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Los 19 problemas de la seguridad ciudadana que debemos resolver – Alberto Ray – Junio 2019

En Venezuela, más tempano que tarde, llegarán los tiempos para encarar los más grandes retos que como nación tenemos. La reinstitucionalización del país, la estabilización económica y, por supuesto, la seguridad y el orden público son apenas la punta de un inmenso iceberg que habrá que comenzar a sacar bajo las aguas. Pero ¿Por dónde comenzar?, es evidente que si reconocemos cuáles son los problemas, podremos plantear mejores soluciones.

En un esfuerzo de síntesis sobre un tema de tantas complejidades, a continuación, resumimos en 19 puntos los temas de mayor urgencia y que tendrán que estar en la agenda de quienes pretendan conducir las impostergables políticas de seguridad para un país que reclama recuperar la paz en sus calles.

1- Venezuela tiene la tasa más elevada de homicidios del continente (seguido de Honduras) con 91 muertes violentas por cada 100 mil habitantes cada año. Durante el año 2017 alcanzamos la cifra de 300 mil homicidios acumulados desde 1999. Importante tener en cuenta que el 85% de estas muertes ocurren en la vía pública.

2- El número de armas de fuego ilegales que circulan por el país es incalculable, aunque existen cifras aproximadas creíbles que se ubican alrededor de 3.500.000. En Venezuela el 93% de los homicidios son producidos por estas armas.

3- El secuestro y la extorsión se han convertido en actividades criminales ampliamente extendidas por el territorio nacional afectando a la población de todos los estratos socioeconómicos del país. Son tareas muy lucrativas que permiten sostener a bandas que se especializan en este tipo de delitos. Es bien conocido que parte de las actividades criminales vinculadas con el secuestro y la extorsión operan en centros penitenciarios y en un número importante de casos se ha determinado la participación de funcionarios y exfuncionarios policiales y militares. Desde el 2012 la cifra de secuestros denunciados está alrededor de 450 casos por año. Se estima que existen una cifra negra de ocho a uno (8 secuestros no denunciados por cada denuncia). Esto arroja la cantidad 25000 secuestros en los últimos 7 años.

4- El robo y hurto de vehículos alcanza en Venezuela cifras astronómicas. En los primeros 9 meses del año 2017 fueron denunciados 8690 hurtos y 18.440 robos de vehículos. Esta actividad criminal se ha visto impulsada por los altos costos y escasez de repuestos automotores. A ella también se vinculan bandas criminales y delincuencia organizada con nexos internacionales. El impacto económico del robo y hurto de vehículos es significativo en el presupuesto familiar, que al verse afectado por la pérdida de su medio de transporte y sin posibilidades de recuperación a corto plazo, perjudica de manera significativa calidad de vida de la familia venezolana.

5- Venezuela se ha convertido en la ruta principal de extracción de droga desde Colombia al resto del mundo. A través del país circulan, en la mayoría de los casos con la anuencia de las más altas autoridades del Estado más de 70 toneladas de cocaína por año, que luego se distribuye a México, las islas del Caribe y Europa. El dominio del territorio por este modelo logístico de gran escala ha provocado que poblaciones enteras hoy se dediquen a colaborar con las redes del narcotráfico. Con el tráfico de drogas se anexan actividades paralelas como el blanqueo de capitales, la corrupción y en ocasiones la generación de subredes de microtráfico que se alimentan de estos canales de distribución.

6- La pérdida de la institucionalidad ha afectado gravemente el sistema de administración de justicia criminal, lo que se ha traducido en una impunidad casi absoluta en todos los delitos, alcanzando niveles de hasta un 96% en homicidios e índices aún más elevados en casos de robo, hurto, violaciones y lesiones personales. Aprovechando la impunidad como principal aliciente, políticas públicas equivocadas como las llamadas zonas de paz, el tráfico de estupefacientes y la cantidad de armas de fuego que circulan de manera ilegal por el territorio han estimulado la formación y desarrollo de bandas criminales dentro y en la periferia de las ciudades más grandes del país.

7- El déficit de funcionarios policiales en todos los niveles del Estado, el desmontaje de la meritocracia como vía de ascenso dentro de los cuerpos armados de prevención y protección, los bajos ingresos y beneficios sociales derivados del ejercicio de la profesión y las fallas severas en el equipamiento policial estrechan más aún las salidas al problema de la seguridad en el país. Para estar alineados a los promedios mundiales, en Venezuela serían necesarios alrededor de 83.000 funcionarios en labores de prevención y protección ciudadana, que representa 120% de la plantilla actual.

8- La policía de investigación criminal ha sido una de las instituciones más afectadas en el proceso de desinstitucionalización de la seguridad en el país. El déficit estimado de funcionarios de alrededor de 290% tomando en cuenta una plantilla actual de 13 mil funcionarios activos.

9- La centralización de la seguridad ciudadana producto de medidas de control político ha restringido las capacidades de las policías regionales y municipales. El gobierno nacional ha intervenido administrativa y operacionalmente prácticamente todos los cuerpos de orden público controlados por administraciones opositoras. De igual manera, les han limitado competencias y restringido o prohibido la utilización de determinados tipos de armamento.

10- La falta de oportunidades reales de empleo productivo a jóvenes y la desaparición de escuelas técnicas orientadas hacia la educación para el trabajo son el cultivo perfecto para que la delincuencia se ofrezca como la mejor alternativa para el “progreso” sobre todo en zonas populares y marginales en las que inclusive, se valora positivamente al “malandro” y se celebra su cultura. La mayoría de los delincuentes en Venezuela se inician en el oficio a partir de los 13 ó 14 años. En los planteles públicos la deserción escolar en los cinco años de bachillerato alcanza cifras impactantes. De cada 100 adolescentes que ingresan a la educación media, solo egresan 30 en 5to año.

11- El deterioro de las condiciones de vida, la pérdida de los espacios urbanos para el esparcimiento, la bajísima calidad de los servicios públicos y la incapacidad de las autoridades locales de resolver los problemas de convivencia ciudadana se han convertido en factores contribuyentes para el incremento de violencia y la ruptura del necesario tejido social para el sostenimiento de relaciones humanas dentro de los límites de la civilidad. Se estima que el 20% de los homicidios en el país tienen su raíz en problemas de convivencia no atendidos o resueltos en sus etapas tempranas.

12- La persecución y el delito político deben incluirse en el menú de crímenes que incrementan el clima de inseguridad del país. Sólo durante el 2017 se realizaron 5115 detenciones por protestas políticas en varias ciudades. Un número no conocido de ciudadanos han salido del país por causas políticas. Sólo en los Estados Unidos se han presentado entre enero y septiembre de 2017, 23.500 casos de asilo político. Se estima que mensualmente salen por la frontera colombo-venezolana alrededor de 25 mil ciudadanos venezolanos que no regresan luego al país.

13- Los colectivos armados se han constituido en fuerzas de choque parapoliciales que operan como herramientas de última de línea de defensa para el gobierno. Se estima que en el país existen alrededor de 25.000 personas afiliadas a organizaciones de esta naturaleza y que vienen siendo entrenados y armados por algunos sectores de las policías y la FAN. En las protestas acaecidas en Venezuela entre abril y julio del 2017 La Fiscalía General registró 38 muertes directamente vinculadas a grupos colectivos.

14- La explotación de recursos naturales controlados por grupos mafiosos vinculados al Estado es además de la droga, la otra fuente de recursos económicos que sustenta a organizaciones de delincuencia trasnacional con profundas ramificaciones en la Fuerza Armada Nacional y otras instancias del poder público. El estado Bolívar es uno de los espacios más afectados por actividades de explotación minera sin que se rinda cuentas al ciudadano, perjudicando no solo la economía de país, sino creando daños ambientales en algunos casos irreparables sobre una geografía altamente frágil.

15- El desarrollo de actividades subversivas en el territorio venezolano ha sido denunciado en instancias nacionales e internacionales, debido principalmente a la utilización de zonas fronterizas con Colombia como aliviaderos de grupos guerrilleros del país vecino. A esto se le agregan las reiteradas denuncias de los campos de entrenamiento de grupos radicales islámicos en el oriente de Venezuela y la Isla de Margarita, así como el despliegue del Frente Bolivariano en el Sur Occidente. Más recientemente, se ha hecho público en medios de escala global la emisión de pasaportes venezolanos a individuos vinculados con grupos terroristas y frentes de lucha islámica en Irán. Las complejidades detrás de estas denuncias ponen en evidencia que el espacio territorial venezolano ha venido siendo no solo utilizado, sino colonizado por grupos irregulares que se aprovechan de estas ventajas promovidas desde el mismo gobierno para operar con amplias libertades. De manera similar, la pérdida de territorio a manos de las bandas criminales en las ciudades viene reduciendo el espacio vital del ciudadano que observa cómo se reduce su radio de acción a espacios confinados dentro de ciudades y pueblos.

16- El ministerio público siendo el órgano impulsor de la política contra la delincuencia, se ha venido plegando históricamente a las líneas políticas del gobierno, convirtiéndose en el principal perseguidor de los opositores, actuando a través de inhabilitaciones políticas para el ejercicio de cargos públicos y la apertura de expedientes judiciales en tribunales que nunca deciden sobre las causas, pero mantienen a los ciudadanos en un permanente estado de zozobra jurídica. Paradójicamente, la Fiscalía no muestra la misma eficiencia en la investigación de delitos que azotan al ciudadano, acumulando miles de expedientes en un retardo procesal que perjudica a ciudadanos privados de libertad y a la vez, genera altas cifras de impunidad.

17- En el país existen alrededor de 800 jueces penales que a todas luces son insuficientes para agenciar diligentemente los miles de delitos denunciados en el territorio nacional. El déficit alcanza alrededor del 200% a nivel nacional.

18- Las cárceles y los recintos penitenciarios, como tanto se ha dicho, se han convertido en las universidades del delito. En los últimos años, además, son los cuarteles generales de bandas criminales organizadas desde dónde se trafica, se negocia y se extorsiona. Son espacios de impunidad y de extorsión desde dónde resulta prácticamente imposible esperar la debida regeneración del reo para su posterior inserción en la vida civil. En Venezuela existen 31 centros penitenciarios e internados judiciales con una población de 55.007 reclusos (año 2014) y un hacinamiento estimado en 190%. Otro aspecto relevante en relación con las cárceles venezolanas es el nivel de violencia presente. Entre 1999 y 2014 se han registrado 6.313 muertos y 16.318 heridos dentro de estos centros.

19- El modelo de Estado Criminal y la delincuencia organizada venezolana se inserta en la economía globalizada e interconectada como un espacio para negociarlo todo, inclusive la disponibilidad que tiene un Estado para ofertar su ciudadanía, soberanía, sistema bancario, espacio aéreo y hasta su Fuerza Armada. Es una especie de franquicia del crimen. Un sistema abierto para realizar los más extraordinarios negocios ilícitos a costos razonables y con bajísimo riesgo. Que Venezuela se haya convertido en un Estado Criminal (EC) que otorga pasaportes a terroristas y empela su principal industria petrolera para trasportar estupefacientes custodiados por efectivos del Ejército no es una novedad. Desde hace más de una década se acumulan casos en distintos tribunales del mundo sobre la participación directa de funcionarios en escandalosos delitos de corrupción, tráfico de drogas, violación de derechos humanos y apoyo a grupos irregulares; todos bajo la mirada cómplice de un sistema de justicia nacional adaptado para amparar y dejar impune a los responsables. Ahora, con la transformación de la estructura del Estado que abre la constituyente, las posibilidades de convertir a Venezuela en una plataforma sofisticada para delito internacional es de tal magnitud, que hasta el negocio petrolero quedaría subordinado a las redes del hampa globalizada.

Otros factores sociales como el embarazo adolescente, la prostitución, el consumo de drogas y alcohol se potencian para complejizar el problema de la seguridad. Las dificultades crecientes de la gente, aunadas al deterioro de las condiciones de vida en el país son elementos que contribuyen en la dinámica violenta de la sociedad venezolana. En este sentido vale resaltar que el alto costo y/o escasez de bienes de primera necesidad se suma al círculo vicioso del deterioro familiar, pues obliga a que padre y madres pasen la mayoría del tiempo en la búsqueda de recursos para subsistencia, redundando en hogares en los que no existe la presencia necesaria de adultos responsables en la formación de valores en niño y jóvenes.

Como conclusión estamos obligados a comprender que el problema de la inseguridad en Venezuela es materia de impostergable resolución. Cada día mueren en el país 74 venezolanos de manera violenta, por lo que no podemos seguir indolentes ante un drama que nos está extinguiendo como sociedad.

Los venezolanos temen a la Policía más que a los delincuentes por Ludmila Vinogradoff – ABC – 12 de Junio 2019

Los vecinos del barrio de Petare cerraron las calles para protestar contra la policía chavista FAES

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Las pancartas hablan por sí solas: «Las FAES –policías- nos roba, el hampa nos protege». Con estas consignas los vecinos de José Félix Rivas de Petare, el barrio popular caraqueño más grande América Latina, decidieron protestar contra los cuerpos de seguridad y defender a los delincuentes.

Aunque parezca insólito y paradójico, los venezolanos están perdiendo credibilidad en su policía y los militares, a los que teme más que a los delincuentes. Ayer fue en Petare pero hace una semana ocurrió lo mismo en el estado petrolero del Zulia. Y es que la mala fama de los cuerpos de seguridad nacionales se extiende como la pólvora y el régimen de Nicolás Maduro no toma medidas para frenarla.

En la protesta realizada este lunes una vecina del barrio de Petare acusó a los uniformados policiales de las temibles Fuerzas de Acción Especiales (FAES) de agredirla en su vivienda: «Me dejaron encerrada dentro de mi propia casa durante dos horas. Se drogaron delante de mí, orinaron mis cosas, me dañaron el televisor, me pegaron y me insultaron».

La ONG Provea (Programa Venezolano de Educación y Acción) destacó que la protesta de Petare es «un hecho trascendental que debemos difundir. Un sector popular: Petare en salió a protestar contra los abusos del FAES. Tal como ocurrió con los operativos OLP (Operativos de Liberación para la Paz) los pobres se rebelan contra la violencia policial».

Lo paradójico es que la protesta del barrio fue convocada por el «pran» (jefe de delincuentes), llamado «El Wileisy», contra la violencia y el abuso policial de los agentes del FAES, lo que paralizó la movilización de casi un millón de caraqueños que viven en Petare.

Las FAES fueron creadas por el régimen de Nicolás Maduro hace dos años para combatir a los delincuentes y reprimir a los opositores. Su violencia y agresividad sorprendió por haber asesinado a 14 personas de las zonas populares de Petare y Cotiza tras las protestas del 23 de enero, convocadas por el líder Juan Guaidó.

Su actuación va más allá de la policía convencional. Es el exterminio selectivo o ajusticiamiento extrajudicial que el régimen de Maduro denomina «resistencia a la autoridad». Roberto Briceño León, director de la ONG Observatorio Venezolano de Violencia, dijo a ABC que las FAES y los militares han liquidado a 7.523 personas el año pasado bajo la figura de «resistirse a la autoridad».

Por eso, es que protestan en los barrios populares donde le temen más a la policía que a los delincuentes, dice Briceño León.

 

Rafael Isea: “La policía me utilizó para una trama política y puso en riesgo a mi familia” por Pablo Guimón – El País – 3 de Junio 2019

El político venezolano relata a EL PAÍS desde Washington la presión que recibió de la conocida como ‘policía patriótica’ del PP para avalar su causa contra Podemos en 2016

Rafael Isea, en Washington el pasado 20 de mayo. XAVIER DUSSAQ
Rafael Isea, en Washington el pasado 20 de mayo.

Rafael Isea, exministro venezolano al que la llamada policía patriótica del PP recurrió para armar su causa contra Podemos, se siente “utilizado para una trama política”. En abril de 2016, tres agentes de la Policía Nacional viajaron a Nueva York para reunirse con Isea, que participó en el alzamiento militar del 4 de febrero de 1992 y fue ministro de Finanzas de Hugo Chávez en 2008, con la intención de que avalara la autenticidad de una copia de un documento que recogía un pago del Gobierno venezolano a la fundación CEPS, precursora del partido español que lidera Pablo Iglesias. Quedaban dos meses para las elecciones en España y los sondeos situaban a la formación de izquierdas cerca de convertirse en la segunda fuerza del país.

Isea accedió a declarar y todos los compromisos se evaporaron. Al mes siguiente, su declaración, con nombre y apellido, fue publicada en el diario Abc. No volvió a saber nada de los policías y nadie se movió para sacar de Venezuela a su familia. Isea recuerda aquellos días en un encuentro con EL PAÍS a las afueras de Washington, donde lleva una vida discreta con su esposa y sus hijos.

“Me manipularon con algo muy delicado, pusieron en riesgo a mi familia”, explica. “Estuve varios meses sometido a una presión muy dura. Aguardando la reacción del Gobierno venezolano. Estuve meses esperando el golpe. Es una de las razones por las que he evitado hacer declaraciones hasta ahora. Estamos hablando de vidas. Hablamos de una señora de 80 años a la que ni siquiera puedo ver. Confié en un Gobierno que me dijo que podía sacar a mi madre de allí”.

El primer contacto se produjo a través de un conocido de Isea. La cita fue el 12 de abril de 2016 en el Consulado de España en Nueva York. “Es importante que para mí en todo momento se trataba del Gobierno español”, añade. “Eran autoridades del Estado. La reunión era con funcionarios del Ministerio del Interior y en el Consulado, en unas dependencias a las que yo nunca habría podido acceder. Si la reunión hubiera sido en un café, uno podría sospechar. Pero había una institucionalidad clara”.

Acudieron a la reunión, según el exministro, tres agentes de policía: el inspector José Ángel Fuentes Gago, imputado en el caso Villarejo; el comisario José Manuel García Catalán, de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), y una mujer de la que Isea no recuerda el nombre pero identifica como agente también de la UDEF. “Me dijeron que gracias por venir y que les interesaba mucho mi declaración”, recuerda. “Yo les expliqué que con gusto iba a conversar, pero que no iba a firmar ningún documento. Entonces me dicen que menuda decepción, que ellos habían hecho ese viaje porque les dijeron que iba a declarar, que eran temas muy importantes para el Estado español. En ese momento salen los dos hombres y se queda la agente. Al rato regresan, tres o cuatro minutos. Y es entonces cuando Fuentes Gago empieza a decir que me va a hablar en nombre del Gobierno español, que me ofrecen todo el apoyo y las garantías del Gobierno para sacar a mi familia, darle la residencia y después la nacionalidad española. Yo le pregunté que cómo me podían ofrecer eso si mi familia estaba en Venezuela, y me explicó que tenían formas de hacerlo”.

Las promesas de Fuentes Gago se escuchan en la grabación. También cómo este se arrogaba el “mandato” del ministro del Interior (entonces Fernández Díaz) y del presidente del Gobierno (Mariano Rajoy). Después se ha sabido, según publicó EL PAÍS, que el viaje de los policías, costeado con dinero del contribuyente, no obtuvo el aval de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

“Siguiendo con la construcción de ese marco de confianza, me dijeron que esto estaba autorizado por el más alto nivel de la Fiscalía de España. Que iba a ser llevado a un juez, que el único que iba a tener acceso a esta declaración era el juez, y que yo iba a ser identificado como testigo uno y mi nombre no iba a trascender. Ese fue el otro elemento que me dio confianza para acceder a declarar”, recuerda Isea. “Le empeño mi palabra”, le dice Fuentes Gago en la grabación.

Isea accedió a declarar, pero reiteró que tenía reservas acerca de la legitimidad del documento que le mostraban. “Fuentes Gago me dijo que el tema no era ese punto de cuenta, que los de Podemos no habían rechazado que la fundación hubiera recibido financiación del Gobierno venezolano”, explica.

Finalizada la declaración, Isea la leyó y la firmó. Se fue del Consulado y por la noche, asegura, le volvieron a contactar y le dijeron que necesitaban que regresara a la mañana siguiente, temprano, porque se habían olvidado de meter en la declaración los nombres de las tres personas de Podemos que querían que constaran: Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y Jorge Verstrynge. “Volví y firmé de nuevo”, recuerda Isea. Declaró, como consta en el acta, que esas tres personas “han estado en Venezuela frecuentemente” y que el presidente Chávez “habría aprobado el pago de varios millones de euros a estas personas por servicios prestados entre los años de 2008 a 2011”.

“Pero eso me llamó la atención”, apunta. “Después, cuando la declaración fue filtrada a la prensa, comprendí que la intención era señalar de manera clara a esas personas de la política española como beneficiarios de una financiación. A mí se me dijo que lo que trataban de averiguar ellos era si esos ingresos los habían declarado o no a la Hacienda española”.

Aquella, asegura, fue la última ocasión en que Isea vería a esos policías. En mayo, un mes antes de las elecciones, su declaración fue filtrada a la prensa. Isea solo tenía un contacto a través de Telegram, que le había facilitado el intermediario, con una persona “supuestamente del Gobierno de España”, cuyo nombre no recuerda (dicha aplicación de mensajería elimina automáticamente las conversaciones antiguas). “Yo le preguntaba qué pasó con lo que me prometieron”, dice Isea. “Me volvieron a pedir los nombres de mis familiares. Me decían que lo estaban investigando, que lo lamentaban mucho. Comprendí que me estaban dando largas. Me decían que en realidad no sabían qué fue lo que se me había ofrecido. Yo le dije que cómo que no, que habían venido en nombre del Estado español. Y me dijo que, bueno, eso no era tan así. Que estaban viendo lo que pasó allí realmente. No volví a saber nada”.

Isea quiere dejar claro que no le guio ninguna intencionalidad política, que no quiso entrar en ningún juego ni tenía una agenda. Se llegó a plantear demandar al Gobierno español, pero se asesoró y le dijeron que no iba a ser fácil ni barato. “Me dijeron que nuestra demanda podía prosperar si nos uníamos a una que ya había interpuesto Podemos, pero era caro y, además, no queríamos volver a entrar en la pelea política”, asegura. “Yo no tengo el más mínimo interés de querellarme con un Gobierno de España, de ningún signo. Por España tengo un gran respeto, por su Gobierno, por su gente”.

La situación de su familia no ha empeorado, hasta la fecha, por la revelación de este episodio. Algo que Isea atribuye a la crisis que atraviesa su país, que marca otras prioridades. “La vida de mi familia sigue estando en peligro”, asegura. “Pero esta vez no ha habido allanamientos, ni detenciones ni nada por el estilo”.

Los temores de Isea tienen fundamento. Un año antes, en 2015, se publicó el libro Bumerán Chávez, de Emili Blasco, que incluía conversaciones que Isea dice haber mantenido con el autor off the record y afirmaciones que son, según el exministro, “directamente falsas”. “La publicación del libro llevó a la detención de mi madre, y a su interrogatorio por parte del SEBIN [policía política de Venezuela]. Allanaron la casa de mis hermanas y las interrogaron también, les prohibieron salir del país, confiscaron bienes a mi familia, a mis amigos, a la familia de mi esposa. Por eso, cuando se filtró mi declaración ante los policías españoles, pensé: nada, si por lo del libro los allanaron, con esto van presos. Mi familia no tiene ninguna protección. Está absolutamente indefensa. La única precaución es el miedo, que te paraliza. Bajas el perfil, evitas exponerte, no sales de noche”.

Lo peor para él, asegura Isea, es saber que si al final hacen algo contra su familia, no va a poder evitarlo. “No tengo manera”, explica. “Es terrible vivir con esa especie de una culpa adelantada”.

DUDAS SOBRE EL DOCUMENTO

Los policías pidieron a Isea que verificara la autenticidad de un documento: un punto de cuenta (solicitud de aprobación de pago), firmado por él mismo y por Hugo Chávez, en el que se autorizaba una serie de pagos a la fundación CEPS por un valor total de 4.480.700 euros (que se suman a otra cantidad ya satisfecha de 2.687.390 euros por servicios prestados entre 2003 y 2007). Nunca le enseñaron el original: manejaron en todo momento una copia. El exministro expresó sus reservas sobre el documento, del que le llamaron la atención varias cosas.

La primera es que el punto de cuenta provenía de su despacho, pero no es algo que debiera haber presentado él, porque “el Ministerio de Finanzas jamás recibió los servicios de la fundación”. Los puntos de cuenta, explica, son documentos en los que “una institución del Gobierno pide al presidente que tome una decisión sobre distintos asuntos; por consiguiente, proceden de la institución que será beneficiada, no del ministerio de Finanzas”.

Las fechas tampoco le cuadran. “Está fechado el 28 de mayo de 2008, y en esos días yo estaba en plena campaña para ser candidato a gobernador de Aragua [Estado cuya gobernación ocuparía desde diciembre de ese año hasta 2012], las elecciones primarias fueron tres días después. Por otro lado, en el documento se piden recursos para 2008, 2009 y 2010. Pero comprometer recursos para años futuros es ilegal en la administración venezolana, debe hacerlo el ministerio en su presupuesto”, explica.

Por último, la propia redacción del texto le chirría. “Yo no suelo redactar así. Existe un formato. No decía ‘solicitar recursos’ sino ‘solicitud de recursos’, no usaba el infinitivo. Tampoco el nombre me cuadra. Yo acostumbraba a colocar mi nombre y el cargo completo, ‘ministro del Poder Popular para las Finanzas’, no solo ‘ministro’. Y nunca se ponía en un documento ‘Hugo Chávez Frías’, no se usaba el segundo apellido”, sostiene.

Isea no descarta que el documento haya sido fabricado. “Es una posibilidad, sin duda”, apunta. “Puedes tomar otro documento, de los muchos que han salido públicamente, alterar el texto y pegar las firmas. Pero eso indicaría intencionalidad de montar una operación de engaño para crear un expediente. Yo, mientras no vea el original de un documento, no puedo garantizar que sea verdadero”.

En 2017 los cuerpos policiales causaron 15 muertes por día, según Observatorio de la Violencia – La Patilla – 28 de Diciembre 2017

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El Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) dijo este jueves al presentar su informe anual, que en promedio 15 personas murieron a diario en 2017 a manos de funcionarios policiales o militares, lo que también se traduce en 106 fallecidos en acciones de las fuerzas del orden por semana, reseñó EFE.

“Lo que podemos encontrar este año es que ha existido una disminución de los homicidios considerados jurídicamente como tales, pero han aumentado las víctimas de la Policía, como resultado de la violencia del Estado”, dijo el sociólogo y director del OVV, Roberto Briceño León.

El representante del OVV señaló que según sus datos “durante 2017, cada semana fallecían 106 personas en manos de funcionarios policiales o militares. Esto da en un cálculo sencillo que la Policía en Venezuela, a través de sus operaciones da de baja (…) 15 personas cada día”.

Asimismo, Briceño indicó que cada día de este año un policía fue asesinado.

También se informó que en los últimos doce meses los cuerpos de policías municipales han sufrido una reducción de sus funcionarios por renuncias para emigrar o para pasarse al sector privado debido a los sueldos insuficientes, lo que ha supuesto una reducción de la fuerza policial en las localidades venezolanas.

El informe de la OVV, elaborado con seguimiento de los medios de comunicación, cifras de los organismos oficiales y entrevistas a la ciudadanía y a policías y trabajadores de la salud y otras profesiones presentó, asimismo, el número de muertes violentas durante 2017, que elevó a 26.616 víctimas.

 

Los mataperros pueden volver por Tulio Hernández – El Nacional – 18 de Junio 2017

1480238570963.jpgI. Si seguimos así, los niños del futuro en Venezuela ya no podrán jugar a policías y ladrones. Porque en nuestro presente han aprendido que los policías pueden ser al mismo tiempo los ladrones. Que ya no son figuras distintas. Una que pone orden y otra que atenta contra él. Porque en el socialismo del siglo XXI ladrón y policía han quedado fundidos para siempre. Hasta nuevo aviso. Como si fuesen andróginos. O un dios Jano, con sus dos caras. O mejor, más simple, digamos que es una sola cara que tiene gorra de autoridad y antifaz de delincuente.

Seguramente hay excepciones. Muchas. Pero no en las policías que se han encargado de reprimir, asesinar, torturar, perseguir y robar a los miles de venezolanos que han sido reprimidos, asesinados, torturados, perseguidos y robados por la Guardia Nacional, el Sebin, la Policía Nacional Bolivariana, el Cicpc y los colectivos nazi fascistas al servicio del gobierno. Leer más de esta entrada

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