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Deber de injerencia – World Democratic Forum – 14 de Junio 2015

world-democratic-forum-2_0.pngLa injerencia consiste para un Estado en inmiscuirse en los asuntos interiores de otro Estado. Se trata de un acto que va en contra de uno de los pilares fundamentales del derecho internacional público: el de la soberanía del Estado. Sin embargo, el derecho de injerencia invoca circunstancias excepcionales donde la población de un Estado estaría en una situación de peligro tal que una intervención externa se justificaría para ayudarle, aun cuando esto violare la soberanía del Estado en el que se encuentra. El deber de injerencia agrega una dimensión moral de orden obligatorio al concepto del derecho de injerencia. No obstante ello, ni uno ni el otro tienen existencia jurídica dentro del derecho humanitario internacional.

Reseña histórica

El concepto de derecho de injerencia ya es mencionado en el siglo XVII, en la obra de Hugo Grocio De jure belli ac pacis (1625), como un derecho “concedido a la sociedad humana” para intervenir en el caso en que un tirano “hiciera padecer a sus súbditos un trato que nadie le ha autorizado tener”. Dos siglos más tarde, el principio de “intervención humanitaria” se pone en primer plano como una autorización para que una potencia intervenga para socorrer a sus ciudadanos o a minorías religiosas, por ejemplo, que pudieran verse amenazadas.

En realidad, fue durante la guerra de Biafra (1967-1970) que el principio de injerencia humanitaria realmente tuvo su auge. En efecto, so pretexto de no injerencia y de neutralidad, los jefes de Estado y de gobierno no intervinieron para ayudar a una población que estaba siendo diezmada por el hambre. Luego de este episodio, se crearon muchas ONGs tales como Médicos Sin Fronteras por ejemplo, para denunciar esa inercia. Dichas organizaciones defienden la idea de que algunas situaciones sanitarias excepcionales, caracterizadas por violaciones masivas de los derechos de la persona, justifican el cuestionamiento de la soberanía de los Estados y deben permitir la intervención de la comunidad internacional para hacer que cesen los atropellos y ayudar a la población.

En 1979 aparece por primera vez el término de deber de injerencia, en la pluma del filósofo Jean-François Revel, en un artículo dedicado a la dictadura centroafricana de Jean-Bedel Bokassa y ugandesa de Idi Amin Dada. En 1988 Mario Bettati, profesor de derecho internacional público y Bernard Kouchner, político y uno de los fundadores de Médicos Sin Fronteras, teorizan el deber de injerencia y organizan una gran conferencia sobre el tema. El mismo año, la Asamblea General de la ONU adopta una resolución (43/131) que instituye una “asistencia humanitaria para las víctimas de catástrofes naturales y de situaciones de urgencia del mismo orden”, pero que no permite imponer una asistencia humanitaria a un Estado que la rechace. Dos años más tarde, la resolución es completada por la 45/100, que instaura los “corredores humanitarios”.

En abril de 1991, la primera intervención en nombre del derecho de injerencia tuvo lugar en el Kurdistán iraquí, con el fin de proteger a las poblaciones kurdas de las autoridades iraquíes. El Consejo de Seguridad había calificado entonces la situación de “amenaza contra la paz y la seguridad internacionales”. Desde entonces, el mismo motivo ha sido invocado en otras operaciones como “Restore Hope” en Somalia, a fines de 1992, o la “Operación turquesa”, llevada adelante por Francia en Ruanda en 1994. Pueden citarse también las intervenciones en Bosnia Herzegovina en 1994-1995, en Liberia, en Sierra Leona, en Albania en 1997 y en Kosovo en 1999.

Un concepto en debate

El derecho o deber de injerencia suscita múltiples polémicas, tanto en el plano político como jurídico. No existe ninguna definición jurídica de ese derecho o deber, mientras que se opone a dos principios fundamentales del derecho internacional público: el respeto a la soberanía de los Estados y el principio de no injerencia. Por ello, su legitimidad y su licitud son cuestionadas. Es por eso que Mario Bettati hace hincapié en pegarle el adjetivo de “humanitario”, pues la “expresión “derecho de injerencia”, sin mayores precisiones […] está desprovista de todo contenido jurídico. Sólo puede adquirir uno si se le agrega el adjetivo “humanitario”. Este último, al asignarle una finalidad a la intervención, le quita el costado ilícito que tiene universalmente.” 1 El concepto de derecho o deber de asistencia humanitaria es entonces preferible.

En continuidad con este debate semántico, el concepto de “responsabilidad de proteger” aparece en 2002 en el informe Evans-Sahnoun producido por la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados, creada por iniciativa de Canadá y de un grupo de grandes fundaciones. El Consejo de Seguridad ratificará ese principio el 28 de abril de 2006 en su resolución 1674, donde “Reafirma las disposiciones de los párrafos 138 y 139 del Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005, relativos a la responsabilidad de proteger a las poblaciones del genocidio, de los crímenes de guerra, de la purificación étnica y de los crímenes de lesa humanidad”. La responsabilidad de proteger se basa en el principio de que cada Estado es responsable de la protección de su población y del respeto de sus derechos. En el caso en que el Estado no cumpliera con su tarea, la comunidad internacional tendría entonces el deber de actuar en nombre de la responsabilidad de proteger. Sometida al principio de la subsidiariedad, esta responsabilidad sólo se activa en última instancia e incluye asimismo una “responsabilidad de prevenir” y una “responsabilidad de reconstruir”.

A pesar de ello, los temores siguen siendo los mismos. Uno de los principales temores expresado por los países en desarrollo es el del retorno de una injerencia imperialista so pretexto de intervención humanitaria -tal como la colonización que se hizo en nombre de una misión civilizadora-. La aprehensión también apunta a posibles excesos en la aplicación del concepto de responsabilidad de proteger o de deber de injerencia, según una lógica parcial, en función de las motivaciones más o menos legítimas de los Estados interventores. Las razones para intervenir o no en un Estado pueden ser muchas: políticas, económicas, energéticas, estratégicas, mediáticas, etc. El riesgo es que las motivaciones de los Estados que intervienen estén más alentadas por intereses nacionales que por una verdadera voluntad de socorrer a una población en peligro. La discutida intervención de Estados Unidos en Irak en 2003 es un ejemplo de ello.

¿Un falso debate?

Las polémicas en torno al concepto de deber o derecho de injerencia han hecho correr mucha tinta, pero en los hechos se ha avanzado poco, tal como lo demuestran los trágicos episodios de Ruanda, Srebrenica o más recientemente Siria. Estas situaciones correspondían sin embargo a situaciones excepcionales de violaciones flagrantes y masivas de derechos de la persona que podían justificar el recurso al derecho/deber de injerencia/responsabilidad de proteger. No obstante ello, no se hizo nada. ¿Por qué la comunidad internacional intervino en Libia en 2011 pero no en Siria en 2012? La respuesta tal vez haya que buscarla del lado de la voluntad política de los Estados y de los intereses nacionales. En efecto, el debate parece quedar en una formalidad, de vocabulario, mientras que los problemas de fondo siguen siendo los mismos. Cierto es que la Carta de las Naciones Unidas prohíbe la injerencia en su artículo 2.7: “Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará a los Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta; pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el Capítulo VII”. Sin embargo estas últimas palabras son de una importancia crucial, pues en el Capítulo VII está escrito que, en caso de amenaza contra la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión, el Consejo de Seguridad puede “ejercer, por medio de fuerzas aéreas, navales o terrestres, la acción que sea necesaria para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. Tal acción podrá comprender demostraciones, bloqueos y otras operaciones ejecutadas por fuerzas aéreas, navales o terrestres de Miembros de las Naciones Unidas” (Artículo 42). Estas palabras escritas en la Carta brindan entonces a los Estados los medios necesarios para actuar, si así lo desean. ¿Es necesario entonces debatir interminablemente sobre los términos a utilizar? ¿La diferencia entre Libia y Siria? Una abstención de China y de Rusia en el Consejo de Seguridad en el momento de votar la intervención en el primer caso y un veto de los dos en el segundo.

 

 

Sobre la visita a Venezuela de un Experto ¿Independiente? por Victor Rodriguez Cedeño – El Nacional – 12 de Diciembre 2017

1480424890316.jpgEn días pasados visitó el país el Experto Independiente para la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, el señor Alfredo de Zayas, la única visita de un mecanismo del sistema de protección de las Naciones Unidas aceptada por el régimen venezolano en los últimos años, quien al finalizar su misión dio unas declaraciones que adelantan el Informe que en marzo del 2018 presentara al Consejo de Derechos Humanos, declaraciones cuyo contenido y contradicciones no deja de preocupar y de sorprender al más inocente.

Es lamentable que un Experto Independiente de Naciones Unidas, con un mandato específico, actúe en forma dependiente y parcializada, coincidiendo con las posturas políticas e ideológicas del Estado receptor, Venezuela en este caso, sin considerar la realidad nacional, complaciendo a sus anfitriones. Impropio, simplemente, impropio, de un mecanismo o procedimiento del sistema de protección de los derechos humanos de las Naciones Unidas.

Lo primero que debe aclarase es que el Experto Independiente tiene un mandato preciso, establecido en la resolución A/HRC/RES/18/6, (parr.14) del 13 de octubre de 2011 que define sus labores, que parece haber olvidado o confundido. El Experto debe definir, según esta resolución, los posibles obstáculos a la promoción y protección de un orden internacional democrático y equitativo; determinar en cuanto a ello las mejores prácticas a escala local, nacional, regional e internacional; concientizar sobre la importancia del tema; trabajar, en cooperación con los Estados, para fomentar la adopción de medidas adecuadas para ello; trabajar en estrecha coordinación con las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, otros procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, las instituciones financieras internacionales, así como con otros actores pertinentes ; integrar en su labor la perspectiva de género y de la discapacidad; informar periódicamente al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de conformidad con sus respectivos programas de trabajo y apoyar el refuerzo y la promoción de la democracia, el desarrollo y el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en el mundo entero.

Lamentablemente, las declaraciones del Experto de Zayas se centraron en otros aspectos ajenos a su mandato, materias competencia de otros mecanismos del sistema. Sus lamentables declaraciones fueron las mismas que utiliza el régimen bolivariano para justificar las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los venezolanos.

Convivio el señor de Zayas con la ilegitima e ilegal Asamblea Nacional Constituyente, en desprecio a uno de los Poderes fundamentales del Estado, la Asamblea Nacional, la institución depositaria de la voluntad popular, esencial al sistema democrático; y a la violación generalizada por el régimen de Maduro de la Constitución Nacional, hecho constatado por la comunidad internacional y por instituciones internacionales muy serias, como la Unión Europea y Mercosur, amén de muchos gobiernos incuestionablemente democráticos de la región y del mundo, que han constatado la evidente ruptura del hilo constitucional o el abandono de la democracia en el país.

Olvidó el señor de Zayas que no puede haber democracia con un sistema electoral parcializado y no independiente, sometido al Ejecutivo, una suerte de Ministerio Electoral al servicio de un grupo y de una ideología; menos aún puede haber democracia, lo que no vio tampoco de Zayas, con presos políticos, muchos sometidos a tortura y otros tratos degradantes, como política sistemática del régimen de Maduro. Olvidó también de Zayas la discriminación política a la que se ha sometido al pueblo venezolano, hoy dividido gracias a las criminales políticas oficiales de un régimen decadente, una especie de apartheid político, esa práctica inhumana y odiosa que separa y castiga a una parte de la población, en este caso a quienes han osado pensar distinto. No dijo nada tampoco el experto Independiente, acerca del Poder Judicial, del tribunal ilegitimo designado a la carrera por la Asamblea Nacional que entonces si era una institución de Estado porque estaba integrada por mayoría oficialista.

Olvido muchas cosas de Zayas para referirse a los temas mediáticos, los que parecen fascinar a los dirigentes bolivarianos y a los que se divierten con el juego macabro de la política en Venezuela. Repitió lo de la guerra económica, como si fuese cierta; y se refirió de nuevo a las sanciones adoptadas por algunos Estados, por la Unión Europea y otras instituciones ignorando que el Derecho Internacional contemporáneo permite a cualquier Estado, incluso al no lesionado directamente, adoptar contramedidas cuando otro Estado viola normas fundamentales de Derecho Internacional, como las relativas a la democracia y a los derechos humanos y que esas medidas, traducidas en nuestro caso en sanciones individuales dirigidas a violadores de derechos humanos y funcionarios incursos en crímenes internacionales y en delitos transnacionales muy graves, son presiones legitimas para exigir al Estado que cese en esas violaciones, asegure que no se repetirán y proceda a la reparación debida.

Olvido muchas cosas de Zayas y hablo mucho de otras. Vamos a ver el Informe que presentará al Consejo de Derechos Humanos en marzo del año próximo, que probablemente haya sido elaborado antes de iniciar su visita al pais.

Habla Rafael Ramírez, ex hombre fuerte del chavismo enfrentado a Maduro por Gerardo Lissardy – BBC Mundo – 7 de Diciembre 2017

“No estaba equivocado y las cosas han salido muy mal”
1511884353664Tras ser ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez ejerció de embajador de Venezuela ante Naciones Unidas.
Rafael Ramírez evita revelar dónde se encuentra tras renunciar como embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, pero sí habla de sus discrepancias con el presidente Nicolás Maduro y afirma que “las cosas han salido muy mal” en el país.
“El tiempo juega en favor de lo político, pero juega en contra de nuestra economía. Y es algo que está sufriendo nuestro pueblo todos los días”, dice Ramírez en una entrevista con BBC Mundo.
Este ex vicepresidente y exministro de Petróleo de Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez sostiene que la corrupción es “un problema extendido en todo el país”.
Quién es Rafael Ramírez, el “superministro” al que Hugo Chávez confió el petróleo y que ahora supone un desafío para el liderazgo Nicolás Maduro
Niega temer que las autoridades venezolanas presenten cargos contra él y sostiene que el arresto por presunta corrupción de decenas de cargos de la petrolera estatal PDVSA, empresa que dirigió durante una década, puede deberse a diferencias internas en el chavismo.
“Se está criminalizando la disidencia y se está estableciendo una forma de hacer política muy mala”, advierte.
A continuación, un resumen del diálogo telefónico con Ramírez, dos días después que dejara su cargo en la ONU.
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Rafael Ramirez renunció a su cargo como embajador de la ONU – El Nacional – 5 de Diciembre 2017

El funcionario dejó el cargo este lunes a petición del presidente Nicolás Maduro

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Rafael Ramírez renunció a su cargo como representante permanente de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El funcionario señaló que dejó el puesto a solicitud del presidente Nicolás Maduro. A través de su cuenta de Twitter, Ramírez publicó fotos de la carta de renuncia que presentó el 4 de diciembre.

La decisión se debió a las recientes opiniones de Ramírez sobre la actuación de algunos funcionarios públicos y la situación económica del país.

El ex presidente de Pdvsa publicó el 19 de noviembre un escrito en el portal web Aporrea en el que informó que propuso varias medidas económicas al fallecido ex presidente Hugo Chávez y al presidente Nicolás Maduro que no fueron aplicadas por “factores internos”.

En el escrito, el diplomático detalló que el presidente Chávez conocía la crisis cambiaria y petrolera de Venezuela, pero no se aplicaron los correctivos necesarios para aliviar la carga fiscal y monetaria que tenía que afrontar Pdvsa desde 2012.

El diplomático también indicó que cuando formó parte de la Vicepresidencia del Área Éconómica, entre octubre de 2013 y agosto de 2014, entendía cuáles eran los problemas económicos y lo que había que hacer, pero “no se obtuvo el apoyo necesario para avanzar en un conjunto de medidas que permitieran aplicar una nueva política cambiaria”.

Ramírez ejerció el cargo de representante permanente de Venezuela ante la ONU desde el 5 de enero de 2015 hasta el lunes.

 

Ramírez dice chao a su cargo en Naciones Unidas – Ultimas Noticias – 30 de Noviembre 2017

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Rafael Darío Ramírez Carreño entregará el cargo diplomático que ostenta en medio del escándalo que se ha suscitado en el país por las investigaciones de la Fiscalía sobre corrupción en Pdvsa.

Últimas Noticias obtuvo la información de que Ramírez dejará la ONU en los próximos días. Podría ser reemplazado por Samuel Moncada. La salida de Ramírez como embajador de Venezuela ante la organización se da simultáneamente con el golpe de timón que se inicia en la mayor industria del país, no solo para terminar de destapar las ollas de corrupción que se cocinaron entre bastidores sino, además, para recuperar los mermados niveles operativos y productivos de Pdvsa.

Ramírez, recordado por convertir a Pdvsa en “roja rojita”, llegó a ser uno de los funcionarios más importantes durante la administración del presidente Hugo Chávez. Permaneció 10 años a la cabeza de Pdvsa y ocupó el cargo de ministro de Petróleo y jefe del Gabinete Económico. Ahora da un paso atrás mientras la justicia dilucida responsabilidades.

Para el presidente de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela, Wills Rangel, es lógico que Rafael Ramírez responda por sus 12 años de gestión y que el Gobierno la evalúe, así como los trabajadores lo hacen.

“Por las acciones nos conoceréis, todas las cosas están a la luz del pueblo, a la luz de los trabajadores. Rafael Ramírez tuvo responsabilidades como ministro, como presidente de Petróleos de Venezuela durante casi 12 años, él tiene una gestión allí, que quedó plasmada”, afirmó el sindicalista.

La constituyentista Iris Varela criticó al funcionario: “Una persona que haya estado al frente de una tarea más de una década no puede estar exenta de responsabilidad en los éxitos o fracasos de la misma. ¿Quién designó a esos ejecutivos en tan altos cargos?, Sí, la responsabilidad penal es individual, pero en la Administración Pública hay responsabilidad solidaria”, afirmó.

Larga gestión. A Ramírez se le reconoce la recuperación de Pdvsa luego del fatídico paro petrolero 2002-2003, y se le atribuye la conducción y aporte de recursos para las misiones sociales como Pdval y la Misión Vivienda, además de las inversiones logradas de manos de los socios de Pdvsa.

Hasta el cierre de esta edición este matutino esperó por la respuesta del embajador.

 

Expresidente de PDVSA por 10 años busca “lavarse las manos” ante ruina por Sabrina Martín – Panampost – 21 de Noviembre 2017

 

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Rafael Ramírez, representante de Venezuela ante la ONU, el mismo que presidió la estatal petrolera PDVSA por una década, dijo que advirtió al fallecido expresidente Hugo Chávez de la “tormenta” que se avecinaba en el país suramericano.

Ramírez, quien llevó a la estatal petrolera a una crisis sin precedentes y que estaría relacionado con actos de corrupción y lavado de dinero, intentó a través de un artículo publicado en el portal chavista Aporrea “limpiar” sus culpas ante la crisis económica que enfrenta Venezuela.

“Quien pretenda desvincular nuestra gestión de la mano y dirección del Comandante Chávez, o no conocía al Comandante, o miente”, señaló.

La nota titulada “La Tormenta” deja en evidencia que el chavismo internamente no está en su mejor momento. Las diferencias empiezan a salir a flote y las acusaciones también.

Ramírez señaló que ya le había advertido a Chávez en diciembre de 2012 la crisis que vendría para Venezuela: “Le advertimos al presidente que nos afectaba el tema cambiario porque el costo del diferencial lo asumía la empresa (PDVSA). Esto no solo nos encarecía los costos de producción, sino que afectaba el flujo de caja y deuda con proveedores”, dijo.

El funcionario admitió que tuvo que emitir deuda para respaldar la política monetaria del Banco Central de Venezuela (BCV), “entidad que no se revisaba y solo tenía como objetivo mantener el dólar implícito a un nivel establecido por el BCV y el ministerio de Finanzas” política que, a su criterio, no funcionó.

Pero Ramírez va más allá. A través de su cuenta en Twitter también respaldó las críticas del chavista José Vicente Rangel quien el pasado domingo “explotó“en su programa de televisión al afirmar que el costo de la vida en Venezuela es insostenible y que con la crisis económica los venezolanos están “contra la pared”.

A ese mensaje de apoyo se suma otro tuit que revela fricciones adentro del chavismo que desde adentro “lo atacan”.

Pero las declaraciones de Ramírez al lamentarse sobre la crisis económica que enfrenta Venezuela son un descaro, luego de que por 10 años presidiera la estatal petrolera PDVSA, la misma que hoy está en default y con las cuentas en rojo.

Efectivamente, al principio, cuando Ramírez tomó las riendas de PDVSA la empresa era una de las principales petroleras a nivel mundial; sin embargo, fue en sus manos cuando la estatal venezolana empezó a caer “en picada”.

Ramírez hizo de PDVSA “una lavadora”
De acuerdo con el economista estadounidense Steve Hanke, la petrolera estatal venezolana PDVSA es la “peor compañía de petróleo del mundo”.

Hay que recordar que la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, a través de la Comisión de Contraloría, descubrió una malversación de fondos de USD $11 mil millones entre 2004 y 2014, justamente el período en que se mantuvo Ramírez a la cabeza de la empresa.

El informe de la AN revela que en la empresa se ejecutaron desde sobornos y sobreprecios hasta una serie de actuaciones que generaron pérdidas para el patrimonio nacional; entre ellas la poca transparencia sobre el uso de fondos y la colocación de recursos públicos en paraísos fiscales.

Pero es que además con el paso de los años ha quedado en evidencia que Ramírez, el mismo que hoy lamenta la crisis económica que enfrenta Venezuela, es una pieza común de lavado de dinero tanto en Estados Unidos como en Europa.

El funcionario que ahora representa al país suramericano en la ONU estaría involucrado en acciones ilícitas en EE. UU. luego de que se conociera que su hermano, Fidel Ramírez Carreño, está entre los beneficiarios del envío de millones de dólares con soporte en facturas falsas.

Pero otro familiar de Ramírez es investigado también en España. Se trata de su primo hermano Diego Salazar Carreño, quien habría retirado cientos de millones de euros de la Banca Privada d’Andorra (BPA), filial de Banco Madrid.

El caso está incluido en el informe elaborado por la unidad de delitos financieros de Estados Unidos (FinCEN) el 10 de marzo de 2015, donde también figuran tres exviceministros venezolanos implicados en casos de lavado de dinero en España.

Irregularidades en PDVSA
El expediente de la Comisión de Contraloría de la AN expone los detalles de las investigaciones sobre irregularidades cometidas entre 2004 y 2014, entre los cuales destacan:

Fondo de Pensiones: uso indebido de los Fondos de Pensiones de los extrabajadores de PDVSA producto del montaje y aplicación de una presunta estafa piramidal que expuso a inversores extranjeros a pérdidas por millones de dólares, en coparticipación con el ciudadano Francisco Illarramendi, condenado a 13 años de prisión en EE. UU.

“Tragedia de Amuay”: la explosión que se llevó a cabo en la Refinería Amuay, que derivó en la no investigación de los fondos destinados al mantenimiento de las plantas, así como el correcto uso de los programas y equipos para la oportuna respuesta en caso de accidentes.

Banca Privada d’Andorra: sobrefactura de servicios de la industria petrolera, pagos exorbitantes en comisiones por contratos con las empresas chinas, pagos para la suscripción de contratos de empresas internacionales con PDVSA, cuentas abiertas en la Banca Privada d’Andorra, España y Panamá. Todo esto, “con fines de corrupción y blanqueo de capitales, creación de empresas fantasmas o de maletín, con activos provenientes de la estatal petrolera”.

Banco Espírito Santo: pérdida de fondos públicos debido a la quiebra técnica del banco. El Gobierno de Venezuela, a través de Bandes y Fonden, inyectó 800 millones de euros al grupo lusitano con la compra de títulos de deuda.

Taladros chinos: contratación de PDVSA con la empresa Construema S.A. a través de intermediarios y por un órgano diferente a Bariven S. A., que configuró una adquisición con sobreprecios por USD $257.520.000.

Liaoning Northem Steel Pipes: adquisición de tuberías para las maquinarias petroleras con sobreprecios por USD $12 millones.

Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos S. A. (PDVAL): se otorgaron anticipos sin garantías a 11 intermediarios por USD $111 millones. Debilidades en los procesos de colocación de las órdenes de compra que ascienden a USD $577 millones para la compra de leche, pollo y carne.

Resúmen de la Reunión Fórmula Arria del Consejo de Seguridad sobre Venezuela – 13 de Noviembre 2017

Discursos

• Estados Unidos

• Hemos recibido presiones de interlocutores para que esta reunión no se celebre. Todavía más importante es ver a mis amigos del Consejo de Seguridad que han sucumbido a la presión de Venezuela y no participan.

• Hablamos de un país que debería estar en excelentes condiciones económicas y con experiencia democrática. Pero todo este potencial se está malgastando por un gobierno que sólo quiere salvaguardar su poder a costa del bienestar de su pueblo. El gobierno de Maduro es una dictadura, le niega la voz a su propio pueblo encarcelando a los opositores, rechazando su Asamblea Nacional democráticamente elegida y realizando unas elecciones falsas que todo el mundo se da cuenta que están amañadas.

• El gobierno no sólo les niega los derechos a los venezolanos, sino también la salud y la vida misma. Existen graves problemas de salud en donde personas mueren en hospitales por pobres condiciones sanitarias, en donde mujeres son forzadas a dar a luz en el suelo y con carencias de todo tipo de servicios y abastecimientos. Enfermedades infecciosas que habían desaparecido en Venezuela hace 25 años vuelven a resurgir y los niños mueren de desnutrición.

• La crisis que ahí se vive hoy es una amenaza a la paz y la seguridad internacional. Venezuela es un Estado cada vez más violento, un Estado narco que amenaza a la región y a todo el mundo

• No hace mucho Venezuela tenía el PIB per cápita más importante de la región. Hoy las familias venezolanas tienen dificultades para sobrevivir con 8 dólares al mes. El resultado es que los vecinos de Venezuela están pagando por la violencia y la pobreza a la que somete el régimen de Maduro a los venezolanos.

• 2.5 millones de venezolanos han abandonado sus casas para buscar nuevas condiciones de vida en los últimos 10 años y medio millón de venezolanos se han ido a Colombia y a otros países vecinos para buscar una mejor vida, seguridad y protección.

• El régimen Maduro está intentando de forma desesperada recuperar la legitimidad internacional que ha perdido por completo, pero no le podemos conceder legitimidad hasta que las acciones del régimen lo merezca y por supuesto que hasta ahora no lo merecen.

• Seguimos pidiendo al gobierno venezolano que ofrezca apoyo humanitario al pueblo venezolano y pedimos también una liberación inmediata y sin condiciones de todos los prisioneros políticos así como las elecciones libres y justas. Pedimos que se recupere la Asamblea Nacional legítimamente elegida y también los magistrados del Tribunal Supremo

• Italia

• 150 mil personas con pasaporte italiano viven en Venezuela y más de un millón de venezolanos tienen un origen italiano.

• Debemos crear un diálogo para lograr sentar el camino a un proceso político que permitirá que el país pueda tener de nuevo la posibilidad de decidir cuál será su futuro.

• Uruguay

• La situación en Venezuela no constituye una amenaza a la paz y a la seguridad internacionales.

• El gobierno venezolano no puede aspirar a una convivencia normal con sus vecinos en la región hasta que no se reestablezca la democracia en el país.

• El Gobierno de mi país reiteró el pasado 1 de agosto, una vez elegida la Asamblea Nacional Constituyente, su compromiso con la República Bolivariana de Venezuela en la búsqueda de una solución política negociada y duradera que ponga fin a la violencia y a la polarización de la sociedad venezolana y destacó una vez más que el encarcelamiento político no contribuye a dicha solución. En esa ocasión pidió la liberación de Leopoldo López, de Antonio Ledezma y de otros dirigentes políticos.

• Ucrania

• Pedimos al gobierno de Venezuela que respete plenamente los DDHH de sus ciudadanos y que coopere sin condiciones con la ACNUR.

• Francia

• Varios representantes de la oposición y de la sociedad civil siguen siendo detenidos de forma arbitraria fuera de cualquier marco jurídico.

• A nivel humanitario a mi país le preocupa en particular las repercusiones de las penurias que vive la población que no dispone de lo suficiente para atender a sus necesidades médicas y de alimentos.

• Notamos con preocupación que estas violaciones de los DDHH tienen consecuencias regionales sobre todo en lo que ataña a los desplazamientos de la población.

• Reino Unido

• La situación actual amenaza la seguridad y la estabilidad económica de la región entera.

• Nosotros seguimos pidiendo al gobierno de Venezuela que respete las instituciones democráticas como la Asamblea nacional, el derecho de los oponentes políticos a la protesta pacífica y la liberación de todos los presos políticos.

• Japón

• Japón insta encarecidamente a que se respete la democracia en el país.

• Etiopía

• El país pueda gestionar esos problemas sin abandonar su gobernabilidad que permitió dar espacio a la oposición.

• Las difíciles condiciones socioeconómicas y políticas deberían resolverse mediante el diálogo y la negociación entre los actores venezolanos y dentro del marco de la constitución venezolana.

• Suecia

• La responsabilidad en ultima instancia de poner fin a la crisis venezolana descansa en el pueblo venezolano y pedimos al gobierno y a la oposición que participen en un debate constructivo, en unas negociaciones significativas, como la única forma sostenible de abordar la crisis actual para responder las necesidades tan acuciantes del pueblo venezolano. Pedimos también al gobierno que restaure la legitimidad democrática a través de la celebración de elecciones libres y justas para poder reestablecer la confianza que es tan necesaria y el respeto a las instituciones democráticas, para lo que es necesario que se liberen todos los prisioneros políticos, que se apruebe un calendario electoral y que se brinde acceso humanitario a la población.

Intervenciones

• Secretario General de la OEA Luis Almagro

• Esta reunión es necesaria: en Venezuela hoy se ha instalado una dictadura tiránica. El país es gobernado por un esquema criminal con vínculos oficiales con el narcotráfico y que utiliza los medios del Estado para el tráfico de drogas y el lavado de dinero. Los opositores son encarcelados y torturados. Las manifestaciones callejeras de este año para reclamar libertades culminaron con más de 120 personas muertas a manos de las fuerzas de seguridad del Estado y más de 15.000 heridos.

• En un país rico que es una potencia petrolera mundial de primer orden la gente carece de alimentos y medicinas, se expanden las enfermedades ya erradicadas del país por años (como la difteria, paludismo y malaria, tener una enfermedad crónica como diabetes ha significado condena de muerte de pacientes).

• Hace tiempo que dejó de existir la separación de poderes y que el Poder Judicial no es más que una oficina dependiente del aparato represivo al igual que el Consejo Nacional Electoral, se usurpan, se inventan fraudulentos mecanismos autoritarios como la Asamblea Nacional Constituyente instalada en 2017 sobre la base de un fraude electoral de más de un millón de votos. Imaginen ustedes que en sus países, cualquiera sea su sistema político, se agregaran fraudulentamente más de un millón de votos: sola la nulidad del mismo es posible.

• Venezuela es una amenaza a la estabilidad y la seguridad de las Américas, causa la mas grave crisis migratoria al presente, tiene instalado al narcotráfico en la cúpula del gobierno : los sobrinos de la pareja presidencial están siendo juzgados en Nueva York por tráfico de drogas, el vicepresidente ha sido catalogado como cabecilla del narcotráfico y se le han congelado bienes por cientos –sino miles- de millones de dólares, el ministro del interior tiene una acusación internacional por narcotráfico, etc., generando lazos con redes criminales internacionales y grupos catalogados como terroristas, entregando pasaportes venezolanos a connotados delincuentes internacionales. Nadie debe elegir el camino de ignorar esta información.

• Es un obstáculo insalvable al desarrollo, impidiendo al pueblo venezolano el acceso a los bienes y servicios más básicos al generar la peor crisis económica de la historia moderna del país, en un contexto de corrupción en que los gobernantes cuentan con millonarios depósitos bancarios en el extranjero, • Es un violador serial y contumaz de los derechos humanos de su gente. Asesina, tortura, encarcela, censura, inhabilita o depone autoridades electas por el pueblo o designados por procedimientos constitucionales.

• El silencio, las excusas metodológicas o procesales, las ausencias, el lenguaje neutro o condescendiente y mantener calladas o descalificar las denuncias son la principal causa de que el régimen venezolano aún torture, asesine, persiga y tenga presos de conciencia.

• Es hora de tomar las medidas necesarias para enfrentar la crisis: Primero, la anulación de la Asamblea Nacional Constituyente, el cese inmediato de la represión, la liberación de todos los presos políticos, el fin de la tortura, un calendario electoral integral –incluyendo elecciones presidenciales- que asegure la celebración de comicios libres, justos y transparentes con observación internacional de la UE y la OEA, las dos organizaciones internacionales con mejores capacidades en ese sentido, el retorno al orden constitucional con el pleno respeto a la separación de poderes, la apertura de un canal humanitario. • Segundo, apoyar la institucionalidad democrática venezolana, como la Asamblea Nacional, y la Corte Suprema legítima, que se encuentra hoy en el exilio.

• Tercero, son necesarias sanciones cada vez más severas dirigidas contra el régimen y contra los integrantes del régimen responsables de violaciones de los derechos humanos o que están involucrados en la delincuencia organizada transnacional, así como contra quienes han atentado contra la democracia. Hacemos nuestras las palabras del Presidente Macri pidiendo embargo petrolero. Como hemos visto la muerte, la pobreza y el sufrimiento son responsabilidad directa de este gobierno, de su ineficiencia, de sus actividades criminales y de su corrupción.

• Finalmente, continuar con las investigaciones para determinar si se han cometido –y si se siguen cometiendo- crímenes de lesa humanidad por parte de los dirigentes del gobierno venezolano

• Alto Comisionado de los Derechos Humanos Zeid Ra’ad Al Hussein

• Desde agosto, si bien sigue siendo crítico, la situación de los derechos humanos ha evolucionado. Las protestas han disminuido drásticamente, y también el número de muertes relacionadas y detenciones arbitrarias. Sin embargo, mi Oficina ha seguido recibiendo denuncias de hostigamiento, detenciones arbitrarias, tortura o malos tratos a personas que se oponen al gobierno.

• El uso de fuerza excesiva por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas como se documenta en nuestro informe marcó la continuación de un patrón que existía desde al menos 2014. Una investigación de la Fiscalía indica que las fuerzas de seguridad fueron responsables de 357 ejecuciones extrajudiciales entre julio de 2015 y marzo 2017.

• Al compilar el informe, mi Oficina descubrió que las fuerzas de seguridad nacional habían recurrido sistemáticamente a la detención arbitraria de manifestantes. Se registraron 5.051 detenciones arbitrarias relacionadas con las protestas, de las cuales 600 civiles fueron presentados ante tribunales militares. Además, también se documentaron los patrones de malos tratos, que en ocasiones equivalían a tortura y graves violaciones de los derechos al debido proceso

• Si bien las detenciones arbitrarias han disminuido desde el final de las manifestaciones, se registraron alrededor de 400 casos nuevos entre el 1 de agosto y el 31 de octubre. Las detenciones parecen haberse vuelto aún más selectivas, dirigidas a personas identificadas como líderes de protestas, así como a opositores políticos, incluidos alcaldes y parlamentarios.

• La falta de respeto por los derechos al debido proceso continúa prevaleciendo. De la gran mayoría de las personas que fueron liberadas, unas 5.000, todavía enfrentan un enjuiciamiento penal y viven con el temor de ser detenidas nuevamente. Algunos han optado por abandonar el país. Si bien algunos de los casos presentados ante tribunales militares fueron transferidos a tribunales ordinarios, según el Foro Penal Venezolano, 198 casos civiles permanecen dentro de la jurisdicción militar.

• Mi oficina ha recibido más información alegando que los malos tratos y la tortura de los detenidos han continuado. Estoy consternado por la absoluta falta de información sobre cualquier progreso con respecto a la investigación de actos de tortura y otros malos tratos a detenidos. Según los informes, muchas víctimas se han negado a presentar denuncias por temor a represalias y porque han perdido toda confianza en el sistema de justicia.

• En este contexto político, millones de venezolanos viven en condiciones difíciles, ya que el gobierno se niega a reconocer o abordar la existencia de una crisis humanitaria. Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) de 2017 reveló que la desnutrición había aumentado en 1,3 millones de personas en los últimos tres años. La inflación es tan alta que hoy en día, una familia necesita 16 veces el salario mínimo para acceder a la canasta básica de alimentos.

• La situación de la salud también ha seguido deteriorándose debido a la continua escasez de medicamentos y la falta de acceso a la atención médica. Las enfermedades transmitidas por mosquitos, así como las tasas de mortalidad infantil y materna están en aumento.

• El reflejo más claro del deterioro de la situación humanitaria y de los derechos humanos es el número cada vez mayor de venezolanos que huyen de su país. Según el ACNUR, entre 2014 y septiembre de 2017, más de 100.000 venezolanos buscaron asilo en el extranjero, la mitad de ellos solo en 2017. El ACNUR estima que al menos 600,000 venezolanos han migrado recientemente a países vecinos sin presentar solicitudes de asilo.

• Joseph Donnelly de Caritas International

• Según estudios de las universidades reconocidas el 82% de los venezolanos viven en pobreza. La inflación anual acumulada de los últimos 12 meses llega a 1081%, la más alta en el mundo y el IESA prevé un incremento de 4700% el año que viene.

• La salud se deteriora por la falta grave, en torno al 90% y entorno también a la falta de medicamentos. Esto lleva a la aparición de enfermedades que antes se habían erradicado, como la malaria, la difteria y la tuberculosis.

• Los precios de los alimentos han incrementado en un 650%. Sólo 4 millones de personas pueden comer 2 veces al día y el 68% de las familias han tenido que recurrir a estrategias de supervivencia como la búsqueda de comida en las basuras y la prostitución para adquirir alimentos. Los padres permiten a los hijos que duerman más y que no vayan a la escuela.

• Según los estudios realizados, en 2016 la desnutrición aguda era de 9%, ahora es de 15%.

• Foro Penal

• De los 343 presos políticos sólo 11 son dirigentes políticos y 33 han recibido sentencia condenatoria. La mayoría son ciudadanos ordinarios que fueron detenidos por su derecho a disentir y no han tenido oportunidad de defenderse.

• Desde enero de 2014 el gobierno ha realizado 11.993 detenciones por motivación política. Cuando Maduro llegó al poder existían 11 presos políticos y en el mes de junio de este año se alcanzaron 670 presos políticos en un solo instante. Se estima que la cifra disminuya durante el año hasta alrededor de 100 presos políticos. 7078 personas con libertad, pero con medidas cautelares, con restricciones severas sobre sus derechos políticos y civiles. 17 personas con boletas de excarcelación que no han sido liberadas. • Alrededor de 12mil personas detenidas desde 2014, 15% de ellos fueron torturados. Patrón de violencia sexual contra mujeres. Niegan medicinas a personas que las necesitan y varias han muerto a causa de esto.

• En EEUU 21.407 venezolanos solicitaron asilo, más de 13mil en Brasil, más de 12mil en Argentina, más de 4300 en España, más de 2000 en Uruguay y más de 1000 en México. Sin contar personas que no piden formalmente asilo que migran a Colombia, Perú, Ecuador y otros países

EEUU denunció ante el Consejo de Seguridad que Venezuela es un “narcoestado violento” que amenaza al mundo – Infobae – 13 de Noviembre 2017

 

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La embajadora norteamericana en la ONU, Nikki Haley, aseguró que el país caribeño está atravesando “más que una tragedia humana” y acusó al régimen militar de Nicolás Maduro de utilizar la violencia contra su pueblo.

Estados Unidos denunció este lunes ante el Consejo de Seguridad de la ONU que Venezuela es cada vez más un “narcoestado violento” que supone una amenaza para la región y para todo el mundo.

Así lo señaló la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, en una reunión informal del Consejo sobre la crisis venezolana, solicitada por Washington.

Haley criticó que varios miembros del Consejo optasen por no participar en el encuentro e insistió en que la situación en Venezuela es “más que una tragedia humana” y “plantea una amenaza directa a la paz y seguridad internacional”.

Según la diplomática, el hecho de que el régimen de Nicolás Maduro haya buscado limitar la participación en la cita es muestra de que es “culpable” de los problemas que se aprecian en el país.

Haley denunció que Venezuela vive una de las situaciones “más trágicas” del mundo, pero subrayó que la crisis es “más que una tragedia humana” y “plantea una amenaza directa a la paz y seguridad internacional”.

La diplomática estadounidense acusó al régimen de usar la violencia, de una represión masiva y, en definitiva, de “mostrar su verdadera cara como una dictadura”.

“Les estamos observando. No nos engañan”, advirtió a las autoridades de Caracas, antes de dirigirse al pueblo venezolano para pedirle que no “pierdan la esperanza”.

Según Haley, “el mundo está cada vez más unido en sus esfuerzos para restaurar los derechos humanos y las libertades fundamentales” en el país y “la justicia llegará a Venezuela”.

 

Convocatoria Consejo Seguridad ONU – 13 de Noviembre 2017

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United Nations Security Council

Arria Formula Meeting

The Situation in Venezuela Monday, November 13, 2017 3:00 – 5:00 p.m.

ECOSOC Chamber

Organized by the United States in partnership with Italy

Background

Venezuela has been in a state of escalating political, economic, and social crisis since April, when anti-government protests left more than 120 dead. Even after mass protests subsided, the situation in Venezuela continues to worsen as the country suffers from acute shortages of basic food and medicine. In August, President Maduro installed the widely criticized Constituent Assembly, whose legitimacy has been seriously questioned. The Constituent Assembly has since claimed supreme power and overruled the democratically-elected National Assembly. In September, UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad al Hussein reported that Venezuelan security forces may have committed “crimes against humanity” in dealing with protestors and called for an international investigation. In October, the Venezuelan government held gubernatorial elections amidst allegations of widespread fraud and impropriety in the voting process.

Objective

This meeting will provide an opportunity to hear first-hand accounts and expert perspectives on the deteriorating political, economic, and social situation in Venezuela, and its potential humanitarian impact on the region. It will also provide an opportunity to discuss the role the international community and regional organizations can play in seeking a political solution and facilitating humanitarian access to those affected by the tensions.

Context

When preventative efforts fail and national authorities do virtually nothing to prevent the suffering of people from worsening violence, the human and socio-economic consequences can be severe. Displacement is often the byproduct of internal unrest and human rights abuses and violations can be exacerbated by an unstable economy with hyper-inflation, acute scarcity of food, medicine, and other basic goods. Over the past six months, over a half a million Venezuelans have fled to Colombia and countries in the region in search of food, medicine, and economic opportunities no longer available in Venezuela. Venezuela’s neighbors lack the resources and capacity to absorb this influx of displaced people and exposes the vulnerable to human trafficking and sexual exploitation. As the Venezuelan economy continues to crumble, the situation will likely only worsen, especially as the country is at risk of defaulting on its debt. The international community needs to work collectively to address the unfolding crisis and its humanitarian impact in Venezuela and beyond before it worsens and potentially develops into a threat to international peace and security. 2 In order to provide Security Council members with a better understanding of Venezuela’s challenges, speakers will address the implications of the profound political crisis; the deteriorating social, economic, humanitarian situation, and potential displacement crisis; and rule of law, corruption, and human rights violations and abuses, in particular those involving the use of excessive force and arbitrary detentions against protestors and other democratic actors. Council members may wish to consider how the United Nations can use existing tools and — where appropriate — employ new mechanisms to prevent further violence and a potential humanitarian crisis from spreading.

Panelists

Luis Almagro, Organization of American States Secretary

-General Zeid Ra’ad al Hussein, United Nations High Commissioner for Human Rights

–Joseph Cornelius Donnelly, Caritas International

-Julio Henriquez, Foro Penal

Format

Following introductory remarks by the United States and Italy and the panelists, members of the Security Council will be invited to take the floor and are encouraged to speak and ask questions for no more than five minutes each. All member states as well as permanent observers and non-governmental organizations accredited to the United Nations are invited to attend. Interpretation will be provided in all official languages of the United Nations. The Arria will be open to the press.

Opositores intentaron impedir reunión de la ONU sobre Venezuela: embajador Arria por Orlando Avendaño – Panampost – 10 de Noviembre 2017

 

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El diplomático venezolano, expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU, Diego Arria, confirma una información inquietante. (Diego Arria)

Para el lunes 13 de noviembre el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas pretende, en lo que es un hecho inédito, celebrar una reunión bajo la «Fórmula Arria» [consultas informales] para discutir la trágica crisis venezolana. El mecanismo lleva en su título el apellido de quien quizá es el diplomático y hombre internacional venezolano más relevante del país: Diego Arria, quien ha hecho una alarmante denuncia desde su cuenta de Twitter. Aparentemente la oposición oficial de Venezuela está intentado, mediante el diálogo que ha vuelto a surgir, impedir la celebración de la discusión en el Consejo de Seguridad.

Lo que sugiere el expresidente del Consejo de Seguridad, Arria, es delicado, y por ello el PanAm Post lo contactó para hablar sobre lo que, según él, se trataría de otra “traición a la patria”.

Si, la discusión va. Fíjate que sí, superando obstáculos importantes.

¿Y cuáles son los obstáculos?

Pues el Grupo de Lima fue intentado convencer por una supuesta Mesa de la Unidad Democrática, que no existe —solo eran Rosales, Florido y Borges, que ahora se auto-designaban representantes de la Unidad venezolana, en lo que yo interpreto como una acción coordinada con el régimen para reiniciar lo que el fondo es un proceso de negociaciones—, para así impedir que la cúpula política mundial, que es la Naciones Unidas, ventile la tragedia ante el mundo. Afortunadamente no lograron su objetivo y la reunión igual va.

¿Puede explicar esto mejor?

Borges y Florido, y entiendo Rosales, anunciaron ayer al país que en nombre de la Unidad habían consultado y que tenían un acuerdo para proseguir negociaciones en República Dominicana, y que para eso ya se habían combinado con México, Chile y Paraguay, y otros tres países.

Mira, esto indica que esto no pasó de noche a la mañana. Esta gente, sin consultar con nadie, ni siquiera con la Asamblea Nacional, ya habían estado promoviendo esto al punto de que el propio régimen lo anunció primero que ellos. Es imposible no advertir que esta ha sido una labor conjunta de dirigentes, partidos y el propio régimen para celebrar un diálogo que ya ha fracasado anteriormente.

Entonces, estos dirigentes le pidieron al Grupo de Lima que se dirigiera a las Naciones Unidas —los que estaban promoviendo la reunión del lunes, Canadá, México— para impedir la discusión porque se suponía que ya estaban en un proceso de negociación y de normalización de la situación.

El canciller de Perú, en nombre del grupo, se dirigió de muy buena fe —y quiero insistir en esto—, pensando que estos señores representaban a la oposición y que solicitaban un respiro. Actuó de buena fe porque pensó que estos dirigentes eran la oposición venezolana reunida.

¿Y por qué no prosperó la petición de Florido y Borges?

No prosperó porque hubo muchos que nos movimos en este sentido, para explicar la poca representatividad y la poca legitimidad de estos negociadores. Le advertimos que, evidentemente, era un despropósito reunirse con personas que no representaban a la oposición, en su conjunto, para discutir temas tan complejos. Quedó claro que lo más importante era celebrar esa reunión en el Consejo de Seguridad.

Quiero insistir en que el Grupo de Lima ha tenido una contribución importantísima en el proceso de respaldo a la libertad venezolana. En este caso creo que ha sido sorprendido por este grupo de actores, que les han asegurado que tienen, digamos, el consenso de la oposición venezolana.

Y estos tipos además escogen un sitio que no es para nada neutral, que es la República Dominicana, que lleva años votando en contra de la libertad de Venezuela.

¿A usted le llega esta información por su relación con la Fórmula Arria y su implicación con la reunión que se celebrará el lunes?

Sí, claro.

Mira, es la reunión más importante, un hecho inédito; y de repente surge del aire otra propuesta, que es la que el régimen venezolano ha venido siempre manejando. Porque el que ha manejado este proceso de diálogo es el régimen y ha contado con el respaldo de los dirigentes de la oposición, que en el fondo para mí están secuestrados.

Es que, está el caso de Florido, que supuestamente no tiene pasaporte y ahora lo tiene cuando va a viajar a reunirse con ellos…

¿Cómo es posible que, después de tanto, esta sea la primera vez que se celebre una reunión para tratar el caso de Venezuela bajo la Fórmula Arria?

Durante años, le estuve proponiendo a la MUD que utilizaran ese recurso ante el Consejo de Seguridad, que es un mecanismo valiosísimo. Hasta el régimen lo hizo en una oportunidad, para abordar el asunto del Sahara Occidental —que por cierto solicitaron cambiar el nombre de la Fórmula porque yo era un “enemigo de la patria”—. Y la MUD no lo hizo por dos razones: seguramente si la Fórmula hubiese tenido otro nombre, como Smith, Washington, hace rato la habrían solicitado. Ellos creían que esto me favorecería a mí solo por llevar mi apellido. Gente que piensa así, con estas pequeñeces, no puede estar a la cabeza de un movimiento que busque rescatar la libertad de Venezuela.

Por ejemplo, cuando llevé a Chávez a La Haya, ninguno aprovechó la oportunidad para apoyar aquella solicitud. No lo hicieron. Igual ahora, creen que eso puede favorecerme. Y al final, ¿adónde terminan?

Afortunadamente igual se celebrará la reunión en el Consejo de Seguridad; pero, ¿qué implicaciones podría tener? ¿Daña esto a la dictadura?

Ninguna discusión en las Naciones Unidas llega a traducirse en realidades; pero hay algo que quedará, que es lo importante y que no podrá pasar por desapercibido: la dimensión de la tragedia venezolana, la dimensión de la política de tortura. Quedará claro cómo un miembro de la Organización de las Naciones Unidas es un narcoestado. El simple hecho de que nuestra crisis esté siendo discutida en las grandes ligas de la política internacional, es vital.

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