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Venezuela : Autoridades deben poner fin a las detenciones arbitrarias y a la política de represión – Amnesty International – 17 de Mayo 2018

 

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Durante los últimos años Amnistía Internacional ha documentado y denunciado ampliamente las detenciones arbitrarias por motivos políticos que son cometidas por agentes estatales en Venezuela. La organización advierte la existencia de distintos patrones mediantes los cuales se detiene de forma arbitraria a disidentes políticos o a quienes son percibidos como tales. Estos patrones van desde las detenciones sin órdenes judiciales, ni en situación de flagrancia; el uso de tipos penales ambiguos y de interpretación discrecional; el procesamiento de civiles ante tribunales militares; hasta el desconocimiento de órdenes de liberación de personas privadas de su libertad emitidas por la autoridad judicial por parte de los custodios u otros agentes estatales.

Asimismo, Amnistía Internacional ha recibido numerosas denuncias sobre las condiciones inhumanas en las que están recluidas muchas de estas personas en diferentes cárceles del país que incluyen lugares ilegales de reclusión. Entre las denuncias se encuentran la falta de acceso al agua, alimentos o a la luz solar. En muchas ocasiones se suspenden visitas y se aíslan e incomunican a las personas sin motivo alguno.

Estos patrones de detención arbitraria, ha podido concluir la organización, forman parte de una política de represión que incluye también el uso de la fuerza de forma excesiva.

Amnistía Internacional manifiesta una vez más su preocupación porque estos patrones arbitrarios continúan siendo usados para acallar la crítica e incluso obstaculizar el trabajo de activistas sociales y líderes estudiantiles. En tal sentido, la organización exige nuevamente la liberación inmediata e incondicional de los presos de conciencia Geraldine Chacón, Gregory Hinds, Leopoldo Lopez y Villca Fernandez. Igualmente, la organización expresa su rechazo ante la posibilidad de que adolescentes se encuentren recluidos en dependencias del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), y al reiterado desconocimiento de órdenes judiciales de traslados médicos y de liberación.

Finalmente, Amnistía Internacional hace un llamado urgente para que se respeten las garantías judiciales, el debido proceso y la libertad de las personas que han sido detenidas arbitrariamente por motivos políticos. El Estado venezolano está obligado a promover garantías de no repetición para desmantelar la política de represión implementada por las autoridades.

Alfredo Romero: “A la hora de defender los Derechos Humanos Zapatero ha dejado mucho que desear” – Libertad Digital – 8 de Mayo 2018

alfredo-romero-esradio-2-08052018.jpgEl director ejecutivo del Foro Penal Venezolano ha descrito la dramática situación de su país en los micrófonos de Es la Mañana de Federico.

“Más de 12.300 personas han pasado por la cárcel sólo desde el año 2014”, ha explicado Alfredo Romero en esRadio. “A día de hoy hay 336 presos políticos encarcelados, algunos de ellos para justificar un fracaso en las políticas públicas del gobierno, ya que se culpa de la escasez a empresarios o farmacéuticos y se les manda a prisión por ello”. Además, “la represión ha venido incrementándose en 2018”.

El Foro Penal Venezolano es una ONG de abogados que reúne a “más de 4.000 activistas” –la mayor parte abogados que trabajan gratuitamente– y, tal y como ha contado Romero, representa “a la mayoría de presos políticos” y a sus familiares en Venezuela. Por eso resulta tan sorprendente que Zapatero, “que decía estar muy preocupado por los presos políticos jamás ha querido reunirse con una organización como la nuestra”.

Una actuación que lleva a Romero a asegurar con rotundidad que “en lo que respecta a la defensa de los derechos humanos Zapatero ha dejado mucho que desear, yo he intentado reunirme con él porque siempre digo que, si tengo que reunirme con el diablo para liberar presos, lo haré, pero el diablo no me recibió”.

El “beneficio” de la represión

Alfredo Romero ha explicado que “para entender la situación venezolana hay que recordar que la represión tiene un beneficio político, también un coste, pero ese beneficio es muy importante: la intimidación, la destrucción de la sociedad, el miedo que quebranta a la oposición”.

En su opinión, en Venezuela “hay definitivamente un régimen que tiene como objetivo que no exista oposición y, de hecho, mucha de la oposición se ha tenido que ir del país”. Así, tal y como recordaba, “los candidatos que participaron en las elecciones de Maduro han tenido que huir o están inhabilitados, los partidos políticos más importantes están también inhabilitados, ¿qué elecciones son esas?”, ha dicho refiriéndose a las presidenciales que están a punto de celebrarse.

Romero ha explicado que “Venezuela y Cuba es básicamente el mismo régimen”y que, de hecho, actualmente “desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de los DDHH la situación es peor en Venezuela que en Cuba”.

Una situación de crisis que no es, para Romero, sólo un problema de políticas fallidas: “Destrozar la economía es parte de un plan para lograr que las personas dependan del gobierno. Es un sistema –ha dicho del chavismo– que busca esclavizar”, porque “la escasez hace que la gente dependa del gobierno”.

 

 

Nicolás Maduro y la banalidad del mal por Moisés Naím – El País – 5 de Mayo 2018

Este artículo desmonta, una a una, las afirmaciones que el presidente de Venezuela defendió en una tribuna reciente publicada en este periódico
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Que la maldad puede ser banal ya nos lo explicó Hannah Arendt. Después de asistir al juicio contra Adolf Eichmann en 1961, Arendt escribió que su principal sorpresa fue descubrir lo anodino que era ese monstruoso ser humano. Este oficial de las SS fue uno de los principales organizadores del Holocausto, en el que fueron asesinados más de seis millones de niños, mujeres y hombres. Arendt cuenta que Eichmann no era muy inteligente; no pudo completar los estudios secundarios o la escuela vocacional y solo encontró empleo como vendedor itinerante gracias a los contactos de su familia. Según Arendt, Eichmann se refugiaba en “frases hechas, clichés y el lenguaje oficial”. Uno de los psicólogos que lo examinó reportó que “su única característica inusual era ser más normalen sus hábitos y en su lenguaje que el promedio de la gente”.

Por supuesto que hay grandes diferencias entre Adolf Eichmann y Nicolás Maduro. Pero también similitudes. A Maduro tampoco le fue muy bien en los estudios o en su vida laboral y sus tropiezos gramaticales siguen haciendo las delicias de quienes lo siguen en redes sociales. Las “frases hechas, clichés y el lenguaje oficial” saturan su vocabulario. Su banalidad es ya legendaria.

El presidente de Venezuela acaba de publicar un muy revelador artículo de opinión en EL PAÍS. En él documenta su mendacidad, confirma su banalidad y despliega su inmensa crueldad.

Comienza afirmando: “Nuestra democracia es distinta a todas. Porque todas las demás… son democracias formadas por y para las élites”. Resulta que la opulenta élite creada por Hugo Chávez, y perpetuada por Nicolás Maduro, lleva dos décadas enriqueciéndose ilícitamente y ejerciendo el poder de manera nada democrática. Su control sobre todas las instancias es absoluto. Un ejemplo: entre 2004 y 2013, el Tribunal Supremo de Justicia dictó 45.474 sentencias. ¿Cuántas de estas fallaron en contra del Gobierno? Ninguna.

Maduro continúa: “La revolución cambió y se volvió feminista. Y entre todos y todas decidimos remover la violencia machista de nuestro sistema de salud y empoderar a las mujeres a través del programa nacional de parto humanizado”. Según la prestigiosa revista médica The Lancet, la mortalidad de las madres en Venezuela en los últimos años ha aumentado un 65% y la mortalidad infantil, en un 30%. ¿Parto humanizado y feminista?

El año pasado, el 64% de la población perdió, en promedio, 11 kilos de peso por falta de comida

Pero Nicolás Maduro no solo se preocupa por las madres. También lo angustian los jóvenes: “Hace 20 años, antes de nuestra revolución bolivariana, era normal echar la culpa de la cesantía de los jóvenes a los propios jóvenes… que por flojos merecían una salud paupérrima, sueldos de hambre y vivir sin techo. Pero con nosotros en el Gobierno la cosa cambió…”. En esto el presidente tiene razón, la cosa cambió: ahora el poder de compra del salario mínimo es un 94,4% más bajo de lo que era en 1998. En la práctica, el salario mínimo “en la calle” es de poco más de tres dólares al mes (2,5 euros). Un mes de salario mínimo “oficial” solo alcanza para comprar dos kilos de pollo. Y ni siquiera todos lo alcanzan. Una enfermera que trabaja por su cuenta, por ejemplo, gana el equivalente de seis centavos de dólar al día. Pero hay más: los jóvenes que tanto preocupan al presidente son las víctimas más frecuentes del desenfreno criminal que sacude al país. Venezuela sufre uno de los más altos índices de asesinatos del mundo. ¿Qué ha hecho Maduro al respecto? Nada.

Naturalmente, la prioridad del presidente es el pueblo: “… Es esencial que la economía esté al servicio del pueblo y no el pueblo al servicio de la economía… La economía es el corazón de nuestro proyecto revolucionario. Pero en mi corazón está primero que todo la gente”. Esa gente que puebla el corazón del presidente está siendo diezmada por la primera hiperinflación latinoamericana del siglo XXI y por la falta de alimentos, medicinas y productos básicos. Según el Fondo Monetario Internacional, los precios subirán un 13.000% este año. El año pasado, el 64% de la población perdió, en promedio, 11 kilos de peso por falta de comida. Este año el desabastecimiento es aún peor y hay severos racionamientos de agua y electricidad. Menos mal que la economía que preside Maduro está al servicio del pueblo. ¿Cómo sería si no fuese así?

Además de desplegar su liderazgo económico y social, el presidente de Venezuela usa su columna para reafirmar sus credenciales democráticas: “Para nosotros solo hay libertad y democracia cuando hay un otro que piensa distinto al frente, y también un espacio donde esa persona pueda expresar su identidad y sus diferencias”. Para centenares de presos políticos, ese “espacio” es una celda inmunda donde viven hacinados en condiciones inhumanas y donde algunos de ellos son regularmente torturados, tal como lo han denunciado todas las organizaciones internacionales de derechos humanos. En la Venezuela de Chávez y Maduro, pensar distinto se volvió muy peligroso.

Un mes de salario mínimo “oficial” solo alcanza para comprar dos kilos de pollo. Y ni siquiera todos lo alcanzan

Para profundizar en la democracia que reina en su país, Maduro ha convocado elecciones anticipadas y es uno de los candidatos con más posibilidades de ganar, a pesar de que sus votantes se están muriendo de hambre: “Nos hemos empeñado con pasión en transparentar, en respetar y en hacer respetar las leyes electorales para las elecciones del próximo 20 de mayo… Y ese proceso será limpio y modelo…”. El pequeño detalle que omite el presidente y candidato es que 15 Gobiernos de América Latina, más la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá han denunciado como fraudulentos los inminentes comicios y han declarado que no reconocerán sus resultados. Maduro el demócrata inhabilitó a los principales partidos de la oposición; sus candidatos más populares están presos, exiliados o descalificados, y no permite que observadores internacionales independientes monitoreen el proceso electoral. Pero el presidente no está solo. La gran democracia rusa mandará un equipo de observadores para garantizar la pulcritud del proceso. Cuba y Nicaragua también.

Es muy revelador que, en su larga columna, Maduro no haya dedicado ni una línea a comentar sobre el infierno que están viviendo los venezolanos. En las encuestas que miden la felicidad expresada por la gente en distintos países, Venezuela solía estar en los primeros lugares. Hoy es uno de los lugares más infelices del mundo; ocupa la posición 102 entre 156 países encuestados. Los millones de venezolanos que han abandonado su tierra tampoco merecen comentario alguno de Maduro.

Y es que una de las peculiaridades más indignantes del régimen de Chávez y Maduro es la criminal indiferencia que han mostrado ante el sufrimiento de los venezolanos que ellos dicen amar. La indolencia, el desinterés, la pasividad con los cuales Maduro trata las trágicas crisis que crecen y se multiplican, matando a diario cada vez a más venezolanos, parecieran no afectarlo, no motivarlo a actuar, a buscar ayuda. Es al contrario: Maduro niega que Venezuela sufra una crisis humanitaria y no permite la ayuda internacional que podría ya haber salvado miles de vidas.

Sí; Maduro es banal. Pero también letal.

EEUU acusa al Gobierno bolivariano de utilizar asesinatos y torturas para consolidarse en el poder – La Patilla – 20 de Abril 2018

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Estados Unidos acusó este viernes a las fuerzas de seguridad de Venezuela de llevar a cabo una campaña de torturas y asesinatos extrajudiciales durante el año pasado de cara a las próximas elecciones presidenciales, con el objetivo de “consolidar” el poder al presidente Nicolás Maduro, reseñó EFE.

Según denunció Washington en el informe sobre Derechos Humanos que elabora anualmente el Departamento de Estado, el Gobierno de Venezuela incluso patrocinó a los llamados “colectivos”, grupos paramilitares que emplean la violencia para acallar las voces contrarias al actual Ejecutivo.

“Los asuntos más significativos en cuanto a Derechos Humanos incluyen asesinatos extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad, incluidos aquellos ejecutados por los ‘colectivos’ patrocinados por el Gobierno y torturas ejercidas por las fuerzas de seguridad”, denuncia el informe.

Asimismo, el documento hace referencia a las duras condiciones que existen en las prisiones venezolanas, que llegan a poner en riesgo la vida de los reos, así como el aumento de las “detenciones arbitrarias” y de la existencia de “presos políticos” en lo que supone una injerencia “ilegal” del Ejecutivo en la esfera privada de los ciudadanos.

Estados Unidos denunció, además, la falta de independencia que sufre el Poder Judicial en Venezuela.

“Venezuela es formalmente una república multipartidista y constitucional, pero durante más de una década el poder político ha estado concentrado en un único partido con un Ejecutivo cada vez más autoritario que ejerce un control significativo sobre el Judicial, el Legislativo y los ciudadanos”, sostiene el documento.

Según el informe, con motivo de las elecciones presidenciales que tendrán lugar el próximo 20 de mayo, el Gobierno de Maduro llevó a cabo múltiples abusos con el propósito de garantizar la victoria del actual mandatario.

“El Gobierno arrestó a miles de individuos, juzgó a cientos en cortes civiles y militares, y sentenció aproximadamente a 12 alcaldes de la oposición a penas de prisión de 15 meses por su supuesta incapacidad a la hora de controlar las protestas que tuvieron lugar en sus jurisdicciones”, explica el informe.

Las injerencias del Ejecutivo no se limitan a las ramas del Estado, sino que también afectaron a la sociedad civil y a los medios de comunicación, al proceder a bloquear la emisión de señales de forma “rutinaria” y al ordenar el cierre emisoras de radio y televisión, así como de otros soportes informativos.

El informe, que sirve como guía al Congreso estadounidense a la hora de decidir la ayuda exterior para cada país, examina el comportamiento de los Gobiernos extranjeros de todo el mundo respecto a los derechos humanos.

 

Boletin #6 – Justicia Encuentro y Perdon – Febrero 2018

A un año de las protestas 2017: La frustración después de la furia por Lisseth Boon – RunRunes – Marzo 2018

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La ola de manifestaciones más prolongada y cruenta en los últimos 6 años no alcanzó su propósito germinal: no frenó la aprobación de la ilegal asamblea nacional constituyente y dejó una estela dramática de desesperanza y muerte. Pero las razones para activar la expresión del descontento se mantienen. El reto sigue estando en la articulación política del malestar social

Entre el primero de abril y 31 de julio de 2017, miles de venezolanos salieron día tras día a protestar por la libertad y la democracia en vilo. Durante cuatro meses, mujeres y hombres, jóvenes y ancianos, trabajadores y estudiantes, políticos y activistas, exigieron en las calles de Venezuela la restitución del orden constitucional, elecciones libres, la liberación de presos políticos, el respeto a la Asamblea Nacional y ayuda humanitaria en medio de la más aguda crisis que trastoca al país en su historia reciente.
Con aquellas manifestaciones multitudinarias, que agitaron a pueblos y ciudades de al menos 14 estados del país, parte de los dirigentes de oposición que lideraban las protestas buscaba la división de la coalición dominante y las fuerzas armadas, el distanciamiento de algunas figuras del régimen de Nicolás Maduro, el debilitamiento del oficialismo y la posterior negociación que diera paso a un cambio de gobierno, tal como había funcionado con otros procesos de transición en el continente. Otros sectores perseguían tajantemente el cambio: salir como sea de Maduro.

Pero la ola de protestas de 2017, considerada como la más prolongada y cruenta por la represión a la que fue sometida en los últimos 6 años, no alcanzó su propósito germinal. No sólo no logró frenar la aprobación de la asamblea nacional constituyente, artilugio impuesto por Maduro con el aparente propósito de reorganizar el Estado y redactar una carta magna que anulase la promulgada en 1999 por el fallecido Hugo Chávez. También dejó una estela dramática: a lo largo de más de 120 días de manifestaciones, fueron asesinadas 158 personas –de las cuales 65 % (103) eran menores de 30 años– y apresaron a más de 3 mil.

Un año después de la ola de protestas, que tuvieron como detonante “el autogolpe de Estado” con la usurpación de funciones de la Asamblea Nacional por parte del TSJ, expertos y políticos analizan las secuelas de las manifestaciones que cuartearon –aún más– el país.

Cíclica y permanente
Las manifestaciones de 2017 se enmarcan dentro de los ciclos de protesta política, que se producen en períodos acotados, con fecha de inicio y término, a diferencia de la protesta socioeconómica, que en Venezuela tiene carácter crónico y permanente, analiza el politólogo Luis Salamanca, autor del libro “Protestas contra la tiranía: 1935-1973” (UCV, 2011).

2017 fue un año récord en protestas en los últimos 7 años: se produjeron 9.787 manifestaciones, de las cuales 6.700 (68 %) ocurrieron entre el primero de abril hasta el 31 de julio (un día después de las elecciones de la anc), es decir, fueron políticas, calcula Salamanca a partir de las cifras del Observatorio de Conflictividad Social (OVCS).
Desde 2011, los dos grandes ciclos de protesta política han sido 2014 y 2017, muy intensos y duros en cuanto a represión con saldo de muertos y heridos pero poco efectivos en soluciones políticas, observa Salamanca. Si bien ambos episodios se han caracterizados por las movilizaciones multitudinarias, demostrando poder social, no son suficientes para lograr el cambio.

También el naufragio de sendos ciclos de protesta política han sido seguidos por una gran depresión colectiva que incide en los procesos electorales posteriores (el de gobernadores en 2014 y las municipales en 2017), considera el analista. “Esa depresión aún se mantiene en muchos electores, quienes cayeron en un estado de desesperanza y desconfianza hacia el voto como instrumento para lograr cambios. También es normal que la gente se repliegue en su vida privada luego de exponerse y arriesgarse en la calle durante el ciclo de protesta política”.

Presos políticos
“Las protestas dejaron un saldo de dolor” evalúa la diputada Delsa Solorzano, quien sustenta con cifras que 2017 fue “un año catastrófico en materia de derechos humanos”: más de 150 muertos y unos 3000 detenidos. Hasta la fecha, hay 396 presos políticos, según cálculos de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional. Establecer el número de heridos es más difícil porque el ingreso de muchos en centros asistenciales no fue registrado por razones de seguridad. Es conocido cómo fuerzas de orden allanaban clínicas buscando manifestantes heridos para llevárselos detenidos”, agrega la parlamentaria.

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“El responsable de todas esas muertes es el gobierno de Maduro y el aparato represor instaurado. Los venezolanos tienen derecho a protestar; desde hace 20 años (Venezuela) viene luchando por su libertad y no dejará de hacerlo”, agrega la diputada.

Por qué fallaron
A diferencia de otros países donde las protestas multitudinarias generaron “transiciones por colapso” (casos de Argentina, Ecuador, Bolivia), en Venezuela se mezclaron varios factores que determinaron su fracaso, afirma Rafael Uzcátegui, director de la organización de derechos humanos Provea.

La fortaleza de la hegemonía comunicacional del Estado que aisló comunicacionalmente a las protestas del sector de la población que no participaba en ellas y la cohesión de la coalición dominante y de las fuerzas armadas que se mantuvo pese a las presiones fueron dos de las razones por las cuales la ola de protestas de 2017 no alcanzó sus metas, considera Uzcátegui. También, se cuentan la “falta de unidad de la Mesa de la Unidad Democrática frente a las maneras de protestar, escaso protagonismo de los gremios, una relativa incidencia del llamado ‘chavismo disidente’ y una débil solidaridad internacional justo cuando se desarrollaban las manifestaciones”.

Por último, la imposición de una “fraudulenta ANC, que generó un escenario de institucionalidad paralela e instaló un sentimiento de derrota entre los manifestantes marcando el fin del ciclo de protestas de 2017”, según el activista de DDHH.
Costos humanos y movilización en reposo

No hay que dar muchas vueltas: la instalación de la anc que terminó de apagar las protestas de 2017 produjo un enorme sentimiento de derrota general y logró un debilitamiento extraordinario de la unidad política tras adoptar estrategias de movilización distintas que no alcanzaron los objetivos previstos, evalúa Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos (CEP) de la Ucab.
Pero también resalta que la ola de protestas elevó a un primer plano la crisis venezolana ante la comunidad internacional. “Logró una reacción en países de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos que no se había tenido hasta ese momento. Las sanciones contra funcionarios venezolanos se deben en buena medida a las manifestaciones y a la brutal represión que aplicó el gobierno de Maduro, dejando un alarmante número de detenidos, heridos y pérdidas humanas”, afirma Alarcón. Agrega que países tan disímiles como EEUU, el grupo de Lima y la Unión Europea comenzaron a pronunciarse con mayor contundencia sobre el tema nacional a raíz de las protestas y a adoptar agendas comunes para promover una salida a la crisis generalizada.

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La protesta en sí misma no fue la culpable del fracaso sino la falta de estrategia que orientara la consecución de resultados. La frase “cada quien proteste como quiera” pronunciada aquellos días revelaba que no existía una estrategia común para protestar, opina Alarcón.

Basándose en la tesis de Erica Chenoweth, autora de una investigación sobre 100 años de protestas, el director del CEP destaca que el éxito de las manifestaciones depende de su masificación (de 3,5 % a 5 % de la población como mínimo) y que no sean violentas. “Mientras no se anarquicen, más personas están dispuestas a participar. Las protestas pacíficas y masivas logran mayor presión sobre el sistema que las violentas”, demuestra el estudio

Los analistas no descartan que vuelva a producirse otra ola de protestas en Venezuela. Pero no puede recurrirse a las estrategias ya conocidas.
Salamanca considera que costará sacudir el estado de desesperanza actual. Entre el ciclo del 2014 y el de 2017 pasaron 3 años. Y Maduro ha cerrado sistemáticamente todas las vías democráticas: anuló la protesta y el voto como derecho constitucional de los venezolanos. Pero precisamente por ello podrían activarse la expresión del descontento. Para esto, es imprescindible interconectar la protesta política con la socieconómica, es decir, articular lo político con lo social”. Ese sigue siendo el reto.

El Gobierno de Venezuela detiene al exministro chavista Rodríguez Torres por Florantonia Singer – El País – 14 de Marzo 2018

El general, jefe de inteligencia de Chávez durante 10 años, forma parte de la purga emprendida por Maduro para desarticular una supuesta conspiración en su contra
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El servicio de inteligencia venezolano ha detenido al mayor general retirado del Ejército, Miguel Rodríguez Torres, como parte de una purga que comenzó este fin de semana para desarticular una supuesta nueva conspiración contra el gobierno, que ya suma una decena de militares activos detenidos, entre ellos cuatro jefes de batallones.

Rodríguez Torres fue llevado este martes en la tarde por seis funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), cuando participaba en un acto en en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en el Hotel President, en Caracas. Los agentes del organismo que dirigió por más de 10 años lo sacaron del lugar sin una orden de captura y sin esposarlo y lo subieron a una camioneta.

El Gobierno asegura que su arresto obedece a su participación en “acciones contra la paz” y en “complots” contra la “unidad monolítica” de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. “Las acciones criminales planificadas por este señor y sus cómplices incluían actos armados y conspiraciones contra nuestra Constitución”, señala un comunicado oficial leído en el canal Venezolana de Televisión.

El entorno de Rodríguez Torres desconoce aún las razones por las cuáles fue detenido el que fue el primer ministro de Interior y Justicia de Nicolás Maduro y jefe de inteligencia de Hugo Chávez, a partir del golpe de Estado de 2002, cuando empezó a formar parte del círculo cercano del presidente fallecido. Fuentes del militar aseguran que fue trasladado a la sede de inteligencia militar, en la urbanización Boleíta de Caracas.

Rodríguez Torres estuvo al frente de la cartera de seguridad entre febrero y julio de 2014, durante la represión de las intensas jornadas de protestas antigobierno de ese año en las que resultaron asesinadas 43 personas y otras 400 heridas.

Pero Maduro ordenó su destitución después de que Rodríguez Torres fue acusado del asesinato de José Odreman, líder del colectivo armado chavista 5 de Marzo, y la persecución contra sus aliados el pasado 7 de octubre de 2014. “Ciudadano ministro de Interior y Justicia, le pasa a José Odreman cualquier cosa, lo asumo y le digo la responsabilidad a usted, porque usted está haciendo estos escenarios. Ya basta que nos sacrifiquen más camaradas combatientes, ya basta, camarada”, declaró el militante chavista a televisoras locales horas antes de morir en un enfrentamiento contra agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en el centro de Caracas.

Desde ese momento se había divorciado del Gobierno y pasó a ser parte de la llamada disidencia chavista a través del Movimiento Amplio Desafío de Todos, con el que tenía aspiraciones a ser candidato presidencial, hasta que el mes pasado fue inhabilitado por la Contraloría para ejercer cargos públicos durante un año en el país. Sus intenciones provocaron el veto del régimen. La medida surgió en pleno anuncio de la convocatoria a elecciones presidenciales previstas para el próximo 20 de mayo.

“Los venezolanos queremos un cambio radical en el manejo de la política nacional. ¡Queremos Democracia! unas elecciones limpias Maduro perdería 80/20”, tuiteó recientemente el militar que formó parte de la rebelión militar del 4 de febrero de 1992, comandada por Hugo Chávez, en la que dirigió el asalto a La Casona, la residencia presidencial.

Por años Rodríguez Torres se había convertido en uno de los conocedores de los secretos de inteligencia del Estado venezolano. Iris Valera, ministra de Servicio Penitenciario, había exigido su detención por sus presuntos vínculos con Oscar Pérez, el piloto rebelde del CICPC que atentó contra la sede del Supremo y del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, asesinado en un operativo de las fuerzas policiales el pasado 15 de enero. También lo había culpado de los homicidios de Eliézer Otaiza, exdirector del Sebin, y del exdiputado chavista Robert Serra.

Leopoldo López Speaks Out, and Venezuela’s Government Cracks Down by Wil S. Hylton – The New York Times – March 9, 2018

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A photograph taken by Gaby Arellano, a member of the Venezuelan Congress, outside López’s home on March 1. Intelligence-service agents raided the home after the publication of our cover story. Credit Gaby Arellano

In The Times Magazine last week, I wrote about Venezuela’s descent into an unprecedented crisis. With extreme shortages of food and medicine, rampant crime in every province, a capital city with the highest murder rate in the world and one of the highest levels of inflation in recorded history, Venezuela is the most urgent humanitarian disaster in the Western Hemisphere, producing the largest exodus of refugees in the history of the Americas. At the same time, the prospect of political change seems vanishingly slender: As the country spirals down, President Nicolas Maduro is tightening his grip on power, invalidating opposition parties and forcing political rivals into exile and prison.

The central figure in our story is Leopoldo López. A prominent opposition leader who founded two major political parties, Primero Justicia and Voluntad Popular, López has been a prisoner of the Venezuelan government since 2014. The charges against him — which include the allegation that he embeds his speeches with “subliminal messages” that cause listeners to become violent — have been fiercely criticized by human rights groups and political leaders around the world. After three years and seven months in the Ramo Verde military prison outside Caracas, López was released to house arrest last summer on the condition that he remain silent. Instead, he spent the past six months in daily communication with me, recording dozens of interviews over encrypted channels about his country, his captivity and his evolving political philosophy.

On the afternoon before the story was published, I called López to see how he felt about breaking his silence and the prospect of going back to prison for violating the terms of his release. “I’ve been thinking a lot about this,” he said. “Leadership needs to take risks.”

The risk became concrete a few hours later, when agents from the Bolivarian Intelligence Service, or Sebin, appeared at his front door. At first, they merely instructed López to perform a familiar routine. Over the past six months, López has been required to pose for a photograph about four times a day, holding a copy of the latest newspaper. This is one of many peculiar aspects of his detention. Anyone who goes to the movies is familiar with the construct of a kidnapping picture, which has a kind of logic, but to explain why López is forced to pose with a newspaper four times a day is more difficult, raising the question of who, exactly, would be in a position to demand proof of life from the secret police, and why they would require it so often.

After taking a photo of Lopez at 6:30 p.m., the agents left, but they returned about 15 minutes later to take another. Another 45 minutes passed, and they came back for a third picture — this time asking him to sit in a chair while they photographed him in profile. Another 30 minutes went by in relative quiet, before a squad of eight agents wearing ski masks burst into the house with assault weapons. This time, they demanded that López record a video, looking into the camera and stating the time, date and year. Then they recorded another take of the video, and then another. When they were satisfied, they told López and his wife, Lilian Tintori, that they were going to remain inside the house until a high-ranking intelligence officer arrived.

 

Over the next few hours, López and I remained in contact. With agents in the adjoining room, we spoke quietly and traded messages. A few minutes before 10 p.m., he was still uncertain what to expect. “We have asked what is happening,” he said, “and finally they told us that there is the possibility that they take me back to Ramo Verde.” An hour later, little had changed. “They are still here,” he said. “I don’t know what the outcome is going to be. I don’t know what is happening. I don’t know if it was because they got the alert of the publication, or something else is happening.”

For all its political repression, Venezuela is not yet North Korea or even Cuba. There are still remnants of the democratic institutions that once made it the envy of the region. The national Legislature, for example, was effectively dissolved by the Maduro government after opposition candidates won a majority in 2015 — but representatives of the National Assembly continue to meet and legislate in defiance of the administration. A handful of local and regional agencies have also maintained a semblance of independence, and when Sebin agents were still inside the house the following morning, López and Tintori began to raise alarms with their political allies.

By midday, representatives of the National Assembly had gathered in front of the house to stage a protest. When journalists gathered to report on the scene, the police arrested half a dozen of them — but word was already spreading through the international community. Condemnation poured in from foreign leaders and organizations, including the secretary general of the Organization of American States, Luis Almagro, who declared the invasion “illegal, violating rights.” The office of child-protective services visited the home and took a stand against Sebin, issuing a public order that the presence of armed guards in ski masks was a threat to the well-being of the López children. Agents finally withdrew, taking up a position on the front sidewalk, where they remain in ski masks and tactical gear. How long they will stay, and what they are planning, is unclear. The agents have given no indication to López, and the Venezuelan government has not responded to my inquiries.

Some observers have suggested a direct connection between my article on López and the raid. Moisés Naím, a prominent scholar of Venezuela, who served as the country’s minister of trade and industry, captured this sentiment in a post on social media: “In reaction to this New York Times magazine’s article, Maduro’s political police is acting against Leopoldo López and his wife.” But many people close to López have doubts. Agents entered the home several hours before my story was published, and friends of López find it difficult to believe that, after spending the past six months either unaware or unconcerned by our interviews, the Maduro government finally noticed and objected, just when it was too late.

This weekend, I spoke with several people who suggested another possibility. They pointed out that the raid did not coincide merely with the article but also with an accelerating crackdown on his political movement.

The party that López founded in 2009, Voluntad Popular, is by far the most confrontational element of the Venezuelan opposition. It was through Voluntad Popular that López organized the widespread demonstrations that led to his arrest in 2014. I wrote about the day of his arrest — how he called for supporters to gather in a city plaza, dressed in white as a sign of peace, and delivered a speech before turning himself in to the National Guard, who placed him inside a military vehicle but could not find a way out of the crowd until López, using a megaphone, persuaded his followers to clear a path. To describe that scene is one thing; to see it is another: This video offers a visceral sense of the energy and intensity of the movement López leads, and the reason it could seem threatening to a ruling party.

 

Since that day, even with López in prison, Voluntad Popular has continued to be the most combative wing of the opposition. During an attempted negotiation this winter between opposition leaders and the Maduro government, Voluntad Popular was the first party to declare the process a failure and leave the table; Voluntad Popular was also the first major party to boycott this year’s presidential race. In each case, the other major parties followed, and the Maduro government has now postponed the presidential election.

Unsurprisingly, the government has also intensified pressure on Voluntad Popular. Nearly 90 members of the party have been arrested. One of them is Gilber Caro, a member of the National Assembly, who was recently transferred to an undisclosed location, where he is being denied access to legal counsel or any contact with the outside. On March 5, the United Nations commission on human rights condemned this treatment of Caro, demanding that his attorneys and family be “immediately informed of his whereabouts” and classifying his captivity as an “enforced disappearance under international law.” Another member of Voluntad Popular, Freddy Guevara, is the vice president of the National Assembly. Guevara was traveling on the border with Colombia when he received word that the Maduro government was preparing to arrest him. The charges were never stipulated, but the threat was too serious to ignore, and he approached the government of Chile to obtain sanctuary at the embassy. When I spoke with Guevara a few days ago, he told me that he saw no other choice, and sees fewer now. “They wanted to use me as an example to the other congressmen, that no one is untouchable,” he said. “I didn’t want to give them that advantage, so I decided to assume this part of the struggle in an embassy, and not in jail. But I don’t know when I will be out, when I will be free.”

On Feb. 15, Maduro commandeered the national airwaves to disparage Voluntad Popular, along with the other political party that Lopez helped to found, Primero Justicia, as “violent fascist groups” that no longer have legal standing in Venezuela and exist “outside the law.” The leader of Primero Justicia, Julio Borges, has a long history with López. In 1992, they founded Primero Justicia as a civil organization; in 2000, they converted the group into a political party; and in 2008 their paths diverged over a spate of differences about party management and political philosophy. A core distinction between them is that Borges leans considerably to the right, while Lopez is an elected member of the Socialist International. Even so, Lopez and Borges have resumed a close partnership over the past few months, with Lopez leading Voluntad Popular and Borges serving as president of the National Assembly. When Voluntad Popular withdrew from negotiations with the Maduro government this winter, Primero Justicia was right behind. When Voluntad Popular announced plans to boycott the presidential election, Primero Justicia did the same.

As a consequence, the risk to Borges has been steadily rising. In recent weeks, he has remained outside the country. When I caught up with him yesterday evening, he was adamant that Primero Justicia will no longer participate in the electoral process until there is international monitoring of fraud. This position has put his party and his life in jeopardy. “I have been threatened both in public and in private, violently intimidated on multiple occasions, accused by Maduro on national television of all type of made-up stories and physically hit several times,” Borges told me. “The weaker the government is, the more aggressive they get.”

In light of the crackdown on opposition figures, many people close to López suspect that the raid of his home was unconnected to my article. In fact, they wonder if the agents from Sebin learned about the story only when it appeared online in the middle of the raid, and if the article might even have complicated their plans to arrest him.

For his part, López is unsure what to believe. What he does know is that the phalanx of secret police is still stationed outside his house, and the agents have given no indication of when they plan to leave. The prospect of going back to prison remains palpable and distressing, but López said he is prepared for whatever comes. “That’s the role of leadership in a situation like this,” he told me. “It’s not about campaigning, or fliers, or the best slogan, or political marketing. It’s about talking to people and expressing ideas in a confusing situation. Leadership needs to light a candle and hope that candle becomes a huge fire.”

 

Lo que sabe Zapatero por Moisés Naím – El País – 25 de Febrero 2018

ekcn7iBy_400x400Los venezolanos quieren votar, pero no en elecciones donde las trampas y los trucos garanticen la continuidad de este Gobierno

¿Cómo se sentirían los españoles si un Gobierno con propensiones autoritarias convoca unas elecciones adelantadas en las que los partidos opositores están invalidados, sus principales dirigentes están presos o exiliados y el árbitro electoral es un ente controlado por el presidente que busca ser reelecto? Para ser más concreto, ir a unas elecciones que se celebrarán dentro de unas semanas y en las cuales el PSOE está invalidado, Pedro Sánchez está preso y Albert Rivera, en el exilio.

Eso sería inaceptable. Y, seguramente, eso lo sabe el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, esa es la propuesta que Zapatero quiere que acepte la oposición venezolana.

Cuando decidieron negociar con el régimen de Nicolás Maduro su participación en las próximas elecciones, los grupos opositores tenían unos objetivos muy concretos: que se organizaran unos comicios presidenciales transparentes, libres y competitivos; que se liberara a todos los presos políticos; que se restituyeran los derechos políticos a los candidatos opositores arbitrariamente inhabilitados; que se reconociera la Asamblea Nacional elegida por el pueblo y, lo más importante, que se atendiera la crisis que está diezmando a los venezolanos. Nada de eso resultó aceptable para el Gobierno de Maduro

Y eso lo sabe Zapatero.

Todos los sondeos de opinión muestran que la mayoría de los venezolanos no quiere que Nicolás Maduro siga siendo su presidente. Y la gran mayoría desea que la salida del actual régimen sea democrática y sin violencia. ¡Quieren votar! Pero no en elecciones donde las trampas y los trucos garanticen la continuidad de este Gobierno. El Consejo Nacional Electoral es el árbitro, en teoría independiente, que está a cargo de garantizar la pulcritud de las elecciones. En la práctica es, desde hace casi dos décadas, un desvergonzado y transparente apéndice del Gobierno.

Eso lo sabe Zapatero.

La gran mayoría de los medios de comunicación están controlados directa o indirectamente por el régimen, que los usa como un potente instrumento de propaganda. También son la fuente de constantes e inmisericordes ataques a la oposición, a la cual no se le permite el derecho de réplica o la rectificación de las infamias que diariamente diseminan los órganos del Estado. Eso lo sabe Zapatero.

El Gobierno no ha permitido la presencia de observadores internacionales neutrales y cualificados en ninguna de las elecciones que ha habido y en las que están por venir. Eso también lo sabe Zapatero.

Más aún, los líderes de la oposición más populares, competentes y electoralmente competitivos están presos, han sido inhabilitados por jueces leales al Gobierno o han debido huir al exilio. Y sí, eso lo sabe Zapatero.

A los 28 años, David Smolansky fue electo alcalde de El Hatillo, una zona adyacente a Caracas. El alcalde más joven en la historia de Venezuela llevó a cabo una gestión exitosa y supo sobreponerse a las más burdas maniobras del Gobierno para hacerlo fracasar. La popularidad y el éxito de Smolansky resultaron intolerables para Maduro y sus esbirros. El joven alcalde fue acusado por el Tribunal Supremo de Justicia, otro apéndice del Gobierno, de no reprimir con violencia las protestas pacíficas que ocurrieron en su jurisdicción. Fue inmediatamente destituido y se ordenó su arresto y traslado a una cárcel donde rutinariamente los presos políticos son torturados. Smolansky se negó a entregarse y estuvo 35 días en fuga. Finalmente, se lanzó a un arriesgado periplo por el sur de Venezuela que le permitió entrar a Brasil por la ruta de la selva. En un gesto que les honra, las autoridades brasileñas lo acogieron. Hoy el joven político vive en el exilio y sueña con volver a trabajar por Venezuela. El de Smolansky no es un caso aislado. Otros 12 alcaldes han sido arbitrariamente destituidos, y la mitad de ellos han sido encarcelados y maltratados.

Y, por supuesto, todo esto lo sabe Zapatero.

Hace pocos días, el exjefe del Gobierno español participó junto con Pablo Iglesias, el líder de Podemos, en un acto de apoyo a Evo Morales, el presidente de Bolivia. Morales lleva doce años en el poder y aspira a un cuarto mandato. La Constitución boliviana no contempla esa posibilidad: un presidente solo puede permanecer en el cargo dos periodos consecutivos. En 2016 Morales convocó un referéndum nacional para eliminar esa limitación. Lo perdió. Sin amilanarse, el presidente apeló entonces al Tribunal Constitucional, cuyos magistrados no tuvieron problema alguno en decidir que Morales puede postularse una vez más a la presidencia de Bolivia.

La conducta de Evo Morales no merece el aval y el aplauso de un demócrata.

Y Zapatero lo sabe.

 

Deudas con la juventud por Vladimir Villegas – Venepress – 12 de Febrero 2018

1518424760_Vladimir_Villegas_(1).jpgLa juventud venezolana sufre en carne propia uno de los peores momentos de Venezuela. La pobreza ha tocado la puerta de millones de jóvenes

Hoy se conmemora un aniversario más de la Batalla de la Victoria, escenificada en 1814, en la cual un nutrido contingente de jóvenes seminaristas, a cuya cabeza estaban José Félix Ribas y Vicente Campo Elías dieron, un paso importante en la ruta de la independencia al derrotar a los realistas dirigidos por José Tomás Boves.

Desde 1947, gracias a una decisión de la Asamblea Nacional Constituyente, se estableció el 12 de febrero como Día de la Juventud, en reconocimiento al arrojo y la valentía de esos muchachos que se jugaron la vida por el sueño de una patria libererada del yugo
español.

El 12 de febrero ha sido, es y será un día para la exaltar la rebeldía de la juventud venezolana. En distintas ocasiones, desde que fue instituida esta fecha, los jóvenes han reclamado sus derechos, y la respuesta del Estado en no pocos casos ha sido la represión.

Fui protagonista de movilizaciones en mis tiempos de liceísta y estudiante universitario en días como hoy. Muchos de quienes ahora son gobierno también protestaban por lo mismo: falta de dotación en las instituciones educativas, desempleo juvenil, la arbitraria recluta y otra formas de represión y abusos.

Hoy la juventud venezolana sufre en carne propia uno de los peores momentos de Venezuela. La pobreza ha tocado la puerta de millones de jóvenes, incluso profesionales, que se ven obligados a abandonar el país en busca de un mejor destino lejos de la tierra que los vio nacer. Otros insisten en lograr su sueño aquí, bien porque no quieren irse o bien porque se les ha cerrado esa posibilidad por distintos factores. Las cada vez más frecuentes y dolorosas despedidas en aeropuertos y mucho más en terminales de autobuses son el reflejo de la falta de opciones y de la clara percepción de que no existe para los jóvenes que se van la perspectiva de un futuro a corto o mediano plazo en su tierra natal.

Pero lo cierto es que hoy incluso el derecho a la vida está devaluado. Los muchachos son las primeras víctimas de la violencia y la delincuencia. Al igual que ayer, pareciera que ser joven es un delito, y si es un joven pobre, pues el delito es doble .

Los jóvenes que pasan a engrosar las filas de la delincuencia llegan a ese mundo incluso en plena niñez. Son víctimas y victimarios al mismo tiempo, y su destino termina siendo una vida corta, que culmina de forma violenta, como ha sido su existencia .El Estado, con su inoperancia e ineptitud, les truncó la posibilidad de tener una vivencia distinta. También las carencias en el hogar hacen lo suyo, por la ausencia de la figura paterna y no pocas veces de la materna.

La terrible situación del país, provocada por la nefasta política económica del gobierno, sostenida de manera terca e irresponsable, ha hecho mella en la juventud y en sus sueños. Al igual que en el pasado, la juventud ha estado presente en la lucha social y política en demanda de cambios y en defensa de los derechos del pueblo venezolano, consagrados en la Constitución de 1999, y vulnerados por quienes tienen el poder en sus manos y se olvidan de que ayer eran los antecesores de esos muchachos que hoy están inconformes con el actual estado de cosas.

Hay decenas de jóvenes presos por razones políticas. Algunos sometidos a tratos crueles y degradantes, y casi todos víctimas de violaciones al debido proceso. Debemos pensar en ellos, no olvidarlos, y brindarles alguna forma de solidaridad. Hablar del Día de la Juventud sin siquiera recordar que hay jóvenes presos políticos es un contrasentido.
De Igual forma es necesario ponernos en sintonía con lo que ocurre en las cárceles venezolanas,donde miles de muchachos, presos comunes, son tratados como animales,en medio de terribles, asquerosas e infernales condiciones de reclusión. Algunos seguramente son culpables de los delitos que se les imputa. Otros no. Pero tanto culpables como inocentes no tienen acceso a la justicia oportuna y a la preservación del derecho a la vida y a la integridad física, obligación ineludible del Estado venezolano.
Estamos en deuda con la joven generación. Le hemos fallado. Tenemos la obligación de dejarles un mejor país, con instituciones que funcionen, donde soñar con una vida mejor tenga sentido porque puede hacerse realidad. Estamos muy lejos del sueño de libertad y justicia de quienes siendo muy jóvenes se alistaron para enfrentar las tropas realistas y contribuir a derrotar el colonialismo español.

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