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El Gobierno urge a resolver el impago de pensiones a venezolanos en España – Agencia EFE – 12 de Diciembre 2017

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El Gobierno español, preocupado por el impago de pensiones a venezolanos residentes en España, ha realizado “numerosas gestiones” para “urgir” a las autoridades de Venezuela a buscar una solución para esta situación.

En una carta del 20 de noviembre, conocida hoy y remitida a la eurodiputada liberal española Beatriz Becerra, el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, explica que trató este asunto el 13 de septiembre en Madrid con su colega venezolano, Jorge Arreaza, aparte de otras gestiones en este sentido tanto en España como en Venezuela.

Asegura que su departamento ha seguido la cuestión “de cerca” y se ha coordinado con el Ministerio de Empleo por tratarse de una cuestión ligada al cumplimiento del Convenio de Seguridad Social de 1988 entre ambos países.

En el caso de los españoles en Venezuela con derecho a una pensión española, el ministro asegura que las prestaciones no contributivas (que no cotizaron a la Seguridad Social) “ya se están pagando convenientemente” como resultado de las gestiones de la embajada de España en Caracas.

Aparte, al día de hoy “subsistirían las dificultades para el cobro en 69 casos de un total de 1.700 pensionistas contributivos que reciben su pensión en Venezuela”.

“En tanto no se resuelvan los problemas de impagos, continuaremos dándoles seguimiento y realizando las gestiones tendentes a su solución”, concluye Dastis.

Becerra, que difundió la carta de Dastis, había preguntado al ministro por escrito sobre los “nueve mil pensionistas” que no reciben en España desde finales de 2015 el pago que les corresponde por derecho después de haber trabajado una vida en Venezuela.

También se interesaba por los pensionistas españoles residentes en Venezuela que han dejado de percibir su correspondiente pensión a través del Estado venezolano.

Éstos, explica Becerra, alegan que el Banco Central de Venezuela ha “retenido” sus pensiones, condenándolos a una situación “precaria a la vez que alarmante”.

Becerra es vicepresidenta de la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo (PE).

 

Narcorrégimen de Maduro secuestra la pensión de españoles en Venezuela por Sabrina Martín – Panampost – 12 de Diciembre 2017

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La eurodiputada Beatriz Becerra mostró preocupación por lo que puede haber detrás de que el régimen venezolano se apropie del dinero ajeno (Flickr)
La dictadura de Nicolás Maduro se apropió arbitrariamente de las pensiones que envía el gobierno de España a sus nacionales en Venezuela.

De acuerdo con el diario El Español, al menos 69 jubilados españoles dejaron de recibir su pensión enviada desde España. Al parecer, sin explicación alguna, el Banco Central de Venezuela les está reteniendo su dinero desde hace aproximadamente cuatro meses.

La información fue confirmada por la eurodiputada Beatriz Becerra quien denunció que el régimen de Nicolás Maduro expolió a españoles en Venezuela bloqueándoles el dinero que España les envía en euros.

Aunque son 1700 pensionados españoles que reciben pensiones en el país suramericano, 69 se han visto afectados por esta expoliación. La situación no es solo que el régimen se apropió del dinero de estos españoles, sino que además estos pagos que hace España en euros, el régimen los deposita a los pensionados en bolívares al cambio oficial, por lo que el dinero se hace insuficiente.

El Banco Central de Venezuela ha alegado a estos 69 españoles que no efectúa el pago, debido al “bloqueo internacional” por las sanciones en el extranjero; sin embargo, esto nada tiene que ver, pues las sanciones solo afectan a funcionarios del chavismo con sus visas y congelación de bienes.

Además Estados Unidos prohibió la negociación de nuevos bonos venezolanos en suelo norteamericano, que en nada está relacionado con estas pensiones de los españoles.

“En Venezuela las prestaciones en euros las recibe el Gobierno y la depositan a los pensionistas españoles en bolívares al cambio que en ese momento indique el marcador de divisas que tenga el gobierno. La excusa del Banco Central de Venezuela para no efectuar el pago es el bloqueo internacional. No se entiende que si los pensionistas cobran en la moneda local un bloqueo pueda afectarles. Ni si quiera cobrando en euros tendría sentido, ya que el dinero lo hace llegar España”, explicó al diario El Español una de las afectadas.

Becerra, que es vicepresidenta de la subcomisión de Derechos Humanos de la Eurocámara, calificó la situación de alarmante debido a la crisis que enfrenta el país suramericano donde los españoles también se están viendo afectados.

“Nosotros hacemos el ingreso en euros y ellos lo pasan al cambio que les parece y, encima, transfieren o no el dinero de las pensiones. Están bloqueando las transferencias, pero además se lo están quedando y especulando con él.”

Becerra mostró preocupación por lo que puede haber detrás de que el régimen venezolano se apropie del dinero ajeno: “Venezuela es un narcoestado y se puede estar destinando para cualquier actividad ilícita”, denunció.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores alega que la embajada española en Caracas, a través de su Consejería de Empleo y Seguridad Social, está “trabajando en arbitrar soluciones”.

Becerra dice que es una situación “inexplicable”. No es un problema de Venezuela con sus pensionistas. El misterio ahora es que no se sabe “a dónde va el dinero español”.

No es la primera vez que el régimen de Nicolás Maduro “hace y deshace” con las pensiones de ciudadanos; pues desde 2015 también ha dejado de pagar a venezolanos que residen en España.

Fue en octubre de 2017 cuando el Senado de España pidió al Gobierno de Mariano Rajoy que preste ayudas a los pensionados venezolanos que no reciben su dinero por parte del régimen de Nicolás Maduro. En diciembre de 2015 el Gobierno de Venezuela interrumpió el pago de pensiones a los beneficiarios en el exterior, entre ellos aquellos emigrantes que regresaron a España tras trabajar y cotizar “una vida entera” en el país suramericano.

En España, según cálculos del partido Ciudadanos, hay unas 3.800 personas afectadas, aunque se desconoce la cifra oficial. Muchos de estos hispano-venezolanos son personas de avanzada edad para quienes esta pensión era su única fuente de ingresos.

En Europa habría unos 9.000 afectados, principalmente en España, Italia y Portugal, donde Venezuela tampoco estaría abonando las pensiones y jubilaciones.

Los impagos de pensiones de Venezuela dejan ya casi 400 demandas en Galicia por A. Moledo – Faro de Vigo – 11 de Diciembre 2017

Los tribunales gallegos dan la razón a 60 retornados en la comunidad y condenan a la Seguridad Social española a compensarles con una prestación mínima

La difícil situación que atraviesan los más de 3.500 gallegos que trabajaron en Venezuela y regresaron a España, al dejar de percibir las pensiones de jubilación (o de otra índole) por parte del Gobierno de Maduro, ha llegado ya a los juzgados gallegos. Las salas laborales recibieron desde el verano unas 380 demandas y las sentencias dictadas hasta ahora dan la razón al colectivo, según datos de la Asociación de Pensionistas y Jubilados de Venezuela en Galicia (Apejuveg).

El problema suma ya 23 meses. Casi dos años en los que muchos de los pensionistas se han quedado sin ahorros y en muchos casos en situaciones de riesgo de pobreza. La causa es que el Gobierno español les deniega los complementos a mínimos y las pensiones no contributivas o asistenciales por ancianidad que les corresponden. Se trata de la cantidad adicional que se añade al importe de la pensión, en su modalidad contributiva, cuando ésta no alcanza el mínimo fijado legalmente.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) deniega estas compensaciones sociales a los afectados alegando que existe un derecho reconocido que es la jubilación otorgada por Venezuela, aunque éste lleve casi dos años sin hacerse efectivo. Por eso, a estos jubilados solo les queda acudir a los tribunales a reclamar sus pensiones y ahí sí están ganando la batalla. Pero como en los juzgados de algunas ciudades la demora es de casi un año y el plazo máximo para resolver estos litigios es de dos años, eso explica que de las casi 400 denuncias interpuestas solo se hayan resuelto unas 60, apenas el 15%.

La mayoría de demandas presentadas en los juzgados de la comunidad son de gallegos que trabajaron en Venezuela y, de vuelta a España, también lo hicieron aquí. “Al cotizar en dos países, tienen una pensión a prorrata”, explican fuentes jurídicas. El problema es que, cuando el Gobierno de Nicolás Maduro dejó de abonarles la cuantía mensual correspondiente a ese país muchos de estos jubilados se quedaron solo con la relativa a España, que en multitud de casos es ínfima, incluso, en ciertos supuestos, inferior a los 100 euros al mes.

En los juzgados laborales gallegos ya se dictaron unas 60 sentencias. Se trata de casos de pensionistas que tienen reconocida una prestación de jubilación en virtud del convenio hispano-venezolano de Seguridad Social vigente desde 2009, en una cuantía que en la actualidad es de 98,93 euros. Y esta es la única cantidad que han venido recibiendo cada mes desde hace casi dos años debido al impago de la parte de la pensión que debe sufragar Venezuela. Todos los fallos dictados hasta ahora coinciden en estimar íntegramente la demanda y condena al INSS español a que se le reconozca el derecho a percibir una cuantía básica, así como a que abone al demandante lo que debería haber percibido desde que Venezuela dejó de cumplir el convenio con España.

Las sentencias recogen que el derecho a una prestación en Venezuela, argumentado por la entidad gestora, no es real ni efectivo, porque no se cobra, circunstancia que obliga a la Seguridad Social española a reconocer el complemento a mínimos que ahora se deniega. Igual que en los juzgados de lo Social de varias ciudades, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ya ha resuelto casos en los que insta al Gobierno central a compensar a los retornados que no cobran la jubilación de Venezuela.

Como muchos de los perjudicados son personas mayores que desconocen el proceso para reclamar, desde la Apejuveg realizan varias jornadas informativas para resolver todas las dudas.

El procedimiento se inicia con una apelación administrativa que luego pasa al Juzgado de lo Social y si el Instituto Nacional de la Seguridad Social presenta recurso se deriva al Superior gallego. Pero si pasados 30 días se produce silencio administrativo y no hay contestación de la otra parte se puede iniciar con un recurso la denuncia por la vía judicial.

Desde la asociación de afectados destacan que muchos procesos se retrasan no solo por la demora de la Justicia sino porque muchos afectados no saben que pasado ese tiempo pueden demandar y creen que tienen que esperar a recibir una respuesta.

 

Destituido Carlos Rotondaro como presidente del IVSS – Contrapunto – 23 de Noviembre 2017

 
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Luis López, actual ministro de Salud, fue designado como nuevo presidente de la Junta Directiva del organismo en sustitución de Rotondaro
A través del decreto oficial Nº 3.172, publicado en Gaceta Oficial este 21 de noviembre, fue destituido Carlos Rotondaro del cargo de presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Del mismo modo, Luis López, actual ministro de Salud, fue designado como nuevo presidente de la Junta Directiva del organismo.

Rotondaro estaba a cargo del organismo desde el año 2007, cuando fue nombrado por el entonces presidente Hugo Chávez. En 2013 fue sustituido de su cargo por Magally Castro, pero más tarde volvió a la institución. Carlos Rotondaro también fungió como ministro de Salud entre los años 2009 y 2010.

Luis López fue designado ministro de Salud en mayo de este año, sustituyendo a la doctora Antonieta Caporale. También se ha desempeñado como viceministro de hospitales y secretario de salud en Aragua. El ministro de Salud es licenciado en Farmacia.

López a cargo del IVSS debe afrontar la escasez de medicamentos y a los pacientes que dependen del suministro de fármacos por parte de este instituto. La Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida) alertó sobre el peligro inminente para la vida de unas 3 millones de personas quienes han pasado al menos un año sin acceso a tratamientos.

 

Maduro se “compromete” a volver a pagar las pensiones a venezolanos en España – La Sexta.com – 20 de Noviembre 2017

Unknown“Se resolverá en diciembre”
Nicolás Maduro ha señalado que su gobierno no paga las pensiones a los Venezolanos en España desde 2016 porque ha habido “una bajada abrupta y dramática de los ingresos en divisas del país” y asegura que “han tenido que reconfigurar el presupuesto exterior”.

Ver el video en el siguiente enlace:

http://www.lasexta.com/programas/salvados/mejores-momentos/maduro-se-compromete-a-volver-a-pagar-las-pensiones-a-venezolanos-en-espana-se-resolvera-en-diciembre_201711195a11ec0b0cf2ebaa16899292.html

El partido de Pablo Iglesias se afinca contra los pensionados venezolanos en España por Victor Suárez – TalCual – 7 de Noviembre 2017

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Los venezolanos residentes en España se toparon con la noticia de que la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados había aprobado una Proposición No de Ley (PNL), que insta al gobierno español a la adopción de medidas que ayuden a resolver con urgencia la situación de unos 4.000 afectados que no reciben del hace desde el gobierno de Maduro ya 10 meses los pagos a los que tienen derecho
El partido español Podemos apoyará al gobierno de Nicolás Maduro aún en sus políticas más miserables, aquellas que atentan contra la salud, la estabilidad y la vida cotidiana de los venezolanos más débiles, incluso aquellos que se encuentran fuera del país en situación precaria, en este caso en España.

Este partido afluente ha pretendido alejarse un poco de la deriva autoritaria y en la evaluación precisa del desastre económico venezolano, pero sólo mientras acometía una campaña electoral, pues, según decía su líder Pablo Iglesias, “eso, efectivamente, nos perjudica”.

Tan pronto las cortes entraron en normalidad constitucional y se decidió la segunda investidura de Mariano Rajoy, Podemos volvió a sus andadas.

Los pensionados venezolanos residentes en España se encontraron el viernes 2 de noviembre con la noticia de que la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, había aprobado una Proposición No de Ley (PNL), que insta al gobierno a la adopción de medidas que ayuden a resolver con urgencia la situación de unos 4.000 afectados que no reciben desde hace ya 10 meses los pagos a que tienen derecho.

Lo que se presentía decisión unánime de los diputados, por la misma naturaleza humanitaria del petitorio, no resultó así.

La sesión de la Comisión de Exteriores escuchó los alegatos del proponente (Fernando Maura, de Ciudadanos). Los partidos PP, PSOE y Ciudadanos apoyaron la moción. El bloque dirigido por el partido Podemos (que acompañan Izquierda Unida, Marea, Podemos en Común) e Izquierda Republicana, de Cataluña, negaron la propuesta.

Sometida a votación, 28 votaron a favor y 8 lo hicieron en contra.

La resolución dice así:

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Exigir explicaciones al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro ante el incumplimiento del Convenio Bilateral suscrito entre el Gobierno de España y el Instituto de Seguridad Social de Venezuela.
Exigir al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro el cumplimiento de las obligaciones suscritas en el anteriormente referido Convenio, las cuales se aplicarán de forma retroactiva a los pensionistas venezolanos residentes en España perjudicados por esta cuestión.

En caso de recibir negativa por parte del Gobierno venezolano, presentar otro tipo de alternativa política que permita a los pensionistas venezolanos residentes en España recuperar las cantidades monetarias debidas.»

VOCEROS DE LA MALDAD
En la discusión del punto, el portavoz de Podemos, José María Guijarro García, diputado por Alicante, tomó la palabra para declararse en contra. La portavoz de Esquerra Republicana, Ana María Surra Spadea, también se manifestó su oposición.

Son curiosos los personajes. La vocera por Cataluña es argentina. El vocero de Podemos ha sido asesor de gobiernos latinoamericanos, incluyendo al venezolano, durante 8 años. Ambos han preferido prevaler sus compromisos con el gobierno venezolano antes que reconocer la situación y apoyar medidas que ayuden a resolverla, aunque fuera en el ámbito de quienes viven fuera de su país de origen.

Es mucho más notable, por su endeblez, el caso de alias Txema Guijarro. Conoce muy bien la situación de Venezuela y América Latina. Es uno de los economistas españoles que a temprana hora se apuntó a las actividades del Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), organismo que se garantizó su financiamiento en base al asesoramiento de gobiernos populistas latinoamericanos. De allí nació Podemos.

Desde enero del 2008 no había laborado en España. Siempre en América. Cuando salió electo por primera vez diputado (Valencia) en diciembre del año pasado, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, saltó de contento: “Un querido colaborador nuestro, Txema Guijarro García, ha pasado ocho años con nosotros en el gobierno, ha sido un gran impulsador de la revolución ciudadana, pero volvió a presentarse como candidato a diputado por Podemos y salió electo por Valencia. Es alguien que conoce muy bien… él trabajó con nosotros ocho años. La Revolución Ciudadana le sirve de referencia en muchas cosas a Podemos”, dijo Correa.

No sólo allí. Cuando Jesse Chacón era director del Centro de Investigaciones Sociales (CIS), un organismo financiado por el gobierno venezolano fundado por Nelson Merentes (hoy en el BCV), y luego Vicepresidente, era normal que asesores españoles amamantaran en la ubre de las encuestas oficiales.

Los dirigentes de Podemos Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y también Txema Guijarro pasaron por allí largo rato, con blasones de directores de área y entrada libre a Miraflores. Entre agosto y noviembre 2009, Guijarro fue coordinador de la Unidad de Análisis e Investigación Social del CIS y “asesor demoscópico” de Jesse Chacón .

Entre enero de 2008 y diciembre de 2014 fue asesor y funcionario de los gobiernos de Paraguay, El Salvador, Venezuela y Ecuador. También asesoró al candidato derrotado a la presidencia de Chile, Marco Enríquez-Ominami, hijo del fundador del MIR Carlos Enríquez.

Luego en España se convirtió en moneda de cambio de las ansias de Podemos de copar espacios en las listas electorales. Es madrileño. No le conocían en Valencia y le votaron; tampoco en Alicante y le volvieron a votar seis meses después. No le conocían en América y el CEPS le impuso en esas comarcas.

En su currículo dice: “Enero 2008– Marzo 2014. Activista de la Fundación CEPS.”

 

IVSS informó que pagos a pensionados del mes de diciembre se efectuarán este 13 de noviembre – Venepres – 8 de Noviembre 2017

Además, el pago de los primeros dos meses de aguinaldos se depositará el próximo 15 de noviembre

El Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) informó que el pago de la pensión que corresponde al mes de diciembre se hará efectivo el próximo lunes 13 de noviembre.

Según el comunicado, el pago total será de 284.011,90 bolívares, incluyendo el retroactivo de noviembre (53.252,23 bolívares) y el mes de diciembre más su bono (230.759,67 bolívares).

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Los impagos de pensiones de Venezuela generan una oleada de demandas en Vigo por Marta Fortán – Faro de Vigo – 5 de Noviembre 2017

Los jueces laborales ya recibieron más de una veintena de casos -Dan la razón a los jubilados gallegos y condenan a la Seguridad Social española a compensarles con una prestación mínima

La difícil situación que atraviesan los gallegos que trabajaron en Venezuela y regresaron a España, al dejar de percibir las pensiones de jubilación (o de otra índole) por parte del Gobierno de aquel país, llegó ya a los juzgados de Vigo. Las salas laborales recibieron desde el verano más de veinte demandas y las sentencias dictadas dan la razón a estos emigrantes retornados.

La mayoría de demandas presentadas en los juzgados vigueses son de gallegos que trabajaron en Venezuela y, de vuelta a España, también lo hicieron aquí. “Al cotizar en dos países, tienen una pensión a prorrata”, explican fuentes jurídicas. El problema es que, cuando el Gobierno de Nicolás Maduro dejó de abonarles la cuantía mensual correspondiente a ese país -una situación que se mantiene desde enero de 2016-, muchos de estos jubilados se quedaron solo con la relativa a España, que en multitud de casos es ínfima, incluso, en ciertos supuestos, inferior a los 100 euros al mes.

Solución

La solución que tienen estos emigrantes retornados es reclamar a la Seguridad Social española lo que se denomina complemento a mínimos -cantidad adicional que se añade al importe de la pensión, en su modalidad contributiva, cuando ésta no alcanza el mínimo fijado legalmente-. Pero los afectados se están topando con que este organismo deniega las solicitudes arguyendo que tienen reconocida la prestación de Venezuela. Ante esta situación, han sido muchos los perjudicados que han optado por recurrir a la Justicia. Y ahí sí que están ganando la batalla.

En los juzgados laborales de Vigo ya se dictaron varias sentencias. Una de las últimas tiene fecha del pasado 25 de octubre. Se trata del caso de un jubilado que tiene reconocida una prestación de jubilación en virtud del convenio hispano-venezolano de Seguridad Social, desde el 2009, en una cuantía que en la actualidad es de 98,93 euros. Y esta es la única cantidad que ha venido recibiendo mensualmente desde principios de 2016 debido al impago de la parte de la pensión que debe sufragar Venezuela. Tras pedir el complemento a mínimos en España, éste le fue denegado.

Ahora la Justicia le da la razón. El fallo dictado por el magistrado Germán Serrano, titular del Juzgado de lo Social número 2 de Vigo, estima íntegramente la demanda y condena al Instituto Nacional de la Seguridad Social español a que se le reconozca el derecho a percibir una cuantía básica, así como a que abone al jubilado 12.124 euros, correspondientes a lo que debería haber percibido -a mayores de esos 98 euros mensuales- desde enero de 2016 y hasta este septiembre.

“Se acredita esencialmente que el derecho a una prestación en Venezuela, argüido por la Entidad Gestora, no es real ni efectivo, porque no se cobra, circunstancia que obliga a la Seguridad Social española a reconocer el complemento a mínimos que ahora se deniega”, se argumenta en la sentencia, en la que se citan resoluciones del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en supuestos simulares, así como la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En éste y otros fallos dictados en la urbe olívica en casos de la misma materia se destaca que la finalidad de ese complemento “es garantizar ingresos suficientes”.

Igual que en los juzgados de lo Social de Vigo y de otras ciudades, el TSXG ya ha resuelto casos en los que insta al Gobierno central a compensar a los retornados que no cobran la jubilación de Venezuela. Los afectados en la comunidad gallega se cuentan por miles.

Los jueces laborales ya recibieron más de una veintena de casos -Dan la razón a los jubilados gallegos y condenan a la Seguridad Social española a compensarles con una prestación mínima

La difícil situación que atraviesan los gallegos que trabajaron en Venezuela y regresaron a España, al dejar de percibir las pensiones de jubilación (o de otra índole) por parte del Gobierno de aquel país, llegó ya a los juzgados de Vigo. Las salas laborales recibieron desde el verano más de veinte demandas y las sentencias dictadas dan la razón a estos emigrantes retornados.

La mayoría de demandas presentadas en los juzgados vigueses son de gallegos que trabajaron en Venezuela y, de vuelta a España, también lo hicieron aquí. “Al cotizar en dos países, tienen una pensión a prorrata”, explican fuentes jurídicas. El problema es que, cuando el Gobierno de Nicolás Maduro dejó de abonarles la cuantía mensual correspondiente a ese país -una situación que se mantiene desde enero de 2016-, muchos de estos jubilados se quedaron solo con la relativa a España, que en multitud de casos es ínfima, incluso, en ciertos supuestos, inferior a los 100 euros al mes.

 

 

Plan Navidad Infeliz para pensionados en el Exterior por Iraida Blanco – Aporrea – 4 de Noviembre 2017

Me concedieron la cita para el día 27 de Octubre a las 13:30 en las Oficinas de la Seguridad Social de Arrecife, Lanzarote, donde consigné una carta dirigida a la Directora del Instituto Nacional de la Seguridad Social de España, como parte de un proceso para, posiblemente, obtener una ayuda social por parte del Gobierno de España, declarando también en su texto que soy una más de los pensionados venezolanos que no recibimos nuestra pensión de vejez desde hace la bicoca de veintitrés (23) meses ni información alguna al respecto de nuestro Gobierno.

En la vía, comunico a una amiga que hacia allá me dirijo con desgano a entregar la carta; pero ese no era el sentimiento, en realidad. Sentada frente a la funcionaria, quien ya se encontraba al tanto de la decisión aprobada por el Senado español y girada por la Seguridad Social a todas sus sedes en el país, siento vergüenza, desabrigo, allí sentada viviendo una experiencia surrealista: acudir a mis 71 años de edad a realizar un trámite más! Para certificar que no recibo mi pensión de vejez de Venezuela desde hace veintitrés (23) meses, luego de haber trabajado cincuenta y dos (52) años. Ya saben: esa sensación mezcla de incredulidad, rabia y estupefacción, igual a la del proceso de un duelo; precedido, claro está, por el agotamiento de reclamos escritos, verbales; declaraciones; desinformación; espera; desesperacion; y casi ganas de tirar la toalla y morir en la inopia, o ganas de lanzarme al océano frente a mi casa y morir como Alfonsina, para al menos recrear algo bonito y típico venezolano que no sea la indiferencia y abandono de nuestro gobierno socialista y humanitario.

Ya parece que no está uno para estas experiencias que añaden tanta presión innecesaria a la mochila que uno carga en la espalda a estas edades para también tener que vivir indefensión por la desigualdad con la que un grupo de ancianos sin más armas que un derecho adquirido, derecho humano, derecho económico, dos muletas, derecho de propiedad y derecho a no ser maltratados como lo estamos siendo, reclamarlo a un todopoderoso como lo es un Estado y sus instituciones. Guerra desigual. Guerra asimétrica, como el término que gusta usar la Revolución Socialista. Ancianos carcamales vs. Estado soberano.

Pero antes de lanzarme al Atlántico leo que el Presidente Maduro promete Navidades tempranas que comienzan este mes de Noviembre. Dos (2) meses de Navidad Feliz. Qué casualidad! Los pensionados en el exterior tenemos dos (2) años de Navidad Infeliz. No resulta esto una extraordinaria coincidencia? Los pensionados residentes en Venezuela recibirán, además de un 30% de incremento en sus pensiones, más un bono especial, más un pernil por cada hogar y no sé cuales otros regalos más que no recuerdo y tengo flojera de buscarlo. Alegarán que por estar fuera del país somos traidores a la Patria (término ya desprestigiado de tanto uso. Cuando algo se repite mucho deja de ser un concepto); o que no estamos allá para defenderla. No saben que es más difícil defenderla estando fuera? Porque defender con palabras es más arduo que defender con armas que sólo poseen las Fuerzas Armadas. Me imagino a mi hermana allá, defendiendo a la Patria con un machete y flechas con curare y, por eso, decido llamarla.

Leo también opiniones contradictorias: unos comentan que, como siempre, ese beneficio se convertirá en sal y agua ya que al día siguiente los precios de bienes y servicios se multiplicarán geométricamente y el dólar today, yesterday y dólar tomorrow and forever continúa su escalada caprichosa; otros, defienden la medida pues mejor algo que nada y no falta quien con humor que nunca falta, opinan que quien no lo desee lo transfiera a su cuenta.

Hablo por skype con mi hermana que vive en Caracas y trato de darle ánimos por el aumento de su pensión y tantos beneficios extraordinarios para su Navidad Feliz. Pero está flaca y seca porque como a muchos, no le alcanza. Me pregunta si ya me han pagado la pensión para que le vuelva a enviar algunas medicinas que no encuentra o que son tan caras que no puede comprar o moverse en circunvalación por las farmacias hasta en la vía Bocono-Guanare, porque tiene 74 años y algunos impedimentos físicos. Está furiosa. Me dice que Nicolás está gordo y come bien y que el otro día hasta se comió una empanada en cadena nacional; que Diosdado parece un “bollito malamarrao’”, y que todas las cabezas visibles del gobierno lucen sanos y bien alimentados. Le respondo que no; que los pensionados en el exterior llevamos dos (2) Navidades Infelices; que nadie nos para bolas ni nos responde y que no puedo enviarle sus medicinas porque hasta algunas mías las he tenido que suspender; pero que no se preocupe; que estoy a punto de convocar una huelga de pensionados. Ella me conoce y pone el grito en el cielo haciendo memoria de todas mis impertinencias en esta vida y, por eso doy un giro a la conversa y le digo que sí: que he visto parte de una entrevista que el periodista español Jordi Évole le hizo a Maduro y lo he visto gordo en su liqui liqui marrón; y que sigo a Diosdado en Instagram y también está gordo y feliz.

Le insisto que no se preocupe; que algún día pagarán ya sea con yuanes o dinares; con oro o petróleo o coltan; y que estoy buscando un trabajo de “cuida más viejos que yo” o de “limpia pocetas”, tan denigrados por los sifrinos venezolanos, como si todos fuesen Directores Corporativos o como si dichas tareas no fueren trabajos socialistas dignos del elogiado proletariado como el de chofer de bus de nuestro Presidente. Y prefiero entonces despedirme para comenzar a celebrar mi segunda Navidad Infeliz más larga y más temprana que la bimensual venezolana, pues comenzó hace dos (2) largos años.

Ni siquiera podemos enviar nuestra carta al Niño Jesús y al forastero San Nicolás, porque seguro que, como han hecho el IVSS y Cencoex, nos han bloqueado su correo.

Senado español aprueba ayudas para pensionados venezolanos por Lorena Arraiz Rodríguez – Revista Zeta – Octubre 2017

0d2b0f7698304a387f5faba521b69957.jpegMucho se ha dicho sobre la “diáspora” venezolana”. Son muchos cientos de miles de venezolanos de todas las edades que han tenido que meter su vida en dos maletas e irse a otras tierras a “empezar de nuevo”. Para todos es difícil, en mayor o menor medida. Unos se encuentran con duros problemas económicos, otros con soledades infinitas y algunos con dificultades del lenguaje o la cultura a las que no logran sobreponerse. Como si fuera poco todo esto, hay quienes tienen que sumar en su maleta, los -muchos- años vividos. La situación de los pensionados venezolanos en España es, cuanto menos, dolorosa.

Senador Canario Pablo Rodríguez Ceja
El pasado 4 de octubre, la Comisión de Exteriores del Senado español ha instado este miércoles al Gobierno a “promover y participar, a través de los instrumentos de la asistencia social, como convenios y acuerdos con las Administraciones locales y autonómicas”, en la atención a los más de 7.000 jubilados venezolanos residentes en España, que no cobran sus pensiones desde diciembre de 2015 y se encuentran en la indigencia. La moción, promovida por Coalición Canaria, fue aprobada con el apoyo de todos los grupos, salvo Unidos Podemos.

El senador Pablo Rodríguez Ceja, de la Agrupación Herreña Independiente, desligó su iniciativa del debate político y puso el acento en la “dramática e injusta situación” de miles de jubilados, tal como ha expresado en esta entrevista exclusiva para Revista Zeta, en la que nos ha explicado cómo se aplicará lo acordado por el Senado. “En este caso, el Estado llegaría a un acuerdo con las Comunidades Autónomas y estas a su vez con los Ayuntamientos de cada territorio, para hacer llegar esas prestaciones a las personas o a las familias que se pueden acoger a este tipo de ayuda porque viven en una situación de precariedad, previo informe de los servicios sociales de cada Ayuntamiento”, explicó.

“Las ayudas van a estar financiadas por el Estado, por lo cual la Comunidad Autónoma simplemente tendría que poner sus medios a disposición de este convenio, así como los ayuntamientos, que son los que están más cerca de los ciudadanos para valorar cada caso, y todos aquellos casos en los que se pueda demostrar que la situación es precaria, debido a este impago de las pensiones por el Gobierno de Venezuela, se les otorgaría esa ayuda o esa aportación. En este acuerdo se añaden, además, otros puntos, como por ejemplo, que instamos al Gobierno del Estado Español a que continúe reclamando al Gobierno de Venezuela cumplir con el convenio bilateral de la Seguridad Social entre España y Venezuela del 12 de mayo de 1988, que entró en vigor el 1 de Julio de 1990 y en concreto este acuerdo lo que incide es en abogar para que el Gobierno de España reitere a la República de Venezuela la necesidad de abonar en el plazo más breve posible estas pensiones, además correspondientes también a las cantidades adeudadas de 2016-2017. Entendemos que la Comunidad Internacional aquí también tiene un papel importante para poder arbitrar en todos aquellos asuntos que se consideren para que el Gobierno de Venezuela en un futuro compense ese gasto que se va a producir en las arcas españolas”, añadió.

Consciente de que los venezolanos están viviendo una difícil etapa en su historia nacional y como consecuencia, en muchos casos, sufren diversas penurias en el exterior, Rodríguez ha hecho énfasis en la necesidad de ayudar en todo lo que sea posible. “Durante la discusión de esta resolución, también hemos hablado sobre la situación de los estudiantes, por ejemplo, que también es precaria porque no están subsidiando sus becas, pero en esta oportunidad, nos hemos centrado en lo más urgente, que son las personas mayores que tienen cero ingresos y cero posibilidades de conseguir un empleo, de modo que prácticamente subsisten es por la escasa ayuda que les prestan familiares y amigos”.

Venezuela: “la octava isla” Canaria

El Archipiélago canario está compuesto por siete islas: El Hierro, La Gomera, La Palma y Tenerife, que forman la provincia de Santa Cruz de Tenerife; y Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, que constituyen la provincia de Las Palmas. Pero hay una “octava isla” en el imaginario colectivo de sus habitantes: Venezuela. Y es que en cada familia canaria, hay algún familiar o amigo venezolano, o que vivió en Venezuela en la época de bonanza del país suramericano. De modo que la relación afectuosa es muy amplia, pero además, los números hablan por sí solos: cerca de 50.000 venezolanos están registrados en Canarias.

Por este motivo, el senador canario Pablo Rodríguez Ceja ha sentido el compromiso de ayudar a los venezolanos impulsando esta resolución. “Canarias mantiene una estrecha relación con Venezuela debido a la emigración que durante los años ´50 y ´60 se produjo desde esta tierra hacia Venezuela; como ya sabemos en aquella época las cosas eran muy difíciles aquí y la gente pues buscaba un futuro digno en otras tierras, en este caso en Venezuela y lo consiguieron gracias a las remesas que se mandaban desde Venezuela a Canarias y así esta tierra pudo salir adelante. Es por eso que tenemos una estrecha relación; ahora mismo están retornando mucho emigrantes o hijos de emigrantes que en su momento abandonaron Canarias, debido a la situación que ahora está a la inversa. Todo esto nos da una sensibilidad con el pueblo venezolano, yo creo que de forma especial. Todas esas personas que han retornado, esos vecinos o esas personas que han decidido que Canarias sea su lugar de donde disfrutar el resto de sus días, son personas que te transmiten -como cargo político- esa preocupación, y al final eso es lo que nos ha llevado a mantener esa defensa que siempre la hemos tenido del pueblo venezolano”, apuntó.

Finalmente, Rodríguez Ceja se unió al sentimiento, extendiendo su mano una vez más. “Me uno al deseo de todos los venezolanos de que la situación en Venezuela coja camino lo antes posible y sobre todo que esta situación que nos ocupa, el pago de las pensiones, pues se resuelva a la mayor brevedad posible, porque bueno soy consciente plenamente de las dificultades que está acarreando y siempre me van a tener a su lado para defender sus derechos y defender todo lo que les pertenece como pueblo”, finalizó.

Pedro Ontiveros
Por su parte, Pedro Ontiveros, profesor universitario venezolano de 72 años y presidente de la Federación de Asociaciones de Pensionistas y Jubilados Venezolanos en España, expresó su agradecimiento a los grupos del Senado por la aprobación de esta iniciativa y lamentó que Podemos no la secundara. “Lo importante es que el Gobierno también se implique y no solo las comunidades Autónomas y Ayuntamientos”, porque, asegura, la situación del colectivo es “crítica”, no solo por la falta de los recursos básicos de subsistencia, que les ha llevado a tener que recurrir a la caridad de la Iglesia o la Cruz Roja, sino por la angustia que provoca la incertidumbre del día a día “a esta edad”. Asegura que las instituciones venezolanas han hecho caso omiso de sus múltiples solicitudes: “nos han contestado con un silencio sepulcral”, expresó.

 

 

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