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El informe del panel de expertos de la OEA por Gioconda San Blas – TalCual – 7 de Junio 2018

 

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Náusea. Náusea es lo que se siente al leer las 409 páginas del Informe de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y del Panel de expertos internacionales independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Probablemente no haya allí nada que los venezolanos medianamente informados no supiéramos: un documento que recoge de manera sistemática y exhaustiva una enorme cantidad de pruebas de atropellos generalizados desde 2013, incluidos asesinatos de manifestantes por miembros de los cuerpos de seguridad del estado, encarcelación, torturas indecibles, violación y otras formas de violencia sexual y psicológica contra presos políticos, persecuciones por el simple hecho de pensar diferente, acoso a activistas, desaparición forzada de personas, control del régimen sobre jueces y fiscales, convertidos en agentes en la manipulación de la justicia para fines perversos, pruebas en muchos casos narradas al detalle, a viva voz, por los propios presos.

Ver todo junto en ese documento acaba siendo un ejercicio doloroso. Se nos vienen a la mente las “Memorias de un venezolano de la decadencia” de José Rafael Pocaterra, narrando sus desventuras como preso político en las cárceles de Juan Vicente Gómez, o los testimonios de José Vicente Abreu en su libro “Se llamaba SN”, un relato terrible de las torturas que sufriera en las prisiones de la Seguridad Nacional del dictador Marcos Pérez Jiménez. Uno hubiera querido creer que después de esas experiencias crueles e inhumanas, nunca más se aposentaría sobre nuestra tierra una experiencia similar y si se quiere, más desalmada que las anteriores.

El panel contabiliza más de 12.000 venezolanos que han sido detenidos arbitrariamente desde 2013, lo que arroja una media de siete personas al día. En el momento álgido de las protestas de 2017 había 676 presos políticos, el número de presos políticos en Venezuela más elevado desde la dictadura militar de la década de 1950. También nos informan que después de estabilizarse en torno a 220 en los primeros cuatro meses de 2018, el número de presos políticos se disparó en las semanas previas a las fraudulentas elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018. Al 13 de mayo de 2018, había 338 presos políticos tras las rejas. Mientras algunos son liberados (la mayoría con medidas cautelares que perpetúan la prisión bajo otras formas), otros entran, en un mecanismo nefasto de puerta rotatoria. Así, desde 2013 ha habido más de 1.300 presos políticos, algunos de ellos mantenidos en prisión a pesar de contar con órdenes de liberación emitidas por los tribunales.

No escapa a los miembros del panel la crisis humanitaria, el acceso a la alimentación y a los medicamentos de manera selectiva a los pocos sectores de la población afectos al gobierno, a través de instrumentos de control como el carnet de la patria. “No cabe la menor duda de que la tragedia que se ha abatido sobre el pueblo venezolano es de una magnitud incalculable”, expresan con firmeza, añadiendo que además de prácticas cuestionables en materia de derechos humanos, el régimen se empeña en debilitar y desmantelar sistemáticamente las instituciones democráticas.

Son muchas más las situaciones analizadas al detalle en este exhaustivo inventario, todas confluyentes en concluir que ““cuando los sistemas nacionales permanecen inactivos o de otro modo carecen de la voluntad o la capacidad de investigar y enjuiciar de manera auténtica, la Corte Penal Internacional (CPI) debe colmar el vacío que deja el incumplimiento de su deber por parte de los Estados”, a la vez que insiste en que “frente a la inexistencia de mecanismos nacionales eficientes, y la dificultad en la que se encuentran los mecanismos regionales para ponerle fin a las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Venezuela, la Fiscalía de la CPI y la propia CPI, han pasado a ser la última instancia internacional para lograr la justicia, ponerle fin a la impunidad en Venezuela y evitar la repetición de tan graves hechos que ofenden la conciencia de la comunidad internacional.”

No cabe duda de que este informe, dado a conocer a principios de junio, ha debido pesar en el ánimo de los participantes en la 48ª Asamblea General de la OEA, realizada el 4 y 5 de ese mes, cuando por mayoría de 19 votos el continente americano desconoció la validez de las elecciones del pasado 20 de mayo y por ende, la legitimidad del presidente en el cargo. No es poca cosa en estos duros momentos.

 

 

Memorias por la vida – Mayo 2018

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Hacemos eco, tanto nacional como internacionalmente, de las distintas violaciones de los DDHH que se dan en Venezuela por parte del Estado. Además, construimos diariamente la memoria colectiva venezolana y el contexto histórico que en un futuro nos ayudará a recordar y decir: “No lo volveremos a repetir”. Trabajamos para dejar un legado testimonial y documental para la reconstrucción de nuestro país.

Video sobre las manifestaciones y represión en Venezuela el año 2017 :

https://memoriasporlavida.com/nunca-jamas-venezuela/

Moral sin luces por Ramón Peña – La Patilla – 4 de Junio 2018

“Cuando la moral se aleja de la política,
comienzan los asesinatos y el terror”
Albert Camus, Moral y política

Nunca antes en nuestra República la moral se había distanciado tanto de la política. Una marea desbordada de mezquina dimensión ética y bajeza intelectual penetra todas las instituciones. Un proceso degenerativo que, como todos los populismos corruptos, se inició con un sermón redentor de justicia social.

En lugar de reivindicación social para las mayorías, ni de obras materiales perdurables, la huella que va dejando este socialismo real es la de un andamiaje de vilezas morales. Ostensibles quedan para la historia invenciones excluyentes como la -ya casi olvidada- Lista Tascón de 2004 y su versión digitalizada de hoy: el carnet de la patria. Mecanismos de extorsión colectiva, tan discriminatorios como un apartheid. En materia electoral el cúmulo de trapacerías es abrumador, tanto, como los delitos de cohecho que han trasegado millardos de dólares del erario público a cuentas privadas. Nunca antes nuestras dictaduras habían derivado como hoy en organización gansteril. Una ilustración de su baja calaña es la reciente trampita de inventarles currículos a un par de zánganos -hijos de jerarcas- intentando contrabandearlos a Estados Unidos como brillantes ejecutivos de Citgo.

En el ámbito de la represión, no es poca cosa el informe de 400 paginas de un equipo de expertos en derechos humanos, comisionados por la OEA, que denuncia los delitos de lesa humanidad en nuestro país. Evidencias de 131 ejecuciones extrajudiciales, 12 mil detenidos arbitrariamente en los últimos dos años, 289 denuncias de torturas y 192 casos de violencia sexual contra personas detenidas. Sobresaltado por la amenaza de verse sentado en el banquillo de la Corte Penal Internacional, el Golem gobernante ha simulado un diálogo y la liberación de algunos presos políticos. Una bribonada tan falsa como los anunciados billetes con tres ceros menos.

 

“El quiebre avanza” por María Corina Machado – La Patilla – 3 de Junio 2018

thumbnailmariacorinamachado.x70825.jpgVenezuela no tiene Presidente ni Comandante en Jefe. Y el régimen se quiebra. Es un proceso doloroso y peligroso, porque la dictadura sabe que está aislada, acorralada y fracturada.

A partir del 2014, cuando salimos a la calle a presionar por el fin de la tiranía, Maduro perdió la calle y se desenmascaró en toda su crueldad. La despiadada y televisada represión y tortura lo calificó de ahí en adelante y para siempre: dictador. Allí se quebró lo que había heredado de respaldo popular.

En las elecciones de la AN en diciembre de 2015, las fuerzas democráticas obtuvimos 2/3 de los diputados, y se quebró la complicidad institucional del Parlamento con el régimen. Días después, el régimen designó inconstitucionalmente 34 magistrados principales y suplentes del TSJ, quebrando también la legitimidad de éste otro pilar del sistema.

El quiebre de las finanzas públicas y la economía se aceleró desde la toma fraudulenta de Maduro del poder. Arrasaron las reservas de la nación, hipotecaron el oro, multiplicaron la deuda ocho veces, destruyeron la capacidad productiva del país, desataron una hiperinflación que ya supera 15.000% anual y acabaron con Pdvsa. Se robaron todo y quebraron la economía nacional.

La represión desenfrenada que empezó en 2014, siguió en 2016 y llegó al límite durante la rebelión popular de 2017, finalmente quebró también la complicidad y la inacción de la comunidad internacional. La democracia mundial entendió que un régimen forajido y fallido no tiene fronteras y es intolerable tanto por razones éticas y humanas, como por razones de seguridad y estabilidad de la región. Es inadmisible la instauración en este hemisferio de una narco-dictadura, íntimamente relacionada con el narcotráfico y el terrorismo,

El avance totalitario de Maduro y la decisión de imponer la farsa del 20 de mayo, a pesar de las advertencias externas, aceleró la aplicación de sanciones contra los culpables del desfalco más grande de la historia. Estas acciones han producido rupturas -algunas muy obvias y otras aún ocultas-, entre los grupos criminales que conforman el régimen, que se delatan y acusan entre sí. Por eso, también se quiebra el “pacto de mafias”.

La ruina del país y con ello el incumplimiento de los compromisos con acreedores, ha detonado el quiebre de la paciencia de los mercados. ConocoPhillips, Rusoro Mining y otras transnacionales, han entendido que no podrán cobrar jamás sus deudas y derechos, a este régimen maula. Los más de 100 tanqueros inmóviles desde hace 28 días en las costas venezolanas, son el preámbulo del auto-embargo que el régimen impuso a nuestro petróleo. Los mercados son implacables, y no entienden de ofertas engañosas de los Zapatero de estos tiempos.

La quiebra del chantaje social tuvo un momento decisivo el 20 de mayo. Se quebró el chantaje del hambre. Se quebró el miedo. La desobediencia nacional se esparció por toda Venezuela en el ensordecedor vació de las calles ese día. Triunfó la dignidad, la conciencia cívica, la valentía.

Y se ha quebrado también, la obediencia en la Fuerza Armada Nacional. Ya son más de 200 militares presos, detenidos y desaparecidos. La entrega de la Soberanía al régimen cubano, la presencia de la guerrilla en el corazón de Venezuela, la amenaza al Esequibo y el hambre en los cuarteles; acabó con la subordinación silente a la narco-tiranía. Los hombres y mujeres de armas que se han negado a cumplir órdenes que violan sus juramentos, demuestran que el quiebre militar también ocurrió. Ellos cuentan hoy con el respeto de sus compatriotas.

A Maduro sólo le queda el respaldo de la vergonzosa tutela cubana, de la delincuencia organizada -incluyendo aquí a una fracción muy reducida de la FAN- y de los cómplices que se disfrazan “de oposición”. Esto ya no es suficiente para sostener un régimen que se quiebra inexorablemente.

De las ruinas que deja la época más oscura de nuestra historia, comenzamos a reconstruir un país mucho mejor del que nunca tuvimos; con esfuerzo, audacia, honestidad y compasión. Tan grande y tan sólido que nunca más volverá a quebrarse.

Declaración de los Presidentes, Mesas Directivas y Delegaciones de los Órganos Legislativos de América Latina y el Caribe – Cucuta, Colombia – 1 de Junio 2018

En el marco de la Carta Democrática Interamericana y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Presidentes, Mesas Directivas y Delegaciones de los Órganos Legislativos de América, en reunión solemne realizada en Villa del Rosario, Norte de Santander, el día 1° de Junio de 2018, con absoluto respeto por las normas de derecho internacional incluidas en los Instrumentos adoptados en el marco de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos y otros organismos internacionales competentes, teniendo en cuenta el desarrollo del derecho internacional de los Derechos Humanos y conscientes de la imperiosa necesidad de activar planes conjuntos de alivio humanitario y restablecimiento de la democracia y el orden constitucional en la República de Venezuela,

CONSIDERANDO

Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Informe “Institucionalidad Democrática, Estado de Derecho y Derechos Humanos en Venezuela”, de 31 de diciembre de 2017, señala que “ha venido observando un acelerado deterioro en la institucionalidad democrática y en la situación de derechos humanos en Venezuela que se ha profundizado e intensificado significativamente a partir de 2015”.

Que el régimen político presidido por Nicolás Maduro ha anulado el principio de separación e independencia de poderes, base de toda constitución democrática y pilar protegido por el derecho interamericano.

Que el Gobierno de Nicolás Maduro ha instalado un régimen de represión y de violencia gubernamental que hace parte de una política de violación sistemática de los derechos humanos, de tal gravedad, que ha desencadenado en crímenes de lesa humanidad, respecto de los cuales la Corte Penal Internacional investiga en la actualidad un cúmulo de denuncias.

Que la falta de independencia del poder judicial, junto a la pretensión de eliminar la Asamblea Nacional y sustituirla de facto por una Asamblea Constituyente irregular e ilegítima, son expresiones de concentración del poder en el Gobierno que desprecian el Estado de Derecho y los principios democráticos a los que se han obligado soberanamente y libres de toda presión los países de la región, según sea el caso Convención Americana de Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos, Mercosur, Unasur, y demás organizaciones multilaterales de la región.

Que la crisis humanitaria en Venezuela, producto de la hambruna, el desabastecimiento general, la hiperinflación, los graves problemas en los servicios de salud y en el acceso a los mismos, así como la intensa represión, afectan severamente el goce del derecho a la vida, los derechos económicos, sociales y culturales de los venezolanos.

Que en Venezuela el régimen de Maduro ha destruido la clase media, y ha deteriorado la calidad de vida del pueblo en general al multiplicar la pobreza por ingreso que en 2014 fue de 48%, en 2015 de 73%, en 2016 de 81.8% y en 2017 de 87%, de este último el 64% de los venezolanos está en extrema pobreza.

Que la represión militar, policial y paramilitar ha cobrado cientos de víctimas mortales, que hoy el presidio político se extiende a más de 600 personas y que los líderes políticos y estudiantiles en su mayoría se hayan encarcelados, exilados o perseguidos, así como la severa restricción de la libertad de expresión que constituyen un componente ya histórico en la lógica represiva del gobierno.

Que producto de lo anterior, la ciudad de Cúcuta y el Departamento de Norte de Santander se han visto profundamente afectados, que la capacidad de atención a los exiliados se halla desbordada, lo cual agudiza los problemas sociales y económicos en esta ciudad y de este Departamento, y consecuencialmente, superar esta situación debe ser una responsabilidad compartida por todo el continente,

DECLARAN

1. Llamar a la solidaridad a los Gobiernos del Continente y a la Comunidad Internacional con el pueblo de Venezuela, ante la ruptura del orden constitucional y la suspensión del sistema democrático efectuada por el Ejecutivo encabezado por Nicolás Maduro en abierta violación de las normas de protección del régimen democrático, el ejercicio de las libertades y de los derechos humanos que obligan a los países del hemisferio.

2. Desconocer los resultados de las elecciones nacionales del 20 de mayo de 2018 en Venezuela y rechazar la jornada electoral que se adelantó, cuya convocatoria fue ilegal y no cumple con los mínimos estándares democráticos aceptables para una elección.

3. Exigir la convocatoria a unas elecciones libres, transparentes y democráticas, que cuenten con todas las garantías para los participantes, incluyendo misiones imparciales de observación electoral y que se haga efectivo el derecho del pueblo venezolano a decidir sobre su futuro.

4. Convocar a la comunidad internacional para aunar esfuerzos con a fin de contribuir con decididas acciones para que se restablezca en Venezuela el principio de separación e independencia de poderes y se respete la soberanía de su Asamblea Nacional, desconocida por el régimen de facto impuesto por Nicolás Maduro.

5. Condenar al Gobierno de Nicolás Maduro por pretender acallar las denuncias 1 Inter-American Commission on Human Rights. Institucionalidad democrática, estado de derecho y derechos humanos en Venezuela: Informe de país: Aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 31 de diciembre de 2017 / Comisión Interamericana de Derechos Humanos. v.; cm. (OAS. Documentos oficiales; OEA/Ser.L/V/II) ISBN 978-0-8270-6724-0 ante el mundo sobre la sistemática violación a los derechos humanos que ocurre en Venezuela, mediante el decomiso, la no expedición y el bloqueo de pasaportes a los miembros de la oposición que ostentan la dignidad de Diputados ante la Asamblea Nacional.

6. Reconocer la grave crisis humanitaria por la cual atraviesa el pueblo venezolano, producto de la ruptura de las instituciones democráticas, las violaciones flagrantes a las libertades y garantías básicas por parte del régimen encabezado por Nicolás Maduro y los miembros de la Asamblea Constituyente, respaldados por parte de Fuerzas Armadas desleales a la Constitución, Colectivos irregulares e intereses corruptos.

7. Rechazar las flagrantes violaciones al debido proceso, así como la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes a que han sido sometidos los presos políticos venezolanos y sus familias, por el simple hecho de ejercer sus derechos fundamentales a la expresión y la protesta.

8. Reconocer la “responsabilidad de proteger” que tiene la Comunidad Internacional respecto a la debacle humanitaria, nutricional, sanitaria y migratoria venezolana, que ha generado un éxodo masivo. En consecuencia,

NOS COMPROMETEMOS

A propiciar ante los Gobiernos de nuestros países las siguientes medidas inmediatas:

1. Convocar la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés), a coordinar la gestión regional logística y presupuestal, para la atención de los migrantes venezolanos que ingresan a nuestros países a causa del evidente colapso institucional y de la hambruna en Venezuela.

2. Instar a nuestros Gobiernos a crear un Fondo de Cooperación Internacional para garantizar la atención humanitaria de los migrantes, su inserción laboral y productiva transitoria.

3. Desarrollar en nuestros Órganos Legislativos una agenda legislativa común que permita responder a la crisis coyuntural por la que atraviesan millones de venezolanos expulsados de su territorio producto de la represión del régimen y la situación de hambruna en dicho país a partir de las siguientes medidas:

  • a. Conceder refugio de forma automática a los funcionarios y dirigentes que hayan sido elegidos mediante voto popular, en cualquier fecha, desde 1998, a corporaciones o gobiernos locales, al igual que a los integrantes del poder judicial de Venezuela que así lo soliciten.
  • b. Facilitar la permanencia y tránsito de ciudadanos venezolanos con pasaportes y documentos caducados, ante la incapacidad o negligencia del régimen de Nicolás Maduro para suministrarlos.
  • c. Flexibilizar los requisitos de permanencia y residencia de los ciudadanos de Venezuela, así como la expedición rápida de salvoconductos migratorios para el tránsito interamericano de la población migrante.
  • d. Elaborar un régimen especial migratorio respecto de nuestros colegas de la Asamblea Nacional de Venezuela, para su libre tránsito y permanencia en nuestros territorios, eximiéndolos de los requisitos generales de regularización tales como la presentación de pasaportes, de manera que se les permita ejercer su derecho de locomoción en el territorio interamericano con cualquier documento de identidad.
  • e. Flexibilizar los criterios de acreditación de los títulos de los migrantes y adopción de un trámite expedito para la misma.

4. Frente a la corrupción del régimen de Nicolás Maduro y la consecuente pérdida de patrimonio venezolano, requerir a los Gobiernos y Órganos Legislativos de nuestros países:

  • a. Activar las unidades de inteligencia e investigación financiera y adoptar la legislación necesaria, para incautar y congelar los capitales controlados por altos funcionarios del gobierno venezolano en los países de la región, de las empresas controladas por estos y los fondos y demás patrimonio personal y de sus testaferros.
  • b. Negar y revocar las visas o el ingreso a los altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, a quienes hacen parte del Gobierno, a funcionarios judiciales involucrados en la violación del orden constitucional y del ordenamiento jurídico y a miembros de la Asamblea Constituyente así como a sus socios en actividades comerciales.
  • c. Revisar los antecedentes de las solicitudes de visados especiales por inversión, para evitar que corruptos y violadores de derechos humanos, puedan establecer su patrimonio en nuestros Estados.

Cúcuta, Norte de Santander, Colombia, 1 de junio de 2018,

El peor año para la libertad de expresión e información en Venezuela por Andrés Cañizález – ProDaVinci – 30 de Mayo 2018

La Guardia Nacional Bolivariana impidió el martes 15 de abril de 2018 el ingreso de los periodistas al Palacio Federal Legislativo.

Durante este mes de mayo, en coincidencia con las celebraciones internacionales para promover la expresión libre ya que la Unesco fijó el 3 de mayo como el Día Mundial de la Libertad de Prensa, en Venezuela se conocieron tres reportes que permiten comprender cabalmente las consecuencias que ha tenido en el país la política de “hegemonía comunicacional”, iniciada hace más de una década, pero cuyos resultados fácticos han terminado teniendo lugar en la etapa final de este primer período de Nicolás Maduro en el poder.

Al hacer un balance del año 2017, con la presentación de su informe anual sobre el estado de la libertad de expresión e información en Venezuela, la organización no gubernamental Espacio Público recogió la documentación de 708 casos que sumaron 1.002 denuncias de violaciones al derecho humano a la libertad de expresión e información. Lo más relevante, es que estos datos son los más altos desde el año 2002, cuando Espacio Público comenzó a hacer su monitoreo, y muestran un deterioro relevante de las garantías de este derecho en Venezuela.

Los 708 casos en los que se vulnera el derecho a la libre expresión en su mayoría corresponden al uso de la violencia física, la intimidación y ataques no solo a trabajadores de la prensa, sino también contra ciudadanos que buscaban registrar los hechos que sucedían al momento, según documentó la ONG venezolana. Si tales cifras no fuesen de por sí preocupantes, el año 2017 cerró con la salida del aire de ocho canales de televisión, 54 emisoras y 17 medios impresos que dejaron de circular por falta de papel prensa, seis de ellos indefinidamente.

El foco sobre las restricciones al ejercicio del periodismo, afectando por igual a medios de comunicación, periodistas y ciudadanos, no fue una preocupación exclusiva de organizaciones con sede en Venezuela. La muy prestigiosa red internacional de Reporteros Sin Fronteras (RSF), también en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Libertad de Prensa del 2018, llamó la atención del mundo en relación con las medidas del régimen de Maduro y su impacto negativo en las libertades de expresión e información.

En la clasificación mundial de RSF, Venezuela pasó a ocupar la casilla 143 y el país experimentó la mayor caída del continente, perdió 6 lugares en comparación con la edición anterior de esta evaluación anual (La Patilla, 2018). Durante 2017, de acuerdo con este informe internacional, el gobierno del presidente Nicolás Maduro siguió distinguiéndose por sus excesos autoritarios. La prensa independiente y la de oposición, al igual que los corresponsales de medios de comunicación extranjeros, son constantemente el blanco de la policía y de los servicios de inteligencia venezolanos. Los periodistas padecen cada vez más agresiones durante las manifestaciones, detenciones arbitrarias –durante las cuales pueden sufrir agresivos interrogatorios–, así como la destrucción de su equipo; también se hizo frecuente la expulsión de corresponsales extranjeros, una práctica no habitual en el pasado.

Reporteros Sin Fronteras, asimismo, constató que, durante 2017, en Venezuela, también aumentó la censura directa del Estado, ya que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) privó de frecuencia a numerosas radios y televisiones críticas; por otra parte, la escasez de papel golpeó a la prensa escrita de oposición. Todo este contexto colocó obstáculos para impedir la labor de los periodistas, dado que el gobierno busca que no se conozca la magnitud de la grave crisis política y económica que sacude al país desde inicios de 2016.

Otra arista, no menos preocupante, lo constituye el informe elaborado por el capítulo venezolano del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) sobre la libertad de expresión en Internet que llevó por título “Internet con la bota puesta”, también difundido en mayo de 2018. Según esta entidad dedicada a la promoción y defensa de la libertad de información, durante 2017 se vivieron en Venezuela desde la aprobación de una estructura jurídica regresiva, hasta la persecución policial y militar, junto a ataques a portales de organizaciones civiles y medios de comunicación, todo ello tuvo además como telón de fondo una deficiente conectividad. En Venezuela, asimismo, se registraron detenciones arbitrarias por expresión, blackouts en la red, y el discurso agraviante del Estado como una suerte de colofón.

En el período de los doce meses de 2017, de acuerdo con lo documentado por el Instituto Prensa y Sociedad, resultaron vulnerados los estándares internacionales establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que deberían garantizar un Internet abierto, libre y democrático. De forma específica, en Venezuela se vieron afectadas siete de las categorías fundamentales que convierten a la libertad de expresión en Internet. Al menos ocurrieron 50 casos que derivaron en 63 violaciones a los derechos digitales.

Volviendo sobre los datos históricos que nos permiten ver los informes anuales de Espacio Público, 2017 ha sido de lejos, en la década y media que esta organización lleva sus registros, el año más restrictivo y negativo para el ejercicio de la libertad de expresión, con claro impacto sobre medios de comunicación, periodistas y ciudadanos. Eso de por sí ya sería preocupante, en cualquier contexto.

Pero lo que resulta aún más alarmante es que el 2017 estuvo precedido de un 2016 que ya había batido, igualmente, los registros negativos y restrictivos en Venezuela. En el 2016, según Espacio Público, se registraron 366 violaciones del derecho a la libertad de expresión e información en Venezuela. Se trata de una por cada día. Con las bases metodológicas establecidas en 2002, y en las cuales tuvimos la oportunidad de participar como coautor de las mismas, el reporte de Espacio Público permite la mirada longitudinal y las comparaciones.

Con propiedad, entonces, se puede establecer cuál ha sido el año más perjudicial para la libre expresión e información en Venezuela. En este caso al mirar el conjunto, desde 2014 –ya con Maduro en el poder– se inicia una suerte de escalada en la conflictividad (porque en muchos casos hablamos de violencia directa) generada desde el poder para afectar al periodismo crítico e independiente.

 

Los once funcionarios del régimen a los que el informe de la OEA acusa de lesa humanidad – La Patilla – 29 de Mayo 2018

Un grupo de expertos designado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseguró hoy que existe “fundamento razonable” para considerar que Venezuela ha cometido crímenes de lesa humanidad e identificó a 11 posibles responsables, encabezados por el presidente, Nicolás Maduro.

El informe, presentado hoy en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, concluye que hay base legal para denunciar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Estos son los once sujetos que el informe identifica como “autores intelectuales de la represión”:

1. Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela

Los expertos consideran a Maduro como el máximo responsable de los supuestos crímenes de lesa humanidad y aseguran que “ha optado por el autoritarismo como medio para mantenerse en el poder”.

Consideran que el “régimen” de Maduro ha usado tácticas cada vez “mejor organizadas y más agresivas para ejercer su control sobre el país” y que, bajo su Gobierno, que comenzó en abril de 2013, la tortura se ha convertido en un “instrumento de persecución y represión”.

2. Tareck el Aissami, vicepresidente

Desde la Vicepresidencia ejecutiva de Venezuela, el Aissami controla el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), la Dirección de Contrainteligencia Militar de la Fuerza Armada (DGCIM) y además dirige el “Comando Antigolpe”, que tiene como objetivo prevenir acciones de “sectores golpistas y terroristas”.

El informe afirma que tanto el Sebin como la DGCIM “reciben órdenes directas del poder ejecutivo venezolano en lo que se refiere al empleo de la tortura”.

3. Jorge Arreaza, Ministro de Exteriores

Arreaza era el yerno del difunto presidente Hugo Chávez y es un convencido defensor del chavismo, que ha ocupado diferentes posiciones, incluida la Vicepresidencia entre 2013 y 2016.

El informe no dedica casi espacio a Arreaza y se limita a mencionar su aparición en febrero en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, en donde afirmó que en Venezuela “no hay crisis”.

4. Elías Jaua, Ministro de Educación

Elías Jaua, ministro de Educación y vicepresidente para el Desarrollo Social y Revolución de Misiones, solo aparece mencionado en el informe en relación con un informe de Human Rights Watch (HRW) sobre la crisis humanitaria en Venezuela y la respuesta del Gobierno ante la escasez de medicamentos.

5. Jorge Rodríguez, Ministro de Comunicación

Como otros de los nombres que aparecen en el informe, Rodríguez ocupo el cargo de vicepresidente ejecutivo, en su caso entre enero de 2007 y enero de 2008, bajo el Gobierno de Hugo Chávez.

6. Delcy Rodríguez, Presidenta de la ANC

Rodríguez, actual presidenta de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), fue ministra de relaciones exteriores de Venezuela entre 2014 y 2017.

Como canciller, según recoge el informe, intervino en junio de 2016 ante una sesión especial del consejo permanente de la OEA y aseguró que en Venezuela “no hay una crisis humanitaria”.

Según los expertos, Maduro lleva tres años negando esa crisis y la ha usado para ejercer “control social” sobre la población.

7. Vladimir Padrino López, Ministro de Defensa

Ejerce como ministro de Defensa desde 2014 y el informe lo cita para recordar la resolución que firmó en 2015 para permitir el “uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal” como último recurso en las manifestaciones.

Esa resolución fue condenada por la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

8. Néstor Reverol, Ministro de Interior y Justicia

Reverol ocupa desde 2016 el puesto de ministro de Interior y Justicia y anteriormente, desde 2014, se desempeñó como Comandante General de la Guardia Nacional de Venezuela.

9. Gustavo González López, Director del Sebin

Ejerció como ministro de Interior y Justicia entre 2015 y 2016 y luego pasó a dirigir el Sebin, en cuyas instalaciones se han llevado a cabo torturas, según afirma el informe.

10. Antonio Benavides, excomandante de la Guardia Nacional

Benavides fue el encargado de dirigir la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) durante las protestas antigubernamentales que se desarrollaron entre abril y julio de 2017 en las que fallecieron al menos 120 personas.

11. Carlos Alfredo Pérez, Director de la PNB

Pérez es el actual director de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que para los expertos forma parte de los cuerpos del Estado dedicados a aterrorizar a la oposición.

 

Venezuela : Autoridades deben poner fin a las detenciones arbitrarias y a la política de represión – Amnesty International – 17 de Mayo 2018

 

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Durante los últimos años Amnistía Internacional ha documentado y denunciado ampliamente las detenciones arbitrarias por motivos políticos que son cometidas por agentes estatales en Venezuela. La organización advierte la existencia de distintos patrones mediantes los cuales se detiene de forma arbitraria a disidentes políticos o a quienes son percibidos como tales. Estos patrones van desde las detenciones sin órdenes judiciales, ni en situación de flagrancia; el uso de tipos penales ambiguos y de interpretación discrecional; el procesamiento de civiles ante tribunales militares; hasta el desconocimiento de órdenes de liberación de personas privadas de su libertad emitidas por la autoridad judicial por parte de los custodios u otros agentes estatales.

Asimismo, Amnistía Internacional ha recibido numerosas denuncias sobre las condiciones inhumanas en las que están recluidas muchas de estas personas en diferentes cárceles del país que incluyen lugares ilegales de reclusión. Entre las denuncias se encuentran la falta de acceso al agua, alimentos o a la luz solar. En muchas ocasiones se suspenden visitas y se aíslan e incomunican a las personas sin motivo alguno.

Estos patrones de detención arbitraria, ha podido concluir la organización, forman parte de una política de represión que incluye también el uso de la fuerza de forma excesiva.

Amnistía Internacional manifiesta una vez más su preocupación porque estos patrones arbitrarios continúan siendo usados para acallar la crítica e incluso obstaculizar el trabajo de activistas sociales y líderes estudiantiles. En tal sentido, la organización exige nuevamente la liberación inmediata e incondicional de los presos de conciencia Geraldine Chacón, Gregory Hinds, Leopoldo Lopez y Villca Fernandez. Igualmente, la organización expresa su rechazo ante la posibilidad de que adolescentes se encuentren recluidos en dependencias del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), y al reiterado desconocimiento de órdenes judiciales de traslados médicos y de liberación.

Finalmente, Amnistía Internacional hace un llamado urgente para que se respeten las garantías judiciales, el debido proceso y la libertad de las personas que han sido detenidas arbitrariamente por motivos políticos. El Estado venezolano está obligado a promover garantías de no repetición para desmantelar la política de represión implementada por las autoridades.

Alfredo Romero: “A la hora de defender los Derechos Humanos Zapatero ha dejado mucho que desear” – Libertad Digital – 8 de Mayo 2018

alfredo-romero-esradio-2-08052018.jpgEl director ejecutivo del Foro Penal Venezolano ha descrito la dramática situación de su país en los micrófonos de Es la Mañana de Federico.

“Más de 12.300 personas han pasado por la cárcel sólo desde el año 2014”, ha explicado Alfredo Romero en esRadio. “A día de hoy hay 336 presos políticos encarcelados, algunos de ellos para justificar un fracaso en las políticas públicas del gobierno, ya que se culpa de la escasez a empresarios o farmacéuticos y se les manda a prisión por ello”. Además, “la represión ha venido incrementándose en 2018”.

El Foro Penal Venezolano es una ONG de abogados que reúne a “más de 4.000 activistas” –la mayor parte abogados que trabajan gratuitamente– y, tal y como ha contado Romero, representa “a la mayoría de presos políticos” y a sus familiares en Venezuela. Por eso resulta tan sorprendente que Zapatero, “que decía estar muy preocupado por los presos políticos jamás ha querido reunirse con una organización como la nuestra”.

Una actuación que lleva a Romero a asegurar con rotundidad que “en lo que respecta a la defensa de los derechos humanos Zapatero ha dejado mucho que desear, yo he intentado reunirme con él porque siempre digo que, si tengo que reunirme con el diablo para liberar presos, lo haré, pero el diablo no me recibió”.

El “beneficio” de la represión

Alfredo Romero ha explicado que “para entender la situación venezolana hay que recordar que la represión tiene un beneficio político, también un coste, pero ese beneficio es muy importante: la intimidación, la destrucción de la sociedad, el miedo que quebranta a la oposición”.

En su opinión, en Venezuela “hay definitivamente un régimen que tiene como objetivo que no exista oposición y, de hecho, mucha de la oposición se ha tenido que ir del país”. Así, tal y como recordaba, “los candidatos que participaron en las elecciones de Maduro han tenido que huir o están inhabilitados, los partidos políticos más importantes están también inhabilitados, ¿qué elecciones son esas?”, ha dicho refiriéndose a las presidenciales que están a punto de celebrarse.

Romero ha explicado que “Venezuela y Cuba es básicamente el mismo régimen”y que, de hecho, actualmente “desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de los DDHH la situación es peor en Venezuela que en Cuba”.

Una situación de crisis que no es, para Romero, sólo un problema de políticas fallidas: “Destrozar la economía es parte de un plan para lograr que las personas dependan del gobierno. Es un sistema –ha dicho del chavismo– que busca esclavizar”, porque “la escasez hace que la gente dependa del gobierno”.

 

 

EEUU acusa al Gobierno bolivariano de utilizar asesinatos y torturas para consolidarse en el poder – La Patilla – 20 de Abril 2018

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Estados Unidos acusó este viernes a las fuerzas de seguridad de Venezuela de llevar a cabo una campaña de torturas y asesinatos extrajudiciales durante el año pasado de cara a las próximas elecciones presidenciales, con el objetivo de “consolidar” el poder al presidente Nicolás Maduro, reseñó EFE.

Según denunció Washington en el informe sobre Derechos Humanos que elabora anualmente el Departamento de Estado, el Gobierno de Venezuela incluso patrocinó a los llamados “colectivos”, grupos paramilitares que emplean la violencia para acallar las voces contrarias al actual Ejecutivo.

“Los asuntos más significativos en cuanto a Derechos Humanos incluyen asesinatos extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad, incluidos aquellos ejecutados por los ‘colectivos’ patrocinados por el Gobierno y torturas ejercidas por las fuerzas de seguridad”, denuncia el informe.

Asimismo, el documento hace referencia a las duras condiciones que existen en las prisiones venezolanas, que llegan a poner en riesgo la vida de los reos, así como el aumento de las “detenciones arbitrarias” y de la existencia de “presos políticos” en lo que supone una injerencia “ilegal” del Ejecutivo en la esfera privada de los ciudadanos.

Estados Unidos denunció, además, la falta de independencia que sufre el Poder Judicial en Venezuela.

“Venezuela es formalmente una república multipartidista y constitucional, pero durante más de una década el poder político ha estado concentrado en un único partido con un Ejecutivo cada vez más autoritario que ejerce un control significativo sobre el Judicial, el Legislativo y los ciudadanos”, sostiene el documento.

Según el informe, con motivo de las elecciones presidenciales que tendrán lugar el próximo 20 de mayo, el Gobierno de Maduro llevó a cabo múltiples abusos con el propósito de garantizar la victoria del actual mandatario.

“El Gobierno arrestó a miles de individuos, juzgó a cientos en cortes civiles y militares, y sentenció aproximadamente a 12 alcaldes de la oposición a penas de prisión de 15 meses por su supuesta incapacidad a la hora de controlar las protestas que tuvieron lugar en sus jurisdicciones”, explica el informe.

Las injerencias del Ejecutivo no se limitan a las ramas del Estado, sino que también afectaron a la sociedad civil y a los medios de comunicación, al proceder a bloquear la emisión de señales de forma “rutinaria” y al ordenar el cierre emisoras de radio y televisión, así como de otros soportes informativos.

El informe, que sirve como guía al Congreso estadounidense a la hora de decidir la ayuda exterior para cada país, examina el comportamiento de los Gobiernos extranjeros de todo el mundo respecto a los derechos humanos.

 

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