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Resúmen de la Reunión Fórmula Arria del Consejo de Seguridad sobre Venezuela – 13 de Noviembre 2017

Discursos

• Estados Unidos

• Hemos recibido presiones de interlocutores para que esta reunión no se celebre. Todavía más importante es ver a mis amigos del Consejo de Seguridad que han sucumbido a la presión de Venezuela y no participan.

• Hablamos de un país que debería estar en excelentes condiciones económicas y con experiencia democrática. Pero todo este potencial se está malgastando por un gobierno que sólo quiere salvaguardar su poder a costa del bienestar de su pueblo. El gobierno de Maduro es una dictadura, le niega la voz a su propio pueblo encarcelando a los opositores, rechazando su Asamblea Nacional democráticamente elegida y realizando unas elecciones falsas que todo el mundo se da cuenta que están amañadas.

• El gobierno no sólo les niega los derechos a los venezolanos, sino también la salud y la vida misma. Existen graves problemas de salud en donde personas mueren en hospitales por pobres condiciones sanitarias, en donde mujeres son forzadas a dar a luz en el suelo y con carencias de todo tipo de servicios y abastecimientos. Enfermedades infecciosas que habían desaparecido en Venezuela hace 25 años vuelven a resurgir y los niños mueren de desnutrición.

• La crisis que ahí se vive hoy es una amenaza a la paz y la seguridad internacional. Venezuela es un Estado cada vez más violento, un Estado narco que amenaza a la región y a todo el mundo

• No hace mucho Venezuela tenía el PIB per cápita más importante de la región. Hoy las familias venezolanas tienen dificultades para sobrevivir con 8 dólares al mes. El resultado es que los vecinos de Venezuela están pagando por la violencia y la pobreza a la que somete el régimen de Maduro a los venezolanos.

• 2.5 millones de venezolanos han abandonado sus casas para buscar nuevas condiciones de vida en los últimos 10 años y medio millón de venezolanos se han ido a Colombia y a otros países vecinos para buscar una mejor vida, seguridad y protección.

• El régimen Maduro está intentando de forma desesperada recuperar la legitimidad internacional que ha perdido por completo, pero no le podemos conceder legitimidad hasta que las acciones del régimen lo merezca y por supuesto que hasta ahora no lo merecen.

• Seguimos pidiendo al gobierno venezolano que ofrezca apoyo humanitario al pueblo venezolano y pedimos también una liberación inmediata y sin condiciones de todos los prisioneros políticos así como las elecciones libres y justas. Pedimos que se recupere la Asamblea Nacional legítimamente elegida y también los magistrados del Tribunal Supremo

• Italia

• 150 mil personas con pasaporte italiano viven en Venezuela y más de un millón de venezolanos tienen un origen italiano.

• Debemos crear un diálogo para lograr sentar el camino a un proceso político que permitirá que el país pueda tener de nuevo la posibilidad de decidir cuál será su futuro.

• Uruguay

• La situación en Venezuela no constituye una amenaza a la paz y a la seguridad internacionales.

• El gobierno venezolano no puede aspirar a una convivencia normal con sus vecinos en la región hasta que no se reestablezca la democracia en el país.

• El Gobierno de mi país reiteró el pasado 1 de agosto, una vez elegida la Asamblea Nacional Constituyente, su compromiso con la República Bolivariana de Venezuela en la búsqueda de una solución política negociada y duradera que ponga fin a la violencia y a la polarización de la sociedad venezolana y destacó una vez más que el encarcelamiento político no contribuye a dicha solución. En esa ocasión pidió la liberación de Leopoldo López, de Antonio Ledezma y de otros dirigentes políticos.

• Ucrania

• Pedimos al gobierno de Venezuela que respete plenamente los DDHH de sus ciudadanos y que coopere sin condiciones con la ACNUR.

• Francia

• Varios representantes de la oposición y de la sociedad civil siguen siendo detenidos de forma arbitraria fuera de cualquier marco jurídico.

• A nivel humanitario a mi país le preocupa en particular las repercusiones de las penurias que vive la población que no dispone de lo suficiente para atender a sus necesidades médicas y de alimentos.

• Notamos con preocupación que estas violaciones de los DDHH tienen consecuencias regionales sobre todo en lo que ataña a los desplazamientos de la población.

• Reino Unido

• La situación actual amenaza la seguridad y la estabilidad económica de la región entera.

• Nosotros seguimos pidiendo al gobierno de Venezuela que respete las instituciones democráticas como la Asamblea nacional, el derecho de los oponentes políticos a la protesta pacífica y la liberación de todos los presos políticos.

• Japón

• Japón insta encarecidamente a que se respete la democracia en el país.

• Etiopía

• El país pueda gestionar esos problemas sin abandonar su gobernabilidad que permitió dar espacio a la oposición.

• Las difíciles condiciones socioeconómicas y políticas deberían resolverse mediante el diálogo y la negociación entre los actores venezolanos y dentro del marco de la constitución venezolana.

• Suecia

• La responsabilidad en ultima instancia de poner fin a la crisis venezolana descansa en el pueblo venezolano y pedimos al gobierno y a la oposición que participen en un debate constructivo, en unas negociaciones significativas, como la única forma sostenible de abordar la crisis actual para responder las necesidades tan acuciantes del pueblo venezolano. Pedimos también al gobierno que restaure la legitimidad democrática a través de la celebración de elecciones libres y justas para poder reestablecer la confianza que es tan necesaria y el respeto a las instituciones democráticas, para lo que es necesario que se liberen todos los prisioneros políticos, que se apruebe un calendario electoral y que se brinde acceso humanitario a la población.

Intervenciones

• Secretario General de la OEA Luis Almagro

• Esta reunión es necesaria: en Venezuela hoy se ha instalado una dictadura tiránica. El país es gobernado por un esquema criminal con vínculos oficiales con el narcotráfico y que utiliza los medios del Estado para el tráfico de drogas y el lavado de dinero. Los opositores son encarcelados y torturados. Las manifestaciones callejeras de este año para reclamar libertades culminaron con más de 120 personas muertas a manos de las fuerzas de seguridad del Estado y más de 15.000 heridos.

• En un país rico que es una potencia petrolera mundial de primer orden la gente carece de alimentos y medicinas, se expanden las enfermedades ya erradicadas del país por años (como la difteria, paludismo y malaria, tener una enfermedad crónica como diabetes ha significado condena de muerte de pacientes).

• Hace tiempo que dejó de existir la separación de poderes y que el Poder Judicial no es más que una oficina dependiente del aparato represivo al igual que el Consejo Nacional Electoral, se usurpan, se inventan fraudulentos mecanismos autoritarios como la Asamblea Nacional Constituyente instalada en 2017 sobre la base de un fraude electoral de más de un millón de votos. Imaginen ustedes que en sus países, cualquiera sea su sistema político, se agregaran fraudulentamente más de un millón de votos: sola la nulidad del mismo es posible.

• Venezuela es una amenaza a la estabilidad y la seguridad de las Américas, causa la mas grave crisis migratoria al presente, tiene instalado al narcotráfico en la cúpula del gobierno : los sobrinos de la pareja presidencial están siendo juzgados en Nueva York por tráfico de drogas, el vicepresidente ha sido catalogado como cabecilla del narcotráfico y se le han congelado bienes por cientos –sino miles- de millones de dólares, el ministro del interior tiene una acusación internacional por narcotráfico, etc., generando lazos con redes criminales internacionales y grupos catalogados como terroristas, entregando pasaportes venezolanos a connotados delincuentes internacionales. Nadie debe elegir el camino de ignorar esta información.

• Es un obstáculo insalvable al desarrollo, impidiendo al pueblo venezolano el acceso a los bienes y servicios más básicos al generar la peor crisis económica de la historia moderna del país, en un contexto de corrupción en que los gobernantes cuentan con millonarios depósitos bancarios en el extranjero, • Es un violador serial y contumaz de los derechos humanos de su gente. Asesina, tortura, encarcela, censura, inhabilita o depone autoridades electas por el pueblo o designados por procedimientos constitucionales.

• El silencio, las excusas metodológicas o procesales, las ausencias, el lenguaje neutro o condescendiente y mantener calladas o descalificar las denuncias son la principal causa de que el régimen venezolano aún torture, asesine, persiga y tenga presos de conciencia.

• Es hora de tomar las medidas necesarias para enfrentar la crisis: Primero, la anulación de la Asamblea Nacional Constituyente, el cese inmediato de la represión, la liberación de todos los presos políticos, el fin de la tortura, un calendario electoral integral –incluyendo elecciones presidenciales- que asegure la celebración de comicios libres, justos y transparentes con observación internacional de la UE y la OEA, las dos organizaciones internacionales con mejores capacidades en ese sentido, el retorno al orden constitucional con el pleno respeto a la separación de poderes, la apertura de un canal humanitario. • Segundo, apoyar la institucionalidad democrática venezolana, como la Asamblea Nacional, y la Corte Suprema legítima, que se encuentra hoy en el exilio.

• Tercero, son necesarias sanciones cada vez más severas dirigidas contra el régimen y contra los integrantes del régimen responsables de violaciones de los derechos humanos o que están involucrados en la delincuencia organizada transnacional, así como contra quienes han atentado contra la democracia. Hacemos nuestras las palabras del Presidente Macri pidiendo embargo petrolero. Como hemos visto la muerte, la pobreza y el sufrimiento son responsabilidad directa de este gobierno, de su ineficiencia, de sus actividades criminales y de su corrupción.

• Finalmente, continuar con las investigaciones para determinar si se han cometido –y si se siguen cometiendo- crímenes de lesa humanidad por parte de los dirigentes del gobierno venezolano

• Alto Comisionado de los Derechos Humanos Zeid Ra’ad Al Hussein

• Desde agosto, si bien sigue siendo crítico, la situación de los derechos humanos ha evolucionado. Las protestas han disminuido drásticamente, y también el número de muertes relacionadas y detenciones arbitrarias. Sin embargo, mi Oficina ha seguido recibiendo denuncias de hostigamiento, detenciones arbitrarias, tortura o malos tratos a personas que se oponen al gobierno.

• El uso de fuerza excesiva por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas como se documenta en nuestro informe marcó la continuación de un patrón que existía desde al menos 2014. Una investigación de la Fiscalía indica que las fuerzas de seguridad fueron responsables de 357 ejecuciones extrajudiciales entre julio de 2015 y marzo 2017.

• Al compilar el informe, mi Oficina descubrió que las fuerzas de seguridad nacional habían recurrido sistemáticamente a la detención arbitraria de manifestantes. Se registraron 5.051 detenciones arbitrarias relacionadas con las protestas, de las cuales 600 civiles fueron presentados ante tribunales militares. Además, también se documentaron los patrones de malos tratos, que en ocasiones equivalían a tortura y graves violaciones de los derechos al debido proceso

• Si bien las detenciones arbitrarias han disminuido desde el final de las manifestaciones, se registraron alrededor de 400 casos nuevos entre el 1 de agosto y el 31 de octubre. Las detenciones parecen haberse vuelto aún más selectivas, dirigidas a personas identificadas como líderes de protestas, así como a opositores políticos, incluidos alcaldes y parlamentarios.

• La falta de respeto por los derechos al debido proceso continúa prevaleciendo. De la gran mayoría de las personas que fueron liberadas, unas 5.000, todavía enfrentan un enjuiciamiento penal y viven con el temor de ser detenidas nuevamente. Algunos han optado por abandonar el país. Si bien algunos de los casos presentados ante tribunales militares fueron transferidos a tribunales ordinarios, según el Foro Penal Venezolano, 198 casos civiles permanecen dentro de la jurisdicción militar.

• Mi oficina ha recibido más información alegando que los malos tratos y la tortura de los detenidos han continuado. Estoy consternado por la absoluta falta de información sobre cualquier progreso con respecto a la investigación de actos de tortura y otros malos tratos a detenidos. Según los informes, muchas víctimas se han negado a presentar denuncias por temor a represalias y porque han perdido toda confianza en el sistema de justicia.

• En este contexto político, millones de venezolanos viven en condiciones difíciles, ya que el gobierno se niega a reconocer o abordar la existencia de una crisis humanitaria. Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) de 2017 reveló que la desnutrición había aumentado en 1,3 millones de personas en los últimos tres años. La inflación es tan alta que hoy en día, una familia necesita 16 veces el salario mínimo para acceder a la canasta básica de alimentos.

• La situación de la salud también ha seguido deteriorándose debido a la continua escasez de medicamentos y la falta de acceso a la atención médica. Las enfermedades transmitidas por mosquitos, así como las tasas de mortalidad infantil y materna están en aumento.

• El reflejo más claro del deterioro de la situación humanitaria y de los derechos humanos es el número cada vez mayor de venezolanos que huyen de su país. Según el ACNUR, entre 2014 y septiembre de 2017, más de 100.000 venezolanos buscaron asilo en el extranjero, la mitad de ellos solo en 2017. El ACNUR estima que al menos 600,000 venezolanos han migrado recientemente a países vecinos sin presentar solicitudes de asilo.

• Joseph Donnelly de Caritas International

• Según estudios de las universidades reconocidas el 82% de los venezolanos viven en pobreza. La inflación anual acumulada de los últimos 12 meses llega a 1081%, la más alta en el mundo y el IESA prevé un incremento de 4700% el año que viene.

• La salud se deteriora por la falta grave, en torno al 90% y entorno también a la falta de medicamentos. Esto lleva a la aparición de enfermedades que antes se habían erradicado, como la malaria, la difteria y la tuberculosis.

• Los precios de los alimentos han incrementado en un 650%. Sólo 4 millones de personas pueden comer 2 veces al día y el 68% de las familias han tenido que recurrir a estrategias de supervivencia como la búsqueda de comida en las basuras y la prostitución para adquirir alimentos. Los padres permiten a los hijos que duerman más y que no vayan a la escuela.

• Según los estudios realizados, en 2016 la desnutrición aguda era de 9%, ahora es de 15%.

• Foro Penal

• De los 343 presos políticos sólo 11 son dirigentes políticos y 33 han recibido sentencia condenatoria. La mayoría son ciudadanos ordinarios que fueron detenidos por su derecho a disentir y no han tenido oportunidad de defenderse.

• Desde enero de 2014 el gobierno ha realizado 11.993 detenciones por motivación política. Cuando Maduro llegó al poder existían 11 presos políticos y en el mes de junio de este año se alcanzaron 670 presos políticos en un solo instante. Se estima que la cifra disminuya durante el año hasta alrededor de 100 presos políticos. 7078 personas con libertad, pero con medidas cautelares, con restricciones severas sobre sus derechos políticos y civiles. 17 personas con boletas de excarcelación que no han sido liberadas. • Alrededor de 12mil personas detenidas desde 2014, 15% de ellos fueron torturados. Patrón de violencia sexual contra mujeres. Niegan medicinas a personas que las necesitan y varias han muerto a causa de esto.

• En EEUU 21.407 venezolanos solicitaron asilo, más de 13mil en Brasil, más de 12mil en Argentina, más de 4300 en España, más de 2000 en Uruguay y más de 1000 en México. Sin contar personas que no piden formalmente asilo que migran a Colombia, Perú, Ecuador y otros países

EEUU denunció ante el Consejo de Seguridad que Venezuela es un “narcoestado violento” que amenaza al mundo – Infobae – 13 de Noviembre 2017

 

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La embajadora norteamericana en la ONU, Nikki Haley, aseguró que el país caribeño está atravesando “más que una tragedia humana” y acusó al régimen militar de Nicolás Maduro de utilizar la violencia contra su pueblo.

Estados Unidos denunció este lunes ante el Consejo de Seguridad de la ONU que Venezuela es cada vez más un “narcoestado violento” que supone una amenaza para la región y para todo el mundo.

Así lo señaló la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, en una reunión informal del Consejo sobre la crisis venezolana, solicitada por Washington.

Haley criticó que varios miembros del Consejo optasen por no participar en el encuentro e insistió en que la situación en Venezuela es “más que una tragedia humana” y “plantea una amenaza directa a la paz y seguridad internacional”.

Según la diplomática, el hecho de que el régimen de Nicolás Maduro haya buscado limitar la participación en la cita es muestra de que es “culpable” de los problemas que se aprecian en el país.

Haley denunció que Venezuela vive una de las situaciones “más trágicas” del mundo, pero subrayó que la crisis es “más que una tragedia humana” y “plantea una amenaza directa a la paz y seguridad internacional”.

La diplomática estadounidense acusó al régimen de usar la violencia, de una represión masiva y, en definitiva, de “mostrar su verdadera cara como una dictadura”.

“Les estamos observando. No nos engañan”, advirtió a las autoridades de Caracas, antes de dirigirse al pueblo venezolano para pedirle que no “pierdan la esperanza”.

Según Haley, “el mundo está cada vez más unido en sus esfuerzos para restaurar los derechos humanos y las libertades fundamentales” en el país y “la justicia llegará a Venezuela”.

 

Convocatoria Consejo Seguridad ONU – 13 de Noviembre 2017

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United Nations Security Council

Arria Formula Meeting

The Situation in Venezuela Monday, November 13, 2017 3:00 – 5:00 p.m.

ECOSOC Chamber

Organized by the United States in partnership with Italy

Background

Venezuela has been in a state of escalating political, economic, and social crisis since April, when anti-government protests left more than 120 dead. Even after mass protests subsided, the situation in Venezuela continues to worsen as the country suffers from acute shortages of basic food and medicine. In August, President Maduro installed the widely criticized Constituent Assembly, whose legitimacy has been seriously questioned. The Constituent Assembly has since claimed supreme power and overruled the democratically-elected National Assembly. In September, UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad al Hussein reported that Venezuelan security forces may have committed “crimes against humanity” in dealing with protestors and called for an international investigation. In October, the Venezuelan government held gubernatorial elections amidst allegations of widespread fraud and impropriety in the voting process.

Objective

This meeting will provide an opportunity to hear first-hand accounts and expert perspectives on the deteriorating political, economic, and social situation in Venezuela, and its potential humanitarian impact on the region. It will also provide an opportunity to discuss the role the international community and regional organizations can play in seeking a political solution and facilitating humanitarian access to those affected by the tensions.

Context

When preventative efforts fail and national authorities do virtually nothing to prevent the suffering of people from worsening violence, the human and socio-economic consequences can be severe. Displacement is often the byproduct of internal unrest and human rights abuses and violations can be exacerbated by an unstable economy with hyper-inflation, acute scarcity of food, medicine, and other basic goods. Over the past six months, over a half a million Venezuelans have fled to Colombia and countries in the region in search of food, medicine, and economic opportunities no longer available in Venezuela. Venezuela’s neighbors lack the resources and capacity to absorb this influx of displaced people and exposes the vulnerable to human trafficking and sexual exploitation. As the Venezuelan economy continues to crumble, the situation will likely only worsen, especially as the country is at risk of defaulting on its debt. The international community needs to work collectively to address the unfolding crisis and its humanitarian impact in Venezuela and beyond before it worsens and potentially develops into a threat to international peace and security. 2 In order to provide Security Council members with a better understanding of Venezuela’s challenges, speakers will address the implications of the profound political crisis; the deteriorating social, economic, humanitarian situation, and potential displacement crisis; and rule of law, corruption, and human rights violations and abuses, in particular those involving the use of excessive force and arbitrary detentions against protestors and other democratic actors. Council members may wish to consider how the United Nations can use existing tools and — where appropriate — employ new mechanisms to prevent further violence and a potential humanitarian crisis from spreading.

Panelists

Luis Almagro, Organization of American States Secretary

-General Zeid Ra’ad al Hussein, United Nations High Commissioner for Human Rights

–Joseph Cornelius Donnelly, Caritas International

-Julio Henriquez, Foro Penal

Format

Following introductory remarks by the United States and Italy and the panelists, members of the Security Council will be invited to take the floor and are encouraged to speak and ask questions for no more than five minutes each. All member states as well as permanent observers and non-governmental organizations accredited to the United Nations are invited to attend. Interpretation will be provided in all official languages of the United Nations. The Arria will be open to the press.

Opositores intentaron impedir reunión de la ONU sobre Venezuela: embajador Arria por Orlando Avendaño – Panampost – 10 de Noviembre 2017

 

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El diplomático venezolano, expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU, Diego Arria, confirma una información inquietante. (Diego Arria)

Para el lunes 13 de noviembre el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas pretende, en lo que es un hecho inédito, celebrar una reunión bajo la «Fórmula Arria» [consultas informales] para discutir la trágica crisis venezolana. El mecanismo lleva en su título el apellido de quien quizá es el diplomático y hombre internacional venezolano más relevante del país: Diego Arria, quien ha hecho una alarmante denuncia desde su cuenta de Twitter. Aparentemente la oposición oficial de Venezuela está intentado, mediante el diálogo que ha vuelto a surgir, impedir la celebración de la discusión en el Consejo de Seguridad.

Lo que sugiere el expresidente del Consejo de Seguridad, Arria, es delicado, y por ello el PanAm Post lo contactó para hablar sobre lo que, según él, se trataría de otra “traición a la patria”.

Si, la discusión va. Fíjate que sí, superando obstáculos importantes.

¿Y cuáles son los obstáculos?

Pues el Grupo de Lima fue intentado convencer por una supuesta Mesa de la Unidad Democrática, que no existe —solo eran Rosales, Florido y Borges, que ahora se auto-designaban representantes de la Unidad venezolana, en lo que yo interpreto como una acción coordinada con el régimen para reiniciar lo que el fondo es un proceso de negociaciones—, para así impedir que la cúpula política mundial, que es la Naciones Unidas, ventile la tragedia ante el mundo. Afortunadamente no lograron su objetivo y la reunión igual va.

¿Puede explicar esto mejor?

Borges y Florido, y entiendo Rosales, anunciaron ayer al país que en nombre de la Unidad habían consultado y que tenían un acuerdo para proseguir negociaciones en República Dominicana, y que para eso ya se habían combinado con México, Chile y Paraguay, y otros tres países.

Mira, esto indica que esto no pasó de noche a la mañana. Esta gente, sin consultar con nadie, ni siquiera con la Asamblea Nacional, ya habían estado promoviendo esto al punto de que el propio régimen lo anunció primero que ellos. Es imposible no advertir que esta ha sido una labor conjunta de dirigentes, partidos y el propio régimen para celebrar un diálogo que ya ha fracasado anteriormente.

Entonces, estos dirigentes le pidieron al Grupo de Lima que se dirigiera a las Naciones Unidas —los que estaban promoviendo la reunión del lunes, Canadá, México— para impedir la discusión porque se suponía que ya estaban en un proceso de negociación y de normalización de la situación.

El canciller de Perú, en nombre del grupo, se dirigió de muy buena fe —y quiero insistir en esto—, pensando que estos señores representaban a la oposición y que solicitaban un respiro. Actuó de buena fe porque pensó que estos dirigentes eran la oposición venezolana reunida.

¿Y por qué no prosperó la petición de Florido y Borges?

No prosperó porque hubo muchos que nos movimos en este sentido, para explicar la poca representatividad y la poca legitimidad de estos negociadores. Le advertimos que, evidentemente, era un despropósito reunirse con personas que no representaban a la oposición, en su conjunto, para discutir temas tan complejos. Quedó claro que lo más importante era celebrar esa reunión en el Consejo de Seguridad.

Quiero insistir en que el Grupo de Lima ha tenido una contribución importantísima en el proceso de respaldo a la libertad venezolana. En este caso creo que ha sido sorprendido por este grupo de actores, que les han asegurado que tienen, digamos, el consenso de la oposición venezolana.

Y estos tipos además escogen un sitio que no es para nada neutral, que es la República Dominicana, que lleva años votando en contra de la libertad de Venezuela.

¿A usted le llega esta información por su relación con la Fórmula Arria y su implicación con la reunión que se celebrará el lunes?

Sí, claro.

Mira, es la reunión más importante, un hecho inédito; y de repente surge del aire otra propuesta, que es la que el régimen venezolano ha venido siempre manejando. Porque el que ha manejado este proceso de diálogo es el régimen y ha contado con el respaldo de los dirigentes de la oposición, que en el fondo para mí están secuestrados.

Es que, está el caso de Florido, que supuestamente no tiene pasaporte y ahora lo tiene cuando va a viajar a reunirse con ellos…

¿Cómo es posible que, después de tanto, esta sea la primera vez que se celebre una reunión para tratar el caso de Venezuela bajo la Fórmula Arria?

Durante años, le estuve proponiendo a la MUD que utilizaran ese recurso ante el Consejo de Seguridad, que es un mecanismo valiosísimo. Hasta el régimen lo hizo en una oportunidad, para abordar el asunto del Sahara Occidental —que por cierto solicitaron cambiar el nombre de la Fórmula porque yo era un “enemigo de la patria”—. Y la MUD no lo hizo por dos razones: seguramente si la Fórmula hubiese tenido otro nombre, como Smith, Washington, hace rato la habrían solicitado. Ellos creían que esto me favorecería a mí solo por llevar mi apellido. Gente que piensa así, con estas pequeñeces, no puede estar a la cabeza de un movimiento que busque rescatar la libertad de Venezuela.

Por ejemplo, cuando llevé a Chávez a La Haya, ninguno aprovechó la oportunidad para apoyar aquella solicitud. No lo hicieron. Igual ahora, creen que eso puede favorecerme. Y al final, ¿adónde terminan?

Afortunadamente igual se celebrará la reunión en el Consejo de Seguridad; pero, ¿qué implicaciones podría tener? ¿Daña esto a la dictadura?

Ninguna discusión en las Naciones Unidas llega a traducirse en realidades; pero hay algo que quedará, que es lo importante y que no podrá pasar por desapercibido: la dimensión de la tragedia venezolana, la dimensión de la política de tortura. Quedará claro cómo un miembro de la Organización de las Naciones Unidas es un narcoestado. El simple hecho de que nuestra crisis esté siendo discutida en las grandes ligas de la política internacional, es vital.

Declaración de la tercera reunión del Grupo de Lima sobre la situación en Venezuela – 26 de Octubre 2017

post_canada1.jpgLos Cancilleres y representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú se reunieron en la Ciudad de Toronto, con el propósito de continuar su evaluación sobre la situación en Venezuela.

 

Tercera reunión del Grupo de Lima sobre la situación en Venezuela.

Los Cancilleres y representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú reunidos en la Ciudad de Toronto, el 26 de octubre del 2017, con el propósito de continuar su evaluación sobre la situación en Venezuela:

1. Reiteran su rechazo a los obstáculos, actos de intimidación, manipulación, coacción social y condicionamiento del voto, entre otras irregularidades que caracterizaron las elecciones regionales celebradas en Venezuela el 15 de octubre pasado, y consideran urgente la revisión del sistema electoral, incluyendo en particular, la renovación del Consejo Nacional Electoral con miembros nombrados por la Asamblea Nacional y la publicación de un cronograma de elecciones, las que deben ser supervisadas por observadores electorales independientes.

2. Exigen la inmediata liberación de todos los presos políticos en Venezuela y el cese de las medidas arbitrarias de inhabilitación de líderes políticos de oposición, así como de las restricciones a su libre circulación.

3. Reafirman su decisión de no reconocer los actos emanados de la Asamblea Nacional Constituyente y reiteran su pleno respaldo a la Asamblea Nacional democráticamente electa.

4. Deploran que el gobierno de Venezuela no permita el acceso a la ayuda internacional para atender las necesidades básicas de la población, en particular en materia de salud y alimentación, cuando la comunidad internacional está siendo testigo de la agudización de la crisis humanitaria en ese país. Según fuentes autorizadas, la desnutrición infantil se ubica en un 11.4%, equivalente a un estado de crisis según estándares mundiales, la deserción escolar en primaria se ha incrementado en un 45%, y la canasta básica aumentó 343% en el último año. En materia de salud, 85% de las personas que requieren medicamentos no logran conseguirlos y enfermedades que hasta el 2014 se creían erradicadas, como la malaria, se han incrementado en 76%.

5. Solicitan al Secretario General y al Sistema de las Naciones Unidas que contribuyan a atender dicha crisis y las continuas violaciones de los derechos humanos. Encargan a los Cancilleres de Canadá y de Perú que así lo expresen al Secretario General.

6. Expresan su preocupación por el éxodo de miles de venezolanos, situación que continúa agravándose y representa un enorme desafío para los países de la región y en especial para los países limítrofes.

7. Declaran que un acuerdo negociado entre ambas partes, con acompañamiento internacional y cumpliendo las condiciones previas solicitadas por la oposición, es la única salida pacífica para la crisis actual. Reiteran su disposición a apoyar todo esfuerzo de negociaciones creíbles y de buena fe. Exhortan a las diferentes fuerzas de oposición a mantener su unidad, ofreciendo un frente común programático, como condición indispensable para lograr la solución de la crisis venezolana.

8. Reafirman su compromiso de mantenerse vigilantes sobre la situación en Venezuela a nivel de Cancilleres y adoptar las medidas que correspondan, de manera individual o colectiva, para favorecer el restablecimiento del estado de derecho y el orden democrático en ese país.

9. Deciden reunirse en Chile en enero del 2018.

 

Comisión Internacional de Juristas exigen al Gobierno que acepte las solicitudes de visita al país – La Patilla – 5 de Octubre 2017

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La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) hace un llamado a Venezuela a que acepte las solicitudes de visitas al país que han formulado, desde hace varios años, los Procedimientos especiales de las Naciones Unidas, cuyos mandatos son más relevantes para el Estado de Derecho y la crisis de derechos humanos.

La CIJ toma nota del anuncio del Gobierno de Venezuela de invitar al país al Experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo de las Naciones Unidas, Sr. Alfred de Zayas.

Este anuncio, así como él de invitar al país al Relator Especial sobre el derecho al desarrollo, resulta significativo. Por más de una década, el Gobierno venezolano ha denegado o dejado sin respuesta las solicitudes de visita al país de numerosos Expertos de las Naciones Unidas (conocidos como “Procedimientos especiales”). La última misión realizada a Venezuela por un Procedimiento especial, fue la del Relator Especial sobre la Tortura en 1996.

Sin embargo, dada la ruptura del Estado de Derecho y la gravísima situación de derechos humanos en Venezuela, se requiere urgentemente que otros Procedimientos especiales de Naciones Unidas, con un mandato relevante, realicen misiones en el país.

“En el curso de este año las ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias, la tortura y malos tratos a detenidos, la detención arbitraria, el juzgamiento de civiles por tribunales militares y las persecuciones y ataques contra opositores, disidentes y defensores de derechos humanos se han convertido en prácticas sistemáticas y generalizadas en Venezuela”, declaró Federico Andreu-Guzmán, Representante para Suramérica de la CIJ.

“Por lo tanto, es difícil entender por qué el Gobierno de Venezuela no responde a las solicitudes formuladas desde larga data por los Procedimientos especiales con mandatos sobre estas violaciones, mientras invita de forma proactiva a otros Expertos de las Naciones Unidas”, agregó Andreu-Guzmán.

La CIJ hace, por lo tanto, un llamado al Gobierno de Venezuela a que invite a visitar el país al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y a los Relatores Especiales sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; la independencia de los magistrados y abogados; la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; y sobre la situación de los defensores de derechos humanos. Todos estos Expertos de las Naciones Unidas han solicitado visitar Venezuela desde tiempo atrás, incluso algunos desde hace varios años, sin que el Gobierno venezolano haya aceptado estas solicitudes hasta ahora.

“Los Estados miembros de las Naciones Unidas tienen, bajo la Carta de las Naciones Unidas, la obligación de cooperar con los Procedimientos especiales de derechos humanos de esta organización. Esta obligación cobra particular importancia cuando el Estado es miembro del Consejo de Derechos Humanos, como es el caso de Venezuela”, declaró Andreu-Guzmán.

Asimismo, la CIJ hace un llamado al Gobierno de Venezuela para que acepte la solicitud de visita al país que, desde el año 2004, ha reiterativamente formulado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Información complementaria

Desde hace varios años, los siguientes Procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han solicitado visitar a Venezuela: el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; el Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados; la Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias; el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas; la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado; y la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación.

En el ámbito regional, aunque denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos en septiembre de 2012, Venezuela sigue siendo Estado parte de tres tratados interamericanos de derechos humanos (La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer). Sin embargo, las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han sido sistemáticamente ignoradas por el Estado venezolano, el cual además ha denegado las solicitudes de visita al país que este órgano ha formulado desde el año 2004.

 

Venezuela acusa a EE UU ante la ONU de ejercer “terrorismo psicológico” por Sandro Pozzi – El País – 25 de Septiembre 2017

El canciller de Exteriores denuncia que la Administración que preside Donald Trump trata de acabar con la independencia del país
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Venezuela ha utilizado este jueves el plenario de la Asamblea General de las Naciones Unidas para denunciar las amenazas de intervención militar de Estados Unidos. También acusó a la Administración que preside Donald Trump de ejercer “terrorismo psicológico”, por incluir a su país en la lista sujeta a restricciones de viajes. “Estas listas son incompatibles con el derecho internacional”, afirmó el canciller Jorge Arreaza.

El ministro de Exteriores denunció que la independencia de su país está siendo puesta en peligro por parte de la “potencia opresora”. “Esta casa, la del multilateralismo y del respecto a la igualdad de los estados, ha sido profanada, irrespetada y ofendida una y otra vez por poderes arrogantes, que pretenden imponer sus reglas de juego unilaterales, las reglas de la guerra, del sufrimiento y del dolor”, dijo.

Y parafraseando la intervención del expresidente Hugo Chávez ante el mismo estrado hace once años, cuando George W. Bush lideraba la guerra en Irak, el jefe de la diplomacia venezolana insiste en que “aquí sigue oliendo a azufre”. “Donald Trump utilizó esta misma tribuna para anunciar guerras, la destrucción total de estados miembros y la aplicación de medidas coercitivas ilegales”, denunció.

Jorge Arreaza recordó que ya el presidente demócrata Barack Obama calificó a Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional de EE UU. “Tenemos la obligación de denunciar ante el mundo que nuestro pueblo ha sido amenazado directamente con el uso de la fuerza militar más poderosa que haya existido en la historia de la humanidad”, afirmó, al tiempo que citó las sanciones económicas impuestas.

El canciller habló de la disposición de Caracas de entablar un diálogo con Washington, basado en el respeto mutuo. Pero también dejó claro que, ante estas amenazas, el Gobierno de Nicolás Maduro está dispuesto a defender su soberanía “en cualquier escenario y bajo cualquier modalidad”. También pidió a la ONU que cree mecanismos para “neutralizar” este tipo de pretensiones unilaterales.

El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, expresó por su parte el rechazo rotundo a “cualquier insinuación de intervención militar” en conflictos internos. América Latina, reiteró ante el plenario, es una región en paz y está “monolíticamente unida” contra una retórica que considera “no es racional ni prudente”. “Solo aporta violencia, pobreza e inestabilidad”, concluyó, sin citar directamente de la crisis venezolana.

 

Naciones Unidas incluye a Venezuela en lista de países que castigan a activistas de derechos humanos – La Patilla – 20 de Septiembre 2017

un-logo-light-blue.jpgUn récord de 29 países, que incluyen a Venezuela, han tomado represalias e intimidación, que cooperan con Naciones Unidas lo que supone un aumento en comparación con los 20 anteriormente reportados, dijo el miércoles la agencia de derechos humanos de la ONU en su octavo reporte anual, reseña Reuters.

“Estamos conscientes de casos de personas con las que tenemos comunicación que han sido secuestradas, detenidas, incomunicadas o han desaparecido”, dijo el asistente del secretario general de la ONU para los derechos humanos, Andrew Gilmour.

El funcionario entregó el reporte al Consejo de Derechos de la ONU, del cual forman parte 11 países mencionados en el informe.

Los países denunciados son Argelia, Baréin, Burundi, China, Cuba, Egipto, Eritrea, Honduras, India, Irán, Israel, Mauritania, México, Marruecos, Birmania (Myanmar), Omán, Pakistán, Ruanda, Arabia Saudí, Sudán del Sur, Sri Lanka, Sudán, Tayikistán, Tailandia, Turquía, Turkmenistán, los Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán y Venezuela, agregó EFE.

“Es aborrecible que año tras año nos veamos obligados a presentar casos de intimidación y represalias contra personas cuyo delito -a los ojos de sus gobiernos- fue cooperar con las instituciones y mecanismos de la ONU”, recalcó Gilmore.

También dijo estar al tanto de casos en los que activistas con los que la ONU estaba hablando fueron secuestrados, detenidos, mantenidos incomunicados o desaparecidos, a la vez que indicó que hay “muchos casos” de detenciones arbitrarias prolongadas, tortura y malos tratos.

En un caso hubo tratamiento psiquiátrico forzado y en otros había confinamientos solitarios y asaltos sexuales y violaciones durante la detención, tanto de hombres como de mujeres, recalcó.

El informe, el octavo de su tipo, recoge casos ocurridos entre junio de 2016 y mayo de 2017.

Once de los 29 países mencionados en el informe son actualmente miembros del Consejo de Derechos Humanos y algunos figuran en el informe anual de la ONU cada año desde que fue instituido en 2010.

China y Arabia Saudí han sido mencionados en seis ocasiones, Baréin, Irán y Sri Lanka en cinco, y Argelia, Israel, Sudán, Tayikistán y Venezuela en cuatro.

El número de casos de represalias e intimidaciones es mucho mayor en realidad, dado que se han omitido varios por razones de confidencialidad o seguridad de la víctima, explicó Gilmore.

Según la ONU, “muchos” ataques contra activistas son “perpetrados o consentidos por funcionarios” y muchos otros incidentes no se denuncian por miedo a más repercusiones.

El informe dice que el patrón de algunos casos sugiere que algunos países “tienen una estrategia para prevenir a la gente de cooperar con la ONU en materia de derechos humanos”.

“Más allá del grave impacto en la vida de las personas afectadas y en la de sus familiares, la intimidación y la represalia también socavan sistemáticamente la acción de la ONU en materia de derechos humanos y la confianza de sus socios en la organización”, señala el informe de Gilmore.

El documento insta a todos los Estados miembros a cesar las represalias, investigar las denuncias, proporcionar indemnizaciones eficaces y adoptar e implementar medidas para asegurar la no repetición.

 

Ejecución de la Convención de Palermo a Maduro y su grupo por Carlos Sánchez Berzaín – Diario Las Americas – 17 de Septiembre 2017

opinion-carlossanchezberzain.jpgLa situación es muy grave y clara en cuanto a la urgencia de aplicar la Convención de Palermo desde terceros estados, pues las acciones del derecho interno en Venezuela están en manos de los criminales que permanecen en el poder para garantizar su impunidad.

La “Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional” (Convención de Palermo) tiene competencia plena sobre los detentadores delictivos del poder en Venezuela. La finalidad, definiciones, ámbito de aplicación, vigencia y ratificación, hacen de este instrumento, el idóneo para procesar, capturar y sancionar a Nicolás Maduro y su “grupo de delincuencia organizada” por “delitos graves” con los que obtienen “beneficios económicos y materiales”. Es tiempo de acciones criminales en los países donde los delitos de Nicolás Maduro y su grupo tienen efectos, procesos que ordenen su captura y juzgamiento.

La ejecución e inicio de los procesos puede hacerse en los estados en que los delitos se hayan preparado, cometido o tengan efectos sustanciales. La Convención de Palermo determina que “el delito será de carácter transnacional si: a) Se comete en más de un Estado; b) Se comete dentro de un solo Estado pero una parte sustancial de su preparación, planificación, dirección o control se realiza en otro Estado; c) Se comete dentro de un solo Estado pero entraña la participación de un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un Estado; o, d) Se comete en un solo Estado pero tiene efectos sustanciales en otro Estado”.

El Código Penal de la República Bolivariana de Venezuela establece en sus Arts. 174 al 181 agravados por el Art. 203 penas privativas de libertad de 4 a 6 años por privación de libertad por funcionarios, atropello a presos y otros delitos; además establece en sus Arts. 405 al 414 penas privativas de libertad de 5 a 18 a años por homicidio, homicidio culposo, lesiones graves y otros, más agravantes; impone penas privativas de libertad de 20 a 30 años por delitos contra la independencia y seguridad de la Nación como el asociarse para traicionar a la Patria.

Otros delitos, como el narcotráfico, la corrupción, sobornos, enriquecimiento sin causa, lavado de dinero, simulación de contratos para delinquir están sancionados en el Código Penal, incluyendo la asociación delictiva o agavillamiento con pena de hasta 5 años en el Art. 286; la falsedad de actos y documentos y aprovecharse de esa falsedad por un funcionario con penas de hasta 12 años en los Arts. 316 al 322. La comisión reiterada de estos y otros delitos ha producido en Venezuela una crisis social, económica, política y humanitaria mundialmente reconocida y probada por la existencia de perseguidos, presos y exiliados políticos, por la “migración forzada” de decenas de miles de venezolanos que dejan su país por miedo y por la inseguridad causada por el crimen organizado que detenta el poder de facto.

La migración de venezolanos -forzada por Maduro y su grupo de delincuencia organizada transnacional- ha llegado masivamente a los países limítrofes como Colombia, Brasil y Panamá, pero también a Perú, Argentina, Chile, Uruguay, Costa Rica, México, Estados Unidos, Canadá, España, Francia……. y estos son ”efectos sustanciales en otro estado” que otorgan y abren la competencia de las autoridades de esos países para aplicar de oficio o a petición de parte la Convención de Palermo.

Pueden proceder de oficio las autoridades encargadas de la investigación y acusación de delitos de cualquiera de los Estados que sufren “efectos sustanciales” por los actos delictivos cometidos por Nicolás Maduro y su grupo en Venezuela. Un importante precedente en la aplicación de la Convención de Palermo es el tristemente famoso caso de corrupción de la FIFA investigado por autoridades de Estados Unidos en Nueva York, que con participación de la Interpol detuvieron y procesaron en varios países del mundo a ciudadanos de diferentes países que habían cometido delitos en diferentes Estados, pero con efectos sustanciales en los Estados Unidos.

Si por razones políticas o de otra índole el caso de los crímenes transnacionales cometidos en Venezuela no mereciera atención de oficio, está abierto el derecho de “denuncia y petición” en los Estados o países en que los “efectos sustanciales de la delincuencia organizada transnacional” son evidentes con la presencia de migrantes forzados o exiliados venezolanos. El procedimiento legal es el ordinario del “derecho interno” de cada estado para la investigación de delitos. Ciudadanos y organizaciones civiles pueden pedir a los fiscales o procuradores de Colombia, Perú, Brasil, Panamá, Argentina, Chile, Costa Rica, México, Estados Unidos, Canadá, España, Francia, entre otros, que abran procesos, analicen la prueba y ordenen la captura y aprehensión internacional de Nicolás Maduro y los miembros de su grupo.

La filosofía y objeto de la Convención de Palermo es que los autores de crímenes transnacionales no puedan evadir la justicia en ninguna parte del mundo y que no puedan salvar sus beneficios ilícitos amparados en cuestiones de gobierno, Estado o soberanía. La soberanía no puede proteger al crimen ni a los delincuentes porque es un concepto de Derecho. La comisión y juzgamiento de los delitos perpetrados por Maduro y su grupo no son “asunto interno” de Venezuela, no aplica el principio de no intervención porque son delitos transnacionales y muchos de ellos de lesa humanidad.

La situación es muy grave y clara en cuanto a la urgencia de aplicar la Convención de Palermo desde terceros estados, pues las acciones del derecho interno en Venezuela están en manos de los criminales que permanecen en el poder para garantizar su impunidad. Maduro y su grupo manejan la fuerza y el sistema formal de justicia porque lo dominan en base al miedo y lo han suplantado, encarcelando y exiliando a los miembros del poder legítimo como los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Fiscal y miembros de la Asamblea Nacional.

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Declaración de Ex Jefes de Estado y de Gobierno – Iniciativa Democrática de España y las Américas – 19 de Septiembre 2017

Declaración de Ex Jefes de Estado y de Gobierno Iniciativa Democrática de España y las Américas New York, 19 de Septiembre 2017

Los ex Jefes de Estado y de Gobierno participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), reunidos en la ciudad de Nueva York, coincidiendo con la apertura de la 72° Asamblea General de la ONU y a propósito de la reunión sostenida entre los presidentes de Colombia, Brasil, Estados Unidos y Panamá y la vicepresidenta de Argentina, para hablar sobre Venezuela, expresamos lo siguiente:

1) Coincidimos con lo señalado por el presidente de la Asamblea General de la ONU al inaugurar sus sesiones, en cuanto a que “la gente que más necesita [de la comunidad internacional] no está sentada en esta sala”; a cuyo efecto y con motivo de Venezuela hacemos nuestra la voz y el dolor de quienes no tienen voz: las víctimas mortales producto de la represión de Estado y del hambre, los presos políticos, los exiliados, los miles de migrantes que en búsqueda de libertades huyen del gobierno dictatorial de Nicolás Maduro Moros y su Asamblea Nacional Constituyente de facto, instalada de espaldas al voto universal, directo y secreto de los venezolanos.

2) Hacemos nuestras las distintas manifestaciones de la comunidad internacional en su conjunto y las constantes en la Declaración de Lima adoptada por 16 cancilleres y diplomáticos americanos, la de los gobiernos del MERCOSUR, y las de la Unión Europea y el Parlamento Europeo, en las que se desconoce a la Asamblea Constituyente dictatorial instalada por el régimen de Maduro, asimismo desconocida por una mayoría del pueblo venezolano en la consulta popular que espontáneamente realizara el 16 de julio pasado; e invitamos a las instituciones europeas señaladas para que consideren la aprobación de similares medidas económicas, financieras y diplomáticas a las adoptadas por distintos gobiernos americanos.

3) Alertamos sobre tres variables que han de ser tomadas muy en cuenta por la comunidad internacional al evaluar escenarios y estudiar alternativas al respecto:

(1) que Venezuela, como nación, es víctima de una invasión por el gobierno de Cuba – en 2007 éste reconoce que unos 30.000 miembros de los Comités de Defensa de la Revolución se encontraban presentes en el territorio nacional venezolano – e incidente, de suyo, en los comportamientos internos e internacionales de la dictadura de Maduro;

(2) que ésta y sus autoridades se encuentran sometidas a investigación, tanto por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, como por el grupo ad hoc que encabeza el ex Fiscal ante la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, en nombre de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, por la comisión de crímenes de lesa humanidad;

y (3) que altos cargos civiles y militares de la misma dictadura han sido señalados de participación activa en el crimen del tráfico internacional de drogas y el lavado de sus dineros, incluidos los de la corrupción, siendo objeto de medidas sancionatorias.

4) Advertimos del riesgo que los avances logrados por el valiente pueblo de venezuela que de manera pacífica tomo las calles del país en meses pasados y que acudió masivamente a la consulta popular del 16 de julio, se vean seriamente debilitados por un intento más de “diálogo” que al igual que en otras ocasiones, corre el riesgo de ser intrumentalizado por el régimen de Maduro para seguir ganando tiempo en su favor y validar la ilegítima Asamblea Constituyente al poner como interlocutores y equivalentes a la Presidenta de este órgano espurio y al Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Una vez más, insistimos que todo diálogo o negociación de buena fe y con propósitos de restablecimiento de la vida democrática en Venezuela pierde fundamento y sentido, mientras una de las partes se encuentra bajo prisión política, perseguida y criminalizada por la dictadura o empujada al exilio, y el mismo pueblo medra sujeto a la explotación y el chantaje a fin de sobrevivir en medio de una grave crisis humanitaria.

5) Reiteramos nuestra fidelidad a los principios que hemos defendido y al pueblo venezolano que no está dispuesto a que se claudique en la lucha por hacer valer el mandato que le dio a los dirigentes de la Mesa de Unidad Nacional en la consulta popular del 16 de julio pasado los cuales se refieren a: (1) el rechazo de la Asamblea Constituyente, (2) la demanda a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional, (3) la renovación de los poderes públicos así como la realización de elecciones libres y la conformación de un gobierno de unión nacional.

Nueva York, 19 de septiembre de 2017

José María Aznar, España

Laura Chinchilla, Costa Rica

Luis Alberto Lacalle, Uruguay

Tuto Quiroga, Bolivia

Alvaro Uribe, Colombia

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