Informes presentados por uno de los escritorios jurídicos que defiende al Estado venezolano en E.E. U.U. tanto en la época de Hugo Chávez con en la de su sucesor Nicolás Maduro, y entre cuyos casos destaca el de Efraín Antonio Campo Flores, sobrino de la pareja presidencial convicto por delitos de narcotráfico en Nueva York demuestran que tanto las autoridades de Petróleos de Venezuela como el alto gobierno estaban al tanto de las irregularidades que cometían varios empleados con la entrega de contratos a cambio del pago de sobornos. A pesar de ellos, los dueños de las contratistas siguieron disfrutando de jugosos negocios, e inclusive, recibieron el privilegio de ganar  asociaciones estratégicas en empresas mixtas petroleras. 

 

Una de las firmas jurídicas estadounidenses preferidas por el gobierno de Venezuela, Squire Patton Boggs advirtió a Petróleos de Venezuela S.A, sus sospechas de que algunos empleados podrían haber estado involucrados en posibles actos irregulares relacionados con procesos de procura de bienes y servicios celebrados con otros proveedores de PDVSA y/o Bariven, incluyendo, entre otros, a Derwick Associates.

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Las comunicaciones remitidas entre Squire Patton Boggs y PDVSA cuando era su presidente Eulogio Del Pino, dan cuenta de las recomendaciones formuladas por el bufete estadounidense a la estatal petrolera acerca de los procedimientos a seguir para tratar de recuperar parte del dinero que los empresarios Roberto Rincón y Abraham Shiera obtuvieron a través de negociaciones irregulares y la corrupción con la corporación venezolana.

En una de las piezas analizadas, Squire Patton Boggs informa a la petrolera sobre una la investigación que el Departamento de Justicia estadounidense estaba llevando a cabo respecto a ciertas procuras realizadas por Derwick Associates.

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A objeto del trabajo realizado era ayudar a PDVSA a recuperar parte de lo esquilmado a su patrimonio por los manejos y negocios  irregulares llevados a cabo por Rincón y Shiera y conocer manera de proceder ante las autoridades de los Estados Unidos para resarcir los daños sufridos en su carácter de víctima de las operaciones fraudulentas de los hoy convictos de la justicia estadounidense.

En 2017, Squire Patton Boggs hizo las diligencias pertinentes y solicitó formalmente a la corte del Distrito Sur de Texas en Houston ser considerada “víctima” en el caso alegado donde las autoridades acusaban a varios empleados y contratistas de delitos de corrupción y de haber violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y que conllevó a un desfalco al país de al menos 1000 millones de dólares. Ese recurso fue negado por el juez.

La investigación 

Los documentos en nuestro poder dan cuenta  que el despacho jurídico hizo una serie de recomendaciones respecto a las implicaciones del caso Rincón-Shiera, entre las cuales se destaca una comunicación con carácter privado y confidencial al Comité de Investigación y Control de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) con fecha 25 de julio de 2016.

Los remitentes del oficio desde la oficina de Miami eran los abogados Alfredo G. Anzola, Rebekah J. Poston y Raúl B. Mañón, quienes hacían referencia al “Acceso a correos electrónicos de cierto personal de interés y otra información requerida”.

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El texto de la comunicación indicaba que a los fines de proteger los intereses de PDVSA y garantizar la integridad de la investigación, los profesionales del derecho insistían en la naturaleza estrictamente confidencial del memorando y su anexo, por lo que enfatizaban en la necesidad de limitar la circulación del mismo únicamente al personal de la alta gerencia de la estatal petrolera venezolana que requirieran tener conocimiento de la información en él contenida.

Refieren que en la investigación llevada a cabo identificaron a varios empleados de PDVSA y sus empresas filiales que, si bien no estaban incursos en hechos irregulares, podrían aportar información relevante para la investigación.

Igualmente alertaron que algunos de esos empleados habían incurrido en actos de corrupción cometidos por Roberto Enrique Rincón Fernández y Abraham José Shiera Bastidas. En específico hicieron referencia a exempleados Christian Javier Maldonado Barillas, José Luis Ramos Castillo y Alfonso Graviña, entre otros.

Los abogados manifestaron su sospecha legítima de que algunos de éstos pudieron haber participado directa o indirectamente en los hechos de corrupción cometidos por Rincón y Shiera o, por lo menos, tuvieron conocimiento de ello.

Igualmente sospechaban que algunos de estos empleados pudieron estar involucrados en posibles actos irregulares relacionados con procesos de procura de bienes y servicios celebrados con otros proveedores de PDVSA y/o Bariven, incluyendo, entre otros, a Derwick Associates.

Se explica que Squire Patton Boggs elaboró y siguió un plan de trabajo para llevar a cabo la investigación que fue aprobado por el comité y los auditores externos de PDVSA, KPMG Rodríguez Velázquez & Asociados (KPMG), habiendo sido su trabajo la revisión e investigación de los correos electrónicos del personal identificado durante el período de investigación, a saber, entre enero de 2009 y la fecha en que se remite la comunicación. Advierten que la “revisión e investigación de los correos electrónicos del personal posiblemente involucrado es parte necesaria de toda investigación interna, conforme las mejores prácticas en la materia, y es un punto sobre el cual KPMG ha insistido reiteradamente”.

Anzola, Poston y Mañón agregan que la revisión e investigación de los correos electrónicos del personal posiblemente involucrado fue un hecho que se hizo obligatorio en la averiguación, por cuanto la mayoría del personal que estuvo directamente involucrado en actos de corrupción y otras conductas irregulares no laboraba en PDVSA, subsidiarias o filiales, a la fecha de la comunicación y resultaba casi imposible entrevistarlos.

Indican que un número considerable del personal Bariven, sus subsidiarias y filiales que entrevistaron, negó tener conocimiento específico de los actos de corrupción y demás actividades irregulares relacionadas con Rincón, Shiera y otros proveedores de bienes y servicios.

Informan que cierto personal directamente implicado en los actos de corrupción cometidos por Rincón y Shiera y demás actos irregulares frecuentemente impartían instrucciones e intercambiaban notas vía correos electrónicos.

Los abogados de Squire Patton Boggs solicitaron a los buenos oficios del Comité de Investigación y Control de PDVSA para que les proveyeran copia de todos los correos electrónicos del personal bajo sospecha, generados del 1° de enero de 2009 a la fecha de la terminación del empleo de cada persona o hasta la fecha de la comunicación en el caso de aquellas personas aún trabajaban en la corporación.

También requirieron que Bariven proveyera los nombres del personal que desde 2007 a la fecha, se desempeñó en las posiciones de presidentes de Bariven, gerentes generales de Bariven, gerentes de Procura de Bariven, gerentes de Procura Internacional de Bariven, gerentes de Servicios Técnicos de Bariven, gerentes de Finanzas de Bariven.

También los nombres del personal que desde 2007 a la fecha desempeñó funciones como gerentes generales de PSI y PSBV.

El criterio de Squire Patton Boggs sobre la incautación de bienes

El 26 de julio de 2016, los abogados Rebekah J. Poston, Alfredo Anzola y Raúl B. Mañón, de la firma Squire Patton Boggs, remitieron un memorando al Comité de Investigación y Control de PDVSA, relativo a los “Procedimientos Auxiliares de Incautación de Bienes de Terceros; Resarcimiento de Daños”.

En el texto de la comunicación hacían mención a las vías legales que, bajo la legislación de Estados Unidos, estaban a disposición de PDVSA para procurar, primero, la participación en la liquidación de los bienes incautados a las personas que se han declarado culpables ante la justicia en Houston y que a la fecha incluían a Roberto Rincón, Abraham Shiera y los exempleados de PDVSA Services Inc., Christian Maldonado, José Luis Ramos y Alfonzo Graviña, a quienes la fiscalía estadounidense había incautado bienes inmuebles y dinero en efectivo depositados en cuentas bancarias dentro del territorio de Estados Unidos y en la Isla de Man.

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Explicaron que había dos vías de acción legal, una, en la que PDVSA figurara como tercero participante en un procedimiento civil de incautación de bienes, y segundo, PDVSA como víctima de daño solicitando el resarcimiento en un procedimiento penal.

En tal sentido, informaron que ambos recursos eran diferentes pero no excluyentes, por lo que la recomendación de Squire Patton Boggs era iniciar las dos acciones de manera simultánea.

Entonces Poston, Anzola y Mañón pasaron a explicar cada uno de los procedimientos.

PDVSA como tercero participante en un procedimiento de incautación de bienes

Los abogados precisaron que en los casos federales —como en efecto es la causa de Rincón y Shiera— los procedimientos de incautación criminal se llevan a cabo de acuerdo a lo establecido en la Regla N° 32.2 de las Reglas Federales de Procedimiento Criminal que indica que solamente la porción de los bienes que pertenece al acusado puede estar sujeta a incautación.

En este sentido, los intereses de terceros en el mismo bien o propiedad son determinados por separado en un procedimiento “auxiliar” después de que una orden de incautación ha sido emitida contra el acusado.

Agregan que la acción legal en relación con terceras personas es considerada una acción civil y es controlada por las Reglas Federales de Procedimiento Civil. Así, en los casos de Ramos, Graviña y Maldonado, la fiscalía presentó el 29 de junio y el 12 de julio de 2016, sendas mociones sin oposición para obtener Ordenes Preliminares de Incautación y Ventas Interlocutorias de Propiedad Inmobiliaria. La Fiscalía también presentó mociones similares para Rincón y Shiera, pero lo hicieron al amparo de confidencialidad, por lo que no son de conocimiento público. Suponen los abogados que estas mociones son idénticas a las otras tres mociones ya mencionadas, pero sobre bienes de mayor valor.

Las propiedades de los tres exempleados de PDVSA sobre los cuales la fiscalía solicita incautación y/o liquidación son, en el caso de Ramos, cuatro bienes inmuebles y haberes en una cuenta en un banco extranjero, así como una indemnización en efectivo de USD 10.319.316,15.

En lo que respecta a Graviña, una indemnización en efectivo de USD 590.466; de Maldonado  se pide igualmente una indemnización en efectivo de USD 165.000.

Los abogados explican que un tercero no puede hacer un reclamo cuando la incautación consiste de una indemnización en efectivo, pero dejan abierto un camino que consiste en esperar que la Fiscalía incaute una propiedad específica para ejecutarla en liquidación y entonces PDVSA podría presentar una demanda sobre las propiedades incautadas, que en este caso están valoradas en aproximadamente USD 1.3 millones en conjunto.

Precisaron los representantes de la firma de abogados que PDVSA puede presentar su demanda sobre los bienes incautados, incluyendo cualquier dinero producto de la liquidación de bienes hasta 30 días después del último anuncio publicado en un diario de la jurisdicción que lleva el caso o en la que se encuentran los bienes (Texas o Florida) o en la página web que al efecto lleva la Oficina de Incautación de Bienes y Lavado de Dinero del Departamento de Justicia.

Refieren que PDVSA como víctima de los esquemas de soborno, califica como un tercero con intereses para presentar su reclamo en el procedimiento auxiliar.

Indicaron que la fiscalía informó al juez la posibilidad de que el saldo de la cuenta bancaria en la Isla de Man que pertenece a Ramos sea regresado a los EE. UU. y depositado en una cuenta del gobierno y, en tal caso, los fondos transferidos estarían sujetos a incautación como propiedad tranzable a la cuenta en la Isla de Man.

Resarcimiento de daños

El otro recurso legal al que puede recurrir PDVSA, según recomendaron los abogados de Squire Patton Boggs, es el resarcimiento de daños sufridos que permite que se incluya cualquier bien de propiedad del acusado.

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De este modo, PDVSA podría buscar restitución de a) cualquier indemnización en efectivo ordenada contra los acusados; b) cualquier efectivo obtenido de la liquidación de propiedad inmobiliaria de los acusados incautada por la Fiscalía; c) cualquier cuenta bancaria incautada por la Fiscalía; d) otros bienes cualesquiera de cualquier acusado incautados por la Fiscalía.

Squire Patton Boggs estima —y así o hace saber en la comunicación— que con la adopción de las dos vías, incautación y resarcimiento, “PDVSA estaría dando un claro mensaje de cuál es su política de tolerancia cero a la corrupción, tomando acciones efectivas y contundentes en el seno del sistema judicial americano”.

Además, la adopción de los recursos le permitiría a la estatal recuperar una mayor cantidad a que se circunscribiera únicamente a presentar un reclamo como terceros en un procedimiento auxiliar donde los daños estarían limitados a las ganancias de las ventas interlocutorias de las propiedades inmobiliarias de Ramos, subrayaron los abogados.

Luego de explicar el procedimiento a seguir, Rebekah J. Poston, Alfredo Anzola y Raúl B. Mañón reiteraron que la razón principal por la que recomendaron que sea PDVSA la accionante en ambos recursos legales, es que la petrolera “es la víctima directa o afectada principal de las acciones fraudulentas cometidas en su contra, pues en todo caso Bariven y sus dos filiales son meros agentes de ella”. No hacerlo así podría provocar que el Tribunal considerara que otro accionante, por ejemplo Bariven o PSI, carece de legitimidad activa para demandar y por lo tanto deseche ambos recursos.

Del Pino en conocimiento del asunto

El 29 de julio de 2016, el auditor general de PDVSA, César Andrés Milano, envió al presidente de la estatal, Eulogio Del Pino, una comunicación de carácter confidencial identificada con el número de referencia AIC -2016-076, en la que le remitía los dos memorandos de la firma de abogados Squire Patton Boggs para su consideración y análisis.

Los citados memorando versaban sobre los “Procedimientos Auxiliares de Incautación de Bienes de Terceros; Resarcimiento de Daños” y “Acceso a correos electrónicos de cierto personal de interés y otra información requerida”, como ya se ha hecho referencia líneas arriba.

En el marco de esa investigación, pudimos conocer que el 14 de agosto de 2017 el entonces presidente de PDVSA, Eulogio del Pino solicitó al vicepresidente de la petrolera, Simón Zerpa y al presidente de Bariven, Francisco Jiménez realizar un bloqueo preventivo inmediato de 10 empresas para todo tipo de operaciones en el maestro de proveedores, incluyendo colocación de pedidos, pagos y financiamiento en la Faja Petrolífera del Orinoco “Hugo Chávez Frías”.

Del Pino argumenta que la decisión debe tomarse en el marco de una investigación que se realizó sobre la procura de la Faja Petrolífera donde se identificaron 10 empresas como “de alto riesgo a las cuales se les debe hacer bloqueo inmediato”.

En la carta, el presidente de PDVSA exige que dichas empresas no sean consideradas en invitaciones a participar en procesos de licitación, celebración de negocios y contratos hasta que culmine la investigación. Entre las empresas se encontraban  Derwick cuyos principales directivos son Leopoldo Alejandro Betancourt López y  Pedro Trebbau, y Tradequip CA  del Roberto Rincón.

He aquí la carta en cuestión:

Empleados bajo sospecha

Los empleados de Petróleos de Venezuela, S.A., sus subsidiarias y filiales que estaban bajo sospecha de estar relacionados con el caso de Roberto Rincón y Abraham Shiera, así como con Derwick Associates, son: Javier Alvarado (Bariven), Veronica Arce (PSBV), Guillermo Arellano Pinto,  Juan José Bastardo (PSI), Franklin Bellera, José Camacho (BRV, ex CITGO), Natasha Alejandra Cardier (Bariven), Juan Carlos Chong (Bariven), Rosa Elena De Sousa, Yosmal Espinoza Díaz (Bariven), Brenda Fernández, Roy Gamboa, Alexis García, Deivis González (PDVSA Operaciones Acuáticas), Valdemore González, Alfonso Graviña (PSI), José Guerrero, Euci Guzmán, Hernando Henríquez (Bariven), Luis E. Hernández H.

También, Francisco Jiménez Villarroel, Francisco Jiménez (Bariven),  Francisco, Jr. Jiménez, George Khabboul (Bariven), Christian Javier Maldonado Barillas (BRV/PSI), Ower Manrique (Bariven), Nery Mavarez (Bariven), Charles Moreno (Bariven), Jorge Parra Moreno, Karina Núñez, Gustavo Oses (Bariven), Ingridbell Pereira (Bariven), Iraima Ramírez Pérez (fallecida), Humberto Puche, José Pirela (Bariven), Luis Pulido, José Luis Ramos Castillo (Steverson Staffing Agency /PSI), Sanya Ramos (PSI), Izordyn Rangel, Rafael Ernesto Reiter (PDVSA), César Rincón (Bariven), Ramiro Rodríguez (PDVSA/BRV, ex CITGO proyectos especiales), Edgar Romero (Bariven), Ana Rondón (Bariven).

Igualmente, Manuel Santoyo, Gregory Sorbara, Maximiliano Soto (Bariven), Joaquín Torres (Bariven), Celigmar Ubals (PSI), Reynel Vergara (Bariven), Ad Verhoeff (PSBV), Ainisis Vivas, Ismary Yeguez (Bariven), Eusebio Zavati (Bariven).

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El caso de Rincón no ha concluido

A pesar que los abogados estadounidenses de PDVSA hicieron las advertencias de rigor, muchas empresas nos fueron excluidas de los carteles de licitación sino que permanecieron, e inclusive lograron a través de mecanismos complejos e irregulares, asociarse con PDVSA en varios proyectos, incluyendo empresas mixtas. Paralelamente, el caso de Roberto Rincón y Abraham Shiera lleva más de 17 acusados, entre ex empleados y contratistas. De acuerdo a fuentes consultadas aún no han sido arrestados todos los conspiradores de este monumental saqueo a PDVSA. Seguiremos informando.

[1] Squire Patton Boggs. https://www.squirepattonboggs.com/en/

[2] https://maibortpetit.wordpress.com/2018/04/10/maibort-petit-presidente-de-pdvsa-pide-bloquear-a-10-empresas-con-antecedentes-de-corrupcion-para-operar-en-la-faja-petrolifera-del-orinoco/