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¿Qué aclaró la OFAC en relación con las restricciones aplicables a la deuda venezolana? por José Ignacio Hernández – ProDaVinci – 13 de Febrero 2018

ofac2-2.jpgLa Oficina para el Control de Activos Extranjeros —OFAC, por sus siglas en inglés— emitió el 12 de febrero pasado dos nuevas aclaratorias relacionadas con las restricciones adoptadas mediante Orden Ejecutiva del Gobierno de Estados Unidos sobre operaciones con nueva deuda pública venezolana.

Como se recordará, la Orden Ejecutiva prohibió, entre otras, las operaciones realizadas en Estados Unidos o por sujetos de Estados Unidos relacionadas con (i) nueva deuda a más de 90 días emitida por PDVSA, y (ii) nueva deuda con vencimiento mayor a 30 días emitida por cualquier órgano o ente del Gobierno venezolano distinto a PDVSA. A tales efectos, la deuda nueva se definió como toda deuda emitida a partir del 25 de agosto de 2017.

Lo importante de las nuevas aclaratorias es que especifican que la reestructuración de deuda anterior al 25 de agosto, así como el retraso en el pago de facturas luego de esa fecha, pueden calificar como una “nueva deuda” sujeta a las restricciones de la Orden Ejecutiva.

En efecto, la aclaratoria número 533 señala que el concepto de “deuda nueva” abarca a los cambios convenidos en deuda emitida antes 25 de agosto. Así, si los términos de la deuda emitida antes del 25 de agosto son posteriormente modificados o renegociados (por ejemplo, en términos tales y como el plazo de pago o los intereses aplicables), entonces, se considerará que la renegociación aprobada a partir del 25 de agosto constituirá una nueva deuda y, por ende, quedará sometida a las restricciones aprobadas por la Orden Ejecutiva.

Por su parte, la aclaratoria número 544 indicó que retrasos mayores a 90 días (para PDVSA) o 30 días (para el resto del Gobierno), en el pago de obligaciones emitidas a un plazo menor, suponen en sí una deuda, pues ese retraso conlleva el financiamiento de la deuda original. Con lo cual, ese retraso permitirá calificar a esa deuda como una “deuda nueva” sujeta a la Orden Ejecutiva, aun cuando su lapso inicial haya sido inferior a los lapsos establecidos en la Orden.

Un ejemplo permitirá aclarar mejor el sentido de esta aclaratoria. Supongamos que después del 25 de agosto de 2017 PDVSA recibe una factura comercial de un proveedor, con un lapso de pago de 30 días. Esto es lo que se conoce como “deuda comercial”, que no es otra cosa que la obligación de PDVSA surgida del pago de proveedores y demás aliados comerciales.

Si PDVSA tarda al menos 90 días en pagar esa factura, entonces, podrá considerarse que la deuda comercial se emitió por un lapso mayor a 90 días, con lo cual, se considerará una “deuda nueva” sujeta a las restricciones de la Orden Ejecutiva. Para el resto del Gobierno, el plazo es de 30 días, lo que en la práctica podrá implicar que toda factura será considerada una deuda nueva, pues no luce probable que el Gobierno pueda pagar obligaciones comerciales antes de esa fecha, en especial, por los controles administrativos aplicables.

En esos casos, la aclaratoria señala que el acreedor requerirá contar con una licencia específica para recibir el pago luego del plazo de 90 días o de 30 días, según los cuales, a los fines de evitar cualquier daño derivado en el retraso del pago imputable al Gobierno.

¿Qué implicaciones prácticas tienen estas dos nuevas aclaratorias?

Por lado, la OFAC estableció que la renegociación de deuda emitida antes del 25 de agosto podrá considerarse una “deuda nueva” que, como tal, quedará sometida a las restricciones de la Orden Ejecutiva. Esto restringe la capacidad de renegociación del Gobierno y de PDVSA.

De otro lado, la OFAC estableció que retrasos mayores a 90 o 30 días de obligaciones emitidas por un lapso menor luego del 25 de agosto, serán igualmente considerados una “deuda nueva” sujeta como tal a la Orden Ejecutiva. Esto restringe la capacidad de pago del Gobierno y de PDVSA, cuando por problemas de flujo de caja, o por la aplicación de controles administrativos, se vean forzados a retrasar el pago de obligaciones comerciales por un lapso mayor al indicado.

EE UU advirtió sobre posible suspensión de compra de petróleo a Venezuela – El Nacional – 29 de Enero 2018

Refinería
Rex Tillerson, secretario de Estado de EE UU, iniciará su viaje por Latinoamérica en febrero para reunirse con los presidentes de México, Argentina, Perú, Colombia y Jamaica, donde abordará la situación en Venezuela como uno de los temas a tratar.

Fuentes cercanas a la Casa Blanca indicaron que el presidente Donald Trump estaría a un paso de declarar el embargo petrolero contra Caracas o suspender la compra de crudo venezolano por las refinerías estadounidenses, de acuerdo con el diario italiano Il Giornale.

El presidente Trump, sin embargo, esperará el resultado de las reuniones y el consentimiento de los países que visitará Tillerson.

Las tensiones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la comunidad internacional aumentaron desde la reciente convocatoria a celebrar las elecciones presidenciales antes del 30 de abril, según decreto de la asamblea nacional constituyente.

El gigante despierta: EE. UU. decidido a lograr un cambio de régimen en Venezuela por Orlando Avendaño – Panampost – 27 de Enero 2018

Además de Corea del Norte e Irán, Venezuela constituye una de las prioridades de la política exterior para Estados Unidos. (Wikimedia)

Hoy ya no es un disparate afirmar que el cambio de régimen en Venezuela es una de las prioridades de Estados Unidos. Con las últimas noticias que salen de Washington ya no hay duda.

A diferencia de la administración de Barack Obama, el Gobierno de Donald Trump ha asumido una posición firme a favor de un retorno a los valores democráticos en Venezuela. Es cierto que durante la administración del demócrata se blandió una real política de apaciguamiento frente a importantes amenazas a las libertades en la región.

“Hubo una estrategia por parte de diplomáticos de alto rango (de la administración de Obama) que buscaba favorecer la estabilidad de Venezuela a costo de la seguridad de Estados Unidos”, dijo el exsubsecretario de Asuntos Hemisféricos, Roger Noriega, en febrero del año pasado.

Un reportaje del diario español ABC, de julio de 2017, develó cómo la administración de Obama ordenó dejar de investigar los vínculos entre la organización terrorista, Hezbolá, y el régimen de Nicolás Maduro; con el fin de no afectar los acuerdos con Irán. Aunado a ello, está la política del demócrata con respecto a los acuerdos de paz entre las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos, así como el acercamiento con el régimen de Raúl Castro.

Pero todos esos propósitos concluyeron cuando en noviembre de 2016 el representante del Partido Republicano, Donald Trump, se alzó sobre la demócrata, Hillary Clinton. Y en enero inició el viraje.

La asunción de la responsabilidad vino acompañada de una coyuntura en Venezuela: mientras Trump empezaba a tomar las riendas de una nación, en el norte de Suramérica se iba acentuando la degradación política y económica. Y fue a los dos meses cuando estalló la crisis.

Gracias a uno de los movimientos populares más importantes que se ha generado en el país latinoamericano, el régimen de Nicolás Maduro pudo exponer ampliamente todo su carácter criminal. Además, y debido a la fuerte crisis económica, otras costuras también se exhibieron.

La captura de dos sobrinos de la pareja presidencial por narcotráfico; sus declaraciones; los vínculos abiertos de algunos funcionarios con asociaciones terroristas islámicas, y la hostilidad con naciones occidentales. Todo empezó a gotear dentro de un vaso que en cualquier momento se rebosaría.

Del apaciguamiento al estrangulamiento

La administración de Trump se estrenó sancionando al vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, el 13 de febrero de 2017. Una fuente de la Casa Blanca indicó en ese momento que la decisión fue impulsada debido al papel del importante funcionario en el “tráfico internacional de drogas”.

Que un vicepresidente de una nación constituya una pieza fundamental en el narcotráfico internacional es inaceptable. Sobre todo si forma parte de un país occidental. Pero ciertamente llama la atención cómo la primera acción de una novel administración fue atentar contra un cabecilla de la dictadura chavista. No fueron moderados. El torpedo golpeó el USS Barb, no otro submarino.

Mientras el Departamento del Tesoro congelaba activos a El Aissami, Efraín Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, los llamados “narco sobrinos”, enfrentaban un largo juicio en Nueva York. Fue un proceso que reveló a Estados Unidos los vínculos directos entre el Ejecutivo y el narcotráfico; y que no colaboró a menguar las hostilidades entre ambas naciones.

Semanas después, en abril, luego de unas ilegales sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que secuestraban las facultades del Parlamento venezolano, iniciaron las protestas. Pero, además, inició el derramamiento de sangre.

Desde un principio la represión fue ardua y cada vez eran más los asesinados por la dictadura de Nicolás Maduro. En medio de esa coyuntura, el 18 de mayo, el Gobierno de Tump decidió hacer responsables a los magistrados del TSJ por haberse apropiado de las funciones de la Asamblea Nacional. Fueron las primeras sanciones al régimen de Maduro que no estaban relacionadas con el narcotráfico. A los magistrados les congelaron sus bienes y se les impidió hacer transacciones.

“Estados Unidos no va a permitir que aquellos que impiden la democracia o violen los derechos humanos permanezcan impunes”, dijo en ese momento el senador de Florida, Marco Rubio, uno de los promotores de las sanciones.  La represión no cesó. Las protestas se acentuaron, así como los muertos. El conflicto era dramático e inaceptable para la región. Los venezolanos, por su parte, esperaban que la comunidad internacional asumiera una postura mucho más firme frente a las constantes violaciones de derechos humanos.

Sin embargo, un elemento que se agregó a la fórmula fue el que encendió las alarmas del mundo: Maduro anunció la convocatoria de una ilegal Constituyente con el fin de reformar el Estado a su conveniencia.

El Gobierno de Estados Unidos empezó a emitir advertencias a la dictadura chavista: si se continuaba con el disparate constituyente, la administración de Trump no titubearía para imponer sanciones mucho más fuertes.

Unos días antes del 30 de julio, cuando se supone que se impondría la Constituyente, Trump envió una alerta, pero mucho más tajante, a Nicolás Maduro. El miércoles 26 se expandieron las sanciones que ya habían sido aplicadas a los magistrados: a la presidenta del Consejo Nacional Electora, Tibisay Lucena; a la exministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela; al ministro de Interior, Reverol; al director de la Policía Nacional Bolivariana, Carlos Alfredo Pérez; al defensor del Pueblo (y luego fiscal), Tarek William Saab; y a otros importantes militares. A todos ellos les bloquearon sus bienes por estar involucrados en corrupción, narcotráfico y violación de los derechos humanos.

La Casa Blanca también advirtió que “cualquier persona que se incorpore a la Constituyente se expone a sanciones de Estados Unidos” y que una vez que se instale esta Asamblea ilegal considerarían implementar más sanciones económicas.

A pesar de las protestas, de la advertencia de la comunidad internacional y de las recientes sanciones, la dictadura decidió avanzar con la torpeza: el 30 de julio se impuso, empapada de sangre y represión, la Asamblea Nacional Constituyente a través de un proceso electoral fraudulento. Grave error para Maduro: al día siguiente amaneció sancionado.

Estados Unidos “congelará los activos, prohibirá los viajes y prohibirá las transacciones comerciales el lunes para el presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusándolo de socavar la democracia después de llevar a cabo una elección el domingo para una todopoderosa nueva Asamblea”, se leía ese lunes 31 de julio en el diario estadounidense Miami Herald.

Los duros golpes no bastaban, aunque en Venezuela, a pesar de que se había impuesto la Constituyente, la tensión política en las calles había mermado. Pero para Estados Unidos eso no significaba nada. Ciertamente, la oposición venezolana había anunciado su intención de participar en el proceso electoral de las regionales, pautado para octubre.

El miércoles 9 de agosto el Gobierno de Trump anunció penalizacionescontra ocho nuevos venezolanos. Fue otra respuesta a la decisión del régimen de desmontar la República con la imposición de la Asamblea Nacional Constituyente.

Al hermano del expresidente Hugo Chávez, Adán Chávez; a los prominentes chavistas Francisco Ameliach, Érika Farías, Carmen Meléndez, Tania D’Amelio, Darío Vivas, Hermán Escarrá y al coronel de la Guardia Nacional Bolivariana Vladimir Lugo, les congelaron sus activos y prohibieron cualquier transacción financiera.

Y luego, dos días después, Trump expresó la que ha sido una de sus declaraciones más polémicas hasta el momento:

“Tenemos muchas opciones para Venezuela… No dejamos a un lado la opción militar. Es nuestro vecino. Ustedes saben, tenemos tropas en lugares del mundo que son muy lejos y Venezuela no queda muy lejos”.

Imperó la indignación y la euforia. Luego de años de una política de no-intervención en la región, Estados Unidos planteaba la posibilidad de una incursión militar en Venezuela con el fin de deponer al régimen dictatorial de Maduro. 

Fue un momento decisivo. Un punto de inflexión que forzó a los venezolanos a abrir un nuevo debate. ¿Era posible la intervención militar en Venezuela? ¿Sería esa la única y última esperanza? ¿Sería una exageración? Inmediatamente surgieron reclamos y ovaciones. Algunos, a través de las redes sociales, preguntaban qué esperaba Trump. Otros lo rechazaban categóricamente, sugiriendo incluso que preferían la miseria del chavismo al auxilio de los marines. Pero lo cierto es que, al hacer el planteamiento, Trump demostraba que Venezuela, junto a Corea del Norte, era una de las prioridades de la política exterior de Estados Unidos.

Cada vez era más claro: la crisis en Venezuela sí quitaba el sueño a Washington. Por esa razón, el país regido por Trump asumía la postura de estrangular lo más posible al régimen de Maduro.

El 25 de agosto se asestó otro duro golpe. Ese viernes Estados Unidos anunció la prohibición a la dictadura y a su estatal petrolera, PDVSA, de la venta de nuevos bonos a estadounidenses o a instituciones financieras de Estados Unidos. Asimismo, se prohibió cualquier transacción de bonos existentes del Estado venezolano.

“Con esta operación se está limitando la capacidad del Gobierno de operar en dólares. Esto también va a tener un duro impacto en las operaciones petroleras del país porque estos instrumentos estaban siendo utilizados para financiar las compras que está realizando Petróleos de Venezuela”, dijo al Nuevo Herald, Antonio De La Cruz, director ejecutivo de la firma de asesores Inter American Trends, con sede en Washington.

Se trató de la primera sanción económica contra el régimen dictatorial. Y fue un torpedo directo contra la industria que provee los principales ingresos a ese régimen. A los pocos días la agencia Reuters publicó una nota en la que señalaba cómo las más recientes medidas estaban afectando terriblemente los negocios del chavismo.

Tres fuentes financieras le afirmaron a Reuters que las sanciones de mediados de agosto “han bloqueado algunas de sus exportaciones de crudo [de PDVSA], ya que bancos y fondos de inversión estadounidenses se niegan a entregar cartas de crédito a potenciales compradores del petróleo venezolano“.

Son cortes quirúrgicos que van estrangulando poco a poco a un régimen que se erigió sobre una abundante petrochequera. No se trata de un bloqueo general ni de alguna política de amonestación torpe. Estados Unidos ha aprendido de sus errores del pasado y sabe que ahora el objetivo es cambiar al régimen, no promover un estado de miseria sobre el que el chavismo pueda regir con mayor facilidad.

A la política de exterior de Trump, con respecto a Venezuela, se sumaron otras naciones. Desde la Organización de Estados Americanos (OEA) se ha discutido la grave crisis en la nación latinoamericana. El 3 de noviembre el Gobierno de Canadá anunció fuertes medidas en contra del régimen de Maduro: el dictador y un grupo de 18 funcionarios fueron sancionados. Trece días después, en una reunión informal en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, bajo el mecanismo de la «Fórmula Arria», Venezuela quedó expuesta como un “narcoestado”.

“Venezuela es un narcoestado cada vez más violento que amenaza a la región, al hemisferio y al mundo”, espetó la embajadora estadounidense, Nikki Haley, quien además señaló: “El mundo está cada vez más unido en sus esfuerzos para restaurar los derechos humanos y las libertades fundamentales (…) ¡La justicia llegará a Venezuela!”.

La condena continuó expandiéndose. A principios de noviembre la Unión Europea decidió imponer un embargo de armas y equipos de represión a Venezuela. Pero no fue suficiente. Dos meses después, toda la comunidad acordó aplicar fuertes sanciones a un grupo de funcionarios de la cúpula dictatorial. Ahora se incluía al número dos del chavismo, Diosdado Cabello, en una lista; también al presidente del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno.

Jamás en su historia contemporánea Venezuela había sido condenada por naciones como hoy. Y la iniciativa la tomó Estados Unidos. Es una prueba irrefutable del compromiso del país norteamericano con la urgencia de cambio en Venezuela.

Senadores comprometidos con Venezuela

En junio del año pasado el senador republicano por Florida, Marco Rubio, dijo:

“Hay fuertes alegatos de desertores sobre el involucramiento de un individuo llamado Diosdado Cabello, que en mi opinión personal y basado en lo que he visto, no es un simple líder político, desde mi punto de vista es el Pablo Escobar de hoy en Venezuela, es un narcotraficante”.

No fue un momento de cólera. Rubio lo reafirmó en otras oportunidades. Para él, el número dos del chavismo es un importante líder del narcotráfico en la región. No se trata de declaraciones que se puedan tomar a la ligera. Sugieren bastante. Y en ese momento Rubio demostró su vinculación con la causa de Venezuela.

Ya había abordado el tema en varias oportunidades. El 27 de marzo de 2014, cuando Venezuela atravesaba una fuerte crisis política, Marco Rubio explicó frente al Congreso de Estados Unidos cómo Nicolás Maduro violaba los derechos humanos de manifestantes. En ese momento pidió sanciones y denunció a quienes están vinculados al régimen chavista y viven como ricos en Estados Unidos.

Pero recientemente, la ofensiva ha incrementado. En Twitter, en agosto del año pasado, el senador mantuvo un intercambio de insultos con Diosdado Cabello. Lo llamó “líder narcotraficante”, y el chavista le respondió, llamándolo “Narco Rubio”

Rubio constantemente declara a favor de la lucha democrática en Venezuela. Al fin y al cabo, representa al estado Florida, donde se concentra la mayor cantidad de venezolanos en el exterior. El primero de agosto envió un mensaje a Maduro y aseguró a los ciudadanos de Venezuela que “no están solos”. Luego, el 30 de agosto, se supo que propuso a la administración de Trump un programa temporal que permitiera a los venezolanos permanecer en Estados Unidos.

“A la luz de la actual crisis política, económica, social y humanitaria en Venezuela, no es en el mejor interés de los Estados Unidos deportar a los venezolanos no violentos de vuelta al país en este momento”, señala una carta que envió a Washington.

Rubio es un importante dirigente estadounidense. Fue precandidato presidencial republicano y pudo mantenerse en la contienda hasta casi el final. Goza de relevancia en Washington y aparentemente se mantiene en constante contacto con Trump. Y, a sus esfuerzos, se le unió otro senador, pero del otro partido: Robert “Bob” Menéndez.

Detrás de las cortinas, Menéndez también había estado enfocando sus esfuerzos en colaborar con el retorno a la democracia en Venezuela. En febrero de 2017 fue uno de los firmantes de una carta en la que varios congresistas solicitaron a Trump aplicar sanciones a Venezuela.

Pero ha sido esta última semana cuando Rubio y Bob Menéndez han demostrado su compromiso con Venezuela: enviaron una carta al presidente Trump en la que le aconsejaron imponer sanciones a Diosdado Cabello; también escribieron al fiscal general, Jeff Sessions, para solicitarle que inicie una investigación contra Maduro por su responsabilidad en violaciones de derechos humanos y el tráfico de droga; y, por último, aseguraron que la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, “debe convocar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para una reunión de emergencia sobre Venezuela”.

Si las tres peticiones de los senadores bipartidistas se llegasen a cumplir, Estados Unidos estaría lanzando tres dardos letales al régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Al mismo tiempo, se enviaría un mensaje a la comunidad internacional bastante claro: es momento de aumentar el nivel de presión y trascender las sanciones.

Un peligro para Estados Unidos y una razón para actuar

“Venezuela podría convertirse en un riesgo para Estados Unidos. Los cubanos están allí; los rusos están allí; los iraníes y Hezbolá, están allí”, dijoel director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Mike Pompeo, el pasado 13 de agosto.

Nuevamente, se trata de una declaración bastante delicada que insinúa demasiado, y lo dijo justo después de que Trump planteara la opción militar en Venezuela. Es el director de la principal agencia de inteligencia del mundo quien asegura que la permanencia del régimen dictatorial de Maduro constituye un peligro para Estados Unidos.

Asimismo, hace unos días Pompeo reconoció que la CIA ha sido la principal institución estadounidense que se encuentra detrás de las sanciones de Trump contra la dictadura. Dijo, también, que Venezuela es una de las prioridades del presidente de los Estados Unidos.

“No solo estamos enfocados en Corea del Norte e Irán. Estamos trabajando diligentemente para resolver los problemas en Venezuela, en África”, dijo el director de la CIA luego de una conferencia en el centro de estudios American Enterprise Institute, el pasado 23 de enero.

Es claro: el cambio de régimen en Venezuela es una de las prioridades de Estados Unidos. Lo demuestra el contundente viraje con respecto a la administración anterior: las sanciones, las fuertes declaraciones y los constantes eventos en torno a la crisis en el país latinoamericano.

Hace unos días, para el servicio de radiodifusión internacional de Alemania, DW, el secretario de la OEA, Luis Almagro, dijo: “Démosle una oportunidad a las sanciones. Las sanciones es la última medida diplomática, la medida diplomática más dura. Esas sanciones, no obstante, deben abarcar más. Deben golpear al régimen”.

Almagro dice que las sanciones son la última medida diplomática. Asegura, también, que la peor sanción para Venezuela es la permanencia de Maduro unos seis años más. Son palabras bastante sólidas. Y, al día siguiente, se anunció que Rex Tillerson, el secretario de Estado de Estados Unidos, empezará el primero de febrero una gira por Latinoamérica enfocada en Venezuela.

Visitará Ciudad de México, Buenos Aires, Lima, Bogotá y Kingston. Su visita se asemejaría a la del vicepresidente Mike Pence, en agosto del año pasado, cuando se reunió con varios mandatarios de la región para discutir la crisis de Venezuela. Lo hizo luego de las polémicas declaraciones de Trump, cuando habló de la alternativa de una incursión militar para deponer a Maduro.

Sus esfuerzos se sumarán a los de Marco Rubio y Bob Menéndez, quienes se mantienen vigilantes. También a los del secretario Almagro, cuyo despacho están en Washington y es claro que ha asumido para sí mismo la causa de los venezolanos.

Es una posición que también comparte el resto de la comunidad internacional. Incluso Francia, cuya diplomacia no suele ser frontal ni ha tenido encontronazos importantes con el chavismo, denunció el autoritarismo en Venezuela.

Como señaló Almagro, las sanciones son las últimas alternativas diplomáticas; luego, otras medidas deberán ser tomadas. Y en ese escenario, nuevamente Estados Unidos podría ser precursor.

Pero Tillerson es el Secretario de Estado y, según dijo el exembajador Charles Shapiro en una entrevista al PanAm Post, Estados Unidos podría tratar de “convencer y coordinar” más sanciones económicas contra el régimen venezolano para poder ejercer mayor presión internacional.

Florida aprueba medida que prohíbe hacer negocios con Venezuela por Alejandro Ferrer – Venepress – 26 de Enero 2018

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La medida busca hacer más presión contra el gobierno de Nicolás Maduro
La Cámara de Representantes del estado de Florida aprobó de manera unánime una medida que prohíbe al estado y a sus agencias realizar operaciones comerciales con empresas que hayan hecho negocios con el gobierno de Venezuela.

Una de las promotoras de la medida, la republicana Jeanette Nuñez, aseguró que esto es una “batalla para restaurar la democracia frente a este dictador brutal”.

Esto ocurre poco después que el gobernador de esta entidad, Rick Scott, reiterara en un encuentro con venezolanos que dará todo su apoyo para la salida de Nicolás Maduro del poder.

EEUU ordenó no emitir visa a trabajadores y familiares de instituciones del Estado venezolano – Caraota Digital – 26 de Enero 2018

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La embajada de Estados Unidos en Caracas ha implementado disposiciones presidenciales por las cuales se prohíbe otorgar visas a funcionarios de varias instituciones públicas del Estado venezolano, a fin de proteger a dicha nación de la entrada de “terroristas extranjeros”. La decisión también impide obtener el documento a familiares directos de dichos empleados.

La restricción está enmarcada en la Proclamación Presidencial número 9645, de fecha 8 de diciembre de 2017. “Venezuela se encuentra en esta lista porque el Gobierno de Venezuela no ha cooperado en verificar si sus ciudadanos representan amenazas a la seguridad nacional o pública. Además, hay fallas en suministrar información adecuada sobre seguridad pública y terrorismo, y ha sido evaluada negativamente por no cooperar por completo con respecto a las órdenes de desalojo de ciudadanos presentes en los Estados Unidos”, dijo a Caraota Digital una vocera de la embajada de Estados Unidos en Caracas.

De acuerdo al portal de la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de EEUU, la medida afecta a funcionarios del Ministerio del Interior y Justicia, del Servicio Administrativo de Identificación, Migración e Inmigración (Saime), del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), del Servicio de Inteligencia Bolivariano (Sebin) y del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“No se expedirán visas de ningún tipo B -1, B -2 o B-1/B-2 para ciertos oficiales identificados” de las entidades gubernamentales señaladas ni para “los miembros familiares inmediatos”, confirmó la fuente.

“Continuaremos trabajando para identificar a los países con deficiencias en el suministro de información que resulten recomendados para restricciones de viaje”, apuntó la vocera.

La medida se suma a otras sanciones adoptadas por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea (UE) contra funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro, por estar vinculados en casos de violaciones a los derechos humanos y de hechos que han interrumpido el hilo constitucional y democrático en Venezuela.

Las más recientes fueron adoptadas el 18 de enero por la UE, que acordó sumar a su lista de sancionados a Diosdado Cabello, constituyente y vicepresidente del partido de gobierno, el Psuv; al ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol; y al fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab,  entre otros.

 

Estados Unidos sanciona a otros cuatro altos funcionarios venezolanos – La Patilla – 5 de Enero 2018

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este viernes por corrupción o responsabilidad en actos de represión a cuatro altos funcionarios venezolanos, incluyendo al gobernador del estado Aragua, Rodolfo Marco Torres, y al ministro de Nueva Frontera de Paz, Gerardo Izquierdo Torres.

Las sanciones anunciadas este viernes afectan también al general de división retirado Francisco Rangel Gómez, exgobernador del estado Bolívar, y al general de la Guardia Nacional Bolivariana Fabio Zavarse Pabón.

Los cuatro funcionarios son o han sido integrantes de las Fuerzas Armadas: Rodolfo Marco Torres es general de división retirado, y Gerardo Izquierdo Torres es mayor general del Ejército en activo.

En una nota oficial, el Tesoro informó que los cuatro “olvidaron la misión profesional republicana” de las instituciones militares de Venezuela, de acuerdo con la Constitución aprobada por ese país en 1999.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, señaló en la nota que las sanciones “ponen de relieve la determinación de Estados Unidos de hacer responsable a (el presidente Nicolás) Maduro y otros, implicados en corrupción”.

En el caso de Zavarse Pabón, entre las razones para su inclusión en el paquete de sanciones se menciona su “alegada responsabilidad por actos de represión por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana contra protestas callejeras en Venezuela”.

Entre abril y julio de 2017 se realizaron protestas en Venezuela contra el gobierno de Maduro, que dejaron unos 125 fallecidos.

Como resultado de las sanciones, todos los activos que estos cuatro funcionarios eventualmente posean en territorio estadounidense resultarán congelados, y tendrán prohibido tener relaciones comerciales con ciudadanos estadounidenses.

Estados Unidos considera a Venezuela un “narco Estado” que amenaza la seguridad internacional, por lo que ha impuesto sanciones en los últimos meses contra el mandatario venezolano y gran parte de sus funcionarios más cercanos.

Además, Washington prohibió a ciudadanos estadounidenses negociar deuda con el gobierno venezolano y su estatal petrolera PDVSA.

En noviembre, Washington había sancionado a otros 10 funcionarios por su alegada responsabilidad en irregularidades electorales.

El pasado 15 de noviembre, el Departamento de Estado emitió un comunicado donde señaló que el fin de las sanciones estadounidenses depende del gobierno de Maduro.

“Si miembros del régimen de Maduro desean que se retiren las sanciones del gobierno de Estados Unidos, deben actuar para restaurar la democracia y el orden constitucional en Venezuela”, indicó el Departamento de Estado.

Los gobiernos de Washington y Caracas mantienen abiertas sus respectivas representaciones diplomáticas pero sin funcionarios con rango de embajador desde hace siete años, reseñó AFP.

Lista de nuevos sancionados:

Rodolfo Clemente Marco Torres es el Gobernador del Estado Aragua y es Director Externo en el Consejo de Administración de Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA). Marco Torres anteriormente ocupó los cargos de Ministro de Economía y Finanzas, Presidente del Banco de Venezuela y Ministro de Alimentación, y es un general retirado de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Marco Torres ha sido supuestamente vinculado a esquemas de corrupción relacionados con la importación de alimentos, que están controlados por el ejército venezolano.

Francisco José Rangel Gómez es un ex Gobernador del Estado Bolívar y está retirado del Ejército Nacional, con el rango de División General. Rangel Gómez ha estado vinculado a actividades de corrupción, como el fortalecimiento de las bandas armadas que operan en Bolívar y la presión sobre los tribunales para liberar a los miembros de pandillas que son detenidos, durante su tiempo como gobernador. Rangel Gómez también ha sido vinculado a redes de oficiales militares supuestamente corruptos.

Fabio Enrique Zavarse Pabón, División General de la Guardia Nacional Bolivariana, es el Comandante de la Zona Operacional de Defensa Integral de Capital de las Fuerzas Armadas Nacionales y también dirigió las Fuerzas de la Guardia Nacional Bolivariana en el Distrito Capital de Venezuela. Zavarse Pabon es presuntamente responsable de actos de represión por parte de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana contra manifestantes callejeros en Venezuela.

Gerardo José Izquierdo Torres , General de División del Ejército, es el Ministro de Estado para la Nueva Frontera de la Paz y el Secretario Ejecutivo de la Comisión de la Frontera Presidencial. Supuestamente ha utilizado sus posiciones para sacar provecho de la corrupción a expensas del pueblo venezolano.

El comunicado del Departamento del Tesoro

Treasury Sanctions Four Venezuelan Government Officials Associated with Corruption and Oppression

JANUARY 5, 2018

Washington – Today, acting pursuant to Executive Order (E.O.) 13692, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) designated four current or former Venezuelan government officials associated with corruption and repression in Venezuela.

“President Maduro and his inner circle continue to put their own interests above those of the Venezuelan people,” said Treasury Secretary Steven T. Mnuchin. “This action underscores the United States’ resolve to hold Maduro and others engaged in corruption in Venezuela accountable. We call on concerned parties and international partners around the world to join us as we stand with the Venezuelan people to further isolate this oppressive regime.”

These designations, all against senior military officers, highlight that corruption and repression continue to flourish under the Maduro regime, both by those in current government positions and former officials who continue to benefit from a corrupt system, even as Venezuela’s citizens, economy, and constitutionally enshrined democratic institutions languish. Most recently, following mayoral elections in which his United Socialist Party of Venezuela all but swept a largely uncontested field, Venezuelan President Nicolas Maduro threatened to ban political parties that boycotted the elections from future involvement in the political process. Venezuela’s illegitimate Constituent Assembly subsequently issued a decree that made good on the threat and effectively stripped three of Venezuela’s influential opposition parties of their right to participate in next year’s presidential election. Through their own continuing actions, the four officials designated today have forsaken the professional republican mission of the military institution, which, per Venezuela’s 1999 Constitution, is to be “with no political orientation … and in no case at the service of any person or political partisanship.”

As a result of today’s actions, all assets of the following current or former officials of the Government of Venezuela that are subject to U.S. jurisdiction are frozen, and U.S. persons are generally prohibited from dealing with them.

Rodolfo Clemente Marco Torres is the Governor of Aragua State and is an External Director on the Board of Directors of Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA). Marco Torres previously held the positions of Minister of Economy and Finances, President of the Bank of Venezuela, and Minister of Food, and is a retired General from the National Bolivarian Armed Forces. Marco Torres has been allegedly linked to corruption schemes related to food imports, which are controlled by the Venezuelan military.Francisco Jose Rangel Gomez is a former Governor of Bolivar State and is retired from the National Army, with the rank of Division General. Rangel Gomez has been linked to corruption activities, such as strengthening armed gangs operating in Bolivar and pressuring courts to release gang members that are apprehended, during his time as Governor. Rangel Gomez has also been linked to networks of allegedly corrupt military officials.Fabio Enrique Zavarse Pabon, Division General of the Bolivarian National Guard, is the Commander of the Capital Integral Defense Operational Zone of the National Armed Forces and also directed the Bolivarian National Guard Forces in the Capital District of Venezuela. Zavarse Pabon is allegedly responsible for acts of repression by members of the Bolivarian National Guard against street protestors in Venezuela.Gerardo Jose Izquierdo Torres, Major General of the Army, is the State Minister for the New Border of Peace and the Executive Secretary of the Presidential Border Commission. He has allegedly used his positions to profit from corruption at the expense of the Venezuelan people.

La espiral de la muerte de PDVSA por Francisco Monaldi – ProDaVinci – 12 de Diciembre 2017

UnknownPetróleos de Venezuela (PDVSA) y la industria petrolera venezolana parecen haber entrado en la espiral de la muerte. La producción de petróleo del país ha caído vertiginosamente en los últimos años, llegando a menos de 2 millones de barriles diarios (MMBD), niveles inéditos en casi treinta años. Tanto en el 2016 como en el 2017, la producción ha caído en alrededor de 300 mil de barriles diarios (MBD) por año. El colapso es de casi 30% en el último trienio.

Las exportaciones, que habían caído más lentamente que la producción, debido a que el colapso del consumo interno lo había permitido, han caído a 1.4 MMBD, su mínimo desde el paro de 2003. Las exportaciones a Estados Unidos, la principal fuente de flujo de caja de PDVSA, cayeron por debajo de 500 MBD en noviembre. Alrededor de la mitad de las exportaciones están comprometidas para pagar deuda con China y Rusia, así como con otros países y socios en las empresas mixtas, y unos 50 MBD siguen comprometidos para los subsidios a Cuba (que se han reducido a la mitad).

Es difícil que el consumo interno se siga contrayendo tan rápidamente como lo hizo en 2013-2017, cuando se redujo en más de 300 MBD (casi 40%), dado que la gasolina es prácticamente gratuita, incentivando al consumo, y al contrabando de extracción, que se mantendrá. Por tanto, el excedente exportable, y en particular aquel que genera flujo de caja para PDVSA, seguirán cayendo en 2018.

Si cae en 250 MBD, constituiría alrededor de un tercio de los barriles que generan flujo de caja. El colapso del flujo de caja impide que se realicen las inversiones necesarias para mantener la producción y para pagar las deudas con empresas de servicio y proveedores. La caída de inversión en producción es notable, el número de taladros de perforación activos, que rondaba los 70 hasta 2016, ha caído a 40 en 2017. La creciente ineficiencia tampoco ayuda. El tiempo de perforación de pozos se ha duplicado. Los robos de equipos y la inseguridad también contribuyen al descalabro.

Las sanciones financieras de Estados Unidos y la situación de default técnico de PDVSA hacen mucho más difícil que los socios inviertan en las empresas mixtas. Hasta ahora estas habían evitado un trastorno aún mayor de la producción, pasando de ser un tercio a más de la mitad del total. Pero cada vez luce más difícil que su producción se sostenga. Las sanciones y el default también dificultan que se importe el diluente necesario para exportar el crudo de la Faja del Orinoco, o que se pueda exportar crudo al mercado norteamericano.

En medio de esta catástrofe, el presidente Maduro despidió a su ministro de energía, así como al presidente de PDVSA, quienes luego fueron acusados de corrupción. Asimismo, designó a un inexperto general de la Guardia Nacional Bolivariana en ambos cargos. Hoy, PDVSA no parece contar en su alto tren gerencial con personas con la experticia necesaria para salir del atolladero.

Si bien se anuncian planes de reestructuración de la empresa y de recuperación de la producción, así como la intención de atraer inversión extranjera al sector, no parece haber ni la capacidad ni la disposición para tomar las decisiones necesarias para lograrlo.

En este escenario, solo el importante incremento del precio del petróleo ofrece una esperanza de mejoría de la situación. Pero dada la caída estrepitosa de los barriles que generan caja, solo un incremento sustancial y sostenido del precio podría ayudar a una recuperación en el mediano plazo. Trágicamente, en un país en hiperinflación y con una contracción dramática del consumo, la espiral de la muerte es mucho más que una metáfora.

Maduro dice estar dispuesto a dejar de vender petróleo a EEUU – La Patilla – 28 de Noviembre 2017

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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró este martes dispuesto a dejar de vender petróleo a Estados Unidos, al que suministra unos 750.000 barriles diarios de los 1,9 millones que produce, reseñó AFP.

“El día que ellos no quieran que le vendamos nuestro petróleo, agarramos nuestros cachivaches y (…) vendemos todo nuestro petróleo para el Asia, no tenemos problema”, dijo Maduro al posesionar al general Manuel Quevedo como nuevo presidente de la estatal de energía Pdvsa.

El mandatario acusa a Washington de liderar una “persecución financiera” contra Venezuela, a la que el presidente Donald Trump impuso sanciones económicas en agosto pasado.

Esas medidas prohíben a ciudadanos y entidades estadounidenses transar nueva deuda pública venezolana, una cuestión crucial en momentos en que el país y Pdvsa fueron declarados en default por un grupo de acreedores y agencias calificadoras de riesgo.

Maduro busca renegociar la deuda externa, que se calcula en unos 150.000 millones de dolares, de los cuales 30% corresponden a la petrolera.

“Míster president Donald Trump: usted decide, mi compadre. Si quiere que nosotros sigamos vendiendo petróleo, vendemos petróleo; si un día usted se deja calentar la oreja por los locos extremistas de derecha, Venezuela agarra sus barquitos y se lleva su petróleo al mundo y lo vendemos igualito”, insistió Maduro entre vítores de cientos de trabajadores de Pdvsa.

 

Dans un Venezuela au bord de la faillite, mission impossible sur la dette por Marie de Vergès – Le Monde – 13 de Noviembre 2017

Les sanctions américaines compromettent tout dialogue avec les créanciers internationaux que le gouvernement a convoqué lundi pour une réunion.

Le Venezuela, qui a convié lundi 13 novembre ses créanciers internationaux dans sa capitale, ne se déclarera « jamais » en défaut, a assuré dimanche son président Nicolas Maduro. Riche en pétrole et pourtant ruiné, Caracas veut renégocier sa dette. Un processus qui s’annonce d’une rare complexité dans un pays sous le coup de sanctions américaines et dépourvu de données statistiques fiables. La dette vénézuélienne est estimée, selon les sources, entre 100 et 150 milliards de dollars (entre 86 et 129 milliards d’euros). Malgré la crise, elle continuait d’attirer certains investisseurs, alléchés notamment par ses très hauts rendements, allant de pair avec son profil très risqué.

Comment le Venezuela en est-il arrivé là ?
C’est un paradoxe. Le Venezuela est assis sur les plus vastes réserves pétrolières mondiales, mais il est totalement aux abois. Il paie des années d’un pilotage économique catastrophique. Depuis l’arrivée au pouvoir des chavistes en 1999, les gouvernements successifs ont démantelé le secteur privé, imposé des contrôles des prix et des changes, omis de diversifier de l’économie et même d’investir dans la compagnie pétrolière publique, PDVSA, la vache à lait du pays. Dépourvu de toute production domestique, hormis le pétrole, qui représente 96 % de ses exportations, le Venezuela a sombré dans le chaos avec l’effondrement des prix du baril. Depuis 2014, le produit intérieur brut (PIB) a été réduit d’un tiers selon le Fonds monétaire international (FMI) et l’inflation galope à plus de 700 %. Ses réserves en devises sont désormais inférieures à 10 millions de dollars. Faute de liquidités, le gouvernement a coupé à la hussarde dans les importations, provoquant de graves pénuries de biens de première nécessité.

Pourquoi le pays a-t-il honoré ses dettes si longtemps ?
Caracas a tout fait pour éviter un défaut, donnant la priorité au paiement de ses échéances de remboursement plutôt qu’au règlement d’importations vitales pour sa population. Un choix dû au fait que certains de ses plus beaux actifs se trouvent à l’étranger, tel Citgo, filiale de PDVSA basée aux Etats-Unis, qui fait du raffinage et possède des stations-service. Ceux-là seraient menacés de saisie si l’humeur virait à l’aigre avec les créanciers. Sans parler de la menace d’un embargo pétrolier qui assécherait ses dernières ressources. En outre, « il y a des officiels chavistes qui détiennent énormément d’obligations du Venezuela et de PDVSA », rapporte Asdrúbal Oliveros, du cabinet Ecoanalitica.

Si Caracas a pu tenir si longtemps, c’est notamment grâce aux « largesses » de la Chine et de la Russie. Au cours de la dernière décennie, Pékin et Moscou ont multiplié les prêts en échange de livraisons de pétrole ou de participations dans des champs pétrolifères.

Pourquoi M. Maduro a-t-il changé de stratégie ?
Le gouvernement doit rembourser plus de 8 milliards de dollars d’obligations de l’Etat et de PDVSA en 2018. « Cela équivaut à 66 % de nos importations pour cette année, précise M. Oliveros. Ajoutez l’hyperinflation et l’élection présidentielle fin 2018, et le tableau devient plus clair. » Si les privations s’aggravent, les émeutes risquent de redoubler. Les Vénézuéliens auraient perdu en moyenne 8,6 kilos l’an dernier à cause des pénuries alimentaires…

Sur un autre plan, les sanctions américaines prises cet été ont renforcé l’isolement financier du Venezuela. Elles offrent aussi au gouvernement un coupable idéal. M. Maduro, qui ne cesse de dénoncer la « persécution financière » des Etats-Unis, pourra rejeter sur Washington la responsabilité d’une faillite.

Une restructuration est-elle possible ?
Les experts n’y croient guère. De fait, les sanctions financières américaines interdisent aux investisseurs américains – qui forment le gros des porteurs d’obligations – de participer à toute nouvelle transaction sur la dette vénézuélienne. Pour pimenter le tout, l’homme qui en est chargé – Tareck El Aissami, vice-président du Venezuela – figure sur la liste noire de Washington pour trafic de drogue.

Enfin, « pour avoir un dialogue constructif avec les créanciers, il faut pouvoir présenter un plan de réformes économiques crédible et ce n’est pas du tout l’intention de ce gouvernement », souligne Orlando Ochoa, économiste à l’Université catholique de Caracas.

Existe-t-il des alternatives ?
Avec le régime actuel, pas vraiment. Le pouvoir chaviste a coupé les ponts avec le FMI en 2007. Un sauvetage financier orchestré par l’institution en échange d’un plan d’économies semble donc inenvisageable.

Les investisseurs pensent qu’une résolution de la crise nécessite un changement de gouvernement. Un tel scénario n’empêcherait sans doute pas les créanciers d’essuyer des pertes sèches. Des responsables de l’opposition ont déjà prévenu qu’ils s’opposeraient au remboursement de certaines dettes. Notamment les obligations acquises cet été par la banque d’affaires américaine Goldman Sachs, surnommées « obligations de la faim ».

 

EE UU sanciona a 10 altos cargos del chavismo por irregularidades en las elecciones regionales de Venezuela por Nicolás Alonso – El País – 9 de Noviembre 2017

Los afectados no podrán acceder a sus bienes en Estados Unidos ni hacer negocios con estadounidenses

Estados Unidos aprobó este jueves nuevas sanciones contra altos cargos del chavismo. El Departamento del Tesoro anunció la congelación de los bienes en suelo estadounidense de 10 miembros del régimen de Nicolás Maduro por manipular las elecciones regionales de Venezuela, celebradas el pasado 15 de octubre. Tampoco podrán hacer negocios con estsadounidenses como norma general. Es la última represalía que Washington ha impuesto a la cúpula del país bolivariano a lo largo de los últimos meses por su deriva antidemocrática.

“En tanto que el Gobierno venezolano continúa desentendiendose de la voluntad de su pueblo, nuestro mensaje es claro: Estados Unidos no se quedará inmóvil mientras el régimen de Maduro sigue destrozando el orden democrático y la prosperidad en Venezuela”, afirmó en un comunicado el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

Los sancionados son Sandra Oblitas Ruzza, Socorro Elizabeth Hernández De Hernández, Carlos Enrique Quintero Cuevas, Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso, Julián Isaías Rodríguez Díaz, Ernesto Emilia Villegas Poljak, Jorge Elieser Marquez Monsalve, Manuel Angel Fernández Melendez, Carlos Alberto Osorio Zambrano y Freddy Alirio Bernal Rosales. La mitad de ellos son altos cargos del Comité Nacional Electoral (CNE) o de la Asamblea Constituyente, convocada ilegalmente por Maduro para destripar los poderes a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora tras las elecciones de 2015. Cuatro son miembros del Gobierno y el décimo es el presidente de la empresa de telefonía estatal CANTV.

EE UU les acusa de participar en la manipulación de las elecciones recientes corrompiendo programas gubernamentales, vetando a medios de comunicación y abusando de la propaganda estatal. Uno de los sancionados, Marquez Monsalve, es el exdirector de CONATEL, la compañía de telecomunicaciones estatal que en este año prohibió la cobertura de Venezuela a dos canales colombianos y a CNN En Español. Villegas Poljak, otro de los citados, fue director de Venezolana de Televisión, el canal de propaganda chavista.

El Departamento del Tesoro ya ha impuesto sanciones similares contra otros miembros del régimen bolivariano, incluídos el propio presidente Maduro, el vicepresidente Tareck El Aissami y ocho miembros del Tribunal Supremo.

“Mantendremos nuestros esfuerzos por sancionar a miembros del Gobierno venezolano que son cómplices de los intentos de Maduro por menospreciar la democracia, violar derechos humanos, limitar la libertad de expresión y el derecho a la asamblea pacífica, participar en actividades corruptas a no ser que se separen del régimen dictatorial”, afirmó Mnuchin.

En agosto, EE UU prohibió a las instituciones bancarias estadounidenses la compra de deuda pública de Venezuela o de PDVSA, la petrolera estatal. La medida es hasta ahora la norma más contundente emitida por Washington ya que ataca a una entidad y no solo a sus miembros.

 

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