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Archivos por Etiqueta: Rafael Acosta Arevalo

La UE sanciona a 5 agentes venezolanos por matar a golpes al capitán Acosta por Gabriela Ponte – ABC – 28 de Septiembre 2019

Bruselas señaló hasta siete miembros de la inteligencia por torturas y violaciones de derechos humanos

A 25 personas ha aumentado la lista de venezolanos sancionados por la Unión Europea, tras la incorporación ayer de siete agentes más de los cuerpos de seguridad e inteligencia del régimen de Venezuela. Cinco de ellos están implicados en el asesinato a golpes y torturas del capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo, detenido en junio por Nicolás Maduro por presúntamente estar planificando un golpe de Estado junto a otros militares retirados.

Para un total de siete señalados, los nuevos sancionados corresponden a personas que están «relacionadas» de alguna forma con torturas y violaciones graves de los derechos humanos, según Bruselas. El paquete de medidas se ha hecho efectivo tras el pedido del Gobierno español de actuar contra los responsables de cometer crímenes de lesa humanidad en el país.

La UE confirmó así el acuerdo político al que llegó el pasado miércoles por iniciativa de Josep Borrell, para ampliar la lista de sancionados. De la terrorífica dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) se encuentran Rafael Ramón Blanco, Rafael Franco Quintero, Alexander Enrique Gramko y Hannover Esteban Guerrero; y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Néstor Blanco, Alexis Enrique Escalona y Carlos Calderón.

En julio, ABC había adelantado en exclusiva los nombres de los nueves torturadores implicados en el asesinato del capitán Acosta bajo custodia del Gobierno, cinco de ellos están ahora señalados por la UE a los que se les impide viajar y se les congelan sus bienes en suelo europeo.

Presión de EE.UU.

La alta representante comunitaria para la Política Exterior, Federica Mogherini, recordó que este tipo de sanciones son selectivas y «no afectan a la población y pueden revertirse si hay progresos hacia la restauración de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos en Venezuela».

La Administración de Donald Trump, que ya sancionó al régimen de Maduro y sus colaboradores, lleva meses presionando al bloque comunitario para elevar la presión para la salida de Maduro con mayores sanciones económicas a su Gobierno.

Los Veintiocho prohibieron el año pasado la entrada a territorio comunitario y confiscaron los activos de otras 18 personas, entre ellas altos cargos políticos y militares como la vicepresidenta, Delcy Rodríguez; el ministro de industria, Tareck el Aissami; el fiscal general, Tarek William Saab, y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno.

Anteriormente, en 2017, la UE impuso un embargo de armas y un veto a material que pueda utilizarse para la represión interna. Estas sanciones fueron prorrogadas hasta el próximo 14 de noviembre.

Julio Borges, el ministro de exteriores del Gobierno de Juan Guaidó, ofreció ayer un balance de su participación en las Naciones Unidas y se refirió a las sanciones impuestas por la UE: «Demuestran que la presión internacional va a continuar hasta que tengamos libertad en Venezuela». Asímismo destacó que mientras el gobierno interino ha logrado grandes avances en la ONU, «a Maduro no le quedó de otra que ir a esconderse a Rusia, Diosdado Cabello se fue a Corea del Norte, y Delcy Rodríguez y Jorge Arreaza viajaron a la ONU, donde nadie los recibió».

Apoyo de la región

La presión internacional para sacar a Nicolás Maduro del poder continúan haciendo mella en Venezuela. Esta nueva ronda de sanciones de la UE se unen a las del pasado encuentro en Nueva York de los cancilleres de los países que forman parte del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), quienes acordaron imponer mayores sanciones contra la nación sudamericana. La resolución aprobada por 16 de los 19 Estados firmantes acuerda imponer nuevas sancione contra miembros del Gobierno de Maduro.

 

Sin Estado de Derecho por Eddy Reyes Torres – El Nacional -20 de Julio 2019

Eddy Reyes Torres

Para escribir o hablar sobre el tema al que alude el título de este artículo es indispensable referirnos primero a su reverso, esto es el Estado de Derecho, el régimen propio de las sociedades democráticas en el que la Constitución garantiza la libertad, los derechos fundamentales, la separación de poderes, el principio de legalidad y la protección judicial frente al uso arbitrario del poder.

Solo a manera de ejemplo, allí nos encontramos con disposiciones como la contenida en su artículo 19, en la cual se establece que el Estado garantizará a toda persona el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e independiente de los derechos humanos. También hallamos regulaciones como la prevista en el artículo 46, donde se establece que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; y que, como consecuencia de lo anterior, ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Adicionalmente, en dicho artículo se estatuye que todo funcionario que, en razón de su cargo, infiera maltratos o sufrimientos físicos o mentales a cualquier persona, o que instigue o tolere este tipo de tratos, será sancionado de acuerdo con la ley.

Por la relevancia de la normativa constitucional, el propio caudillo de Barinas dio instrucciones para que la misma fuese publicada en una edición de bolsillo, casi en miniatura (y para que fuera distribuida por todo el territorio nacional), que él mismo bautizó con el significativo nombre de “la Bicha”, una denominación nada ejemplarizante porque conforme a la Real Academia Española alude a insecto, animal o persona aviesa.

Con el transcurso de los años, la Bicha (la mejor Constitución del mundo, según su progenitor) experimentó un proceso de metamorfosis kafkiana que la llevó a convertirse en el instrumento más ajustado a los execrables deseos e intereses de la revolución bonita. Todas las instituciones del Estado venezolano bajo el control absoluto de dicha revolución, han violado e incumplido a su antojo las provisiones contenidas en la carta magna. En ese sentido, los abusos y arbitrariedades han sido infinitos. Pero de los cientos de miles de casos que han registrado las ONG especializadas en el tema, vamos a referirnos a un hecho específico y reciente: la muerte del capitán de corbeta Rafael Ramón Acosta Arévalo.

El mencionado funcionario castrense fue reportado como desaparecido por su esposa, desde el pasado 21 de junio. Poco después se supo que el oficial de la Marina estaba en la lista de 13 arrestados por participar en un presunto plan de golpe de Estado y asesinato de Nicolás Maduro. El 26 de junio, Jorge Rodríguez informó al país que Acosta había sido detenido por incurrir en “los delitos de terrorismo, conspiración y traición a la patria”. Luego, el 28 del mismo mes, una comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar trasladó al “terrorista”, en silla de ruedas, a la sede del tribunal militar competente, con el propósito de realizar su audiencia de presentación. Allí sus abogados constataron que tenía dificultades para hablar y que había sido sometido a torturas. Al observar su deplorable estado físico, el propio juez de la causa ordenó que el militar fuese llevado al “Hospitalito” en Fuerte Tiuna; ahí falleció en horas de la noche.

De manera arbitraria y ruin, Rafael Acosta fue torturado por dos de sus carceleros de la Dgcim: el teniente Ascanio Antonio Tarascio Mejía y el sargento segundo Estiben José Zárate. Para nadie es un secreto que esos dos jóvenes no actuaron por cuenta propia sino con precisas instrucciones de sus superiores.Y no dudo que estos últimos, con el apoyo de instancias más altas, hayan maniobrado para que los responsables directos hayan sido imputados con el delito de “homicidio preterintencional con causal”, que tiene establecido una pena máxima de nueve años de prisión.

No puede pasar por debajo de la mesa el hecho de que ese tipo de homicidio supone que la muerte de la persona fue causada ejecutando actos dolosos, con la intención de lesionarla, pero no de matarla. Como consecuencia de ello, la calificación de “con causal” implica que la muerte no habría tenido lugar sin la presencia de condiciones o situaciones preexistentes o sobrevenidas desconocidas por el homicida, o imprevistas, que no han dependido de sus actos. ¿Qué les parece?

Lo anterior explica que, en abierta oposición a los requerimientos que se han hecho internacionalmente para que en este caso se lleve a cabo una investigación imparcial, salte al ruedo Diosdado Cabello cuestionando tal posibilidad porque “la revolución confía en su propia justicia”. ¡No me jodas!

Y como si todo lo expuesto no fuera suficiente, después de mantener el cuerpo del capitán de corbeta en la morgue de Bello Monte, por varios días, la revolución de pacotilla decidió que el entierro se realizara en Caracas, bajo estrictas medidas de seguridad, contraviniendo los deseos de su familia de velarlo y enterrarlo en Maracay, donde ellos viven. De esta manera, el gobierno violó flagrantemente el artículo 46 de la Constitución, al que ya nos referimos arriba, con lo cual transgredió los derechos de la viuda y demás familiares de la víctima.

Lo acá reseñado pone de manifiesto que los venezolanos vivimos sin Estado de Derecho.

La Eurocámara pide más sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro – El Nacional – 18 de Julio 2019

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Parlamento Europeo
El pleno del Parlamento Europeo instó este jueves a la Unión Europea a imponer más sanciones a Venezuela por la represión en el país, debido a la tortura y muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo mientras estaba bajo custodia de las fuerzas de seguridad del Estado.

La Eurocámara considera que las autoridades europeas deben restringir los movimientos y congelar los activos y visados de las autoridades venezolanas responsables de violaciones de derechos humanos y represión, así como los de sus parientes más cercanos.

La resolución, uno de los primeros textos aprobados en esta legislatura del Parlamento Europeo, recibió el apoyo del PPE (Partido Popular Europeo), la S&D (Alianza de Socialistas y Demócratas), RE (Renovar Europa) y el grupo ECR (Conservadores y Reformistas).

Los eurodiputados condenan la represión y violencia en el país y expresan su solidaridad con el pueblo venezolano y sus condolencias a la familia y amigos de las víctimas mortales, como el capitán Acosta.

Acosta Arévalo fue torturado hasta la muerte tras su arresto ocho días antes por su supuesta participación en un plan para derrocar a Nicolás Maduro, denuncia su defensa.

El Parlamento subraya, además, la responsabilidad directa de Maduro y sus fuerzas armadas y de inteligencia en el uso indiscriminado de la violencia para reprimir la transición democrática en el país.

“En línea con el informe de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre las violaciones de las libertades fundamentales en Venezuela, el Parlamento pide un mecanismo independiente para investigar ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en operaciones de seguridad”, señala la resolución, que reclama también que los responsables de las mismas rindan cuentas.

Borrell: Muerte de Acosta Arévalo es un crudo ejemplo de violación de DD HH – El Nacional – 17 de Julio 2019

El ministro de asuntos exteriores de la Unión Europera aboga por una solución urgente a la crisis del país que permitan elecciones presidenciales libres, justas y democráticas

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Josep Borrell, ministro de asuntos exteriores de la Unión Europera

El ministro de asuntos exteriores de la Unión Europera, Josep Borrell Fontelles, dio su respaldo este martes al informe presentado por Human Rights sobre la violaciones de Derechos Humanos en Venezuela y afirmó que la trágica muerte del Capitán Acosta Arévalo es un claro  ejemplo de ello.

En una declaración publicada en el portal web de la UE, Borrell indicó que el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, confirma de manera clara y detallada, la gravedad de las violaciones por parte del régimen contra la población venezolana, así como también el colapso económico y la creciente ola migratoria que, según datos de la ONU, alcanza los 4 millones de ciudadanos, estimando que la cifra podría incrementarse a 8.000 para 2020.

El canciller pidió al régimen detener las violaciones generalizadas de los derechos humanos y participe en plena cooperación con el ACNUDH y todos los procedimientos especiales de la ONU para garantizar la implementación de las recomendaciones del informe, al tiempo que aseguró que la UE está lista para aplicar medidas específicas a los efectivos de seguridad de Venezuela “que participan en la tortura y otras violaciones graves de los derechos humanos”.

Josep Borrell Fontelles sostuvo que el país necesita una solución política urgente a través de un proceso pacífico, democrático, que conduzca a unas elecciones presidenciales libres y justas. Por ello, manifestó su apoyo a la  reanudación de las conversaciones entre el régimen y la oposición en Barbados.

Josep Borrell Fontelles

@JosepBorrellF

Apoyamos el informe de @UNHumanRights sobre las graves violaciones de , la erosión del Estado de Derecho y de las instituciones venezolanas. La trágica muerte del Capitán Acosta es un crudo ejemplo de esta realidad. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/07/16/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-venezuela/ 

El cinismo de Nicolás Maduro por Fernando Ochoa Antich – El Nacional – 14 de Julio 2019

Fernando Ochoa Antich
Nicolás Maduro está desesperado. Sus cínicas y airadas declaraciones sobre el trascendente informe presentado ante el mundo por la doctora Michelle Bachelet, ex presidente de Chile y alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, así lo evidencian. La estrategia diseñada por el régimen usurpador resultó ser totalmente inútil. Creyeron que las convicciones ideológicas de la alta funcionaria harían que dicho informe minimizara la crudeza del anterior del 20 de marzo, en el cual ya se señalaban “numerosas violaciones y abusos de derechos humanos2. No ocurrió así. Michelle Bachelet fue leal a su conciencia y cumplió cabalmente sus deberes al ratificar que Venezuela atraviesa una grave crisis política caracterizada por la permanente “vulneración de los derechos  políticos, económicos, sociales, civiles y culturales”, con el consecuente “éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país”. Además, ratifica que el régimen madurista puso en marcha una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al gobierno”.

La gravedad de los hechos expuestos en el informe de Michelle Bachelet podría causar sorpresa en algún miembro de la comunidad internacional. Sin embargo, nuestro pueblo y amplios sectores de esa comunidad conocen muy bien que esa es la trágica realidad que vive Venezuela y no tiene duda en responsabilizar a Nicolás Maduro y a su corrupta camarilla de tan terrible situación. Para colmo, a pocas horas de haber culminado la alta comisionada su visita, la opinión pública fue impactada profundamente por el cruel y cobarde asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo mediante terribles torturas, quien falleció después de haber sido presentado en estado agónico ante un tribunal, como medio para infundir terror en la oposición democrática. No conforme con el dolor infligido a sus seres queridos, los obligaron a aceptar, por orden de un tribunal, que su entierro fuera “una inhumación controlada”. De igual manera, el adolescente Rufo Chacón fue salvajemente atacado por miembros de Politáchira, acostumbrados a actuar con total impunidad, con la consecuente pérdida de la visión en ambos ojos.

Ante tantos desmanes, Nicolás Maduro se ha dedicado a descalificar el contenido del informe de Michelle Bachelet alegando: “El informe de la señora Bachelet es un informe hecho por una oficina de gente enemiga de la revolución bolivariana, un informe cargado de mentiras y de datos inexactos. Creo que dio un paso en falso al leer un informe que le elaboraron desde el Departamento de Estado”. Esta es una inaceptable manipulación de Nicolás Maduro en su afán de ocultar la verdad. Es imposible negar, aun manteniendo posiciones ideológicas diferentes a la señora Bachelet, que ella ejerció la presidencia de su país demostrando una firme personalidad caracterizada por una gran ecuanimidad y sentido de justicia. Además, fue elegida por aclamación como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el voto favorable de 193 Estados de sus miembros. Por otra parte, el informe fue realizado por un grupo de funcionarios especializados en la defensa de los derechos humanos con una amplia experiencia alcanzada en numerosas investigaciones en todo el mundo.

La pregunta que nos hacemos los venezolanos, al ver el inusitado interés demostrado por Nicolás Maduro y su camarilla en lograr el inicio de las negociaciones en Barbados, es la siguiente: ¿No buscará el régimen madurista, con su asistencia a dicha reunión, que la comunidad internacional olvide los graves señalamientos mantenidos en el informe de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la Naciones Unidas? Es verdad que la crisis venezolana exige una solución negociada que permita avanzar consistentemente hacia una solución pacífica que garantice el ansiado cambio político mediante la convocatoria de unas elecciones transparentes, equitativas y justas. Pero no es menos cierto que la urgencia de esa solución no debe impedir que se desarrollen las investigaciones penales correspondientes y se establezcan las responsabilidades personales de Nicolás Maduro y de los altos funcionarios de su gobierno, quienes, de manera permanente, violan la Constitución Nacional irrespetando los derechos humanos de los ciudadanos y cometiendo delitos de lesa humanidad.

La inhumación de Acosta Arévalo o el entierro de la evidencia por Jesús Alejandro Loreto C. – ProDaVinci – 11 de Julio 2019

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El deceso del capitán de corbeta (R) Rafael Acosta Arévalo estuvo marcado por gravísimas acusaciones de tortura, tratos crueles, degradantes e inhumanos. La imputación del Ministerio Público contra los presuntos responsables generó enorme polémica, ya que los militares presuntamente responsables fueron imputados por el delito de homicidio y no el de tortura. Ahora el sepulcro ha ocasionado aún más revuelo, pues según informó el propio abogado del capitán de corbeta, una vez practicada la autopsia, se ordenó que el cadáver fuese enterrado en las condiciones impuestas por un tribunal, dejando a un lado la voluntad de los familiares de Acosta Arévalo, tal y como ocurriera meses antes con el cuerpo de Óscar Pérez. Veamos cuáles son las implicaciones legales asociadas a la investigación de un homicidio respecto del cuerpo de la víctima.

La autopsia

Cuando existen motivos para suponer que una persona ha fallecido de forma violenta o como resultado de un delito, como sucedió con Pérez y Acosta Arévalo, debe realizarse una autopsia para saber con certeza cómo y por qué murió. Así lo señala el Código Orgánico Procesal Penal, COPP. Se trata de un procedimiento complejo que comienza idealmente desde el lugar donde ocurrió el deceso e implica dejar constancia de la posición y ubicación del cadáver, así como del levantamiento y la recolección de evidencias físicas, además de la medición de factores ambientales como la temperatura y la humedad. Una vez en la morgue y a cargo de un médico forense, sigue un examen anatómico del cuerpo, toma de muestras de la vestimenta, piel, cabello y uñas, así como impresiones dactilares y dentales para finalmente iniciar el procedimiento quirúrgico de apertura del cadáver, durante el cual se toman muestras adicionales de fluidos corporales y tejidos blandos. Luego de esto han de realizarse distintos análisis de laboratorio. Se trata de un procedimiento fundamentalmente científico en el que los protagonistas son médicos forenses y patólogos. No obstante, dependiendo de las circunstancias, pueden intervenir otros especialistas, tales como odontólogos, biólogos, químicos y expertos en ciencias criminalísticas.

La prueba

Durante una autopsia confluyen la medicina y el derecho, disciplinas que se complementan, pues la rigurosidad en el cumplimiento de los protocolos de cada área le asigna credibilidad y valor probatorio a las conclusiones de los expertos. Todo esto está establecido en normas legales y en los manuales que regulan dichos procesos. Ahora bien, en casos como los de Acosta Arévalo u Óscar Pérez, en los que se teme la participación de funcionarios militares o policiales, la objetividad y confiabilidad de la autopsia está comprometida, de llevarse a cabo de la forma usual. Por ello fue creado el Protocolo de Minnesota, sobre el cual hace poco Prodavinci publicó recientemente un esclarecedor trabajo. Al respecto, basta con decir que una autopsia sólo surte efectos probatorios en juicio cuando se lleva a cabo por personal autónomo e independiente, con la debida formación profesional y en cumplimiento de las directrices que garanticen la integridad y veracidad de los hallazgos de los peritos. Estos estándares son aún más estrictos en casos de torturas o ajusticiamientos, y así debe procederse en las investigaciones acerca de las muertes de Oscar Pérez y Rafael Acosta Arévalo.

Entierro y exhumación

Las normas legales que regulan la autopsia, están destinadas a preservar evidencias que, de otra forma, pudieren alterarse o incluso desaparecer, bien por el efecto que tiene el paso del tiempo en el cuerpo humano, o por la indebida disposición o manipulación del cadáver. En ese sentido, la Ley obliga a que antes de sepultar a una persona fallecida violentamente o a consecuencia de un hecho punible, se realice una autopsia. De allí que un Juez Penal en funciones de Control, pueda a petición de un fiscal del Ministerio Público, ordenar la exhumación -más no el entierro- de un cadáver, y ello sólo en caso de que no se haya realizado ya la autopsia y únicamente cuando tal diligencia sea verdaderamente útil. Dicho de otra forma, el juez puede proteger las pruebas que provengan de una autopsia retrasando la inhumación, lo que no puede es ordenar y controlar un sepulcro después de hecha la autopsia.

Como puede verse, la potestad del juez es la de impedir que se disponga del cuerpo del occiso sin antes realizar una autopsia, lo que excepcionalmente puede permitir desenterrar el cadáver si no se ha hecho previamente. Realizada la autopsia y cualquier análisis de rigor sobre el cuerpo, no existe razón para controlar o restringir los ritos o costumbres de los familiares respecto de la disposición del cadáver. Pero además la ley no lo permite.

La prueba anticipada

La potestad del juez de preservar evidencias le permite adelantar la recepción de una prueba cuando haya riesgos de que desaparezca o se modifique al momento de un hipotético juicio. De allí que si durante la investigación, la fiscalía, el imputado o la víctima se percata de que alguna evidencia está en riesgo, baste con requerir al juez de control que la practique anticipadamente. Esto aplica por supuesto para cualquier examen, experticia o inspección que sea imprescindible llevar a cabo sobre un cadáver, a fin de conocer cómo y porqué murió. En contraste, resulta ilógico que un juez impida un sepelio e imponga con prontitud la inhumación, cuando en realidad eso sólo puede acelerar la descomposición del cuerpo, y con ello provocar la alteración o desaparición de evidencias.

Realizada una autopsia debidamente, no existe razón procesal o probatoria que justifique ignorar las creencias religiosas de las víctimas de un homicidio, imponiéndoles condiciones de sepulcro que le son ajenas. El trato digno y decoroso que merece la memoria de los fallecidos y el respeto a la dignidad humana de sus familiares, obliga a que una vez entregado el cuerpo del occiso, cese la intervención del Estado y sean ellos quienes decidan cómo honrar y tratar a sus muertos.

Caso del capitán Acosta Arévalo no se cierra con su “inhumación controlada” por Orianny Granado – TalCual – 11 de Julio 2019

No solo será el abogado de Acosta quien lleve a cabo una investigación para dar con la verdad, la diputada de la Asamblea Nacional  Delsa Solórzano, aclaró luego del entierro, que las investigaciones sobre el caso no concluyen con lo que a su juicio fue un “sepelio hecho por sus propios asesinos”


El miércoles 10 de julio finalmente se llevó a cabo el entierro del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, en un proceso controlado en su totalidad por el Estado incumpliendo incluso los deseos de la familia y prohibiendo cualquier acto velatorio.

12 días después de conocer la muerte de Arévalo a manos de funcionarios de la Dirección Nacional de Contrainteligencia Militar (Dgcim), el Gobierno se dispuso a entregar el cuerpo sin aclarar los detalles de lo ocurrido.

El abogado de la víctima Alonso Media Roa, aseguró la “inhumación controlada” a la que fue sometido el cuerpo del Capitán, no solo es una violación a los derechos, sino un acto que podría interpretarse como “un acción de cobardía e irrespeto a la familia y a la sociedad en general”.

Alonso Medina Roa@medinaroaalonso

. La inhumación controlada, podría interpretarse como una acción de cobardía e irrespeto a la familia del Capitán Rafael Acosta Arevalo, y a la sociedad en general.

Pero más allá de cómo se produjo la sepultura de quien fuese durante sus últimos días un preso político de la administración de Nicolás Maduro, su familia y abogado claman por conocer qué ocurrió realmente con Arévalo, hechos que lo llevaron a la muerte.

Por lo que Roa ha anunciado que dará inicio a un proceso de investigación con el que se busca esclarecer lo que ocurrió en los calabozos del Dgcim en Boleíta.

Durante una entrevista para Globovisión, aseguró que hay mucho por aclarar en este caso para realmente hacer justicia, por lo que solicitarán a los organismos correspondientes llevar a cabo una serie de diligencias para que se investigue y se clarifique lo ocurrido.

“Cómo llegó el Capitán al hospital, cómo llega a los tribunales, qué pasó desde su detención del día 21 de julio hasta el 28, quién lo custodiaba, todo eso evidentemente desde el punto de vista jurídico lo vamos a solicitar”, dijo al hacer referencia a muchas de las preguntas que quedan sin responder en el caso del capitán.

Pero Roa y los familiares de Arevalo están conscientes de que el gobierno de Maduro no facilitará el proceso para esclarecer este hecho, “ya se dibuja de forma clara cuales son las intenciones de cómo va a ser el proceso… no hay intenciones de hacer justicia en el caso del capitán”.

Sin embargo, reiteró que desde su tribuna su rol será “insistir, ejercer todos los recursos y actuar de forma contundente a los fines de que se descubra la verdad”.

No solo será Medina Roa quien lleve a cabo una investigación para dar con la verdad, la diputada de la Asamblea Nacional y defensora de los derechos humanos Delsa Solórzano, aclaró luego del entierro de Acosta Arévalo, que las investigaciones sobre el caso no concluyen con lo que a su juicio fue un “sepelio hecho por sus propios asesinos”.

Delsa Solorzano

@delsasolorzano

Investigación del caso del Cap Acosta Arévalo no concluye con el terrible abuso cometido ayer con la “inhumación controlada”, o como yo lo llamo “el sepelio hecho por sus propios asesinos”. Al igual q todos las demás, vamos a instancias internacionales. Pronto habrá justicia

Reiterando que el caso será llevado a la comunidad internacional, al igual que otros casos en los que se presume fueron ajusticiamientos. A través de sus redes sociales hizo un llamado a la ciudadanía a no “acostumbrarnos al horror. No podemos “normalizar” la violación de DDHH”.

Solórzano dijo que casos como el de Arévalo deben encender las alarmar y empujar a los ciudadanos a levantar la voz.

“Oscar Pérez y los héroes caídos en El Junquito, Fernando Albán y todos lo demás casos, jamás deben ser olvidados” detalló la diputada.

Delsa Solorzano

@delsasolorzano

No podemos acostumbrarnos al horror. No podemos “normalizar” la violación de DDHH. Casos como el del Cap. Acosta Arévalo deben alarmarnos y obligarnos a levantar la voz. Oscar Pérez y los héroes caídos de El Junquito, Fdo Albán y TODOS los demás casos, jamás deben ser olvidados

Los presuntos responsables

El 30 de junio el fiscal designado por la impuesta Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, anunció la detención de dos funcionarios de la Dgcim, señalados como los presuntos autores de la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.

Para el lunes 1 de julio, se conoció que un teniente y un sargento segundo de la Guardia Nacional y adscritos a la Dgcim fueron acusados por un solo delito: homicidio preterintencional concausal.

Este delito hace que el Gobierno eluda los cargos sobre violaciones a los derechos humanos que recaen sobre toda la cadena de mando del cuerpo de seguridad.

Recordemos que Arévalo estuvo desaparecido durante siete días sin ser presentado a Tribunales. Familiares y su abogado detallaron que finalmente el 28 de junio llegó a un tribunal militar, llegó en silla de rueda, sin poder hablar y presentaba evidentes signos de tortura, al día siguiente habría muerto a consecuencia de las graves heridas causadas.

El acta post mortem del capitán de 50 años revela que el hombre tenía al menos 38 lesiones en su cuerpo, de las cuales 30 fueron por la parte frontal y ocho en la parte posterior.

Estados Unidos sanciona a Venezuela por la muerte del capitán Acosta por Francesco manetto – El País – 12 de Julio 2019

El militar falleció con evidencias de tortura tras una semana de detención bajo custodia de la contrainteligencia militar

Maduro en un acto militar, este miércoles. En vídeo, las tensiones por la muerte del capitán Acosta.ZURIMAR CAMPOS (EFE) 

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este jueves al cuerpo de las fuerzas de seguridad venezolanas señalado por el homicidio del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, la Dirección General de la Contrainteligencia Militar (Dgcim). Este militar de la Armada, opositor al régimen de Nicolás Maduro, falleció el pasado 29 de junio tras una semana de detención y torturas por una supuesta conspiración contra el Gobierno chavista. Su cadáver fue enterrado el miércoles después de más de 10 días en la morgue.

La semana pasada Naciones Unidas publicó un demoledor informe sobre el deterioro de los derechos humanos en Venezuela que censura precisamente las prácticas de la Dgcim, además de las del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). Tras filtrarse el informe de la autopsia del capitán, la justicia detuvo a un teniente y a un sargento segundo como presuntos responsables, imputándoles el delito de homicidio preterintencional. Sin embargo, no se ha abierto ninguna investigación sobre la cadena de mando.

Como es habitual en este tipo de sanciones del Departamento del Tesoro, las medidas afectan a los bienes que la Dirección de la Contrainteligencia pueda tener en Estados Unidos e impone la prohibición de realizar operaciones financieras con cualquier persona que se encuentre en territorio estadounidense. La Administración de Donald Trump fue la primera, el pasado 23 de enero, en reconocer a Juan Guaidó como presidente interino, al considerar que el mandato de Maduro decayó por alcanzar el poder en unas elecciones, celebradas en mayo de 2018 sin la participación de las fuerzas opositoras, que calificaron de fraudulentas.

Maduro ordena el entierro controlado del cuerpo del capitán Acosta por David Alandete – ABC – 10 de Julio 2019

downloadEl militar murió mientras estaba bajo custodia de la Inteligencia militar después de aparecer ante un tribunal en silla de ruedas e incapaz de hablar.

La esposa del capitán de fragata Rafael Acosta Arévalo ha denunciado este miércoles que el régimen de Nicolás Maduro le impide reconocer el cuerpo de este, fallecido hace 12 días bajo custodia de la inteligencia militar, ya que será enterrado directamente y bajo custodia oficial en el cementerio del Este en Caracas. La orden de liberación del cadáver fue emitida por el Tribunal 36 de Control del área metropolitana de la capital venezolana.

«Denuncio el procedimiento ilegal que está haciendo la morgue de Bello Monte, la cual hará entrega controlada del cuerpo de mi esposo, así como lo hicieron con Óscar Pérez», dijo Waleswka Pérez en un mensaje de vídeo compartido en la red social Twitter.

El régimen de Maduro decidió enterrar el cuerpo del capitán de corbeta doce días después de haber sido asesinado por brutales torturas. A la morgue de Bello Monte, la principal de Caracas, entraron la madre y dos hermanas de Acosta para que reconocieran el cuerpo del militar. María Acosta Arévalo, hermana del capitán fue quien tuvo la difícil misión de reconocer el cadáver.

Pasadas las 13.00 horas (locales), las fuerzas de seguridad del régimen trasladaron el cuerpo al cementerio del Este, ubicado igualmente en la ciudad capital, para que fuese enterrado, y el acto se realizó bajo una estricta custodia policial que fue ordenada por Nicolás Maduro. En el entierro solo estuvo presente la familia Acosta, pues a la prensa se le impidió el paso en todo momento.

Una placa únicamente con el nombre del Capitán fue colocada en la fosa, que está en la parcela número 12 del camposanto que ha elegido el régimen chavista para que reposen los restos del militar, una decisión que ha sido tomada sin la consulta de la familia Acosta, que deseaba sepultarlo en el estado Aragua (centro del país).

En varias ocasiones, la esposa de Acosta -quien está fuera de Venezuela- exigió al Gobierno chavista que le entregara el cuerpo del Capitán para realizarle la autopsia pero nunca tuvo respuesta. Y el pasado miércoles se dio a conocer un documento de la autopsia practicada al cuerpo de Acosta que asegura que sufrió un edema cerebral a causa de un politraumatismo generalizado.

En silla de ruedas y con signos de tortura

El régimen detuvo a Acosta, de 50 años, acusándolo de participar en un complot contra Maduro. Su mujer dijo que un día antes de su muerte fue presentado en los tribunales en silla de ruedas y mostrando graves signos de tortura. «No hablaba, solo pedía auxilio a su abogado», dijo Pérez. «Lo torturaron mucho. Tanto, que lo mataron».

ABC reveló la semana pasada que en la autopsia del capitán figuraban los efectos de la tortura y que probablemente murió de una brutal paliza. Los forenses hallaron según su informe «dieciséis costillas, el tabique nasal y un pie rotos; excoriaciones en hombros, codos y rodillas; hematomas en los abductores, lesiones similares a latigazos en la espalda y signos de pequeñas quemaduras en ambos pies, que se presumen de electrocución».

 

Venezuela: ¿qué tiene que pasar? por Agustín Rodríguez Weil – PanamPost – 9 de Julio 2019

Nicolás Maduro ya no oculta su similitud con Stalin. ¿Cuántas muertes más se deben contar para actuar de manera definitiva?

Militares patean las ofrendas florales en honor a Rafael Acosta Arévalo. (EFE)

En televisión nacional nadie hace mención al terrible asesinato del capitán Acosta Arévalo. Estaba detenido desde hace días, y en circunstancias inentendibles, se filtró a través de las redes sociales que estaba muerto. El joven militar había sido detenido días antes por la policía política del régimen, justo en días en el que dirigentes de ambos bandos se sentaron en una mesa en Oslo para llegar a un acuerdo, la noticia se viralizó, como si el régimen hubiese querido dejar en claro su postura.

Cuando una persona está detenida, su seguridad depende de sus carceleros. Incluso Diosdado Cabello, el número dos del régimen, lo había asentado en su programa de televisión, cuando señaló días antes del desenlace que el militar estaba en «buen resguardo de las autoridades, declarando, sumando lo que tengamos que sumar», sobre el supuesto golpe de Estado en el que Acosta había estado involucrado.

Sin embargo, en días en el que la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, visitaba Caracas para analizar las denuncias que reposaban sobre el país, Acosta Arévalo fue a juicio. El 29 de junio de 2019, llegó virtualmente destruido. Estaba golpeado, en silla de ruedas y sin poder hablar. Tenía evidentes signos de torturas, y en el contexto, pidió «ayuda» a su abogado defensor. Fue lo único que se le entendió. Posteriormente fue trasladado a un hospital militar, del cual no salió con vida. Luego, se filtró la autopsia: Acosta Arévalo fue, literalmente, aplastado y electrocutado. Sí, la picana, ese método que siempre se identificó con las dictaduras de derecha del cono sur en los años setenta, finalmente llegó a Venezuela y lo hizo años más tarde bajo el tutelaje de una dictadura de izquierda.

Pero el caso de Acosta Arévalo no es el único por el estilo. En octubre pasado, otro detenido fue asesinado en su condición de detenido. Fernando Albán, un ferviente opositor al régimen de Maduro, era concejal por el partido político Primero Justicia y fue arrestado sin ningún tipo de prueba. Lo cierto es que su cuerpo sin vida fue arrojado desde una ventana. La información obtenida señaló que había pasado por máquinas de torturas. Se le exigía que confesara crímenes que no cometió, que dijera nombres para perjudicar a otros. Fue tal su compromiso con la humanidad que prefirió asumir las consecuencias de tener dignidad en una dictadura. Le salió muy caro. Fue fatal.

El caso de Albán, al igual que el de Acosta, desnudó aún más la relación intrínseca de Maduro y sus secuaces con el crimen. Parece que para muchos componentes políticos del mundo –no solo de Venezuela sino también de la comunidad internacional– la ceguera es la ley. Ya en su momento los crímenes perpetrados por los Jemeres Rojos, antes que llegaran al poder, avisaron. Existía la excusa de que no había la tecnología de hoy en día, pero lo cierto es que, incluso cuando tomaron el poder y Pol Pot inició su régimen de terror, no hicieron nada. En Ruanda tampoco reaccionaron, en los Balcanes lo hicieron cuando el genocidio había avanzado, pese a que mucho se alertó. ¿Se burla el régimen venezolano de las organizaciones internacionales cuando les desafía por televisión o mata a jóvenes en cautiverio o en las calles? ¿No es una burla manifiesta cegar a un joven o fulminar la vida de Acosta Arévalo justo cuando Michelle Bachelet acaba de dejar el país? ¿Es suficiente enviar cartas exigiendo respuestas por parte de los culpables?

Un caso que sucumbió los cimientos de la nación fue el de Óscar Pérez. El expolicía hizo varias apariciones públicas que mostraron la debilidad del régimen en el fuero militar. Se hizo famoso al sobrevolar los cielos de Caracas con un helicóptero enarbolando un mensaje, y sus apariciones, desde la clandestinidad, desafiaron a los esbirros del régimen. Finalmente cayó en desgracia. Le dispararon con armas de guerra en la casa en la que se ubicaba en El Junquito. Lo mataron a él y a otros tantos soldados fieles a su causa. Lo más increíble es que los policías publicaron el proceso en las redes sociales. Todo el país vio el acontecimiento en horario estelar. Las redes no ocultaban nada y el ajusticiamiento fue público. Por supuesto, no hubo justicia en Venezuela, pero tampoco afuera de nuestras fronteras. Todo se quedó en condenas públicas, como si eso fuese la justicia moderna.

¿Cuántos Óscar Pérez, Fernando Albán o Acosta Arévalo más tienen que ocurrir para que la comunidad internacional se dé cuenta de que enviar cartas no funciona? ¿Cuántas vidas más se tienen que cegar para que estos organismos reparen en que, en el caso de no hacer nada, se multiplicarán las muertes y los problemas venezolanos se convertirán en los suyos? ¿Qué tiene que pasar para que se den cuenta de que las sanciones no son suficientes, ya que los que terminan pagando son el ciudadano de a pie? Si la comunidad internacional no actúa, Maduro puede parecerse mucho a Pol Pot o Bagosora. De hecho, ya el propio dictador no esconde su similitud con Josef Stalin, a quien se le atribuye el asesinato de más de 20 millones de personas.

Agustín Rodríguez Weil nació en Caracas. Es licenciado en comunicación social en la Uni­versidad Monteávila, posee un MBA en dirección de entidades deportivas “Alfredo Di Stéfano” (Escuela Universitaria del Real Madrid). Fue jefe de prensa del Deportivo Italia, Atlético Venezuela, Real Esppor y Deportivo La Guaira. Entre los libros publicados se encuentran «Memorias de Nuestro Ba­lompié», «Historias del fútbol venezolano», «La otra cara del Ba­lón» y «Casemiro, hércules en la Casa Blanca».

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