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Maduro se “compromete” a volver a pagar las pensiones a venezolanos en España – La Sexta.com – 20 de Noviembre 2017

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Nicolás Maduro ha señalado que su gobierno no paga las pensiones a los Venezolanos en España desde 2016 porque ha habido “una bajada abrupta y dramática de los ingresos en divisas del país” y asegura que “han tenido que reconfigurar el presupuesto exterior”.

Ver el video en el siguiente enlace:

http://www.lasexta.com/programas/salvados/mejores-momentos/maduro-se-compromete-a-volver-a-pagar-las-pensiones-a-venezolanos-en-espana-se-resolvera-en-diciembre_201711195a11ec0b0cf2ebaa16899292.html

El partido de Pablo Iglesias se afinca contra los pensionados venezolanos en España por Victor Suárez – TalCual – 7 de Noviembre 2017

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Los venezolanos residentes en España se toparon con la noticia de que la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados había aprobado una Proposición No de Ley (PNL), que insta al gobierno español a la adopción de medidas que ayuden a resolver con urgencia la situación de unos 4.000 afectados que no reciben del hace desde el gobierno de Maduro ya 10 meses los pagos a los que tienen derecho
El partido español Podemos apoyará al gobierno de Nicolás Maduro aún en sus políticas más miserables, aquellas que atentan contra la salud, la estabilidad y la vida cotidiana de los venezolanos más débiles, incluso aquellos que se encuentran fuera del país en situación precaria, en este caso en España.

Este partido afluente ha pretendido alejarse un poco de la deriva autoritaria y en la evaluación precisa del desastre económico venezolano, pero sólo mientras acometía una campaña electoral, pues, según decía su líder Pablo Iglesias, “eso, efectivamente, nos perjudica”.

Tan pronto las cortes entraron en normalidad constitucional y se decidió la segunda investidura de Mariano Rajoy, Podemos volvió a sus andadas.

Los pensionados venezolanos residentes en España se encontraron el viernes 2 de noviembre con la noticia de que la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, había aprobado una Proposición No de Ley (PNL), que insta al gobierno a la adopción de medidas que ayuden a resolver con urgencia la situación de unos 4.000 afectados que no reciben desde hace ya 10 meses los pagos a que tienen derecho.

Lo que se presentía decisión unánime de los diputados, por la misma naturaleza humanitaria del petitorio, no resultó así.

La sesión de la Comisión de Exteriores escuchó los alegatos del proponente (Fernando Maura, de Ciudadanos). Los partidos PP, PSOE y Ciudadanos apoyaron la moción. El bloque dirigido por el partido Podemos (que acompañan Izquierda Unida, Marea, Podemos en Común) e Izquierda Republicana, de Cataluña, negaron la propuesta.

Sometida a votación, 28 votaron a favor y 8 lo hicieron en contra.

La resolución dice así:

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Exigir explicaciones al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro ante el incumplimiento del Convenio Bilateral suscrito entre el Gobierno de España y el Instituto de Seguridad Social de Venezuela.
Exigir al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro el cumplimiento de las obligaciones suscritas en el anteriormente referido Convenio, las cuales se aplicarán de forma retroactiva a los pensionistas venezolanos residentes en España perjudicados por esta cuestión.

En caso de recibir negativa por parte del Gobierno venezolano, presentar otro tipo de alternativa política que permita a los pensionistas venezolanos residentes en España recuperar las cantidades monetarias debidas.»

VOCEROS DE LA MALDAD
En la discusión del punto, el portavoz de Podemos, José María Guijarro García, diputado por Alicante, tomó la palabra para declararse en contra. La portavoz de Esquerra Republicana, Ana María Surra Spadea, también se manifestó su oposición.

Son curiosos los personajes. La vocera por Cataluña es argentina. El vocero de Podemos ha sido asesor de gobiernos latinoamericanos, incluyendo al venezolano, durante 8 años. Ambos han preferido prevaler sus compromisos con el gobierno venezolano antes que reconocer la situación y apoyar medidas que ayuden a resolverla, aunque fuera en el ámbito de quienes viven fuera de su país de origen.

Es mucho más notable, por su endeblez, el caso de alias Txema Guijarro. Conoce muy bien la situación de Venezuela y América Latina. Es uno de los economistas españoles que a temprana hora se apuntó a las actividades del Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), organismo que se garantizó su financiamiento en base al asesoramiento de gobiernos populistas latinoamericanos. De allí nació Podemos.

Desde enero del 2008 no había laborado en España. Siempre en América. Cuando salió electo por primera vez diputado (Valencia) en diciembre del año pasado, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, saltó de contento: “Un querido colaborador nuestro, Txema Guijarro García, ha pasado ocho años con nosotros en el gobierno, ha sido un gran impulsador de la revolución ciudadana, pero volvió a presentarse como candidato a diputado por Podemos y salió electo por Valencia. Es alguien que conoce muy bien… él trabajó con nosotros ocho años. La Revolución Ciudadana le sirve de referencia en muchas cosas a Podemos”, dijo Correa.

No sólo allí. Cuando Jesse Chacón era director del Centro de Investigaciones Sociales (CIS), un organismo financiado por el gobierno venezolano fundado por Nelson Merentes (hoy en el BCV), y luego Vicepresidente, era normal que asesores españoles amamantaran en la ubre de las encuestas oficiales.

Los dirigentes de Podemos Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y también Txema Guijarro pasaron por allí largo rato, con blasones de directores de área y entrada libre a Miraflores. Entre agosto y noviembre 2009, Guijarro fue coordinador de la Unidad de Análisis e Investigación Social del CIS y “asesor demoscópico” de Jesse Chacón .

Entre enero de 2008 y diciembre de 2014 fue asesor y funcionario de los gobiernos de Paraguay, El Salvador, Venezuela y Ecuador. También asesoró al candidato derrotado a la presidencia de Chile, Marco Enríquez-Ominami, hijo del fundador del MIR Carlos Enríquez.

Luego en España se convirtió en moneda de cambio de las ansias de Podemos de copar espacios en las listas electorales. Es madrileño. No le conocían en Valencia y le votaron; tampoco en Alicante y le volvieron a votar seis meses después. No le conocían en América y el CEPS le impuso en esas comarcas.

En su currículo dice: “Enero 2008– Marzo 2014. Activista de la Fundación CEPS.”

 

IVSS informó que pagos a pensionados del mes de diciembre se efectuarán este 13 de noviembre – Venepres – 8 de Noviembre 2017

Además, el pago de los primeros dos meses de aguinaldos se depositará el próximo 15 de noviembre

El Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) informó que el pago de la pensión que corresponde al mes de diciembre se hará efectivo el próximo lunes 13 de noviembre.

Según el comunicado, el pago total será de 284.011,90 bolívares, incluyendo el retroactivo de noviembre (53.252,23 bolívares) y el mes de diciembre más su bono (230.759,67 bolívares).

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Los impagos de pensiones de Venezuela generan una oleada de demandas en Vigo por Marta Fortán – Faro de Vigo – 5 de Noviembre 2017

Los jueces laborales ya recibieron más de una veintena de casos -Dan la razón a los jubilados gallegos y condenan a la Seguridad Social española a compensarles con una prestación mínima

La difícil situación que atraviesan los gallegos que trabajaron en Venezuela y regresaron a España, al dejar de percibir las pensiones de jubilación (o de otra índole) por parte del Gobierno de aquel país, llegó ya a los juzgados de Vigo. Las salas laborales recibieron desde el verano más de veinte demandas y las sentencias dictadas dan la razón a estos emigrantes retornados.

La mayoría de demandas presentadas en los juzgados vigueses son de gallegos que trabajaron en Venezuela y, de vuelta a España, también lo hicieron aquí. “Al cotizar en dos países, tienen una pensión a prorrata”, explican fuentes jurídicas. El problema es que, cuando el Gobierno de Nicolás Maduro dejó de abonarles la cuantía mensual correspondiente a ese país -una situación que se mantiene desde enero de 2016-, muchos de estos jubilados se quedaron solo con la relativa a España, que en multitud de casos es ínfima, incluso, en ciertos supuestos, inferior a los 100 euros al mes.

Solución

La solución que tienen estos emigrantes retornados es reclamar a la Seguridad Social española lo que se denomina complemento a mínimos -cantidad adicional que se añade al importe de la pensión, en su modalidad contributiva, cuando ésta no alcanza el mínimo fijado legalmente-. Pero los afectados se están topando con que este organismo deniega las solicitudes arguyendo que tienen reconocida la prestación de Venezuela. Ante esta situación, han sido muchos los perjudicados que han optado por recurrir a la Justicia. Y ahí sí que están ganando la batalla.

En los juzgados laborales de Vigo ya se dictaron varias sentencias. Una de las últimas tiene fecha del pasado 25 de octubre. Se trata del caso de un jubilado que tiene reconocida una prestación de jubilación en virtud del convenio hispano-venezolano de Seguridad Social, desde el 2009, en una cuantía que en la actualidad es de 98,93 euros. Y esta es la única cantidad que ha venido recibiendo mensualmente desde principios de 2016 debido al impago de la parte de la pensión que debe sufragar Venezuela. Tras pedir el complemento a mínimos en España, éste le fue denegado.

Ahora la Justicia le da la razón. El fallo dictado por el magistrado Germán Serrano, titular del Juzgado de lo Social número 2 de Vigo, estima íntegramente la demanda y condena al Instituto Nacional de la Seguridad Social español a que se le reconozca el derecho a percibir una cuantía básica, así como a que abone al jubilado 12.124 euros, correspondientes a lo que debería haber percibido -a mayores de esos 98 euros mensuales- desde enero de 2016 y hasta este septiembre.

“Se acredita esencialmente que el derecho a una prestación en Venezuela, argüido por la Entidad Gestora, no es real ni efectivo, porque no se cobra, circunstancia que obliga a la Seguridad Social española a reconocer el complemento a mínimos que ahora se deniega”, se argumenta en la sentencia, en la que se citan resoluciones del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en supuestos simulares, así como la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En éste y otros fallos dictados en la urbe olívica en casos de la misma materia se destaca que la finalidad de ese complemento “es garantizar ingresos suficientes”.

Igual que en los juzgados de lo Social de Vigo y de otras ciudades, el TSXG ya ha resuelto casos en los que insta al Gobierno central a compensar a los retornados que no cobran la jubilación de Venezuela. Los afectados en la comunidad gallega se cuentan por miles.

Los jueces laborales ya recibieron más de una veintena de casos -Dan la razón a los jubilados gallegos y condenan a la Seguridad Social española a compensarles con una prestación mínima

La difícil situación que atraviesan los gallegos que trabajaron en Venezuela y regresaron a España, al dejar de percibir las pensiones de jubilación (o de otra índole) por parte del Gobierno de aquel país, llegó ya a los juzgados de Vigo. Las salas laborales recibieron desde el verano más de veinte demandas y las sentencias dictadas dan la razón a estos emigrantes retornados.

La mayoría de demandas presentadas en los juzgados vigueses son de gallegos que trabajaron en Venezuela y, de vuelta a España, también lo hicieron aquí. “Al cotizar en dos países, tienen una pensión a prorrata”, explican fuentes jurídicas. El problema es que, cuando el Gobierno de Nicolás Maduro dejó de abonarles la cuantía mensual correspondiente a ese país -una situación que se mantiene desde enero de 2016-, muchos de estos jubilados se quedaron solo con la relativa a España, que en multitud de casos es ínfima, incluso, en ciertos supuestos, inferior a los 100 euros al mes.

 

 

Plan Navidad Infeliz para pensionados en el Exterior por Iraida Blanco – Aporrea – 4 de Noviembre 2017

Me concedieron la cita para el día 27 de Octubre a las 13:30 en las Oficinas de la Seguridad Social de Arrecife, Lanzarote, donde consigné una carta dirigida a la Directora del Instituto Nacional de la Seguridad Social de España, como parte de un proceso para, posiblemente, obtener una ayuda social por parte del Gobierno de España, declarando también en su texto que soy una más de los pensionados venezolanos que no recibimos nuestra pensión de vejez desde hace la bicoca de veintitrés (23) meses ni información alguna al respecto de nuestro Gobierno.

En la vía, comunico a una amiga que hacia allá me dirijo con desgano a entregar la carta; pero ese no era el sentimiento, en realidad. Sentada frente a la funcionaria, quien ya se encontraba al tanto de la decisión aprobada por el Senado español y girada por la Seguridad Social a todas sus sedes en el país, siento vergüenza, desabrigo, allí sentada viviendo una experiencia surrealista: acudir a mis 71 años de edad a realizar un trámite más! Para certificar que no recibo mi pensión de vejez de Venezuela desde hace veintitrés (23) meses, luego de haber trabajado cincuenta y dos (52) años. Ya saben: esa sensación mezcla de incredulidad, rabia y estupefacción, igual a la del proceso de un duelo; precedido, claro está, por el agotamiento de reclamos escritos, verbales; declaraciones; desinformación; espera; desesperacion; y casi ganas de tirar la toalla y morir en la inopia, o ganas de lanzarme al océano frente a mi casa y morir como Alfonsina, para al menos recrear algo bonito y típico venezolano que no sea la indiferencia y abandono de nuestro gobierno socialista y humanitario.

Ya parece que no está uno para estas experiencias que añaden tanta presión innecesaria a la mochila que uno carga en la espalda a estas edades para también tener que vivir indefensión por la desigualdad con la que un grupo de ancianos sin más armas que un derecho adquirido, derecho humano, derecho económico, dos muletas, derecho de propiedad y derecho a no ser maltratados como lo estamos siendo, reclamarlo a un todopoderoso como lo es un Estado y sus instituciones. Guerra desigual. Guerra asimétrica, como el término que gusta usar la Revolución Socialista. Ancianos carcamales vs. Estado soberano.

Pero antes de lanzarme al Atlántico leo que el Presidente Maduro promete Navidades tempranas que comienzan este mes de Noviembre. Dos (2) meses de Navidad Feliz. Qué casualidad! Los pensionados en el exterior tenemos dos (2) años de Navidad Infeliz. No resulta esto una extraordinaria coincidencia? Los pensionados residentes en Venezuela recibirán, además de un 30% de incremento en sus pensiones, más un bono especial, más un pernil por cada hogar y no sé cuales otros regalos más que no recuerdo y tengo flojera de buscarlo. Alegarán que por estar fuera del país somos traidores a la Patria (término ya desprestigiado de tanto uso. Cuando algo se repite mucho deja de ser un concepto); o que no estamos allá para defenderla. No saben que es más difícil defenderla estando fuera? Porque defender con palabras es más arduo que defender con armas que sólo poseen las Fuerzas Armadas. Me imagino a mi hermana allá, defendiendo a la Patria con un machete y flechas con curare y, por eso, decido llamarla.

Leo también opiniones contradictorias: unos comentan que, como siempre, ese beneficio se convertirá en sal y agua ya que al día siguiente los precios de bienes y servicios se multiplicarán geométricamente y el dólar today, yesterday y dólar tomorrow and forever continúa su escalada caprichosa; otros, defienden la medida pues mejor algo que nada y no falta quien con humor que nunca falta, opinan que quien no lo desee lo transfiera a su cuenta.

Hablo por skype con mi hermana que vive en Caracas y trato de darle ánimos por el aumento de su pensión y tantos beneficios extraordinarios para su Navidad Feliz. Pero está flaca y seca porque como a muchos, no le alcanza. Me pregunta si ya me han pagado la pensión para que le vuelva a enviar algunas medicinas que no encuentra o que son tan caras que no puede comprar o moverse en circunvalación por las farmacias hasta en la vía Bocono-Guanare, porque tiene 74 años y algunos impedimentos físicos. Está furiosa. Me dice que Nicolás está gordo y come bien y que el otro día hasta se comió una empanada en cadena nacional; que Diosdado parece un “bollito malamarrao’”, y que todas las cabezas visibles del gobierno lucen sanos y bien alimentados. Le respondo que no; que los pensionados en el exterior llevamos dos (2) Navidades Infelices; que nadie nos para bolas ni nos responde y que no puedo enviarle sus medicinas porque hasta algunas mías las he tenido que suspender; pero que no se preocupe; que estoy a punto de convocar una huelga de pensionados. Ella me conoce y pone el grito en el cielo haciendo memoria de todas mis impertinencias en esta vida y, por eso doy un giro a la conversa y le digo que sí: que he visto parte de una entrevista que el periodista español Jordi Évole le hizo a Maduro y lo he visto gordo en su liqui liqui marrón; y que sigo a Diosdado en Instagram y también está gordo y feliz.

Le insisto que no se preocupe; que algún día pagarán ya sea con yuanes o dinares; con oro o petróleo o coltan; y que estoy buscando un trabajo de “cuida más viejos que yo” o de “limpia pocetas”, tan denigrados por los sifrinos venezolanos, como si todos fuesen Directores Corporativos o como si dichas tareas no fueren trabajos socialistas dignos del elogiado proletariado como el de chofer de bus de nuestro Presidente. Y prefiero entonces despedirme para comenzar a celebrar mi segunda Navidad Infeliz más larga y más temprana que la bimensual venezolana, pues comenzó hace dos (2) largos años.

Ni siquiera podemos enviar nuestra carta al Niño Jesús y al forastero San Nicolás, porque seguro que, como han hecho el IVSS y Cencoex, nos han bloqueado su correo.

Senado español aprueba ayudas para pensionados venezolanos por Lorena Arraiz Rodríguez – Revista Zeta – Octubre 2017

0d2b0f7698304a387f5faba521b69957.jpegMucho se ha dicho sobre la “diáspora” venezolana”. Son muchos cientos de miles de venezolanos de todas las edades que han tenido que meter su vida en dos maletas e irse a otras tierras a “empezar de nuevo”. Para todos es difícil, en mayor o menor medida. Unos se encuentran con duros problemas económicos, otros con soledades infinitas y algunos con dificultades del lenguaje o la cultura a las que no logran sobreponerse. Como si fuera poco todo esto, hay quienes tienen que sumar en su maleta, los -muchos- años vividos. La situación de los pensionados venezolanos en España es, cuanto menos, dolorosa.

Senador Canario Pablo Rodríguez Ceja
El pasado 4 de octubre, la Comisión de Exteriores del Senado español ha instado este miércoles al Gobierno a “promover y participar, a través de los instrumentos de la asistencia social, como convenios y acuerdos con las Administraciones locales y autonómicas”, en la atención a los más de 7.000 jubilados venezolanos residentes en España, que no cobran sus pensiones desde diciembre de 2015 y se encuentran en la indigencia. La moción, promovida por Coalición Canaria, fue aprobada con el apoyo de todos los grupos, salvo Unidos Podemos.

El senador Pablo Rodríguez Ceja, de la Agrupación Herreña Independiente, desligó su iniciativa del debate político y puso el acento en la “dramática e injusta situación” de miles de jubilados, tal como ha expresado en esta entrevista exclusiva para Revista Zeta, en la que nos ha explicado cómo se aplicará lo acordado por el Senado. “En este caso, el Estado llegaría a un acuerdo con las Comunidades Autónomas y estas a su vez con los Ayuntamientos de cada territorio, para hacer llegar esas prestaciones a las personas o a las familias que se pueden acoger a este tipo de ayuda porque viven en una situación de precariedad, previo informe de los servicios sociales de cada Ayuntamiento”, explicó.

“Las ayudas van a estar financiadas por el Estado, por lo cual la Comunidad Autónoma simplemente tendría que poner sus medios a disposición de este convenio, así como los ayuntamientos, que son los que están más cerca de los ciudadanos para valorar cada caso, y todos aquellos casos en los que se pueda demostrar que la situación es precaria, debido a este impago de las pensiones por el Gobierno de Venezuela, se les otorgaría esa ayuda o esa aportación. En este acuerdo se añaden, además, otros puntos, como por ejemplo, que instamos al Gobierno del Estado Español a que continúe reclamando al Gobierno de Venezuela cumplir con el convenio bilateral de la Seguridad Social entre España y Venezuela del 12 de mayo de 1988, que entró en vigor el 1 de Julio de 1990 y en concreto este acuerdo lo que incide es en abogar para que el Gobierno de España reitere a la República de Venezuela la necesidad de abonar en el plazo más breve posible estas pensiones, además correspondientes también a las cantidades adeudadas de 2016-2017. Entendemos que la Comunidad Internacional aquí también tiene un papel importante para poder arbitrar en todos aquellos asuntos que se consideren para que el Gobierno de Venezuela en un futuro compense ese gasto que se va a producir en las arcas españolas”, añadió.

Consciente de que los venezolanos están viviendo una difícil etapa en su historia nacional y como consecuencia, en muchos casos, sufren diversas penurias en el exterior, Rodríguez ha hecho énfasis en la necesidad de ayudar en todo lo que sea posible. “Durante la discusión de esta resolución, también hemos hablado sobre la situación de los estudiantes, por ejemplo, que también es precaria porque no están subsidiando sus becas, pero en esta oportunidad, nos hemos centrado en lo más urgente, que son las personas mayores que tienen cero ingresos y cero posibilidades de conseguir un empleo, de modo que prácticamente subsisten es por la escasa ayuda que les prestan familiares y amigos”.

Venezuela: “la octava isla” Canaria

El Archipiélago canario está compuesto por siete islas: El Hierro, La Gomera, La Palma y Tenerife, que forman la provincia de Santa Cruz de Tenerife; y Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, que constituyen la provincia de Las Palmas. Pero hay una “octava isla” en el imaginario colectivo de sus habitantes: Venezuela. Y es que en cada familia canaria, hay algún familiar o amigo venezolano, o que vivió en Venezuela en la época de bonanza del país suramericano. De modo que la relación afectuosa es muy amplia, pero además, los números hablan por sí solos: cerca de 50.000 venezolanos están registrados en Canarias.

Por este motivo, el senador canario Pablo Rodríguez Ceja ha sentido el compromiso de ayudar a los venezolanos impulsando esta resolución. “Canarias mantiene una estrecha relación con Venezuela debido a la emigración que durante los años ´50 y ´60 se produjo desde esta tierra hacia Venezuela; como ya sabemos en aquella época las cosas eran muy difíciles aquí y la gente pues buscaba un futuro digno en otras tierras, en este caso en Venezuela y lo consiguieron gracias a las remesas que se mandaban desde Venezuela a Canarias y así esta tierra pudo salir adelante. Es por eso que tenemos una estrecha relación; ahora mismo están retornando mucho emigrantes o hijos de emigrantes que en su momento abandonaron Canarias, debido a la situación que ahora está a la inversa. Todo esto nos da una sensibilidad con el pueblo venezolano, yo creo que de forma especial. Todas esas personas que han retornado, esos vecinos o esas personas que han decidido que Canarias sea su lugar de donde disfrutar el resto de sus días, son personas que te transmiten -como cargo político- esa preocupación, y al final eso es lo que nos ha llevado a mantener esa defensa que siempre la hemos tenido del pueblo venezolano”, apuntó.

Finalmente, Rodríguez Ceja se unió al sentimiento, extendiendo su mano una vez más. “Me uno al deseo de todos los venezolanos de que la situación en Venezuela coja camino lo antes posible y sobre todo que esta situación que nos ocupa, el pago de las pensiones, pues se resuelva a la mayor brevedad posible, porque bueno soy consciente plenamente de las dificultades que está acarreando y siempre me van a tener a su lado para defender sus derechos y defender todo lo que les pertenece como pueblo”, finalizó.

Pedro Ontiveros
Por su parte, Pedro Ontiveros, profesor universitario venezolano de 72 años y presidente de la Federación de Asociaciones de Pensionistas y Jubilados Venezolanos en España, expresó su agradecimiento a los grupos del Senado por la aprobación de esta iniciativa y lamentó que Podemos no la secundara. “Lo importante es que el Gobierno también se implique y no solo las comunidades Autónomas y Ayuntamientos”, porque, asegura, la situación del colectivo es “crítica”, no solo por la falta de los recursos básicos de subsistencia, que les ha llevado a tener que recurrir a la caridad de la Iglesia o la Cruz Roja, sino por la angustia que provoca la incertidumbre del día a día “a esta edad”. Asegura que las instituciones venezolanas han hecho caso omiso de sus múltiples solicitudes: “nos han contestado con un silencio sepulcral”, expresó.

 

 

Venezuela dando lástima – Editorial El Nacional – 5 de Octubre 2017

Para vergüenza definitiva y total de los venezolanos, la dictadura de Maduro no está contenta con atormentar y torturar a los más pobres sometiéndolos a una inclemente escasez de alimentos y de medicinas; sino que, sin importarle las consecuencias de esa dieta cubana, está destruyendo el futuro de millones de niños que crecerán sin la alimentación suficiente para desarrollar todas sus potenciales físicas y mentales.

De hecho, las generaciones que tienen desde ya la responsabilidad de reemplazar a estas dos décadas de perniciosa y desastrosa administración pública y reconstruir a Venezuela traerán en sí mismas el mismo déficit mental que hoy padecemos con Maduro y su entorno de civiles y militares.

La posibilidad de que nuestros niños crezcan con todas estas deficiencias intelectuales que tantas desgracias nos traen en estos momentos es motivo de grandes preocupaciones, pues nadie quiere que el país siga en retroceso, aumentando no solo el número de pobres sino de gente sin escrúpulos y sin los límites morales necesarios para sacar a Venezuela del pantano en que una camarilla de civiles y militares, obsequiosos con Cuba y Rusia, ha hundido nuestro presente y futuro.

Desde luego, si algo nos humilla y avergüenza es que muchos de quienes trabajaron dignamente por el país, lo hicieron próspero y le dieron esperanzas de riqueza para las mayorías, hoy se encuentran atrapados en las redes de una narcopolítica que solo entiende el oficio de gobernar en función de los intereses bastardos de la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado.

De allí que se agradece la petición humana y sincera del Senado español de “ayudar a pensionistas a los que Venezuela debe sus pagas”, como informa la agencia Efe. No se trata del imperio o de Trump, sino de una instancia respaldada y elegida con sus votos por el pueblo de España. No es por tanto un grito político de un grupito de agitadores o de enemigos del Estado español, como está de moda en las minorías mercenarias de Podemos.

Se trata de un reclamo justo, necesario y urgente porque este comportamiento ladronesco que impera desde hace dos décadas en Venezuela no puede tener vigencia internacional. Las leyes y la reciprocidad que impera entre las naciones exige a estos secuestradores rojo rojitos de los derechos de los pensionados que paguen lo que la gente trabajadora acumuló en sus años de esfuerzos, que para ser extremadamente claros fueron beneficiosos para nuestro país.

Los pensionados no están reclamando intereses en bancos de Suiza o Andorra, o las islas Caimán, porque jamás robaron el Tesoro Público, como sí lo hacen quienes hoy los despojan de sus derechos adquiridos laboriosamente. Queda al descubierto la esencia criminal del madurismo y su complacencia con los actos que desvirtúan cualquier gesto de solidaridad con la gente que no sigue su parapeto ideológico y político.

De allí que no podemos ser indiferentes ante el llamado del Senado español que insta al gobierno de Rajoy a que a través de “instrumentos de asistencia social” preste ayudas a las familias hispano-venezolanas que están en situación de “precariedad” por los dos años de impagos de retribuciones que les debe el gobierno de Venezuela.

 

El Senado insta a atender a 7.000 pensionistas abandonados por Maduro por Miguel González – El País – 4 de Octubre 2017

La Comisión de Exteriores del Senado ha instado este miércoles al Gobierno a “promover y participar, a través de los instrumentos de la asistencia social, como convenios y acuerdos con las Administraciones locales y autonómicas”, en la atención a los más de 7.000 jubilados venezolanos residentes en España que no cobran sus pensiones desde diciembre de 2015 y se encuentran en la indigencia.

La moción, promovida por Coalición Canaria, fue aprobada con el apoyo de todos los grupos, salvo Unidos Podemos. La senadora de Catalunya Sí que es Pot Sara Vilà, que inicialmente había anunciado su abstención, votó finalmente en contra, alegando que en el texto definitivo ya no se pedía “dialogar” con el Gobierno venezolano para resolver este problema, sino “seguir manteniendo las reclamaciones” para hacer cumplir el convenio bilateral de Seguridad Social. Vilà, que defendió la actuación del régimen de Maduro, concluyó “el Gobierno español no está en este momento en condiciones de dar lecciones a ningún otro gobierno”.

El senador Pablo Rodríguez Ceja, de la Agrupación Herreña Independiente, desligó su iniciativa del debate político y puso el acento en la “dramática e injusta situación” de miles de jubilados, muchos de ellos españoles de ida y vuelta que trabajaron toda su vida en Venezuela y se ven ahora obligados a vivir de la caridad. Su moción pedía que la Seguridad Social les adelantase con carácter transitorio la pensión mínima, como se hace con otros jubilados que no llegan a dicho importe, reclamándole posteriormente su devolución al Estado venezolano, pero el PP rechazó la propuesta, alegando que la ley no lo permite.

Fuentes de Exteriores aseguran que la legislación solo contempla el pago de complementos cuando la pensión no llega al mínimo, pero no en caso de impago de la misma, y que ni siquiera se dispone de información oficial sobre el monto de las pensiones o el número exacto de beneficiarios.

El origen del problema está en que los jubilados venezolanos en el exterior cobraban sus pensiones en base al cambio preferencial (unos 11 bolívares por euro), pero la hiperinflación y la devaluación del bolívar (que se cambia en el mercado oficial a 3.000 bolívares por dólar y en el negro a 28.000) llevaron al régimen de Maduro a suspender el pago de las pensiones en vez de reajustarlas.

Aunque el convenio bilateral en vigor desde 1990 prevé que las discrepancias se resuelvan por vía diplomática, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no ha respondido a los requerimientos que le ha hecho su homóloga española.

Los jubilados venezolanos, la gran mayoría con nacionalidad española, se han tropezado con un problema añadido: como sobre el papel son beneficiarios de pensiones, aunque no las cobren, no pueden acceder a la renta mínima de inserción.

Pedro Ontiveros, presidente de la Federación de Asociaciones de Pensionistas y Jubilados Venezolanos en España, expresó ayer a EL PAÍS su agradecimiento a los grupos del Senado por la aprobación de esta iniciativa y lamentó que Podemos no la secundara. “Lo importante”, agregó, “es que el Gobierno también se implique y no solo las comunidades autónomas y Ayuntamientos”.

Según Ontiveros, profesor universitario de 72 años, la situación del colectivo “es crítica”, no solo por la falta de los recursos que obliga a recurrir a la caridad de la Iglesia o la Cruz Roja, sino por la angustia que provoca la incertidumbre sobre su futuro. “Hemos escrito a todas las instituciones venezolanas y nos han contestado con un silencio sepulcral”, se lamenta.

 

Senado español pide ayudar a pensionados venezolanos residentes en su país – NTN24 – 4 de Octubre 2017

logoEl Senado español instó este miércoles al Gobierno a que a través de “instrumentos de asistencia social” preste ayudas a las familias hispano-venezolanas que están en situación de “precariedad” como consecuencia de los casi dos años de impagos de retribuciones que les debe el Gobierno de Venezuela.

Esos instrumentos sociales, como convenios y acuerdos con las administraciones locales y autonómicas (financiadas por el Estado para tal fin), servirían para promover la atención a estas familias que están en una “injusta situación”.

La Comisión de Asuntos Exteriores del Senado aprobó esta moción con los votos a favor de todos los grupos parlamentarios, salvo Unidos Podemos (izquierda), que se opuso.

En el texto también se insta al Gobierno español a que reitere al Ejecutivo venezolano la necesidad de abonar “en el plazo más breve posible” las pensiones de estos venezolanos residentes en España.

En España, según cálculos del partido Ciudadanos (liberales), que también se interesó el pasado año por el asunto, hay unas 3.800 personas afectadas, aunque se desconoce la cifra oficial.

El texto aprobado este miércoles fue propuesto por el partido Coalición Canaria, región española que tradicionalmente ha tenido una importante emigración hacia Venezuela.

El portavoz del grupo, Pablo Rodríguez Cejas, indicó que en diciembre de 2015 el Gobierno de Venezuela interrumpió el pago de pensiones a los beneficiarios en el exterior, entre ellos aquellos emigrantes que regresaron a España tras trabajar y cotizar “una vida entera” en el país suramericano.

Muchos de estos hispano-venezolanos son personas de “avanzada edad” para quienes, según el senador canario, esta pensión era su única fuente de ingresos, y se han visto abocados a una “situación de precariedad” como consecuencia de los dos años de impago y tienen la incertidumbre de no saber cuándo cobrarán.

El requerimiento también solicita al Gobierno que “mantenga las reclamaciones” ante Venezuela para que cumpla el convenio bilateral de Seguridad Social vigente entre ambos países desde el 1 de julio de 1990.

Este convenio reconoce el derecho del beneficiario a cobrar pensiones, subsidios, rentas e indemnizaciones sin ningún tipo de reducción o suspensión independientemente de que se encuentre en España.

Según pensionistas venezolanos residentes en este país, hay unos 10.000 afectados residentes en España, Chile, Italia y Portugal, estados con los que Venezuela tiene un convenio para que los pensionistas residentes en el extranjero reciban sus retribuciones.

 

Pensionados del Ivss en el exterior llevan 21 meses sin cobrar por Ana Diaz – El Nacional – 8 de Septiembre 2017

La situación de los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en el exterior es cada vez más desesperada: tienen 21 meses sin cobrar y ninguna respuesta del gobierno, denunciaron vía telefónica beneficiarios del IVSS que pidieron no mencionar sus nombres.

“Trabajé muy duro gran parte de mi vida y pagué las cotizaciones para ganarme esa pensión. Sin embargo, me la niegan”, expresó una afectada de 72 años de edad, que vive en España desde 2000. Relató que no había tenido problemas para cobrarla, aspa como su jubilación de un banco del Estado.

“Con estas dos entradas viví cómoda, aunque sin lujos. Desde 2014 los pagos se volvieron irregulares y la última vez que cobré fue en noviembre de 2015. Mi situación es apretada, ese es mi único ingreso. Gracias a unas monjas muy bellas he podido sobrevivir”, explicó.

Otra afectada de 65 años de edad, también de España, narró: “Debí trabajar limpiando casas y oficinas para sobrevivir y pagar el alquiler del apartamento porque si no me echan a la calle. Afortunadamente tengo salud”.

Ante las penurias y la necesidad de organizarse por sus derechos, los pensionados han publicado varias páginas web como @Asopevec y @Pensivssexte en las que informan que son 11.700 los pensionados del Seguro Social que cobran mediante los convenios de Venezuela con España, Portugal, Italia, Uruguay, Chile y Ecuador.

Al 18 de agosto pasado, la deuda del gobierno con cada beneficiario era de 822.403,82 bolívares por concepto de 21 meses de pensión, 3 aguinaldos y 7 retroactivos producto de la homologación del aumento del salario mínimo con las pensiones.

A diario, los adultos mayores descargan su frustración por Twitter. En un mensaje se lee: “No trabajan por pensionados en el exterior. Nos quitaron nuestro derecho a la pensión legítimamente obtenida. Retaliación a un colectivo vulnerable”. Otro texto revela: “21 meses sin cobrar #Maduro págales”.

Freddy Guzmán, representante del Comité de Defensa de Derechos Humanos de los Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad, señaló que el Seguro Social les asegura que el pago es competencia del Cencoex (Centro Nacional de Comercio Exterior). “El trato del gobierno a estas personas es inhumano. Algunas murieron por no contar con el dinero para las medicinas y no estaban cubiertas por la seguridad social de los países”, dijo.

Guzmán destacó que en Venezuela los pensionados enfrentan la falta de efectivo que los obliga a ir cada día al banco para retirar 10.000 o 20.000 bolívares cada vez. “No soy para nada grosera; sin embargo, ayer exploté en el banco cuando a las dos de la tarde nos dijeron que se les había acabado el efectivo y no nos podían pagar”, expresó una pensionada.

 

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