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Releía las entrevistas, las historias de vida durante la actualización de los datos para la próxima edición de La Voz y el Observatorio de la Diáspora Venezolana y en medio del proceso el señor Maduro declara: “Lo que hacemos en Venezuela es atender a los más humildes, llevar salud gratuita, tenemos un sistema de protección social y de salud profundamente humano, incluyente y científico». La tozuda realidad desmiente esa desatinada afirmación.

Aunque se disfrazan de Robin Hood, son el Príncipe y el Sheriff quienes utilizaban su ejército para saquear los recursos de los venezolanos, que padecen la mayor tragedia humanitaria conocida en Latinoamérica. Por eso, las declaraciones de sus compinches en el mundo son cínicas y amargas. Decía hace poco el señor Errejón: “La gente en Venezuela hace tres comidas al día”, y remataba con estas palabras “El proceso político en Venezuela ha conseguido inmensos avances en una transformación de sentido socialista, inequívocamente democrática, donde se respetan los derechos y libertades de la oposición, que dicen todos los días por casi todas las televisiones que viven una dictadura”. Le recomendamos la lectura del informe del BCV y el de Bachelet.

Como hechos son amores y no buenas razones, la realidad se ha encargado de despachurrar el mito del carácter social del régimen. Primero, el informe oficial de su Banco Central de Venezuela, cuyo título podría ser el de la canción “Todo se derrumbó”. También lo aplasta el estudio de la nutrición realizado por Cáritas y lo liquida el demoledor Informe Bachelet de hace unas pocas semanas, un completo K.O., que dejó al régimen fuera de combate.

La interacción humana, bajo este modelo, se transforma en un “sálvese quien pueda”, en la que el “otro” es un enemigo potencial. La desconfianza, así instalada, imposibilita la cooperación. Asimismo, desaparece la cultura del trabajo, la productividad, la innovación, el desarrollo tecnológico y el emprendimiento. La educación adquiere la forma de adoctrinamiento y pierde su capacidad de producir conocimiento. El encono del régimen con la educación se manifiesta en la reciente decisión, intervención disfrazada de legalidad, que acaba con la autonomía universitaria: ella muestra que el resentimiento de algunos es más fuerte que el odio.

Se jactaban de haberle otorgado rango constitucional a la seguridad social. En este terreno desconocieron los cambios y avances logrados y se opusieron, de manera rotunda, a la participación del sector privado en este terreno. Pronto violaron su “preciado logro”, su “trofeo social”, y convirtieron en letra muerta el mandato constitucional. El sistema de seguridad social requería muchos recursos; lamentablemente, ya habían sido destinados a su seguridad personal: apartamentos, cuentas bancarias, líneas aéreas.

Vendían como propio el escapulario ajeno. Se presentaban como quienes establecieron la educación gratuita y obligatoria, cuando en realidad esta comenzó en 1870. Durante el período democrático, la educación impulsó tanto la cobertura como la calidad. Sin esta última se ensancha la desigualdad. La Ley de Educación de este régimen excluyó la calidad; es la gran ausente entre las varias decenas de criterios contemplados en el preámbulo.

Han convertido al transporte en un medio inhumano de movilización. El Metro, obra de la democracia, hoy se encuentra sumido en precariedad e indigencia. Áreas como la recreación, la cultura y el ocio, el esparcimiento social, no existen o languidecen. El saqueo generalizado pesa, y mucho, en la explicación de la tragedia humana creada por este régimen. El socialismo venezolano o comunismo, como decía el mentor del modelo, el dictador más sanguinario de la región, F. Castro, son la misma cosa.

El carácter social del régimen existe solo en las palabras. La cruda realidad es otra; una inmensa tragedia humanitaria, prólogo de una gran hambruna. Corresponde a los demócratas hacer frente, a cortísimo plazo, a esta crisis social de proporciones mayúsculas y, a corto plazo, mejorar, de manera acelerada, la calidad de vida de los venezolanos. Dejar atrás la palabrería hueca del régimen y desplegar una agenda que incluya el desarrollo de la ciencia y el conocimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico, la educación, la salud, el ambiente, el transporte, la seguridad personal y jurídica, la vivienda, la reconfiguración cultural, la superación de la desconfianza y el temor, el emprendimiento y el proceso de democratización. Será necesario establecer las acciones y los lapsos, asumiendo las limitaciones de la planificación y la necesidad de ajustes continuos, pues el futuro siempre es incertidumbre.

Es preciso recuperar la centralidad del tema social de la política, actividad social por excelencia, capaz, por tanto, de aprovechar la diversidad, los conflictos relacionados con el desacuerdo y la cooperación necesarios para construir consensos. Lo aconseja lo ocurrido en otras transiciones, como la de los países socialistas o el resultado de las elecciones argentinas. Es importante evitar las nostalgias que matan. El cambio y la transición, insistimos en ello, es una relación compleja entre las dimensiones política, social, económica, institucional y cultural. En nuestro caso, contra el cambio y la transición hacia la democracia conspira el Estado centralizado, la urdimbre legal, la destrucción de las redes, de las instituciones y la ausencia de un sistema de protección social.

Las transiciones exitosas han logrado articular la protección social con la libertad económica. El régimen, en el terreno social, no solo deja un desierto minado, se propuso reconfigurar al venezolano, cambiar su identidad, su comportamiento y actitudes, el escudo y el rostro de Bolívar, también intentó cambiar la historia y hasta la forma de concebir a la sociedad venezolana. Desmoronó a los partidos políticos, instrumentos clave de la democracia, y a los mecanismos creadores de riqueza, la empresa y el mercado. Aislaron al país, rompieron con los países históricamente amigos y los sustituyeron con sus nuevos socios. De esa práctica demoledora no escapó la Iglesia.

Los 40 años de democracia echaron raíces en la sociedad venezolana y, aunque débiles, crearon asociaciones civiles, partidos políticos, instituciones, y amplias trincheras democráticas resistentes a los embates desesperados y agónicos de los enemigos de la libertad. La participación de la sociedad será decisiva en la reconstrucción; ello ocurrirá cuando los cambios propuestos generen la confianza suficiente para que se integre activamente al proceso de consolidación democrática.

La implicación social fortalece la democracia, favorece la desconcentración del poder, facilita la integración de las instituciones a la cultura democrática y ello ayuda al éxito de la transición y a la recuperación de las libertades. De entre ellas, la libertad de expresión, fundamental para poder controlar el ejercicio del poder y exigir la rendición de cuentas. La participación social y política permite airear los potenciales conflictos entre la agenda de reformas económicas, sociales y políticas. La liberalización económica es necesario acompañarla de la construcción de un Estado democrático y retomar, por ejemplo, el proceso de descentralización interrumpido por este régimen.

El ámbito social, en completa orfandad y carente de recursos, obliga a activar “la unidad de cuidados intensivos” para atender la agobiante tragedia humanitaria y poder regresar a la calidad de vida, al sendero de la modernidad y la decencia desde el cual poder ejercer la política. Como dice Savater, “políticos somos todos”. La mayoría depauperada, con muchas expectativas de bienestar insatisfechas, necesita respuestas urgentes, una profunda inclusión y desatenderlas azuza la nostalgia por el tétrico pasado.