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Maduro buscará la reelección en las elecciones de 2018 por Maolis Castro – El País – 30 de Noviembre 2017

La posible candidatura sería una respuesta a la oposición y a las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos
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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no tiene sucesores en el chavismo por ahora. El vicepresidente Tareck El Aissami anunció ayer que el oficialismo apostará por una ratificación del mandatario en 2018, en unas elecciones sin una fecha marcada. “Ya estamos preparados para lograr una gran victoria revolucionaria”, dijo en un mitin político en el Estado de Aragua. La posible candidatura de Maduro sería una respuesta a la oposición y a las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos contra el régimen, según El Aissami.

“Vamos a tener, Dios mediante, pueblo mediante, la reelección de nuestro hermano Nicolás Maduro como presidente de la República”, dijo el vicepresidente. Sin una fecha oficial para los comicios presidenciales y con una ínfima popularidad, el Ejecutivo ha comenzado maniobras para perpetuar en el poder al polémico jefe de Estado. A finales de julio, el gobierno de Venezuela ha logrado el triunfo de la chavista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que sustituye al Parlamento opositor.

El régimen se ha convencido de que su gestión ha obtenido logros. El Aissami prometió que en un segundo mandato de Maduro el Gobierno consolidaría las “victorias” alcanzadas en 2017, entre las que destacó la elección de la Asamblea Constituyente. Aunque varias encuestadoras indican que la popularidad de Maduro no supera el 20% en el país sudamericano, los resultados de los últimos dos comicios —el de la Constituyente y las regionales, en octubre— han dado el triunfo al oficialismo.

Para la oposición, dividida en varias facciones, no sería un escenario favorable competir en unos sufragios presidenciales con un Consejo Nacional Electoral (CNE) controlado por el régimen. De hecho, la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha desistido de participar en las elecciones municipales, que se celebrarán el próximo 10 de diciembre, por considerar que no existen condiciones de que sean transparentes.

La decisión ha obedecido a los sorpresivos resultados de las elecciones regionales, donde el chavismo ganó 18 de 23 gobernaciones, en octubre. La oposición ha denunciado fraude, pero sus reclamos no han prosperado. Solo la comunidad internacional ha repudiado las posibles irregularidades en los comicios.“Tenemos ya 18 gobernaciones, vamos a tener la gran mayoría de las alcaldías, tenemos la Asamblea Nacional Constituyente y vamos a tener la reelección de nuestro hermano Nicolás Maduro como presidente”, añadió El Aissami ante la militancia.

El senador del Partido Popular Adolfo Suárez Illana, en el centro, logró reunir ayer a dirigentes de la oposición venezolana en la residencia del embajador de España en Caracas, Jesús Silva. De izquierda a derecha, Luis Florido, Henrique Capriles, Jesús Silva, María Corina Machado, Adolfo Suárez, Lilian Tintori, Julio Borges y Henry Ramos Allup.
El senador del Partido Popular Adolfo Suárez Illana, en el centro, logró reunir ayer a dirigentes de la oposición venezolana en la residencia del embajador de España en Caracas, Jesús Silva. De izquierda a derecha, Luis Florido, Henrique Capriles, Jesús Silva, María Corina Machado, Adolfo Suárez, Lilian Tintori, Julio Borges y Henry Ramos Allup.

El aislamiento del régimen

Maduro, el heredero político del fallecido Hugo Chávez, afronta una de las peores crisis económicas de América. Su Gobierno no ha podido superar los descalabros financieros de Venezuela. Es la gestión del desahucio. Maduro no solo es rechazado por los tradicionales partidos políticos opositores de Venezuela. Su aceptación tampoco es plena dentro del chavismo. Muchos ex altos cargos de Chávez se distanciaron de su sucesor. Por ejemplo, Luisa Ortega Díaz, fiscal general destituida por la Asamblea Constituyente y ahora en el exilio, ha sido la desertora más incómoda del régimen de Maduro.

Ortega Díaz se opuso a las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia —otro tentáculo del Ejecutivo— que anularon las competencias del Parlamento opositor, entre marzo y abril. Por esto fue destituida de su cargo y tuvo que huir a Colombia. Hace dos semanas, la exfiscal pidió a la Corte Penal Internacional, en La Haya, una orden de arresto contra el presidente de Venezuela y varios de sus ministros por cometer crímenes de lesa humanidad. “Han cometido crímenes de asesinato, torturas, encarcelación, así como un ataque sistemático y generalizado contra la población civil”, denunció Ortega Díaz.

Los cuerpos policiales venezolanos son señalados de provocar la muerte de varios opositores durante las protestas de abril y julio. Human Rights Watch (HRW) y la organización venezolana Foro Penal denunciaron ayer en un informe que el régimen ha empleado la fuerza de forma sistemática, incluidas las torturas, en contra de manifestantes y opositores políticos.

La actuación de Maduro durante las manifestaciones ha provocado una condena internacional, entre ellas, la de la Administración del presidente Donald Trump. En agosto pasado, el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones al mandatario, a quien acusa de socavar la democracia. La medida consistió en la congelación de activos en EE UU y la prohibición de que ciudadanos o entidades estadounidenses puedan hacer transacciones con el régimen venezolano. Muchos ministros de su Gobierno también han sido sancionados por EE UU y Canadá. El presidente venezolano ha atribuido el empeoramiento de la crisis financiera a estas penalizaciones y la caída de los precios del petróleo.

 

El condominio sospechoso – Editorial El Nacional – 23 de Noviembre 2017

La fuga del alcalde Antonio Ledezma ha sembrado desasosiego en el gobierno. El dictador se burló del sorprendente escape cuando lo comentó por televisión, pero ahora muestra señales de desesperación que descubren muchas de las fallas del régimen en una materia de la cual parecía maestro sin igual: la prisión de los políticos opositores. La aparición del desaparecido en Cúcuta y después en Madrid lo hizo quedar en un ridículo supremo.

Se los regalo con lazo y todo, dijo Maduro frente a las cámaras, quédense con ese vampiro en España, que aquí no hace falta. Bríndenle copas en la Gran Vía, para que se tome las que aquí le quitamos del botiquín. Ese fue el estilo de la reacción del dictador, como si estuviera frente a una minucia doméstica que se resuelve con un simple comentario ocasional. ¿Se ajustó a la magnitud del fracaso que debía asumir, a la trascendencia de un hecho que se burla de la opresión y de la represión que son características de su dictadura?

Ya en la oficina y rodeado de su camarilla, ordenó la prisión del presidente del condominio, del conserje y del técnico de las cámaras de seguridad del edificio en el cual habitaba Ledezma. Sin orden judicial y sin el respeto mínimo de los procedimientos legales, se apresuró a encarcelarlos para que dieran cuenta del fugado. También ordenó la prisión de la administradora de la Alcaldía Metropolitana, supuestamente relacionada con el suceso que pretendió subestimar en una primera aparición pública, pero que lo lleva por la calle de la amargura.

Algo está podrido en la trama de la represión. No todo es matemático y perfecto en el terreno de las ergástulas y los vejámenes, aun cuando sucedan en el domicilio del prisionero. Maduro descubrió que su manera de apersogar a los rivales tiene fallas, que hay goteras de sobra en las Rotundas más encarecidas y mimadas de su autocracia. Se le han escapado detalles que jamás hubieran sorprendido al maestro Juan Vicente Gómez, mucho menos al experimentado Pedro Estrada.

Parece que se perdieron las instrucciones de los esbirros, de esos muchachos tan confiados y tan seguros de la víspera que se olvidaron de seguir los ejemplos admirables de Nereo Pacheco y el bachiller Castro. Tanto que los había ponderado desde su cátedra, en una miserable pérdida de tiempo.

Pero, mucho peor, descubrió que hay personas, aun dentro del mismo sistema opresivo que ha impuesto, dispuestas a participar en la liberación de los presos políticos. Los postigos que apenas aseguró de prisa son quebrantados por ciudadanos comprometidos con la libertad que los burlan cuando tienen ocasión, así actúen como carceleros, o bien porque un sentimiento de solidaridad los pone en movimiento desde la calle.

De allí el exitoso periplo del alcalde Ledezma desde su residencia hasta Cúcuta, después de burlarse de una veintena de alcabalas supuestamente atentas. De allí la absurda prisión de unos ciudadanos cuya función consiste en cuidar la rutina de los vecinos en un lugar de propiedad horizontal. Ya nada es horizontal en su vida, señor Maduro, entre otros motivos porque está buscando en el lugar equivocado.

Escupir para arriba por María José Ferreiro – Blog Polis – 18 de Noviembre 2017

Muchos que me leen me conocen personalmente, saben que divido mi tiempo entre Bogotá y Caracas por motivos de trabajo. Para el 2018, tendré que añadir un nuevo país: Perú. Me gusta viajar, pero sufro de aerofobia. Créanme que no es fácil dominar una fobia. Leo a mucha gente en Twitter, no hago lo mismo en Facebook o Instagram, ya que considero el mundo de las redes sociales como una burbuja adictiva, donde uno entra y sale por distintos motivos.

Viví en primera persona gran parte de las protestas de este año, vi lo que sucedió en las calles, y vi lo que sucedió frente a mi casa cuando la GNB nos dispensó una “cordial” visita: ese día puse a prueba mi extenso repertorio de maldiciones y groserias. También vi a los guarimberos saboteando marchas, vi a la resistencia, la de verdad, enfrentando a la GNB, tragué una que otra dosis de “gas del bueno”, saqué fotos, hice denuncias, conversé con gente, me senté con chavistas para saber que pensaban. He escrito varias veces en mi cuenta de twitter que tengo amigos chavistas, y eso me ha ganado muchos insultos. De estos amigos cuento con una mano, y me sobran dedos los que aún apoyan a este régimen. En cada uno de esos días de protestas, había una pregunta que me repetía mentalmente: ¿cuanto más se podrá aguantar? No era sólo el cansancio, la parálisis de tantas actividades, lo más grave eran los asesinatos por los esbirros, los miles de heridos (algunos sin recuperarse todavía) los miles de detenidos juzgados sin justicia, el llanto, el dolor y desesperación de las familias, los asaltos a domicilios de madrugada, y una vez más: “haz esta cola, llegó el arroz, no hay pan.”

Día, tras día, sin descanso. Jamás, nunca, se estuvo en la calle por o para la MUD, y aquí hago énfasis en el uso de las preposiciones, que algunos en su ligera e ignorante lectura pasan por alto: POR, PARA. Convocar, no es un para o por. De hecho, también leía a quienes le exigían a la MUD mayor conducción en las protestas. Hubo un momento en que ya ni los puntos de concentración se cumplían. Y llegó un momento en que la GNB ya no permitía concentrarse en ningún punto, la represión no lo permitía. Esos fueron los peores días. También vi con el desgaste de la gente y la horrible represión, como pequeños grupos vandálicos iban tomando protagonismo: llegaban, rompían todo, amenazaban a la gente, asaltaban vehículos, merodeaban, y ninguno terminaba detenido. Grupos que aún hoy en día aparecen y desaparecen, sin que se sepa de donde vienen, si responden a algún interés, o como es que operan. No, estos grupos no son la resistencia que yo vi y reconozco.

Es increible como desde Miami, España, Argentina, México y otros países, dicen que la calle se desmanteló ¿La calle es un casa de lego que se desmantela?. Que la callé se enfrió. Claro que se enfrió, la sangre enfría, el cansancio enfría, el dolor enfría, el miedo enfría, sobre todo cuando después de 4 meses quieres ver algo más que un batallón de la GNB pateándote, disparándote, y arrastrándote a una celda. La más absurda de todas las quejas, favorita de los off shores: la MUD enfrió la calle. Esto es un insulto para miles de personas que protestaron en todo el país, que tragaron gas, que vieron sus hogares asaltados de madrugada por los esbirros de la GNB. ¿Creen realmente que la MUD giró una orden y listo, obedecimos como borreguitos escuchando a su comandante? Hay que tener mucha soberbia y poca capacidad de discernimiento para pensar semejante desfachatez.

Cuando se convocaron a elecciones regionales, elecciones que el régimen suspendió ilegalmente en el 2016, y no quería realizar, ya la calle estaba sóla por razones lógicas que algunos no quieren ver. Estos mismos levantan su queja desde el teclado porque no se siguió adelante “epa, sal a la calle, tienes que hacer esto…que estás esperando, es que no tienen bolas, así no se va a salir de la tiranía”. Para mandar a hacer, el ser humano es muy diligente. Les pregunto a estas personas ¿no sería más noble, valiente y solidario de su parte, ayudar con medicamentos a los cientos de heridos por la represión y que todavía no se recuperan? ¿Aportar con comida a los cientos de detenidos en las cárceles?

Y es aquí donde insisto en un factor común: la mayoría de quienes escriben los reclamos de calle, ya no viven en Venezuela, no todos, obviamente, pero sí una gran parte que se expresa en las redes sociales. A estos tengo algo que decirles con respeto, y honestidad. Sepan, que nadie, sino ustedes mismos, son los responsables de esa frustración que rumian porque se fueron. Sepan, que el dolor que sienten por haberse tenido que ir de su país, para tener una vida mejor, a la cual tienen derecho, no los hace especiales, únicos, o los reyes del lugar que hay que consolar porque les duele mucho. Sepan, que su “dictadura no sale con votos” es una cachetada a millones de personas que no se van a ir de Venezuela, que no tienen a donde ir, o no tienen como irse. Sepan, que su derecho a opinar no está por encima del derecho a responderles. Sepan, que esto es demasiado doloroso para que ustedes, yo, o el otro pisoteen las heridas. Sepan, que la MUD no es perfecta, que es un manojo de errores, pero que a nivel político es lo mejor que hay. Sepan, que tienen razones comprensibles para sentirse como se sienten, pero también deben aprender a valorar a quienes están en otra posición, sintiéndose, quizás, igual a ustedes, o hasta peor porque no saben si van a tener que comer en la noche o tienen a un ser querido injustamente detenido.

No, la MUD no enfrió la calle, ¿cómo podría hacerlo? Si usted es el que dice que con las elecciones regionales se enfríó la calle, entonces está diciendo que la gente que estaba en la calle solo quería elecciones regionales y por eso se retiró. Piense, no duele, es un ejercicio muy útil. Por nada en el mundo me pondría en el lugar de cualquier dirigente político, porque su responsabilidad es muy, muy difícil de calzar. Y me refiero a la dirigencia que asume responsabilidades, no la de adorno o consignas que se dedica a reaccionar contra lo que otros hacen. La calle se enfrió porque somos humanos y la calle duele, sangra, se muere en ella, y si terminas en una cárcel, es mejor que te encomiendes a todos los santos, porque ya no serás dueño de tu vida, los militares lo serán. Ellos decidirán si vives o mueres, ellos decidirán hasta tus horas para ir al baño, si es que hay un baño. Ellos decidirán si te rapan el pelo, si agonizas por unos días, o si te dejan un rato más en una celda inmunda antes de que vuelvas a ver la luz del sol. ¿Quién está dispuesto a eso? Decirle a la gente que haga lo que no se está dispuesto a hacer, es una bajeza.

El régimen por supuesto que no saldrá sólo por el voto, tiene que haber una conjugación de muchos factores, y poner todos a funcionar con efectividad, sin que uno excluya al otro, es una tarea titánica. Esto no va a cambiar hasta que se alcance el punto máximo de oscuridad, y ahí estamos entrando con el fraude del domingo 15 de Octubre: así que, abróchense los cinturones. Si usted es el que se levanta y pone una foto de una marcha de hace 8 o 6 años diciendo que perdió el tiempo porque Chávez no se fue: usted no conoce a su país, ni lo que ha pasado en el. Sufrir consecuencias, no significa necesariamente conocimiento. Jamás entenderé como repitiendo con tono fuerte que el régimen es una narco dictadura, puede al mismo tiempo quejarse de que fue a una marcha y el régimen no cambió, o fue a 100 marchas, y el gobierno no cayó. ¿No le parece que hay contradicción en eso? Piense, es muy útil. Al final, su frustración, no es una competencia con la mia. Su vivencia, no está por encima de la de otro, y lo que usted dice: “se sabía”, aún quien actúa distinto a usted, también lo sabe.

La vida es difícil, la vida duele, la vida no es rosa, la vida puede ser muy gris, y a pesar de eso, hay que levantarse todos los días y salir adelante. La vida no responde a lo que queremos, sino a lo que construimos en consecuencia de las decisiones que tomamos. Unas veces nos equivocamos, y toca volver a empezar, otras veces nos va bien, otras no tanto: pero seguimos, seguimos hasta que dejamos este mundo, es sólo en ese momento en que se terminan todas las opciones.

“Noches de terror”: dictadura venezolana irrumpe en hogares para intimidar a manifestantes por Sabrina Martín – Panampost – 30 de Octubre 2017,

El modus operandi es enviar a fuerzas de seguridad y grupos armados para que ingresen a los hogares, hagan destrozos, amenacen a los propietarios y pongan bajo a resto a algunas personas.

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Una vez más la ONG Amnistía Internacional se pronuncia ante los ataques represivos por parte del régimen de Nicolás Maduro; la organización denunció una campaña “despiadada” de allanamientos ilegales a viviendas de personas de la disidencia. Para AI, se trata de una nueva táctica represiva que consta de llevar a las fuerzas de seguridad del Estado a los hogares de los venezolanos para irrumpir violentamente.

De acuerdo con el informe Noches del terror: Ataques y allanamientos ilegales a viviendas en Venezuela, Amnistía Internacional revela que en los últimos meses el régimen encontró esa nueva manera para intimidar a los venezolanos y disuadirlos para evitar que participen en las manifestaciones contra la dictadura.

El modus operandi es enviar a fuerzas de seguridad y grupos civiles armados para que ingresen a los hogares. Una vez allí, estos destrozan las viviendas, amenazan a los propietarios y se llevan detenidos a algunos de los habitantes.

“En Venezuela no hay un lugar que esté a salvo del retorcido poder de las fuerzas de seguridad. Ni siquiera el propio hogar”, afirmó Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, y denunció que

“Las autoridades venezolanas han descubierto una forma nueva e inquietante de reprimir a la disidencia en su afán, aparentemente interminable, de infundir miedo a la población. Han trasladado la represión de las calles a las salas de estar de casas particulares. La gente tiene derecho a sentirse segura en su propio hogar”.

El documento cuenta con una extensa descripción de al menos 47 allanamiento ilegales en 11 estados del país durante las protestas que se llevaron a cabo entre abril y julio de 2017. Manifestaciones que dejaron más 120 personas fallecidas tras la brutal represión del régimen de Maduro.

Personal experto de Amnistía Internacional visitó a las víctimas. Las personas afectadas contaron que agentes de seguridad y hombres armados, que presuntamente pertenecían a grupos armados ilegales avalados por el Gobierno, habían irrumpido violentamente en sus casas sin una orden judicial y sin dar explicación alguna del motivo por el que estaban allí.

Estos allanamientos suelen ir acompañados de amenazas de muerte y de violencia, tanto verbal como física, que incluye usar material antidisturbios y disparar botes de gas lacrimógeno al interior de las casas.

Las fuerzas de seguridad habrían derribado puertas, ventanas y, en algunos casos, se habían apropiado de objetos de la casa. También hubo asesinatos a mascotas de los propietarios.

“Quitaron la luz, destrozaron los condominios, los ascensores. Parecía una batalla campal y en muchos apartamentos robaron. Las bombas (lacrimógenas) llegaban arriba, mi nieto de seis años se estaba asfixiando”, relató Iraida Malavé, de 62 años.

El informe destaca que hay “evidencia de que, inmediatamente después de las manifestaciones, los cuerpos de seguridad del Estado se dirigían hacia el interior de los edificios y zonas residenciales”. Sin embargo, algunos allanamientos se producían “muchas horas después”, y en unos y otros se incumplía la propia legislación venezolana que exige una orden judicial para los registros domiciliarios.

“Varias víctimas dijeron a Amnistía Internacional que temen que haya otra incursión en su casa en cualquier momento y tienen problemas para dormir. Debido a la escasez crónica de mercancías en Venezuela, algunas de estas personas no han podido reparar los daños sufridos a causa del allanamiento y ahora viven sumamente expuestas en casas sin puertas”.

Funcionarios llegaban en las noche, con agentes y paramilitares protegidos con tanquetas y vehículos blindados, bajo una tormenta de gases lacrimógenos, disparando perdigones, derribando vallas y rompiendo puertas.

El patrón de actuación incluía la búsqueda de hombres jóvenes de entre 15 y 25 años, calificados como presuntos “guarimberos” o “protestantes”. Se los llevaban sin orden judicial y sin capturarlos en flagrancia.

Fue justamente en abril cuando la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, admitió por primera vez sobre las detenciones arbitrarias de opositores y denunció las constantes violaciones a los derechos humanos. Ortega señaló que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detenían a manifestantes opositores y los entregaban al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) sin describir en qué situación de flagrancia fueron hallados.

 

Dictadura y medios de comunicación en Venezuela – Editorial El Nacional – 30 de Octubre 2017

En los últimos años, los ataques contra periodistas y medios de comunicación en Venezuela se han convertido en un foco de constante preocupación para la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP. Entre quienes asisten a las asambleas anuales o a las llamadas reuniones de medio año, los relatos sobre las condiciones en que se ejerce el periodismo en Venezuela son motivo de verdadero asombro. Año tras año, los informes –basados en testimonios de primera mano– ofrecen un cuadro cada vez peor. Una pregunta se repite encuentro tras encuentro: si es posible que las cosas puedan ser todavía más hostiles.

El informe que me ha correspondido presentar en la 73 Asamblea General en Salt Lake City, durante el fin de semana que acaba de pasar, resume, de forma inequívoca, dos realidades: se ha producido a lo largo de este 2017 un agravamiento de la persecución a periodistas y medios de comunicación, y se han creado condiciones para que el ejercicio del periodismo adquiera unas proporciones tan riesgosas como nunca antes en la historia venezolana.

La sola extensión de la cronología que sintetiza cada uno de los episodios, apenas unas pocas líneas de cada uno, se extiende por casi 60 páginas. Es tal la cantidad de violencia ejercida, tantos los formatos del desafuero que no hay lector del mismo, por muy informado que esté de lo que ocurre en Venezuela, que no lea con perplejidad los datos que se aportan.

¿Cómo resumir en el espacio de un artículo semejante y múltiple campaña de hostigamiento, persecución y detenciones? Es probable que esto no sea posible, que nada sustituya el paciente repaso de los hechos. Lo que sí es posible es intentar mostrar cuatro conclusiones inequívocas, que se desprenden de lo ocurrido.

Uno: en el contexto del programa de represión generalizada contra la sociedad venezolana, que tiene a unidades de la Guardia Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana y a grupos paramilitares como sus principales operadores, hay toda una línea de ejecución en contra de la acción de periodistas, en contra del reporterismo.

Dos: para la ejecución de estas acciones, a las que me referiré más adelante en este artículo, los funcionarios han sido entrenados e ideologizados. Existe una clara diferencia entre quien cumple una orden y quien la realiza estimulado por el odio. Los testimonios de centenares de reporteros, fotógrafos, camarógrafos y de ciudadanos que accionaron sus móviles o sus cámaras durante las protestas refieren que uniformados y paramilitares actúan con una rabia desmedida. Las frases que profieren –que a menudo se repiten en distintas regiones del país–, las modalidades de actuación, la virulencia de la acción física, el contenido de las amenazas, toda la data disponible revela con creces no solo la existencia de patrones, sino de órdenes recibidas de evitar, violentando el marco legal y los derechos humanos y políticos, que los periodistas hagan su trabajo.

Tres: a los funcionarios se les ha garantizado la impunidad. No solo lo revelan los extremos y la ferocidad de los hechos, sino las palabras de los propios funcionarios que, amenazantes y descaradas, repetían que no les castigarían por los abusos y violencia cometidos: que sus jefes les habían garantizado que ninguna acción legal les castigaría posteriormente.

Cuatro: algo muy importante, que tiene apariencia de ser un matiz y no lo es: lo deliberado de este programa de represión en contra de medios de comunicación. Durante los días de las protestas, voceros del gobierno justificaron las acciones en contra de los periodistas como accidentes, como hechos que ocurrían en la confusión o el desorden propios de las protestas. Esto es falso. El seguimiento, caso a caso, del modo como se desarrollaron las cosas, no deja lugar a dudas: los funcionarios de la GNB, de la PNB y los paramilitares bajo sus órdenes salieron a la calle con dos tareas diferenciadas y complementarias: reprimir a los ciudadanos que ejercían su derecho a la protesta, y reprimir a los periodistas que ejercían su derecho de informar.

¿Y cómo lo hicieron? Amenazando. Impidiendo el acceso. Expulsando a golpes de las zonas en que ocurrían los hechos. Robándose los equipos. Atracando a los reporteros. Golpeándoles con furia. Obligando a sus portadores a borrar de la memoria de sus equipos las fotografías o los videos que habían grabado. Prohibiendo el ingreso al país. Expulsando a corresponsales del territorio venezolano. Deteniendo a profesionales que hacían su trabajo. Pateándoles cuando ya habían sido lanzados al pavimento. Lanzándoles bombas lacrimógenas al cuerpo. Apuntándoles y disparándoles. Asfixiándoles. La lista, que no acaba aquí, revela que se emitió una orden, un amplio permiso, que autoriza que la acción en contra de los periodistas sea de carácter ilimitado, lo que incluye la acción de los tribunales.

Frente a toda esta brutalidad organizada por la dictadura, la reacción de los profesionales del periodismo, así como de los reporteros ciudadanos, ha sido admirable. La prueba del coraje está en los cientos de miles de documentos de diversa índole, que son pruebas irrefutables de la violencia que el Estado y algunos de sus órganos han ejercido contra personas indefensas que ejercían derechos consagrados en la Constitución.

A quien me ha preguntado si la represión logró doblegar la responsabilidad democrática de los profesionales del periodismo venezolano, respondo con hechos: la resistencia y la voluntad profesional se mantiene intacta, y no dejan de expresarse, en forma de noticias y de opinión fundamentada en los hechos, día a día.

 

El crimen como estrategia política en América Latina por Héctor Schamis – El País – 28 de Octubre 2017

Una dictadura militar gobernó Argentina entre 1976 y 1983. Según aquel régimen, el país estaba sufriendo la agresión de grupos armados, agentes del marxismo internacional. Buscaban la toma del poder a efectos de implantar un orden social y político contrario a la historia argentina y sus tradiciones. Así pregonaba la propaganda oficial del llamado Proceso de Reorganización Nacional.

Dio forma a una nueva concepción de la guerra dentro de la institución militar. El enemigo no era un país extranjero planeando una invasión. No portaba bandera ni vestía uniforme. Estaba en casa, con atuendo civil y confundido con el resto de la población. Por ello se trataba de un estado de guerra interna. Para vencer había que actuar clandestinamente, tal como lo hacía ese enemigo.

Derechos Humanos y corrupción

La represión fue ilegal e indiscriminada. Ocurría generalmente por las noches, atemorizando a la población. Estaba a cargo de personas sin uniforme, conduciendo vehículos sin identificación con los que secuestraban y llevaban a sus víctimas a centros de reclusión secretos. Allí eran torturadas y luego ejecutadas, desaparecían. No era una guerra convencional, repetían los jerarcas militares, sino una guerra “sucia”.

Tan sucia que el General Ibérico Saint Jean, prominente funcionario de aquel régimen, la describió en mayo de 1977 con una verdadera confesión de parte: “Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes y, finalmente, mataremos a los tímidos”.

Así operaba el terrorismo de Estado. El enemigo a eliminar era todo aquel que pensara de otro modo. O aún quien no quisiera involucrarse, los indiferentes y los tímidos.

Junto a otros oficiales, Saint Jean fue procesado por 61 casos de privación ilegal de la libertad y tormentos, y 33 casos de homicidio, crímenes imprescriptibles y de jurisdicción universal. A la espera de la sentencia, falleció en octubre de 2012.

Crímenes como aquellos, en Argentina y en otras latitudes, motivaron la elaboración del Estatuto de Roma en 1998, tratado fundacional de la Corte Penal Internacional. Allí se definen y tipifican los crímenes de lesa humanidad: ataque sistemático contra una población civil que comprenda, entre otros, el asesinato, la deportación y desaparición forzada de personas, los actos de violencia sexual, y la encarcelación, tortura y persecución de un grupo basada en motivos políticos.

Inevitablemente, el ejemplo argentino viene a la memoria cuando se discute si los abusos del régimen de Maduro califican como crímenes de lesa humanidad. Ocurre que los testimonios de las víctimas, los documentos del régimen y las propias declaraciones de los altos funcionarios chavistas son un viaje a la Argentina de Videla, solo que en el espejo: lo que esta a la derecha se ve a la izquierda y viceversa.

En Venezuela también existe un estado de guerra interna contra la población civil. El llamado Plan Sucre, elaborado en secreto y filtrado en 2012, convierte a la institución militar en un ejército de milicianos, fijándose el objetivo de alistar dos millones de ellos hacia el año 2019. Divide al país en regiones militares, concibiéndolo como un teatro de guerra, “popular y prolongada” es el argot usado.

La influencia cubana es más que lenguaje. El soldado profesional y apolítico deja su lugar al combatiente. El enemigo está adentro, es el civil en posesión de “otra” ideología. Dichos cambios conceptuales reaparecen en el Plan Zamora de abril de 2017. Elaborado por Maduro para contener las protestas, sin embargo, a través de él se ejecutan los principios doctrinarios expuestos con anterioridad en el Plan Sucre.

El Plan Zamora recrea al país como “teatro de operaciones” con el objetivo de restaurar el orden frente a enemigos internos. Se incluyen en esa categoría a las fuerzas opositoras y los partidos políticos, supuestos agentes del imperio “desleales a las ideas e intereses del país”.

Maduro también libra una guerra sucia contra civiles desarmados. Así lo afirmó el pasado 18 de julio al lanzar “Un Plan Especial de Justicia de Emergencia combinado con el Tribunal Supremo de Justicia, la justicia militar, los órganos policiales, el Mayor General Reverol, la Vicefiscal General de la República, para la búsqueda, captura de todos estos conspiradores, y para el castigo ejemplar”.

La metodología represiva entonces cobra sentido: es ilegal e indiscriminada, sistemática. Persigue objetivos políticos. Se auto-justifica por las protestas de 2017, pero la noción de guerra interna las precede. Es el componente central en el diseño de un orden político totalitario; orden político que comienza a tomar forma concreta con la Asamblea Constituyente pero que fue pensado mucho antes. En tal caso, la revuelta de este año es la excusa conveniente y oportuna.

Como con Videla, Saint Jean y las otras dictaduras del cono sur, como con el Plan Cóndor y la coordinación represiva sudamericana, persiste en América Latina el crimen como estrategia política. Los planes Sucre y Zamora son el Cóndor de hoy, pero de Venezuela y Cuba.

 

Familiares de víctimas de represión documentan crímenes de lesa humanidad por Rafael León – La Patilla – 4 de Octubre 2017

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El Comité de Familiares y Víctimas de la Represión y Presos Políticos de Venezuela denunciará ante la Organización de Estados Americanos los casos de crímenes de lesa humanidad que se habrían cometido durante las protestas de 2014 y 2017, acusación que se encuentra bajo investigación de esa instancia internacional para determinar si el gobierno de Venezuela cometió delitos de esa naturaleza y, por consiguiente, remitir el caso a la Corte Penal Internacional, publica El Nacional.

Durante la tercera audiencia pública del ciclo de sesiones de la OEA que investiga los posibles casos de lesa humanidad, la activista de los derechos humanos, Lilian Tintori, junto con un grupo de parientes de las víctimas fatales de la violencia del Estado y de presos políticos, grabaron un video en Caracas que será enviado al secretario general de la OEA, Luis Almagro, así como al ex fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, para sustentar la denuncia contra el gobierno de Nicolás Maduro que hizo la abogada venezolana Tamara Suhú el pasado 14 de septiembre.

La esposa de Leopoldo López, preso político, denunció que durante las protestas el gobierno empleó el patrón de disparar hacia la parte superior de los cuerpos de las víctimas. Indicó que durante los 2 períodos de protestas, 37 personas fueron asesinadas de tiros en el cuello o en la cabeza, disparados por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, Policía Nacional Bolivariana, cuerpos policiales estadales y grupos de civiles armados.

Tintori explicó que, de acuerdo con el registro de las ONG Justicia, Encuentro y Perdón, y el Foro Penal Venezolano, son 128 las personas asesinadas durante los 4 meses de manifestaciones de este año; 15.000 heridos aún están convalecientes y que hay 487 presos políticos sometidos a torturas constantemente.

Sin anestesia ni quimioterapia

Cecilia de Sousa manifestó que a su hermano, Juan Miguel de Sousa, que se encuentra en el Hospital Militar tiene cáncer de próstata y no le han realizado las quimioterapias.

Denunció que el ingeniero, que fue detenido en 2015 y aún no ha tenido audiencia, estuvo en La Tumba, aislado en una celda de 15 metros de profundidad, sin luz solar y a bajas temperaturas, donde le realizaron un tratamiento odontológico, sin anestesia y con un taladro manual.

“El médico solicitó una biopsia de emergencia, pero se la hicieron 45 días después porque se negaban a trasladarlo”, expresó.

Informó que solicitaron una vez más una medida menos gravosa de privación de libertad ante el tribunal que conoce la causa, para que su hermano pueda comparecer en su domicilio, pero a la fecha no han obtenido respuesta.

“Rogamos a Dios por la justicia”

El sargento Rubén Bermúdez, que fue detenido durante una cita de la Dgcim por presunto intento de golpe de Estado este año, requiere ser operado del ojo y hasta la fecha las autoridades han hecho caso omiso, y no han dado respuesta al caso. “Rogamos a Dios por la justicia. Él no ha cometido ningún delito”, manifestó su hermana Odalys Bermúdez.

Denunció que desde que fue detenido permaneció 55 días aislado, estuvo 15 días sin aseo personal y sin comida, luego fue trasladado a Ramo Verde, y en mayo lo recluyeron en la 26 de Julio, en Guárico, sin informar a los abogados ni a familiares de la causa.

Indicó que no tiene ni siquiera la fecha de audiencia y que la defensa no ha tenido acceso al expediente. En todo ese tiempo no le han permitido la visita de sus hijos.

Sin despacho a la libertad

Yon Goicoechea, dirigente de Voluntad Popular que fue detenido por unos hombres sin identificación el 29 de agosto del año pasado y que tiene boleta de excarcelación, ha sido sometido no solo a tratos crueles e inhumanos sino a la omisión del tribunal que lleva la causa, el cual permanece sin despacho desde hace un año, denunció su madre, Luz Lara.

“Vivimos una agonía. Nada nos garantiza su vida ni su libertad”, expresó. Relató que su hijo se encuentra injustamente preso y que ha sido sometido al aislamiento en cuartos de castigos de Ramo Verde, como el Tigrito, donde estuvo encerrado con bolsas de basura, sin ver el sol ni ventilación, y sin visitas de sus hijos. Informó que este mes el gobierno debe responder la solicitud de liberación hecha por la ONU.

“El responsable es Maduro”

“Salga lo que salga en las investigaciones, el único responsable es Nicolás Maduro Moros, porque si él no estuviera haciendo una mala gestión, ninguna persona hubiese estado en la calle protestando ni mi hijo enterrado”, manifestó Zugeimar Armas, madre de Neomar Lander, joven de 17 años de edad, quien murió en la avenida Libertador durante una protesta que era reprimida por la Policía Nacional Bolivariana.

Informó que a cuatro meses de la muerte de su hijo, no han tenido resultados de las investigaciones. Solo le han informado que esperan por las pruebas químicas forenses. Indicó que aunque ella llevó a los testigos a comparecer ante el Ministerio Público, los funcionarios de la PNB que reprimieron la manifestación no han sido llamados a declarar.

Disparos a la cabeza 2014: Robert Redman, 28 años de edad, Bassil Da Costa, 23 años de edad,  Génesis Carmona, 21 años de edad, Jesús Acosta, 22 años de edad, Geraldine Moreno, 23 años de edad, Guillermo Sánchez, 42 años de edad, Juancho Montoya, 53 años de edad, Willmer Caravallos, 41 años de edad,  Wilfredo Rey, 32 años de edad,Cliver Roa, 14 años de edad

Victimas 2017: Daniel Queliz, 20 años de edad (Policarabobo), Carlos Moreno, 17 años de edad (colectivos), Tony Canelón, 32 años de edad, tiro en el cuello (GNB), Kevin León, 19 años de edad (colectivos), Luis Márquez, 52 años de edad (colectivos), Orlando Medina, 22 años de edad (colectivos), Eyker Rojas, 20 años de edad (GNB), Hecder Lugo, 20 años de edad (GNB), Armando Cañizález, 18 años de edad, disparo de metra en el cuello (GNB), Anderson Dugarte, 31 años de edad (Colectivos), Yeison Mora, 17 años de edad (GNB), Manuel Castellano, 46 años de edad (GNB), Jhon Quintero (colectivos), Augusto Pugas, 22 años de edad (Polibolívar), José Pérez, 20 años de edad (colectivos), Nelson Arévalo, 22 años de edad (colectivos), Jonathan Zavatti, 25 años de edad (colectivos), Ísael Macadan, 18 años de edad (colectivos), Roberto Durán, 24 años de edad (colectivos), Alfredo Figueroa, 19 años de edad (colectivos), Ramsés Martínez, 20 años de edad (colectivos), Janeth Angulo, 55 años de edad (GNB), Gilimber Terán, 16 años de edad (colectivos), José Leal, 18 años de edad (Plan República), Eduardo Orozco, 19 años de edad (Conas), Luis Espinoza, 16 años de edad (GNB)

 

Ejecución de la Convención de Palermo a Maduro y su grupo por Carlos Sánchez Berzaín – Diario Las Americas – 17 de Septiembre 2017

opinion-carlossanchezberzain.jpgLa situación es muy grave y clara en cuanto a la urgencia de aplicar la Convención de Palermo desde terceros estados, pues las acciones del derecho interno en Venezuela están en manos de los criminales que permanecen en el poder para garantizar su impunidad.

La “Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional” (Convención de Palermo) tiene competencia plena sobre los detentadores delictivos del poder en Venezuela. La finalidad, definiciones, ámbito de aplicación, vigencia y ratificación, hacen de este instrumento, el idóneo para procesar, capturar y sancionar a Nicolás Maduro y su “grupo de delincuencia organizada” por “delitos graves” con los que obtienen “beneficios económicos y materiales”. Es tiempo de acciones criminales en los países donde los delitos de Nicolás Maduro y su grupo tienen efectos, procesos que ordenen su captura y juzgamiento.

La ejecución e inicio de los procesos puede hacerse en los estados en que los delitos se hayan preparado, cometido o tengan efectos sustanciales. La Convención de Palermo determina que “el delito será de carácter transnacional si: a) Se comete en más de un Estado; b) Se comete dentro de un solo Estado pero una parte sustancial de su preparación, planificación, dirección o control se realiza en otro Estado; c) Se comete dentro de un solo Estado pero entraña la participación de un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un Estado; o, d) Se comete en un solo Estado pero tiene efectos sustanciales en otro Estado”.

El Código Penal de la República Bolivariana de Venezuela establece en sus Arts. 174 al 181 agravados por el Art. 203 penas privativas de libertad de 4 a 6 años por privación de libertad por funcionarios, atropello a presos y otros delitos; además establece en sus Arts. 405 al 414 penas privativas de libertad de 5 a 18 a años por homicidio, homicidio culposo, lesiones graves y otros, más agravantes; impone penas privativas de libertad de 20 a 30 años por delitos contra la independencia y seguridad de la Nación como el asociarse para traicionar a la Patria.

Otros delitos, como el narcotráfico, la corrupción, sobornos, enriquecimiento sin causa, lavado de dinero, simulación de contratos para delinquir están sancionados en el Código Penal, incluyendo la asociación delictiva o agavillamiento con pena de hasta 5 años en el Art. 286; la falsedad de actos y documentos y aprovecharse de esa falsedad por un funcionario con penas de hasta 12 años en los Arts. 316 al 322. La comisión reiterada de estos y otros delitos ha producido en Venezuela una crisis social, económica, política y humanitaria mundialmente reconocida y probada por la existencia de perseguidos, presos y exiliados políticos, por la “migración forzada” de decenas de miles de venezolanos que dejan su país por miedo y por la inseguridad causada por el crimen organizado que detenta el poder de facto.

La migración de venezolanos -forzada por Maduro y su grupo de delincuencia organizada transnacional- ha llegado masivamente a los países limítrofes como Colombia, Brasil y Panamá, pero también a Perú, Argentina, Chile, Uruguay, Costa Rica, México, Estados Unidos, Canadá, España, Francia……. y estos son ”efectos sustanciales en otro estado” que otorgan y abren la competencia de las autoridades de esos países para aplicar de oficio o a petición de parte la Convención de Palermo.

Pueden proceder de oficio las autoridades encargadas de la investigación y acusación de delitos de cualquiera de los Estados que sufren “efectos sustanciales” por los actos delictivos cometidos por Nicolás Maduro y su grupo en Venezuela. Un importante precedente en la aplicación de la Convención de Palermo es el tristemente famoso caso de corrupción de la FIFA investigado por autoridades de Estados Unidos en Nueva York, que con participación de la Interpol detuvieron y procesaron en varios países del mundo a ciudadanos de diferentes países que habían cometido delitos en diferentes Estados, pero con efectos sustanciales en los Estados Unidos.

Si por razones políticas o de otra índole el caso de los crímenes transnacionales cometidos en Venezuela no mereciera atención de oficio, está abierto el derecho de “denuncia y petición” en los Estados o países en que los “efectos sustanciales de la delincuencia organizada transnacional” son evidentes con la presencia de migrantes forzados o exiliados venezolanos. El procedimiento legal es el ordinario del “derecho interno” de cada estado para la investigación de delitos. Ciudadanos y organizaciones civiles pueden pedir a los fiscales o procuradores de Colombia, Perú, Brasil, Panamá, Argentina, Chile, Costa Rica, México, Estados Unidos, Canadá, España, Francia, entre otros, que abran procesos, analicen la prueba y ordenen la captura y aprehensión internacional de Nicolás Maduro y los miembros de su grupo.

La filosofía y objeto de la Convención de Palermo es que los autores de crímenes transnacionales no puedan evadir la justicia en ninguna parte del mundo y que no puedan salvar sus beneficios ilícitos amparados en cuestiones de gobierno, Estado o soberanía. La soberanía no puede proteger al crimen ni a los delincuentes porque es un concepto de Derecho. La comisión y juzgamiento de los delitos perpetrados por Maduro y su grupo no son “asunto interno” de Venezuela, no aplica el principio de no intervención porque son delitos transnacionales y muchos de ellos de lesa humanidad.

La situación es muy grave y clara en cuanto a la urgencia de aplicar la Convención de Palermo desde terceros estados, pues las acciones del derecho interno en Venezuela están en manos de los criminales que permanecen en el poder para garantizar su impunidad. Maduro y su grupo manejan la fuerza y el sistema formal de justicia porque lo dominan en base al miedo y lo han suplantado, encarcelando y exiliando a los miembros del poder legítimo como los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Fiscal y miembros de la Asamblea Nacional.

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La humillación y el miedo como política por José Rafael López Padrino – Ruptura.org – Junio 2015

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Lo malo es bueno, lo triste es alegre, el odio es amor, la guerra es paz, la esclavitud es emancipación, la sumisión es rebeldía, el atropello es respeto…

Gracias a este neolenguaje confuso y enajenante las palabras han sufrido un proceso de destrucción y de pérdida de su significado real; el léxico y la sintaxis se han reducido a niveles elementales y el significado de muchas palabras se ha invertido (Ilustración: portada del libro “1984” de George Orwell)

La oscuridad histórica y orfandad intelectual del ungido Maduro no puede ser mayor. La estructura discursiva del usurpador de Miraflores se reduce al odio, la humillación, la amenaza y el terror. Sus alocuciones se circunscriben a repetir eslóganes, y grotescas mentiras, pero sobre todo un lenguaje de rencor, resentimiento social y amenazas constantes. Algo que es muy propio de los regímenes totalitarios con impronta fascista, quienes recurren a un lenguaje envilecido y descalificador debido a su ilegitimidad y profundo desprecio por el contrario.

Maduro sustenta su discurso en el aborrecimiento y en la deshumanización de la disidencia política. Con ello busca primeramente abonar el terreno para legitimar las acciones violentas en su contra. Han sido muchas las veces que el iletrado de Maduro ha empleado términos como “basura”, “parásitos”, “escoria”, “podredumbre”, etc., para referirse a personajes que no respaldan su proyecto socialfascista. Segundo, Maduro con esa maniquea retórica pretende convertir a sus violentos esbirros en protectores y salvadores de la Patria.

Cuando el engaño ya no es suficiente y la obediencia no funciona, el poder totalitario recurre a la descontextualización del lenguaje, a las humillaciones y al terror. Prueba de lo primero fue la distorsión del concepto de preso político en el marco del neolenguaje bolifascista. Recordemos que fue el fallecido comandante galáctico quién afirmó despectivamente que bajo su régimen no había presos políticos, sino políticos presos. Gracias a este neolenguaje confuso y enajenante las palabras han sufrido un proceso de destrucción y de pérdida de su significado real; el léxico y la sintaxis se han reducido a niveles elementales y el significado de muchas palabras se ha invertido: lo malo es bueno, lo triste es alegre, el odio es amor, la guerra es paz, la esclavitud es emancipación, la sumisión es rebeldía, el atropello es respeto, la homofobia es tolerancia, la represión es libertad, y la entrega es soberanía.

Igualmente el poder totalitario busca crear un mundo basado en el pavor, la humillación y el tormento. Ello ha quedado demostrado en forma inequívoca en los casos de Daniel Ceballos y demás presos políticos enviados a establecimientos carcelarios para presos comunes, sometidos a humillaciones (rapados y uniformados), así como a torturas físicas y psicológicas. O los cateos de “partes privadas” o “desnudos forzados” por parte de funcionarios de la Guardia Nacional a las mujeres que visitan a los detenidos. No olvidemos que forzar a que las personas se desvistan es el primer paso a quebrantar su sentido de individualidad y dignidad y reforzar su indefensión frente al poder.

Naomi Wolf decía que el uso de la desnudez forzada por el Estado es un síntoma inequívoco de un descenso al fascismo. Atropellos estos que superan con creces a los cometidos por los gobiernos adecos-copeyanos contra los detenidos políticos del PCV y MIR en la época de los 60-70 y contrasta con el trato recibido por los militares golpistas del 4F y del 27F quienes fueron recluidos inicialmente en el Cuartel San Carlos y luego trasladados -la mayoría de ellos- a un pabellón especial en el centro penitenciario de Yare donde disponían de todas las comodidades y nunca se les privó del derecho a la visita familiar.

La amenaza permanente ha sido una constante en la retórica socialfascista en estos 16 años de “desgobierno“. Todos recordamos al dicharachero de Sabaneta cuando gritaba a pleno pulmón: “Que no se equivoquen la revolución bolivariana es pacifica, pero armada” o los llamados a transformar en polvo cósmico a la disidencia política.

Más recientemente el ventrílocuo de Miraflores en una transmisión de Venezolana de Televisión, amenazó irresponsablemente a los venezolanos al afirmar que: “Si llegara a fracasar la revolución bolivariana y el imperialismo tomara el control del país, que se preparen para un tiempo de masacre y muerte”. Son amenazas que quedan en el suspenso, que no cesan, a pesar de no producirse en forma inmediata. Es el uso del miedo, el terror y de la incertidumbre como políticas de Estado.

La “Venezuela bolivariana y bonita” se ha transformado en una especie de trinchera de guerra, donde cada ciudadano lucha por sobrevivir frente a un discurso oficial basado en la cultura del rencor, la intimidación y el crimen, promovido por los capitostes en el poder amantes de los totalitarismos mesiánicos verde oliva.

Ya basta de seguir confundiendo -ingenua o premeditadamente- el “legado del chafarote de Barinas” fundamentado en miserias, despotismos, resentimientos, corrupción e impunidad con los planteamientos hechos por el viejo Marx, filósofo de una solida formación teórica y de una vasta profundidad conceptual.

 

¿Hay esperanza para Venezuela? por Gerardo Enrique Garibay Camarena – Yo Influyo – 15 de Septiembre 2017

unnamed-2.jpg Cuando pensamos en Venezuela, lo que solía venir a nuestra mente era Miss Universo, béisbol, petróleo y alegría, antes. Ahora, a la nación sudamericana se le relaciona con otros conceptos: socialismo, violencia, pobreza, tiranía, demagogia. Es la trágica historia de un país despedazado por el “Socialismo del siglo XXI”, a la que me he referido en varias ocasiones durante este año, incluyendo los artículos “Maduro no es el culpable” y “De Roma a Venezuela, el eterno fracaso socialista”.

Inoperancia de los opositores

Sin lugar a dudas, uno de los agravantes de la situación en ese país es la inoperancia de un movimiento opositor que parece más interesado en pelearse por las migajas que caen de la mesa de Maduro, que por un verdadero cambio de régimen. Durante semanas, las calles de muchas ciudades de Venezuela se cubrieron con protestas y represión, pero de algún modo, a diferencia de lo que sucedió por ejemplo con las protestas en Egipto y otras naciones, las manifestaciones venezolanas nunca dieron el siguiente paso para convertirse en una amenaza verdadera al régimen y terminaron convertidas en una válvula de escape para desahogar frustraciones y que todo siga igual.

Ahora, mientras la oposición se encuentra en pleno proceso de elecciones internas previas a las elecciones regionales, incluso después de que Maduro básicamente anulara a la Asamblea Nacional, al impulsar una Asamblea Constituyente a su entero contentillo, la gran pregunta en el aire es: ¿Hay alguien que verdaderamente esté trabajando para derrotar al socialismo y no sólo para reemplazar a Maduro por otro?

Para encontrar la respuesta entrevisté a Rafael Acevedo y Luis B. Cirocco, directores-fundadores de Econintech. Rafael, académico en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado es Doctor en Gerencia y Maestro en Economía, además de Director de Políticas del Movimiento Libertad Venezuela. Por su parte, Luis es Maestro en Finanzas e Ingeniero Electrónico, además de ser el Director de Formación en el Movimiento Libertad Venezuela.

Ambos están en el verdadero frente de batalla en la lucha para liberar a su nación de las garras del socialismo, una pelea que se libra tanto en los medios de comunicación como en la participación social y política, y en la que las voces de Luis y Rafael han encontrado un amplio eco a nivel internacional, incluyendo más de 1.2 millones de vistas en uno de sus videos para el Mises Institute. Son líderes de la verdadera oposición al régimen, y por eso me di a la tarea de entrevistarlos y averiguar, en pocas palabras si es que hay esperanza para Venezuela. Leer más de esta entrada

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