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Los cuatro presos políticos españoles de Maduro por Andreína Itriago – El Mundo – 14 de Agosto 2017

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Son Andrea, Yon, Dany e Ignacio. Y Zapatero no los ha podido rescatar.
Podrían haber otros muchos entre los más de 600 encarcelados por razones políticas por el régimen bolivariano, al que esta semana la ONU ha recriminado por el maltrato y tortura a que los somete
Desde que comenzó la oleada de protestas de este año, la cifra de presos políticos se ha multiplicado casi por seis en Venezuela. De los 117 que contabilizaba la ONG Foro Penal Venezolano antes de abril, pasaron a ser 676, este viernes. El martes, las Naciones Unidas, al denunciar el uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva y torturas en Venezuela, aseguró que sólo en los cuatro meses de manifestaciones en contra del Gobierno deNicolás Maduro, unas 5.000 personas habían sido detenidas de forma arbitraria y, de ellas, más de 1.000 seguirían detenidas. Seguramente en esa cifra aún desconocida, y cada día creciente, de presos políticos hay nuevos venezolanos con ascendencia española. Sus nombres se sumarán a los de al menos cuatro que el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero y otros no han podido rescatar con su criticada mediación en el conflicto venezolano. Estas son sus historias.

Andrea González: la repostera ‘canaria’Tiene 31 años, estudió en Tenerife, donde vive su familia, y hace 6 años regresó a Venezuela.Andrea González ya no prepara bizcochos. A veces los dibuja o los hace en cerámica. Pero en el espacio en el que se encuentra detenida desde hace dos años, esta repostera hispanovenezolana ya no puede cocinarlos.Comparte con otras dos mujeres una habitación de 3×4 metros. Sin ventanas ni baño. Sólo una litera, una cama, una columna y una reja. Por ahí sale Andrea para ver cada semana al único familiar que tiene en Venezuela o para recibir algo de sol. Pero cuando en el país hay protestas contra el Gobierno, como ahora, no puede hacer ni lo uno ni lo otro.Participó activamente en las manifestaciones de 2014. En esas protestas conoció a Liana Hergueta. Vivían en la misma zona y se hicieron amigas. También conoció a José Rafael Pérez Venta, a quien tildan de “patriota cooperante” o delator del Gobierno. El hombre asesinó y descuartizó a Hergueta y después acusó a Andrea y a otras tres personas de idear un plan para asesinar a la cantante Daniela Cabello, hija del entonces presidente del Parlamento, Diosdado Cabello. A él le habrían ofrecido 500.000 dólares para matarla.La italovenezolana Betty Grossi, una de las compañeras de celda de Andrea, está implicada en el mismo caso, como presunta financiadora. Cuando fueron detenidas, convivieron en una habitación de 50 m2 con 31 mujeres que habían cometido distintos delitos. Algunas, según Andrea, tenían enfermedades contagiosas. Todas usaban el mismo baño.Una huelga de hambre, en diciembre de 2016, las sacó de ahí. Las llevaron a una nueva celda pero Andrea, con 15 kilos menos, seguía en el mismo bloque que el hombre que la acusó. Mas no estaba en las mismas condiciones que él. La familia González ha denunciado que Pérez Venta recibe tratos privilegiados y ha sido visitado por altos funcionarios del Gobierno.Andrea se despierta tarde para que sus días sean más cortos: “Nada más horrible que un día largo en prisión”. A veces, tiene suficientes ánimos para hacer ejercicio o tomar lecciones de guitarra; leer El factor humano, de John Carlin; ver películas en inglés, para mejorar su nivel; o escribir reflexiones. “Por momentos sentimos que un poco más de presión puede quebrarnos”, dice desde su celda.

Andrea González
Arresto :En agosto de 2015.
Dónde está :Sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en El Helicoide, Caracas.
Delito : Le acusan de terrorismo.

Yon Goicoechea: el letrado que reza,tiene 32 años, origen vasco y tinerfeño. Es abogado y dirigente de Voluntad Popular.Cuando detuvieron a Yon Goicoechea, él le pidió a Dios que lo compensara con dos días más de vida por cada uno de prisión injusta. Ya la tierra dio una vuelta al sol desde ese momento. Lo que significa que si Yon recibe su recompensa, vivirá por lo menos dos años más. Hacía poco más de un mes que había regresado de Madrid. Dijo sentirse más preparado para participar en la reconstrucción del país que lo vio nacer y por el que comenzó a luchar en 2007 como uno de los líderes del Movimiento Estudiantil. No pudo hacer mucho. El 29 de agosto de 2016, mientras viajaba en su coche por una de las principales autovías de Caracas, fue interceptado y detenido por funcionarios armados. El ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, aseguró que le incautaron 1.325 gramos de explosivos, cordón detonante y material subversivo. Su abogado, Nizar El Fakih, cuestionó la veracidad de las supuestas pruebas y denunció que la detención se había hecho irregularmente. De la misma manera ha transcurrido su encarcelamiento. Primero estuvo en una celda de 2 por 1.50 metros, sin luz ni ventilación. Tenía gusanos, ropa con restos fecales y decenas de cucarachas. Luego fue llevado a una oficina administrativa en la que había una ventana y mejores condiciones higiénicas, pero debía permanecer en un área muy pequeña durante el día y dormir en el suelo. Y compartir un baño con cientos de funcionarios. Finalmente fue trasladado a una celda de unos 12 metros, sin entrada de luz ni ventilación, que comparte con tres personas más. Pero Yon no debería estar ahí. Desde octubre de 2016 tiene una orden judicial de libertad, sin que, a la fecha, se haya cumplido. Incluso en julio el defensor del pueblo solicitó públicamente su liberación. Unos días después la ONU hizo lo mismo. También se ha sumado la Fiscalía General de la República, que pidió el sobreseimiento de su caso. “Nadie puede explicar por qué sigue preso. Es un caso insólito e inexplicable”, dice su abogado. Mientras tanto, Yon sigue con su rutina: se levanta temprano, se ducha con un balde de agua y desayuna lo que le lleva su familia. Lee. Hace ejercicio, escribe… Y por las noches reza y llora para no odiar.

Yon Goicoechea
Arresto : El 29 de agosto de 2016.
Dónde está : Sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en El Helicoide, Caracas.
Delito : Posesión de sustancias explosivas.

Danny Abreu: el chico destruido,tiene 33 años, estudia Ingeniería electrónica y es hijo de padre tinerfeño.Este martes, Dany Abreu pasó su segundo cumpleaños en una habitación de la sede del servicio de inteligencia venezolano, en Caracas. No era día de visitas, por lo que no pudo ver a sus familiares. Pero al menos no lo pasó en la misma celda con presos comunes en la que estuvo el año pasado. Lo pasó con otros cinco presos políticos. En 2015, Dany y Andrea González, con la que arrancan estas cuatro historias, eran novios. Vivían juntos en San Antonio de los Altos. Dany estudiaba ingeniería electrónica. Cuando lo detuvieron por el mismo caso que a Andrea, estaba a punto de concluir la carrera.El 17 de agosto, después de que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se presentaran en la vivienda de la pareja y se llevaran a Andrea, supuestamente para que declarase sobre el caso de Liana Hergueta, Dany recibió un mensaje de texto en su móvil en el que, presuntamente, su novia le pedía que la fuera a buscar a la sede del servicio de inteligencia. Al llegar a El Helicoide, fue detenido. “Dany fue la persona que envió el correo con la toma satelital (Google Maps) de la casa del diputado Diosdado Cabello a José Pérez Venta, con la planificación y la toma de la casa de dicho diputado, lo que, sin duda alguna, conllevaría a la desestabilización grave de una estructura política fundamental del Estado, como lo sería la Asamblea Nacional, aunado a la gran conmoción social que esto causaría”, dice la acusación en contra de los implicados. El abogado Joel García asegura que esa única prueba fue “sembrada” por los funcionarios del Sebin, quiene habrían pedido a los jóvenes las claves de todas sus cuentas digitales. Por eso y por el retraso procesal en este caso, Dany no tuvo ánimos para hacer nada por su 33º cumpleaños. Ni salir de su celda. Ni siquiera quiso levantarse de la cama. Al día siguiente, su madre pudo visitarlo y le llevó un pastel. “Ten paciencia”, le dijo.Isabel Abreu asegura que antes de llegar a ese lugar, hace dos años, Dany era una persona feliz. Pero, ahora no sólo ha perdido la alegría, también el apetito. Pesa 12 kilos menos. Sueña con volver a casa y ver a sus padres y a su querida madrina, quien emigrará de Venezuela a España pronto.

Danny Abreu
Arresto : En agosto de 2015.
Dónde está : Sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en el El Helicoide, Caracas.
Delito : Le acusan de terrorismo.
Ignacio Porras: el testigo de un asesinato.Tiene 46 años, es catalán de origen por parte de madre, informático y encargado de una lavandería. Tras haber estado casi un año en la cárcel de El Rodeo II, el hispanovenezolano Ignacio Porras no es el mismo. Ya no es un hombre robusto de 120 kilos. Durante sus primeros tres meses de reclusión perdió más de la mitad de su peso. Tampoco es el mismo psicológicamente. “Está dolido e irritable”, dicen de quien solía ser “echador de bromas y colaborador”. De sus vivencias en prisión se sabe que al menos presenció un asesinato. Ahora, desde su hogar en el municipio caraqueño de Chacao, a donde lo trasladaron el 14 de marzo de 2015 por motivos de salud, escribe sobre esas experiencias. Pero sigue preso. Y anímicamente destrozado. “Es una persona a la que le gusta viajar, salir y el encierro le ha afectado”, explica su abogado, Rubén Araujo. En la puerta de su piso, hay dos policías las 24 horas. Dentro lo acompaña Zeus, un bóxer albino que se ha convertido en su amigo fiel. Tiene una hija adolescente pero vive con su abuela. Nacida en Cataluña, Rosario asegura que su hijo “no estaba metido en nada de política”. Se encargaba del negocio familiar: una lavandería ubicada a una calle de su vivienda. Era querido por todos en el barrio.El 14 de abril de 2014, en los mismos 70 m2 en los que ahora se dedica a la mecánica y a reparar cosas, se efectuó a las 20.00 horas una reunión en la que varias personas habrían debatido acerca del comunismo, del socialismo y del marxismo. Entre los asistentes había dos agentes encubiertas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Grabaron la conversación con sus móviles. Según el abogado de Nacho, no se cometió delito alguno durante la reunión, pero a las 4.00 del 22 de abril allanaron su piso y, sin orden de detención, lo arrestaron junto a otras tres personas que estaban con él. El abogado que los asistió en el allanamiento también fue detenido. Cuatro días después dictaron una orden privativa de libertad contra los cinco y contra otras cuatro personas que supuestamente participaron en una reunión similar en otra vivienda. Tras ser trasladado de la cárcel a su piso, lo único que ahora le da algo de vida es poder ver, desde un ventanal de su apartamento, El Ávila, la montaña que protege a Caracas pero que no puede proteger a sus habitantes.

Ignacio Porras
Arresto : El 22 de abril de 2014.
Dónde está : En su apartamento de Caracas.
Delito : Asociación para delinquir, intimidación pública…

 

GNB se negó a liberar Wuilly Arteaga a pesar de medida cautelar – La Patilla – 13 de Agosto 2017

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El director de Foro Penal, Alfredo Romero, escribió esta madrugada que el violinista Wuily Arteaga no había sido liberado, como lo solicitó ayer Tarek William Saab.

Saab pidió este sábado al Tribunal 5to de Control una medida sustitutiva en favor del violinista, sin embargo, el abogado Robert Carmona Borjas escribió en Twitter que el “Destacamento 433 de la GNB de El Paraíso se NIEGA a liberar a @WuillyArteaga a pesar de haber recibido medida sustitutiva de libertad”.

Arteaga fue detenido en la urbanización El Paraíso cuando tocaba en una manifestación opositora.

Tanto sus familiares como Foro Penal han denunciado que el joven fue golpeado y torturado tras su injusta detención.

Más de 1.300 manifestantes presos en condiciones infrahumanas de reclusión por Maru Morales/Rafael León – La Patilla – 13 de Agosto 2017

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Esta semana el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein, habló fuerte y claro: “En Venezuela ha habido un claro patrón de uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. Miles han sido detenidos arbitrariamente, muchos han sido víctimas de malos tratos y tortura”, reseña El Nacional.

Los malos tratos no se refieren solo a agresiones físicas o psicológicas, sino también a las condiciones infrahumanas en las que los detenidos deben esperar por un proceso judicial enlentecido adrede, denuncian abogados del Funpaz, Foro Penal y Fundeci.

Desde abril han sido detenidas más de 5.000 personas en el contexto de las protestas, de las cuales más de 1.300 siguen tras las rejas, esperando audiencia preliminar o la admisión de los fiadores impuestos por los tribunales.

Sin acceso a agua potable, expuestos a enfermedades, hacinados y durmiendo junto a delincuentes comunes, pasan los días, las semanas y los meses de los presos por protestar.

Sin agua. Andrés Colmenares, de Funpaz, afirmó que por primera vez tantos civiles han permanecido detenidos por tanto tiempo en instalaciones militares. “Hasta el 7 de agosto había 110 personas hacinadasen el destacamento 120 de la GNB, algunas con hasta 60 días esperando el visto bueno a los fiadores”, dijo. En Lara hay 6 centros de detención: Polilara, Policía de Iribarren, Conas Tiuna, y los destacamentos de la GNB 123 (La Montañita), 121 y 120 (Alí Primera).

“Ninguno tiene condiciones para tener detenidos. En el Alí Primera los obligan a hacer orden cerrado; no tienen baño privado; no hay agua por tubería, dependen de cisternas y no hay higiene. Ha habido brotes de sarna e infecciones vaginales”, indicó.

La semana pasada 40 detenidos en el Conas Tiuna fueron obligados a dormir en la fosa de una piscina inconclusa. Alertó que hace dos semanas sacaron a unos 600 reos de Uribana y los llevaron a otras cárceles, para meter ahí los detenidos en Carabobo, Aragua, Zulia, Mérida y Lara.

La enfermedad. Alfredo Romero, del Foro Penal, aseguró que la exposición de los detenidos a las enfermedades forma parte del esquema de agresión del Estado. Explicó que en el Helicoide la persona recién detenida llega directo a ‘la preventiva’, un área de condiciones “infames y hacinamiento”. Allí se encuentra Ángel Zerpa, nombrado magistrado del TSJ por el Parlamento el 21 de julio. “Él está en huelga de hambre, preso junto a dos personas en un baño que era usado para la visita conyugal, en unas condiciones de suciedad terribles e incomunicado”.

La reclusión de detenidos en protestas con hampa común es otro drama. “En el Rodeo 2 por ejemplo, el riesgo de muerte es alto porque hay motines. En Tocuyito llegamos a tener 4 presos por las protestas en una celda tan pequeña que solo uno podía estar de pie a la vez. En la Zona 7 de Boleita se produjo una riña y un joven resultó golpeado”.

Anteriormente en Ramo Verde cada preso podía tener una celda y algunas tenían baño, “pero ahora, han tenido que habilitar áreas como la del casino de los guardias y meter hasta 70 personas ahí con un solo baño”, dijo.

El inframundo. Joel García, de Fundeci, no duda en afirmar que el peor de los centros de detención preventiva en Caracas es la Zona 7 de la PNB en Boleíta. “Eso es horroroso, le dicen ‘el inframundo. Es un sótano, están hacinados junto con el hampa común, hay epidemia de sarna, personas con afecciones respiratorias. En el Helicoide hay un espacio que llaman ‘guantánamo’, mide 30 metros x 20 metros, hay 50 personas y un solo baño. Hay sarna y otras enfermedades pero aunque el juez lo ordene, no hay traslados a los centros de salud. Y en la PNB de La Yaguara los detenidos son dejados dentro de los camiones de detención porque ya no tienen espacios en las celdas”.

Familiares de tres jóvenes que esperan la audiencia de verificación de fiadores denunciaron que durante dos días solo les permitieron compartir dos litros de agua. Nueve personas detenidas entre el 22 y el 30 de julio, presas en la comandancia de San Jacinto, en Aragua, “duermen en el piso sobre papel periódico, no les dejan pasar colchonetas y hacen sus necesidades a través de un tubo que conecta con la tubería de aguas negras”, manifestó un familiar.

Violaciones sistemáticas

El viernes el Comité de la ONU contra la Tortura anunció que pedirá a Venezuela una reunión para abordar el “deterioro de la situación” y solicitar un informe urgente frente a las denuncias de malos tratos a los detenidos. Algunos de los patrones denunciados por las víctimas ante la ONU son:

-Detenciones arbitrarias: La ONU alerta de que 5.051 personas han sido detenidas sin orden de aprehensión, ni en evidencia de la comisión de un delito. Hay casos donde las víctimas si siquiera formaban parte de la manifestación.

-Torturas y maltratos: Miles de detenidos denunciaron haber golpeados y amenazados de muerte, de violación sexual y persecución contra sus familiares, denunció el Alto Comisionado, Zeid Ra’ad al Hussein.

-¿Colectivos armados o policías?: Civiles armados detenienen a personas, las golpean, roban, amedrentan y luego las entregan a la PNB o GNB. De acuerdo al informe de la ONU, de los 124 muertos en protestas, 27 han sido en manos de estos grupos.

-Justicia militar: El Foro Penal, registra 626 personas presentadas ante un juez militar. El caso más relevante es el de los 27 estudiantes de la UPEL de Maracay.

-Hacinamiento: En la mayoría de los casos, los detenidos son sometidos a permanecer en condiciones inhumanas por horas o días en celdas pequeñas, pasillos o patrullas hasta ser presentados en los tribunales.

-“Vacunas”: Custodios les piden donaciones de agua y comida a familiares de detenidos “para permitir la visita, tratarlos bien y resguardarlos”.

 

SR. González Pazos, ¡Váyase a Venezuela y despúes opine! por Iñaki Anasagasti – Deia – 12 de Agosto 2017

6a00d8341bf85353ef01b8d192017b970c-150wiEn esta sociedad líquida y sin columna vertebral en la que vivimos, conviene de vez en cuando, marcar cada uno bien el terreno y señalar lo que nos parece bien de lo que consideramos asquerosamente manipulado.

Este sábado, Deia ha publicado un artículo que en el fondo podría parecer una apología al terrorismo de estado. Lo firma Jesús González Pazos y lleva por título “Venezuela, desde el respeto y la solidaridad”. Ya de por si, el título miente. En su desarrollo no hay el menor respeto ni la mínima solidaridad. Es un ataque continuo a los basamentos de un sistema democrático, como lo entendemos en Europa, dejando de lado las reivindicaciones nacionales que demanda Euzkadi, de las que podíamos hablar en otro trabajo.

De entrada el que González Pazos, se presente como miembro de Mugarik Gabe, me decepciona sobre lo que es esta ONG que al parecer no tiene fronteras. Creí que sus reivindicaciones eran otras, y sus personeros de otro talante humano, o de lo contrario que digan claramente que este personaje no les representa en nada.

Y digo la diferencia entre un periódico democrático, de otro que no lo es, es que en Deia se haya publicado semejante cúmulo de despropósitos, porque la ideología del periódico la marcan los editoriales, y hace unos días, Deia tomó postura en contra de la dictadura de Maduro, frente a un periódico como Gara que jamás de los jamases publicaría nada a favor de la democracia que propende la Mesa de la Unidad Democrática de aquel país que comprende todo su arco parlamentario, desde el Partido Comunista, hasta la derecha venezolana, porque lo de Maduro, nada tiene que ver con la Izquierda con mayúsculas sino con el gansterismo. Pero si esto satisface al Sr. González Pazos, le recomiendo se vaya a vivir en aquel país tan paradisíaco, como así nos lo describe.

La oposición ganó las elecciones legislativas y ante esa evidencia Maduro ha desconocido todas sus decisiones y las ha anulado a través de un falso poder judicial que no es más que correa de transmisión de un ejecutivo que ha empobrecido el país y ha destituido a la Fiscal General por atreverse a decir que el actual régimen es una dictadura.

¿En que país democrático hay presos políticos?. En ninguno. Solo los hay en las dictaduras por eso se les saca a los incómodos de su casa y se les mete en la cárcel arbitrariamente, sin juicio alguno y a pesar de que el fiscal que acusó a Leopoldo López tuviera que huir y decir que toda su acusación fue falsa. Pues López sigue en arresto domiciliario sin posibilidad de expresión pública.

¿En que país democrático se cierran medios de comunicación y se controla la tirada los periódicos impidiéndoles el suministro de papel?. En uno no democrático, como en Venezuela. O en Corea del Norte. Y, si no me cree, diríjase al periodista vasco de izquierda, Xabier Coscojuela que ha tenido que cambiar su diario Tal Cual al sistema digital ante la falta de papel.

¿En qué país democrático se monta una votación fraudulenta, dicha desde Londres por la propia compañía que se prestó a la mascarada diciendo que habían manipulado un millón de votos, para negar algo constitucional como el Revocatorio y sacarse de la manga una instancia Constituyente para anular la democracia?. Pues en Venezuela.

¿Qué país democrático tiene el rechazo de esta iniciativa falsamente Constituyente ya que se trata de una regresión tipo “democracia orgánica franquista”, por parte de la Unión Europea y la mayoría de los países latinoamericanos y de Naciones Unidas?. Sencillo. La Venezuela de Maduro.

¿Qué país ha sido denunciado por malos tratos, abusos policiales, falta de democracia e irrespeto a la verdad por parte de la ONU?. Venezuela, compadre.

¿En qué país han muerto en las protestas contra un gobierno 130 jóvenes en sus calles?. En la patria del chavismo. Dato que al parecer al Sr. González Pazos le tiene sin cuidado.

¿Qué país ha sido expulsado de Mercosur, repudiado en la última reunión de cancilleres en Lima, mientras mantiene divisiones de soldados cubanos en Fuerte Tiuna y la Inteligencia y Contrainteligencia en manos del castrocomunismo?. La dictadura chavista de Maduro.

Y así podríamos ir analizando todas y cada una de las úlceras crapulosas de un putrefacto régimen de fuerza que al parecer al Sr. González Pazos le encantaría aplicar a la tierra de los vascos, pues de lo contrario no se entiende su admiración hacia la barbarie.

Para justificar todo este oprobio, el articulista lo compara con España. Le puedo dar a este señor una serie de datos sobre lo que es la democracia en España, quizás desde más cerca de su lupa, pero se que no serviría para nada. Por eso le sugiero escriba este tipo de análisis en Gara, que estará encantada de tener por lo menos a un vasco ilustrado que crea que la “robolución bolivariana” como la llaman es un faro que nos debe iluminar en la noche española. Si Gara publica los comunicados de ETA, ¿por qué no este canto a una dictadura?.

La dirección de Deia verá si le interesa seguir alimentando algo que ha irritado sobremanera a todos los vasco venezolanos que habitamos en Euzkadi, conocemos y queremos aquel país, y votamos en las elecciones que demuestran que el 97 %, en las urnas, es profundamente antichavista por democrático. Por cierto, vascos que en 1977 siguieron el llamamiento para comprar acciones de Deia y poder combatir el pensamiento único franquista de aquella dictadura, semejante a la venezolana, con militares corruptos en todas las esferas del poder.

No es la primera vez que González Pazos escribe semejante sarta de mentiras y apologías en Deia. Solo deseo se informe antes de juntar sus letras y no hiera a tanta gente que pugna por salir de aquel país al que Colón llamó Tierra de Gracia.

 

Rosaura Valentini: “Pedimos auxilio al Gobierno español porque la vida de Yon Goicoechea corre peligro” por Nuria López – El Mundo – 7 de Agosto 2017

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Miedo e incertidumbre son las sensaciones que se extienden entre los familiares de los centenares de presos políticos de Nicolás Maduro, especialmente tras la violenta detención la semana pasada de Antonio Ledezma y Leopoldo López, ambos de vuelta ya al arresto domiciliario.

Otra de esas esposas que reivindica la libertad de su marido es Rosaura Valentini, que padece el encarcelamiento de Yon Goicoechea (32 años).
Este abogado hispanovenezolano, miembro de Voluntad Popular y uno de los líderes estudiantiles de las protestas de 2007 contra Hugo Chávez, fue arrestado la mañana del 29 de agosto de 2016 -recién llegado a su país natal con su mujer y dos hijos tras pasar un tiempo en EEUU y España- en una autopista de Caracas, pasó 56 horas desaparecido y después se supo que estaba en El Helicoide. “Mi esposo va a cumplir ya un año preso en el Servicio Bolivariano de Inteligencia”, explicaba Valentini en una entrevista tras apoyar ante los medios a otra de las ‘Damas de Blanco’ venezolanas, Mitzy Capriles de Ledezma, que la semana pasada denunció el arresto de su marido, el alcalde mayor de Caracas, que tras pasar por Ramo Verde el viernes volvió a su casa.

“Está en una celda que no recibe luz solar en ningún momento de la semana. Sólo dos horas, pero hay que exigirlo porque si no le dejan encerrado todo el día”, añade la mujer de Goicoechea, que subraya la gravedad de las condiciones que atraviesan los presos en las cárceles, comparándolas con el caso del ciudadano americano que estuvo preso en Corea del Norte y que acabó falleciendo, Otto Warmbier.

“Yo no quisiera que mi esposo muriera por estar tras la rejas y estamos pidiendo auxilio al Gobierno español, porque la vida de mi esposo corre peligro actualmente”, destaca Valentini.

Una petición de ayuda que ha llegado hasta la Audiencia Nacional española, que estudiará si investiga a Venezuela por mantener preso en Caracas a Goicoechea. “No hemos podido ir a visitarle, no hemos podido saber cómo está mi esposo y por eso estoy aquí [en referencia a España], porque ya en Venezuela hemos agotado todas las instancias a nivel jurídico”, dice la mujer del miembro de Voluntad Popular, a pesar de que el octubre pasado obtuvo una orden de excarcelamiento. El llamamiento a la justicia de nuestro país se realiza en base a la nacionalidad española del opositor, que le fue otorgada por nuestro Ejecutivo por carta de naturaleza el pasado 23 de diciembre, puesto que sus abuelos son españoles. Valentini presentó una querella contra la Justicia y el Gobierno venezolanos por supuestos delitos de torturas y de la integridad moral.
“El caso de mi esposo se encuentra en este momento con un sobreseimiento. La Fiscalía ha cerrado el caso, no hay más investigación al no encontrarse ninguna evidencia, ningún delito en su contra. Mi esposo debe tener libertad plena”, reivindica Valentini. Una petición que también ha sido realizada por Naciones Unidas.

La mujer de Goicoechea reconoce el apoyo que le ha brindado España: “La embajada española en Caracas ha estado vigilante de la situación de mi esposo. El embajador ha ido a visitarle una vez”. Sin embargo, advierte de que el diplomático no pudo constatar la celda en la que se encuentra, ya que sólo pudo encontrarse con él en “una oficina que ellos utilizan para que el mundo exterior no pueda ver las condiciones en las que viven nuestros presos políticos en Venezuela.

A pesar de todo, Valentini recuerda que el opositor “es un demócrata que quiere recuperar la libertad, de él, de todos sus compañeros y de toda Venezuela”.
Una prioridad que el propio Goicoechea reclamó el pasado mes de mayo en una entrevista con EL MUNDO y también recientemente en un vídeo publicado en su cuenta de Twitter: “La crisis nos está hablando, nos está gritando a los políticos que no nos rindamos, que estemos junto al sufrimiento y la esperanza de la gente”. Unas fuerzas que se agotan mientras cada vez más opositores son encarcelados en las prisiones del Gobierno del ‘hijo de Chávez’.

Maduro pone en el punto de mira a los 80 alcaldes de la oposición por Miguel González – El País – 6 de Agosto 2017

El español Josy Fernández se enfrenta a 15 meses de cárcel por no impedir las manifestaciones opositoras en su ciudad

Después de destituir a la fiscal general, Luisa Ortega, y de intentar suplantar a la Asamblea Nacional con la nueva Asamblea Constituyente, controlada por el chavismo, el régimen de Nicolás Maduro ha puesto en el punto de mira a los 80 ayuntamientos controlados por la oposición.

El Tribunal Supremo se ha convertido en el ariete para derribar a los alcaldes elegidos en los comicios de 2013 y barrer a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de uno de sus últimos bastiones institucionales. Además del caso más conocido, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, en arresto domiciliario, dos ediles han sido condenados a 15 meses de cárcel en las últimas dos semanas y hasta 14 están encausados por permitir las manifestaciones contra el Gobierno que se suceden desde el pasado 1 de abril.

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Josy Fernández, alcalde de San Antonio de los Altos

Uno de ellos es Josy Fernández, alcalde de San Antonio de los Altos, un municipio de 110.000 habitantes a 10 kilómetros de la capital. Fernández, del partido opositor Primero Justicia, está citado para este martes por el tribunal y, en conversación telefónica con EL PAÍS, asegura que aún no ha decidido si acudirá. Califica de “absolutamente inconstitucional y al margen de la ley” el procedimiento abierto contra él y denuncia que sus abogados ni siquiera han podido acceder al expediente.

La acusación se basa en el testimonio de cuatro miembros del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que no viven en su ciudad y que sostienen que las protestas les impidieron el paso. “La denuncia es un corta y pega, tanto que ni siquiera se han molestado en cambiar el nombre de la localidad y me imputan no prohibir las manifestaciones en Baruta, un municipio que no es el mío”, alega Fernández.

El alcalde justifica la movilización de sus vecinos por la situación desesperada que vive la población, con escasez de alimentos y medicinas y una inflación del 5000%, pero asegura disponer de vídeos que demuestran que las manifestaciones no alteraron en ningún momento la movilidad.

No confía en que sus argumentos sean considerados. El alcalde de Iribarren, Ramón Alfredo Ramos, fue capturado el pasado día 28 por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la policía política de Maduro, y otros cuatro ediles, incursos en el mismo procedimiento, están en busca y captura. Además de acabar en la cárcel, se enfrenta a la destitución de un cargo para el que fue elegido con el 78% de los votos.

Fernández es uno de los casi 200.000 venezolanos con nacionalidad española. Hasta los 18 años vivió en el municipio de Chantada (Lugo), de donde procede su familia. La última vez que estuvo en España fue hace tres meses, pero tuvo que regresar precipitadamente a Venezuela ante el deterioro de la situación. Tiene pasaporte español, al igual que sus dos hijos, pero no parece que eso pueda servirle de mucho: media docena de españoles llevan meses en las cárceles de Maduro, incluido el exlíder estudiantil Yon Goicoechea, pese a que se ha archivado la acusación contra él, y otros 20 han sido detenidos en la última oleada de manifestaciones.

 

Alarmante detención por Javier Cremades – El País – 1 de Agosto 2017

El arresto de los líderes opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma es un paso más en la cultura del miedo que todos los demócratas del mundo debemos combatir

Esta madrugada hemos conocido alarmados que Leopoldo López y Antonio Ledezma, líderes ambos de la oposición democrática venezolana al Gobierno de Maduro, han sido detenidos en sus domicilios por agentes de la seguridad gubernamental. Se trata de un paso más en la cultura del miedo, que todos los demócratas del mundo debemos combatir alzando la voz desde todos los países. Leopoldo y Ledezma son hoy más que nunca símbolo de la identidad de un pueblo que lucha impotente por su libertad.

La detención demuestra también que no existió mandato alguno del Supremo para liberarlo, tal como ya denunciamos alguno. Es una constatación de una deriva totalitaria en la que se evidencia ya la ausencia de Estado de derecho, de separación de poderes, y desde el domingo de inexistencia de régimen democrático con sufragio universal. Estamos por tanto ante un zarpazo de un régimen inmoral, en tanto que atenta contra la esencia básica de la persona humana. Siempre que ha habido un régimen así en la Historia se ha producido una revolución para derrocarlo. No seria deseable que sucediera en Venezuela, por el coste y la fractura social que produce. Pero el chavismo y el madurismo deben reaccionar y dar signos muy distintos al mensaje que han enviado hoy al mundo.

Quizá la iglesia venezolana y el Vaticano puedan ahora más que nunca mediar en esta guerra civil en ciernes. Lo sucedido esta noche en Venezuela es un secuestro de dos ciudadanos por sus ideas políticas, malamente enmascarado en supuestos delitos inventados por la dictadura. Las instancias gubernamentales internacionales no pueden permanecer impasibles ante esta situación de desprecio a los más elementales derechos fundamentales que nuestras sociedades defienden. La indignación global ante esta nueva manifestación de desprecio al derecho de quien está demostrando día a día su condición no ya de dictador, sino de tirano, puede ayudar a evitar una guerra civil. Hoy puede decirse en Venezuela que la revolución es un crimen donde rige la justicia y el derecho, pero es justicia y derecho donde impera la tiranía. En la época de la globalización es fundamental que la comunidad internacional se haga más fuerte y eficaz en su defensa de la libertad y el derecho.

Javier Cremades es abogado y miembro del equipo de defensa de Leopoldo López.

 

Leopoldo López vuelve a arresto domiciliario por Ewald Scharfenberg – El País – 6 de Agosto 2017

El opositor venezolano regresa a casa tras cuatro noches en la cárcel de Ramo Verde
Unknown-1El preso político venezolano Leopoldo López, dirigente del partido político Voluntad Popular (VP), ha vuelto este sábado a arresto domiciliario, tras haber pasado cuatro noches en la cárcel militar de Ramo Verde, a las afueras de Caracas. “Acaban de trasladar a Leopoldo a la casa. ¡Seguimos con más convicción y firmeza para lograr la paz y libertad de Venezuela”, anunció la esposa de López, Lilian Tintori, en su cuenta de Twitter poco antes de las once de la noche.

López —arrestado en febrero de 2014 y condenado en septiembre de 2015 a cumplir una sentencia de casi 14 años en prisión por cargos de asociación para delinquir, instigación y destrucción de bienes públicos— estuvo confinado en Ramo Verde hasta el pasado 8 de julio, cuando se le concedió una medida de “casa por cárcel”. La gracia fue producto del proceso de mediación llevado a cabo por el expresidente de Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.

Pero el naufragio definitivo de la misión de Zapatero, en vísperas de las elecciones constituyentes del 30 de julio, y la posterior crispación del clima político, llevaron al Gobierno a internar de nuevo en prisión a López el pasado martes.

La madrugada de ese día agentes de la policía política también buscaron en su residencia al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, dirigente del opositor partido Alianza Bravo Pueblo (ABP), para conducirlo a la misma prisión de Ramo Verde. Ledezma, preso político como López, también gozaba del beneficio del arresto domiciliario, pero desde mucho antes que el político de Voluntad Popular (abril de 2015).

El Gobierno venezolano, a través de voceros, dijo el martes que la redada contra López y Ledezma se había producido por la ruptura de las condiciones de excarcelación ofrecidas a ambos políticos, en especial, lo relativo a la prohibición de conceder declaraciones públicas.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el Gobierno de Nicolás Maduro, aclaró por su parte que había decidido revocar los beneficios a López y Ledezma para evitar que se fugaran. No obstante, el viernes, tres días después de su regreso a prisión, las autoridades devolvieron a Ledezma a su casa.

Ni los familiares ni los abogados de Leopoldo López habían podido verlo en su nuevo confinamiento desde que fue trasladado a prisión. Se esperaba que este sábado, día regular de visita en Ramo Verde, pudieran hacerlo. Sin embargo, fue devuelto a su residencia en el norte-centro de Caracas.

El martes se dio a conocer por las redes sociales un vídeo grabado previamente en su hogar, en el que López y su esposa, Tintori, revelaron que esperan su tercer hijo.

Venezuela debe poner fin a la detención sistemática y el uso de tribunales militares contra manifestantes – Comunicado ACNUDH – 4 de Agosto 2017

 

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GINEBRA (4 de agosto de 2017) – El Gobierno de Venezuela debe poner un alto a las detenciones sistemáticas de los manifestantes y frenar el creciente uso de tribunales militares para juzgar a civiles, dice un grupo de expertos* en los derechos humanos de la ONU.

Las autoridades deben también respetar los derechos de todos los manifestantes y detenidos y garantizar su integridad física y psicológica, dijeron los expertos independientes.

“Estamos seriamente preocupados por acusaciones de detenciones arbitrarias y uso excesivo e indiscriminado de la fuerza en el marco de las protestas públicas, así como por el uso de tribunales militares para enjuiciar a civiles”, enfatizaron.

“Tales actos estarían en abierta violación al derecho de no ser privado arbitrariamente de la libertad, al debido proceso y a ser juzgado por un juez natural, independiente e imparcial. Además, constituirían graves violaciones a los derechos de libertad de reunión pacífica y de expresión”.

Miles de personas habrían sido privadas de su libertad, desde abril del 2017, en el marco de protestas públicas. En muchos de esos casos, los detenidos han sido sometidos a aislamiento temporal, sin tener la posibilidad de comunicarse con sus familiares o abogados, previo a su presentación ante los tribunales. En otros casos, las personas fueron liberadas por decisión discrecional de los cuerpos de seguridad.

“El Gobierno venezolano tiene la obligación de garantizar que los ciudadanos no sean privados arbitrariamente de su libertad, o penalizados de ninguna manera, por expresarse y protestar pacíficamente. Las protestas no deben ser criminalizadas”, señalaron los expertos.

“El Gobierno también debe asegurar que los registros de detención sean públicos y estén a disposición de los familiares”.

Los expertos también llamaron las autoridades a poner en inmediata libertad los dirigentes de oposición Leopoldo López y Antonio Ledezma, recientemente transferidos a centros de detención tras la revocación de sus arrestos domiciliarios. Los expertos resaltaron el hecho de que El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria considera que la privación de libertad del Sr. López y el Sr. Ledezma violó sus derechos.

Los expertos dijeron que el creciente uso de los tribunales militares para juzgar a civiles fue especialmente preocupante. Al menos cuatrocientos manifestantes habrían sido juzgados de esta manera y la gran mayoría habrían sido privados de su libertad bajo acusaciones de delitos previstos en el Código Orgánico de Justicia Militar, tales como rebelión militar, traición a la patria y ultraje al centinela.

“El uso de la justicia militar penal debe ser estrictamente limitado a casos en los que militares activos cometan delitos militares”, recalcaron los expertos.

“Los órganos judiciales militares deberían, por principio, ser incompetentes para juzgar a civiles. El Estado venezolano debe velar por que los civiles acusados de una infracción penal sean juzgados por tribunales ordinarios”.

Los expertos también expresaron grave preocupación por las acusaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza durante las protestas por parte de los agentes de estado y de los llamados armados ‘colectivos’, que fueron acusados intimidar, agredir, detener e incluso dar muerte a algunos manifestantes.

Los expertos de los derechos humanos notaron que muchos de los detenidos han denunciado torturas o tratos crueles, inhumanos y degradantes al momento de ser presentados ante los tribunales.

“Recordamos al Gobierno venezolano la prohibición absoluta de la tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Estas normas deben regir la actuación de las fuerzas policiales y militares en todo momento”, indicaron.

Los expertos en derechos humanos de la ONU se han comunicado con las autoridades venezolanas para pedir aclaraciones sobre la conformidad de los hechos aquí expresados con el derecho internacional.

(*) Los expertos: el Sr. José Antonio Guevara Bermúdez, Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; el Sr. David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; la Sra. Annalisa Ciampi, Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; el Sr. Diego García-Sayán, Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, el Sr. Nils Melzer, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Los Grupos de Trabajo y Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos de investigación y monitoreo del Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su labor. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.

 

Antonio Ledezma de nuevo en casa – La Patilla – 4 de Agosto 2017

000_R50Q5.jpgAgentes del Sebin regresaron a su casa al alcalde Antonio Ledezma la madrugada del viernes para que continue en arresto domiciliario, informó Mitzy Capriles en la cuenta Twitter de su esposo.

Ledezma fue sacado a empujones de su casa la madrugada del martes 1 de agosto por encapuchados del Sebin, revocando por sorpresa y sin motivo su medida humanitaria de casa por cárcel, y fue recluido nuevamente en Ramo Verde al igual que Leopoldo López. Hoy, también sorpresivamente fue regresado a su hogar. A primeras horas del día ningún familiar de López había informado de una posible excarcelación.

La justicia venezolana dio orden de detenerlos tras acusarlos a ambos de violar los términos de la reclusión en sus hogares al realizar proselitismo político, y hasta llegaron a decir que ambos tenían planeado fugarse.

“Informo al país que hace minutos sorpresivamente a Antonio lo trajo el SEBIN a nuestra residencia. Vuelve a la casa por cárcel”, escribió Mitzy Capriles en Twitter.

“Antonio dijo al entrar al apartamento que retorna con la angustia de que Leopoldo y más de 600 Presos Políticos siguen tras las rejas”, agregó.

Las detenciones generaron una nueva ola de condenas externas, que se sumó al rechazo de buena parte de la comunidad internacional a una cuestionada votación el domingo para elegir los miembros de una Asamblea Nacional Constituyente, un proceso donde no participó la oposición.

Ledezma, de 62 años, cumplía arresto domiciliario desde el 2015 por razones de salud. El abogado fue acusado a principios de ese año de conspirar contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

El mandatario había advertido sobre detenciones a líderes opositores una vez que entrara en funciones la polémica asamblea constituyente, que reescribirá la carta magna y podrá abolir los poderes públicos.

La excarcelación de Ledezma se produce a pocas horas de la instalación el viernes del nuevo cuerpo de 545 miembros en el edificio que ocupa el Parlamento opositor, que legislará para pacificar el país, según prometió Maduro.

La oposición en Venezuela, entre tanto, convocó a marchar en la jornada contra lo que consideran es un fraude, para seguir presionando por una salida a la crisis política en el país petrolero, que vive una ola de protestas violentas que han dejado más de un centenar de fallecidos en los últimos 120 días.

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