro, el gobierno de Nicolás Maduro intentó eludir las restricciones previamente adoptadas en relación con las operaciones de deuda venezolana. En favor de su argumento, la Orden invocó las decisiones de la Asamblea Nacional de denunciar la inconstitucionalidad de la criptomoneda.

En resumen, la decisión prohíbe toda transacción realizada por sujetos con nacionalidad de Estados Unidos o realizada en Estados Unidos, en relación con cualquier moneda o activo digital emitida por el Gobierno de Venezuela o en su nombre, desde el 9 de enero de 2018.

Dicha prohibición alcanza, por ello, al petro, así como a cualquier operación que pretenda eludir esta nueva restricción, según la Orden. En realidad, desde el momento en que el gobierno venezolano anunció su decisión de emitir el petro, podía concluirse que tal herramienta constituía una “deuda nueva” a los fines de la aplicación de las restricciones derivadas de la Orden Ejecutiva emitida por el gobierno de Estados Unidos, como se asomó en la aclaratoria número 551, publicada el 19 de enero por la OFAC.

La nueva Orden Ejecutiva aclara esta conclusión y ratifica que las operaciones con el petro, como sucede con la nueva deuda, quedan igualmente prohibidas a los fines del ámbito estadounidenses.

Más allá del alcance económico real que pueda tener la propuesta del gobierno de Nicolás Maduro de emitir el llamado petro, esta nueva medida del Gobierno de Estados Unidos profundiza la debilidad institucionalidad de la criptomoneda, la cual en el fondo, como ya explicamos en Prodavinci, puede equipararse a una inconstitucional operación de crédito público.

 

EEUU incorpora a cuatro venezolanos a lista de sanciones – La Patilla – 19 de Marzo 2018

ofac2-2.jpgEl gobierno de Estados Unidos, sancionó este lunes a cuatro funcionarios y exfuncionarios del Gobierno de Venezuela, informó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés) del Departamento del Tesoro, en un comunicado de prensa.

Entre las personas sancionadas está Nelson Reinaldo Lepaje Salazar, jefe en funciones de la oficina del Tesoro Nacional, y William Antonio Contreras, viceministro de Comercio Interno, dependiente del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas.

Este es el comunicado integro del Departamento del Tesoro:

Hoy la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a cuatro funcionarios actuales o anteriores del gobierno venezolano de conformidad con la Orden Ejecutiva 13692 , como parte de los esfuerzos constantes del Tesoro para poner de relieve la mala gestión económica y la corrupción endémica que tienen sido las características definitorias del régimen de Maduro. Las acciones del gobierno venezolano han hecho que la moneda venezolana carezca de valor a través de la hiperinflación, convirtieron alimentos y medicinas en productos raros a través de controles de precios y desencadenaron una crisis humanitaria que el gobierno venezolano se niega a mitigar cambiando de política o aceptando asistencia internacional.

“El presidente Maduro diezmó la economía venezolana e impulsó una crisis humanitaria. En lugar de corregir el rumbo para evitar más catástrofes, el régimen de Maduro intenta eludir las sanciones a través de la moneda digital Petro, una estratagema que la Asamblea Nacional democráticamente electa de Venezuela ha denunciado y el Tesoro ha advertido a las personas estadounidenses que eviten “, dijo el Secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin. “Hoy participé en una reunión importante en Argentina con mis homólogos de la región y Europa, donde discutimos cómo lograr nuestros objetivos compartidos de restaurar la democracia venezolana, combatir la cleptocracia del régimen de Maduro y responder a la crisis humanitaria causada por La política económica de Maduro.

Hoy, el presidente Trump también firmó una Orden Ejecutiva que prohíbe a las personas estadounidenses y otras sujetas a la jurisdicción estadounidense participar en todas las transacciones relacionadas con, suministro de financiación y otras transacciones en cualquier moneda digital, moneda digital o ficha digital emitida por para, o en nombre del Gobierno de Venezuela después del 9 de enero de 2018.

Como resultado de las acciones de hoy, todos los activos de los siguientes funcionarios actuales o anteriores del Gobierno de Venezuela que están sujetos a la jurisdicción de los EE. UU. Están congelados, y las personas de los EE. UU. Generalmente tienen prohibido tratar con ellos:

Américo Alex Mata García (Mata): fue nombrado Director Suplente en la Junta Directiva del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, también conocido como BANAVIH, dependiente del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda. Mata también fue el Viceministro de Economía Agrícola y el Presidente del Banco Agrícola de Venezuela, ambos dependientes del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras. Mata es ex presidenta de Corpomiranda, una empresa estatal conocida por su papel en la ejecución de políticas públicas relacionadas con el desarrollo territorial y las poblaciones que habitan el área que comprende el estado de Miranda, la cuenca del río Tuy, y el Tovar, Ribas, Revenga , y los municipios Santos de Michelena del estado Aragua. En su papel como coordinador de la campaña presidencial de Maduro en 2013, Mata supuestamente solicitó y recibió pagos de Odebrecht, una empresa de construcción brasileña atrapada en un escándalo de corrupción en todo el mundo. Mata supuestamente solicitó 50 millones de dólares en nombre del gobierno venezolano, al tiempo que garantizaba los contratos de Odebrecht para obras futuras. Según los informes, Odebrecht proporcionó 35 millones de dólares a la campaña de Maduro en 2013.

Willian Antonio Contreras (Contreras): es el jefe, o Superintendente Nacional, de la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE), la agencia responsable de imponer controles de precios en Venezuela. Además, Contreras es el Viceministro de Comercio Interior del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas. Debido a los continuos controles de precios impuestos por SUNDDE en negocios que van desde supermercados hasta compañías multinacionales, las empresas han disminuido la producción o han dejado de operar en lugar de seguir importando materias primas para incorporarlas a productos que se les ordena vender por mucho menos que los precios típicamente encontrado en supermercados.

Nelson Reinaldo Lepaje Salazar (Lepaje): , a partir de mediados de marzo de 2018, actuaba en calidad de Jefe de la Oficina del Tesoro Nacional de Venezuela. Anteriormente, Lepaje había delegado las funciones del Tesorero Nacional Auxiliar, y en ese cargo estuvo involucrado en la supervisión de los procedimientos administrativos y la firma de documentos oficiales, incluidos los acuerdos financieros entre el Ministerio del Poder Popular, el Banco Central de Venezuela y cualquier entidad nacional. o instituciones financieras extranjeras que son entidades auxiliares de la Oficina Nacional del Tesoro. Lepaje también autorizó la apertura de cuentas bancarias con fondos del Tesoro Nacional en monedas nacionales y extranjeras. El ex tesorero nacional, Carlos Erick Malpica Flores, también fue designado por la OFAC, en julio de 2017.

Carlos Alberto Rotondaro Cova (Rotondaro): es el ex presidente de la Junta Directiva del Instituto Venezolano de Seguridad Social (IVSS), la agencia gubernamental encargada de proporcionar medicamentos a los pacientes para enfermedades crónicas. Como resultado del colapso económico de Venezuela bajo Maduro, el país ya no compra suficientes medicamentos extranjeros o produce suficientes medicamentos propios. Debido en parte a la insuficiencia de vacunas y antibióticos, las enfermedades que alguna vez fueron controladas como la difteria y el sarampión han regresado, mientras que los venezolanos que sufren enfermedades crónicas como el cáncer o la diabetes a menudo tienen que renunciar al tratamiento. El sistema de salud de Venezuela continúa cayendo en una crisis más profunda luego de años de agitación económica, provocando brotes de enfermedades tratables y el aumento de las tasas de mortalidad.

 

Trump prohíbe en EEUU hacer transacciones con el gobierno venezolano en cualquier criptomoneda – La Patilla – 19 de Marzo 2018

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bloqueó el lunes el uso de criptodivisas venezolanas a través de un decreto que prohíbe las transacciones a personas de Estados Unidos, informó la Casa Blanca en un comunicado.

La orden prohíbe “todas las transacciones vinculadas, provisiones de financiamiento y otros negocios por parte de una persona de Estados Unidos o dentro de Estados Unidos, con cualquier moneda, divisa o ficha digital” emitida por el Gobierno de Venezuela desde el 9 de enero, según el comunicado.
Desde que lanzó el Petro en febrero, Venezuela dijo haber recibido pedidos de compra por unos 5.000 millones de dólares.

El Petro es una criptomoneda respaldada en recursos naturales de Venezuela, como el petróleo, oro y gas. La oferta inicial situaba el valor de cada Petro en unos 60 dólares, valor de un barril de petróleo al inicio del año.

El país, que atraviesa una aguda crisis económica, había lanzado el Petro como parte de sus esfuerzos para reestructurar su enorme deuda externa, una parte de ella en default, estimada en unos 150.000 millones de dólares.

Sin embargo, la decisión de la Casa Blanca de bloquear el acceso de los estadounidenses al Petro puede ser vista como una señal a otros países que estén analizando la opción de lanzar criptomonedas para eludir sanciones.

Con información de Reuters y AFP

A continuación la orden ejecutiva:

Orden ejecutiva sobre medidas adicionales para abordar la situación en Venezuela

Por la autoridad conferida a mí como Presidente por la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América, incluida la Ley de poderes económicos internacionales de emergencia (50 USC 1701 et seq.) (IEEPA), la Ley nacional de emergencias (50 USC 1601 et seq. .), y la sección 301 del título 3, Código de los Estados Unidos,

Yo, DONALD J. TRUMP, Presidente de los Estados Unidos de América, para tomar medidas adicionales con respecto a la emergencia nacional declarada en la Orden Ejecutiva 13692 del 8 de marzo de 2015, y en las medidas adicionales tomadas en la Orden Ejecutiva 13808 del 24 de agosto de 2017, ya la luz de las recientes acciones tomadas por el régimen de Maduro para intentar eludir las sanciones estadounidenses emitiendo una moneda digital en un proceso que la Asamblea Nacional democráticamente electa de Venezuela ha denunciado como ilegal, ordenaremos lo siguiente:

Sección 1. (a) Todas las transacciones relacionadas con, la provisión de financiamiento y otras transacciones en, por una persona de los Estados Unidos o dentro de los Estados Unidos, cualquier moneda digital, moneda digital o ficha digital, emitida por, para, o en nombre del Gobierno de Venezuela a partir del 9 de enero de 2018, están prohibidos a partir de la fecha de vigencia de esta orden.

(b) Las prohibiciones en el inciso (a) de esta sección se aplican excepto en la medida provista por los estatutos, o reglamentos, órdenes, directivas o licencias que puedan emitirse de conformidad con este pedido, y sin perjuicio de cualquier contrato celebrado o licencia. o permiso otorgado antes de la fecha de vigencia de esta orden.

Segundo. 2. (a) Cualquier transacción que evada o evite, tiene el propósito de evadir o evitar, causa una violación de, o intenta violar alguna de las prohibiciones establecidas en esta orden, está prohibida.

(b) Cualquier conspiración formada para violar cualquiera de las prohibiciones establecidas en esta orden está prohibida.

Segundo. 3. Para los fines de esta orden:

(a) el término “persona” significa un individuo o entidad;

(b) el término “entidad” significa una sociedad, asociación, fideicomiso, empresa conjunta, corporación, grupo, subgrupo u otra organización;

(c) el término “persona de los Estados Unidos” significa cualquier ciudadano de los Estados Unidos, residente permanente, entidad organizada de conformidad con las leyes de los Estados Unidos o cualquier jurisdicción dentro de los Estados Unidos (incluidas las sucursales extranjeras de dichas entidades), o cualquier persona dentro del Estados Unidos; y

(d) el término “Gobierno de Venezuela” significa el Gobierno de Venezuela, cualquier subdivisión política, agencia o instrumentalidad del mismo, incluyendo el Banco Central de Venezuela y Petróleos de Venezuela, SA (PdVSA), y cualquier persona que sea propiedad o esté bajo el control de, o actuando para o en representación del Gobierno de Venezuela.

Segundo. 4. El Secretario del Tesoro, en consulta con el Secretario de Estado, queda autorizado para tomar tales medidas, incluidas la promulgación de normas y reglamentos, y para emplear todos los poderes otorgados al Presidente por IEEPA según sea necesario para implementar esta orden. El Secretario del Tesoro puede, de conformidad con la ley aplicable, redelegar cualquiera de estas funciones a otros funcionarios y departamentos y agencias ejecutivas del Gobierno de los Estados Unidos. Todas las agencias del Gobierno de los Estados Unidos tomarán todas las medidas apropiadas dentro de su autoridad para llevar a cabo las disposiciones de esta orden.

Segundo. 5. Para aquellas personas cuyos bienes e intereses en propiedades son afectadas por este orden, que podría tener una presencia constitucional en los Estados Unidos, me parece que debido a la capacidad de transferir fondos u otros activos de forma instantánea, previo aviso a dichas personas de las medidas adoptadas de conformidad con esta orden haría que esas medidas fueran ineficaces. Por lo tanto, determino que para que estas medidas sean efectivas para abordar la emergencia nacional declarada en la Orden Ejecutiva 13692, no es necesario notificar previamente la implementación de esta orden.

Segundo. 6. Este orden no pretende, y no lo hace, crea ningún derecho o beneficio, sustantivo o procesal, ejecutable en derecho o en equidad por cualquiera de las partes en contra de Estados Unidos, sus departamentos, agencias o entidades, sus funcionarios, empleados, o agentes, o cualquier otra persona.

Segundo. 7. Esta orden entra en vigor a las 12:15 p. M., Hora del este, del día 19 de marzo de 2018.

DONALD J. TRUMP

 

¿Cómo impactaría un embargo petrolero de EE UU contra Venezuela?- El Nacional – 2 de Marzo 2018

1513362967200.jpgVenezuela importa diariamente de Estados Unidos unos 160.000 barriles diarios para procesar su petroleo pesado. Aunque podría importarlo de Argelia o Nigeria, saldría mucho más costoso

Venezuela sufriría un impacto catastrófico si Estados Unidos concreta la amenaza de sancionar sus exportaciones petroleras, sin que ello garantice cambios políticos, advierten analistas consultados por la AFP.

El posible embargo fue evocado por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, quien dijo analizar opciones para “mitigar” las secuelas. Ya Washington aplicó sanciones contra el presidente Nicolás Maduro y altos funcionarios; y prohibió a ciudadanos y empresas estadounidenses negociar deuda de Venezuela y su estatal petrolera PDVSA.

¿Cómo afectaría a Venezuela?

Estados Unidos es el principal cliente de Venezuela, que obtiene 96% de sus ingresos del crudo y cuya industria enfrenta una severa caída de la producción y dificultades financieras. Según la Agencia de Energía estadounidense, recibió de Venezuela unos 600.000 barriles diarios en 2017, lo cual equivale a un tercio de las ventas del país sudamericano.

Pero ello representa 75% del flujo de caja de Venezuela, por lo que un embargo sería “el peor” escenario, opinó el economista César Aristimuño. Añadió que un tercio de la producción -de 1,6 millones de barriles diarios según la OPEP- se destina a pagar deuda con China y Rusia y a acuerdos de cooperación con el Caribe. Otra fracción alimenta el consumo interno, con gasolina casi regalada: un dólar del mercado negro compra 214.000 litros.

Venezuela importa desde Estados Unidos unos 160.000 barriles diarios de crudo liviano para procesar su petróleo pesado, que podría obtener de Argelia o Nigeria aunque a mayor costo, indicó el experto Orlando Ochoa.

La producción venezolana experimenta su peor derrumbe en 30 años (excluido un paro petrolero entre diciembre de 2002 y febrero de 2003). Hoy coloca la mitad que hace una década. “Su flujo de caja se deteriorará aún más” por esa caída y posibles nuevas sanciones, estima la consultora Eurasia Group.

Aunque los precios se recuperan, con su crudo rondando 60 dólares por barril, Venezuela y PDVSA fueron declaradas en default parcial por pagos atrasados de deuda. En recesión desde 2014, el país tiene una deuda externa de unos 150 millardos de dólares, 30% correspondiente a PDVSA. La consultora Ecoanalítica proyecta en 24.8 millardos de dólares los ingresos petroleros en 2018, con compromisos de deuda por 8 millardos.

¿Cómo afectaría a EE UU?

Un 8% de las compras de crudo de Estados Unidos proviene de Venezuela. Las sanciones del gobierno de Donald Trump podrían ir en dos sentidos: restringir sus compras o frenar las ventas de crudo liviano, según James Williams, de la consultora WRTG Economics. Washington podría tener a México y Canadá como principales sustitutos.

Hubo una merma de 100.000 barriles diarios en enero. Pero restringir compras afectaría a refinerías como CITGO -subsidiaria de PDVSA-, Valero Energy Corp, PBF o Philips, que perderían fuentes de suministro y “esto significaría aumentos en los precios de la gasolina”, apuntó Williams.

¿Es viable?

El Departamento del Tesoro puede fijar sanciones petroleras con aval del Congreso; también, medidas de presión a compradores de crudo venezolano. Pero incluso gobiernos críticos de Maduro las rechazan.

“México no va a imponer sanciones petroleras”, advirtió el secretario mexicano de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, preocupado por “las repercusiones que podrían tener” sobre los venezolanos y países del Caribe.

Venezuela sufre una hiperinflación que el FMI proyecta en 13.000% para 2018, y una escasez crónica de alimentos y medicinas. Esta situación provocó el éxodo de unas 500.000 personas hacia la vecina Colombia y 40.000 a Brasil desde 2017, según autoridades de ambos países.

¿Jaque a Maduro?

El impacto político sería incierto. “Se confunden quienes creen que el aislamiento y las sanciones afectarán solo al gobierno. El impacto esperado es demoledor sobre la economía y lo viviremos todos (…) sin garantía de cambio político”, escribió en Twitter Luis Vicente León, de la encuestadora Datanálisis.

Maduro, con probabilidades de ser reelegido hasta 2025 en los comicios del 22 de abril, asegura estar preparado para posibles sanciones. Un 75% reprueba al mandatario, según Datanálisis, pero casi 90% rechaza un embargo.

“Las sanciones deberían llevar al gobierno a negociar, pero ¿van a ceder? Han demostrado hasta ahora absoluta indiferencia ante el rápido deterioro socioeconómico”, estimó Ochoa.

 

¿Qué aclaró la OFAC en relación con las restricciones aplicables a la deuda venezolana? por José Ignacio Hernández – ProDaVinci – 13 de Febrero 2018

ofac2-2.jpgLa Oficina para el Control de Activos Extranjeros —OFAC, por sus siglas en inglés— emitió el 12 de febrero pasado dos nuevas aclaratorias relacionadas con las restricciones adoptadas mediante Orden Ejecutiva del Gobierno de Estados Unidos sobre operaciones con nueva deuda pública venezolana.

Como se recordará, la Orden Ejecutiva prohibió, entre otras, las operaciones realizadas en Estados Unidos o por sujetos de Estados Unidos relacionadas con (i) nueva deuda a más de 90 días emitida por PDVSA, y (ii) nueva deuda con vencimiento mayor a 30 días emitida por cualquier órgano o ente del Gobierno venezolano distinto a PDVSA. A tales efectos, la deuda nueva se definió como toda deuda emitida a partir del 25 de agosto de 2017.

Lo importante de las nuevas aclaratorias es que especifican que la reestructuración de deuda anterior al 25 de agosto, así como el retraso en el pago de facturas luego de esa fecha, pueden calificar como una “nueva deuda” sujeta a las restricciones de la Orden Ejecutiva.

En efecto, la aclaratoria número 533 señala que el concepto de “deuda nueva” abarca a los cambios convenidos en deuda emitida antes 25 de agosto. Así, si los términos de la deuda emitida antes del 25 de agosto son posteriormente modificados o renegociados (por ejemplo, en términos tales y como el plazo de pago o los intereses aplicables), entonces, se considerará que la renegociación aprobada a partir del 25 de agosto constituirá una nueva deuda y, por ende, quedará sometida a las restricciones aprobadas por la Orden Ejecutiva.

Por su parte, la aclaratoria número 544 indicó que retrasos mayores a 90 días (para PDVSA) o 30 días (para el resto del Gobierno), en el pago de obligaciones emitidas a un plazo menor, suponen en sí una deuda, pues ese retraso conlleva el financiamiento de la deuda original. Con lo cual, ese retraso permitirá calificar a esa deuda como una “deuda nueva” sujeta a la Orden Ejecutiva, aun cuando su lapso inicial haya sido inferior a los lapsos establecidos en la Orden.

Un ejemplo permitirá aclarar mejor el sentido de esta aclaratoria. Supongamos que después del 25 de agosto de 2017 PDVSA recibe una factura comercial de un proveedor, con un lapso de pago de 30 días. Esto es lo que se conoce como “deuda comercial”, que no es otra cosa que la obligación de PDVSA surgida del pago de proveedores y demás aliados comerciales.

Si PDVSA tarda al menos 90 días en pagar esa factura, entonces, podrá considerarse que la deuda comercial se emitió por un lapso mayor a 90 días, con lo cual, se considerará una “deuda nueva” sujeta a las restricciones de la Orden Ejecutiva. Para el resto del Gobierno, el plazo es de 30 días, lo que en la práctica podrá implicar que toda factura será considerada una deuda nueva, pues no luce probable que el Gobierno pueda pagar obligaciones comerciales antes de esa fecha, en especial, por los controles administrativos aplicables.

En esos casos, la aclaratoria señala que el acreedor requerirá contar con una licencia específica para recibir el pago luego del plazo de 90 días o de 30 días, según los cuales, a los fines de evitar cualquier daño derivado en el retraso del pago imputable al Gobierno.

¿Qué implicaciones prácticas tienen estas dos nuevas aclaratorias?

Por lado, la OFAC estableció que la renegociación de deuda emitida antes del 25 de agosto podrá considerarse una “deuda nueva” que, como tal, quedará sometida a las restricciones de la Orden Ejecutiva. Esto restringe la capacidad de renegociación del Gobierno y de PDVSA.

De otro lado, la OFAC estableció que retrasos mayores a 90 o 30 días de obligaciones emitidas por un lapso menor luego del 25 de agosto, serán igualmente considerados una “deuda nueva” sujeta como tal a la Orden Ejecutiva. Esto restringe la capacidad de pago del Gobierno y de PDVSA, cuando por problemas de flujo de caja, o por la aplicación de controles administrativos, se vean forzados a retrasar el pago de obligaciones comerciales por un lapso mayor al indicado.

EE UU advirtió sobre posible suspensión de compra de petróleo a Venezuela – El Nacional – 29 de Enero 2018

Refinería
Rex Tillerson, secretario de Estado de EE UU, iniciará su viaje por Latinoamérica en febrero para reunirse con los presidentes de México, Argentina, Perú, Colombia y Jamaica, donde abordará la situación en Venezuela como uno de los temas a tratar.

Fuentes cercanas a la Casa Blanca indicaron que el presidente Donald Trump estaría a un paso de declarar el embargo petrolero contra Caracas o suspender la compra de crudo venezolano por las refinerías estadounidenses, de acuerdo con el diario italiano Il Giornale.

El presidente Trump, sin embargo, esperará el resultado de las reuniones y el consentimiento de los países que visitará Tillerson.

Las tensiones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la comunidad internacional aumentaron desde la reciente convocatoria a celebrar las elecciones presidenciales antes del 30 de abril, según decreto de la asamblea nacional constituyente.

El gigante despierta: EE. UU. decidido a lograr un cambio de régimen en Venezuela por Orlando Avendaño – Panampost – 27 de Enero 2018

Además de Corea del Norte e Irán, Venezuela constituye una de las prioridades de la política exterior para Estados Unidos. (Wikimedia)

Hoy ya no es un disparate afirmar que el cambio de régimen en Venezuela es una de las prioridades de Estados Unidos. Con las últimas noticias que salen de Washington ya no hay duda.

A diferencia de la administración de Barack Obama, el Gobierno de Donald Trump ha asumido una posición firme a favor de un retorno a los valores democráticos en Venezuela. Es cierto que durante la administración del demócrata se blandió una real política de apaciguamiento frente a importantes amenazas a las libertades en la región.

“Hubo una estrategia por parte de diplomáticos de alto rango (de la administración de Obama) que buscaba favorecer la estabilidad de Venezuela a costo de la seguridad de Estados Unidos”, dijo el exsubsecretario de Asuntos Hemisféricos, Roger Noriega, en febrero del año pasado.

Un reportaje del diario español ABC, de julio de 2017, develó cómo la administración de Obama ordenó dejar de investigar los vínculos entre la organización terrorista, Hezbolá, y el régimen de Nicolás Maduro; con el fin de no afectar los acuerdos con Irán. Aunado a ello, está la política del demócrata con respecto a los acuerdos de paz entre las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos, así como el acercamiento con el régimen de Raúl Castro.

Pero todos esos propósitos concluyeron cuando en noviembre de 2016 el representante del Partido Republicano, Donald Trump, se alzó sobre la demócrata, Hillary Clinton. Y en enero inició el viraje.

La asunción de la responsabilidad vino acompañada de una coyuntura en Venezuela: mientras Trump empezaba a tomar las riendas de una nación, en el norte de Suramérica se iba acentuando la degradación política y económica. Y fue a los dos meses cuando estalló la crisis.

Gracias a uno de los movimientos populares más importantes que se ha generado en el país latinoamericano, el régimen de Nicolás Maduro pudo exponer ampliamente todo su carácter criminal. Además, y debido a la fuerte crisis económica, otras costuras también se exhibieron.

La captura de dos sobrinos de la pareja presidencial por narcotráfico; sus declaraciones; los vínculos abiertos de algunos funcionarios con asociaciones terroristas islámicas, y la hostilidad con naciones occidentales. Todo empezó a gotear dentro de un vaso que en cualquier momento se rebosaría.

Del apaciguamiento al estrangulamiento

La administración de Trump se estrenó sancionando al vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, el 13 de febrero de 2017. Una fuente de la Casa Blanca indicó en ese momento que la decisión fue impulsada debido al papel del importante funcionario en el “tráfico internacional de drogas”.

Que un vicepresidente de una nación constituya una pieza fundamental en el narcotráfico internacional es inaceptable. Sobre todo si forma parte de un país occidental. Pero ciertamente llama la atención cómo la primera acción de una novel administración fue atentar contra un cabecilla de la dictadura chavista. No fueron moderados. El torpedo golpeó el USS Barb, no otro submarino.

Mientras el Departamento del Tesoro congelaba activos a El Aissami, Efraín Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, los llamados “narco sobrinos”, enfrentaban un largo juicio en Nueva York. Fue un proceso que reveló a Estados Unidos los vínculos directos entre el Ejecutivo y el narcotráfico; y que no colaboró a menguar las hostilidades entre ambas naciones.

Semanas después, en abril, luego de unas ilegales sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que secuestraban las facultades del Parlamento venezolano, iniciaron las protestas. Pero, además, inició el derramamiento de sangre.

Desde un principio la represión fue ardua y cada vez eran más los asesinados por la dictadura de Nicolás Maduro. En medio de esa coyuntura, el 18 de mayo, el Gobierno de Tump decidió hacer responsables a los magistrados del TSJ por haberse apropiado de las funciones de la Asamblea Nacional. Fueron las primeras sanciones al régimen de Maduro que no estaban relacionadas con el narcotráfico. A los magistrados les congelaron sus bienes y se les impidió hacer transacciones.

“Estados Unidos no va a permitir que aquellos que impiden la democracia o violen los derechos humanos permanezcan impunes”, dijo en ese momento el senador de Florida, Marco Rubio, uno de los promotores de las sanciones.  La represión no cesó. Las protestas se acentuaron, así como los muertos. El conflicto era dramático e inaceptable para la región. Los venezolanos, por su parte, esperaban que la comunidad internacional asumiera una postura mucho más firme frente a las constantes violaciones de derechos humanos.

Sin embargo, un elemento que se agregó a la fórmula fue el que encendió las alarmas del mundo: Maduro anunció la convocatoria de una ilegal Constituyente con el fin de reformar el Estado a su conveniencia.

El Gobierno de Estados Unidos empezó a emitir advertencias a la dictadura chavista: si se continuaba con el disparate constituyente, la administración de Trump no titubearía para imponer sanciones mucho más fuertes.

Unos días antes del 30 de julio, cuando se supone que se impondría la Constituyente, Trump envió una alerta, pero mucho más tajante, a Nicolás Maduro. El miércoles 26 se expandieron las sanciones que ya habían sido aplicadas a los magistrados: a la presidenta del Consejo Nacional Electora, Tibisay Lucena; a la exministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela; al ministro de Interior, Reverol; al director de la Policía Nacional Bolivariana, Carlos Alfredo Pérez; al defensor del Pueblo (y luego fiscal), Tarek William Saab; y a otros importantes militares. A todos ellos les bloquearon sus bienes por estar involucrados en corrupción, narcotráfico y violación de los derechos humanos.

La Casa Blanca también advirtió que “cualquier persona que se incorpore a la Constituyente se expone a sanciones de Estados Unidos” y que una vez que se instale esta Asamblea ilegal considerarían implementar más sanciones económicas.

A pesar de las protestas, de la advertencia de la comunidad internacional y de las recientes sanciones, la dictadura decidió avanzar con la torpeza: el 30 de julio se impuso, empapada de sangre y represión, la Asamblea Nacional Constituyente a través de un proceso electoral fraudulento. Grave error para Maduro: al día siguiente amaneció sancionado.

Estados Unidos “congelará los activos, prohibirá los viajes y prohibirá las transacciones comerciales el lunes para el presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusándolo de socavar la democracia después de llevar a cabo una elección el domingo para una todopoderosa nueva Asamblea”, se leía ese lunes 31 de julio en el diario estadounidense Miami Herald.

Los duros golpes no bastaban, aunque en Venezuela, a pesar de que se había impuesto la Constituyente, la tensión política en las calles había mermado. Pero para Estados Unidos eso no significaba nada. Ciertamente, la oposición venezolana había anunciado su intención de participar en el proceso electoral de las regionales, pautado para octubre.

El miércoles 9 de agosto el Gobierno de Trump anunció penalizacionescontra ocho nuevos venezolanos. Fue otra respuesta a la decisión del régimen de desmontar la República con la imposición de la Asamblea Nacional Constituyente.

Al hermano del expresidente Hugo Chávez, Adán Chávez; a los prominentes chavistas Francisco Ameliach, Érika Farías, Carmen Meléndez, Tania D’Amelio, Darío Vivas, Hermán Escarrá y al coronel de la Guardia Nacional Bolivariana Vladimir Lugo, les congelaron sus activos y prohibieron cualquier transacción financiera.

Y luego, dos días después, Trump expresó la que ha sido una de sus declaraciones más polémicas hasta el momento:

“Tenemos muchas opciones para Venezuela… No dejamos a un lado la opción militar. Es nuestro vecino. Ustedes saben, tenemos tropas en lugares del mundo que son muy lejos y Venezuela no queda muy lejos”.

Imperó la indignación y la euforia. Luego de años de una política de no-intervención en la región, Estados Unidos planteaba la posibilidad de una incursión militar en Venezuela con el fin de deponer al régimen dictatorial de Maduro. 

Fue un momento decisivo. Un punto de inflexión que forzó a los venezolanos a abrir un nuevo debate. ¿Era posible la intervención militar en Venezuela? ¿Sería esa la única y última esperanza? ¿Sería una exageración? Inmediatamente surgieron reclamos y ovaciones. Algunos, a través de las redes sociales, preguntaban qué esperaba Trump. Otros lo rechazaban categóricamente, sugiriendo incluso que preferían la miseria del chavismo al auxilio de los marines. Pero lo cierto es que, al hacer el planteamiento, Trump demostraba que Venezuela, junto a Corea del Norte, era una de las prioridades de la política exterior de Estados Unidos.

Cada vez era más claro: la crisis en Venezuela sí quitaba el sueño a Washington. Por esa razón, el país regido por Trump asumía la postura de estrangular lo más posible al régimen de Maduro.

El 25 de agosto se asestó otro duro golpe. Ese viernes Estados Unidos anunció la prohibición a la dictadura y a su estatal petrolera, PDVSA, de la venta de nuevos bonos a estadounidenses o a instituciones financieras de Estados Unidos. Asimismo, se prohibió cualquier transacción de bonos existentes del Estado venezolano.

“Con esta operación se está limitando la capacidad del Gobierno de operar en dólares. Esto también va a tener un duro impacto en las operaciones petroleras del país porque estos instrumentos estaban siendo utilizados para financiar las compras que está realizando Petróleos de Venezuela”, dijo al Nuevo Herald, Antonio De La Cruz, director ejecutivo de la firma de asesores Inter American Trends, con sede en Washington.

Se trató de la primera sanción económica contra el régimen dictatorial. Y fue un torpedo directo contra la industria que provee los principales ingresos a ese régimen. A los pocos días la agencia Reuters publicó una nota en la que señalaba cómo las más recientes medidas estaban afectando terriblemente los negocios del chavismo.

Tres fuentes financieras le afirmaron a Reuters que las sanciones de mediados de agosto “han bloqueado algunas de sus exportaciones de crudo [de PDVSA], ya que bancos y fondos de inversión estadounidenses se niegan a entregar cartas de crédito a potenciales compradores del petróleo venezolano“.

Son cortes quirúrgicos que van estrangulando poco a poco a un régimen que se erigió sobre una abundante petrochequera. No se trata de un bloqueo general ni de alguna política de amonestación torpe. Estados Unidos ha aprendido de sus errores del pasado y sabe que ahora el objetivo es cambiar al régimen, no promover un estado de miseria sobre el que el chavismo pueda regir con mayor facilidad.

A la política de exterior de Trump, con respecto a Venezuela, se sumaron otras naciones. Desde la Organización de Estados Americanos (OEA) se ha discutido la grave crisis en la nación latinoamericana. El 3 de noviembre el Gobierno de Canadá anunció fuertes medidas en contra del régimen de Maduro: el dictador y un grupo de 18 funcionarios fueron sancionados. Trece días después, en una reunión informal en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, bajo el mecanismo de la «Fórmula Arria», Venezuela quedó expuesta como un “narcoestado”.

“Venezuela es un narcoestado cada vez más violento que amenaza a la región, al hemisferio y al mundo”, espetó la embajadora estadounidense, Nikki Haley, quien además señaló: “El mundo está cada vez más unido en sus esfuerzos para restaurar los derechos humanos y las libertades fundamentales (…) ¡La justicia llegará a Venezuela!”.

La condena continuó expandiéndose. A principios de noviembre la Unión Europea decidió imponer un embargo de armas y equipos de represión a Venezuela. Pero no fue suficiente. Dos meses después, toda la comunidad acordó aplicar fuertes sanciones a un grupo de funcionarios de la cúpula dictatorial. Ahora se incluía al número dos del chavismo, Diosdado Cabello, en una lista; también al presidente del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno.

Jamás en su historia contemporánea Venezuela había sido condenada por naciones como hoy. Y la iniciativa la tomó Estados Unidos. Es una prueba irrefutable del compromiso del país norteamericano con la urgencia de cambio en Venezuela.

Senadores comprometidos con Venezuela

En junio del año pasado el senador republicano por Florida, Marco Rubio, dijo:

“Hay fuertes alegatos de desertores sobre el involucramiento de un individuo llamado Diosdado Cabello, que en mi opinión personal y basado en lo que he visto, no es un simple líder político, desde mi punto de vista es el Pablo Escobar de hoy en Venezuela, es un narcotraficante”.

No fue un momento de cólera. Rubio lo reafirmó en otras oportunidades. Para él, el número dos del chavismo es un importante líder del narcotráfico en la región. No se trata de declaraciones que se puedan tomar a la ligera. Sugieren bastante. Y en ese momento Rubio demostró su vinculación con la causa de Venezuela.

Ya había abordado el tema en varias oportunidades. El 27 de marzo de 2014, cuando Venezuela atravesaba una fuerte crisis política, Marco Rubio explicó frente al Congreso de Estados Unidos cómo Nicolás Maduro violaba los derechos humanos de manifestantes. En ese momento pidió sanciones y denunció a quienes están vinculados al régimen chavista y viven como ricos en Estados Unidos.

Pero recientemente, la ofensiva ha incrementado. En Twitter, en agosto del año pasado, el senador mantuvo un intercambio de insultos con Diosdado Cabello. Lo llamó “líder narcotraficante”, y el chavista le respondió, llamándolo “Narco Rubio”

Rubio constantemente declara a favor de la lucha democrática en Venezuela. Al fin y al cabo, representa al estado Florida, donde se concentra la mayor cantidad de venezolanos en el exterior. El primero de agosto envió un mensaje a Maduro y aseguró a los ciudadanos de Venezuela que “no están solos”. Luego, el 30 de agosto, se supo que propuso a la administración de Trump un programa temporal que permitiera a los venezolanos permanecer en Estados Unidos.

“A la luz de la actual crisis política, económica, social y humanitaria en Venezuela, no es en el mejor interés de los Estados Unidos deportar a los venezolanos no violentos de vuelta al país en este momento”, señala una carta que envió a Washington.

Rubio es un importante dirigente estadounidense. Fue precandidato presidencial republicano y pudo mantenerse en la contienda hasta casi el final. Goza de relevancia en Washington y aparentemente se mantiene en constante contacto con Trump. Y, a sus esfuerzos, se le unió otro senador, pero del otro partido: Robert “Bob” Menéndez.

Detrás de las cortinas, Menéndez también había estado enfocando sus esfuerzos en colaborar con el retorno a la democracia en Venezuela. En febrero de 2017 fue uno de los firmantes de una carta en la que varios congresistas solicitaron a Trump aplicar sanciones a Venezuela.

Pero ha sido esta última semana cuando Rubio y Bob Menéndez han demostrado su compromiso con Venezuela: enviaron una carta al presidente Trump en la que le aconsejaron imponer sanciones a Diosdado Cabello; también escribieron al fiscal general, Jeff Sessions, para solicitarle que inicie una investigación contra Maduro por su responsabilidad en violaciones de derechos humanos y el tráfico de droga; y, por último, aseguraron que la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, “debe convocar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para una reunión de emergencia sobre Venezuela”.

Si las tres peticiones de los senadores bipartidistas se llegasen a cumplir, Estados Unidos estaría lanzando tres dardos letales al régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Al mismo tiempo, se enviaría un mensaje a la comunidad internacional bastante claro: es momento de aumentar el nivel de presión y trascender las sanciones.

Un peligro para Estados Unidos y una razón para actuar

“Venezuela podría convertirse en un riesgo para Estados Unidos. Los cubanos están allí; los rusos están allí; los iraníes y Hezbolá, están allí”, dijoel director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Mike Pompeo, el pasado 13 de agosto.

Nuevamente, se trata de una declaración bastante delicada que insinúa demasiado, y lo dijo justo después de que Trump planteara la opción militar en Venezuela. Es el director de la principal agencia de inteligencia del mundo quien asegura que la permanencia del régimen dictatorial de Maduro constituye un peligro para Estados Unidos.

Asimismo, hace unos días Pompeo reconoció que la CIA ha sido la principal institución estadounidense que se encuentra detrás de las sanciones de Trump contra la dictadura. Dijo, también, que Venezuela es una de las prioridades del presidente de los Estados Unidos.

“No solo estamos enfocados en Corea del Norte e Irán. Estamos trabajando diligentemente para resolver los problemas en Venezuela, en África”, dijo el director de la CIA luego de una conferencia en el centro de estudios American Enterprise Institute, el pasado 23 de enero.

Es claro: el cambio de régimen en Venezuela es una de las prioridades de Estados Unidos. Lo demuestra el contundente viraje con respecto a la administración anterior: las sanciones, las fuertes declaraciones y los constantes eventos en torno a la crisis en el país latinoamericano.

Hace unos días, para el servicio de radiodifusión internacional de Alemania, DW, el secretario de la OEA, Luis Almagro, dijo: “Démosle una oportunidad a las sanciones. Las sanciones es la última medida diplomática, la medida diplomática más dura. Esas sanciones, no obstante, deben abarcar más. Deben golpear al régimen”.

Almagro dice que las sanciones son la última medida diplomática. Asegura, también, que la peor sanción para Venezuela es la permanencia de Maduro unos seis años más. Son palabras bastante sólidas. Y, al día siguiente, se anunció que Rex Tillerson, el secretario de Estado de Estados Unidos, empezará el primero de febrero una gira por Latinoamérica enfocada en Venezuela.

Visitará Ciudad de México, Buenos Aires, Lima, Bogotá y Kingston. Su visita se asemejaría a la del vicepresidente Mike Pence, en agosto del año pasado, cuando se reunió con varios mandatarios de la región para discutir la crisis de Venezuela. Lo hizo luego de las polémicas declaraciones de Trump, cuando habló de la alternativa de una incursión militar para deponer a Maduro.

Sus esfuerzos se sumarán a los de Marco Rubio y Bob Menéndez, quienes se mantienen vigilantes. También a los del secretario Almagro, cuyo despacho están en Washington y es claro que ha asumido para sí mismo la causa de los venezolanos.

Es una posición que también comparte el resto de la comunidad internacional. Incluso Francia, cuya diplomacia no suele ser frontal ni ha tenido encontronazos importantes con el chavismo, denunció el autoritarismo en Venezuela.

Como señaló Almagro, las sanciones son las últimas alternativas diplomáticas; luego, otras medidas deberán ser tomadas. Y en ese escenario, nuevamente Estados Unidos podría ser precursor.

Pero Tillerson es el Secretario de Estado y, según dijo el exembajador Charles Shapiro en una entrevista al PanAm Post, Estados Unidos podría tratar de “convencer y coordinar” más sanciones económicas contra el régimen venezolano para poder ejercer mayor presión internacional.
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