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Maduro intenta contrarrestar el informe de la ONU liberando a 22 presos por Alonso Moleiro – El País – 5 de Julio 2019

Entre los liberados se encuentran una juez y un periodista. Los otros 20 son estudiantes

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, en Ginebra (Suiza) el 5 de julio de 2019. En vídeo, declaraciones de Bachelet. MARTIAL TREZZINI (AP) | REUTERS

El Gobierno de Nicolás Maduro buscó este viernes un lavado de imagen con un gesto que se ha convertido ya en habitual en los momentos de mayor presión internacional. Un día después de la publicación del durísimo informe de la ONUque recoge las denuncias de la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, la justicia venezolana liberó a 22 presos políticos entre los que se encuentran la juez María Lourdes Afiuni y el periodista Braulio Jatar.

El informe de su oficina da cuenta de la crisis social y económica, el colapso sanitario, la emergencia alimentaria y el abuso de las fuerzas de seguridad en Venezuela. Se trata de un panorama que deja muy mal parado a Maduro y le retrata de forma inequívoca como el responsable político de esa situación y su agravamiento crónico desde la muerte del expresidente Hugo Chávez, en 2013.

La libertad plena para Afiuni y de régimen de presentación para Jatar cobran especial relevancia por el simbolismo de estos presos. Como presidenta del Circuito Judicial de Caracas, la primera emitió en 2009 una sentencia judicial que dejaba en libertad al banquero y empresario venezolano Eligio Cedeño, abierto enemigo del chavismo, que a continuación abandonó el país.

La medida de Afiuni enfureció a Chávez, quien pidió “30 años de cárcel” para la funcionaria en su programa de televisión. Esta fue recluida casi inmediatamente en el Instituto Nacional de Orientación Femenina, la cárcel de mujeres de la capital, donde pasó un año presa sin juicio, hasta recibir el beneficio de casa por cárcel más de un año después.

La entonces fiscal general, Luisa Ortega Díaz, ahora dura opositora al Gobierno y en el exilio desde 2017, presentó cargos en su contra por “irregularidades” en la liberación judicial de Cedeño. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció a favor de Afiuni. El propio intelectual y escritor estadounidense Noam Chomsky, amigo de Chávez, procuró interceder por el caso de la jueza invocando razones humanitarias. Afiuni recibió la libertad condicional en 2013, pero su proceso judicial continuó hasta este momento.

Braulio Jatar, de origen chileno-venezolano, fue llevado a prisión de forma casi automática en agosto de 2016, una vez que el portal de noticias que dirigía, Reporte Confidencial, colocara en las redes los vídeos en los cuales la caravana presidencial de Maduro fuera objeto de las protestas, toque de cacerolas y la ira desatada en su contra en la población de Villa Rosa, en la Isla de Margarita. Esta circunstancia produjo un intenso debate en la opinión pública y en las redes sociales.

Un año después, la justicia concedió a Jatar el beneficio de arresto domiciliario. La medida para Jatar lo coloca en libertad condicionada, bajo régimen de presentación. Veinte de los vecinos que participaron la protesta en contra de la caravana de Maduro en Villa Rosa dada a conocer por el periodista, fueron detenidos y liberados tiempo después.

A estas dos liberaciones se suman las de un grupo de presos con menor perfil público, en su mayoría líderes estudiantiles un colectivo que lleva años protestando contra el régimen. Según Bachelet, se trata de un primer paso. “Las bienvenidas liberaciones de 62 detenidos (que se produjeron el mes pasado) junto con 22 más, incluidos el periodista Braulio Jatar y la juez Lourdes Afiuni, y la aceptación de las autoridades de dos de mis oficiales de Derechos Humanos en el país significan el inicio de un compromiso positivo”, manifestó la expresidenta de Chile. Su informe, demoledor, dibuja un deterioro imparable de la democracia en Venezuela. El Gobierno lo rechazó presentando 70 alegaciones.

Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional reconocido desde enero como mandatario interino, aplaudió su publicación. “Gracias a nuestra lucha, a nuestro esfuerzo y persistencia, logramos que la ONU evidenciara lo que hemos denunciado por años. Ahora, más que nunca, confianza. Vamos a lograrlo”, enfatizó el rival de Maduro en las redes sociales.

 

ONU dice Venezuela liberó a jueza y a periodista, que aún esperaban notificación por Mayela Armas y Stephanie Nebehay – Reuters – 5 de Julio 2019

El Gobierno de Venezuela liberó a 22 personas el jueves, entre ellas a la jueza María Lourdes Afiuni y el periodista Braulio Jatar, dijo el viernes la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.

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La jueza Maria Lourdes Afiuni sonríe tras hablar con periodistas fuera de su casa en Caracas. 5 de julio de 2019. REUTERS/Adriana Loureiro

Si bien el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela señaló en un mensaje de Twitter que ya se había revocado la medida de detención domiciliaria que pesaba sobre la jueza y se estudiaba la del periodista, pasado el mediodía ambos seguían bajo arresto a la espera de la notificación oficial de los juzgados.

El máximo tribunal dijo que un juzgado revisaba la medida a favor de Jatar, quien reside en el estado Nueva Esparta, en el noreste del país.

Agregó que otro tribunal “acordó el cese de la medida cautelar sustitutiva de libertad a favor de la ciudadana María Lourdes Afiuni Mora”, quien vive en Caracas.

Un abogado que representa a Afiuni dijo el viernes en una entrevista telefónica que la ONU llamó para comunicarle que había sido liberada, pero que esperaban la notificación oficial.

El abogado Juan Carlos Goitía agregó que la decisión sólo eliminaría el requisito de presentarse ante los tribunales porque se mantiene la prohibición de salida del país e, incluso, de declarar a los medios.

“De concretarse esta libertad cesaría nueve años y siete meses de persecución y torturas”, dijo Afiuni en un mensaje de Twitter.

También entre las personas puestas en libertad el jueves hay 20 estudiantes, según revelaron la alta comisionada, Michelle Bachelet, y su oficina.

“Bienvenida liberación de 62 detenidos entonces (en junio), junto a 22 más -incluido el periodista Braulio Jatar y la jueza (María) Lourdes Afiuni- liberados ayer”, comentó.

Una portavoz dijo que Bachelet pidió las 22 liberaciones directamente al presidente Nicolás Maduro.

La noticia se conoció después de que el jueves se divulgara un reporte de Bachelet tras su visita en junio a Venezuela. En su informe acusó a las fuerzas de seguridad venezolanas de enviar escuadrones de la muerte para matar jóvenes, pero un viceministro rechazó estos cargos en un discurso ante el foro en Ginebra el viernes.

En Chile, el presidente Sebastián Piñera pidió a la Alta Comisionada entregar su informe “y todos los antecedentes y evidencias que lo sustentan a la Corte Penal Internacional, que en virtud de una solicitud de Chile y de otros países está ya conociendo los delitos de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela”.

Además en Chile, del cual Bachelet fue dos veces presidenta, se prohibirá el ingreso “de más de 100 personas que están directamente ligadas a la dictadura de Venezuela y los crímenes que esta dictadura ha cometido”, agregó Piñera a periodistas.

“PUERTA GIRATORIA”

El abogado Alfredo Romero, director del no gubernamental Foro Penal, algunos de cuyos datos fueron citados en el informe de Bachelet, dijo el viernes que el gobierno mantenía el “efecto puerta giratoria”, ya que mientras libera a detenidos realiza nuevas capturas.

“#5Julio Resultado de Efecto puerta giratoria de esta semana: 37 #PresosPolíticos excarcelados y 33 nuevos #PresosPolíticos encarcelados”, tuiteó Romero. El gobierno niega la existencia de detenidos por razones políticas.

Jatar señaló en un mensaje en Twitter que fue informado “verbalmente” de “una medida de presentación ante un tribunal cada quince días con prohibición de salida del país y del estado donde resido”, por lo que se trataría de “una libertad limitada y condicionada”.

Según afirmó, también fue informado de que hasta el lunes no recibirá la notificación oficial de su caso y que entonces podrá dar mas detalles. El viernes se celebra un feriado nacional en Venezuela por el día de la independencia y no funcionan las oficinas públicas.

Afiuni fue encarcelada sin fianza poco después de que el expresidente Hugo Chávez criticó una de sus sentencias, en la que ordenó la puesta en libertad del empresario Eligio Cedeño, que estaba acusado de corrupción.

Los fiscales acusaron a Afiuni de aceptar sobornos. Ella negó los cargos y dijo que liberó al empresario porque estuvo esperando a ser juzgado más tiempo del permitido por la ley.

Afiuni acusó más tarde que fue violada en la cárcel y las autoridades le negaron atención de salud. Los líderes del gobernante Partido Socialista rechazaron sus acusaciones como una mentira para lograr simpatía, pero más tarde se le concedió el arresto domiciliario.

Un tribunal la condenó a cinco años de prisión en marzo.

UN Reports “Grave Violations” by Venezuela Regime by Carlos Camacho – Latin American Herald Tribune – 5 de Julio 2019

The Maduro Government registered 5,287 killings, purportedly for “resistance to authority,” by the police in 2018. Between January 1 and May 19 of this year another 1,569 people were killed, according to Government figures. Other sources suggest the figures may be much higher. Government motorcycle gangs — colectivos — were involved in another 52 deaths with 66 protestors killed during demonstrations this year, the United Nations reported.

CARACAS — The United Nations reported Thursday that it had “documented” an egregious series of “grave violations of economic, social, civil, political and cultural rights” in Venezuela under the Nicolas Maduro regime.

Maduro police forces were guilty of thousands of extrajudicial killings, “particularly the (National Police) special forces (FAES)…in 2018, the (Maduro) Government registered 5,287 killings, purportedly for “resistance to authority,” during such operations. Between 1 January and 19 May this year, another 1,569 people were killed, according to Government figures. Other sources suggest the figures may be much higher.”

Outstanding serious human-rights violations are “66 deaths during protests between January and May 2019, 52 attributable to Government security forces or colectivos”, an advance of a report, to be released in full Friday, stated.

Furthermore “civil and military forces have allegedly been responsible for arbitrary detentions; ill-treatment and torture of people critical of the Government and their relatives; sexual and gender-based violence in detention and during visits; and excessive use of force during demonstrations,” the UN stated.

The armed pro-Maduro biker gangs known as “colectivos” are mentioned more often than any other actor in the Venezuelan tragedy besides Maduro himself, with the UN adding that “colectivos, have contributed to the deteriorating situation by exercising social control and helping repress demonstrations,” in addition to being involved in 52 deaths so far this year.

Thus, Maduro – currently being investigated by the International Criminal Court and only the sixth head of state in history to be sanctioned by the US — suffers more international condemnation, only days after torture left a Navy Captain dead while in custody and violent repression left a teenager blinded after being shot in the face during protests.

Maduro is also the first ruler in history to have his wife and son sanctioned by the US alongside him, as well as being sanctioned by several other countries. A complete report has been scheduled for release early Friday morning in Geneva, Switzerland.

The report, from the office of High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet — a former left-leaning president of Chile — “urges the Government of Venezuela to take immediate, concrete measures to halt and remedy the grave violations of economic, social, civil, political and cultural rights documented in the country.”

And with more than 4 million Venezuelans already out of the country and 5,000 leaving it every day, the report warns that the humanitarian crisis which triggered that largest exodus in the history of the Western Hemisphere could get worse, stating that the ”unprecedented outflow of Venezuelan migrants and refugees will continue, and the living conditions of those who remain will worsen”.

Attacks against the opposition began over the last decade “and especially since 2016” and are “aimed at neutralizing, repressing and criminalizing political opponents and people critical of the Government.”

“A series of laws, policies and practices has restricted the democratic space, dismantled institutional checks and balances, and allowed patterns of grave violations”, the UN denounced for Venezuela under Maduro.

The report -based on 558 interviews with victims and witnesses of human rights violations and the deteriorating economic situation- highlights “the impact of the deepening economic crisis that has left people without the means to fulfil their fundamental rights to food and health, among others”.

The UN also noted the case of political prisoners, stating that “as of 31 May 2019, 793 people remained arbitrarily deprived of their liberty, including 58 women, and that so far this year, 22 deputies of the National Assembly, including its President, have been stripped of their parliamentary immunity”.

Cómo funciona la plataforma de tortura que se ha impuesto en la Dirección de Contrainteligencia Militar de Venezuela por Sebastiana Barráez – Infobae – 1 de Julio 2019

El esquema perverso de poder, maltratos y muerte está integrado por las autoridades de la DGCIM, la justicia militar, los médicos forenses, los defensores públicos y los carceleros

Lo oficiales de la DGCIM se encargan de arrestar a cualquier sospechoso de disidencia

Lo oficiales de la DGCIM se encargan de arrestar a cualquier sospechoso de disidencia

En la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) se fue imponiendo desde hace tiempo, pero con mayor énfasis durante 2018 y lo que va del 2019, una estructura de poder para liquidar, por vía física pero sobre todo psicológica, a quienes caen detenidos por sospechas de conspiración. No son cubanos, son militares y policías venezolanos quienes lo hacen.

El Jefe de la DGCIM es el mayor general (Ej) Iván Hernández Dala, que ha tenido una acelerada carrera de ascenso en la Fuerza Armada como hombre de confianza de Nicolás Maduro, no sólo como jefe de Contrainteligencia Militar sino de la Guardia de Honor Presidencial.

Iván Hernández Dala

Iván Hernández Dala

Uno de los hombres claves en ese triángulo de terror en que se han convertido los sótanos de la DGCIM, es el mayor (GNB) Alexander Enrique Granko Arteaga, egresado de la II promoción Toma de Las Flecheras, en la EFOFAC, año 2004.

Este oficial, procedente de Puerto Cabello y cuya familia se dedica a sacar chatarra por el puerto, ocupa el cargo de jefe de la Unidad de Asuntos Especiales de la DGCIM. Es un hombre de absoluta confianza del general Hernández Dala, lo que le ha permitido imponer actos brutales contra detenidos. No por casualidad su oficina está al mismo nivel que la del mayor general.

El otro factor en ese entramado de tortura lo constituyen los tribunales militares y la Corte Marcial. Uno de las demostraciones más relevantes de la participación de la justicia militar es lo que ha venido sucediendo con la juez del Tribunal primero de control My (Ej) Claudia Carolina Pérez Benavides de Mogollón. Ella no solo es que hace caso omiso cada vez que un militar detenido ha sido presentado con evidentes signos de tortura, sino que además ha sido determinante para desarrollar maniobras que les impida a los detenidos presentarse con su abogado privado.

La juez a través de subterfugios hace que los imputados sean asistidos por defensores públicos militares que por supuesto nunca los defienden, porque obedecen a sus jefes superiores.

El otro elemento a considerar es un grupo de médicos forenses del Hospital de El Llanito, quienes se limitan a firmar las certificaciones sobre la situación de salud de los detenidos. Ellos omiten las marcas, moretones, golpes, heridas y cicatrices recientes de los militares presos.

En ese triángulo perverso de poder, de tortura y de muerte, está por una parte la DGCIM con sus esbirros, que allanan, torturan y montan expedientes con pruebas inventadas, por la otra la justicia militar con jueces, fiscales y defensores públicos y finalmente los carceleros, en los que también hay que incluir algunas ONGs para quienes los detenidos no son más que una estadística.

Desde el primer paso

Cuando se hace un procedimiento el Código procesal penal establece que debe notificarse al Fiscal en las primeras 8 horas y presentarlo ante el Tribunal en las primeras 48 horas.

En el caso del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo pasaron días antes de ser presentado al Tribunal, a donde llegó brutalmente golpeado según denunció su abogado Alonso Medina.

Rafael Acosta Arévalo

Rafael Acosta Arévalo

El oficial casi no podía hablar. Lo llevaron en silla de ruedas y con signos evidentes de tortura según los testigos en el tribunal. El juez lo envió al hospital, pero fue demasiado tarde y murió.

Pero esos procesos son viciados. Lo están desde que arranca el allanamiento y la detención.

Hay más de 160 militares detenidos por razones políticas, los imputan de Traición a la Patria porque es el que acarrea más años de presidio.

No los presentan en el lapso de 8 horas, no notifican al Fiscal y menos al Tribunal, porque los torturan hasta que obtienen de ellos la información que quieren o la que los obligan a grabar y firmar. En todo ese tiempo el militar permanece detenido y violándole el debido proceso

Una vez que el detenido llega a la DGCIM le ordenan sentarse en el sótano 3 de investigaciones, donde hay un mostrador donde lo obligan a quitarse todo lo que cargue encima de prendas, documentos, etc. Luego te ponen a llenar a mano el formulario con el inventario.

Dependiendo del caso el detenido va a tortura. Y ahí viene otra etapa: entorchan al detenido, es decir es decir le colocan papel periódico o de bolsas, alrededor de los ojos y cinta pegante, lo tienen esposado hasta que llega el teniente de navío Abel Anzola y el capitán Jesús Gerardo Cardenas, entrenados en la tortura física.

Mientras el torturado grita, el Coronel Hannover Esteban Guerrero está oyéndolos desde su oficina en el sótano tres.

Presos políticos en Venezuela – La Patilla – 3 de Julio 2019

El régimen de Maduro bloqueó la entrada de los enviados de Bachelet a los sótanos donde tortura la inteligencia chavista por Sebastiana Barráez – Infobae – 2 de Julio 2019

La española Sara Nuero Escobar y el mexicano Carlos de La Torre, representantes que dejó la alta comisionada de la ONU, no han logrado reunirse con ninguno de los militares presos y torturados

El teniente Ascanio Antonio Tarascio

El teniente Ascanio Antonio Tarascio

Cuando Verónica Michelle Bachelet Jeria, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, estuvo en Venezuela, anunció que aunque se iba del país quedarían dos oficiales de Derechos Humanos, “uno de ellos Carlos y la otra persona es Sara, y que eso les iba a permitir no sólo alzar la voz con los familiares de los presos políticos, sino conocer la situación y tener todos los elementos”. A la vez que aseguró que “no los vamos a olvidar”.

Parece que eso le importa muy poco a los funcionarios de la DGCIM, que no han permitido a la comisión visitar los sótanos donde están detenidos los militares y civiles.

La española Sara Nuero Escobar y el mexicano Carlos de La Torre, que son los dos representantes de la comisión que dejó Bachelet, no han logrado reunirse con ninguno de los militares presos y torturadosque están en los tenebrosos sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar

Al coronel (Ej) Hannover Esteban Guerrero Mijares, director de Investigaciones de la DGCIM, le importó muy poco que Nicolás Maduro le haya prometido a Bachelet que sus dos oficiales de Derechos Humanos tendrían “acceso pleno a los centros de detención para poder monitorear las condiciones de detención y hablar confidencialmente con los privados de libertad“.

La respuesta de Guerrero Mijares a los representantes de la ONU que han solicitado entrevistarse con algunos militares en la DGCIM es que no se puede hasta que no reciba la orden de aprobación por parte de su superior, que debe darla el mayor general Iván Hernández Dala, director de Contrainteligencia Militar.

Si algo ha sido consistente, en las denuncias sobre violación de los derechos humanos de los militares y civiles, detenidos en la DGCIM, es que existe un modus operandi que se ha cumplido rigurosamente contra los detenidos: son allanadas sus viviendas sin orden previa, a la par que les roban dinero, joyas, ropa, alimentos y cuanto objeto de valor haya en la casa de la víctima.

Son detenidos sin orden judicial, algunos son torturados, son incomunicados y no les permiten que los vea su abogado ni su familia, son presentados ante el Tribunal sin cumplir los lapsos establecidos en la Ley y todas las denuncias se basan en informes sin ninguna investigación o en la figura de “delación”, a la cual se acogen algunos para evitar la tortura, de manera que señalan a cualquier figura política que el torturador le sugiere.

Son múltiples los casos en que el detenido ha llegado golpeado y con evidentes signos de tortura a la sede de los tribunales militares, pero eso no es incluido en el acta ni el expediente porque el juez ignora la solicitud del detenido y sus abogados.

El teniente Ascanio Antonio Tarascio

El teniente Ascanio Antonio Tarascio

¿Los culpables?

Cuando el caso de la brutal muerte del concejal Fernando Alban y en el marco del escándalo y repudio nacional y mundial, fueron acusados dos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), a quienes los responsabilizaron de que por su descuido el concejal se había lanzado suicidándose. Es así como el Ministerio Público dilató la verdadera investigación sobre lo que sucedió con el edil.

Se repite el guión ahora con el caso del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, cuando el Fiscal General nombrado por la Constituyente, Tareck William Saab, dijo que el Ministerio Público solicitó la detención preventiva del Tte (GNB) Ascanio Antonio Tarascio y el Sgto 2° (GNB) Estiben José Zarate, quienes serían los presuntos responsables.

Otra vez se propone la Fiscalía con los cuerpos de seguridad encubrir un hecho de esa magnitud responsabilizando a un joven teniente y a un sargento segundo, sin que recaiga responsabilidad alguna sobre quienes dan las órdenes y tienen la estructura de tortura en la DGCIM.

Mientras eso sucede, el Tribunal imputó a los generales de Brigada Miguel Sisco Mora y Ramón Lozada Saavedra, así como al coronel Miguel Castillo Cedeño por su participación en lo que llaman la operaciónVuelvan Caras, que es el plan de conspiración que según el Gobierno estaba montado para los días 24 y 25 de junio contra Nicolás Maduro y otras figuras del Gobierno.

Sisco irá a la Policía Militar de Fuerte Tiuna, Lozada a los sombríos sótanos de la DGCIM y el coronel al anexo militar de La Pica en Monagas.

Si a la Comisión de Bachelet no le permiten hablar con los detenidos en la DGCIM, ¿qué pueden aspirar los defensores y los familiares de esos presos por razones políticas?

Aunque los sótanos de la DGCIM fueron acondicionados, pintados, tumbaron paredes y levantaron otras, de nada sirve el maquillaje si la estructura de poder y tortura continúa.

Varias peticiones hechas ante la DGCIM por parte de la Comisión de Bachelet esperan respuesta para que se abran las puertas de esas tenebrosas celdas.

Comunicado de Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) – 1 de Julio 2019

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DECLARACIÓN DE ALERTA SOBRE VENEZUELA

Los ex jefes de Estado y de Gobierno de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) expresamos nuestra indignación y sentimientos por la muerte, previa desaparición y bajo detención seguida de torturas, de un oficial superior de la Fuerza Armada de Venezuela, el Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo, a quien el régimen usurpador de Nicolás Maduro y sus órganos de comunicación pública, antes y después de dicho crimen de lesa humanidad, apologizándolo, le imputan – sin mediación judicial – actos de terrorismo, sedición y magnicidio en grado de frustración.

Al efecto, manifestamos que:

1) En nuestra declaración del pasado 11 de mayo, advertimos sobre los “graves atentados contra la integridad personal de quienes protestan en paz o que, como dirigentes políticos o miembros de la Fuerza Armada se encuentran presos en los sótanos de la policía política (SEBIN) y de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM)”, a la vez que incomunicados; quienes suman el número de 688 presos políticos – incluidos 105 militares – certificado por el Secretario General de la OEA.

2) El 9 de octubre del pasado año también denunciamos la muerte bajo privación de libertad, en similares circunstancias a las del oficial mencionado, del concejal de oposición Fernando Albán, arguyendo el régimen de Maduro su suicidio; y destacamos “el desenfreno criminal represivo por parte de la dictadura venezolana, que se agrega al mantenimiento de su pueblo en condiciones de hambruna generalizada y de masiva diáspora hacia el extranjero”.

3) Dada la forma y naturaleza de tales privaciones de libertad por agentes estatales, como negarlas u ocultar la suerte o el paradero de las mismas, siguiendo la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos representan desapariciones forzadas de personas; las que, junto, a las torturas y la ejecución extrajudicial constituyen violaciones muy graves de derechos humanos, de suyo constitutivas de típicos crímenes de lesa humanidad que comprometen la responsabilidad de Maduro, sus colaboradores y quienes los apologizan.

4) Una vez más alertamos a la comunidad internacional y a sus gobiernos democráticos como a sus líderes institucionales sobre la situación de secuestro en que se encuentran el pueblo venezolano y sus legítimos dirigentes por parte de una organización criminal que ha confiscado los poderes del Estado; encontrándose aquél y éstos en una situación que les imposibilita lograr, por sí mismos, el cese y desmantelamiento de la satrapía que los oprime y menos – como lo creen algunos y en un contrasentido – esperar que bajo el influjo ésta se puede corregir dicho cuadro de violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos o ejercer libremente, por dicho pueblo, la experiencia de la democracia, cuya columna vertebral es, justamente, el respeto y la garantía de tales derechos.

5) Los tiempos de la Venezuela en agonía se agotaron, y las dilaciones que provocan las posturas de criterio varias entre los actores internacionales y los propios organismos multilaterales de derechos humanos estatutariamente obligados a proveer soluciones efectivas a la tragedia de ese pueblo hermano marcan otros tiempos, moralmente inaceptables. Urgimos, pues, la actuación inmediata y sin matices de los gobiernos más comprometidos, como de la Corte Penal Internacional, de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

1° de julio de 2019

Oscar Arias, Costa Rica

José María Aznar, España

Enrique Bolaños, Nicaragua

Felipe Calderón, México

Rafael Ángel Calderón, Costa Rica

Laura Chinchilla, Costa Rica

Alfredo Cristiani, El Salvador

Fernando de la Rúa, Argentina

José María Figueres, Costa Rica

Vicente Fox, México

Eduardo Frei T., Chile

César Gaviria, Colombia

Felipe González, España

Osvaldo Hurtado, Ecuador

Luis Alberto Lacalle, Uruguay

Jamil Mahuad, Ecuador

Mireya Moscoso, Panamá

Gustavo Noboa B., Ecuador

Andrés Pastrana, Colombia

Jorge Tuto Quiroga, Bolivia

Miguel Ángel Rodríguez, Costa Rica

Luis Guillermo Solís, Costa Rica

Álvaro Uribe, Colombia

Juan Carlos Wasmosy, Paraguay

Es auténtico:

Asdrúbal Aguiar

Secretario General de IDEA

http://www.idea-democratica.org

Venezuela deporta a 59 presos políticos colombianos por Florantonia Singer – El País – 30 de Junio 2019

Fueron arrestados en 2016 sin órdenes judiciales, acusados de ser paramilitares e intentar atacar a Nicolás Maduro

Nicolás Maduro durante un acto en el Palacio de Miraflores.
Nicolás Maduro durante un acto en el Palacio de Miraflores. YURI CORTEZ AFP

Después de casi tres años de prisión, 59 colombianos detenidos en un comando policial en Caracas, en terribles condiciones de hacinamiento y maltrato, fueron deportados a Colombia este sábado en un avión del gobierno venezolano. La aeronave los trasladó desde el aeropuerto de Maiquetía a la ciudad fronteriza de San Cristóbal, en el estado Táchira, para que cruzaran los puentes internacionales hacia Cúcuta, donde fueron recibidos por las autoridades colombianas y la oficina de Derechos Humanos de la ONU. En videos divulgados en redes sociales se ven esposados en los autobuses camino al aeropuerto.

La historia de estos hombres está unida a uno de los tantos relatos de conspiración que Nicolás Maduro ha usado para justificar su tesis de que constantes ataques extranjeros han desestabilizado su cuestionado gobierno. Estos colombianos fueron detenidos entre agosto y septiembre de 2016 en requisas policiales callejeras para verificar sus documentos, que en varios casos estaban vencidos. Luego fueron acusados de terrorismo, asociación para delinquir y forjamiento de documentos, después de que Maduro reveló en cadena de televisión que había sido frustrado un nuevo ataque en su contra que se perpetraría en una de las movilizaciones de protesta de sus opositores en ese 2016.

“En el marco de la OLP [Operación de Liberación del Pueblo, una serie de redadas militares y policiales desarrolladas por el gobierno de Maduro desde 2015 y denunciadas en organismos internacionales por violación de derechos humanos] hemos capturado a 92 colombianos en un campamento paramilitar a 500 metros de Miraflores. Además, hemos detenido a varios dirigentes de la oposición. Tenían un plan violento conjunto para acabar con el gobierno”, señaló entonces el líder chavista.

El caso de los colombianos está incluido dentro de las listas de presos políticos del país, que hasta esta semana incluía a 688 detenidos, de acuerdo con los datos del Foro Penal Venezolano. Pedro Berrio es uno de ellos. Fue abordado por policías en los alrededores del metro de Caracas cuando iba a camino a su trabajo como albañil. Ante la falta de documentos venezolanos entregó su cédula colombiana. El hombre había emigrado al país 10 años atrás, cuando el flujo migratorio era a la inversa de la diáspora actual. En Venezuela hizo su familia, según han reseñado medios venezolanos.

El grupo tenía boleta de excarcelación desde 2017, pero nunca se ejecutó. En 2018 el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se pronunció sobre la situación de estos colombianos, exigió que se liberaran de manera inmediata y se les diera una indemnización, además de una investigación independiente de los hechos. Finalmente, fueron liberados este sábado tras la visita a Venezuela de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet. Durante su agenda de reuniones escuchó a los familiares de los presos políticos. El hijo de uno de estos colombianos le rogó que intercediera. “Hemos sufrido mucho desde que mi papá no está. Le pido que le diga a Nicolás Maduro que se ponga la mano en el corazón y que saque a todos los presos políticos”, le dijo el niño a Bachelet.

A través de un comunicado el régimen de Maduro se refirió a la muerte de Acosta Arévalo. En el texto aseguran que ante “la artera y continuada intención de los enemigos de la Constitución y la paz de perpetrar intentos de golpes de Estado, terrorismo y masacres” las fuerzas de seguridad emprendieron un proceso de pesquisas por meses que condujo al arresto de los militares -a los que califican de terroristas confesos- “con respeto absoluto al debido proceso y los derechos humanos”.

El Gobierno sostiene que el capitán de corbeta fue imputado por graves actos de terrorismo, sedición y magnicidio en grado de frustración durante el acto de presentación ante los tribunales ocho días después de su detención sin órdenes judiciales. Las versiones de la esposa del militar Waleska Pérez y de abogados y defensores de derechos humanos señalan que ante el estado de gravedad en que se encontraba Acosta Arévalo no pudo ser imputado, pues el juez ordenó que lo enviaran al Hospital Militar del Ejército, en Fuerte Tiuna. “Yo sabía que lo estaban torturando y tanto fue que lo mataron. No podía hablar, recibió muchos golpes en la cabeza”, dijo Pérez en una entrevista al medio colombiano NTN24. El comunicado señala que Maduro solicitó al fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, una exhaustiva investigación de “los hechos que resultaron en el fallecimiento” de Acosta Arévalo.

Video insertado

ONU Derechos Humanos Colombia

@ONUHumanRights

Puente Simón Bolívar estamos con los colombianos liberados y que habían sido detenidos arbitrariamente por Venezuela. Este país cumple compromisos en el marco de la reciente visita de la Alta Comisionada @mbachelet @UNHumanRights @Albrunori @IvanDuque @CancilleriaCol

El comisario Simonovis: «Maduro ampara a miembros de ETA» por David Alandete – ABC – 29 de Junio 2019

Iván Simonovis comparece ante los medios, este miércoles en Washington
Iván Simonovis comparece ante los medios, este miércoles en Washington – EFE

El icónico opositor venezolano habla con ABC tras obtener su libertad después de quince años preso a manos del régimen chavista.

Lo primero que ha hecho el comisario Iván Simonovis (Caracas, 1960) al quedar libre tras quince años preso por el régimen chavista ha sido viajar por propia voluntad a EE.UU. para ofrecer a las autoridades pruebas sobre las actividades delictivas del régimen de Nicolás Maduro, de las que avanza algunas en esta entrevista. Varias de esas pruebas afectan a España, pues Simonovis asegura que dispone de información sobre el paradero de miembros de la banda terrorista ETA amparados por el régimen que controla Venezuela. El comisario, uno de los criminólogos más reputados de su país, fue detenido en 2004 tras un intento fallido de golpe de Estado contra Hugo Chávez y fue detenido durante una década en unas condiciones infrahumanas, hasta que en 2014 quedó en arresto domiciliario.

Se ha visto con Marco Rubio y otros senadores y diputados muy importantes en el Capitolio. ¿Qué les ha dicho?

Les he expresado mi intención de ayudar y ofrecerles información sobre los abusos de la dictadura de Nicolás Maduro para que tengan éxito a la hora de llevar la democracia a mi país. La semana que viene regreso al Capitolio a más reuniones.

Usted estuvo 15 años en prisión y arresto domiciliario. ¿Cómo ha podido obtener información sobre esos supuestos delitos?

Soy comisario. Me formé en esa área. He seguido en contacto con personas de esa área. Y eso me ha llevado a tener acceso a detalles sobre actividades criminales donde participa el gobierno con el grupo islamista Hezbolá y la guerrilla colombiana, entre otros.

Hoy mismo el gobierno de EE.UU. ha sancionado al hijo de Nicolás Maduro, Nicolás Maduro Guerra, por el expolio de Venezuela. ¿Trae usted también información sobre el círculo íntimo de la familia Maduro?

Al cien por cien. Traigo detalles que afectan a Maduro y a su círculo más cercano. Es información, que luego las autoridades deben decidir si amerita presentar cargos o tomar sanciones. Eso lo deben decidir ellos. Yo solo traigo hechos.

Usted menciona a Hezbolá. ¿Qué se le ha perdido a una guerrilla islamista chií afincada en Líbano en Venezuela?

Hezbolá se ha integrado en Venezuela para crear pantallas. En apariencia las suyas son actividades legales, empresariales, pero en realidad son pantallas para llevar a cabo acciones criminales como el lavado de dinero. Esto es algo que me ha dicho a mí personalmente la inteligencia de mi país. No es que tenga ahora resguardos de transferencias u otras pruebas circunstanciales, pero creo que es una información válida y en consonancia con lo que sucede o ha sucedido en otros países como Colombia.

Alguno de estos delitos, ¿afecta a España?

Claro. Venezuela se ha convertido en tierra segura para los terroristas. Esto afecta a España y a todo el mundo. Cuando un grupo terrorista decida actuar puede planificar sus actos en Venezuela. Pero hay más. Hace seis meses conversé con un funcionario de inteligencia y me habló de unos individuos de la banda terrorista ETA que están en Venezuela. Son varios. Me dio sus nombres, apellidos y los negocios que regentan. Todo está identificado.

¿Es gente con orden de busca y captura?

Absolutamente. Son individuos solicitados por el Gobierno de España y que el gobierno de Maduro protege, esconde. Son hechos.

Salió usted de Venezuela hace un mes, después del fracaso del pronunciamiento que debería haber forzado la salida de Maduro. ¿Hay división en el ejército?

Sí, es una división muy evidente con respecto a maduro. Fíjese que este incluso canceló el desfile militar del 24 de junio, día del ejército y del 5 de julio, fecha de la independencia, por temor a que pueda pasar cualquier cosa. Eso muestra que hay un resquebrajamiento. Mi presencia acá muestra que hay resquebrajamiento porque para ello fue necesaria la complicidad de algunos funcionarios del régimen que no están de acuerdo con lo que Maduro hace. Ellos me ayudaron a salir.

¿Maduro entonces no tiene el control?

No lo tiene. Un ejemplo: el 2 de mayo Maduro se hizo una foto en una marcha de militares. Esa foto lo demuestra todo. Ninguno va armado. Es la foto de alguien que quiere aparentar que tiene el control cuando no lo tiene. Es cuestión de tiempo.

¿Están haciendo lo correcto España y la Unión Europea?

Esperábamos un poco más de solidaridad de Europa y en especial de España. España está vinculada a Venezuela por nexos de familia. ¿Cuántas familias venezolanas viven en España? ¿Y cuántas familias españolas viven en Venezuela? Por una simple cuestión de historia a nosotros nos gustaría ver una posición más firme del Gobierno de España y de la Unión Europea frente a la dictadura de Maduro. Han reconocido al presidente interino Juan Guaidó pero no reconocen a sus embajadores. Es incomprensible. Para ser sincero esperaría eso de otros países como Inglaterra o Francia, pero de España, hermano de sangre nuestro, no.

Usted fue trasladado a arresto domiciliario por el grave deterioro de su salud. ¿Cómo se encuentra ahora?

El lapso de tiempo desde 2014 que pasé en mi casa y la atención familiar mejoró algunas de las condiciones, pero otras secuelas de aquel encierro inhumano me quedan de por vida.

Por acabar, ¿le ayudó usted EE.UU. a salir de Venezuela?

Lo único que hicieron es permitirme entrar pero lo demás lo hice yo por propia iniciativa y como ciudadano finalmente libre.

 

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