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Foro Penal: Dictadura de Maduro mantiene 410 presos políticos en Venezuela – Centro de Comunicación Nacional – 13 de Julio 2020

El vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, informó este lunes que la dictadura de Nicolás Maduro mantiene para la fecha a 410 privados de libertad por razones políticas.

“Al día de hoy, 14 de abril, en Foro Penal registramos 410 presos políticos en Venezuela”,expresó Himiob a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.

Asimismo, hizo un llamado al régimen de Nicolás Maduro para que se respeten los derechos humanos de los privados de libertad.

Según los datos actualizados de la ONG, de la cifra total de presos políticos, 379 son hombres y 31 mujeres.

De igual forma, detallaron que 220 son civiles y 122 militares procesados ilegalmente por su posición política.

Por último, destacan que hay un adolescente detenido y 341 son adultos.

Lo que el informe Bachelet no dice por Maria Alejandra Aristeguieta – CODEIV – 10 de Julio 2020

El pasado 2 de julio se presentó un nuevo informe sobre la situación de los DDHH en Venezuela en el marco del Consejo de Derechos Humanos. Si bien, éste no será el único informe presentado en el 44° período de sesiones sobre Venezuela, sí es el primero que se realiza luego de establecida una Oficina de ACNUDH en Caracas, dentro de las Oficinas del Coordinador Residente de la ONU, y luego de firmado un Memorándum de Entendimiento entre las autoridades venezolanas reconocidas por la ONU y la Oficina de la Alta Comisionada.

Varias ONGs y expertos en DDHH se han pronunciado sobre la materia, o están a la espera del segundo informe que será presentado el día 15 de julio para hacerlo. Sin embargo, dada la forma cómo han sido abordados algunos elementos, es menester arrojar luz sobre ellos, resaltarlos para dejar constancia, en aras de cualquier análisis futuro.

Luego de brevemente identificar el marco conceptual a partir cual se ha realizado el informe, en las próximas líneas se abordará uno de lo temas analizados en el informe, en particular lo relativo a las sanciones económicas como causantes de la exacerbación de la crisis multifactorial venezolana. Posteriormente se hace un recorrido por algunas imprecisiones producto de la falta de contextualización adecuada, o de la desvirtualización de datos y conceptos. Por último, conociendo las dinámicas del sistema de Naciones Unidas, y las prácticas de la diplomacia multilateral, se aborda la importancia de entender el tema de los Derechos Humanos como una cuestión de Estado.

Marco conceptual:

Durante la 42° sesión ordinaria del Consejo de DDHH  de la ONU llevada a cabo en septiembre del 2019, se adoptaron dos resoluciones sobre Venezuela, con orígenes y orientaciones distintas.

La primera, la resolución 42/4,  impulsada por los aliados de Maduro en el Consejo y votada por Angola, Burkina Faso, Camerún, China, Cuba, Egipto,  Eritrea, Fiji, Iraq, México, Nepal, Paquistán, Filipinas, Qatar, Ruanda, Sur África, Túnez y Uruguay solicita un informe escrito para ser presentado en el 44 período de sesiones, que se esta llevando a cabo en este momento  un informe exhaustivo por escrito sobre la situación de los derechos humanos, que incluya los resultados de la investigación realizada sobre el terreno de las denuncias de posibles violaciones de los derechos humanos a la vida, la libertad y la integridad física y moral en el país, a fin de que los responsables rindan cuentas y las víctimas obtengan reparación.

La segunda, la resolución 42/25, impulsada por el Grupo de Lima y votada por Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Brasil, Bulgaria, Chile, Croacia, República Checa, Dinamarca, Hungría, Islandia, Italia, Japón, Perú, Eslovaquia, España, Ucrania y Reina Unido, también pide un informe escrito para este período de sesiones sobre la situación de los DDHH en Venezuela con atención especifica a la independencia del poder judicial y el acceso a la justicia, violaciones a los derechos económicos y sociales, y la situación de los DDHH en la región del Arco Minero del Orinoco, seguido de un diálogo interactivo.

El informe de la ACNUDH presentado el pasado 2 de julio surge del mandato hecho por el Consejo de DDHH a la Secretaría bajo la resolución 42/4 y el próximo 15 y 16 de julio será presentado y discutido el informe solicitado por la resolución 42/25.

Según se destaca en la introducción del informe presentado el 2 de julio, “El tema del presente informe es la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela entre junio de 2019 y mayo de 2020, concretamente en lo referente a las cuestiones señaladas en la resolución 42/4. En este informe también se describe a grandes rasgos la cooperación entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Oficina de la Alta Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) durante el período de referencia” la cual nace de la visita oficial de la Alta Comisionada, del posterior Memorándum de Entendimiento que firmaron las partes que permitiría entre otras cosas la creación de una Oficina de ACNUDH en Caracas, y las actividades que de ella se desprenden.

Contenidos dentro del mandato y fuera de éste:

Hay varios elementos que saltan a la vista. El primero de ellos es que se analiza en este informe la situación de los derechos económicos y sociales, que deberían ser abordados a la luz del mandato que surge de la resolución 42/25. Además, la manera como está planteado en el informe del 2 de julio pasado, carece del análisis exhaustivo que se requiere para poder identificar las causas de las violaciones a los derechos económicos y sociales y parece obedecer más a una posición política que a un análisis fáctico, en el que se contrasta poco la información proporcionada por las autoridades con representación oficial ante la ONU, con información proporcionada por otras fuentes, en particular expertos en economía y representaciones de la sociedad civil.

  1. Sanciones económicas

A lo largo de este capítulo se repite una y otra vez que la causa del deterioro es producto de las sanciones.

En particular los párrafos 8,9 y 11 señalan lo siguiente:

“ 8. La población de la República Bolivariana de Venezuela siguió padeciendo violaciones interrelacionadas de sus derechos económicos y sociales, debido a la prolongada y multifactorial crisis social y económica. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en 2019 la economía se contrajo un 25,5%2 y se prevé que en 2020 se contraiga entre un 13% y un 28% adicional debido a la bajada de los precios internacionales del petróleo, la reducción de la producción petrolífera, el estancamiento económico como consecuencia de la COVID-19 y la repercusión de las sanciones económicas.3

9. El aumento de las sanciones económicas y financieras ha exacerbado la crisis económica y social preexistente al mermar recursos que podrían haberse utilizado para proteger más adecuadamente los derechos económicos y sociales y hacerlos plenamente efectivos. En agosto de 2019, el Gobierno de los Estados Unidos de América promulgó un decreto presidencial por el que se bloqueaban los bienes y los intereses financieros del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en aquel país, se prohibía a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y se autorizaban sanciones financieras a personas de otras nacionalidades que asisten o apoyan al Gobierno de Venezuela o a la corporación estatal de petróleos PDVSA.4 En el primer semestre de 2020, el Gobierno de los Estados Unidos de América adoptó sanciones secundarias contra la aerolínea estatal CONVIASA y las empresas extranjeras que compran y distribuyen petróleo venezolano en mercados no estadounidenses.5

11. Aunque la reducción de la capacidad de producción de petróleo de PDVSA puede atribuirse a varios factores, entre ellos la mala gestión y la corrupción, las sanciones contra el sector petrolero han contribuido a la fuerte disminución de la producción petrolífera y a la consiguiente merma de ingresos que, de otro modo, podrían haberse destinado a programas sociales y servicios públicos.8 Estas sanciones sectoriales han afectado a la economía de la República Bolivariana de Venezuela en su punto más débil, ya que el 88,5%, aproximadamente, de sus exportaciones totales son productos petrolíferos.9 “

La crisis venezolana empezó mucho antes que se impusieran sanciones individuales a violadores de derechos humanos, o secundarias, a empresas venezolanas que estuvieran financiando el terrorismo, el narco trafico o las violaciones a los derechos humanos. La crisis es producto de las decisiones de políticas públicas impuestas por el modelo ideológico que impera en Venezuela.

Existe una amplia literatura que aborda, por ejemplo, cómo los gobiernos con un severo déficit democrático, siguen un patrón muy similar de políticas públicas, en el que además de modificar el marco constitucional, el marco regulatorio y las instituciones, expanden el gasto público directo, incrementan el déficit fiscal, contratan deuda externa para gasto corriente, crean una economía basada en subsidios directos e indirectos, elevados salarios mínimos, controles de precios,  control de divisas,  destruyen el aparato productivo, nacionalizan, expropian, confiscan,  y ahuyentan las inversiones extranjeras o privadas,  creando así grandes monopolios del Estado en todos los sectores productivos de bienes y servicios, y con ello, grandes patrones de corrupción.

En el caso concreto de Venezuela, según lo explica la ONG Transparencia Venezuela, el cierre de empresas privadas por la discrecionalidad del Estado es proporcional al incremento de entes estatales que controlan desde el poder sectores de alimentos, electricidad, transporte, comunicación, agua, gas, comercio, construcción e instituciones financieras, entre otros.

Esto, aunado al tipo de políticas públicas señaladas arriba, se han traducido en penurias para los venezolanos en las áreas alimentos, medicinas, servicios públicos (agua, electricidad, transporte, seguridad, gas doméstico) y también las deficiencias en el suministro de gasolina y gasoil, consecuencia del deterioro de la infraestructura, incluyendo el cierre de refinerías, en un país productor de petróleo y cuyas reservas son las más importantes del mundo.

Estas políticas, adoptadas por el gobierno desde 2003 y profundizadas en el 2007, y nunca han sido reconocidas como las causantes de la severa crisis multifactorial por la que atraviesa Venezuela. Mas bien, históricamente, se ha endosado la responsabilidad a razones endógenas: desde una iguana hasta las recientes sanciones impuestas por la comunidad internacional.

Sorprende además, que habiéndose iniciado un análisis en el informe de julio del 2019,  en el que indicara que “El desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión, han tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida, entre otros, debido al deterioro de servicios básicos como el transporte público y el acceso a electricidad, agua y gas natural”, ahora se minimice e incluso obvie estos elementos, para concentrarse en lo que a todas luces es una narrativa que corresponde al espacio político y no al que la Oficina esta llamado a analizar.

2. Ausencia de contextualización,  e información desvirtuada

El segundo punto que llama la atención, es que el informe de la ACNUDH del 2018 fue en cierta medida una actualización del informe de 2017, y el del 2019 en buena parte el resultado de la visita Oficial de la Alta Comisionada a Venezuela.  Éste,  ni se limita al mandato, ni actualiza o complementa el informe del 2019, cuyas recomendaciones no han sido adoptadas por las autoridades. Por el contrario, al ser presentado sin una contextualización adecuada o un panorama completo, da la impresión de que ha habido progresos en el respeto y la promoción de los derechos fundamentales, cuando en realidad no es así.

Ejemplos de esta preocupación se encuentran en el reciente comunicado de la ONG Foro Penal, en el que señalan que: “El informe de 2019 recomienda que se “detenga y prevenga el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones”. Por su parte, el reciente informe indica la documentación de solo 17 detenciones de manifestantes incluyendo menores de edad y profesionales de la comunicación y no se refiere, hasta ahora, a las 337 detenciones con fines políticos ocurridas desde la emisión del informe previo, incluyendo las de personas con discapacidad mental detenidas arbitrariamente, y a las lesiones gravísimas ocasionadas a manifestantes durante las protestas, como es el caso de Rufo Chacón de 16 años de edad, quien, el 1º de julio de 2020, cumplió un año de haber perdido ambos ojos por un disparo de perdigones directo a su cara. Del mismo modo, al referirse la ONG  a la persecución de persecución y represión selectiva por motivos políticos indica que “a pesar de que (el informe) reconoce la continuidad de las desapariciones forzadas, torturas y asesinatos, solo se refiere a una muestra de 110 casos, sin indicar la magnitud real del problema y no se refiere a las múltiples denuncias realizadas de incremento de la represión política por parte de víctimas y organizaciones de Derechos Humanos, directamente ante las representantes de la ACNUDH que se encuentran en Venezuela.

Aunado a lo anterior, se evidencia una serie de elementos factuales que aparecen desvirtuados cuando se afirma, por ejemplo, en el párrafo 6, que la oposición pide que se realicen elecciones presidenciales anticipadas, cuando la realidad es que las elecciones presidenciales del 2018 fueron severamente cuestionadas por la comunidad internacional y rechazadas por la oposición, dando origen a una usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro, lo que ha generado una situación de irregularidad política y constitucional. O cuando se expresa en el párrafo 14 que  del presupuesto nacional se seguía transfiriendo dinero periódicamente a unos 17 millones de personas, titulares del «Carnet de la Patria», y manteniendo un alto nivel de subvención de los servicios públicos, cuando el llamado “Carnet de la Patria” en realidad se trata, y así ha sido destacado en varios informes de organismos regionales y multilaterales, de un mecanismo de control social violatorio de los derechos más elementales de los ciudadanos.

Quizás la más alarmante de estas afirmaciones sea la expresada en el párrafo 78, en el que se le hace un reconocimiento explicito a personalidades con muy escasa o nula representatividad, que escondidas tras unos aparentes partidos políticos minoritarios, obtuvieron, gracias a sus gestiones, la liberación de 43 presos políticos. Tal afirmación se hace sin tomar en consideración el contexto más amplio y denunciado por el Foro Penal venezolano del mantenimiento de la táctica de la “puerta giratoria” con lo cual no hay una real disminución del número de detenidos arbitrariamente.

Por otra parte, en el informe también se da como buena información suministrada por entes gubernamentales sin el necesario rigor y contraste. Por ejemplo, en el párrafo 34 se indica que se registraron 6.710 homicidios en 2019, cuando el Observatorio venezolano de violencia ha reportado sistemáticamente cifras que están por encima de las decenas de miles, siendo que en el 2018 se registraron 23.047 y en el 2019  el OVV reporta 16.506 muertes violentas a una tasa de 60,3 homicidios por cada 100 mil habitantes.

3. La cuestión de Estado como centro

La función principal de estos informes es la de asegurar el apego a las normas y tratados internacionales ratificados por el Estado venezolano,  desde la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos, hasta los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como la Convención  contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y otros instrumentos que son específicos e inherentes al sistema universal de DDHH, y cuyo principal fin debe ser garantizar, respetar, proteger y asegurar el pleno disfrute de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la población, en este caso, venezolana.

Estos informes deben ser vistos como una radiografía de la situación del país. Al no presentar el panorama completo con la debida acuciosidad y rigurosidad,  proyectan la aceptación como cosa natural de una  peligrosa situación, que la dibuja además, de una forma mucho menos dramática de lo que es en realidad, y representa una sustancial diferencia con respecto a los informes presentados en 2017, 2018 y 2019.

Asimismo, no se trata de parcialidades políticas, ni de una lucha de poder político entre distintas facciones. Tampoco se trata de utilizar señuelos y otros elementos para estimular la cooperación y una mayor apertura por parte de un régimen que atenta contra su población, para que atiendan compromisos adquiridos durante la visita oficial llevada a cabo por la Alta Comisionada en 2019, como lo fue la exigencia de acceso a los sitios irregulares de reclusión con denuncias graves sobre las condiciones de los privados de libertad, que no ha sido cumplida,   o  para que honre la posterior firma del Memorándum de Entendimiento que establece las bases para la presencia de una oficina de ACNUDH en Venezuela. Lo es menos aún para que permita a funcionarios progresar en su proyecto personal.

Se trata ante todo de una cuestión de Estado: los derechos de 30 millones de personas, la población del Estado venezolano, están en juego.

Internacionalista UCV – ExEmbajadora y defensora de DDHH

Denuncian “superficialidad” del informe de Bachelet sobre Venezuela – Diario Las Américas – 8 de Julio 2020

La abogada venezolana especialista en Derechos Humanos Tamara Suju criticó la más reciente actualización del informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU Michelle Bachelet sobre la situación de Venezuela, especialmente cuando dice que la crisis en el país se “ha exacerbado por el incremento de las sanciones sectoriales” aplicadas contra el régimen de Nicolás Maduro por parte de EEUU o la Unión Europea.

“Es un insulto para el intelecto del venezolano decente caer en el juego macabro de la dictadura, que culpa a las sanciones por la crisis humanitaria que ellos mismos indujeron y provocaron en 20 años de robolución”, escribió Suju en un artículo de opinión publicado por El Nacional.

Recordó Suju en su artículo titulado “Informe ACNUDH: omisiones e incongruencias” que el régimen chavista ha “robado” el dinero de las arcas públicas, “se robaron las empresas productivas, se robaron las fincas y hatos que nos alimentaban, quebraron Pdvsa, y malgastaron en propaganda política y dádivas para los amigos y afines ideológicos del mundo cientos de millones de dólares que eran de todos los venezolanos, que hoy se mueren de mengua y deambulan por las calles empobrecidos.”.

Agregó que hoy día, el régimen sigue movilizando grandes cantidades de dinero “lavando oro, diamantes y otras riquezas naturales para usarlos en lo que les conviene, además de seguir enriqueciendo sus cuentas personales”.

“El deterioro de la forma de vida de los venezolanos, el caos de los servicios públicos, no son debido a las sanciones que menciona la alta comisionada, no, se debe a la inmoral desidia de un régimen que jamás quiso invertir en los venezolanos, en el país, en su desarrollo económico y social, y se dispuso a someter a la población para controlar su tiempo en el poder, a través de la dependencia que trae la pobreza e incapacidad de progresar económicamente”, dijo Suju.

La abogada, directora del Instituto Casla, dedicado a la promoción y defensa de los Derechos Humanos, señaló que el informe estuvo caracterizado por una “narrativa para mi gusto superficial, sobre lo que ha sido la represión y persecución que, desde julio de 2019 hasta el día de hoy”.

Resaltó que a la sede de ACNUDH Caracas han llevado denuncias sobre las prácticas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes de las que son víctimas los presos políticos.

“Las prácticas de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes no solo no han cesado, como pidiera ingenuamente ACNUDH a la tiranía en 2018, sino que el horror de la continuidad de su práctica tampoco está reflejada en los dos tímidos párrafos que dedica el informe presentado la semana pasada, por ser un crimen de lesa humanidad que la tiranía practica sistemáticamente para controlar mediante el miedo a la sociedad civil”, dijo.

Destacó que el Instituto CASLA denunció en enero pasado “el incremento de patrones de tortura más dolorosos e incisivos utilizados contra civiles y militares detenidos los dos últimos años”.

Asimismo, resaltó que los presos políticos están detenidos en lugares que no cumplen con las reglas mínimas “y sigue construyendo celdas para aislar a los detenidos”, como las del sótano 3 de la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar “a la que denominaron irónicamente “la casa de los sueños”, donde mantienen a 3 personas por celda encerradas las 24 horas del día, entre ellas se encuentran civiles, militares e indígenas, sin luz ni ventilación natural, sin ningún material de distracción o lectura, totalmente incomunicados”.

Añadió que el Instituto CASLA también ha denunciado de celdas con condiciones similares en la sede del FAES en el 23 de enero “con las mismas condiciones infrahumanas que tienen las celdas de la DGCIM, lugares a los que los representantes de ACNUDH no han tenido acceso porque a la tiranía no le conviene”.

Posición del Foro Penal, Presos Políticos y sus Familiares, sobre el informe emitido por la Alta Comisionada de DDHH de la ONU – 2 de Julio 2020

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COMUNICADO

El Foro Penal, los presos políticos y familiares que abajo subscriben, en cuanto al informe sobre Venezuela del 2 de julio de 2020, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet considera lo siguiente:

A los efectos de realizar un análisis técnicamente objetivo de este informe del 2 de julio de 2020, destacamos que es necesario contrastarlo con el informe previo realizado por la ACNUDH, el 4 de julio de 2019, ante el mismo Consejo de Derechos Humanos de la ONU. A tal efecto, es de notar, que las 23 recomendaciones realizadas por la ACNUDH en el informe 2019, todas ellas han sido incumplidas por el Estado venezolano.

El reciente Informe de la ACNUDH del 2 de julio de 2020, a pesar de establecer, de manera general, que se mantienen las graves violaciones a los Derechos Humanos, definidas en el informe del 4 de julio de 2019, en nuestro criterio debió haber realizado una evaluación técnica y objetiva más acuciosa sobre los incumplimientos del Estado venezolano de las 23 recomendaciones realizadas en el informe del año pasado. A continuación, nos referimos solo a algunas de las recomendaciones no cumplidas y que el informe de 2020, en su extensión a ser publicada el próximo 15 de julio, a manera de brindar un panorama completo, debiera mencionar de manera específica:

1. En cuanto a los “actos de persecución y represión selectiva por motivos políticos” que, específicamente, el informe de julio 2019, requirió al Estado venezolano que cesaran, el reciente informe de la ACNUDH, a pesar de que reconoce la continuidad de las desapariciones forzadas, torturas y asesinatos, solo se refiere a una muestra de 110 casos, sin indicar la magnitud real del problema y no se refiere a las múltiples denuncias realizadas de incremento de la represión política por parte de víctimas y organizaciones de Derechos Humanos, directamente ante las representantes de la ACNUDH que se encuentran en Venezuela.

2. El informe de 2019 destacaba algunos casos de desapariciones forzadas y recomendaba se ratificará la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Sin embargo, el informe de 2020 denuncia que hay un patrón de desapariciones forzadas, en la mayoría de las personas detenidas por el DGCIM. Sin embargo, no resalta el retroceso que representa este patrón, ni menciona las personas que aún se encuentran desaparecidas, a pesar de varias acciones urgentes emitidas por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU.

3. El informe de 2020, no se refiere a la utilización injustificada de la pandemia COVID -19, y del estado de alarma, para restringir absolutamente el acceso a la justicia y a los detenidos a los abogados defensores y ONG, y también a los representantes de la ACNUDH en Venezuela. Esto es una grave situación que viola el derecho a la defensa, el derecho a la tutela judicial efectiva y a la libertad de las víctimas, sobre todo de los detenidos arbitrariamente. Tampoco indica los traslados ilegales de una cárcel a otra de varios presos políticos de los que, hasta el presente, no hay información oficial.

4. Una solicitud concreta de la ACNUDH al Estado venezolano, incluso como una condición previa a su visita a Venezuela en junio de 2019, fue el acceso a sitios de reclusión con denuncias muy graves sobre la condición de los presos, tales como la sede del DGCIM en Boleíta Norte (Caracas), las sedes del SEBIN (“El Helicoide» y “La Tumba”, Caracas) y de la PNB (Zona 7 – Boleíta Sur, también en Caracas). Sin embargo, esto no se ha cumplido, y en el informe de 2020, en su actualización del 15 de julio, debiera destacarse la importancia de acudir a estos centros de reclusión irregulares.

5. El informe de 2019 requiere al Estado venezolano “cesar, subsanar y prevenir … la tortura…”, situación que no solo continua, sino que se ha intensificado. El informe de 2020, por su parte, indica que el Ministerio Público “llevó a cabo 361 investigaciones de tortura y 9951 de malos tratos”. Sin embargo, no indica si dichas investigaciones se refieren a casos denunciados concretamente ante la ACNUDH, incluso directamente por víctimas en su visita a Venezuela el año pasado. Ciertamente, el informe reciente recomienda se “investigue y sancione con eficacia a los responsables de los casos de torturas y malos tratos” y en su contenido señala la continuidad de esta situación, pero no indica el claro incumplimiento por parte del Estado venezolano del llamado realizado en el informe del 2019.

6. El reciente informe ratifica la recomendación de “proceder a la liberación incondicional de todas las personas privadas de libertad de manera ilegal o arbitraria”. Sin embargo, hasta ahora, dicho informe no se refiere a la evidente existencia de presos y detenidos políticos y al mantenimiento de la táctica de la “puerta giratoria” en los presos políticos (mientras se liberan algunos se siguen encarcelando a otros). Tampoco el informe de 2020 se refiere al hecho de que, en vez del Estado venezolano acatar las recomendaciones del informe del año pasado, en cuanto al uso de la detención arbitraria con fines políticos, el número de presos y detenidos políticos ha aumentado, siendo que solo desde el informe del año pasado ha habido más de 337 detenciones arbitrarias con fines políticos y el número de presos políticos ha superado el promedio semanal de 400 personas, pasando el país con más presos políticos del Continente Americano. Por otra parte, hay casos de presos políticos, como el de la abogada Antonia Turbay, cuya liberación debiera ser obvia y prioritaria por existir una boleta de excarcelación desde julio del 2019, y hoy dicha ciudadana permanece privada ilegítimamente de libertad en la sede del SEBIN de “El Helicoide». Es de notar, que esto constituye, además, un incumplimiento continuado del compromiso adquirido por el Estado venezolano con la ACNUDH en este sentido, cuya exigencia condujo, a su vez, a un compromiso moral, adquirido por la propia Michelle Bachelet con los familiares y víctimas en su visita a Venezuela en junio de 2019, en reunión presencial con los familiares y la ONG Foro Penal.

7. A pesar de que el informe se refiere a los continuos asesinatos extrajudiciales, incluyendo al menos 432 muertes con presunta responsabilidad de la FAES, no indica ni menciona hasta ahora el total incumplimiento de la recomendación del informe anterior donde se hace un específico llamado al Estado venezolano para que “disuelva las FAES y establezca un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales”.

8. El informe de 2019 recomendó “el cese de toda intimidación y ataques contra los pueblos indígenas”. Sin embargo, el informe del 2 de julio de 2020, no ha dicho nada hasta ahora en cuanto al incumplimiento de esta recomendación. Particularmente, no se hace referencia a la falta de investigación en cuanto a los 4 indígenas pemones asesinados el 22 y 23 de febrero de 2019, no señala que cientos de indígenas pemones se mantienen fuera del país, particularmente en el Estado de Roraima de Brasil en virtud de la persecución política del Estado venezolano. Tampoco el informe señala nada, hasta ahora, sobre los 13 indígenas pemones que se mantienen como presos políticos desde diciembre de 2019, algunos de ellos desaparecidos forzosamente al inicio de su detención y que fueron trasladados a la cárcel Rodeo 2, de manera ilegal, sin notificación o aviso, y que hoy día se encuentran con situaciones de salud delicadas.

9. El informe de 2019 recomienda que se “detenga y prevenga el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones”. Por su parte, el reciente informe indica la documentación de solo 17 detenciones de manifestantes incluyendo menores de edad y profesionales de la comunicación y no se refiere, hasta ahora, a las 337 detenciones con fines políticos ocurridas desde la emisión del informe previo, incluyendo las de personas con discapacidad mental detenidas arbitrariamente, y a las lesiones gravísimas ocasionadas a manifestantes durante las protestas, como es el caso de Rufo Chacón de 16 años de edad, quien, el 1º de julio de 2020, cumplió un año de haber perdido ambos ojos por un disparo de perdigones directo a su cara.

10. El informe de 2019, hace un llamado a cesar la persecución de los periodistas y a que “revoque las clausuras y ponga fin a otras medidas de censuras a los medios de comunicación”, lo cual no solo no ha cesado sino que se ha incrementado tal como es el caso de Radio Caracas Radio que fue sacada del aire el 30 de abril de 2019, por referirnos a uno de tantos casos, tal como el propio informe reciente destaca de manera general. Sin embargo, por ahora, en el informe de 2020 no indica el incumplimiento a este llamado.

11. El informe de 2019 hace un llamado al Estado venezolano para que “desarme y desmantele a los grupos armados civiles progubernamentales (los llamados ‘colectivos armados’) y garantice la investigación de sus delitos”. El informe de 2020, hasta ahora, no toma en cuenta que dicha situación se mantiene, y que el Estado ni siquiera reconoce la existencia de estos grupos armados.

12. El informe de 2019 requiere al Estado venezolano que “garantice el derecho a la identidad y la documentación a todas las personas, incluyendo a niños/as”. Sin embargo, por ahora, el informe de 2020, no indica si aún se mantienen las dificultades para obtener documentos de identidad como el pasaporte, particularmente para los millones de inmigrantes venezolanos que se encuentran restringidos en su derecho a circulación por no poseer pasaporte vigente.

En nombre del Foro Penal, los presos políticos y sus familiares que abajo suscriben, así como las diversas víctimas de la represión política que representamos, confiamos en que la ACNUDH responda concretamente lo aquí planteado en la extensión del referido informe del 2 de julio de 2020, a ser presentada el 15 de julio de este mismo año.

Walewska Pérez: “La burla, la impunidad, me han llevado a la desesperación” por Milagros Socorro – La Gran Aldea – 2 de Julio 2020

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A un año de la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo, fallecido mientras se encontraba detenido por la DGCIM, su esposa enfrenta las secuelas traumáticas de sus hijos, así como su desasosiego por los detalles que ha ido conociendo y la falta de justicia ante este crimen. “A veces pienso que a nadie le importa lo que estamos padeciendo los venezolanos”.

Está peor. Puede decirse que, a un año del asesinato de su esposo, la maestra de preescolar Walewska Pérez, está más desolada y ansiosa que el 29 de junio de 2019, cuando le confirmaron que el capitán de Fragata (retirado) Rafael Acosta Arévalo había muerto. Ese día, aunque ya tenía una semana casi sin dormir, abismada ante las informaciones que le llegaban, según las cuales su marido estaba siendo sometido a crueldades difíciles de concebir, ella se veía muy triste, pero a la vez firme y decidida. Esto lo sabemos por la entrevista que le hizo Idania Chirinos, a escasas horas de confirmado el asesinato.

Doce meses después, Walewska Pérez difundió una carta pública donde recordaba los pormenores del secuestro y asesinato de su esposo, la retención por doce días del cadáver, la inhumación controlada, el “juicio” donde condenaron a dos funcionarios de la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar), por “homicidio preterintencional”, esto, que lo mataron sin querer; y concluía pidiendo justicia para el crimen del capitán Acosta Arévalo y para “los más de 420 presos políticos, militares y civiles que aún están siendo torturados en manos del narcorrégimen”.

El comunicado es duro, pero al comentarlo con ella por teléfono, aunque repite los datos, su voz evidencia un gran agotamiento y un dolor que no ha hecho sino crecer.

-He envejecido mucho -dice Walewska Pérez-. He perdido peso y sé que no tengo brillo en los ojos. No puedo sonreír, no me sale. Casi no duermo. Me levanto de la cama a medianoche y camino sin hacer ruido, para no despertar a mis hijos ni causarles más traumas. Vienen a mi mente las escenas más pavorosas. Mis abogados me lo dijeron, porque yo les pedí que lo hicieran. Y luego leí el informe de la autopsia que salió en la prensa. Lo llevaron a una casa de torturas que tiene la dictadura en Miranda, lo desnudaron y lo colgaron de un árbol; le disparaban cerca de los oídos para reventarle los tímpanos; le pusieron una carpeta con tirro alrededor de los ojos; lo golpearon con tablas en todo el cuerpo; lo metían en un cuarto helado y le echaban agua helada; le daban latigazos; le ponían bolsas en la cabeza; le metían la cabeza en tobos; le hicieron cortaduras en las plantas de los pies; le metieron electricidad en los testículos,… Participaban muchos, me dijeron, porque el método de ellos es no dejar descansar a la víctima. Cuando quedaba inconsciente, lo reanimaban. Le tomaban fotos. Alguien tiene las fotos de mi esposo siendo martirizado. Trato de no pensar en eso, pero no puedo.

Iríamos a Egipto

Nacida en Maracayestado Aragua, en 1977, Walewska Eleanor es la mayor de dos hermanas. Su padre emigró de TenerifeIslas Canarias, a Venezuela cuando era un niño y aún menor de edad empezó a trabajar en diversos empleos hasta que ingresó a Philips de Venezuela, donde progresó hasta ser gerente. No puede decirse que haya dejado la compañía ni que se jubiló, porque el hecho es que la empresa tuvo que irse del país. “Le pegó mucho el cierre de la empresa”, dice Walewska. Y su madre, proveniente de familia muy humilde, es una docente que se desempeñó en el aula hasta que tuvo a su primera hija. Fue ella quien le puso su nombre. “A mi mamá le gusta la historia de Napoleón. Convencida de que su primogénito sería un varón, cuando se encontró con que no era así, me puso el primer nombre que se le vino a la mente, el de la aristócrata polaca que fue amante del emperador”.

Walewska conoció a Acosta Arévalo cuando ella tenía 17 años y él 25, y ya era un oficial de la Armada. “Al principio lo vi poco, porque él estaba en la frontera. A pesar de su juventud, ya era el hombre serio y reservado que siempre fue. Era muy ordenado y pulcro, tanto en su trabajo como en su vida personal. Participó mucho en la crianza de los dos niños. En las primeras semanas, si los bebés lloraban durante la noche, él los cargaba, los cambiaba, les daba los teteros. Cuando crecieron, los llevaba al deporte. Era muy afectuoso, no con palabras, sino con hechos. No era hombre de ponerse bravo, su manera de resolver los conflictos era conversar. Jamás fue hombre violento. Leía mucho. Le gustaba la historia de la Antigüedad, sobre todo la de Egipto. Solía pedirle a Dios que pudiéramos ir a conocer Egipto”.

Al preguntarle por su propia infancia, Walewska dice, siempre con voz mustia, que nunca les faltó nada. “Fuimos a colegios privados. Nunca fuimos caprichosas. Mi mamá nos enseño a hacer méritos para ganar lo que queríamos”. Se graduó de licenciada en Educación Preescolar en la UPEL, en Maracay.

Alguien lo traicionó

Rafael Acosta Arévalo pidió la baja en 2006, “porque no estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo”. Estaba residenciado en Colombia con su esposa e hijos; y decidió viajar a Venezuela, según dice su viuda, “para renovar los pasaportes y hacer otras diligencias. Había cumplido 50 años el 17 de junio y el 21 de ese mes fue detenido, sin orden judicial, en Guatireestado Miranda.

-Él no tenía miedo -dice Walewska-. Decía que todos nacemos para morir. De hecho, mientras estuvo activo, le explotó una granada en la pierna y tuvo un accidente de buceo en la Base Naval de Turiamo, de donde lo sacaron inconsciente en helicóptero. Estaba acostumbrado al peligro. Y, de seguro, jamás pensó que un compañero podría traicionarlo. A él lo vendió un “amigo”, que lo envió a una muerte terrible por congraciarse con el régimen y obtener quién sabe qué…

Al preguntarle si ella estaba al tanto de las actividades conspirativas en las que Acosta Arévalo podría haber estado involucrado, ella asegura que jamás oyó nada que le hiciera pensar en eso. “De todas formas”, -dice Walewska-, “después de su asesinato, yo me aislé porque no quería perjudicar a nadie”.

Mami, yo vi la cara del asesino

Las últimas palabras de Acosta Arévalo en su agonía fue una sola: ‘Auxilio’. Lo habían secuestrado el 21 de junio y lo mantuvieron en la cámara de tortura durante una semana, al cabo de la cual fue trasladado por una comisión del DGCIM a la sede del tribunal militar para su audiencia de presentación. Era un guiñapo. Incapaz de tenerse en pie, lo llevaron en silla de ruedas. Mostraba signos de desorientación, sangre en las uñas, la nariz fracturada y escoriaciones en los brazos, que era lo que se le veía. Los funcionarios de la DGCIM no lo dejaron hablar en privado con sus abogados, otra crueldad innecesaria, puesto que el reo apenas si pudo rogarle ayuda a su representante legal. Al verlo en semejante estado, el juez le preguntó si había sido torturado, a lo que el capitán asintió con la cabeza, y ordenó que lo llevaran al hospital, donde murió en la madrugada del 29 de junio.

-Mi hijo está muy afectado. Perdió interés en los deportes, bajó las calificaciones escolares. Ya tiene 13 años. Me resulta imposible impedir que vea en Internet los detalles del secuestro y muerte de su padre. Hace poco me dijo que había soñado con su papá. Que lo tenían amarrado en una silla y lo estaban electrocutando; que, aunque tenía la boca tapada, se oían sus gritos. “Mamá”, me dijo, “yo le vi la cara a quienes lo estaban torturando. Estaban vestidos de militar. Vamos a meternos en Internet para enseñarte quién lo mató, porque yo tengo su cara aquí, en mi cabeza”.

La viuda llora su congoja y la de la familia. “Mis suegros se deprimieron muchísimo. A mis padres los han estado intimidando. Mi hijo pequeño pregunta mucho por su papá. Pregunta que si su papá no le ha enviado un mensaje de voz, “porque él se llevó su teléfono”. Rezo para que nunca se le olvide la cara de su papá, la voz”.

-Yo sé que nada me lo va a devolver, pero es muy importante para mí que se haga justicia. La burla, la impunidad, me han llevado a la desesperación. La señora Bachelet estaba en Caracas cuando a él lo mataron, por qué no lo impidió… A veces pienso que a nadie le importa lo que estamos padeciendo los venezolanos. Pero, ni siquiera en mis momentos de mayor rabia, le he reprochado por qué se fue a Venezuelapor qué marchó a la muerte. Todos cometemos errores. Cómo voy a pelear, ni siquiera en mi mente, con un hombre tan generoso.

Un silencio atronador allana el avance de Maduro hacia su golpe final por Leonardo Mindez – Infobae – 27 de Junio 2020

Andres Manuel López Obrador, Rafael Correa, Alberto Fernández y Lula Da Silva se han mantenido en silencio mientras Nicolás Maduro avanza hacia una nueva parodia electoral.Andres Manuel López Obrador, Rafael Correa, Alberto Fernández y Lula Da Silva se han mantenido en silencio mientras Nicolás Maduro avanza hacia una nueva parodia electoral.

Venezuela se encamina hacia un nuevo salto al vacío en ese precipicio sin fondo en el que viene derrapando hace años y del que nada ni nadie parece poder rescatarla.

El último huevo de la serpiente acaba de ser fertilizado ante la indiferencia de los líderes regionales que todavía mantienen alguna sintonía con Nicolás Maduro.

Dejemos por un momento de lado los capítulos cotidianos de la hecatombe económica y social en que ha derivado el experimento bolivariano, con sus más de 5 millones de venezolanos en el exilio y el 80% de los que aun permanecen en el país sumidos en la pobreza y la lucha cotidiana por la subsistencia. Incluso en un continente acostumbrado a los altibajos constantes, la tragedia del desbarranco venezolano no registra antecedentes. La más reciente imagen del descalabro son las largas filas en las gasolineras para conseguir unas gotas del combustible importado de emergencia desde Irán, ante el desabastecimiento en un país que llegó a ser el segundo productor petrolero del mundo y donde la gasolina siempre fue mucho más barata que el agua.

Este drama sería más tolerable, por cierto, si en Venezuela funcionaran las instituciones de una república, si las libertades civiles no hubiesen sido conculcadas y no hubiera, al día de hoy, 424 presos políticos, según el conteo actualizado que lleva el Foro Penal Venezolano. Si una mayoría de los venezolanos hubiese elegido a Maduro en elecciones libres y democráticas y los partidos políticos pudieran funcionar con libertad y competir en igualdad de condiciones en los próximos comicios, habría una luz de esperanza al final del túnel. Pero nada de eso ocurre hace tiempo en la tierra de Simón Bolívar.

Para no remontarnos a la larga historia de la degradación paulatina de las libertades civiles bajo los gobiernos de Hugo Chávez y pasando por alto la oscura elección en la que su heredero menos lúcido retuvo el poder por algo más de un punto porcentual (según el escrutinio oficial) en 2013, sólo recordemos que hace dos años Maduro se hizo “reelegir” mientras los dirigentes opositores más reconocidos estaban proscriptos, presos o exiliados, los principales partidos políticos eran forzados a desertar de los comicios tras la imposición de requisitos absurdos para registrarse y con el ingreso prohibido para los veedores electorales internacionales de mayor prestigio. Aun en esas condiciones, menos del 30% de los venezolanos le habrían dado el 20 de mayo de 2018 su apoyo a Maduro de acuerdo al escrutinio oficial.

Como era lógico, aquellas elecciones no fueron reconocidas por la gran mayoría de las democracias occidentales. En enero de 2019, cuando Nicolás -como lo llaman en las calles de Caracas- quiso asumir su segundo mandato sostenido por el resultado de aquella parodia comicial, el quiebre fue inevitable. Como lo establece la Constitución Venezolana, la Asamblea Nacional erigió a su líder, Juan Guiadó, como presidente interino, a cargo de normalizar el funcionamiento institucional y convocar a nuevas elecciones democráticas. Desde entonces, Venezuela permanece en el limbo de un país partido en dos. Con un Presidente interino, reconocido por más de 60 naciones -incluidas casi todas las del continente americano, la Unión Europea y Japón- pero con ninguna capacidad real de acción. Y un gobernante de facto aferrado a su sillón en el Palacio de Miraflores con el respaldo de las Fuerzas Armadas, el apoyo ideológico en el continente de Cuba y Nicaragua y un último sostén económico de Rusia, China e Irán que esquivan como pueden las sanciones internacionales que va acumulando el régimen chavista.

Indira Alfonzo, la nueva presidenta del Consejo Nacional Electoral designada por la Corte Chavista, fue sancionada por el gobierno de Canadá por haber facilitado junto a otros funcionarios la reelección fraudulenta de Maduro en 2018. (REUTERS/Manaure Quintero)Indira Alfonzo, la nueva presidenta del Consejo Nacional Electoral designada por la Corte Chavista, fue sancionada por el gobierno de Canadá por haber facilitado junto a otros funcionarios la reelección fraudulenta de Maduro en 2018. (REUTERS/Manaure Quintero)

Maduro aprendió a sacarle jugo a la grieta geopolítica mundial. Donald Trump, Angela Merkel, Vladimir Putin y Xi Jinping pueden tirar y aflojar de esa cuerda. Nicolás, no. Necesita extremar la disputa bipolar para utilizar a las potencias enemigas como justificativo retórico de sus desgracias y seducir a las amigas como pata sudamericana de sus proyectos expansionistas.

En el medio han quedado un puñado de gobernantes y dirigentes de peso en el continente que fueron muy cercanos a Chávez, que no sienten el mismo aprecio ni respeto por Maduro, pero apenas se atreven a reconocer entre susurros algunos “desvíos” en sus acciones. El involucramiento activo del progresismo democrático para tratar de enderezar el derrotero bolivariano tendría un valor innegable. Pero una y otra vez prefieren mirar hacia otro lado y hacerse los distraídos cuando las papas queman y el régimen avanza en nuevas tropelías. Se trata del cuarteto integrado por los presidentes de Argentina y México, Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador, y los ex mandatarios de Brasil y Ecuador, Lula da Silva y Rafael Correa, que aún conservan un amplio predicamento en sus países y entre las fuerzas progresistas.

Aferrado al sillón del Ejecutivo y con los jueces en su puño hace años, el Legislativo es el único poder del Estado que le presenta resistencia a Maduro desde que la oposición obtuvo la mayoría en las elecciones de 2015, las últimas con cierto grado de fair play. Nicolás, por supuesto, no lo puede tolerar. Ha intentado todo tipo de maniobras para licuar su poder y anular su funcionamiento, pero ahí siguen los legisladores resistiendo como pueden, obligados muchas veces a sesionar en otros edificios cuando las fuerzas de seguridad del régimen les impiden el acceso al Palacio Legislativo.

Pese a que el reclamo de la oposición y de la comunidad internacional es que en Venezuela se realicen de una vez elecciones presidenciales democráticas, Maduro sólo ha aceptado que se hagan este año comicios parlamentarios. Anunció que serán en diciembre -todavía sin fecha precisa- y empezó a montar su ingeniería para de una vez por todas acabar con esa piedra en el zapato y que el Parlmento quede en sus manos, aun cuando en ninguna encuesta el apoyo a su gobierno supera el 20% entre los venezolanos que aún viven en su país, ni hablar si se permitiera el voto de los que están en el exilio.

El plan ya quedó al descubierto. Hace dos semanas, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) chavista tomó para sí la atribución de designar a los integrantes del Consejo Nacional Electoral (la autoridad comicial) que por ley le corresponden al Congreso. ¿La justificación? Que los diputados todavía no habían llegado a un acuerdo para los nombramientos. Por supuesto, las cinco autoridades electorales designadas por el TSJ son fervientes chavistas o aliados confiables.

Como si fuera poco, a la semana siguiente el TSJ tomó otras dos resoluciones brutales: la intervención de los dos principales partidos opositores, Acción Democrática y Voluntad Popular, designando en ambos una nueva cúpula cercana al chavismo.

Nicolás Maduro asistió como invitado a la ceremonia en la que López Obrador asumió como presidente de México en diciembre de 2018 (Foto: Presidencia de México)Nicolás Maduro asistió como invitado a la ceremonia en la que López Obrador asumió como presidente de México en diciembre de 2018 (Foto: Presidencia de México)

En este punto, es inevitable recordar el caso boliviano. Aclaremos: Evo no es Nicolás. El gobierno de Morales logró un éxito económico, político y de integración social sin precedentes en Bolivia que le permitió gozar durante un largo período de un apoyo creciente entre los bolivianos. Pero en simultáneo, floreció durante su gestión un rasgo personalista y autocrático compartido con el chavismo y otros gobiernos de la llamada “marea rosa” latinoamericana. En plena efervescencia, Morales reformó la Constitución, logró su reelección, consiguió un aval judicial para convertir su segundo período en el primero con la nueva Carta Magna y así volver a presentarse para un tercer mandato. Y cuando llegaba finalmente el tiempo del relevo, organizó un referendo para modificar nuevamente la Constitución y volver a postularse a un cuarto período. Perdió. Pero decidió ignorarlo. Con el resultado electoral en contra, el desgaste de más de una década en el poder y su popularidad en baja consiguió igualmente que los jueces amigos lo habilitaran a presentarse. Así marchó, contra y viento marea, ante el descontento de una porción mayoritaria de los bolivianos que se sentía estafada y el silencio complaciente de sus aliados regionales, a buscar su re-re-reelecciónLa catástrofe estaba en marcha.

Que quede claro: el actual drama boliviano no comenzó ni en las elecciones del 20 de octubre pasado (que muchos veedores internacionales consideraron fraudulenta) ni el 10 de noviembre, cuando Evo Morales presentó su renuncia después de 20 días de protestas y enfrentamientos violentos en las calles y los pedidos de dimisión de sus históricos aliados de la Central Obrera Boliviana y el jefe de las Fuerzas Armadas (que muchos consideraron un golpe de Estado). Aquel fue el desenlace de un largo proceso en el que el ex presidente torció la ley y violó la voluntad popular sin que ninguno de los gobiernos cercanos le advirtiera que caminaba hacia un precipicio. ¿No es acaso ése el rol de los amigos? Aquí es donde la parábola venezolana parece hermanarse con la boliviana.

Tras las últimas maniobras del TSJ chavista, alzaron su voz con diferentes matices Estados Unidos, la OEA, la Unión Europea, el Grupo de Lima y el de Contacto. Todos advirtieron lo que es evidente: que este nuevo atropello apaga cualquier expectativa de una elección legislativa justa y transparente. Maduro ya parece cómodo con el desafío de esos contrincantes, a los que respondió con sus habituales sarcasmos.

Más angustiante es que, otra vez, no haya habido ninguna reacción de parte de los gobiernos de Argentina y México, los de mayor peso regional entre quienes conservan alguna confianza en que Maduro pueda conducir la crisis venezolana hacia una salida democrática. Nada se escuchó tampoco de parte de Lula da Silva y Correa, que se mantienen como voceros muy activos de la izquierda latinoamericana. Tampoco del Grupo de Puebla, que integran todo ellos junto a otros políticos e intelectuales progresistas del continente.

Hay un excusa que se repite por lo bajo en sus entornos: cualquier gesto público de condena a Maduro significa “hacerle el juego a la derecha”. Persiste también en sus frentes políticos, aunque se diga menos, un vínculo emocional y simbólico con lo que fue en sus inicios el sueño bolivariano. Todo aquello parece menor, de cualquier manera, ante la desgracia y la miseria a la que fueron arrojados millones de venezolanos por un clan gobernante que hace mucho abandonó cualquier proyecto progresista en pos de su propia supervivencia.

Alberto Fernández, Néstor Kirchner y Hugo Chávez, en noviembre de 2005.

Si nada hace modificar la hoja de ruta trazada por el régimen, el destino ya está escrito: en diciembre tendrá lugar una nueva parodia electoral que le permitirá a Nicolás quedarse con el único poder del Estado que aún no controla. Los venezolanos verán cerrarse así el último resquicio de la democracia representativa en su país.

¿Se espera que lo toleren mansamente? ¿Hasta cuando podrán aguantar esa burla permanente? ¿No aprendimos nada del caso boliviano? ¿Otra vez jugamos con fuego en Sudamérica pensando que no nos vamos a quemar?

Hay silencios que se oyen. Algunos aturden. Alzar la voz tarde, cuando la situación se desmadre, será hipócrita. Apenas volver a llorar sobre la leche derramada.

Foro Penal contabiliza más de 450 presos políticos al cierre del mes de mayo por Melissa De Sousa Visconti – El Universal – 22 de Junio 2020

La ONG agregó que al menos 13 personas permanecen desaparecidas de manera forzada y resaltó esta situación como “un patrón sistemático de represión”

Caracas.- La Organización No Gubernamental (ONG), Foro Penal, publicó un reporte en donde señalan que al cierre del mes de mayo contabilizaron 451 presos políticos en Venezuela, de los cuales 35 son mujeres, 128 son funcionarios militares y 2 son adolescentes.

Indicó también que entre los meses de enero y mayo registraron un total de 235 personas arrestadas con motivos políticos en el país. Solo en mayo hubo 119 personas arrestadas, 69 personas más que el mes anterior, en el que hubo un total de 50 personas privadas de libertad.

Agregó que al menos 13 personas permanecen desaparecidas de manera forzada y resaltó esta situación como “un patrón sistemático de represión”.
Por tanto señalaron que las protestas de los venezolanos en todo el país son por la situación crítica en los servicios básicos como el agua y electricidad, a lo que se suman también manifestaciones por escasez de combustible e irregularidades para surtir de gasolina a sus vehículos en las estaciones de servicio.
“Esta situación evidencia una vez más, que el número de detenciones con fines políticos está directamente relacionado a la represión violenta de las protestas”, puntualizaron.

El régimen de Nicolás Maduro otorgó medida de casa por cárcel al tío de Juan Guaidó – Infobae – 3 de Junio 2020

El presidente encargado de Venezuela confirmó la noticia asegurando que la dictadura solo cambió el lugar de secuestro de su familiar

El régimen de Nicolás Maduro otorgó medida de casa por cárcel a Juan José Márquez, tío de Juan Guaidó, por lo que lo mantiene preso en su domicilio ubicado en Caracas.

La información se dio a conocer en horas de la noche de este martes y posteriormente fue confirmada por el mismo presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

A través de una publicación en su cuenta de la red social Twitter, Guaidó dijo el “el mismo día que allanan a los padres del Procurador @jghernandez y la vivienda de Ricardo Villasmil, cambian el lugar de secuestro de mi tío Juan Márquez”.

Esto a propósito de inspección arbitraria que realizaron las fuerzas de seguridad del régimen en la vivienda de los padres de José Hernández, Procurador de la presidencia encargada.

En el mismo mensaje Guaidó agregó que “la dictadura sigue usando a los presos políticos para atemorizar y chantajear!, el mandatario continuó, “seguiremos hasta ver libre a toda Venezuela”.

Tweet de Juan GuaidóTweet de Juan Guaidó

Durante la estadía de Márquez en prisión, Fabiana Rosales, esposa del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, denunció a través de su cuenta de Twitter que el régimen de Nicolás Maduro allanó, en el mes de febrero, la vivienda de Juan Márquez, el tío del mandatario interino secuestrado en Venezuela por las fuerzas chavistas.

“Alerta. En este momento están allanando la vivienda de Juan Márquez, tío del Presidente encargado Juan Guaidó, a nueve días de su secuestro en el DGCIM. Alertamos al mundo de la siembra que puedan hacerle en su casa, donde solo se encuentra su esposa y sus hijos. Juan Márquez es inocente”, expresó.

Márquez fue retenido en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas, el 11 de febrero, cuando regresaba junto con Guaidó de la gira internacional que llevó al presidente interino a reunirse con gobiernos de países de Europa, así como el de Estados Unidos.

Luego de que se presentó una situación irregular en Maiquetía a la llegada de Guaidó, diputados y dirigentes de partidos políticos denunciaron la desaparición de Márquez.

Días después, el régimen informó que lo habían aprehendido, argumentando que intentó ingresar al país con explosivos C4.

El Gobierno interino detalló que Márquez, “tras pasar con normalidad Migración, y estando a punto de salir, fue retenido para una supuesta revisión del Seniat“, la aduana venezolana. “Aprovechando el caos en el aeropuerto provocado por la violencia de la dictadura, retuvieron al señor Márquez mientras el Presidente salía”, escribieron voceros de la Presidencia encargada.

El jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó.El jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó.

Según el relato de la Presidencia, familiares de Márquez “informaron que se comunicó con ellos y les dijo que solo le exigían firmar unos papeles para retirarse”. Sin embargo, a partir de ese momento “no se volvió a saber de él”.

El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, informó que el tío del presidente encargado fue detenido por, presuntamente, trasladar “explosivos químicos” y chalecos antibalas no declarados. Aseguró que Márquez traía consigo “material muy peligroso” y dijo que el familiar del presidente poseía “sustancias explosivas sintéticas tipo C4” dentro de unas “cápsulas de perfume” y en unas linternas táctiles, específicamente en el compartimiento de las baterías.

La aerolínea portuguesa TAP le respondió al presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente: “Es imposible viajar con explosivos en nuestros aviones porque tenemos sistemas de seguridad que los detectan (…) En las normas de TAP y de todas las aerolíneas aliadas a IATA, no solo está prohibido viajar con explosivos, sino que la lista incluye baterías”, manifestó un representante de la compañía portuguesa, de acuerdo con lo consignado por La Patilla.

Las normas de IATA detallan que en los aeropuertos es obligatorio el uso de escáneres de seguridad luego de los atentados contra las Torres Gemelas de 2001. Incluso los mecanismos de detección de explosivos cada vez son más sofisticados.

Durante este tiempo, Márquez estuvo detenido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, Dgcim, en Boleíta al norte de Caracas.

Militares bajo control por Fernando Ochoa Antich – El Nacional – 26 de Abril 2020

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En un extenso artículo titulado “Venezuela: militares bajo control”, publicado en la revista Foreign Affairs Latinoamérica, del Instituto Tecnológico de México, dos de sus colaboradores, Víctor Mijares y Alejandro Cardozo, desarrollan una nueva tesis que trata de explicar las profundas transformaciones ocurridas   en el pensamiento y en la   conducta de la  Fuerza Armada Nacional a partir de los hechos del 11 de abril de 2002 y dar una respuesta a los venezolanos que no logran entender las razones por las cuales la mayoría de sus miembros activos se inhiben de tomar una posición ante la tragedia nacional y el debilitamiento de nuestra soberanía como consecuencia de la permanente intervención de Cuba en nuestros asuntos internos. Voy a analizar, en este artículo, los planteamientos que utilizan sus autores a objeto de expresar mis puntos de vista sobre el tema exponiendo mis diferencias y acuerdos.

El artículo comienza con un recuento del período histórico que se inició a partir del 23 de enero de 2019, al juramentarse el diputado Juan Guaidó como presidente encargado y establecer la oposición democrática una estrategia, que se resume en la consigna “cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”, la cual fue respaldada por Estados  Unidos, Canadá, el Grupo de Lima y la Unión Europea. Esa estrategia considera que una transición política en Venezuela surgirá de una ruptura de la coalición gobernante bajo la premisa de que el chavismo no es una alianza de partidos políticos sino una unión cívico-militar, en la cual tiene una marcada preponderancia  la Institución Armada. Al considerar posible la ruptura de esa alianza, se estableció como primer paso en la estrategia “el cese de la usurpación”, dando por sentado que la Fuerza Armada Nacional  reaccionaría ante la gravedad de la crisis nacional y el seguro reconocimiento internacional. Esa equivocada percepción condujo al fracaso del conato insurreccional del 30 de abril de 2019.

En la segunda parte del artículo se establece que “en Venezuela se ha elaborado una mitología política alrededor de los militares” que surge de nuestro proceso histórico: la guerra de independencia, el caudillismo, los gobiernos militares andinos y el muy débil control de los gobierno civiles sobre las Fuerzas Armadas durante los años 1958-1998. “Finalmente, la elección como presidente del ex militar golpista Chávez terminó por consolidar la tesis del control militar sobre el poder civil en Venezuela”. Inmediatamente, se inicia una severa crítica de esta tesis al explicar que esa realidad histórica ha traído por consecuencia que se crea  equivocadamente que la Fuerza Armada Bolivariana es el principal soporte del socialismo del siglo XXI, y que el gobierno de Maduro se sostiene porque cuenta con el respaldo de la burocracia castrense. En realidad, según el criterio de los autores, “la revolución bolivariana ha dado muestra de ser, en efecto, el vehículo de una fuerza política civil de profundas raíces en la izquierda histórica castrista, guerrillera, universitaria, intelectual, gremial, sindical, policial y militar”.

Los autores mantienen, como tesis central del artículo, que el error en la estrategia de la oposición surge del “anquilosamiento teórico según el cual el régimen de Maduro es un autoritarismo pretoriano sin entender que el chavismo civil ha desarrollado un extraordinario sistema de control sobre la Fuerza Armada Nacional, especialmente por vía de la transferencia de conocimientos y experiencias políticas del régimen cubano”. Ese control, principalmente en el área de inteligencia y contrainteligencia, ha tenido como objetivo central a los miembros de la Fuerza Armada Nacional. Además, afirman: “Esta intervención del poder civil sobre el militar ha fragmentado el mando y le ha restado eficacia operativa a las fuerzas armadas. Una somera revisión de las cifras de prisioneros políticos arroja un creciente número de militares en los últimos años”. Esta situación es una consecuencia de las permanentes denuncias entre compañeros de armas y es un indicativo de la ruptura de valores fundamentales como son el compañerismo y el espíritu de cuerpo.

Comparto en algunos aspectos los razonamientos mantenidos por los autores del artículo. Sin embargo, tengo algunas observaciones. Ellos opinan equivocadamente que el control civil sobre los militares durante el régimen democrático fue un espejismo, al afirmar que existe un abundante correlato historiográfico sobre los planes e intentos de golpes de Estado durante el ensayo democrático, con el que se pretende demostrar que el control civil fue un espejismo y los militares siempre estuvieron al acecho del poder en Venezuela”. En verdad, durante esos cuarenta años, la gran mayoría de los cuadros profesionales acataron la supremacía del poder civil establecido en la Constitución de 1961. En las actuales circunstancias existe una situación diferente. Una parte, sumamente importante del poder del Estado, está controlado por militares, observándose su presencia en numerosas empresas, institutos autónomos y otros muchos aspectos del funcionamiento del gobierno. La pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿Significa esta realidad formal que el régimen venezolano es actualmente un pretorianismo autoritario? Creo que no. A partir de la muerte de Chávez la dirección del “proceso revolucionario” se ha ido desplazando desde la Fuerza Armada Nacional al liderazgo civil. Esta realidad no quiere decir que la estrategia de la oposición tiene que ser revisada. Lo que es necesario hacer es instrumentarla de una manera diferente.

El razonamiento que hacen al afirmar que una posible intervención militar humanitaria, planificada por un organismo multilateral, con el respaldo de Estados Unidos, Colombia y Brasil, tendría un gran costo para las fuerzas interventoras debido a que Venezuela “tiene un eficiente sistema de intercepción aérea, lo considero equivocado. Realmente no creo que una alianza militar tan poderosa, la cual de inmediato obtendría el control del espacio aéreo, tenga dificultades para neutralizar, en muy breve tiempo, cualquier sistema de defensa aérea y los correspondientes sistemas de misiles. Tampoco creo que el reparto de “lanzaderas de misiles portátiles tierra-aire entre grupos insurgentes y del crimen organizado” pondría en jaque la seguridad de la región y mucho menos que esta amenaza sea suficiente para evitar una posible intervención militar humanitaria. Creo que no ha ocurrido, por razones de política interna en Estados Unidos.

Ojalá que mis compañeros de armas analicen con detenimiento el importante trabajo de investigación realizado por  Víctor Mijares y Alejandro Cardoza y reflexionen el daño que le ha hecho a Venezuela el régimen chavista-madurista al destruir el profesionalismo militar alcanzado en casi cien años de permanente esfuerzo de las diferentes generaciones militares. La responsabilidad de Hugo Chávez y de los Altos Mandos Militares en el crimen que ha significado permitir la partidización de la Fuerza Armada Nacional es indiscutible. Más grave aún es haberlo hecho siguiendo las orientaciones de Fidel y Raúl Castro, para satisfacer su avieso deseo de controlar las riquezas venezolanas, en particular su petróleo, para ponerlas al servicio de Cuba y su nefasta revolución.

 

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