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Venezuela : Autoridades deben poner fin a las detenciones arbitrarias y a la política de represión – Amnesty International – 17 de Mayo 2018

 

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Durante los últimos años Amnistía Internacional ha documentado y denunciado ampliamente las detenciones arbitrarias por motivos políticos que son cometidas por agentes estatales en Venezuela. La organización advierte la existencia de distintos patrones mediantes los cuales se detiene de forma arbitraria a disidentes políticos o a quienes son percibidos como tales. Estos patrones van desde las detenciones sin órdenes judiciales, ni en situación de flagrancia; el uso de tipos penales ambiguos y de interpretación discrecional; el procesamiento de civiles ante tribunales militares; hasta el desconocimiento de órdenes de liberación de personas privadas de su libertad emitidas por la autoridad judicial por parte de los custodios u otros agentes estatales.

Asimismo, Amnistía Internacional ha recibido numerosas denuncias sobre las condiciones inhumanas en las que están recluidas muchas de estas personas en diferentes cárceles del país que incluyen lugares ilegales de reclusión. Entre las denuncias se encuentran la falta de acceso al agua, alimentos o a la luz solar. En muchas ocasiones se suspenden visitas y se aíslan e incomunican a las personas sin motivo alguno.

Estos patrones de detención arbitraria, ha podido concluir la organización, forman parte de una política de represión que incluye también el uso de la fuerza de forma excesiva.

Amnistía Internacional manifiesta una vez más su preocupación porque estos patrones arbitrarios continúan siendo usados para acallar la crítica e incluso obstaculizar el trabajo de activistas sociales y líderes estudiantiles. En tal sentido, la organización exige nuevamente la liberación inmediata e incondicional de los presos de conciencia Geraldine Chacón, Gregory Hinds, Leopoldo Lopez y Villca Fernandez. Igualmente, la organización expresa su rechazo ante la posibilidad de que adolescentes se encuentren recluidos en dependencias del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), y al reiterado desconocimiento de órdenes judiciales de traslados médicos y de liberación.

Finalmente, Amnistía Internacional hace un llamado urgente para que se respeten las garantías judiciales, el debido proceso y la libertad de las personas que han sido detenidas arbitrariamente por motivos políticos. El Estado venezolano está obligado a promover garantías de no repetición para desmantelar la política de represión implementada por las autoridades.

Alfredo Romero: “A la hora de defender los Derechos Humanos Zapatero ha dejado mucho que desear” – Libertad Digital – 8 de Mayo 2018

alfredo-romero-esradio-2-08052018.jpgEl director ejecutivo del Foro Penal Venezolano ha descrito la dramática situación de su país en los micrófonos de Es la Mañana de Federico.

“Más de 12.300 personas han pasado por la cárcel sólo desde el año 2014”, ha explicado Alfredo Romero en esRadio. “A día de hoy hay 336 presos políticos encarcelados, algunos de ellos para justificar un fracaso en las políticas públicas del gobierno, ya que se culpa de la escasez a empresarios o farmacéuticos y se les manda a prisión por ello”. Además, “la represión ha venido incrementándose en 2018”.

El Foro Penal Venezolano es una ONG de abogados que reúne a “más de 4.000 activistas” –la mayor parte abogados que trabajan gratuitamente– y, tal y como ha contado Romero, representa “a la mayoría de presos políticos” y a sus familiares en Venezuela. Por eso resulta tan sorprendente que Zapatero, “que decía estar muy preocupado por los presos políticos jamás ha querido reunirse con una organización como la nuestra”.

Una actuación que lleva a Romero a asegurar con rotundidad que “en lo que respecta a la defensa de los derechos humanos Zapatero ha dejado mucho que desear, yo he intentado reunirme con él porque siempre digo que, si tengo que reunirme con el diablo para liberar presos, lo haré, pero el diablo no me recibió”.

El “beneficio” de la represión

Alfredo Romero ha explicado que “para entender la situación venezolana hay que recordar que la represión tiene un beneficio político, también un coste, pero ese beneficio es muy importante: la intimidación, la destrucción de la sociedad, el miedo que quebranta a la oposición”.

En su opinión, en Venezuela “hay definitivamente un régimen que tiene como objetivo que no exista oposición y, de hecho, mucha de la oposición se ha tenido que ir del país”. Así, tal y como recordaba, “los candidatos que participaron en las elecciones de Maduro han tenido que huir o están inhabilitados, los partidos políticos más importantes están también inhabilitados, ¿qué elecciones son esas?”, ha dicho refiriéndose a las presidenciales que están a punto de celebrarse.

Romero ha explicado que “Venezuela y Cuba es básicamente el mismo régimen”y que, de hecho, actualmente “desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de los DDHH la situación es peor en Venezuela que en Cuba”.

Una situación de crisis que no es, para Romero, sólo un problema de políticas fallidas: “Destrozar la economía es parte de un plan para lograr que las personas dependan del gobierno. Es un sistema –ha dicho del chavismo– que busca esclavizar”, porque “la escasez hace que la gente dependa del gobierno”.

 

 

EEUU acusa al Gobierno bolivariano de utilizar asesinatos y torturas para consolidarse en el poder – La Patilla – 20 de Abril 2018

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Estados Unidos acusó este viernes a las fuerzas de seguridad de Venezuela de llevar a cabo una campaña de torturas y asesinatos extrajudiciales durante el año pasado de cara a las próximas elecciones presidenciales, con el objetivo de “consolidar” el poder al presidente Nicolás Maduro, reseñó EFE.

Según denunció Washington en el informe sobre Derechos Humanos que elabora anualmente el Departamento de Estado, el Gobierno de Venezuela incluso patrocinó a los llamados “colectivos”, grupos paramilitares que emplean la violencia para acallar las voces contrarias al actual Ejecutivo.

“Los asuntos más significativos en cuanto a Derechos Humanos incluyen asesinatos extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad, incluidos aquellos ejecutados por los ‘colectivos’ patrocinados por el Gobierno y torturas ejercidas por las fuerzas de seguridad”, denuncia el informe.

Asimismo, el documento hace referencia a las duras condiciones que existen en las prisiones venezolanas, que llegan a poner en riesgo la vida de los reos, así como el aumento de las “detenciones arbitrarias” y de la existencia de “presos políticos” en lo que supone una injerencia “ilegal” del Ejecutivo en la esfera privada de los ciudadanos.

Estados Unidos denunció, además, la falta de independencia que sufre el Poder Judicial en Venezuela.

“Venezuela es formalmente una república multipartidista y constitucional, pero durante más de una década el poder político ha estado concentrado en un único partido con un Ejecutivo cada vez más autoritario que ejerce un control significativo sobre el Judicial, el Legislativo y los ciudadanos”, sostiene el documento.

Según el informe, con motivo de las elecciones presidenciales que tendrán lugar el próximo 20 de mayo, el Gobierno de Maduro llevó a cabo múltiples abusos con el propósito de garantizar la victoria del actual mandatario.

“El Gobierno arrestó a miles de individuos, juzgó a cientos en cortes civiles y militares, y sentenció aproximadamente a 12 alcaldes de la oposición a penas de prisión de 15 meses por su supuesta incapacidad a la hora de controlar las protestas que tuvieron lugar en sus jurisdicciones”, explica el informe.

Las injerencias del Ejecutivo no se limitan a las ramas del Estado, sino que también afectaron a la sociedad civil y a los medios de comunicación, al proceder a bloquear la emisión de señales de forma “rutinaria” y al ordenar el cierre emisoras de radio y televisión, así como de otros soportes informativos.

El informe, que sirve como guía al Congreso estadounidense a la hora de decidir la ayuda exterior para cada país, examina el comportamiento de los Gobiernos extranjeros de todo el mundo respecto a los derechos humanos.

 

Boletin #6 – Justicia Encuentro y Perdon – Febrero 2018

A un año de las protestas 2017: La frustración después de la furia por Lisseth Boon – RunRunes – Marzo 2018

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La ola de manifestaciones más prolongada y cruenta en los últimos 6 años no alcanzó su propósito germinal: no frenó la aprobación de la ilegal asamblea nacional constituyente y dejó una estela dramática de desesperanza y muerte. Pero las razones para activar la expresión del descontento se mantienen. El reto sigue estando en la articulación política del malestar social

Entre el primero de abril y 31 de julio de 2017, miles de venezolanos salieron día tras día a protestar por la libertad y la democracia en vilo. Durante cuatro meses, mujeres y hombres, jóvenes y ancianos, trabajadores y estudiantes, políticos y activistas, exigieron en las calles de Venezuela la restitución del orden constitucional, elecciones libres, la liberación de presos políticos, el respeto a la Asamblea Nacional y ayuda humanitaria en medio de la más aguda crisis que trastoca al país en su historia reciente.
Con aquellas manifestaciones multitudinarias, que agitaron a pueblos y ciudades de al menos 14 estados del país, parte de los dirigentes de oposición que lideraban las protestas buscaba la división de la coalición dominante y las fuerzas armadas, el distanciamiento de algunas figuras del régimen de Nicolás Maduro, el debilitamiento del oficialismo y la posterior negociación que diera paso a un cambio de gobierno, tal como había funcionado con otros procesos de transición en el continente. Otros sectores perseguían tajantemente el cambio: salir como sea de Maduro.

Pero la ola de protestas de 2017, considerada como la más prolongada y cruenta por la represión a la que fue sometida en los últimos 6 años, no alcanzó su propósito germinal. No sólo no logró frenar la aprobación de la asamblea nacional constituyente, artilugio impuesto por Maduro con el aparente propósito de reorganizar el Estado y redactar una carta magna que anulase la promulgada en 1999 por el fallecido Hugo Chávez. También dejó una estela dramática: a lo largo de más de 120 días de manifestaciones, fueron asesinadas 158 personas –de las cuales 65 % (103) eran menores de 30 años– y apresaron a más de 3 mil.

Un año después de la ola de protestas, que tuvieron como detonante “el autogolpe de Estado” con la usurpación de funciones de la Asamblea Nacional por parte del TSJ, expertos y políticos analizan las secuelas de las manifestaciones que cuartearon –aún más– el país.

Cíclica y permanente
Las manifestaciones de 2017 se enmarcan dentro de los ciclos de protesta política, que se producen en períodos acotados, con fecha de inicio y término, a diferencia de la protesta socioeconómica, que en Venezuela tiene carácter crónico y permanente, analiza el politólogo Luis Salamanca, autor del libro “Protestas contra la tiranía: 1935-1973” (UCV, 2011).

2017 fue un año récord en protestas en los últimos 7 años: se produjeron 9.787 manifestaciones, de las cuales 6.700 (68 %) ocurrieron entre el primero de abril hasta el 31 de julio (un día después de las elecciones de la anc), es decir, fueron políticas, calcula Salamanca a partir de las cifras del Observatorio de Conflictividad Social (OVCS).
Desde 2011, los dos grandes ciclos de protesta política han sido 2014 y 2017, muy intensos y duros en cuanto a represión con saldo de muertos y heridos pero poco efectivos en soluciones políticas, observa Salamanca. Si bien ambos episodios se han caracterizados por las movilizaciones multitudinarias, demostrando poder social, no son suficientes para lograr el cambio.

También el naufragio de sendos ciclos de protesta política han sido seguidos por una gran depresión colectiva que incide en los procesos electorales posteriores (el de gobernadores en 2014 y las municipales en 2017), considera el analista. “Esa depresión aún se mantiene en muchos electores, quienes cayeron en un estado de desesperanza y desconfianza hacia el voto como instrumento para lograr cambios. También es normal que la gente se repliegue en su vida privada luego de exponerse y arriesgarse en la calle durante el ciclo de protesta política”.

Presos políticos
“Las protestas dejaron un saldo de dolor” evalúa la diputada Delsa Solorzano, quien sustenta con cifras que 2017 fue “un año catastrófico en materia de derechos humanos”: más de 150 muertos y unos 3000 detenidos. Hasta la fecha, hay 396 presos políticos, según cálculos de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional. Establecer el número de heridos es más difícil porque el ingreso de muchos en centros asistenciales no fue registrado por razones de seguridad. Es conocido cómo fuerzas de orden allanaban clínicas buscando manifestantes heridos para llevárselos detenidos”, agrega la parlamentaria.

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“El responsable de todas esas muertes es el gobierno de Maduro y el aparato represor instaurado. Los venezolanos tienen derecho a protestar; desde hace 20 años (Venezuela) viene luchando por su libertad y no dejará de hacerlo”, agrega la diputada.

Por qué fallaron
A diferencia de otros países donde las protestas multitudinarias generaron “transiciones por colapso” (casos de Argentina, Ecuador, Bolivia), en Venezuela se mezclaron varios factores que determinaron su fracaso, afirma Rafael Uzcátegui, director de la organización de derechos humanos Provea.

La fortaleza de la hegemonía comunicacional del Estado que aisló comunicacionalmente a las protestas del sector de la población que no participaba en ellas y la cohesión de la coalición dominante y de las fuerzas armadas que se mantuvo pese a las presiones fueron dos de las razones por las cuales la ola de protestas de 2017 no alcanzó sus metas, considera Uzcátegui. También, se cuentan la “falta de unidad de la Mesa de la Unidad Democrática frente a las maneras de protestar, escaso protagonismo de los gremios, una relativa incidencia del llamado ‘chavismo disidente’ y una débil solidaridad internacional justo cuando se desarrollaban las manifestaciones”.

Por último, la imposición de una “fraudulenta ANC, que generó un escenario de institucionalidad paralela e instaló un sentimiento de derrota entre los manifestantes marcando el fin del ciclo de protestas de 2017”, según el activista de DDHH.
Costos humanos y movilización en reposo

No hay que dar muchas vueltas: la instalación de la anc que terminó de apagar las protestas de 2017 produjo un enorme sentimiento de derrota general y logró un debilitamiento extraordinario de la unidad política tras adoptar estrategias de movilización distintas que no alcanzaron los objetivos previstos, evalúa Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos (CEP) de la Ucab.
Pero también resalta que la ola de protestas elevó a un primer plano la crisis venezolana ante la comunidad internacional. “Logró una reacción en países de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos que no se había tenido hasta ese momento. Las sanciones contra funcionarios venezolanos se deben en buena medida a las manifestaciones y a la brutal represión que aplicó el gobierno de Maduro, dejando un alarmante número de detenidos, heridos y pérdidas humanas”, afirma Alarcón. Agrega que países tan disímiles como EEUU, el grupo de Lima y la Unión Europea comenzaron a pronunciarse con mayor contundencia sobre el tema nacional a raíz de las protestas y a adoptar agendas comunes para promover una salida a la crisis generalizada.

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La protesta en sí misma no fue la culpable del fracaso sino la falta de estrategia que orientara la consecución de resultados. La frase “cada quien proteste como quiera” pronunciada aquellos días revelaba que no existía una estrategia común para protestar, opina Alarcón.

Basándose en la tesis de Erica Chenoweth, autora de una investigación sobre 100 años de protestas, el director del CEP destaca que el éxito de las manifestaciones depende de su masificación (de 3,5 % a 5 % de la población como mínimo) y que no sean violentas. “Mientras no se anarquicen, más personas están dispuestas a participar. Las protestas pacíficas y masivas logran mayor presión sobre el sistema que las violentas”, demuestra el estudio

Los analistas no descartan que vuelva a producirse otra ola de protestas en Venezuela. Pero no puede recurrirse a las estrategias ya conocidas.
Salamanca considera que costará sacudir el estado de desesperanza actual. Entre el ciclo del 2014 y el de 2017 pasaron 3 años. Y Maduro ha cerrado sistemáticamente todas las vías democráticas: anuló la protesta y el voto como derecho constitucional de los venezolanos. Pero precisamente por ello podrían activarse la expresión del descontento. Para esto, es imprescindible interconectar la protesta política con la socieconómica, es decir, articular lo político con lo social”. Ese sigue siendo el reto.

Los conspiradores por Alberto Barrera Tyszka – Impacto CNA – 18 de Marzo 2018

unknownCualquier día de estos nos va sorprender. Aparecerá en televisión, apretando la mandíbula y tratando de mirar fijamente a la cámara, como si quisiera imitar una pose de Raúl Amundaray en el trance de decirle “ya no te amo más” a una trémula Lupita Ferrer. Dudará unos segundos y luego, con tono tajante y aguerrido, nos dirá que su sombra está conspirando. Que tiene pruebas y que pronto, muy pronto, lo demostrará. Que ya le ha pedido al Sebin que la detenga. Que incluso ha solicitado una alerta a la Interpol, no vaya a ser que su sombra pretenda salir huyendo fuera del país. Golpista, traidora y vendida. Si algún patriota cooperante ve a la sombra de Nicolás debe pasar el dato de inmediato. Hay que frenar ese peligro, acabar con esa amenaza. Es de lo peor. Está en tratos con la CIA, con Dólar Today, con los judíos, con Álvaro Uribe, con el Grupo de Lima, con los ex militares del 4F, con Los Tigres del Norte, con la ONU, con la Asociación Mundial de Boxeo, con los extraterrestres…¡Menos mal que La Revolución nos protege y nos defiende siempre de los grandes peligros que atentan en contra de la patria!

Si algo puede definir al gobierno de Nicolás Maduro es su declarada voluntad represiva. La naturaleza del madurismoes la violencia. Durante estos casi 5 años, el país ha vivido un creciente proceso de institucionalización de la agresión y de la crueldad. Se trata de una metodología que convierte al Estado en un ejército de ocupación que invade y somete a sus propios ciudadanos. Es un proyecto que instaura la violencia en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Igual te censura o te carnetiza, te raciona las medicinas o te encarcela, te empobrece o te empadrona, convierte siempre tu existencia en una forma de tortura. Y todo lo hace con el mismo argumento, con la misma justificación: las conspiraciones.

Siempre hay una cerca. Todos los días, algún alto dirigente invoca o denuncia la existencia de una nueva. Ante cualquier problema, el oficialismo solo tiene esa respuesta. La teoría de la conspiración se ha convertido en la única idea que maneja el gobierno. Todos los funcionarios tienen un dispositivo Pavlov debajo de la lengua. Ante cualquier señal de la realidad, de manera instantánea se dispara la única palabra que existe en el Manual Básico del Buen Bolivariano: “conspiración”. Quien revise el archivo de las excusas oficiales de los últimos años, encontrará cómo, renglón tras renglón, se repite absurdamente la misma receta. Siempre hay alguien malo, impuro, tránsfuga, aliado con alguna fuerza extranjera, fraguando un complejo complot en contra del gobierno. A partir de esta premisa, se ha organizado una estructura siniestra, capaz de implementar las OLP, masacrar a ciudadanos inocentes o ejecutar a rebeldes que querían entregarse a la justicia.

Para los poderosos, las conspiraciones tiene un perverso efecto tranquilizador. Generan alivio. Posibilitan el uso de la fuerza sin ningún tipo de dudas. Promueven la crueldad como virtud. Permiten que Maduro salga en televisión, rechonchamente feliz, prometiendo prosperidad e ignorando las angustias y miserias de las mayorías, aunque en secreto probablemente no confíe ni en su sombra y prefiera actuar como un paranoico arrebatado.

Para todos los demás, sin embargo, las conspiraciones tienen por el contrario un impacto desmovilizador. Anula nuestra capacidad política. Nos obliga a vivir temiendo ser acusados en algún de momento de participar en una confabulación secreta. Cualquier está bajo sospecha. Cualquiera puede caer. Fíjate lo que pasó con este ex General, ex Ministro, ex Director, ex amigo, ex héroe… ¿Qué no te puede, entonces, pasar a ti?

Por esto mismo, es inadmisible legitimar o perdonar algunas acciones dependiendo del nombre de sus víctimas. Quien celebra la detención de Miguel Rodríguez Torres, celebra en el fondo un modo de ejercer el poder, una fórmula, un Estado que puede actuar con violencia sin respetar la ley. Es necesario despersonalizar las acciones políticas. Lo que este gobierno hace con el General Baduel es tan criminal como lo que hace con Daniel Ceballos. No hay una soterrada justicia, ni siquiera una alentadora revancha, en la detención de ex funcionarios ligados al oficialismo. Ninguna víctima ennoblece la brutalidad de un torturador. El enemigo es el sistema. Y el sistema siempre actúa igual y piensa lo mismo: todos somos conspiradores.

 

Sebin se lleva detenido a Enrique Aristeguieta Gramcko – La Patilla – 2 de Febrero 2018

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Enrique Aristeguieta Gramcko publicó en su cuenta twitter @EAristeguieta que una comisión del Sebin se encontraba en su casa esta madrugada

Enrique Aristeguieta Gramcko, de 85 años, es el último sobreviviente de la Junta Patriótica que derrocó al dictador Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958. Actualmente es el líder de la organización política Gana.

La periodista Nitu Perez Osuna publicó en su cuenta twitter que Aristiguieta fue sacado de su casa a las 4:30am de esta madrugada y podría haber sido trasladado a la sede del Sebin en El Helicoide, en Caracas.

 

El gigante despierta: EE. UU. decidido a lograr un cambio de régimen en Venezuela por Orlando Avendaño – Panampost – 27 de Enero 2018

Además de Corea del Norte e Irán, Venezuela constituye una de las prioridades de la política exterior para Estados Unidos. (Wikimedia)

Hoy ya no es un disparate afirmar que el cambio de régimen en Venezuela es una de las prioridades de Estados Unidos. Con las últimas noticias que salen de Washington ya no hay duda.

A diferencia de la administración de Barack Obama, el Gobierno de Donald Trump ha asumido una posición firme a favor de un retorno a los valores democráticos en Venezuela. Es cierto que durante la administración del demócrata se blandió una real política de apaciguamiento frente a importantes amenazas a las libertades en la región.

“Hubo una estrategia por parte de diplomáticos de alto rango (de la administración de Obama) que buscaba favorecer la estabilidad de Venezuela a costo de la seguridad de Estados Unidos”, dijo el exsubsecretario de Asuntos Hemisféricos, Roger Noriega, en febrero del año pasado.

Un reportaje del diario español ABC, de julio de 2017, develó cómo la administración de Obama ordenó dejar de investigar los vínculos entre la organización terrorista, Hezbolá, y el régimen de Nicolás Maduro; con el fin de no afectar los acuerdos con Irán. Aunado a ello, está la política del demócrata con respecto a los acuerdos de paz entre las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos, así como el acercamiento con el régimen de Raúl Castro.

Pero todos esos propósitos concluyeron cuando en noviembre de 2016 el representante del Partido Republicano, Donald Trump, se alzó sobre la demócrata, Hillary Clinton. Y en enero inició el viraje.

La asunción de la responsabilidad vino acompañada de una coyuntura en Venezuela: mientras Trump empezaba a tomar las riendas de una nación, en el norte de Suramérica se iba acentuando la degradación política y económica. Y fue a los dos meses cuando estalló la crisis.

Gracias a uno de los movimientos populares más importantes que se ha generado en el país latinoamericano, el régimen de Nicolás Maduro pudo exponer ampliamente todo su carácter criminal. Además, y debido a la fuerte crisis económica, otras costuras también se exhibieron.

La captura de dos sobrinos de la pareja presidencial por narcotráfico; sus declaraciones; los vínculos abiertos de algunos funcionarios con asociaciones terroristas islámicas, y la hostilidad con naciones occidentales. Todo empezó a gotear dentro de un vaso que en cualquier momento se rebosaría.

Del apaciguamiento al estrangulamiento

La administración de Trump se estrenó sancionando al vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, el 13 de febrero de 2017. Una fuente de la Casa Blanca indicó en ese momento que la decisión fue impulsada debido al papel del importante funcionario en el “tráfico internacional de drogas”.

Que un vicepresidente de una nación constituya una pieza fundamental en el narcotráfico internacional es inaceptable. Sobre todo si forma parte de un país occidental. Pero ciertamente llama la atención cómo la primera acción de una novel administración fue atentar contra un cabecilla de la dictadura chavista. No fueron moderados. El torpedo golpeó el USS Barb, no otro submarino.

Mientras el Departamento del Tesoro congelaba activos a El Aissami, Efraín Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, los llamados “narco sobrinos”, enfrentaban un largo juicio en Nueva York. Fue un proceso que reveló a Estados Unidos los vínculos directos entre el Ejecutivo y el narcotráfico; y que no colaboró a menguar las hostilidades entre ambas naciones.

Semanas después, en abril, luego de unas ilegales sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que secuestraban las facultades del Parlamento venezolano, iniciaron las protestas. Pero, además, inició el derramamiento de sangre.

Desde un principio la represión fue ardua y cada vez eran más los asesinados por la dictadura de Nicolás Maduro. En medio de esa coyuntura, el 18 de mayo, el Gobierno de Tump decidió hacer responsables a los magistrados del TSJ por haberse apropiado de las funciones de la Asamblea Nacional. Fueron las primeras sanciones al régimen de Maduro que no estaban relacionadas con el narcotráfico. A los magistrados les congelaron sus bienes y se les impidió hacer transacciones.

“Estados Unidos no va a permitir que aquellos que impiden la democracia o violen los derechos humanos permanezcan impunes”, dijo en ese momento el senador de Florida, Marco Rubio, uno de los promotores de las sanciones.  La represión no cesó. Las protestas se acentuaron, así como los muertos. El conflicto era dramático e inaceptable para la región. Los venezolanos, por su parte, esperaban que la comunidad internacional asumiera una postura mucho más firme frente a las constantes violaciones de derechos humanos.

Sin embargo, un elemento que se agregó a la fórmula fue el que encendió las alarmas del mundo: Maduro anunció la convocatoria de una ilegal Constituyente con el fin de reformar el Estado a su conveniencia.

El Gobierno de Estados Unidos empezó a emitir advertencias a la dictadura chavista: si se continuaba con el disparate constituyente, la administración de Trump no titubearía para imponer sanciones mucho más fuertes.

Unos días antes del 30 de julio, cuando se supone que se impondría la Constituyente, Trump envió una alerta, pero mucho más tajante, a Nicolás Maduro. El miércoles 26 se expandieron las sanciones que ya habían sido aplicadas a los magistrados: a la presidenta del Consejo Nacional Electora, Tibisay Lucena; a la exministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela; al ministro de Interior, Reverol; al director de la Policía Nacional Bolivariana, Carlos Alfredo Pérez; al defensor del Pueblo (y luego fiscal), Tarek William Saab; y a otros importantes militares. A todos ellos les bloquearon sus bienes por estar involucrados en corrupción, narcotráfico y violación de los derechos humanos.

La Casa Blanca también advirtió que “cualquier persona que se incorpore a la Constituyente se expone a sanciones de Estados Unidos” y que una vez que se instale esta Asamblea ilegal considerarían implementar más sanciones económicas.

A pesar de las protestas, de la advertencia de la comunidad internacional y de las recientes sanciones, la dictadura decidió avanzar con la torpeza: el 30 de julio se impuso, empapada de sangre y represión, la Asamblea Nacional Constituyente a través de un proceso electoral fraudulento. Grave error para Maduro: al día siguiente amaneció sancionado.

Estados Unidos “congelará los activos, prohibirá los viajes y prohibirá las transacciones comerciales el lunes para el presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusándolo de socavar la democracia después de llevar a cabo una elección el domingo para una todopoderosa nueva Asamblea”, se leía ese lunes 31 de julio en el diario estadounidense Miami Herald.

Los duros golpes no bastaban, aunque en Venezuela, a pesar de que se había impuesto la Constituyente, la tensión política en las calles había mermado. Pero para Estados Unidos eso no significaba nada. Ciertamente, la oposición venezolana había anunciado su intención de participar en el proceso electoral de las regionales, pautado para octubre.

El miércoles 9 de agosto el Gobierno de Trump anunció penalizacionescontra ocho nuevos venezolanos. Fue otra respuesta a la decisión del régimen de desmontar la República con la imposición de la Asamblea Nacional Constituyente.

Al hermano del expresidente Hugo Chávez, Adán Chávez; a los prominentes chavistas Francisco Ameliach, Érika Farías, Carmen Meléndez, Tania D’Amelio, Darío Vivas, Hermán Escarrá y al coronel de la Guardia Nacional Bolivariana Vladimir Lugo, les congelaron sus activos y prohibieron cualquier transacción financiera.

Y luego, dos días después, Trump expresó la que ha sido una de sus declaraciones más polémicas hasta el momento:

“Tenemos muchas opciones para Venezuela… No dejamos a un lado la opción militar. Es nuestro vecino. Ustedes saben, tenemos tropas en lugares del mundo que son muy lejos y Venezuela no queda muy lejos”.

Imperó la indignación y la euforia. Luego de años de una política de no-intervención en la región, Estados Unidos planteaba la posibilidad de una incursión militar en Venezuela con el fin de deponer al régimen dictatorial de Maduro. 

Fue un momento decisivo. Un punto de inflexión que forzó a los venezolanos a abrir un nuevo debate. ¿Era posible la intervención militar en Venezuela? ¿Sería esa la única y última esperanza? ¿Sería una exageración? Inmediatamente surgieron reclamos y ovaciones. Algunos, a través de las redes sociales, preguntaban qué esperaba Trump. Otros lo rechazaban categóricamente, sugiriendo incluso que preferían la miseria del chavismo al auxilio de los marines. Pero lo cierto es que, al hacer el planteamiento, Trump demostraba que Venezuela, junto a Corea del Norte, era una de las prioridades de la política exterior de Estados Unidos.

Cada vez era más claro: la crisis en Venezuela sí quitaba el sueño a Washington. Por esa razón, el país regido por Trump asumía la postura de estrangular lo más posible al régimen de Maduro.

El 25 de agosto se asestó otro duro golpe. Ese viernes Estados Unidos anunció la prohibición a la dictadura y a su estatal petrolera, PDVSA, de la venta de nuevos bonos a estadounidenses o a instituciones financieras de Estados Unidos. Asimismo, se prohibió cualquier transacción de bonos existentes del Estado venezolano.

“Con esta operación se está limitando la capacidad del Gobierno de operar en dólares. Esto también va a tener un duro impacto en las operaciones petroleras del país porque estos instrumentos estaban siendo utilizados para financiar las compras que está realizando Petróleos de Venezuela”, dijo al Nuevo Herald, Antonio De La Cruz, director ejecutivo de la firma de asesores Inter American Trends, con sede en Washington.

Se trató de la primera sanción económica contra el régimen dictatorial. Y fue un torpedo directo contra la industria que provee los principales ingresos a ese régimen. A los pocos días la agencia Reuters publicó una nota en la que señalaba cómo las más recientes medidas estaban afectando terriblemente los negocios del chavismo.

Tres fuentes financieras le afirmaron a Reuters que las sanciones de mediados de agosto “han bloqueado algunas de sus exportaciones de crudo [de PDVSA], ya que bancos y fondos de inversión estadounidenses se niegan a entregar cartas de crédito a potenciales compradores del petróleo venezolano“.

Son cortes quirúrgicos que van estrangulando poco a poco a un régimen que se erigió sobre una abundante petrochequera. No se trata de un bloqueo general ni de alguna política de amonestación torpe. Estados Unidos ha aprendido de sus errores del pasado y sabe que ahora el objetivo es cambiar al régimen, no promover un estado de miseria sobre el que el chavismo pueda regir con mayor facilidad.

A la política de exterior de Trump, con respecto a Venezuela, se sumaron otras naciones. Desde la Organización de Estados Americanos (OEA) se ha discutido la grave crisis en la nación latinoamericana. El 3 de noviembre el Gobierno de Canadá anunció fuertes medidas en contra del régimen de Maduro: el dictador y un grupo de 18 funcionarios fueron sancionados. Trece días después, en una reunión informal en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, bajo el mecanismo de la «Fórmula Arria», Venezuela quedó expuesta como un “narcoestado”.

“Venezuela es un narcoestado cada vez más violento que amenaza a la región, al hemisferio y al mundo”, espetó la embajadora estadounidense, Nikki Haley, quien además señaló: “El mundo está cada vez más unido en sus esfuerzos para restaurar los derechos humanos y las libertades fundamentales (…) ¡La justicia llegará a Venezuela!”.

La condena continuó expandiéndose. A principios de noviembre la Unión Europea decidió imponer un embargo de armas y equipos de represión a Venezuela. Pero no fue suficiente. Dos meses después, toda la comunidad acordó aplicar fuertes sanciones a un grupo de funcionarios de la cúpula dictatorial. Ahora se incluía al número dos del chavismo, Diosdado Cabello, en una lista; también al presidente del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno.

Jamás en su historia contemporánea Venezuela había sido condenada por naciones como hoy. Y la iniciativa la tomó Estados Unidos. Es una prueba irrefutable del compromiso del país norteamericano con la urgencia de cambio en Venezuela.

Senadores comprometidos con Venezuela

En junio del año pasado el senador republicano por Florida, Marco Rubio, dijo:

“Hay fuertes alegatos de desertores sobre el involucramiento de un individuo llamado Diosdado Cabello, que en mi opinión personal y basado en lo que he visto, no es un simple líder político, desde mi punto de vista es el Pablo Escobar de hoy en Venezuela, es un narcotraficante”.

No fue un momento de cólera. Rubio lo reafirmó en otras oportunidades. Para él, el número dos del chavismo es un importante líder del narcotráfico en la región. No se trata de declaraciones que se puedan tomar a la ligera. Sugieren bastante. Y en ese momento Rubio demostró su vinculación con la causa de Venezuela.

Ya había abordado el tema en varias oportunidades. El 27 de marzo de 2014, cuando Venezuela atravesaba una fuerte crisis política, Marco Rubio explicó frente al Congreso de Estados Unidos cómo Nicolás Maduro violaba los derechos humanos de manifestantes. En ese momento pidió sanciones y denunció a quienes están vinculados al régimen chavista y viven como ricos en Estados Unidos.

Pero recientemente, la ofensiva ha incrementado. En Twitter, en agosto del año pasado, el senador mantuvo un intercambio de insultos con Diosdado Cabello. Lo llamó “líder narcotraficante”, y el chavista le respondió, llamándolo “Narco Rubio”

Rubio constantemente declara a favor de la lucha democrática en Venezuela. Al fin y al cabo, representa al estado Florida, donde se concentra la mayor cantidad de venezolanos en el exterior. El primero de agosto envió un mensaje a Maduro y aseguró a los ciudadanos de Venezuela que “no están solos”. Luego, el 30 de agosto, se supo que propuso a la administración de Trump un programa temporal que permitiera a los venezolanos permanecer en Estados Unidos.

“A la luz de la actual crisis política, económica, social y humanitaria en Venezuela, no es en el mejor interés de los Estados Unidos deportar a los venezolanos no violentos de vuelta al país en este momento”, señala una carta que envió a Washington.

Rubio es un importante dirigente estadounidense. Fue precandidato presidencial republicano y pudo mantenerse en la contienda hasta casi el final. Goza de relevancia en Washington y aparentemente se mantiene en constante contacto con Trump. Y, a sus esfuerzos, se le unió otro senador, pero del otro partido: Robert “Bob” Menéndez.

Detrás de las cortinas, Menéndez también había estado enfocando sus esfuerzos en colaborar con el retorno a la democracia en Venezuela. En febrero de 2017 fue uno de los firmantes de una carta en la que varios congresistas solicitaron a Trump aplicar sanciones a Venezuela.

Pero ha sido esta última semana cuando Rubio y Bob Menéndez han demostrado su compromiso con Venezuela: enviaron una carta al presidente Trump en la que le aconsejaron imponer sanciones a Diosdado Cabello; también escribieron al fiscal general, Jeff Sessions, para solicitarle que inicie una investigación contra Maduro por su responsabilidad en violaciones de derechos humanos y el tráfico de droga; y, por último, aseguraron que la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, “debe convocar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para una reunión de emergencia sobre Venezuela”.

Si las tres peticiones de los senadores bipartidistas se llegasen a cumplir, Estados Unidos estaría lanzando tres dardos letales al régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Al mismo tiempo, se enviaría un mensaje a la comunidad internacional bastante claro: es momento de aumentar el nivel de presión y trascender las sanciones.

Un peligro para Estados Unidos y una razón para actuar

“Venezuela podría convertirse en un riesgo para Estados Unidos. Los cubanos están allí; los rusos están allí; los iraníes y Hezbolá, están allí”, dijoel director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Mike Pompeo, el pasado 13 de agosto.

Nuevamente, se trata de una declaración bastante delicada que insinúa demasiado, y lo dijo justo después de que Trump planteara la opción militar en Venezuela. Es el director de la principal agencia de inteligencia del mundo quien asegura que la permanencia del régimen dictatorial de Maduro constituye un peligro para Estados Unidos.

Asimismo, hace unos días Pompeo reconoció que la CIA ha sido la principal institución estadounidense que se encuentra detrás de las sanciones de Trump contra la dictadura. Dijo, también, que Venezuela es una de las prioridades del presidente de los Estados Unidos.

“No solo estamos enfocados en Corea del Norte e Irán. Estamos trabajando diligentemente para resolver los problemas en Venezuela, en África”, dijo el director de la CIA luego de una conferencia en el centro de estudios American Enterprise Institute, el pasado 23 de enero.

Es claro: el cambio de régimen en Venezuela es una de las prioridades de Estados Unidos. Lo demuestra el contundente viraje con respecto a la administración anterior: las sanciones, las fuertes declaraciones y los constantes eventos en torno a la crisis en el país latinoamericano.

Hace unos días, para el servicio de radiodifusión internacional de Alemania, DW, el secretario de la OEA, Luis Almagro, dijo: “Démosle una oportunidad a las sanciones. Las sanciones es la última medida diplomática, la medida diplomática más dura. Esas sanciones, no obstante, deben abarcar más. Deben golpear al régimen”.

Almagro dice que las sanciones son la última medida diplomática. Asegura, también, que la peor sanción para Venezuela es la permanencia de Maduro unos seis años más. Son palabras bastante sólidas. Y, al día siguiente, se anunció que Rex Tillerson, el secretario de Estado de Estados Unidos, empezará el primero de febrero una gira por Latinoamérica enfocada en Venezuela.

Visitará Ciudad de México, Buenos Aires, Lima, Bogotá y Kingston. Su visita se asemejaría a la del vicepresidente Mike Pence, en agosto del año pasado, cuando se reunió con varios mandatarios de la región para discutir la crisis de Venezuela. Lo hizo luego de las polémicas declaraciones de Trump, cuando habló de la alternativa de una incursión militar para deponer a Maduro.

Sus esfuerzos se sumarán a los de Marco Rubio y Bob Menéndez, quienes se mantienen vigilantes. También a los del secretario Almagro, cuyo despacho están en Washington y es claro que ha asumido para sí mismo la causa de los venezolanos.

Es una posición que también comparte el resto de la comunidad internacional. Incluso Francia, cuya diplomacia no suele ser frontal ni ha tenido encontronazos importantes con el chavismo, denunció el autoritarismo en Venezuela.

Como señaló Almagro, las sanciones son las últimas alternativas diplomáticas; luego, otras medidas deberán ser tomadas. Y en ese escenario, nuevamente Estados Unidos podría ser precursor.

Pero Tillerson es el Secretario de Estado y, según dijo el exembajador Charles Shapiro en una entrevista al PanAm Post, Estados Unidos podría tratar de “convencer y coordinar” más sanciones económicas contra el régimen venezolano para poder ejercer mayor presión internacional.

Venezuela Eventos de 2017 – Informe de Human Rights Watch – Enero 2018

logo.pngActualmente no quedan en Venezuela instituciones gubernamentales independientes en pie que puedan poner freno al poder ejecutivo. A través de una serie de medidas, el gobierno venezolano —con Maduro en la presidencia y, anteriormente, con Chávez— ha copado los tribunales de jueces que ni siquiera pretenden actuar de manera independiente. El gobierno ha arremetido contra críticos a través de represión en las calles, habitualmente violenta, el encarcelamiento de opositores y el juzgamiento de civiles en la justicia militar. También ha despojado de sus poderes a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.

Debido a la grave escasez de medicamentos, insumos médicos y comida, muchos venezolanos no pueden alimentar adecuadamente a sus familias ni acceder a la atención médica más básica. En respuesta a la crisis de derechos humanos y humanitaria, cientos de miles venezolanos están huyendo del país.

Otras preocupaciones que persisten son las condiciones deficitarias en los centros de detención, la impunidad de violaciones de derechos humanos y el hostigamiento a defensores de derechos humanos y medios de comunicación independientes por parte de las autoridades.

El gobierno venezolano ha empleado en forma sistemática fuerza brutal, incluidas torturas, contra manifestantes críticos del gobierno y opositores políticos.
Persecución de opositores políticos

El gobierno venezolano ha encarcelado a opositores políticos y los ha inhabilitado para postularse a cargos públicos. Al momento de elaboración de este documento, había más de 340 presos políticos en cárceles o sedes del servicio de inteligencia venezolano, según datos del Foro Penal, una red venezolana de abogados defensores penalistas que trabajan ad honórem.

A mediados de 2017, luego de procedimientos sumarios que no respetaron las normas internacionales sobre debido proceso, el Tribunal Supremo de Justicia condenó arbitrariamente a cinco alcaldes opositores a 15 meses de prisión y los inhabilitó para postularse a cargos públicos. Cuando se redactó este documento, uno de ellos estaba detenido en la sede del (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN) en Caracas y los demás habían huido del país. Al menos otros nueve alcaldes estaban sujetos a un mandamiento de amparo cautelar del Tribunal Supremo, que podría llevar a la imposición de similares penas de prisión si se determinara que los alcaldes violaron las disposiciones de esas medidas cautelares.

El dirigente opositor Leopoldo López cumple una condena de más de 13 años de prisión por haber presuntamente incitado a la violencia durante una manifestación en Caracas en febrero de 2014, a pesar de la falta de pruebas creíbles en su contra.

Luego de tres años y medio en prisión, se le concedió a López arresto domiciliario en julio de 2017, pero fue detenido nuevamente en medio de la noche algunas semanas después, tras haber criticado públicamente al gobierno. Esa misma noche, agentes de inteligencia detuvieron al exalcalde opositor Antonio Ledezma, que estaba en prisión domiciliaria desde 2015 y había publicado un video crítico del gobierno poco tiempo antes.

El Tribunal Supremo más tarde emitió una declaración indicando que López no tenía permitido realizar ningún tipo de “proselitismo político” y que Ledezma debía abstenerse “de emitir declaraciones ante cualquier medio”, y añadió además que “fuentes de inteligencia” informaron que tenían un plan de fuga. Ambos hombres obtuvieron nuevamente el arresto domiciliario algunos días después. En noviembre, Ledezma huyó de Venezuela.

Varias otras personas arrestadas en relación con las protestas contra el gobierno de 2014 o acciones posteriores de activismo político permanecen en arresto domiciliario o están detenidas a la espera de un juicio.

Represión de protestas

Entre abril y julio de 2017, miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, junto con grupos armados partidarios del gobierno llamados “colectivos”, han atacado con violencia manifestaciones contra el gobierno, en algunas de las cuales participaron decenas de miles de venezolanos. Miembros de las fuerzas de seguridad han disparado municiones antidisturbios a quemarropa contra manifestantes, arrollado con vehículo blindado a personas que se manifestaban, golpeado brutalmente a personas que no mostraron resistencia y llevado a cabo violentos allanamientos en edificios de departamentos.

Según el Ministerio Público, al 31 de julio al menos 124 personas habían muerto durante incidentes relacionados con las protestas. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indicó en agosto que más de la mitad de las muertes habían sido provocadas por agentes de seguridad o colectivos. El gobierno venezolano afirma que 10 miembros de las fuerzas de seguridad murieron en el contexto de manifestaciones, e informó sobre varias instancias de violencia contra simpatizantes del gobierno.

A fines de julio, antes de que la Asamblea Nacional Constituyente destituyera a la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, su institución estaba investigando casi 2.000 casos de personas heridas en el marco de las protestas. Si bien este número parece haber incluido casos en los cuales los presuntos autores fueron manifestantes y miembros de las fuerzas de seguridad, en más de la mitad de los casos, el Ministerio Público estaba investigando presuntas violaciones de derechos fundamentales.

Entre abril y noviembre, se detuvo a cerca de 5.400 personas en relación con protestas, incluidos manifestantes, transeúntes y personas que fueron llevadas de sus casas sin la orden judicial correspondiente, indicó el Foro Penal. Cuando se redactó este documento, cerca de 3.900 habían recibido la libertad condicional pero todavía enfrentaban causas penales.

Integrantes de las fuerzas de seguridad también han cometido graves abusos contra detenidos que, en algunos casos, constituyen torturas, como violentas golpizas, descargas eléctricas, asfixia y abusos sexuales. La justicia militar ha procesado a más de 750 civiles, en contravención a lo dispuesto por el derecho internacional.

A comienzos de 2014, las autoridades respondieron a manifestaciones masivas contra el gobierno con un uso excesivo de la fuerza. En muchos casos, los miembros de las fuerzas de seguridad mantuvieron a los manifestantes incomunicados en bases militares por 48 horas o períodos mayores, y algunos cometieron violaciones de derechos humanos aberrantes, como violentas golpizas, descargas eléctricas o quemaduras, y obligar a los detenidos a mantenerse en cuclillas o arrodillados, sin moverse, por varias horas.

Ninguna alta autoridad ha sido juzgada por estos abusos.

Asamblea Nacional Constituyente

En mayo, Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente por decreto presidencial, pese al requisito constitucional que exige, para reformar la constitución, celebrar antes una consulta popular. La asamblea está integrada exclusivamente por partidarios del gobierno, designados mediante una elección que tuvo lugar en julio y que Smartmatic, la empresa contratada por el gobierno para verificar los resultados, determinó posteriormente que había sido fraudulenta.

La Asamblea Nacional Constituyente tiene amplios poderes que van mucho más allá de redactar la constitución. En agosto, apenas empezó a funcionar, los miembros de la asamblea asumieron todas las facultades legislativas y destituyeron a la Fiscal General Ortega Díaz —que anteriormente había sido leal al gobierno y, a fines de marzo, empezó a criticarlo— y nombraron a un partidario del gobierno en el cargo. En noviembre, junto con el Tribunal Supremo, quitó la inmunidad parlamentaria al vicepresidente de la Asamblea Nacional Freddy Guevara.

Operación Liberación del Pueblo

A partir de julio de 2015, el Presidente Maduro movilizó a más de 80.000 integrantes de las fuerzas de seguridad en todo el país, en el marco de una iniciativa denominada la “Operación Liberación del Pueblo” (OLP), para hacer frente al agravamiento de la situación de inseguridad. Las redadas policiales y militares llevadas a cabo en comunidades populares y de inmigrantes dieron origen a señalamientos generalizados de abusos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias masivas, maltrato de detenidos, desalojos forzados, destrucción de viviendas y deportaciones arbitrarias.

En noviembre de 2017, la fiscal general indicó que más de 500 personas habían muerto durante redadas de la OLP entre 2015 y 2017. En reiteradas declaraciones, funcionarios del gobierno afirmaron que las muertes se produjeron durante “enfrentamientos” con delincuentes armados, algo que en muchos casos niegan los familiares de las víctimas o los testigos. En varios casos, las víctimas fueron vistas con vida por última vez cuando estaban bajo custodia policial.

Crisis humanitaria

Los venezolanos enfrentan una severa escasez de medicamentos, insumos médicos y alimentos que cercena gravemente su derecho a la salud y la alimentación. En 2017, la ministra de salud venezolana divulgó datos oficiales correspondientes a 2016 que indicaban que, en un año, la mortalidad materna aumentó un 65 %, la mortalidad infantil un 30 % y los casos de malaria un 76 %. Algunos días después, la ministra fue despedida. Según Cáritas Venezuela, los casos de desnutrición severa de niños y niñas menores de 5 años aumentaron del 10,2 % en febrero de 2017 al 14,5 % en septiembre de 2017, lo cual traspasó el umbral de crisis establecido por la Organización Mundial de la Salud.

Independencia judicial

Desde que el expresidente Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional llevaron a cabo en 2004 un copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia, el poder judicial ha dejado de actuar como un poder independiente del gobierno. Miembros del Tribunal Supremo han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes y han expresado de manera pública su compromiso con promover la agenda política del gobierno actual.

Desde que la oposición asumió la mayoría en la Asamblea Nacional en enero de 2016, el Tribunal Supremo ha invalidado casi todas las leyes que se aprobaron. En marzo de 2017, el Tribunal Supremo se arrogó todas las facultades legislativas y dio marcha atrás parcialmente recién cuando se expresaron fuertes críticas en Venezuela y el exterior.

Libertad de expresión

Durante más de una década, el gobierno ha ampliado y ejercido en forma abusiva su facultad de regular los medios de comunicación, y ha reducido la cantidad de medios críticos. La legislación vigente concede al gobierno la potestad de suspender o revocar licencias a medios privados cuando “lo juzgue conveniente a los intereses de la Nación”, permitir la suspensión arbitraria de sitios web en el supuesto de “incitación” —una infracción definida de manera muy vaga— y penalizar las expresiones “ofensivas” sobre funcionarios gubernamentales. Si bien algunos periódicos, páginas web y estaciones de radio critican al gobierno, la autocensura por temor a represalias gubernamentales es muy habitual.

Miembros de las fuerzas de seguridad detuvieron, interrogaron y confiscaron equipos a varios periodistas durante 2017. Se impidió que algunos periodistas internacionales ingresaran al país, o fueron detenidos por informar sobre las protestas contra el gobierno o la crisis de salud. Se quitó del aire a varios canales de noticias de cable y estaciones de radio.

En noviembre, la Asamblea Nacional Constituyente adoptó una “Ley contra el odio” que contiene expresiones imprecisas que socavan la libertad de expresión. Prohíbe a los partidos políticos que “promuevan el fascismo, la intolerancia o el odio” y prevé penas de prisión de hasta 20 años contra quienes publiquen “mensajes de intolerancia y odio” en medios de comunicación tradicionales y medios sociales.

Defensores de derechos humanos

Las medidas gubernamentales para restringir el financiamiento internacional de organizaciones no gubernamentales, sumadas a las reiteradas acusaciones infundadas —realizadas por funcionarios y partidarios del gobierno— de que los defensores de derechos humanos pretenden desestabilizar la democracia venezolana, generan un clima hostil que afecta la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil de promover los derechos humanos.

En 2010, el Tribunal Supremo determinó que las personas u organizaciones que reciban financiamiento del exterior podrían ser juzgadas por traición a la Patria. Ese año, la Asamblea Nacional promulgó una ley que impide a organizaciones dedicadas a la “defensa de los derechos políticos” o el “control sobre los poderes públicos” recibir financiamiento internacional.

Discriminación política

Según se indicó en medios de comunicación venezolanos, cientos de empleados públicos fueron despedidos en 2016 por haber apoyado el referéndum revocatorio del Presidente Maduro, y en 2017 muchos otros fueron amenazados con ser despedidos por apoyar la consulta pública organizada por la oposición contra la propuesta del gobierno de crear una Asamblea Nacional Constituyente. Otros informes indican que un programa gubernamental que distribuye alimentos y artículos básicos a precios controlados por el gobierno discrimina contra los críticos del gobierno.

Condiciones en centros de detención

La corrupción, la seguridad deficiente, el deterioro de la infraestructura, la sobrepoblación, la falta de personal suficiente y la capacitación inadecuada de guardias han permitido que pandillas armadas ejerzan el control efectivo de las cárceles. En agosto, murieron 37 internos —casi la mitad de los detenidos— en el Centro de Detención Judicial de Amazonas en Puerto Ayacucho, y 14 guardias de seguridad resultaron heridos cuando las fuerzas de seguridad habrían intentado tomar el control de la cárcel.

Actores internacionales clave

En marzo y julio, el Secretario General de la OEA Luis Almagro presentó dos informes integrales sobre la crisis humanitaria y de derechos humanos en Venezuela, en el marco de una discusión sobre el cumplimiento, por parte de Venezuela, de la Carta Democrática Interamericana, un acuerdo que tutela las garantías democráticas y de derechos humanos en los Estados Miembros de la OEA. Entre septiembre y noviembre, la OEA celebró una serie de audiencias públicas en las cuales víctimas brindaron su testimonio a tres expertos que evaluaron si los abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas podrían constituir delitos de lesa humanidad.

En agosto, el bloque de comercio regional Mercosur suspendió por tiempo indefinido a Venezuela, aplicando el Protocolo de Ushuaia, un acuerdo que permite al bloque suspender a un miembro cuando haya una “ruptura del […] orden constitucional”.

También en agosto, 17 ministros de Relaciones Exteriores de América se reunieron en Perú para analizar la crisis venezolana. Doce de ellos —11 gobiernos latinoamericanos y Canadá— firmaron la Declaración de Lima, un documento integral que condena la ruptura del orden democrático y la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela. Los 12 manifestaron que no reconocerían a la Asamblea Nacional Constituyente ni a sus resoluciones, se comprometieron a que cesara la transferencia de armas a Venezuela y expresaron preocupación por la crisis humanitaria y la negativa del gobierno a aceptar asistencia humanitaria internacional. También expresaron su voluntad de apoyar esfuerzos que faciliten negociaciones creíbles y de buena fe, orientadas a restablecer pacíficamente la democracia en el país.

El gobierno denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CIDH), y privó así a ciudadanos y residentes de la posibilidad de solicitar la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando no estén disponibles recursos locales o estos no sean efectivos para la reparación de abusos cometidos después de 2013. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sigue dando seguimiento a la situación en Venezuela, aplicando la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que no es un instrumento que esté sujeto a la ratificación por los Estados.

En agosto de 2017, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos difundió un informe que concluyó que las autoridades venezolanas habían cometido violaciones de derechos humanos y abusos extendidos en la respuesta a las manifestaciones contra el gobierno. El “uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva durante las manifestaciones y la detención arbitraria de manifestantes y presuntos opositores políticos denota que no se trata simplemente de actos ilegales o insubordinados de funcionarios aislados”, indicó el informe.

En septiembre, el alto comisionado presentó sus conclusiones al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, indicó que “es posible que se hayan cometido delitos de lesa humanidad” en Venezuela, e instó a que se lleve a cabo una investigación internacional. Numerosos Estados manifestaron preocupación por las violaciones de derechos humanos en el país.

En 2015, el Presidente de Estados Unidos Barack Obama aplicó por decreto sanciones específicas a siete funcionarios del gobierno venezolano. En julio de 2016, el Congreso estadounidense prorrogó hasta 2019 su facultad de inmovilizar activos y denegar visas a funcionarios acusados de abusos a participantes en las protestas contra el gobierno de 2014.

En 2017, el gobierno estadounidense emitió otras sanciones internacionales contra funcionarios venezolanos clave, incluido el Presidente Maduro, así como sanciones financieras que incluyen la prohibición de acuerdos sobre nuevas acciones y bonos emitidos por el gobierno venezolano y compañías petroleras estatales. La amenaza expresada por el Presidente Trump en agosto de usar la fuerza militar contra Venezuela recibió fuertes críticas en la región.

La Unión Europea ha manifestado reiteradamente consternación por el deterioro de la situación en Venezuela, y repudió la represión violenta de protestas pacíficas y la persecución de opositores políticos. En noviembre, aplicó un embargo de armas sobre Venezuela y anunció sanciones específicas a funcionarios venezolanos.

Los esfuerzos internacionales para mediar entre el gobierno y la oposición con el fin de restablecer el orden democrático en Venezuela no han derivado en resultados sustanciales.

Como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Venezuela ha votado reiteradamente contra la evaluación de violaciones de derechos humanos en otros países, y se opuso a resoluciones que alertaban sobre abusos en países como Siria, Bielorrusia, Burundi e Irán.

Crisis venezolana por Human Right Watch – Enero 2018

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