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Exenfermera de Chávez habría guardado oro en una bóveda secreta – TalCual – 3 de Agosto 2020

Claudia Díaz exenfermera

La exenfermera y extesorera de la Nación Claudia Díaz y su esposo están bajo investigación en España y Venezuela exige su extradición


La agencia Associated Press (AP) reveló este lunes 3 de agosto que Claudia Díaz, ex tesorera de Venezuela y quien fue enfermera de Hugo Chávez, tuvo acceso a los registros judiciales de Liechtenstein, un principado de habla alemana ubicado entre Austria y Suiza, en el que se evidencia que la ex funcionaria venezolana habría comprado unos 250 lingotes de oro -valorados en más de $9,5 millones- a través de una compañía fantasma establecida en San Vicente y las Granadinas.

Al parecer, las barras de oro -con un peso aproximado de 2,2 libras- se almacenaron en una bóveda privada dentro de Liechtenstein que estarían disponibles para ella y su hijo después de que este cumpliera 18 años. La investigación arrojó que años más tarde, una parte de esos lingotes habría sido vendida por un representante de Díaz y los ingresos depositados en un banco suizo.

Las transacciones actualmente están en investigación sobre cómo esas empresas de maletín y banqueros poco fiables hicieron estos movimientos que convirtieron al país en uno de los más corruptos del mundo. «Si bien se estima que hasta $ 300 mil millones han sido saqueados de las arcas estatales de Venezuela en dos décadas de gobierno socialista, la comprensión de los investigadores sobre cómo se lavó el dinero sucio aún está emergiendo», dice el texto.

Además de la investigación en Liechtenstein, Claudia Díaz y su esposo, Adrián Velásquez, han sido sancionados por EEUU por su presunta participación en un esquema monetario de $2.4 mil millones y son identificados como conspiradores no identificados en una acusación federal de Miami contra el predecesor de Díaz, -Alejandro Andrade- como tesorero. Los fiscales españoles también están investigando su compra de un apartamento de $1.8 millones en Madrid.

Ismael Oliver, el abogado madrileño de Díaz y su esposo, dijo que sus clientes «no tenían conocimiento, oficial o de otro tipo», de la investigación realizada por Liechtenstein.

«Ella niega radicalmente haber tenido lingotes de oro o cualquier cuenta bancaria en Liechtenstein», dijo Oliver.

El banquero suizo Charles-Henry de Beaumont, que trabajó en la Compagnie Bancaire Helvetique SA (CBH), con sede en Ginebra, es clave en la investigación contra Claudia Díaz en la arista de Liechtenstein, ya que el hombre sería el responsable de hacer transferencias de todos los funcionarios venezolanos a cuentas en Suiza mientras la extesorera supervisaba las finanzas de Venezuela en la OPEP.

De acuerdo con la solicitud del tribunal de Liechtenstein, Beaumont supuestamente estaba trabajando con Danilo Diazgranados, un financiero venezolano que llamó la atención en 2017 por ser dueño de la empresa offshore que compró el fondo de cobertura del asesor de Trump Anthony Scaramucci cuando se unió a la Casa Blanca.

A mediados de 2018, la exfermera de Hugo Chávez y tesorera de la Nación durante dos años, Claudia Patricia Díaz Guillén, manifestó su inquietud acerca de su extradición a Venezuela junto a su esposo, Adrián Velásquez Figueroa, para ser procesados por presunto enriquecimiento ilícito.

En una entrevista a BBC Mundo, Díaz Guillén dijo que «nosotros nos ponemos a la orden de la justicia, pero lo que no queremos es que nos envíen a Venezuela, un país donde se nos va a torturar».

Actualmente, Díaz Guillén y Velásquez Figueroa esperan una decisión de la Audiencia Nacional de España sobre sendas recusaciones a las extradiciones que ya habían sido aprobadas.

A mediados de julio de 2020, el juez español Jaime Serret cursó dos solicitudes a Suiza y EEUU para investigar la fortuna oculta de Claudia Díaz en esos países.

OK Diario recordó que ella y su esposo en 2015 se trasladaron de manera clandestina en España. Un año después salieron a la luz los llamados papeles de Panamá, y el ex militar apareció como cliente del bufete de abogados Mossack Fonseca dedicado a crear entramados societarios para ocultar dinero.

Exterminio ambiental en Guayana por Andrés Velásquez – Caraota Digital – 26 de Julio 2020

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“Lo que ocurre al sur del Orinoco es una barbarie y un vulgar saqueo”. Esta lapidaria afirmación que comparto plenamente, corresponde al diputado por el Estado Bolívar Américo De Grazia, y la frase recoge con toda su crudeza el exterminio ambiental que se comete en la Guayana Venezolana.

El reciente informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas,para los DDHH, Michelle Bachelet, incluye el grave problema que representa para Venezuela y el mundo,el “Arco Minero de la muerte”que se ejecuta en Venezuela.

Esta política suicida que adelanta Nicolas Maduro,ocupa el 12% del territorio nacional, comprende 111.843 Km2,y ha sido emprendido sin estudios de impacto ambiental, ignorando la existencia de áreas bajo régimen de administración especial (ABRAE) afectando parques nacionales y territorios legítimos de nuestros pueblos indígenas.

Entre tantas locuras e improvisaciones, ésta viene a ser una de las más peligrosas por el daño que causa, el régimen después de haber despilfarrado y robado el mayor ingreso de nuestra historia, destruyendo por completo la industria petrolera, ahora mete desesperadamente sus garras en la región de Guayana para impulsar su política extractivista de oro, que podemos calificar de aniquilación de nuestro mayor patrimonio de vida.

Porque cuando hablamos del “Arco Minero del Orinoco”,estamos hablando de uno de los ecosistemas más frágiles de Venezuela y el mundo, hablamos de zonas bajo protección especial, parques nacionales,hablamos del hábitat de pueblos indígenas, de riqueza de flora y fauna, de cuencas hidrográficas estratégicas, de morichales y toda una belleza paisajística que hoy por hoy están siendo intervenidas y puestas en riesgo de extinción.

Aceptar la aniquilación de todo este ecosistema,terminaría de abonar el terreno hacia la destrucción total del país,del hogar de todos,de la tierra,del oxígeno,de nuestras aguas,de la patria.

Hagamos un ejercicio:pensemos por un momento: ¿cómo sería Venezuela si se seca el rio Caroní o el Caura? Sería oscuridad y atraso. ¿Acaso seríamos lo mismo si desaparece la Sierra de Imataca? ¿Qué pasa si envenenan y secan todos los ríos?

Ninguna trasnacional, ni gobierno, por muy poderosos que sean o por muchos dólares que traigan puede pensar que en Guayana se puede hacer impunemente con la naturaleza lo que está prohibido y penado en sus países de origen.

Maduro y su pandilla no pueden pretender que su necesidad de recursos para mantenerse usurpando el poder está por encima de los derechos de un país a tomar agua pura, a respirar aire limpio y a vivir sanamente.

¿De qué riqueza puede hablarse destruyendo bosques, contaminando aguas, extinguiendo especies? No puede ser lícito lo que destruye tu patrimonio de naturaleza para la vida.

Apelamos a toda Venezuela,a Naciones Unidas y todos los organismos y ONGs ambientalistas, para parar este exterminio de vida para Venezuela y el mundo, el llamado es urgente:

¡SOS GUAYANA!

Venezuela Mad Max por Leonardo Vera – Politika UCAB – 22 de julio 2020

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Al igual que la mayoría de los países del sub-continente, Venezuela comienza a lidiar con la pandemia del Covid-19 en marzo de 2020, pero en franco contraste con el vecindario el impacto de este azote ha llegado en el contexto de una sociedad distópica, donde una pequeña hueste rodeada de privilegios y seguridades impone su poder despótico sobre sus congéneres, y estos lanzados a la incertidumbre sobreviven a una crisis de dimensiones socio-económicas desconocidas en el hemisferio. Venezuela lleva sobre sí la marca de una catástrofe. En 6 años acumula una caída del producto interno bruto de 65%, y este año las estimaciones más optimistas hablan de una caída adicional de 26%, de lejos, la debacle productiva más dramática en el continente.

En noviembre de 2017 la tasa de inflación mensual en Venezuela marcó 56%, y desde entonces el flagelo es galopante y el país se encamina a su cuarto año con tasas de inflación estratosféricas. Frente a la indolencia y carencia de políticas de estabilización, sólo la brutal caída del consumo parece ser la esperanza de las autoridades públicas; ineptas e indiferentes, asentadas en las trincheras del poder.

Estos dos terribles males macroeconómicos -depresión e hiperinflación- se han comido literalmente la economía. Tanto es así, que el ingreso por habitante en Venezuela ha retrocedido 73 años para ubicarse en los niveles registrados en el año 1946. La Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI), un encomiable esfuerzo de tres universidades por conocer la calidad de vida de los hogares, ha revelado hace unos días que cerca de 79 % de los hogares en Venezuela son pobres extremos. Lo son por no tener ingresos suficientes para cubrir el costo de la canasta alimentaria. Para estos pobres extremos, las transferencias gubernamentales (bonos y ayudas), representan el 45% de sus ingresos, pero el monto de esas transferencias y ayudas oscilaba, para el momento que se realizó la ENCOVI (Oct 2019 – Mar 2020), entre 1 y 5 dólares mensuales. Con semejante precariedad para llevar pan a la mesa, no es extraño que la ENCOVI encuentre 639 mil niños menores de 5 años con desnutrición crónica.

Apaleados por una fórmula sin precedentes de generar pobreza, legiones de venezolanos han salido del territorio. Mayormente caminan hacia los países vecinos y al sur del continente en búsqueda de trabajo. El éxodo en los últimos tres años según las estimaciones de OIM es de 2,7 millones. Las cifras de ENCOVI es ciertamente menor, 2,3 millones. En una ventana de tiempo más amplia la migración venezolana en los últimos años se estima en 5 millones de personas.

Una encuesta hecha en Colombia, el país que hoy recibe la mayor parte de la migración venezolana, indica que, entre los migrantes venezolanos, 45 % completó sus estudios de secundaria y 28 % tiene formación técnica superior o universitaria. Pero 89 % no ejerce su profesión u oficio en Colombia porque no cuenta con los permisos necesarios. La realidad es que los procesos de convalidaciones y homologaciones son una barrera para buscar empleo y la mayor parte subsiste en la precariedad de los empleos informales. De cara a los estragos económicos de la pandemia en la región, Eduardo Stein, Representante Especial Conjunto ACNUR-OIM ha señalado hace unos días: “Los venezolanos en toda la región ahora se enfrentan al hambre, la falta de acceso a la atención médica, las perspectivas de la falta de vivienda y la xenofobia”.

Muchos han quedado en la calle a raíz de la pandemia. Para ellos, que hace unos años atrás eran ciudadanos andinos, hoy no existe siquiera la protección social. Algunos han decidido regresar. Regresar sin mayores perspectivas a una economía arruinada, pero donde al menos algún techo y red de seguridad familiar existe. Pero el regreso es un martirio y la moral se arrastra. Son recibidos por gente que los llama “bioterroristas” y los mira con desprecio ¿A qué realidad regresan?.

Venezuela está dejando de ser un país petrolero, y de manera acelerada. La industria de los hidrocarburos ha quedado desmantelada tras años de desinversión, sobre-endeudamiento, frágil gobernanza, y caos organizacional. Esta debacle aunada a las sanciones comerciales de los EE.UU., han llevado la producción de crudo de 2 millones 800 mil barriles en 2014, a escasamente 393 mil barriles al cierre del primer semestre de este año, un nivel de producción no visto desde el año 1943. Venezuela, que llegó a tener el parque refinador más grande del mundo, ha paralizado por meses la movilidad interna por la aguda escases de combustible.

Así que en Venezuela no hay renta petrolera que distribuir, la depresión y el paro decretado durante la pandemia han hundido además la recaudación tributaria, en un país que está aislado financieramente del resto del mundo. Venezuela no recibe ayuda hoy de ningún organismo multilateral y sólo el sistema de emergencia humanitaria de las organizaciones de Naciones Unidas junto con otras agencias de ayuda están aportando algún recurso para lidiar con un sistema público de salud, con pocas excepciones, en ruinas.

Las necesidades de servicios públicos son apremiantes. El agua y la energía eléctrica fallan recurrentemente en las mayores ciudades del país. Un 93 % de los hogares usa gas para cocinar, pero la distribución se ha convertido en un dolor de cabeza para el monopolio del Estado. El transporte público se ha venido a menos y de aquel país que llegó a tener una de las mejores infraestructuras de servicios públicos de América Latina y el Caribe, ya no queda ni su sombra.

La pandemia es ahora que comienza a expandirse peligrosamente, con un crecimiento preocupante de casos comunitarios. Ante un sistema de salud que colapsa con un soplo, y sin calidad institucional para diseñar protocolos específicos de bioseguridad, las autoridades han decidido encerrar a la gente otra vez.

Sin trabajo y sin posibilidades de salir a la calle, muchos venezolanos se reinventan desde sus hogares ofreciendo múltiples servicios como venta de comestibles y otras reventas de productos. Los que no, dependen de la caridad pública. La asistencia pública llega de la boca de Nicolás Maduro, cuando cada quince días anuncia su dádiva. Desde mediados de abril ha repartido 8 bonos, no todos universales, con montos que oscilan entre 1,5 y 3,5 dólares. En grotesco contraste, las estimaciones del Centro de Documentación y Análisis Social adscrito a la Federación Venezolana de Maestros (CENDAS-FVM), indican que la cesta de alimentos para un hogar ronda los 300 dólares al mes.

El gobierno de Maduro también ofrece una ayuda directa en alimentos; el programa CLAP que nació en abril de 2016 en el marco de un Decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica. Consiste en una caja de alimentos de origen importado, y cuyo contenido ha mermado en los últimos meses. La ENCOVI brinda alguna información relevante del programa y encuentra que, entre noviembre 2019/marzo 2020, 92% de los hogares declaran haber recibido las cajas CLAP, lo que revela un gran esfuerzo de cobertura, pero además un altísimo grado de dependencia económica y alimentaria de la ayuda gubernamental por parte de los hogares. Mientras 39% señala recibirla una vez al mes, un 46% señala recibirla sin periodicidad definida. El subsidio implícito de una caja CLAP está alrededor de 7 US$.

El programa se ha visto envuelto en un gran escándalo internacional al descubrirse entre otras cosas una oscura trama en la comercialización de estos alimentos que son pagados en otras latitudes con oro extraído al sur del Orinoco.

Allí en la región verde del país, el gobierno de Nicolás Maduro ha cedido a la explotación minera 111.843 km2 de territorio (equivalente al tamaño de Honduras). No es minería industrial; es minería ilegal y artesanal en uno de los ecosistemas más frágiles del planeta, afectando la vida y la cultura de las comunidades indígenas en áreas donde ahora se denuncia explotación laboral, sexual e infantil, donde prolifera la malaria, un espantoso daño ambiental y en presencia de grupos delictivos que controlan las minas y que han terminado desatando una violencia, que llevó a los municipios de Caroní y Heres a tener en 2019 las tasas de homicidios más alta del país, con 97 y 86 asesinatos por cada 100.000 habitantes, respectivamente, según el Observatorio Venezolano de Violencia.

Así, lo que parecía inconcebible ha llegado. El oro que procede de la devastación del bosque tropical lluvioso y del mayor capital natural de Venezuela, ha terminado entonces siendo la fuente de recursos que paga las importaciones de comida que en duras horas llenan el estómago de las famélicas familias venezolanas.

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La voracidad minera asfixia a los indígenas venezolanos por Florantonia Singer – El País – 20 de Julio 2020

Maduro ha ampliado la superficie de extracción en el Arco Minero del Orinoco y autorizado la explotación en seis ríos

El Arco minero del Orinoco, el megaproyecto de explotación minera de Venezuela.
El Arco minero del Orinoco, el megaproyecto de explotación minera de Venezuela.GOBIERNO VENEZOLANO

“Aquí todo el mundo se convirtió en minero”. Armando Obdola ha- bla por teléfono desde el Estado de Bolívar, en el sur de Venezuela. Es presidente de la Asociación Ka- pé Kapé, que lucha por los dere- chos de las comunidades indígenas de ese territorio, 197 de ellas ubicadas dentro del llamado Arco Minero del Orinoco (unas 54.000 personas), una franja que ocupa el 12% del territorio nacional y que hace cuatro años el Gobierno de Nicolás Maduro declaró como zona estratégica de aprovechamiento económico.

Para el líder comunitario, con esta medida, que se tomó sin la consulta a todas las comunidades indígenas, la hecatombe estaba cantada. El decreto desató una voraz extracción de minerales (sobre todo oro, pero también coltán y diamantes) sin control y la zona se ha convertido en escenario de graves violaciones de derechos humanos, según reveló la semana pasada la Alta Comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. “Esto se pudrió como un mango”, agrega Obdola.

Hace unos meses, Obdola se reunió con los comisionados de Bachelet que elaboraron el informe. El documento recoge denuncias de explotación laboral, sexual e infantil, aumento de enfermedades, daño ambiental y presencia de grupos delictivos que controlan las minas y han desatado una violencia que llevó a los municipios de Caroní y Heres a tener en 2019 las tasas de homicidios más alta del país, con 97 y 86 asesinatos por cada 100.000 habitantes, respectivamente, según el Observatorio Venezolano de Violencia. En plena pandemia, Kapé Kapé también realizó una serie de entrevistas con indígenas que trabajaron en las minas para medir el impacto de esa actividad en las comunidades. Los testimonios recogidos en un estudio confirman en primera persona lo que dice el duro informe de Naciones Unidas, desestimado por el Gobierno. “Cuando comenzó la práctica de la minería en el [río] Caura, decidí dejar de elaborar más artesanía con la cual mantenía a mi familia con la intención de buscar una mejor calidad de vida para mi familia, esposa, hijos, hijas y nietos. Pero todo fue lo contrario, porque durante mi estancia allá solo gané enemigos, me enfermé, hice trabajo forzado, tuve amenazas de sindicatos [grupos armados que controlan las minas] para quitarme mis pertenencias”, relató a Obdola un indígena yekwana que trabajó seis años en la zona de Yuruani.

Captación de jóvenes

El líder comunitario también recogió testimonios en el Estado de Amazonas, en el suroeste -los indígenas al sur del Orinoco afectados por la minería son unos 172.000-. “El Cerro Yapacana ya no es un parque nacional, es una destrucción total, de la naturaleza, la tierra, el agua. Allá cualquier agua que uno bebe está contaminada y le empieza a pegar la diarrea. Hay mucho niño enfermo, hay muchos niños en todas esas minas”, le contó un profesor de 33 años de la etnia jivi que trabajó en una explotación entre noviembre y diciembre pasado. “Mi esposo trabajó de caletero [operario]. Estábamos contando con que nos pagarían 20 gramos de oro, que era con lo que queríamos salir de ahí para poder comprar la ropa de nuestros hijos en diciembre, pero nunca nos pagaron”, abundó la esposa (ninguno dio su nombre).

La Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif. En vídeo, sus declaraciones sobre la situación de los mineros en Venezuela.(REUTERS)

La grave crisis económica en Venezuela ha convertido la minería en un modo de supervivencia. De esas reservas minerales vive el Gobierno, asfixiado por la caída de ingresos petroleros y las sanciones. Pero no hay datos oficiales de lo extraído. El año pasado, Maduro comenzó a repartir minas a gobernadores e instituciones como vía para generar ingresos. Cientos de venezolanos han migrado para trabajar en esas explotaciones. La opacidad y la falta de información por parte del Gobierno sobre los planes para regularizar la actividad son parte de los reproches del informe de la Alta Comisionada de la ONU.

Una preocupación adicional que asoma es lo que supone para los pueblos indígenas la entrada en la minería como modo de vida. “La captación de jóvenes para actividades mineras y para grupos irregulares es una realidad en estos pueblos. Hay una transculturización de las comunidades indígenas. Van los padres a las minas y los niños crecen viendo que no hay alternativa y así se va pudriendo la sociedad”, dice Obdola.

El pasado abril, el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico dictó la resolución 010, que autoriza la explotación de oro y diamantes en los ríos Caura, Cuchivero, Aro, Yuruari, Cuyuní y Caroní, cuencas vitales para el ecosistema amazónico. Así, los ríos del Arco Minero del Orinoco también podrán ser explotados. La medida pone en riesgo a las etnias pemón, yekuana, sanema, yanomami y jivi, que viven en esas riberas. El informe de Bachelet recomienda revocar la resolución, que para Obdola empeorará lo que ya viene ocurriendo.

Obdola lo explica así: “Pasamos del país del hambre, que se siente en el estómago, al país de la miseria, que se siente en la cabeza”. Y una preocupación adicional que asoma es lo que supone para los pueblos indígenas la entrada en la minería como modo de vida. “La captación de jóvenes para actividades mineras y para grupos irregulares es una realidad en estos pueblos. Hay una transculturización de las comunidades indígenas. Van los padres a las minas y los niños crecen viendo que no hay alternativa y así se va pudriendo la sociedad”.

El 8 de abril, cuando el país atravesaba su tercera semana en cuarentena por el coronavirus, el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico dictó la resolución 010 que autoriza la explotación de oro y diamantes en los ríos Caura, Cuchivero, Aro, Yuruari, Cuyuní y Caroní, cuencas vitales para el ecosistema amazónico. Así, los ríos del Arco Minero del Orinoco también podrán ser explotados.

La grave medida, que pone en riesgo a las etnias pemón, yekuana, sanema, yanomami y jivi que viven en esas ribera, pasó sin mayor revuelo en un país con cada vez menos medios de comunicación, sumido en una grave crisis política, económica y social a la que pandemia ahora ha añadido una nueva dosis de caos. El informe de Bachelet recoge el tema y recomienda revocar la resolución, que para Obdola empeorará lo que ya viene ocurriendo. “Todos los daños por el uso desproporcionado de máquinas, del mercurio y la gasolina que fluye por los ríos ya los estamos viendo. La gente vive con enfermedades gastrointestinales, ya no se saca la misma cantidad de pescado, los animales se envenenan y la tierra no tiene el mismo poder. Aguas abajo del arco minero ya están los efectos. Esto es una mega crisis que avanza a paso acelerado”.

Investigaciones sobre minería ilegal y corrupción ganadoras de la X Edición del Premio IPYS Venezuela – Instituto Prensa y Sociedad – 10 de Julio 2020

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IPYS Venezuela, julio de 2020. La minería ilegal y la corrupción son los temas de los dos trabajos ganadores del primer lugar de la X Edición del Concurso Nacional de Periodismo de Investigación del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela).

Luego de evaluar los 60 trabajos postulados, el jurado del concurso, conformado por Mónica González (México), Tomás Ocaña Urwitz (España), Tamoa Calzadilla (Venezuela) y David González (Venezuela), decidió, de manera unánime, compartir el primer lugar entre el trabajo Canaima: el paraíso envenenado por el oro y la serie de dos reportajes ¿Necesitan lavar su reputación? se alquilan diputados para tal fin y Siete países para siete diputados en defensa de Alex Saab.

Canaima: el paraíso envenenado por el oro,  publicado en Runrun.es, El Pitazo y Tal Cual, es una investigación de Lisseth Boon y Lorena Meléndez. La misma, consideró el jurado, demuestra cómo la crisis venezolana promueve el deterioro ambiental a través de prácticas extractivistas que privilegian la explotación de las riquezas en detrimento de los derechos humanos de pueblos originarios y la conservación de un parque natural.

El trabajo investigativo que comparte el primer lugar es una serie que incluye los dos reportajes ¿Necesitan lavar su reputación? se alquilan diputados para tal fin y Siete países para siete diputados en defensa de Alex Saab, realizado por Roberto Deniz y publicado en Armando.Info. Esta investigación revela las relaciones irregulares de un empresario vinculado con el poder presidencial, y explica cómo la corrupción alcanza a diputados de la Asamblea Nacional.

Con el segundo lugar del concurso se alzó la investigación Fraude vertical: Los gimnasios de Maduro que no trajeron paz pero sí negocios,  publicado en El Pitazo.net y Connectas.org, bajo la autoría de Johanna Osorio Herrera y Nadeska Noriega Ávila, y la reportería de Johanna Osorio Herrera, Nadeska Noriega Ávila, Patzzy Salazar, Daniel Benítez, Liz Gascón, Armando Altuve, Alfredo Morales, José Leonardo Barreto, Ruth Lara Castillo, Gladylis Flores, Irene Revilla, Jesymar Añez, Joanne González, Lidk Rodelo, Rossana Batistelli, Lisbeth Miquilena, María Gabriela Dannieri, María Fernanda Rodríguez, Mariana Duque, Mayreth Casanova, Nataly Angulo y Yesenia García. Según los miembros del jurado, este trabajo “fue capaz de combinar la metodología documental del periodismo de investigación con un exhaustivo trabajo de campo, en una apuesta que permitió visitar 50 estructuras en 15 estados del país”.

El tercer lugar del Premio IPYSve se le otorgó al reportaje 102 toneladas de droga esfumadas en manos del Estado, de Cristina González y publicado en Efecto Cocuyo. De acuerdo con el veredicto, “se trata de un trabajo que con originalidad y rigor metodológico, a pesar de las dificultades y los riesgos asociados al tema, demuestra lo que ocurre con la destrucción de los decomisos de droga por parte de funcionarios del Estado venezolano”.

Asimismo, el jurado decidió entregar menciones especiales, por cumplir con los criterios del periodismo de investigación con una metodología meritoria y por su excelente narrativa, a los siguientes dos trabajos:

Finalmente, los miembros del jurado felicitaron a todos los participantes y ofrecieron su palabra de estímulo para que sigan con la práctica del periodismo de investigación, a pesar de las difíciles circunstancias que vive Venezuela.

El anuncio de los ganadores del X Concurso Nacional de Periodismo de Investigación se llevó a cabo este viernes 10 de julio de 2020 vía online y fue transmitido desde Caracas a través de las plataformas Zoom y Facebook.

Álex Saab controlaría oro venezolano a través de su concuñado italiano – El Tiempo – 9 de Julio 2020

Lidera firma turca socia del régimen. Saab habría apoyado llegada de Eln y ex-Farc al arco minero.

En vivo: ‘Álex Saab les lava oro venezolano al Eln y a disidencias de Farc’El diputado opositor en el exilio, Américo de Grazia, revela que el oro que ilegalmente obtienen el Eln y disidencias de Farc en el llamado Arco Minero, al igual que otros grupos terroristas, es blanqueado por un empresa estatal venezolana que controla el barranquillero Álex Saab. Además, asegura que no se puede descartar una intervención militar internacional en Venezuela “para sacar a la narcodictadura”.

Álex Saab y Camila Fabri

La modelo italiana Camila Fabbri, actual pareja del capturado Álex Saab, está tomando cada vez mayor relevancia en las investigaciones en contra del barranquillero, señalado testaferro de Nicolás Maduro.

La modelo, de 27 años, figura junto al régimen en las cartas para que Cabo Verde no lo extradite a Estados Unidos, bajo el argumento de que estaba en una misión humanitaria para llevar alimentos y medicamentos por la pandemia.

Lorenzo Antonelli

Este es el documento en el que el concuñado de Álex Saab firma contrato con el régimen para explotar oro en el arco minero.

Y todo indica que su parentela es clave en el entramado societario que Saab montó para sacar oro de Venezuela y para realizar millonarias ventas de provisiones: las llamadas cajas Clap.

Reino Unido y el fisco italiano fueron los primeros en poner los reflectores en la modelo y en el concuñado de Saab, Lorenzo Antonelli.

A ambos les decomisaron 1,8 millones de euros, que movieron desde un fideicomiso abierto en el Reino Unido. Y ahora Antonelli aparece como un eslabón clave en la explotación y movimientos de oro del régimen, de comida y hasta de dólares por Turquía, Irán y Rusia.

Lorenzo Antonelli, concuñado de Álex Saab

Este es el italiano Lorenzo Antonelli, novio de la hermana de Camila Fabri, quien es la actual pareja de Álex Saab.

Testaferro del testaferro

En octubre de 2018, con tan solo 25 años, el italiano firmó un contrato con la Compañía General de Minería de Venezuela C. A., para la exploración, búsqueda de yacimientos, explotación y extracción aurífera en el Arco Minero, en los estados Amazonas y Bolívar.

Para echar a andar el proyecto, la compañía estatal y la del italiano crearon la sociedad anónima mixta Minera Binacional Turquía Venezuela (Mibiturven S. A.).
Tarek El Aissami, a quien Saab le dice primo, firmó el contrato a nombre del régimen, y el italiano, en representación de Marilyns Dis Ticaret Ve Madencilik AS.

Para ese momento, Saab ya estaba afianzando la relación con Fabbri, con quien ya tiene dos pequeñas.

Todo el oro que sale del Arco Minero pasa por las manos de Álex Saab

 

EL TIEMPO accedió a bases de datos en Turquía y estableció que Marilyns fue abierta en Estambul, el 2 de mayo de 2014, bajo el número 921299-0. La firma registra una sucursal en Londres, en el 25 Jeremyn Street Suite 29, Bank Chambers.

Para ese entonces, el romano contaba con poca experiencia en el campo minero. Sin embargo, logró que Venezuela aceptara que Mibiturven tuviera una vigencia de 50 años, prorrogables por un plazo igual.

Además, su nombre ya aparecía entre los directivos de otras empresas del entramado de Saab: Adon Trading FZE, constituida en Emiratos Árabes y proveedora de las cajas Clap; y Glenmore Proje Insaat.

Por eso, para investigadores, tanto de Estados Unidos como de Colombia, no hay duda de que así como se señala a Saab de ser el testaferro de Maduro, el italiano cumpliría el mismo rol respecto al barranquillero.

Según documentos en poder de EL TIEMPO, la empresa representada por el concuñado de Saab tiene el 45 por ciento de las acciones. Eso le da derecho a designar a dos de los seis directivos.

“Todo el oro que sale del Arco Minero pasa por la manos de Álex Saab”, le dijo a EL TIEMPO Américo de Grazia, diputado opositor, asilado en Italia. Y agregó que Minerven, la socia de la firma que representa el concuñado del barranquillero, es la única que tiene concesión minera entregada por el Estado venezolano.

El propósito era auspiciar la desestabilización en Colombia a través de acciones de esas organizaciones ilegales, que incluyeron la infiltración de las protestas

Movimientos de lingotes

En las investigaciones contra Saab que llevan cortes federales de Estados Unidos no se habla del posible nexo entre Saab y guerrillas colombianas. Pero una investigación reservada que se adelanta en Colombia verifica versiones según las cuales Saab también abogó para que se les permitiera la explotación aurífera al Eln y a disidencias de las Farc.

El propósito era auspiciar la desestabilización en Colombia a través de acciones de esas organizaciones ilegales, que incluyeron la infiltración de las protestas que se venían registrando antes de la emergencia sanitaria”, explicó uno de los investigadores. Y recordó que, en 2015, Saab también incursionó en el negocio petrolero y se ganó una jugosa licitación en el vecino país.

Pero el negocio se fue al piso porque lo iba a ejecutar a través de la firma Trading Energy and Coal (Trenaco), en donde figuró como socio el empresario Carlos Alberto Gutiérrez Robayo.

Abogado Álex Saab

Este es el abogado de Álex Saab en Cabo Verde, Rutsel Silvestre Jacinto Martha, quien fue contratado por el régimen de Maduro.

Saab le dijo a EL TIEMPO en 2016 que si bien Gutiérrez (concuñado de Gustavo Petro) le ofreció la compañía, no se concretó el negocio.

En cuando a Antonelli, lo último que se sabe es que buscaba un acuerdo con el fisco italiano.

¿Qué está pasando con la extradición del barranquillero en Cabo Verde?

Cabo Verde sigue recibiendo presiones para definir la suerte judicial del barranquillero Álex Saab. Mientras que la extradición solicitada por el gobierno Trump se abre camino, Jorge Arreaza, ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, reclamó inmunidad para su ‘agente especial’.

“Nuestro único reclamo es que la afirmación del honorable presidente Jorge Carlos Fonseca se cumpla. Esto implica que nuestro compatriota sea tratado con justicia y humanidad, como nos aseguró en su carta del 15 de junio, y de acuerdo con las inmunidades y privilegios que lo acreditan como enviado especial del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”, dice Arreaza.

deja al descubierto que se ha registrado un cruce de comunicaciones con el presidente caboverdiano.

British judge denies Maduro Venezuela’s gold in London bank by Danika Kirka and Scott Smith – AP News – 2 de Julio 2020

In this March 12, 2020 file photo, Venezuelan President Nicolas Maduro speaks during a press conference at the Miraflores Presidential Palace in Caracas, Venezuela. A British judge on Thursday July 2, 2020, refused to give Venezuela control of over $1 billion in gold sitting in a Bank of England vault, ruling that it is unlawful to give it to the President Nicolas Maduro since Britain does not recognize him as the president. Maduro has demanded the gold to help his cash-starved nation fight the coronavirus pandemic. (AP Photo/Matias Delacroix, File)

LONDON (AP) — A British judge on Thursday refused to give Venezuela’s Nicolás Maduro control of nearly $2 billion in gold sitting in a Bank of England vault because Britain does not recognize the socialist leader as president of the Latin American nation.

Maduro has demanded the gold to help his cash-starved nation fight the coronavirus pandemic. But the central bank for the United Kingdom, whose government recognizes Venezuelan opposition politician Juan Guaidó as his country’s legitimate leader, had refused to hand it over to Maduro’s administration.

The ruling clarifies the question of who is Venezuela’s legitimate leader — at least in the eyes of one world power.

“This is very much showing the isolation of the Maduro government,” said Christopher Sabatini, a senior research fellow for Latin America at the Chatham House think tank in London.

Guaidó has sought to preserve the gold stash at the Bank of England to keep it out of the hands of the Maduro government, which it contends is illegitimate and corrupt. His lawyers reiterated during a recent four-day hearing their stance that the National Assembly leader became Venezuela’s rightful president under provisions of the country’s constitution.

Guaidó, who holds no practical power within Venezuela, called the ruling a “great victory” for his interim government’s international recognition and the anti-Maduro coalition’s fight to protect the country’s wealth and assets held abroad, which includes an ongoing battle over its Citgo refineries in the United States.

“The first thing is that it’s protected from the clutches of the dictatorship,” Guaidó said of the gold, adding that for now it will remain in the bank’s vaults.

Also Thursday, Maduro’s Foreign Minister Jorge Arreaza announced that Venezuela had withdrawn an expulsion order against European Union Ambassador Brilhante Pedrosa.

Maduro on Monday had ordered her delegation out hours after the EU sanctioned several Maduro officials. However, Arreaza and EU foreign policy chief Josep Borrell released a joint statement, saying they had repaired relations in a phone call.

Venezuela, a nation in economic and political crisis, sits atop the world’s largest crude reserves, but that source of cash has dried up under years of mismanagement and more recently stiff U.S. sanctions aimed at forcing Maduro out.

Venezuela holds a total of about $1.8 billion worth of gold at the Bank of England, and Maduro was asking for $1 billion of it. The Bank of England holds the world’s second largest sum of gold bars in the world, after the New York Federal Reserve, and it boasts of never losing any to thieves in 320 years.

The dispute hinged on the British stance toward Venezuela, a country in economic and political crisis where both Maduro and Guaidó have been claiming presidential powers for more than a year.

Venezuela’s Central Bank, controlled by Maduro’, sought to release the gold, which it says now that it wants to sell for food and medical equipment that is desperately needed to tackle the COVID-19 pandemic. But it had also sought the gold before the pandemic began.

The British government “has unequivocally recognized Mr. Guaidó as President of Venezuela,” the court ruling said. “It necessarily follows that (it) no longer recognizes Mr. Maduro as President of Venezuela.”

A lawyer representing Maduro’s side promised to appeal. Sarosh Zaiwalla said in a statement that the judgment “entirely ignores the reality of the situation on the ground” in Venezuela.

“Mr. Maduro’s government is in complete control of Venezuela and its administrative institutions, and only it can ensure the distribution of the humanitarian relief and medical supplies needed to combat the coronavirus pandemic,” he said. “This outcome will now delay matters further, to the detriment of the Venezuelan people whose lives are at risk.”

The U.K. recognizes the claim of Guaidó, who heads Venezuela’s congress, as do the United States and about five dozen other governments. Guaidó proclaimed himself the interim president in early 2019, months after Maduro declared victory in an election that his critics say was rigged in his favor.

Maduro maintains the support of key allies, including Russia, China, Iran, Turkey and Cuba.

Despite its support for Guaidó, the U.K. continues to have diplomatic ties with Maduro’s government. The British have not granted diplomatic credentials to the envoy that Guaidó has named ambassador to the U.K.

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¿Cuánto dinero de la corrupción chavista puede ser recuperado? – Primer Informe – 26 de Junio 2020

 

Algunas estimaciones establecen que la cantidad de fondos robados durante los años de Chávez y Maduro puede alcanzar los 400 mil millones de dólares

Juan Guaidó, presidente (e) de Venezuela ha abierto varios frentes legales para recuperar dinero de la república que se encuentra en instituciones financieras en Estados Unidos y Europa.

La embajadora del gobierno interino en el Reino Unido e Irlanda, Vanessa Neumann, dijo que según estimaciones del gobierno interino hay alrededor de 5.000 millones de dólares bloqueados en instituciones financieras de Europa. Estos activos pueden ser recuperados, agregó.

En Londres hay dos juicios en curso para desbloquear reservas en oro a las que Nicolás Maduro no ha podido acceder.

Si las autoridades judiciales fallan a favor del gobierno legítimo de Guaidó, se crearía un precedente para que otras entidades financieras europeas liberen dinero a favor de los factores democráticos venezolanos.

«Mi plan es que ese dinero se resguarde en un fondo tipo fideicomiso con supervisión internacional, hasta después de elecciones libres y justas», afirmó Neumann.

El oro guardado en Londres está tasado en 3.000 millones de dólares, aproximadamente, añadió José Ignacio Hernández, quien hasta hace poco era Procurador del gobierno interino de Guaidó. Las instituciones que lo resguardan son el Banco de Inglaterra y al Deutsche Bank AG.

A pesar de que la Asamblea Nacional de Venezuela y la administración de Donald Trump le han otorgado a Guaidó el control de varias empresas estatales en el exterior, el Gobierno interino no ha podido rescatar los activos correspondientes a la empresa CVG Internacional que están en España.

Hernández señaló: «No hay ninguna estimación exacta de los activos desviados por corrupción, según cálculos de la Asamblea Nacional y de algunos expertos el monto pudiese ser entre los 200.000 y 400.000 millones de dólares».

La cifra, sostiene Hernández, no es exagerada si se considera que el ingreso fiscal petrolero del chavismo llegó a ser de un trillón de dólares.

«Lamentablemente la experiencia demuestra que el porcentaje de recuperación es bajo, pero aun así si se logran recuperar 100.000 millones de dólares se podría solucionar problemas como la deuda», sentenció.

En el estado de la Florida, Estados Unidos, está en proceso el juicio sobre el caso de Abraham Ortega, un ex empelado de PDVSA. En ese proceso el Gobierno interino espera recuperar unos 20 millones de dólares producto de la corrupción.

Representantes de Guaidó también trabajan para recuperar otros 28 millones de dólares que se encuentran bloqueados en los bancos españoles: CaixaBank, Sabadell y Cajamar.

Oro de Venezuela: por qué el Banco de Inglaterra retiene 31 toneladas de lingotes del país sudamericano por

Aunque el BCV ha recibido cada vez más toneladas de oro del AMO, sus reservas están cayendo
Aunque el BCV ha recibido cada vez más toneladas de oro del AMO, sus reservas están cayendo Fuente: Reuters

31 toneladas de oro están en el centro de una disputa legal entre el Banco Central de Venezuela (BCV) y el Banco de Inglaterra.

Los lingotes de oro, valorados en US$1.000 millones , están en las bóvedas de la institución inglesa y pertenecen a Venezuela, que ahora quiere venderlos y usar los fondos para combatir la propagación del coronavirus en el país, según el gobierno de Nicolás Maduro.

Sin embargo, el Banco de Inglaterra ha rechazado la solicitud venezolana.

¿La razón? La actual directiva del BCV responde al gobierno de Maduro y la institución británica ha expresado sus dudas sobre la autoridad de esa directiva , argumentando que Reino Unido reconoce como gobierno legítimo el del líder opositor Juan Guaidó .

La disputa empezó a principios de 2019, cuando más de 50 países reconocieron a Guaidó como presidente legítimo.

Sarosh Zaiwalla, el abogado que representa en Londres al BCV, le confirmó a BBC Mundo que cuando el presidente de la institución venezolana, Calixto Ortega , viajó a Londres personalmente en ese momento a solicitar la devolución del oro, el Banco de Inglaterra le dijo: “No, nuestro gobierno reconoce a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela y por eso no podemos darte el oro”.

El Banco de Inglaterra custodia reservas de oro de una treintena de países
El Banco de Inglaterra custodia reservas de oro de una treintena de países

Ahora, una corte en Londres tendrá que decidir, a partir de este 22 de junio, quién es la autoridad legítima para mover el oro del Banco de Inglaterra, después de que el gobierno de Maduro solicitara infructuosamente vender parte de ese oro y transferir los recursos al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para adquirir alimentos y medicinas y combatir el coronavirus en el país.

“Ese oro es de todo el pueblo venezolano, es del país, y el BCV ha demandado que esos recursos serán utilizados a través del PNUD de la ONU para atender la pandemia en Venezuela”, dijo la vicepresidenta del gobierno de Maduro, Delcy Rodríguez .

“Cada minuto y hora que pasa significa personas que pueden perder la vida por el virus, y Venezuela requiere de sus recursos, no que una camarilla de ladrones delincuentes de cuello blanco se lo robe”, agregó.

Pero, ¿por qué Venezuela tiene reservas de oro en Inglaterra?

Estrategia convencional

Durante décadas, Venezuela ha almacenado oro que forma parte de sus reservas del Banco Central en bancos extranjeros, tanto en Europa como en Estados Unidos, una estrategia que siguen otras muchas naciones.

“No hay nada de extraño en que un país mantenga reservas de oro o de otros títulos en otros bancos”, le explica a BBC Mundo Luis Vicente León , economista venezolano y presidente de la consultora Datanálisis.

“Hay oro en los que se llaman prestadores de servicios de resguardo, que son diferentes bancos, incluidos algunos centrales, que prestan el servicio y cobran una comisión por resguardar reservas internacionales”.

Para el economista esta es simplemente una estrategia de protección y resguardo de las reservas de oro.

“Diría que es una estrategia muy convencional de países pequeños. Los países grandes tienen capacidad para poder proteger sus propias reservas, mantenerlas en sus bóvedas”.

“Es un dolor de cabeza para los bancos centrales, sobre todo cuando no se tiene la capacidad de protección, de medidas de seguridad, de tecnología para impedir que se haga una operación de robo. Cuando en cambio colocas en un banco extranjero tu oro en resguardo lo tienes en una contabilidad, y si le pasa algo, tú estás protegido porque pagas el servicio de custodia”, explica el economista.

En 2011, el presidente Hugo Chávez repatrió cerca de 160 toneladas de oro de los bancos de Estados Unidos y de la Unión Europea al Banco Central en Caracas, citando la necesidad de su país de tener el control físico de los activos.

“Venezuela regresó oro al Banco Central desde diferentes países porque era un momento en el que el gobierno temió que se aplicaran sanciones internacionales que pudieran congelar sus reservas afuera”, explica León.

“Sintió que mantener reservas en el extranjero era una estrategia peligrosa y que podían quedar congelados parte de sus recursos”, agregó.

Según le dijo a BBC Mundo el economista y diputado opositor José Guerra , “se trajo como un 90% del oro que tenía Venezuela en el exterior y se colocó en las bóvedas del BCV”.

Según Guerra, la mayor parte de las reservas de oro venezolano están en Caracas.

Sin embargo, el oro que Venezuela tenía en el Banco de Inglaterra, y que hoy es objeto de la disputa, se quedó en las bóvedas de la institución británica .

“Nuestro cliente, el BCV, abrió la cuenta de depósito de oro en el Banco de Inglaterra en 2008 y esta fue operada por el BCV sin ningún problema hasta 2018”, le dijo el abogado Zaiwalla a BBC Mundo.

Fue a finales de ese año cuando las autoridades venezolanas reclamaron por primera vez la devolución de ese oro.

Londres, centro neurálgico del oro

Un quinto del oro de los gobiernos del mundo se encuentra en Londres y la razón es simple: la capital británica es el centro mundial del comercio del metal precioso .

“En términos económicos, tener el oro en Londres puede permitir una transacción rápida a una moneda importante, en lugar de almacenarlo en el país, y luego tener que transportar grandes reservas de oro en un intento de cambiarlo por otro activo deseable”, le explica a BBC Mundo Drew Woodhouse , profesor de Economía en la Universidad Sheffield Hallam, en Reino Unido, y quien ha escrito varios artículos sobre el mercado del oro.

“El oro carece de riesgo de contraparte, por lo que mantenerlo en el extranjero se considera relativamente seguro”.

Woodhouse explica que Londres se estableció como figura central en el mercado del oro en 1732 , cuando el Banco de Inglaterra construyó la primera bóveda en la ciudad.

Además, explica el experto, “geográficamente se puede percibir que conecta a Estados Unidos con Europa, las dos principales esferas geográficas de influencia geopolítica, para las cuales se puede utilizar el oro”.

“El Banco de Inglaterra siempre ha intentado apoyar la estabilidad financiera mundial, por lo que creo que aquí hay un papel implícito”, agrega.

Solo en las bóvedas del Banco de Inglaterra hay más de 5.000 toneladas de oro , incluyendo las reservas del Tesoro de Reino Unido, y gran parte del volumen enorme que se negocia en la ciudad.

Los bancos centrales de 30 países almacenan ahí sus reservas nacionales de oro.

De hecho, el Banco de Inglaterra es el segundo mayor poseedor de oro en el mundo, con aproximadamente 400.000 lingotes. Solo la Reserva Federal de Nueva York tiene más.

Es también una cuestión de seguridad. El Banco de Inglaterra presume de que en sus 320 años de historia ni un lingote fue robado de sus bóvedas .

En la actualidad, las herméticas recámaras se abren con llaves que pueden medir casi un metro y hay que pronunciar una contraseña en un micrófono incorporado a un sistema de seguridad para que la puerta se abra.

¿Por qué el oro está retenido?

Venezuela reclamó por primera vez al Banco de Inglaterra a finales de 2018. El ministro de Finanzas de entonces, Simón Zerpa, y el presidente del Banco Central, Calixto Ortega, viajaron a Londres para exigir la devolución del oro a Venezuela.

En enero de 2019, el Banco de Inglaterra rechazó la solicitud. Todo lo que dijo (y dice) públicamente fue que no hace comentarios sobre las relaciones con sus clientes.

BBC Mundo se puso en contacto con el banco británico, que declinó hacer comentarios.

Pero, ¿puede un banco quedarse con reservas de oro de un país? La respuesta simple es no.

“No se puede hacer eso a no ser que se estén incumpliendo algunas de las condiciones establecidas en el contrato”, explica el economista Luis Vicente León.

“Un banco central no puede de ninguna manera, una vez que tiene una reserva de oro, quedársela o no devolvérsela a su legítimo dueño. Tiene que devolverlo a su legítimo dueño tan pronto como su legítimo dueño se lo pida”

El problema con el oro venezolano en Londres es que el Banco de Inglaterra no sabe quién es el legítimo dueño .

La decisión del Banco de Inglaterra de rechazar la solicitud del gobierno venezolano se produjo pocos días después de que el líder opositor Juan Guaidó se proclamara el 23 de enero de 2019 “presidente interino” del país, argumentando que las elecciones de 2018 ganadas por Maduro fueron fraudulentas.

Guaidó, quien fue reconocido como el líder legítimo por más de 50 países, incluido Reino Unido, solicitó en enero de 2019 a través de una carta enviada a la entonces primera ministra Theresa May y al entonces gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney , que no se le entregara el oro al gobierno de Maduro , argumentando que se usaría con fines corruptos.

El 4 de febrero de 2019, el entonces secretario de Asuntos Exteriores británico, Jeremy Hunt, emitió una declaración en la que reconocía a Juan Guaidó como “presidente interino constitucional de Venezuela hasta que se puedan realizar elecciones creíbles” en el país sudamericano.

Y, refiriéndose al caso concreto del oro, el ministro de Estado británico para las Américas en ese momento, Alan Duncan , dijo que la decisión era un asunto del Banco de Inglaterra y su gobernador.

Pero agregó: “Sin duda cuando lo decidan, tendrán en cuenta que ahora hay un gran número de países en todo el mundo que cuestionan la legitimidad de Nicolás Maduro y reconocen la de Juan Guaidó”.

“La cuestión es la del reconocimiento del gobierno de Venezuela. Se podrá dudar de que el reconocimiento del gobierno Guaidó sea justo, ya que las Naciones Unidas confirmaron el reconocimiento de la presidencia de Maduro”, explica Jan Kleinheisterkamp , profesor de Derecho Económico en la London School of Economics, preguntado por BBC Mundo sobre si la decisión de la institución británica está respaldada por el Derecho.

“Pero si la posición británica es la de reconocer a Guaidó, resulta consecuente estimar que el gobierno de Maduro no pueda disponer del oro confiado al Banco de Inglaterra”, agrega el experto.

Si bien el Banco de Inglaterra nunca fue más allá de decir que no hace comentarios sobre las relaciones con los clientes, se cree que las sanciones internacionales sobre Venezuela y las regulaciones para prevenir el lavado de dinero influyeron en su decisión.

“Aquí, lo que está diciendo el Banco de Inglaterra es que no se lo está pidiendo su legítimo dueño”, resume León.

“No está diciendo que él decide cuándo se lo va a dar, lo que está diciendo es que solo se lo va a dar cuando se lo pida el legítimo dueño y como ellos no reconocen al gobierno de Maduro, no reconocen la institucionalidad que se lo está pidiendo”.

La demanda

El BCV acudió a mediados de mayo a una corte en Londres a reclamar que el Banco de Inglaterra no cumplía con su instrucción de vender parte del oro y entregar los fondos al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para administrar la compra de suministros como equipos médicos para luchar contra el covid-19.

Los documentos legales dicen que el BCV quiere que la transferencia se realice “con carácter de urgencia ” y presentó un reclamo legal a tal efecto en un tribunal de Londres el 14 de mayo.

Las autoridades venezolanas acordaron que el dinero se envíe directamente a esa agencia de la ONU para que no se les acuse de que lo quieren para otros fines.

“El Banco de Inglaterra se ha negado previamente a reconocer la autoridad del BCV, pero en un intento por disipar cualquier preocupación por parte del Banco de Inglaterra, el BCV ha acordado con el PNUD que los fondos para el plan humanitario sean transferidos directamente a la ONU “, dijo el presidente del BCV, Calixto Ortega, en una entrevista con la agencia Reuters.

La ONU le dijo a la BBC en un comunicado enviado por correo electrónico que el banco venezolano se había acercado a la organización para explorar el mecanismo.

La disputa legal se produce en medio de temores sobre la capacidad del desmoronado sistema de salud de Venezuela para manejar la pandemia de coronavirus.

“Mi cliente, el BCV, está muy preocupado porque Venezuela necesita el dinero para comprar comida y equipo médico”, le dijo a BBC Mundo el abogado del BCV, Sarosh Zaiwalla.

“No quiere el dinero o el oro de vuelta, sino que se envíen los fondos al PNUD”.

Sin embargo, José Ignacio Hernández, procurador del gobierno interino de Guaidó, dijo en un comunicado citado por la agencia Reuters que el “propósito del régimen de Maduro es disponer de los recursos del BCV al margen de los controles parlamentarios”.

La Asamblea Nacional, el Parlamento, es de mayoría opositora y está liderado por Guaidó. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), afín al gobierno de Maduro, le atribuye la presidencia de la Cámara, sin embargo, a otro diputado.

La corte londinense definirá si la autoridad que puede pedir la liberación de parte del oro es el directorio del BCV que acudió a los jueces ingleses o una junta ad hoc para esta institución nombrada hace un año por Guaidó , explicó Zaiwalla.

BBC Mundo pidió comentarios tanto a José Ignacio Hernández como a Ricardo Villasmil, quien es el presidente de la junta ad hoc para el BCV nombrada por Guaidó, pero no obtuvo respuesta de ninguno.

Deustche Bank: otra disputa, misma razón

Las 31 toneladas de oro bajo custodia del Banco de Inglaterra no son los únicos recursos venezolanos a la espera de resolución sobre quién es su legítimo administrador.

Deutsche Bank también quiere que un juez decida si alrededor de 100 millones de libras (US$123 millones) que pertenecen al BCV deben entregarse al gobierno de Maduro o al de Guaidó.

El dinero es el monto adeudado después de que el año pasado finalizara un acuerdo de swaps de oro entre el BCV y el banco alemán.

Tras un acuerdo firmado en 2016, Venezuela recibió un préstamo por US$750 millones del Deutsche Bank y a cambio puso 20 toneladas de oro como garantía.

El acuerdo, que iba a finalizar en 2021, se rescindió el año pasado porque Venezuela no pagó los intereses. Los US$120 millones representan la diferencia del precio al que estaba el oro cuando se firmó el contrato y cuando se finalizó.

Aunque se trata de un caso diferente, la demanda de Deutsche Bank también será tratada en la audiencia que inicia el 22 junio, según le confirmó a BBC Mundo Zaiwalla, ya que “el tema es el mismo: quién tiene la autoridad en nombre del BCV para dar instrucciones “.

BBC Mundo se puso en contacto con el Deutsche Bank, que declinó hacer comentarios.

Por qué el oro es clave ahora para Venezuela

En medio de la enorme crisis económica y humanitaria en Venezuela, el oro ha resultado una de las pocas alternativas de financiamiento y de liquidez para el gobierno de Maduro, sobre todo después de que en febrero de 2019 Estados Unidos impusiera sanciones a la petrolera estatal PDVSA, que proporcionaba ingresos vitales a Venezuela.

“El oro ahora mismo para Venezuela es una fuente vital para obtener liquidez “, dice León.

De ahí el interés gubernamental en las minas del sureste del país, una vasta zona que se extiende hasta la frontera con Guyana al este y con la de Brasil al sur.

Es una zona estratégica para el gobierno. En febrero de 2016, Maduro decretó el llamado Arco Minero del Orinoco (AMO) como zona de desarrollo estratégico nacional, un plan que ya había adelantado el fallecido Hugo Chávez en 2011.

Países como Rusia y China han ampliado su presencia en empresas mixtas de extracción con participación del gobierno.

El AMO comprende 111.846 kilómetros cuadrados, un 12% de la superficie del país, y se calcula que cuenta con unas 7.000 toneladas de reservas de oro.

Pero aunque el BCV ha recibido cada vez más toneladas de oro del AMO, sus reservas están cayendo.

Un informe del Consejo Mundial del Oro señala que el BCV fue la institución bancaria que más oro monetario vendió en el mundo durante 2017 y 2018 .

Según el balance del banco citado por Reuters, el BCV tenía a mediados de 2019 reservas en barras de oro equivalentes a unos US$4.620 millones, un monto 18,5% menor al que mantenía la institución en sus bóvedas al término de 2018. Se trata de la más baja tenencia de oro de Venezuela en 75 años, según los datos del banco citados por Reuters.

Turquía es el principal comprador de oro venezolano . En 2018, Venezuela exportó oro por valor de unos US$900 millones a este país, aparentemente para ser refinado allí y devuelto a Venezuela, aunque no hay registro de reexportación.

Y el pasado mes de mayo llegaron a Venezuela varios tanqueros iraníes con gasolina. El Departamento de Estado cree que la petrolera estatal venezolana, PDVSA, está pagando “con toneladas de oro” los servicios iraníes.

El oro es, por tanto, un salvavidas para Venezuela y las 31 toneladas que están en Londres parecen más vitales que nunca en el contexto de la actual pandemia de coronavirus.

Depredación minera frente a los ojos del tepuy Roraima por María Ramírez Cabello – ProDaVinci – 5 de Junio 2020

Aunque oficialmente está fuera del Arco Minero del Orinoco, en más de 1.000 hectáreas del Parque Nacional Canaima también se busca oro. Indígenas de la Gran Sabana, forzados por la crisis humanitaria, participan en una actividad que amenaza uno de los rincones más biodiversos de la Tierra y Patrimonio Mundial, declarado por la Unesco.

―¡Qué hermoso! Parece una playa, ¿cómo hicieron para tener esta agua tan azulita, tan bonita? ―pregunta un niño pemón que, con un grupo de amigos, se da un chapuzón en unas aguas empozadas de la enorme mina Campo Alegre en el sector oriental del Parque Nacional Canaima, la más grande de la Gran Sabana con una extensión de 78 hectáreas, en pleno corazón de la Amazonía venezolana.

La coloración es producto de contaminantes (metales pesados -entre ellos mercurio-, gasolina y aceite) y el proceso de quimiosíntesis de las bacterias que los aprovechan. Los niños se tiran de clavado y tragan agua. A largo plazo, las altas concentraciones en su organismo pueden afectar su desarrollo. Pero nadie les ha alertado.

Campo Alegre está en medio de la espectacular sabana en la formación geológica más antigua de la Tierra, en el sur profundo de Venezuela. Maikel Artal, un operador turístico de la Gran Sabana, recuerda un espejo de agua con una hilera de morichales en el centro. Al fondo, puntos de color de plantas de naranjas y mandarinas en un bosque de árboles. Es la última imagen que retuvo una década atrás, cuando los problemas de los pobladores se centraban en la inundación de las casas cada vez que crecía la enorme serpiente de agua que es el río Kukenán.

Ahora, la larga ruta empedrada de una hora desde la vía asfaltada que comunica a Venezuela con Brasil, en el sector oriental del Parque Nacional Canaima, conduce a un poblado con una cara totalmente distinta. Dos kilómetros antes de llegar se avista una enorme mancha blanca detrás de una veintena de casas de construcción tradicional.

Un niño pemón se lanza a una laguna azulada en un área de Campo Alegre, en el estado Bolívar

La mina es el patio trasero de la comunidad indígena: el paisaje desde la escuela, desde el abandonado ambulatorio y desde cualquiera de las viviendas de la comunidad. Junto a otros focos mineros cercanos, el área intervenida en Campo Alegre abarca 187 hectáreas. El eje oriental de prominentes mesetas, con el tepuy Roraima y su altura de 2.810 m s.n.m. como protagonista, es el único recordatorio del territorio que pisas.

Un grupo de niños indígenas se baña en las lagunas de la zona minera, un par de horas después de salir de la escuela

La laguna, que alimentaba al poblado e, incluso, permitía la recolección de agua, se ha ido desdibujando. De los morichales y su maravilloso potencial de concentración de humedad, no queda huella. En su lugar, hay enormes socavones de más de tres metros de profundidad con rastros de mangueras y lagunas azuladas. Los tonos cítricos de las frutas cosechadas otrora desaparecieron y el poblado es todo silencio.

Biólogos indican que la coloración del agua es indicativo de la presencia de metales pesados

La operación minera se realiza de forma rudimentaria. Por este bajante de madera, se desliza el material extraído de la mina

La ONG SOSOrinoco realizó un análisis técnico científico de imágenes satelitales del sensor Sentinel en 2018, el cual permitió detectar 33 áreas mineras dentro y en las adyacencias del Parque Nacional Canaima, en la que la minería está prohibida. 45% de las áreas estaban dentro de los límites del PNC y sumaron 501 hectáreas de afectación. Para este trabajo, se solicitó a esta organización el acceso y uso de los polígonos que corresponden a los sitios y áreas de operación minera detectados en los últimos dos años.

Un análisis más detallado, realizado en colaboración con expertos en sensores remotos, con énfasis en el sector oriental del área protegida y validado con visitas de campo en el primer trimestre de 2020, permitió detectar 21 sitios de operación minera que no habían sido identificados antes y que totalizan 459 hectáreas adicionales de pérdida de cobertura vegetal, degradación de suelos, contaminación por mercurio y otros metales pesados y agentes contaminantes como aceite y gasolina.

La mayor parte de los nuevos sitios de extracción ilegal identificados en este estudio están localizados en el sector oriental, el de más fácil acceso por contar con una vía asfaltada de más de 316 kilómetros que cruza el territorio indígena de norte a sur. Tres de las cuatro áreas de operación minera que acumulan una mayor actividad -Campo Alegre, San José de Guarima y Acareden- se ubican en esta zona del parque.

El sector occidental del parque, que atesora al Auyantepui y al Churún-Merú o Kerepakupai-Merú -conocido como Salto Ángel, la caída de agua más alta del mundo- acumula 518 hectáreas de afectación, mientras que el sector oriental del parque suma 515 hectáreas, para un total de 1.033 hectáreas del Parque Nacional Canaima intervenidas por actividades mineras ilegales hasta el primer trimestre de 2020.

“Las áreas detectadas están indicando que se está intensificando la actividad en el sector oriental, pues esas minas no fueron divisadas con anterioridad”, explicó Vilisa Morón, presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología (SVE).

Esta zona, captada por los satélites con gigantescos huecos y arenas blancas, no forma parte del Arco Minero del Orinoco, creado en 2016 por el régimen de Nicolás Maduro, pero la actividad crece sin control sirviéndose en los últimos meses de combustible facilitado principalmente por uniformados militares a precio de oro: desde 7 gramos un tambor de 200 litros, el equivalente a $383,8 de acuerdo con la cotización del oro en el mercado internacional. “Hay tres vuelos diarios desde Santa Elena hasta Ikabarú con combustible para las minas y el combustible acá lo manejan los militares”, informó una fuente de la localidad fronteriza con Brasil.

Las minas son a cielo abierto y de galerías. Dentro del sector oriental en el PNC, se concentran en el sector 5 de la Gran Sabana y, aunque están en territorio indígena, hay presencia de criollos, como los indígenas llaman a los no indígenas. En las minas de aluvión, el uso de mercurio es una constante, lo que contamina los suelos y, con el tiempo, la acumulación en los pozos percola hasta las aguas subterráneas, causando daños severos en el ecosistema.

Los indígenas tienden a subestimar el impacto del uso de químicos y, en general, creen que no se usan bombas hidráulicas en la extracción, sino bateas, pico y pala.

A diferencia de la intensa anarquía en municipios cercanos como El Callao, Sifontes y Roscio, en el parque nacional no hay presencia de grupos armados, aunque sí asedio militar. En contraste, en las minas más cercanas a la frontera con Brasil, en la zona de Ikabarú, que iniciaron en la década del 40’ en los tiempos en que se hallaron los dos diamantes más grandes que se han extraído en la Gran Sabana, la violencia ya deja huellas, la minería se acelera y el impacto es innegable.

En las afueras del PNC, la minería ha impactado 7.400 hectáreas, de acuerdo con SOSOrinoco.

 

El movimiento de tierra ha desplazado la vegetación que antes caracterizaba a Campo Alegre

En el centro de Campo Alegre, una mina de 78 hectáreas de superficie, dos hombres envueltos en tierra achican el pozo de un socavón minero activo. Una bomba hidráulica empieza su ajetreo y con una pistola, como le llaman a la gruesa manguera, chupan la tierra con material aurífero que luego se desliza por un largo tobogán levantado con palos de madera. Es pleno mediodía y con una jarra de kachiri a pocos metros, una bebida indígena fermentada a base de yuca, la jornada aún no termina.

El pemón Pedro Velásquez, un hombre de baja estatura y ojos brillosos, no había tenido oro en sus manos hasta 2012. Su apreciación de la espectacular Gran Sabana era similar a la que tuvieron los frailes capuchinos cuando en 1931 llegaron como misioneros al inexplorado sur de Venezuela. “Perdiéndose a lo lejos entre la bruma, cerros altísimos y serranías de las más variadas formas: ¡siempre bellas!”, describe el padre Nicolás de Cármenes en su libro autobiográfico Misionero en la Gran Sabana.

Dos pemones pescan en el río Kukenán en la Gran Sabana

La historia de este municipio al que los pemones llaman “Wükta” que significa “región de cerros”, en contraposición con el nombre de gran planicie que recibió, es joven. El pemón, perteneciente al árbol caribe, vivía fundamentalmente de la agricultura de conuco: talar, quemar, sembrar y cosechar y al cabo de tres meses partir en busca de otro terreno, principalmente en zonas cercanas a las largas curvas de agua que cruzan su territorio.

En el estado Bolívar, principalmente en la Gran Sabana, viven 29.897 pemones, de acuerdo con el último censo del Instituto Nacional de Estadística (2011). La Amazonía venezolana concentra la mayor cantidad de territorios indígenas en áreas protegidas si se compara con los ochos países restantes que integran este pulmón vegetal, según los datos de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg).

“Como no estaba acuciado por el afán de consumo, lujo o superficialidad, el pemón trabajaba según lo que necesitaba para subsistir él y su familia, que ciertamente no era mucho”, relata Jesús Antonio de la Torre Arranz en un libro sobre la lozana historia de Santa Elena de Uairén y la llegada de los misioneros religiosos en su “acción civilizadora”, como consta en una carta de abril de 1931 que el gobierno de Juan Vicente Gómez respondía al vicario apostólico del Caroní, Diego Alonso Nistal.

“En la cultura pemón no había dinero pero había siembra. Vinieron los que sabían que el oro tenía un valor y crearon esa necesidad”, señala Domingo Fernández, segundo capitán de Kumarakapay.

Pedro Velásquez era capitán de Campo Alegre cuando inició la extracción de oro

Ese afán está marcado en cada hueco de Campo Alegre, en el que han trabajado indígenas de diversas comunidades cercanas. Pedro Velásquez, quien en 2012 era capitán de la comunidad, lo confirma. “Inventamos hacer una piscicultura para los estudiantes, entonces abrimos un hueco 20×20 y resulta que había oro y pusimos una alfombra para agarrar. De allí, otra de 40×40 para los niños y era por kilo”, recuerda.

 

La primera bomba hidráulica que llegó a la comunidad era de un brasileño, conocido de una indígena que pidió permiso para trabajar, un patrón que se repite en la mayoría de los yacimientos en territorio pemón, en los que hay presencia de criollos. Siguieron excavando la tierra. Derrumbaron casas que entorpecían la búsqueda. Tumbaron árboles. Hoy, en la desierta explanada son contados los mineros laborando. “Ya no está saliendo tanto”, dice.

Desde el inicio, cada minero debía aportar un porcentaje al capitán. La meta era cubrir necesidades. Con esa cuota, construyeron una pequeña iglesia en el centro de la comunidad, compraron un camión, aportaron para un tractor que nunca llegó y, en la actualidad, pagan a las maestras de la escuela. En el corto plazo, quieren conseguir una doctora que active el ambulatorio tan necesario en estos días. Desde su construcción, la estructura acumula polvo.

Hace un par de años, con la destrucción en la cara, la comunidad intentó cerrar la mina. La prueba es una decena de matas de merey que no creció más de un metro y que de haber crecido habría dado frutos contaminados. “Esto es Parque Nacional, lo que pasa es que ahorita no hay Parque Nacional (…) Los ancianos antes decían ‘no trabajen allí, la mina es mala’ porque lo principal es el conuco, la pesca. Vamos a dejar de destruir nuestra tierra, vamos a sembrar, pero cuando llegaron los brasileños y los caicareños destruimos todo esto”, expresa.

Un grupo de hombres conversa en la comunidad de Campo Alegre luego de volver del conuco

Tina Oliveira, coordinadora del programa de monitoreo socioambiental de Wataniba, sostiene que el pueblo pemón ha estado expuesto a una serie de factores que han generado cambios, la aparición de necesidades que antes no existían y una suerte de alejamiento de sus tradiciones. “La aparición del Arco Minero y el aumento en las presiones de recursos como el oro, la misma situación económica que ha llevado a una disminución del turismo, la falta de gasolina, todo eso ha empujado a muchos indígenas a la actividad minera por la ausencia de otras formas de satisfacer necesidades básicas”, dijo.

La producción ilegal de oro avanza con fuerza en los territorios indígenas con la participación de criollos con capital y originarios en busca de una supervivencia cuyos réditos mayores desemboca en las arcas del Banco Central de Venezuela (BCV) o en rutas de contrabando como lo reveló el trabajo en el que participó Correo del Caroní, junto a Infoamazonía, Runrunes, Miami Herald y The Correspondent: Venezuela, el paraíso de los contrabandistas.

El oro que los indígenas extraen en la Gran Sabana lo venden usualmente en Santa Elena de Uairén, la localidad venezolana más próxima a Brasil.

No hay cifras oficiales que permitan precisar la extracción actual, pero el Consejo Mundial del Oro (WGC, por sus siglas en inglés) ubicó la producción de oro de Venezuela en 23 toneladas en 2018 y, de acuerdo con el Plan Sectorial Minero 2019-2025, la meta al cierre de 2019 era de 25,40 toneladas y, a 2025, 79,40 toneladas. Ni la cuarentena ni la pandemia de COVID-19 ha detenido el movimiento de palas y el ajetreo de las bombas hidráulicas, en medio de una crisis económica que se acentúa a diario.

En la Amazonía venezolana, la fascinación por el oro ha arrasado bosques y cavado enormes huecos. Ha desatado guerras entre bandas y dejado decenas de muertos y desaparecidos. Sería difícil entender el encanto por este metal, sino fuera por el descalabro de la industria petrolera en un país acostumbrado a la renta del oro negro. Según cifras de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la producción petrolera de Venezuela ha caído en más de 60% en las últimas dos décadas. El desplome ha sido indetenible.

El régimen de Nicolás Maduro sabe a profundidad de la práctica minera. El Consejo de Caciques Generales también. Pero ninguna institución se propone atender al pueblo pemón, una realidad que se repite en los estados Delta Amacuro y Amazonas que completan la Amazonía venezolana. Por el contrario, la desatención se complementa con la promoción minera.

La última acción con este propósito fue la legalización de balsas mineras en los ríos Cuchivero, Caura, Aro, Caroní, Yuruarí y Cuyuní, que también abona a la degradación ambiental de una cuenca estratégica y que aporta, con la generación de la central hidroeléctrica Guri, más de 70% de la energía eléctrica que consume el país. SOSOrinoco calcula que hay 20 balsas en vías fluviales de la Amazonía venezolana. Los indígenas coinciden en que hay intenciones de meter balsas al Kukenán.

Dorixa Monsalve Dam, bióloga y miembro de la Plataforma contra el Arco Minero, considera que estas dinámicas extractivistas parecen dominar estructuralmente el panorama socio-económico de la región y tenderán a profundizar los impactos en el parque y sobre el territorio y la etnia pemón, “y probablemente se continúen y profundicen en la medida que el gobierno actual ante la debacle económica producida y mantenida por sus erradas y disparatadas políticas junto a las sanciones impuestas por los Estados Unidos, sea cada vez más dependiente de la extracción de minerales de Guayana y de las vías irregulares que utiliza para su comercialización”.

“La mina va a matarnos y va a dejarnos sin agua, eso no lo están viendo los mineros, ellos solo tienen ambición”, asegura Regina Colón, una indígena del comité de ancianos de San Ignacio de Yuruaní, una comunidad que por décadas se concentró en la actividad turística y ahora debe lidiar con la expansión de la minería en territorios cercanos; con el abandono de las actividades económicas tradicionales; la desaparición de los cuerpos de agua; el ingreso de personas foráneas y el divorcio del ambiente.

Los efectos ya los sufren. Colón cuenta que en el río Surukún ya no pueden lavar la yuca y no hay peces. O que en la quebrada Mapaurí el agua es turbia. O que la quebraba ondulada Mürümpa que pasaba por Manak-Krü, en el que las mujeres lavaban la ropa y se bañaban, se hizo hilo y se volvió un charco.

En Campo Alegre, quieren sembrar alimentos para el consumo de la comunidad

LA MUERTE

Llegas a Arenal cuando sientes que ya no encontrarás nada en el trayecto. El camino es atípico, abrupto, difícil. Mientras en la sabana, las planicies son el grueso y los largos árboles se levantan en las uniones de las montañas y las riberas del río, el camino a esta en particular es de una vegetación con adaptaciones similares a la de los bosques parameros, aunque el calor escuece.

El trayecto hasta la mina Arenal es de más de tres horas

Una mina inactiva en el camino a Arenal

Arenal hace honor a su nombre: es un arenal blanco inmaculado, una mina a más de tres horas de la troncal 10 a la que se llega luego de atravesar una decena de riachuelos, morichales, pasos resbaladizos, puentes rotos y a punto de caer y sortear una empinada ruta de tierra y piedras. Cantidad de mineros cumplen esta travesía a pie de ida y vuelta, un trecho áspero que maltrata los pies y sofoca. Cuando sientes que te has perdido, una estructura rectangular con una decena de hamacas antecede a una alcabala indígena. Un grupo de hombres mantiene el paso cerrado con un tronco que suben y bajan.

Toca explicar quién eres y cuáles son tus intenciones. Solo el capitán puede autorizar la entrada si es que cae la llamada. Solo una telefónica tiene señal y es pobre. Cuando el capitán da luz verde, los hombres anotan los nombres de los foráneos. 10 minutos después del ingreso, se divisan los pequeños campamentos mineros a escasos metros del yacimiento. Los mineros que son autorizados a entrar deben entregar una carta de residencia y buena conducta emitida en su comunidad. Hay familias completas. Está prohibido el alcohol, las drogas y las armas, dicen.

Adentro, la tierra sigue abierta y el ambiente de muerte aún puede recrearse. En un montículo del terreno, desde el que se divisan las 15 hectáreas del sitio minero, están unos seis hombres entre indígenas y criollos. Son los líderes de la mina. Un par de mujeres mueve bateas al fondo de un hueco de tono claro de unos cinco metros de profundidad. Un par de mangueras lanzan chorros de agua a presión. A una distancia media, se escucha el ajetreo de las bombas hidráulicas y se observan los toboganes a los que llega el material aurífero, que con ayuda de mercurio permitirá aglutinar el oro.

Cuando te acercas, el gran mordisco a la tierra de marrón profundo impacta. Un hueco enorme de más de 10 metros de profundidad y más de 20 de ancho. 18 hombres, de color hormiga por la tierra, mueven la arena con palas mientras cuatro bombas agitan las mangueras. Sus caras no se distinguen. Apenas la pepa blanca de los ojos hace diferencia con el pardo uniforme de la tierra pegada al cuerpo. Trabajan como máquinas de 6 a.m. a 5 p.m.

Hace apenas tres semanas, en la madrugada del tercer día de febrero de 2020, una enorme pared de tierra que amenaza con volver a ceder cayó sobre un grupo de mineros que laboraba bajo la luz de la luna y las linternas. Los líderes de la zona no quieren hablar de eso, quizás en un intento de olvidar y borrar la muerte de sus hermanos indígenas.

Ese día, Yraiza Decelis, hermana de una de las víctimas, despertó con la noticia del accidente. Hasta ese momento, desconocía que Omar Eugenio Decelis Ayuso había entrado a la mina. El joven de 29 años había salido en la mañana del sábado en su moto a llevar fariña -una harina de yuca que consumen los indígenas- a unos parientes de Campo Alegre.

“Era vender y regresarse, pero lo invitaron. No lo tenía planificado”, señala.

La mujer, una doctora menuda de 35 años, llegó a las ocho de la mañana, tras la espinosa ruta. Había llovido. Esperaba que Omar estuviera herido. Estaba preparada para prestarle los primeros auxilios. Una terrible sensación le golpeó el estómago, pero no se detuvo. No solo era la primera vez que entraba a esa mina, sino que desde el inicio no dejó de pensar que el ambiente todo era un espanto.

Y fue peor. Media hora antes, habían sacado a Omar sin vida de la cueva de tierra. Su cuerpo estaba marrón, sobre una alfombra que los mineros usan en la faena. Alrededor había 30 personas. La otra víctima estaba sobre tablas de madera. A los heridos los atendían. Collarín, analgésico. Temor.

―Tenía la esperanza de que él estuviese lesionado, pero no, cuando lo vi no lo podía creer.

A unos metros, el trajín de las bombas hidráulicas volvió a sonar. Creían que había un tercer cuerpo, pero luego de remover aquí y allá la tierra dieron por terminada la búsqueda.

Omar era pintor y bailarín

 

Dilia Ayuso, madre de Omar, en su casa en Manak-Krü

Es el mediodía del 04 de marzo de 2020 en la comunidad indígena Manak-Krü, que significa el monte de los senos. Ha pasado un mes de su muerte y en su casa, su madre recuerda que al día siguiente Omar estaría cumpliendo 30 años. Flaco como una rama y apuesto. Era el cuarto de seis hermanos. Estudió y se graduó en la escuela Fe y Alegría de la comunidad.

Empezó a pintar y a bailar desde pequeño. Pulió sus técnicas y era una pieza activa de la escena cultural de Santa Elena de Uairén, la ahora agitada capital del municipio Gran Sabana. En los carnavales, armaba y decoraba carrozas. Daba clases de bailes típicos. Comenzó a estudiar educación en el 2015. Llegó al tercer semestre, pero la falta de recursos económicos lo obligó a congelar la carrera. Su mamá siempre le pidió que estudiara, que tuviera una profesión. Era una meta.

Era la tercera vez que Omar iba a la mina a rebuscarse, a ese mordisco en la tierra que terminó aplastándolo.

―Lo partió la piedra. Eran cuatro, dos muertos y dos heridos. Terminó su vida así tan cortiquita, era muy talentoso… Fue muy duro. Tuvo fractura en las piernas y un golpe en la cabeza ―dice su madre Adilia Ayuso, con una voz finita ahogada por el llanto.

 

Omar era padre de una niña de 7 años

Decenas de reconocimientos, fotos familiares, diplomas, poemas escritos a Dulce, un viejo amor, y pinturas están sobre la mesa de la sala. Omar es una de las 13 personas que han muerto sepultadas en derrumbes de minas ilegales en el estado Bolívar en lo que va de 2020, de acuerdo con el monitoreo de Correo del Caroní.

―Los profesionales estamos abandonando los trabajos por la necesidad. Como él muchos más. Lo que lo llevó a la mina fue la desesperación y la preocupación, un trabajo no aporta lo básico que necesita una familia ―dice Decelis, quien apenas hace unos días cobró como sueldo el equivalente a un pollo.

En la mina “en un día reúnes para una semana, 1 grama, media grama”, dice Yosbelys Rodríguez, una mujer de 33 años, que muestra el oro fino que ha sacado en Arenal esta mañana y al que espera sumar más para luego agrupar con el mercurio. Con este promedio, Rodríguez podría acumular 14 gramas -que equivalen a 630 dólares- trabajando sin parar un mes, en un país en el que el salario mínimo mensual es de 2,2 dólares.

En lo alto de la lomita en Arenal, William Caraballo, uno de los líderes de la mina, dice que lo más importante para ellos es trabajar, “trabajar para sobrevivir”. Quienes van hasta Arenal viven allí por semanas hasta lograr algo que justifique el retorno, “10 gramas, 7, 6, 5, 15, poco a poco”.

EL TURISMO

Mario Rodríguez es guía y porteador del tepuy Roraima, una meseta en la que convergen los territorios de Venezuela, Brasil y el Esequibo (Zona en Reclamación). Tiene 39 años y tres hijos. En abril de 2019, se fue con toda su familia a la mina El Esqueleto, un yacimiento de galerías en el sector oriental del Parque Nacional Canaima que se extiende por 12 hectáreas. Para Mario, habituado a los no menos de seis días de excursión al imponente tepuy, seis horas de caminata a la mina no fueron nada.

252 turistas -141 nacionales y 111 extranjeros, en su mayoría brasileños- subieron el tepuy Roraima en enero de 2019, de acuerdo con las estadísticas de la oficina del Instituto Nacional de Parques (Inparques) al pie del tepuy. En marzo, un mes después de la masacre de Kumarakapay y el cierre de la frontera con Brasil por el frustrado ingreso de la ayuda humanitaria, solo 43 personas hicieron la excursión. El declive continuó. A mediados de año, en julio, solo 27 personas subieron a la cima del Roraima.

Un atardecer de finales de febrero sobre la Gran Sabana

La visita de turistas al tepuy Roraima cayó en 2019, luego del cierre de la frontera y el ataque militar a Kumarakapay

Para una comunidad, cuyo único ingreso es el turismo, las consecuencias fueron inmediatas. Las reservas de alimentos se agotaban y no había forma de obtener recursos en una de las zonas más lejanas de la troncal 10. El conuco ya no era suficiente. Guías y porteadores decidieron remover la tierra en busca de oro.

Mario fue para defender a sus carajitos, dice. Para poder tener dinero para comprar comida para la casa. Aventurarse a excavar la tierra le golpeaba el pecho. Aprendió a sacar “orito” pero fue difícil, confiesa. Entrar en un túnel profundo en el que metro a metro se te escapa el aire. Abrir huecos a punta de pico y pala. “Es que yo no soy minero”, insiste. Pero el tiempo pasó y transcurrieron exactamente cinco meses.

La mina El Esqueleto queda en la naciente del río Mapaurí, que bordea a la comunidad que atesora a la “abuela Kueka”, un símbolo del pueblo pemón que este año llegó a Venezuela tras dos décadas en Alemania. Mario señala que por esta cercanía no pueden usar mercurio ni algún otro químico. En la comunidad lo confirman, pero ven que el agua ya no es lo cristalina que solía ser. Llega negra, removida, dice la capitana de Mapaurí, Bibiana Benavides.

Estando en la mina, Mario se mantuvo en contacto con operadores turísticos. A punto de cumplir los cinco meses, le avisaron que un grupo de turistas salía rumbo a Roraima. Mario volvió a casa y no retornó a la mina desde entonces. “Para mí la mina no es factible, no es un buen trabajo, nosotros aquí en la comunidad no somos mineros, solo trabajamos con turismo”.

A partir de diciembre de 2019, mejoró la afluencia de turistas. “Poquito a poquito”, dice el ex capitán Florencio Ayuso, quien bebe café y se prepara para instalar las mesas electorales para renovar la capitanía. Ayuso va de primero en lista por costumbre indígena. Después vienen los candidatos, los nuevos relevos.

La posada de Elena Fernández, en Kumarakapay, tiene meses sin recibir turistas

Paraitepuy, un poblado de 550 habitantes, está sumamente distante de Santa Elena de Uairén y recurrir a la minería, por la caída del turismo, tiene sus raíces. No hay otros ingresos. La última vez que el módulo de salud recibió medicamentos de parte de organizaciones gubernamentales fue en 2019. Por ahora, solo los operadores turísticos aportan medicinas en cada visita.

“Para bajar a buscar los medicamentos no tenemos carro, creo que por eso no lo dan porque ¿quién lo va a traer? ¿y cómo vamos a bajar si no tenemos dinero?”, dice María Editha Javier, una enfermera de 46 años nacida en Paraitepuy.

María Editha muestra las cartas -de abril de 2019- que han querido entregar al gobernador Justo Noguera. Una retahíla de peticiones en dos hojas blancas, de la que dos meses después no han recibido nada. Las enfermedades más frecuentes son diarrea y gripe. Faltan vitaminas para los niños. “Están todos flaquitos… bueno, desnutrición”, completa. Comen casabe y toman kachiri. Pero en el módulo no hay, en este momento, ni suero antiofídico para mordeduras de serpientes.

La planta eléctrica que alimenta a toda la comunidad está dañada desde mediados de 2018. Los niños, casi por obligación, deben irse a dormir temprano. La oscuridad obliga. Por eso, María Editha cuida los paneles solares del ambulatorio con recelo. “Si se me apaga, nos quedamos sin luz”, indica. Tampoco hay internet desde principios de 2019. Desconocen la causa.

“Cuando se paró el turismo, la gente se dispersó a las minas, a El Oso o a El Esqueleto, pero yo no he ido, por acá abajo también hubo pero no con máquinas sino con bateas, nosotros no somos mineros”, repite.

Mientras en la ruta aérea hacia Canaima es imposible ocultar a los turistas las enormes pozas mineras entre verdes y azuladas por el uso del mercurio o las decenas de balsas en el río Carrao -constatadas por Runrunes- en medio del gran brócoli que parece la selva desde las alturas, en la ruta terrestre a Roraima las heridas también están a la vista.

En el camino a Paraitepuy de Roraima, indígenas buscaron oro en un pequeño riachuelo

En la empedrada carretera, una aventura extrema por sí sola, un desorden de piedras en la margen izquierda indica que algo no está bien. Es preciso caminar por unos cuantos metros. Al llegar, el movimiento de piedras en lo que parecía ser un riachuelo y los pequeños bajantes de madera, dejan al descubierto hoyos, pequeñas piscinas para lavar material y decenas de cuarzos a canto rodado, “una aberración”, de acuerdo con operadores turísticos consultados. La mina mide 2 hectáreas, de acuerdo con las imágenes satelitales.

“¿Qué hacemos ahora y cómo sobrevivimos? Fue una discusión porque estaba en la vía, los turistas iban a verla, pero como era de emergencia pensamos que cuando se normalice el turismo, tenemos el compromiso de la misma comunidad de sembrar matas para que se recupere el área”, señala Carlos Castro, miembro de la capitanía de Paraitepuy de Roraima, quien sostiene que lo poco que extraían ratificaba que lo de ellos no era la minería. “No era nuestra costumbre”, dijo.

“Diariamente conseguíamos para un kilo de arroz. Trabajo fuerte para un kilo de arroz”, interrumpe un pemón de la comunidad. “Estábamos en preescolar”, dice entre risas la enfermera del ambulatorio. La tierra blanca y las piedras siguen removidas, pero ya nadie busca minerales en esas entrañas vegetales.

Aunque la gestión oficial hace cada vez más propaganda sobre sus acciones en Gran Sabana, a Paraitepuy de Roraima no han llegado. El ex capitán de la comunidad señalaba en enero que hasta esa fecha ningún proyecto del gobierno había beneficiado a su comunidad. “Solo están en la troncal 10”, dijo, “pero hay necesidad en las comunidades más lejanas”, agregó.

En las comunidades a las que solo se llega por vía aérea, justificó, la minería es la única forma de cubrir necesidades. “Ellos cubren necesidades con actividad minera, han construido ambulatorios, pero en otras más cercanas, en Ikabarú, la minería está trayendo partes negativas. Ya no tenemos dónde sembrar o dónde sacar provecho de la naturaleza, estamos destruyendo todo y tenemos que sentarnos y hacer un gran proyecto a nivel turístico”, dijo.

“Yo estoy en la mina pero no de oro ni diamante, sino mina de turismo (…) Si vamos a empezar a destruir sacando oro y diamante, ¿qué nos queda para los nietos de los que están corriendo por allí?”, se pregunta.

Carlos también piensa en los más pequeños. Quiere ayuda para revalorizar la cultura originaria, promover la cestería y la artesanía, otra manera de resguardar el territorio. Los abuelos, señala, no se han involucrado con la dinámica de la escuela. Algunos saberes amenazan con desaparecer.

― ¿Qué define la cultura de esta comunidad?

― Amar a la naturaleza. Cuidar la naturaleza. Todos los conocimientos que aprendemos están en la naturaleza.

Pero, mientras en algunas comunidades chocan por ese dilema que se despierta cuando crece el afán por el oro y, a la par, se destruye la naturaleza, el encanto por el oro sigue su curso.

Una carta de abril de 2020 del Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón confirma que han recibido por parte de la Corporación Venezolana de Minería (CVM) un tarifario de seis áreas, que al igual que la legalización de las balsas en seis ríos de la Amazonía venezolana, pretende legitimar la práctica minera en el Parque Nacional Canaima.

El tarifario fija la venta de combustible en seis gramos de oro; impuesto por montaje del combustible en aeronave en dos gramos; impuesto por traslado de material minero a base de hierro en tres gramos cada 100 kilos; impuesto por despegue y aterrizaje en un gramo; más dos tasas por carga de alimentos y tasa de salida por persona con las que la organización no está de acuerdo. “Actualmente los usuarios indígenas no han podido enviar comida por el alto costo que ha generado dicho impuesto de la CVM y por ende está atentando contra la seguridad alimentaria de nuestras comunidades”, indica la misiva, refiriéndose a estos tributos que afectan con fuerza a las comunidades aéreas.

La organización precisa que solo 30% de los habitantes de las comunidades indígenas aéreas son mineros y que 36 de los 118 poblados practican la minería. “Esperamos su mayor comprensión y solidaridad con nuestros pueblos originarios, quienes no se niegan a aportar en la recuperación de la economía del país, sino simplemente se apegan a los derechos que se tiene como seres humanos, como sujeto de derecho”, expresa la carta firmada por el cacique general Jean Carlos Velásquez.

SUELOS Y AGUAS

El “aporte” a la economía del país y el ejercicio de la actividad minera en una zona tan frágil, declarada Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en 1994, es devastador.

En el reporte 2020 de la ONG World Heritage Watch publicado este 5 de junio, Día del Medio Ambiente, la ONG SOSOrinoco pide reclasificar el Parque Nacional Canaima en la categoría de “peligro crítico” e incluirlo en la Lista de los Sitios de Patrimonio Mundial en Peligro, “como una acción política que alentaría a las autoridades a actuar de manera decisiva y asertiva hacia el cese de las operaciones mineras dentro los límites del parque”.

En abril de 2020, el presidente de la Asamblea Nacional y reconocido como presidente de Venezuela por más de 50 países del mundo, Juan Guaidó, señaló en una carta a la Unesco que las condiciones en el Parque Nacional Canaima cumplen con todos los criterios para incluirlo en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro, dada la devastación exacerbada y la falta de voluntad política del gobierno de Nicolás Maduro para detener las operaciones mineras.

Venezuela es un país megadiverso. Es el sexto con mayor diversidad de especies en América Latina y el décimo en el mundo, de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). En Guayana, hay 2.136 especies vegetales endémicas que no se consiguen en otro lugar en la Tierra, lo que le confiere gran relevancia ambiental y ecológica, según inventarios del extinto Ministerio del Ambiente.

Para extraer de 8 a 10 gramos de oro en las cercanías de Santa Elena de Uairén, en el municipio Gran Sabana, se debe remover una tonelada de tierra. En Campo Alegre, la pobreza y la destrucción de la capa vegetal ha quedado a la vista desde cualquier punto. La gran mancha blanca se divisa, incluso, desde la carretera internacional, pero qué turista maravillado con la energía de los tepuyes y el imperturbable cielo abierto podría pensar que se trata de una mina.

La minería en áreas aledañas al parque, la extracción de rocas como material de construcción, la actividad turística, el fuego y la agricultura eran consideradas amenazas “muy altas” en un informe de la Unesco en 2007, en donde aún no se reportaba actividad minera dentro del PNC.

En Arenal, en un tope pedregoso de bosques bajos, “el movimiento de tierra desplazó esas unidades vegetales y la probabilidad de colonización de especies vegetales en los alrededores de la mina -donde quedaron los bancos de arena, cicatrices de carros, áreas de campamento, entre otras acciones relacionadas a la actividad minera- es baja”, explica Vilisa Morón, presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología.

Los procesos de dispersión para asegurar la recolonización tienen poca probabilidad de ocurrir, pues las especies desplazadas tienen adaptaciones especializadas. La extracción minera aprovecha la disponibilidad subterránea de afluentes para las motobombas y en donde el oro es extraído no queda rastro de la capa que facilita la fijación de las especies de flora.

“En la mina Arenal esto se traduce en 15 hectáreas totalmente desprovistas de vegetación y sin probabilidad de restauración y estos bosques, más allá de la minería, no presentan presión de uso y es una actividad ilícita la que los está degradando”, subraya.

Frente a la degradación progresiva de un espacio natural único en el mundo, resuenan las palabras de Juan Carlos Sánchez, coganador del Premio Nobel de la Paz en 2007 y miembro del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas: “Todas las tierras dedicadas a la minería, y en particular a la minería de superficie, serán un terreno donde los bosques resultan sacrificados porque requiere la remoción de grandes cantidades de tierra. Este sacrificio de los bosques representa una pérdida irreparable del capital natural”.

El alto número de especies endémicas en una región como Guayana provoca que actividades degradantes como la minería generen la pérdida de especies únicas. La sucesión que pueda ocurrir luego de algún impacto constituirá bosques con menor riqueza de especies.

“Es por ello que todas las operaciones mineras que se observan en las riberas de los ríos Yuruaní, Aponwao y Kukenán están atentando de forma irremediable contra los recursos biológicos de nuestra nación. Estos bosques son los que están bajo mayor presión de uso pues se ubican sobre suelos ricos, en donde los pemón han establecido sus conucos y asentamientos y propiciado procesos de degradación y sabanización”, sostiene la presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología.

En la sabana profunda, otra mancha blanca, otra laguna azulada y bajantes de madera desnudan una mina inactiva a escasos metros de un morichal, un ícono paisajístico de la Gran Sabana. Al pie, las aguas marrones muestran residuos de la actividad minera. “En las adyacencias de los morichales se está desarrollando la minería ilegal, muestra de ello son las minas del sector El Mosquito y Campo Alegre, en donde se observan restos de morichales en pequeñas islas dentro de la explotación, o son los drenajes por donde escurren los fluidos contaminados de las minas que se desarrollan en los topes y valles”, afirma Morón.

La actividad minera amenaza a los morichales

Este ecosistema de humedal tiene una gran importancia para el resguardo y alimentación de aves y mamíferos, además de proveer servicios ambientales de vital importancia para las comunidades humanas como controladores de los afluentes, filtradores de contaminación y proveedores de la fibra y fruto de moriche.

La operación minera afecta a los morichales de diversas formas: (a) remoción de estos ecosistemas para la extracción de oro por encontrarse sobre suelos con yacimientos o para aprovechar los cursos subterráneos de agua en el uso de la motobomba; (b) sedimentación y contaminación por percolación, desborde o arrastre de los desechos de las minas en operación y abandonadas, propiciando cambios en su dinámica de inundación y alterando las condiciones de crecimiento.

En estas franjas húmedas, los pemones capturan con mayor facilidad a presas como el venado. Todos los animales que se abastecen de agua, peces y frutos se exponen a contaminarse con metales pesados y a presentar futuras enfermedades degenerativas, resalta Morón.

Los suelos de la Gran Sabana tienen una enorme fragilidad, lo que acentúa su baja capacidad de recuperación

A la par, los bosques de la Gran Sabana están sometidos a estrés hídrico, así como a suelos ácidos y poco nutritivos, factores que inciden en que los procesos de regeneración sean más lentos que en otros bosques tropicales. “Es por ello que la minería mecanizada a pequeña y mediana escala resulta una amenaza de destrucción inminente para la cobertura vegetal en donde se desarrolla”, agrega. La actividad intensifica, además, el estrés químico de estos ecosistemas al contaminarlos con metales pesados.

Más del 90% del área de drenaje del Parque Nacional Canaima corresponde a la subcuenca hidrográfica del río Caroní, a partir de la cual se genera más del 70% de la energía hidroeléctrica que consume Venezuela. Al Caroní, aportan los ríos Akaruai, Aponwao, Yuruaní, Kukenán, Surukún, Waiparú, Tiriká, Karrao y Urimán.

Los ríos del sector oriental del PNC están siendo afectados de diversas formas por la ubicación y tipo de actividad minera: (1) balsas a lo largo del Kukenán, (2) minería en las riberas del Caroní, Mayen, Aponwao, Akaruai; (3) así como por los drenajes y percolación de sitios mineros en los topes y valles de Mosquito, Macriyen, Caroní, Guari, Marcan, Canayetua, Uairén, entre otros.

La principal amenaza en el Caroní son los sedimentos que devienen de la actividad minera y podrían afectar la generación hidroeléctrica. “Entender los efectos de cada uno de estos tipos de minería es fundamental para garantizar la conservación de las cuencas y protección de sus cabeceras y ecosistemas terrestres asociados”, sostiene Morón.

En cuanto a la biota acuática, señala, la principal característica de los peces del parque es que el 45% de las especies solo se encuentran en estos cuerpos de agua, confiriéndole importancia para su conservación. Además, es una de las fuentes de proteína constante para el pueblo pemón, aunque su potencial pesquero es bajo.

Atilano Azuaje, quien trabaja con las comunidades indígenas desde hace décadas, considera que los daños pueden revertirse. La resiliencia de la naturaleza es impresionante, destaca. “Hay muchas maneras a nivel de sistemas agroforestales tradicionales que todavía no conocemos. La tierra negra indígena, el sistema para la elaboración de carbón de leña es una forma de recuperar un territorio de inmediato porque abres la tierra, quemas materia orgánica, agarras árboles y vas creando barreras de súper fertilidad para producir el alimento para los pueblos indígenas”, expone.

Tina Oliveira, coordinadora del programa de monitoreo socioambiental de Wataniba, coincide. “¿Es reversible? Sí, pero para que esto sea reversible tiene que haber necesariamente un proceso de cambio donde haya una suerte de regreso a los saberes tradicionales e identificar cómo a través de esos saberes se puede llegar a actividades socioproductivas ambientalmente cónsonas con las características ecológicas de esa zona”.

Empero, en la medida en que los factores que nutren la sed del oro continúen, la degradación se extenderá, generando presiones sobre el ambiente y las comunidades indígenas que allí habitan. “Si el gobierno no busca maneras de implementar fuentes de trabajo, la minería va a seguir y vamos a seguir acabando con la Gran Sabana, lo que queda de la Gran Sabana”, indica Eulices Mata, un indígena de 45 años que tiene una semana en Arenal, luego de abandonar su puesto de venta de plásticos en el mercado de Santa Elena de Uairén.

EL CONUCO

Cuando el minero abre la tierra en busca de oro, los uruturú se molestan. Los espíritus en forma de grandes tigres salen del agua del Kukenán, en busca de una presa. Ponen el cielo oscuro y solo una fórmula mágica a la que llaman taren es capaz de ahuyentarlos. Pero Javier González, un anciano de 75 años, opta por no azuzarlos. Él, que se describe como “viejo, viejo, demasiado viejo”, prefiere sembrar, armar un corral de pollos y descansar bajo su aireada choza de palma en una planicie de la Gran Sabana.

“Los ancestros no sabían de oro ni diamantes pero los criollos llegaron con las surucas, bateas y trabajaron y enseñaron a los pemones. Ahora los mineros están avanzando demasiado”, señala. Para él, la minería no es una opción. “La minería hace daño a veces por el alcohol y por el azogue de mercurio”, dice. Aunque los ancianos se oponen a la práctica minera, el oro ha seducido a los más jóvenes.

Javier González, un indígena pemón en su conuco en la Gran Sabana

En su corte de tierra, ha plantado piñas y ya tiene las semillas de caraota y arroz a la mano. Para la cría de pollos, precisa, le faltan cinco rollos de malla gallinera y láminas de zinc para el techo. Los palos ya están cortados y la estructura armada. Falta poco, dice y sorbe más kachiri, una bebida tradicional indígena a base de yuca fermentada y rica en potasio que toman como si fuera agua.

Su hija, María Alejandra González, una mujer de rasgos amables, ojos enormes y piel tostada por el sol, pica un pollo que ha traído la visita. Su conuco está a unos metros de distancia por un caminito de tierra reseca. Al fondo, hay un concierto de pollos, pájaros y chicharras, que se interrumpen y meten en la conversación. Un gallo levanta la voz. No hay ni un mosquito ahora. Frente al fogón, una planta de malvas seduce.

María Alejandra González, una indígena pemón que trabaja la tierra a diario

Alejandra, melena negra a mitad de la espalda, busca dos calderos que reparte en una cocina a leña, en la que el calor se esparce sin rastro. Arroja dos ají dulces y sal al pollo en agua. Hace magia. Al poco tiempo sirve en una gran mesa de madera, el tumá, un caldo tradicional pemón con un picor inigualable. “¡Tumá, tumá!”, convoca a la mesa.

Como su padre, Alejandra tiene las semillas a mano para cuando la tierra esté lista. En este mes no se siembra por la inclemencia del sol, pero ni siquiera eso los lleva a la mina. “Creo que la minería va adelante del conuco… pero si se acaba el oro quedamos sin nada, si no tenemos conuco, ¿qué hacemos?”, dice. Por ahora, el mayú –como los indígenas le llaman el encuentro colectivo para trabajar- los reúne para compartir su abundancia.

En el conuco no hay vecinos cerca. Podrías gritar a todo pulmón y nadie escucharía, salvo alguno de los siete hijos de Alejandra y algún pescador en la curva de agua que es el río Kukenán. Es precisamente esta serpiente de agua la principal frontera que separa al conuco de Alejandra de la “tierra firme”. Cerca hay una balsa minera inactiva.

Sosteniéndose con una cuerda para caminar hasta la otra orilla, el agua se coloca un poco más arriba de la cintura de Enrique, el esposo de Alejandra. Los menos conocedores pasan en una curiara, una enorme embarcación fabricada a partir de un tronco, que llega a una orilla blanca con una empinada escalinata natural. La casabera, los sebucanes y los budares te reciben.

“Arriba, son indígenas y no indígenas, están sacando algo, ahora la crisis está muy fuerte y entre indígenas y no indígenas están trabajando bastante y con eso se están manteniendo (…) A los viejitos no les gusta la mina, pero los jóvenes quieren estar en la mina”, señala.

Una balsa minera inactiva en el río Kukenán, tributario del río Caroní

―Si pudieras escoger entre el conuco y la minería, ¿con qué te quedas?

―Yo con el conuco y el turismo, pero de la minería es muy difícil para mí, a veces no da. La siembra puede ir avanzando, digo yo, pienso así.

―¿Qué necesitas para avanzar en la siembra?

―Recursos. Yo quiero arar la tierra y hacer ganadería.

El ex trabajador de la extinta Edelca, Atilano Azuaje, señala que en los conucos indígenas se pueden conseguir hasta 100 variedades de yuca, cuyas hojas tienen 25% de proteínas, un alimento potente para aminorar la crisis alimentaria que afecta al país. Amicho es el alimento que resulta de deshidratar y moler las hojas, un producto con alto contenido nutritivo.

“Hay mucho conocimiento para rescatar y crear un modelo de desarrollo. Estamos en el decenio internacional de la agricultura familiar y la agricultura familiar indígena es la que tiene mejor rendimiento y trabaja con menos cantidad de recursos, totalmente orgánico. Los indígenas están volviendo a los conucos, eso es resiliencia social. Hay mucho conocimiento que se perdió, o que se va a perder pero hay mucho que se va a ganar en el camino”, sostiene.

A un par de horas de distancia, Nelson Salinas Ayuso, un joven de 34 años, arroja pan a unos diminutos peces que se mezclan con otros apenas más grandes en una de las seis lagunas de un viejo proyecto de piscicultura, emprendido en 2001, en San Ignacio de Yuruaní, una de las comunidades al margen de la carretera internacional que conduce a Brasil. Las enormes piscinas son espejo de un juego de niños: sembrar pescados en baldes.

El emprendimiento familiar que nació bajo el ala del proyecto Mayú de la extinta Edelca se llama Arasari, la sirena del agua. Las enormes piscinas concentraron más de cinco mil peces entre especies locales, cachamas y cachamotos. Ahora la población de peces es menor, pero aunque golpeadas por la falta de inversión y recursos, las lagunas siguen representando para el emprendimiento familiar una alternativa al extractivismo.

Su padre, Nelson Salinas Jaimes, un tachirense de San Cristóbal que se enamoró de una pemón, recuerda que los primeros 500 alevines que recibieron en la laguna de acopio murieron casi de inmediato. No sabían nada, confiesa. Colocaron plástico en el fondo de la laguna para que el agua no se filtrara. “Nos dimos cuenta de que habíamos metido la pata y no le metimos plástico, empezamos a abonarlas bien y nos fue mejor. Se morían pero por el frío”.

Nelson Salinas Jaimes alimenta los pocos peces que quedan en el proyecto familiar de piscicultura

 

El proyecto Arasari surgió con el soporte del programa Mayú de la extinta Edelca

El tiempo de pago del crédito al Fondo Guayana se hizo corto. Sembraban peces en enero y dos meses después tenían que cosecharlos. El apuro no ayudó. Todos los créditos que buscaban eran para saldar deudas previas y el proyecto se fue a pique. Ningún ente los visitó para verificar las causas del naufragio. Aunque hubo asesoramiento inicial, faltó acompañamiento diferenciado. Ahora, quedan contadas sardinas, viejitas, tilapia, agua dulce y dos coporos.

El proyecto, cree Salinas, tiene futuro. El arraigo con el entorno natural los conduce a alternativas sustentables. “Tenemos las lagunas, el agua, el espacio, falta es el financiamiento, los reales”.

―¿Qué pasaría si hay apoyo económico para rescatar estos proyectos en las comunidades?

―Mucha gente no iría a la mina, se quedarían cuidando los pescaditos, son proyectos de largo alcance pero son productivos.

El proyecto, que combinaba la producción de proteínas con la vegetal y el enriquecimiento de los suelos, demostró ser rentable y beneficioso para la comunidad, destaca Rosaida Montilla, una ex ingeniera de Corpoelec, que trabaja desde hace décadas con las comunidades indígenas.

PARQUES DE PAPEL

Paralelo a la desatención de las comunidades indígenas, no ha habido interés del Ejecutivo nacional en detener la extracción minera. Cuando en 2011, un grupo de funcionarios del Instituto Nacional de Parques (Inparques) alertó al entonces ministro del Ambiente, Alejandro Hitcher, de la actividad minera en el sector oriental del PNC y le entregó un informe con las coordenadas, la respuesta fue elocuente.

“Si usted ve una mina a la derecha, mire a la izquierda”, dijo a un funcionario con más de dos décadas de servicio como guardaparques.

El Parque Nacional Canaima fue creado en junio de 1962. Tenía solo un millón de hectáreas, que incluían el sector occidental en donde se levanta el Auyantepui y cae el Salto Ángel. En octubre de 1975, fue ampliado a través del Decreto 1.137 por la importancia estratégica de la Gran Sabana en la cuenca hidrográfica del Caroní. La expansión significó que el área totalizara 2,7 millones de hectáreas.

La sede de Inparques en San Ignacio de Yuruaní en la Gran Sabana

El manejo del parque se rige por la Ley Orgánica de Ordenación del Territorio (1985) y solo el sector oriental cuenta con un Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso para su gestión (PORU). Sus tres objetivos específicos son: preservar la calidad del paisaje de la Gran Sabana y de los valores escénicos excepcionales que la caracterizan; mantener la estabilidad de las cuencas hidrográficas, protegiendo los cursos de agua que drenan estas cuencas; y resguardar los valores culturales de la etnia pemón, sus áreas de asentamiento y tradiciones ambientalmente concebidas.

Pero no hay quien vele por el cumplimiento de estos preceptos. Frente a la oficina de Inparques, en San Ignacio de Yuruaní, tres motos cuatro ruedas Kawasaki son devoradas por el monte desde hace más de tres años. Las unidades paradas, con los cauchos espichados y canibalizadas, son un reflejo de la parálisis de la institución, que cuenta con apenas siete trabajadores para cuidar un parque de casi 3 millones de hectáreas.

“Ya la gente empieza a venir a la destrucción de la Gran Sabana y donde hay minas hay prostitución, drogas y alcohol”, lamenta un guía turístico pemón de Kumarakapay.

Carlos Olegario Reyes, guardaparques de Paraitepuy, trabaja con gran esfuerzo junto a otros dos funcionarios en el control de turistas al tepuy Roraima. No cuentan con unidades de transporte ni pilas para los equipos de comunicación; el panel solar de su oficina se dañó y cada vez que llueve, dice, pasa pena con los visitantes, pues todo se inunda. “Como soy nativo de aquí tengo que luchar por el parque más que todo y también por mis hijos para que los nietos que vengan atrás puedan disfrutar de eso mismo que tenemos allá arriba”, dice, sin lamentos.

Venezuela tiene una historia de áreas protegidas de 93 años, desde la declaratoria del Bosque Nacional Macarao en 1926. Décadas atrás, hubo la voluntad política y sensibilidad por el tema ambiental y existía capacidad técnico-administrativa del Estado para entender las necesidades de creación de áreas protegidas en el país. Jorge Naveda, jubilado de Inparques y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Central de Venezuela, explicó en el XII Congreso Venezolano de Ecología que a partir de 2004 empezó un desorden interno en el manejo de la institución que no se detuvo.

Un análisis de 2010 arroja que 75,78% del presupuesto de ese año se asignó al nivel central, 23,97% a acciones especiales y apenas 0,25% a las regiones. “Esto nos muestra la profunda centralización presupuestaria que tiene la institución”, afirmó. Las cifras indican que mientras los países desarrollados invierten alrededor de 1.687 dólares por kilómetro cuadrado, en Venezuela la inversión es de 1,62 dólares por kilómetro cuadrado.

Naveda puntualizó que Inparques opera con una franja de 4 a 6% de lo que realmente necesita. El déficit se traduce en deforestación, minería, desechos sólidos, invasiones, incendios forestales incontrolables y puestos de guardaparques abandonados. “Es espeluznante ver el resultado final y que estamos simplemente a las puertas de una pérdida masiva de biodiversidad y de ecosistemas verdaderamente importantes para el país después de tantos años de esfuerzos en conservación”.

El biólogo Aníbal Invernon, ex trabajador de Inparques, considera que el mayor reto “no es solo la administración de un terreno sino un territorio con vidas adentro”. “La prioridad hoy es comer y el conflicto lejos de ir al declive va a ir en aumento, más aún cuando un recurso tan prometedor -cosa que es una ilusión- lo que hace es desatar una fiebre y eso es intervenir, intervenir, hasta que baje la temperatura y la temperatura no va a bajar”.

“La alternativa pasa por encontrar un sistema que permita cobijar ambos intereses y no significa legalizar la minería, sino que existan alternativas de ingresos para las familias que allí viven”.

Es lo que a la capitana de Manak-Krü, Darcy Sánchez, le inquieta: “Lo primero que los niños ven es eso y es algo que quisiéramos parar de una vez, pero ¿cómo paro algo cuando yo como capitana no puedo darles otra opción porque no la tengo?”.

La actividad extractivista en las tierras ancestrales de la Gran Sabana reduce las expectativas de vida digna de los pobladores más cercanos al conflicto y niega a las futuras generaciones el goce y bienestar de contar con una increíble biodiversidad. En medio de fuertes presiones por la subsistencia, aún hay un grito de auxilio desde los bosques y planicies del Parque Nacional Canaima para evitar el olvido.

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