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La crisis humanitaria en Venezuela es una operación política por Beatriz Becerra Basterrechea – El Confidencial – 30 de Junio 2018

Gracias a esta crisis, el régimen puede usar los CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) para comprar adhesiones y votos en las elecciones fraudulentas que organiza

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Desde el año 2005, más de dos millones de venezolanos han dejado su país. Según ACNUR, el 60% de ellos se encuentran en situación irregular. Los motivos de la emigración fueron políticos y económicos desde el principio, pero la crisis que vive el país ha acentuado de forma dramática las salidas por pura voluntad de sobrevivir. Creo que ya lo sabe todo el mundo, pero vale la pena recordarlo: Venezuela sufre un terrible desabastecimiento de todo tipo de productos, incluidos la comida y los medicamentos. Cada día, miles de personas cruzan la frontera con Colombia y —en menor medida— con Brasil. Algunos se quedan allí, otros regresan después de comprar, con el poco dinero que les queda, los productos de subsistencia que necesitan.
He podido comprobar esta situación sobre el terreno durante la misión que el Parlamento Europeo ha enviado a Cúcuta, en la frontera colombiana.

Más de cuatro millones de ciudadanos de Venezuela, un 13% de la población del país, ha cruzado a países vecinos o lo ha intentado. La ONU ya los considera oficialmente refugiados

La situación es tremendamente delicada, y si no se ha agravado más todavía es por la generosidad y esfuerzo de Colombia, cuyas autoridades están poniendo todo de su parte para atender al creciente número de personas desplazadas. Cuentan con la ayuda de otros países americanos y de organismos internacionales. La Unión Europea confirmó hace unas semanas un fondo dedicado de más de 35 millones de euros para ayuda humanitaria, y el comisario del ramo, Christos Stylianides, me acaba de confirmar que se plantea ampliar esta cantidad.

Por desgracia, se necesitaría un esfuerzo mucho mayor para atender a todos los venezolanos que lo necesitan, desde los niños que sufren desnutrición severa hasta las mujeres que no pueden dar a luz en mínimas condiciones de seguridad e higiene. Se han incrementado en un 60% las muertes en el parto. Pero es lo que se puede hacer mientras el régimen de Nicolás Maduro, atrincherado, se niegue a la apertura de un canal humanitario. El dictador y su régimen son responsables de lo que está ocurriendo.
Un informe de la OEA considera este chantaje y la propia crisis humanitaria como el más grave e inhumano de los siete delitos de lesa humanidad

En parte, lo son por incompetencia: se nombra a los responsables por su afinidad ideológica, y no por su conocimiento o experiencia. En parte, por su corrupción, cuyo más reciente hito es la incautación en Estados Unidos de 800 millones de dólares a Diosdado Cabello, hombre fuerte del narco-régimen. Pero, principalmente son culpables de la crisis por su voluntad decidida de imponer su dominio sobre un pueblo debilitado, hambriento y enfermo, un pueblo que dedique las pocas fuerzas que le quedan a sobrevivir en lugar de a combatir a la tiranía que los oprime.

Afirmo que la crisis humanitaria de Venezuela es una operación política planificada. Gracias a esta crisis, el régimen puede usar los CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) para comprar adhesiones y votos en las elecciones fraudulentas que organiza. Esto no son especulaciones: un informe de la Organización de Estados Americanos lo da por probado, y considera este chantaje y la propia crisis humanitaria como el más grave e inhumano de los siete delitos de lesa humanidad por los que se debería procesar, juzgar y condenar a Maduro y a su régimen. El nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, ha anunciado que llevará el caso a la Corte Penal Internacional.

Maduro es un tirano, pero no es original. Esta situación recuerda a las vividas en la Unión Soviética bajo los mandatos de Lenin primero y de Stalin después. Ambos indujeron hambrunas en su territorio con objetivos políticos, pero la de Stalin produjo un mayor número de víctimas porque se negó a pedir ayuda humanitaria. El régimen chavista parece en este sentido antes estalinista que leninista. En todo caso, se comprueba otra vez que el socialismo del siglo XXI se parece mucho al del siglo XX.
Debemos insistir y usar todas nuestras herramientas políticas y diplomáticas para conseguir que Venezuela recupere la democracia

El régimen ha liquidado el Estado de derecho, ha reprimido brutalmente a los opositores, tiene responsabilidad en casos de asesinato y tortura y es culpable de usar la falta de comida y medicinas contra su propio pueblo. Contra esto, la Unión Europea ha reaccionado con duras sanciones contra los jerarcas, pero no podemos detenernos aquí.

Debemos insistir y usar todas nuestras herramientas políticas y diplomáticas para conseguir que Venezuela recupere la democracia, la prosperidad y el futuro que le han arrebatado. Y, por supuesto, ejercer el papel que asumimos como firmantes del Estatuto de Roma para activar sin dilación el sistema de justicia internacional del que nos hemos dotado precisamente para eso: para que los tiranos rindan cuentas de sus crímenes ante el mundo, sin subterfugios ni escapatorias.

* Beatriz Becerra es vicepresidenta de la subcomisión de Derechos Humanos en el Parlamento Europeo y eurodiputada del Grupo de la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa (ALDE)

Un estado de locura extrema por José Luis Zambrano Padauy – La Patilla – 25 de Junio 2018

Unknown.jpegHe considerado desde hace tiempo, que en Venezuela se dan las teorías inversas y las lógicas revueltas. El anuncio de un aumento salarial debería de erigirse como un aliciente sin pretextos para esbozar una sonrisa y soltar algún suspiro de alivio. Pero en la calamidad nacional, este incremento sólo agrava la ruindad y decadencia social, económica y política a las cuales no les recetan escapatorias.

Es un desagravio instantáneo. Una desfachatez sin rodeos. Lo notifican con escándalo y parafernalia, cuando la nación está molida a palos en su estado de destrucción masiva. Hasta el aumento suena inoportuno, fugaz e impertinente. Nada resuelve los bolsillos desechos y la nostalgia irreparable de los que no tienen alimento.

Este incremento del salario mínimo alcanzará a duras penas para adquirir un quilo de carne. No sirve ni para el presupuesto escaso de una mesada de infante. Es una burla empecinada por recordarnos que más del 85 por ciento de la población están en la pobreza y que existe un fervor desmedido por subir el porcentaje.

Impera tanto la indignación, que se habla de paros masivos en los próximos días. En el Zulia los acalorados apagones tienen en un nivel de hastío tan mayúsculo, que probablemente ya ni se vean a las maltratadas iguanas -culpadas por el Gobierno de roer los cableados-, siendo quizá consumidas a pedradas por la población alteradas o en un plato poco suculento en plena consternación del hambre compartido.

No hay alivio a la carencia ni intenciones serias para mermarla. La única determinación congruente de la gente es la de emigrar sin mayores reflexivas. El propio Parlamento Europeo, con una audacia providencial y un asombro exorbitante, enviará sendas delegaciones a nuestras fronteras para evaluar el éxodo compulsivo de la población hacia los países vecinos.

Los eurodiputados desean calibrar el reto humanitario, como bien lo han dicho, mostrando solidaridad con los “desplazados y refugiados” de nuestro país. Casi un millón de compatriotas se han ido por esos linderos entre 2015 y 2017, situación a la que estos diplomáticos han catalogado de “tragedia” y de “política fratricida contra el noble pueblo venezolano por parte de su Gobierno”.

Posición semejante asumió también el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, quien encargó a la Corte Penal Internacional a que tome cartas en el asunto, sobre los graves abusos cometidos en nuestro país, ante la “impunidad generalizada y la inacción del Estado”.

Estas dos instancias coinciden en que el Gobierno venezolano no posee la capacidad y mucho menos la voluntad, para resolver las precariedades de la mesa nacional, así como la de procesar y castigar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos.

La ONU le ve lógica, tal vez, al enfriamiento repentino de las calles. Quién arriesga el pellejo frente a los “homicidios, presuntas ejecuciones sumarias, uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes, torturas y detenciones arbitrarias a manos de los componentes de seguridad”, como lo publicase en el segundo informe de esta organización respecto al tema.

No existe aumento monumental ni discurso frenético para calmar las perturbaciones del hambre. Pero andar entre escombros no implica el bajar la fe y la valentía para luchar por los ideales. La libertad es una siembra que se ramifica en las raíces categóricas de la lucha, el empeño y los planes diversos para obtener esa paz anhelada.

La ONU denuncia la brutal represión e impunidad del régimen de Maduro por Francesco Manetto – El País – 23 de Junio 2018

un-logo-light-blue-jpgNaciones Unidas pide una investigación internacional y solicita “mayor implicación” del Tribunal de La Haya

La ONU denuncia la brutal represión e impunidad del régimen de Maduro La OEA pide a la Corte Penal Internacional investigar delitos de lesa humanidad en Venezuela
La ONU denunció este viernes la represión del chavismo por las “graves violaciones de los derechos humanos” perpetradas en Venezuela y pidió a la Corte Penal Internacional de La Haya “mayor implicación” ante la deriva del régimen de Nicolás Maduro. Naciones Unidas dibuja en un informe un panorama aciago que califica de “espiral descendente que no parece tener fin”. Documenta cientos de homicidios, la violencia de las fuerzas de seguridad contra manifestantes, detenciones arbitrarias y torturas, y advierte de la impunidad de las autoridades.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, describe una situación sin matices en la que los abusos de las fuerzas policiales y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) se entremezclan con el control casi absoluto que el aparato chavista ejerce sobre la población, las consecuencias de la crisis alimentaria y una hiperinflación sin freno.

EL GOBIERNO VENEZOLANO RECHAZA EL INFORME DE LA ONU
El Gobierno venezolano rechazó este viernes el informe presentado por la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), que sugiere una intervención de la Corte Penal Internacional (CPI) por los graves y sistemáticos abusos cometidos y la impunidad generalizada en el país.

La Cancillería venezolana publicó un comunicado en el que descalificó el informe pues, asegura, es el “resultado de una metodología altamente cuestionable que sepulta la credibilidad y rigor técnico exigido a una Oficina de esa naturaleza y vulnera los principios de objetividad, imparcialidad y no selectividad”. – EFE

Esta denuncia redobla la presión internacional, encabezada desde hace meses por la Organización de los Estados Americanos (OEA), Estados Unidos y la Unión Europea, frente a un régimen que logró desactivar a la oposición interna, dividida y debilitada, y que actúa sin ningún contrapoder.

Además de las violaciones registradas durante las protestas contra el Gobierno entre abril y julio del año pasado como consecuencia de la convocatoria unilateral de unas elecciones constituyentes —en las que murieron más de 120 personas—, Naciones Unidas analiza las premisas de esa ola de violencia.

“De julio de 2015 a marzo de 2017, la Fiscalía General registró la muerte de 505 personas a manos de las fuerzas de seguridad (…). Los testimonios recogidos sugieren que esas muertes se enmarcaron en un determinado patrón de comportamiento de las fuerzas de seguridad: la realización de incursiones en los barrios pobres con el fin de detener a criminales, sin orden judicial”, señala el informe.

Se trata de las llamadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) contra las que la exfiscal Luisa Ortega Díaz abrió más de 350 procedimientos. La destitución de la fiscal, que huyó a Colombia en agosto de 2017 después de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, aumentó ese clima de impunidad, que coincide con la huida hacia delante de Maduro, reelegido presidente el pasado 20 de mayo en unos comicios sin garantías y en medio de acusaciones de fraude. “Yo hice objeción a esa resolución y posteriormente he venido haciendo objeciones a unos operativos que se diseñaron en Venezuela por el tema de seguridad ciudadana que llamaron OLP, Organización para la Liberación del Pueblo, que eran verdaderas represiones para el pueblo pobre”, dijo Ortega tras abandonar Venezuela en conversación con EL PAÍS.

NECESIDAD DE ATAJAR LA POBREZA EXTREMA
El informe publicado este viernes también señala la responsabilidad del Gobierno de Venezuela de ignorar la dimesión de la crisis alimentaria que atraviesa el país.

Según cifras citadas en el informe, el 87 % de la población de Venezuela está afectada por la pobreza, el 61,2 % se encuentra en situación de pobreza extrema, y se ha constatado un rápido incremento de la desnutrición infantil.

Sin Estado de derecho

“El hecho de no haber responsabilizado a las fuerzas de seguridad por las violaciones tan graves de derechos humanos que se han perpetrado sugiere que el Estado de derecho está prácticamente ausente en Venezuela”, manifestó el Alto Comisionado de Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, en un comunicado. Según Naciones Unidas, es deseable abrir una investigación internacional porque el Gobierno venezolano no concedió permiso para trabajar sobre el terreno a la Oficina de Derechos Humanos, que tuvo que recabar estos datos a través de entrevistas a víctimas, testigos, representantes de la sociedad civil, periodistas, abogados, médicos, y otros informes.

“Dado que el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos, existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la Corte Penal Internacional en esta materia”, mantiene Zeid. El pasado 8 de febrero, la Fiscalía de ese tribunal —que juzga genocidios o delitos de guerra— anunció la apertura de una indagación preliminar para determinar supuestos crímenes de lesa humanidad.

Mientras el chavismo exhibe desde las pasadas presidenciales decenas de liberaciones de presos políticos en un intento de buscar un balón de oxígeno ante la comunidad internacional, la Oficina de Derechos Humanos recibió información sobre cientos de detenciones arbitrarias.

Fueron al menos 570 entre el 1 de agosto de 2017 y el pasado 30 de abril, según la ONG Foro Penal Venezolano, y se muestra “particularmente preocupada por el número significativo de miembros de las fuerzas armadas que habrían sido detenidos en 2018”. El estudio incide en 90 casos de detenidos que fueron sometidos a tratos inhumanos desde 2014, mientras que el Alto Comisionado recuerda que la catástrofe económica ha llevado a al menos 1,5 millones de personas a huir del país desde 2014.

 

Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela por Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) – Junio 2018

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Resumen ejecutivo

En el presente informe se ofrece un análisis actualizado de las principales violaciones de los derechos humanos que fueron descritas en el informe “Violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 31 de julio de 2017”, publicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en agosto de 2017. Se examinan, en particular, diversas cuestiones sobre la responsabilidad y rendición de cuentas, así como sobre el acceso a la justicia para las víctimas y sus familiares en caso de violaciones graves de los derechos humanos. El informe también documenta las violaciones de los derechos humanos que han cometido las autoridades estatales desde agosto de 2017, como el uso excesivo de la fuerza en operaciones de seguridad no relacionadas con las protestas, la práctica reiterada de las detenciones arbitrarias, la tortura y los malos tratos, y la vulneración de los derechos al disfrute del más alto nivel posible de salud y a una alimentación adecuada. Además, el informe documenta otras violaciones de derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, cometidas por las autoridades estatales desde 2014. La información recopilada por el ACNUDH indica que las violaciones de los derechos humanos cometidas durante las manifestaciones forman parte de un sistema más amplio de represión contra los disidentes políticos y contra cualquier persona que, a juicio de las autoridades, se oponga al Gobierno o represente una amenaza para éste.

Dado que el gobierno venezolano no permitió que el ACNUDH tuviera acceso a su territorio, la información se recopiló a través de observaciones realizadas desde fuera del país. Esto incluyó la realización de 150 entrevistas con víctimas y testigos, así como con representantes de la sociedad civil, periodistas, abogados, médicos y universitarios, y el examen detenido de numerosos informes y datos aportados por diversas fuentes.

Acceso a la justicia en el caso de muertes relacionadas con las protestas

Desde el cambio de Fiscal General, a principios de agosto de 2017, las autoridades estatales no han actuado con la diligencia debida para investigar de manera oportuna y eficaz los casos de uso excesivo de la fuerza y de muertes de manifestantes tras la acción de las fuerzas de seguridad, castigar a los presuntos perpetradores y determinar las responsabilidades de las autoridades en los distintos niveles de la cadena de mando, deficiencia que constituyó una violación del derecho de las víctimas y sus familiares a la verdad y la justicia. En sus contactos con el ACNUDH, los familiares de 19 de las personas muertas durante las protestas de 2017 indicaron que habían perdido la confianza en el sistema de justicia y que no esperaban que el Gobierno fuera a rendir cuentas de manera fehaciente sobre lo ocurrido.

Las fuerzas de seguridad, en particular la Guardia Nacional Bolivariana, bloquearon los esfuerzos que estaban desplegando la Fiscal General anterior y su Oficina para identificar a los presuntos perpetradores. El ACNUDH conoció casos en los que las pruebas no se habían incorporado a los expedientes o habían desaparecido. También documentó casos en que miembros de las fuerzas de seguridad, presuntamente responsables de la ejecución extrajudicial de manifestantes, fueron liberados a pesar de ser objeto de órdenes judiciales de arresto o permanecieron simplemente retenidos en comisarías o cuarteles militares donde podían moverse libremente y no eran tratados como detenidos. En los pocos casos en que se identificó a los presuntos perpetradores de tales actos y se los privó de libertad, su procesamiento en los tribunales se retrasó injustificadamente. El ACNUDH recibió información sobre un solo caso en el que las investigaciones habían desembocado en la apertura del juicio de los presuntos responsables. Además, ninguno de los familiares de víctimas que fueron entrevistados por el ACNUDH confiaba en la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Públicas, creada por la Asamblea Constituyente en agosto de 2017, ya que a su juicio esta Comisión carecía de independencia e imparcialidad.

 

Uso excesivo de la fuerza y muertes causadas en otros tipos de operaciones de seguridad

El ACNUDH constató que el uso excesivo de la fuerza por agentes de seguridad durante las manifestaciones es uno de los aspectos de la problemática más amplia que constituye el empleo excesivo de la fuerza en las operaciones de seguridad en general, que se ha venido manifestando al menos desde 2012. Desde julio de 2015, las autoridades estatales se han servido de las llamadas “Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP)” como instrumento para demostrar sus pretendidos éxitos en materia de reducción de la criminalidad. El ACNUDH comprobó que existía un patrón de uso desproporcionado e innecesario de la fuerza por parte de los órganos de seguridad en dichas operaciones, las cuales se saldaron con un gran número de muertes que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. El Ministerio Público comprobó que, entre julio de 2015 y marzo de 2017, las fuerzas de seguridad mataron a 505 personas en el marco de OLP, entre ellas 24 niños. Las OLP también se caracterizaban por el alto nivel de impunidad. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, que presuntamente era responsable de la mayoría de los homicidios cometidos durante las OLP, también estaba encargado de llevar a cabo los exámenes forenses relativos a todas las muertes violentas.

El patrón de violaciones a derechos humanos identificado en el marco de las OLP también se observó durante la operación que se saldó con la muerte de 39 reclusos en el centro de detención de Amazonas, en agosto de 2017, así como durante la operación que concluyó con la muerte de siete miembros de un presunto grupo armado en la zona de “El Junquito”, en enero de 2018. La información reunida por el ACNUDH indicó que en ambos casos los agentes de seguridad utilizaron fuerza excesiva y manipularon las escenas y evidencias para que las muertes parecieran haber resultado de los intercambios de fuego.

Detenciones arbitrarias y violaciones de las garantías del debido proceso

El ACNUDH ha observado que, desde finales de julio de 2017, las fuerzas de seguridad, en particular los servicios de inteligencia, han seguido utilizando las detenciones arbitrarias e ilegales como una de sus principales herramientas para intimidar y reprimir a la oposición política o a cualquier persona que manifieste su disidencia o descontento y que, en consecuencia, sea considerada como una amenaza para el Gobierno. Sin embargo, estas detenciones han sido más selectivas que durante el período de las protestas masivas. Entre las personas arbitrariamente privadas de libertad figuraban activistas políticos y sociales, estudiantes, defensores de los derechos humanos, trabajadores de los medios de comunicación y miembros de las fuerzas armadas. Según los registros llevados por organizaciones de la sociedad civil, al menos 570 personas, incluidos 35 niños, fueron detenidas arbitrariamente entre el 1 de agosto de 2017 y el 30 de abril de 2018.

El ACNUDH ha comprobado la existencia de violaciones recurrentes del debido proceso, como la detención en régimen de incomunicación, las desapariciones forzadas breves, la imposición de grandes restricciones al derecho a una defensa adecuada y las demoras judiciales injustificadas. Según un abogado entrevistado, “hablar de un proceso penal es ilusorio, porque no hay absolutamente ninguna garantía legal”. También se ha mantenido la práctica consistente en procesar a los civiles en los tribunales militares. En varios casos se ha privado de libertad a personas que ya estaban amparadas por una orden judicial de liberación.

Según interlocutores de la sociedad civil, al menos 12.320 opositores políticos o personas consideradas como opositoras, o como amenazas para el Gobierno, fueron detenidos arbitrariamente entre enero de 2014 y abril de 2018. De estas personas, más de 7.000 fueron liberadas con la condición de que acaten una serie de medidas que restringían sus libertades. Siguen enfrentando largos procedimientos penales incoados en su contra, en algunos casos ante los tribunales militares. Muchas de estas personas viven con el temor de ser detenidas nuevamente, y algunas han abandonado Venezuela.

 

Torturas, malos tratos y condiciones de detención

Para preparar este informe, el ACNUDH reunió información sobre más de 90 casos de personas que fueron arbitrariamente privadas de libertad antes, durante y después de la ola de protestas masivas de 2017, y que estando detenidas fueron sometidas a una o más formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes, muchas de las cuales podrían constituir formas de tortura. Los agentes de seguridad, notablemente los miembros del SEBIN, la DGCIM y la GNB, recurrieron a tales medidas para intimidar y castigar a los detenidos, así como para extraer confesiones e información. Los casos más graves tuvieron lugar por lo general en locales del SEBIN, la DGCIM y del ejército, en todo el país. Algunas personas fueron retenidas en lugares de detención no oficiales. Entre los actos de malos tratos y tortura documentados se incluyen la aplicación de descargas eléctricas, golpes fuertes, violaciones y otras formas de violencia sexual, asfixia con bolsas de plástico y productos químicos, simulacros de ejecución y privación de agua. “No soy el único: hay muchas más víctimas en toda Venezuela”, dijo un hombre que había sido detenido arbitrariamente y violado por agentes de seguridad. El ACNUDH también ha documentado casos de trato cruel, inhumano o degradante impuesto a familiares de los detenidos.

El ACNUDH observó que las condiciones de detención de las personas privadas de libertad no cumplían las normas internacionales básicas para el trato humano de los detenidos, y que a menudo constituían en sí mismas un trato cruel, inhumano o degradante. El hacinamiento es generalizado y las infraestructuras son insalubres. En muchos centros de detención de todo el país, los detenidos tenían un acceso limitado a los alimentos y el agua, incluida el agua potable, y sus familiares debían ocuparse de proporcionárselos. Además, el ACNUDH tomó conocimiento de que a varios detenidos que se encontraban en malas condiciones de salud se les denegó la atención médica necesaria, lo que constituía una violación de sus derechos a la salud, a la integridad física y a ser tratados con humanidad.

Según pudo determinar el ACNUDH, la impunidad por actos de tortura y malos tratos era predominante, y las autoridades no han investigado de manera rápida y efectiva las denuncias verosímiles de tortura y malos tratos que recibían, lo que hubiera permitido procesar a los presuntos autores y proporcionar reparaciones a las víctimas. Los casos documentados por el ACNUDH, junto con la información recogida, indican que los malos tratos y la tortura infligidos a personas privadas de libertad por haber expresado ciertas opiniones políticas o por haber ejercido sus derechos humanos no son incidentes aislados. Por el contrario, se ha documentado que las mismas formas de malos tratos han sido cometidas por agentes de diferentes unidades de seguridad en todo el país, en diferentes centros de detención y con el presunto conocimiento de oficiales superiores, lo que demuestra claramente la existencia de un patrón de conducta.

Ataques y restricciones al espacio democrático

En el informe se llega a la conclusión de que, desde el fin de las protestas masivas de 2017, las autoridades estatales han seguido intimidando y reprimiendo a la oposición política y a toda persona que exprese opiniones disidentes o de descontento, con la diferencia de que esto se hace ahora de una manera más focalizada y precisa que en la época de las manifestaciones. En 2017 y durante los primeros meses de 2018, el ACNUDH tuvo constancia de diversas agresiones perpetradas contra dirigentes y miembros de partidos de la oposición, con inclusión de representantes electos, así como contra activistas sociales, estudiantes, profesores universitarios y defensores de los derechos humanos. Las altas autoridades suelen acusar públicamente a estas personas de estar implicadas en actos de terrorismo, traición y otros delitos graves. “El régimen me tiene fichado”, dijo un activista político del estado de Lara. Las víctimas entrevistadas indicaron que habían sido hostigadas, estigmatizadas, intimidadas, amenazadas o agredidas físicamente por representantes de las autoridades gubernamentales, incluidas las fuerzas de seguridad y otros miembros de grupos progubernamentales. En algunos casos, fueron detenidas arbitrariamente, maltratadas o torturadas, y, según se informa, fueron acusadas sin fundamento de haber cometido crímenes.

 

El ACNUDH documentó otras violaciones recurrentes de los derechos a la libertad de opinión, expresión, reunión pacífica y asociación. Las organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de cuestiones de derechos humanos también están confrontadas a dificultades cada vez mayores para poder funcionar, y los defensores de los derechos humanos son víctimas de campañas de desprestigio, amenazas, actos de acoso y vigilancia, y en algunos casos han sufrido detenciones arbitrarias y malos tratos o incluso tortura por llevar a cabo sus actividades legítimas. Se ha producido así un clima de miedo generalizado. “Cada día que pasa, crece el miedo que uno siente a sufrir represalias por hacer su trabajo”, dijo un abogado de derechos humanos.

Violaciones del derecho a la salud y la alimentación

Los médicos, académicos, otros profesionales de la salud y defensores de los derechos humanos entrevistados por el ACNUDH indicaron, sin excepción, que la grave crisis sanitaria en curso era consecuencia del colapso del sistema de salud venezolano. El ACNUDH recibió pruebas de que la inacción de las autoridades estatales o la ineficacia de las medidas adoptadas para abordar el agudo deterioro de las instalaciones y el equipo de atención médica, la falta de medicamentos, en particular para pacientes con enfermedades crónicas, y el repunte de enfermedades que ya habían sido erradicadas constituyeron una violación del derecho a la salud de un gran número de personas en todo el país.

Varios médicos señalaron al ACNUDH que las autoridades estatales no les habían proporcionado el equipo y los suministros necesarios para impedir que se produjeran muertes evitables. También informaron de que los pacientes tenían que comprar los medicamentos y suministros indispensables para su tratamiento fuera del hospital y que, si no podían encontrarlos o pagarlos, simplemente no podían ser tratados. Las madres de niños aquejados de insuficiencia renal informaron al ACNUDH de que había una escasez sistémica de equipos para diálisis en el único hospital del país donde los niños menores de 12 años pueden recibir dicho tratamiento. También dijeron que dicho hospital tenía déficits de medicinas y alimentos, así como de médicos. Según la información recogida, diez niños murieron como consecuencia de las condiciones insalubres en ese hospital, entre mayo y diciembre de 2017.

El ACNUDH también observó que el Gobierno se había negado a divulgar la información necesaria para evaluar la dimensión y las consecuencias de la crisis de salud, por ejemplo, mediante los boletines epidemiológicos semanales y el anuario sobre mortalidad. Por el contrario, el gobierno ha amenazado, e incluso en algunos casos detenido arbitrariamente, a los médicos, pacientes y trabajadores de los medios de comunicación que denuncian la gravedad de la situación sanitaria. Los profesionales de la salud entrevistados se quejaron de la presencia de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, la milicia y los colectivos armados en el recinto de los hospitales, los que se ocupaban de impedir que periodistas y otras personas reunieran pruebas de las terribles condiciones imperantes.

Según expertos entrevistados por el ACNUDH, como consecuencia de una combinación de políticas económicas y sociales implementadas por el Gobierno durante la última década, como el control estatal sobre el precio de los alimentos y los tipos de cambio de moneda extranjera, la mala gestión de las tierras cultivables confiscadas, el monopolio estatal de los suministros agropecuarios y la puesta en práctica de programas sociales sin objetivos nutricionales claros, se han generado niveles críticos de escasez alimentaria en un contexto en el que grandes segmentos de la población no tienen suficiente dinero para comprar los alimentos a precios de mercado.

De acuerdo a la información disponible, la desnutrición de los niños menores de cinco años aumentó rápidamente y las familias se han visto obligadas a reducir drásticamente la cantidad y la calidad de los alimentos que consumían. Además, habían adoptado estrategias de supervivencia, como vender sus objetos de valor, enviar a un miembro de la familia al extranjero o buscar comida en las basuras. El ACNUDH también observó que la escasez de alimentos tenía un impacto desproporcionado en las mujeres. Los médicos se han visto en la incapacidad de tratar adecuadamente a los niños con desnutrición aguda, debido a la escasez de medicinas, suplementos nutricionales y leche infantil en el sistema público de atención sanitaria. Además, los programas sociales establecidos por el Gobierno se habían instrumentalizado para obtener beneficios políticos y reforzar el control social.

 

El ACNUDH constató que, dado que el Gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis sanitaria y alimentaria, no se habían adoptado las medidas y las reformas normativas que se necesitaban con urgencia para hacer frente a la crisis y sus causas fundamentales, no cumpliendo así su obligación internacional de hacer todo lo posible para asegurar el ejercicio de los derechos a la salud y la alimentación, incluso recurriendo a la cooperación y asistencia internacionales.

Recomendaciones

El ACNUDH ha formulado dos recomendaciones destinadas a los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos y 30 recomendaciones a las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de abordar las graves violaciones de los derechos humanos documentadas en el informe y de evitar nuevas violaciones. Las recomendaciones incluyen a la vez medidas que deberían ponerse en práctica inmediatamente, y reformas encaminadas a resolver los problemas estructurales que han permitido que se cometan violaciones de los derechos humanos.

El ACNUDH sigue solicitando el acceso pleno y sin restricciones a la República Bolivariana de Venezuela a fin de realizar una evaluación exhaustiva de la situación de los derechos humanos en este país y está dispuesto a entablar un diálogo con el Gobierno, que comprende la cooperación técnica.

Ver informe completo en el siguiente enlace:

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ONU incorpora a la UCAB en el programa “Impacto Académico” – El Estimulo – 8 de Junio 2018

Recientemente, la Organización de Naciones Unidas (ONU) anunció la certificación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) como miembro de “Impacto Académico de las Naciones Unidas” (UNAI por sus siglas en inglés), iniciativa del organismo internacional que promueve la cultura de responsabilidad social intelectual y reconoce el compromiso social de las organizaciones educativas, técnicas y culturales que la conforman.

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Gracias a la decisión, la UCAB se convirtió en la primera universidad venezolana en ser incorporada al grupo de más de 1500 instituciones en 120 países que trabajan junto a la ONU en la promoción de asuntos de prioridad global como los derechos humanos, la paz y los objetivos de desarrollo sostenible.

Como integrante de esta red, la UCAB alineará los proyectos educativos y de extensión que viene ejecutando en sus sedes de Caracas y Guayana con los 10 principios básicos que apoya este conglomerado, entre los cuales se encuentra la atención de la pobreza, la generación de oportunidades educativas, la promoción de los derechos humanos, el fomento de la paz, el impulso del diálogo intercultural y la promoción de la ciudadanía global.

Para ello, la universidad desarrollará actividades conjuntas con UNAI y participará en foros y discusiones en el marco de la iniciativa. También tendrá acceso a información sobre proyectos adelantados por otros miembros, podrá solicitar y recibir colaboración técnico-académica sobre distintos temas de interés y tendrá oportunidad de visibilizar las actividades que emprenda a través de la red.

La certificación de la Universidad Católica Andrés Bello como miembro de “Impacto Académico de las Naciones Unidas” se inserta en el Plan Estratégico UCAB 20-20 y forma parte de la labor que adelanta el Secretariado de Internacionalización de esta casa de estudios, cuyo propósito es incidir en la formación de profesionales interculturalmente competentes, capaces de desempeñarse con éxito en entornos globalizados, multiculturales y altamente competitivos.

La incorporación a UNAI también contribuye a consolidar el posicionamiento de la UCAB entre sus pares del mundo. Actualmente, la Universidad Católica Andrés Bello es la institución de educación superior privada más prestigiosa de Venezuela, la tercera del país y unas de las 100 más importantes de América Latina, según el reconocido ranking internacional QS University.

Maduro bajo la amenaza de una intervención humanitaria por Manuel Malaver – Noticiero Digital – 25 de Marzo 2018

manuelmalaver.jpgUna forma de intervención militar extranjera ocurrirá en Venezuela en los próximos meses y no hay dudas que se hará bajo la modalidad de una intervención humanitaria.Pienso que normada en la doctrina que la ONU sentó para la región cuando Haití rodó por el caos después del golpe de estado contra Jean-Bertrand Aristidi el 29 de febrero del 2004, y una fuerza multilateral, la Minustah (Misión de Estabilización de la ONU en Haiti) e integrada, principalmente, por Estados Unidos, Francia, Canadá y Chile, pasó a ser la responsable del proceso de restablecimiento de la vida democrática en el país de Petión que duró 10 años.Es bueno subrayar que “caos político” no es equivalente a “crisis humanitaria”, si bien sus efectos letales sobre la producción y distribución de los bienes de primera necesidad, concluyen en atribuirle una inevitable similitud.Aún más, una crisis humanitaria desencadenada por razones políticas, como serían las de gobiernos interesados en alguna suerte de limpieza étnica, ideológica, partidista o religiosa, puede transcurir en perfecto orden, pero en este caso el “orden” es parte de la crisis humanitaria y no puede alegarse para no tener judicialmente la misma calificación y condena.

No es el caso de la Venezuela del régimen dictatorial y socialista de Maduro, donde caos y crisis humanitaria van de la mano, son consustanciales y ello allanaría el camino para arribar a las definiciones y precisiones jurídicas que son imprescindibles para que la ONU repita en Venezuela la experiencia de Haití.

Aunque, lo más seguro, es que en la situación de Venezuela y su caos político y crisis humanitaria, tal misión sea puesta en manos de la OEA que, en la vocería de su Secretario General, Luis Almagro y de gobiernos como los de Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Argentina y Brasil, sería el organismo llamado a poner fin a la tragedia y devolver el país a la normalidad.

No debe descartarse, sin embargo, una intervención humanitaria unilateral o bilateral, en caso de que fracase la multilateral -sea de la ONU o de la OEA-, y no hay dudas que la misma puede llegar por una decisión del gobierno de los Estados Unidos que preside Donald Trump, o del colombiano que ya estará en manos del actual candidato a la presidencia, Iván Duque, para mediados de mayo, ciudadanos con sobradas razones para querellarse con un régimen que no esconde sus preferencias -a la hora de buscarse enemigos-, por los presidentes de los países con las democracias más viejas del continente.

En lo que se refiere a los Estados Unidos, no debe olvidarse que fue el primer país de América en colocarle la etiqueta de “dictadura” al gobierno de Maduro, de acusarlo de violaciones de los derechos humanos, de ser pieza clave del narcotráfico internacional y aliado del terrorismo islámico, haciéndolo objeto de sanciones que van, desde prohibirles el ingreso a sus funcionarios, hasta congelarles los activos, pasando por juzgarlos en tribunales por causas relacionadas con la corrupción y el narcotráfico.
Pero lo más grave es que el presidente Barack Omaba había declarado en un decreto que firmó el 9 marzo del 2015, que el gobierno de Maduro “es una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos” y que pasaba a tenerlo entre sus objetivos políticos y militares”, declaración que acaba de ser ratificada por la Administración Trump.

En cuanto a Colombia, puede señalarse como el primer país de la región en sufrir las consecuencias del éxodo masivo de venezolanos a su territorio, que ya pasa del millón de personas, así como de ser objetivo de ataques de guerrilleros desmovilizados de las FARC y ELN que Maduro usa para hostigar a tropas colombianas destacadas en la frontera.
En otras palabras que, las intervenciones de un país (o grupo de países) extranjeros a un país soberano del continente no son inusuales ni remotas, si bien hay que entender su complejidad legal después que la Carta de la ONU sacralizó el principio de soberanía nacional que trató de evitar que los países más fuertes hicieran tabula rasa con la independencia de los débiles.

El problema con la “soberanía nacional” es que “gobiernos fuertes” de “países débiles”, pueden usarla a su antojo para oprimir y esclavizar a las poblaciones de sus propios países, perpetrando gigantescas violaciones de los derechos humanos, arrasando con cualquier vestigio de libertad, democracia y constitucionalidad y, todo bajo el alegato de que ningún poder extraterritorial (sean gobiernos o multilaterales) pueden violar su sacrosanta soberanía.

Argucia que resultó particularmente criminal cuando el comunismo soviético se impuso, de hecho, como un poder mundial y global, gobernó como una internacional del crimen e invadía naciones bajo el principio del “Internacionalismo proletario”, pero no permitía que gobiernos democráticos se solidarizaran con los invadidos en aplicación de la doctrina de la soberanía nacional.

Así cayeron Cuba, Cambodia, Laos, Nicaragua, Etiopía y Afganistán, países que pasaron a sufrir los horrores que antes habían vivido la Unión Soviética, China, Corea del Norte, y los países del Este de Europa, pero que fueron dejados en las garras de sectas de fanáticos desequilibrados y desintegrados que cometieron y cometen crímenes bajo una impunidad atroz, pero que el mundo civilizado no se atrevía ni a protestar, ni a ponerle fin.

Y así piensan Maduro y sus genocidas -Cabello, Padrino López, Reverol, los hermanos Rodríguez, Bernal, y demás terroristas, narcotraficantes y afines que los secundan-, que sucederá con Venezuela, pues siempre podrá favorecerlos el principio de inviolabilidad de la soberanía nacional, o si no, que no se logren los consensos, unamidad o mayoría absoluta para que el pueblo venezolano no sea desterrado de la civilidad, la libertad, la democracia y el progreso porque unos rendentores quiere mantenerlos para siempre en los predios del “Buen Salvaje”.

Pero le advertiría a Maduro y sus secuaces que, tal como se lee en El Quijote”: “En los nidos de antaño, no hay pájaros de hogaño”, que el comunismo soviético desapareció hace casi tres décadas, que su imperio conocido como el sistema socialista fue arrasado al extremo de que solo dos países, Cuba y Corea del Norte, lo mantienen como en una suerte de museo de cera del horror, y que la democracia constitucional con sus principios de independencia de los poderes y alternabilidad en el gobierno, rigen en el 90 por ciento de las naciones del globo.

Además, en el caso de Venezuela -con relación al resto de los países comunistas que fueron y son-, cursa una variante que es de especialísima importancia: el fracaso del socialismo es fundamentalmente demostrable por el retroceso de la calidad de la vida a niveles primarios, a tal como se vivía en los años más rudos del medioevo y pueden visualizarse en la hambruna que desde hace más de dos años sufre el país, la falta de medicinas y de servicios médicos -que ya se constituyen en una de las principales causas de muertes- y en un derioro de los servicios públicos como el suministro de agua, luz y transporte que hacen de Venezuela una réplica de Cuba y Haití.

Pero ha sido el éxodo masivo de venezolanos hacia países extranjeros, la llamada díáspora o emigración que ya alcanza los cinco millones de personas, las que determinan que Venezuela se despeñó por la vía a que condujo la inviabilidad del socialismo en otros países y que se hará imprescindible, indispensable e inescapable proceder a una intervención humanitaria para poner fin a su destrucción.

De ahí que, no sea descartable que, después de la celebración de la “Cumbre de Las Américas” en Lima, Perú, entre el 15 y el 16 de abril próximo, tanto la mayoría de los países representados en la OEA, como los que pertenecen a la ONU, se dispongan a discutir y resolver algún tipo de intervención militar en Venezuela, una que quizá se apoye en una fuera armada multilateral u otra bilateral de dos o más países con el mandato que ya recibieron EEUU, Francia, Canadá y Chile en Haití.

Misión para poner fin a la dictadura comunista totalitaria y genocida de Maduro, sea mediante la negociación o la guerra.

 

La crisis de desplazados venezolanos “es un desastre humanitario absoluto” – Noticias ONU – 13 de Marzo 2018

un-logo-light-blue.jpgMás de un millón de venezolanos se encuentran ya en Colombia, según el director del Programa Mundial de Alimentos, que ha pedido ayuda urgente y la puesta en marcha de un plan de respuesta de la ONU para afrontar la situación.
Los venezolanos que huyen de su país necesitan ayuda humanitaria con urgencia porque la situación en la frontera con Colombia “es una catástrofe, un desastre humanitario absoluto”, ha asegurado el director ejecutivo del PMA, tras visitar Cúcuta.

“Basándonos en lo que oímos, anticiparía que esto va a ir a mucho peor”, ha asegurado David Beasley tras pasar dos días en la zona y hablar con los venezolanos. “Estamos hablando de la posibilidad de desestabilizar la región”, ha advertido. “Revertir el progreso y desestabilizar esta región sería catastrófico para el mundo”.

Entre 40.000 y 50.000 venezolanos cruzan cada día la frontera entre Venezuela y Colombia legalmente. Muchos otros lo hacen clandestinamente. Ya hay más de un millón de venezolanos Colombia.

Basley, que se reunió con el presidente Juan Manuel Santos, explicó en una rueda de prensa que la ONU no puede trabajar dentro de Venezuela “a no ser que el Gobierno lo permita”. Por ello, acudirá a los donantes internacionales para que den ayuda financiera a Colombia, el país al que está llegando la mayoría de los venezolanos.

“Es absolutamente necesario y tiene que hacerse ya”, enfatizó, agregando que cree que “la gente por todo el mundo no se da cuenta de lo mala que es la situación y cuánto peor puede ser”.

Beasley contó que las historias de los venezolanos “son algunas de las más desgarradoras” de las que ha sido testigo en todo el mundo. “Escuchar a madres como una que esta mañana me contó que estuvo con su bebé en un hospital en el que no había comida o medicinas. Su niña tenía neumonía. Durante los cinco días que estuvo allí, diez niños murieron. Por eso se llevó a su hija del hospital para que sobreviviera, sabiendo que no iba a obtener ninguna ayuda”, recordó.

Estas no son solo las historias de los que han cruzado la frontera, sino de gente “en toda Venezuela”, añadió, prometiendo que llevará el mensaje de que “los venezolanos están muriendo de hambre” a otros países.

Un 1 % de hambre, un 2 % de desplazamientos

El Programa Mundial de Alimentos ya reparte comida en Colombia. “Pero esta crisis es otra historia”, dijo. “Nos aseguraremos de que ponemos en marcha un Plan de Respuesta Integrada de las Naciones Unidas para poder ampliar la ayuda dado que la situación probablemente va a ponerse mucho peor antes de mejorar”, detalló.

“Somos expertos en comida y seguridad. Sabemos que cuando el hambre aumenta en un 1 %, la migración crece en un 2 %. La gente, cuando no puede alimentar a sus hijos, se mueve”, explicó.

En cuanto a la búsqueda una solución política en Venezuela, Beasley dijo “que no hay duda de que es necesaria”, pero matizó que ese no es su terreno. “Mi terreno, lo mío, es ayudar a la gente inocente atrapada en crisis como ésta”, añadió. “Mi trabajo ahora mismo es ayudar a Colombia a soportar esta carga, porque es una gran carga”.

 

Ponchado: los tres “strikes” de la ONU contra Nicolás Maduro por Sabrina Martín – Panampost – 9 de Marzo 2018

La Organización de Naciones Unidas, el único organismo que le quedaba a Maduro para intentar legitimarse ante el mundo, ha decidido abandonarlo con tres recientes acciones.

ONU no enviará a Venezuela una misión de observación electoral ante el evidente fraude en las presidenciales.

En una analogía entre política y deporte, podemos decir que la dictadura venezolana “quedó ponchada” luego de recibir tres strikes por parte de los diferentes organismos y funcionarios pertenecientes a la Organización de Naciones Unidas (ONU). El único organismo que le quedaba a Nicolás Maduro para intentar legitimarse ante el mundo, ha decidido abandonarlo.

Pareciera que los países miembros de la ONU atendieron al llamado de Donald Trump en su primer discurso ante la Asamblea General:

Pido a cada país representado aquí hoy que esté preparado para hacer más para enfrentar esta crisis muy real. Pedimos la restauración total de la democracia y las libertades políticas en Venezuela.
Ya la Unión Europea y otros países de dicho continente emitieron sanciones contra funcionarios del chavismo. Los 16 países miembros del Grupo de Lima también se unieron para enfrentar la crisis en el país suramericano. Por su parte, la OEA ha emitido declaraciones condenando a la dictadura; y ahora la ONU y sus diferentes organismos dependientes (Comisión de DD. HH. y FAO), al igual que la Corte Penal Internacional, comienzan a manifestarse.

Primer strike: no habrá misión electoral

Maduro había insistido en que la ONU participaría como supuesto garante de las presidenciales fraudulentas, pero esto fue desmentido.

La ONU recordó este jueves 8 de marzo que no está en manos del secretario general, António Guterres, establecer una misión que observe las elecciones en Venezuela.

“El secretario general no puede enviar personal de Naciones Unidas a observar unas elecciones sin un mandato específico de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad”, dijo el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric.

Esta fue la respuesta luego de que el dictador de Venezuela llamara a Guterres a “establecer muy pronto” una delegación que observe los comicios del 20 de mayo.

La ONU dejó claro que por el momento, en la Asamblea General o en el Consejo de Seguridad no hay ninguna iniciativa en curso para establecer una misión a Venezuela.

En el “acuerdo de garantías electorales” el Consejo Nacional Electoral (CNE) chavista había aprobado solicitar a las ONU que conformara una delegación de acompañamiento y de observación electoral para los comicios.

A Maduro entonces se le complica aún más el intento de legitimar las elecciones fraudulentas, pues no cuenta con el único organismo en el que él depositaba sus esperanzas para acompañar el proceso del CNE.

Sin embargo, especialistas afirman que la ONU no es el organismo indicado para observar las elecciones en Venezuela, pues para que exista transparencia es necesario que viajen al país organizaciones como la Unión Europea y la OEA que tienen amplia experiencia en la materia.

Además, para que la observación electoral sea efectiva, estas organizaciones ya deberían estar viajando al país para acceder a todas las auditorías y procesos técnicos previos a los comicios.

Y es que la ONU, que había mantenido “bajo perfil” ante la crisis en Venezuela, últimamente se ha manifestado en contra de lo que sucede en ese país.

El secretario general de la ONU ha admitido su preocupación por la situación en el país gobernado por Maduro. Asímismo, el alto comisionado de la ONU en derechos humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, cuestionó la legitimidad de las supuestas elecciones en Venezuela.

Al Hussein dijo este miércoles que la situación política y social en Venezuela no reúne “las mínimas condiciones” para poder celebrar elecciones presidenciales.

El máximo responsable de derechos humanos de la ONU recordó que los dos partidos de la oposición han sido descalificados por la Comisión Electoral, y que la “coalición opositora oficial” (MUD) ha sido invalidada por la Corte Suprema.

Segundo strike: ONU admitió hambre en Venezuela

Las recientes acciones de la ONU demuestran que Maduro está quedando aislado hasta por parte de organismos que lo habían respaldado.

La ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO) por ejemplo, que hasta hace pocos años ocultaba la crisis en Venezuela, ha decidido pronunciarse ante la crisis alimentaria.

Este mismo jueves 8 de marzo el organismo admitió que en 2017 el hambre continuó creciendo en Venezuela.

Hace casi dos años, en junio de 2015, la FAO premió al régimen de Maduro por la presunta eficacia en la reducción de la pobreza y el hambre. Ahora, meses después, denuncia una posible crisis alimentaria en el país latinoamericano.

Tercer strike: inicia investigación en La Haya

La Corte Penal Internacional (CPI), organismo independiente que no forma parte de la ONU, pero que sí está directamente relacionada con el Consejo de Seguridad —el cual le puede remitir al CPI investigaciones—, decidió abrir una investigación preliminar contra Maduro por crímenes de lesa humanidad.

El organismo, que solo en 2016 cerró sin explicación 22 denuncias contra Venezuela, por primera vez admitió de la mano de la fiscal Fatou Bensouda, que existen indicios de que las “fuerzas de Seguridad del Estado usaron fuerza excesiva para reprimir manifestaciones”.

Cabe destacar que también en noviembre de 2017, el Consejo de Seguridad de la ONU) sostuvo una reunión en la que los embajadores de varios países pidieron al régimen de Maduro respeto al estado de derecho en Venezuela, a los derechos humanos y que propicie la liberación de los presos políticos.

El Consejo está conformado por cinco miembros permanentes: China, Francia, Rusia, Reino Unido, Irlanda del Norte y Estados Unidos; la mayoría de ellos se pronunciaron y exigieron a Maduro solventar la crisis humanitaria.

ONU recuerda a Maduro que Guterres no puede enviar misión electoral por Alejandro Ferrer – Venepress – 8 de Marzo 2018

un-logo-light-blue.jpgEl pasado miércoles, el mandatario venezolano pidió a las Naciones Unidas establecer “muy pronto” una delegación para presidenciales

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) recordó al Presidente Nicolás Maduro que no está en manos del secretario general, Antonio Guterres, establecer o no una misión de observación electoral para que sirva de veedor en las próximas elecciones presidenciales de Venezuela.

“El secretario general no puede enviar personal de Naciones Unidas a observar unas elecciones sin un mandato específico de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad”, dijo Séphane Dujarric, portavoz de la ONU.

Además desmintió que Estados Unidos esté ejerciendo presión a las Naciones Unidas para que no envíe veedores a Venezuela, algo que aseguró el propio mandatario venezolano está ocurriendo.

“La presión debería hacerse a aquellos que tienen la autoridad para enviar”, sentenció.

Comunicado ACNUR sobre flujo de venezolanos – Marzo 2018

NOTA DE ORIENTACIÓN SOBRE EL FLUJO DE VENEZOLANOS

1. Venezuela continúa experimentando un flujo significativo de venezolanos que salen hacia países vecinos, otros países de la región y países más lejanos. A pesar de que las circunstancias individuales y las razones de estos movimientos varían, las consideraciones de protección internacional se han hecho evidentes para una proporción significativa de venezolanos (1). La preocupación del ACNUR por los venezolanos fuera de su país de origen se deriva del mandato del ACNUR(2). Al ejercer estas funciones, la Oficina del Alto Comisionado tiene una historia de más de sesenta años de colaborar con los gobiernos y de desarrollar alianzas con otros organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales.

2. En este contexto, el ACNUR insta a los Estados receptores y/o a los que ya acogen a los venezolanos para que les permitan el acceso a su territorio y a que continúen adoptando respuestas adecuadas y pragmáticas orientadas a la protección y basadas en las buenas prácticas existentes en la región. El ACNUR está preparado para trabajar con los Estados con el fin de elaborar mecanismos adecuados de protección internacional de conformidad con la normativa nacional y regional, en particular la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y la Declaración de Cartagena(3). Estos acuerdos están guiados por el principio de que brindar protección internacional es un acto humanitario y no político. Brindar protección internacional es consistente con el espíritu de solidaridad internacional, de la cual los países de la región de las Américas, incluyendo la República Bolivariana de Venezuela, tienen una larga trayectoria. Mecanismos orientados a la protección bajo los marcos nacionales y regionales

3. Reconociendo los desafíos y los posibles retrasos que los Estados puedan enfrentar en la adaptación de los sistemas de asilo existentes a la actual situación, el ACNUR alienta a los Estados a que consideren los mecanismos orientados a la protección que les permita una estancia legal a los venezolanos, con las salvaguardas adecuadas. Esto podría, por ejemplo, incluir varias formas de protección internacional, incluso bajo el derecho internacional de los derechos humanos (4), y protección temporal o acuerdos de estancia (5), o alternativamente visados o mecanismos migratorios laborales que puedan ofrecer acceso a la residencia legal y a un tratamiento estándar similar a la protección internacional (6). La implementación de estos mecanismos se haría sin perjuicio del derecho a solicitar el asilo, especialmente en los procedimientos de expulsión o deportación o en el caso de la no renovación de los permisos de residencia. En todas las circunstancias, los estándares mínimos deberían garantizarse, específicamente:

a) Legalidad: Los requisitos y los procedimientos para la aplicación de estos mecanismos deberían definirse y articularse bajo la legislación nacional. El ACNUR insta a los Estados a garantizar que las personas que se beneficien de estos mecanismos se les expida un documento oficial reconocido por todas las autoridades gubernamentales.

b) Accesibilidad: Los mecanismos pertinentes deberían ser accesibles a todos los venezolanos, independientemente de la fecha de entrada al país de acogida. Esto significaría que no debería haber costos asociados con la solicitud de este mecanismo o solo costos mínimos, y que estas solicitudes se deberían aceptar en varios lugares del territorio para garantizar que los costos de transporte no sean prohibitivos. Además, ni la entrada/presencia irregular ni la falta de documentos de identidad serían vistos como una razón válida para denegar el acceso a dicho mecanismo.

c) Acceso a los derechos básicos: Los mecanismos basados en la protección también podrían garantizar el acceso a los servicios básicos y a los derechos fundamentales, en igualdad de condiciones con otros ciudadanos extranjeros que son residentes legales en el territorio del Estado, de conformidad con las Directrices del ACNUR sobre protección temporal o acuerdos de estancia (7). Estos derechos incluyen: 1) acceso a la atención médica; 2) acceso a la educación; 3) unidad familiar; 4) libertad de circulación; 5) acceso a albergue, y 6) el derecho al trabajo. Estos derechos se garantizarían de manera igualitaria y no discriminatoria.

d) Garantías de no retorno: En vista de la situación actual en Venezuela, el ACNUR hace un llamamiento a los Estados para que les garanticen a las personas beneficiarias de estas formas complementarias de protección, protección temporal o acuerdos de estancia, o visados o mecanismos migratorios laborales que no sean deportados, expulsados, o de cualquiera otra manera forzados a retornar a Venezuela, de acuerdo con el derecho internacional de los refugiados y el derecho de los derechos humanos. Esta garantía debería estar garantizada ya sea en el documento de identidad oficial otorgado o a través de otros medios efectivos, como instrucciones claras para los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

Acceso a procedimientos de asilo

4. Las soluciones descritas anteriormente son sin perjuicio del derecho a solicitar asilo. Los sistemas de asilo justos y eficientes brindan la red de seguridad necesaria para garantizar que las personas con necesidades de protección internacional sean reconocidas como tales y protegidas de la devolución. Todas las decisiones sobre las solicitudes de asilo necesitan tomar en cuenta información de país de origen pertinente, fiable y actualizada.

5. Cuando los Estados aplican la definición de refugiado contenida en la Convención de 1951 /Protocolo de 1967, el ACNUR apoya la implementación de medidas para acelerar y simplificar la tramitación de los casos individuales, si el número de casos excede la capacidad de los sistemas de asilo.

6. Si un Estado ha incorporado los criterios más amplios establecidos en la Declaración de Cartagena en su legislación nacional, el ACNUR alienta a los Estados a considerar la aplicación de esta definición regional en el caso de los solicitantes de asilo venezolanos, incluso como base para tramitar los casos de forma acelerada y simplificada8. Ante la gran variedad de información disponible sobre la situación en Venezuela, el ACNUR considera que las circunstancias generales que conducen a la salida de ciudadanos venezolanos podrían estar contempladas en el espíritu de la Declaración de Cartagena9, resultando en una presunción refutable de las necesidades de protección internacional.

7. El ACNUR ofrece su apoyo técnico y pericia a los Estados que buscan mejorar el acceso, la imparcialidad y la eficiencia de sus sistemas de asilo y otros procedimientos de protección internacional. En contextos nacionales específicos, donde la capacidad de los sistemas de asilo para abordar en forma efectiva las necesidades de protección internacional no existe o está desbordada, se requieren medidas especiales para garantizar que los Estados cumplan con sus obligaciones de no devolución y otras obligaciones de protección en relación con los venezolanos.

8. El ACNUR hace un llamamiento a los Estados para que tomen las medidas necesarias para combatir el racismo, la discriminación y la xenofobia, sobre todo a la luz de una serie de incidentes que afectan gravemente la vida, la seguridad y la integridad de los venezolanos. El ACNUR está preparado para apoyar estos esfuerzos.

ACNUR, marzo de 2018

(1) Información disponible para el ACNUR con base en las entrevistas de monitoreo fronterizo realizadas a los nacionales venezolanos. Ver también las fuentes de la nota al pie de página 9 a continuación.

(2) ACNUR, Nota sobre el Mandato del Alto Comisionado para los Refugiados y su Oficina, octubre de 2013, http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9445.pdf.

(3) Declaración de Cartagena sobre Refugiados, Coloquio Sobre la Protección Internacional de los Refugiados en América Central, México y Panamá, 22 de noviembre de 1984, http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0008.pdf. A pesar de que la Declaración de Cartagena está incluida en un instrumento regional no vinculante, la definición de refugiado contenida en esta Declaración ha alcanzado una posición particular en la región, en especial a través de su incorporación en 15 legislaciones nacionales y en la práctica de los Estados. En el momento de la redacción de este texto, la definición de refugiado contenida en la Declaración ha sido incorporada en la legislación nacional de Argentina, Belice (la definición de refugiado de la OUA), Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay.

(4) Por ejemplo, el artículo 22(8) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, http://www.acnur.org/ fileadmin/Documentos/BDL/2001/0001.pdf.

(5) ACNUR, Directrices sobre protección temporal o acuerdos de estancia, febrero de 2014, http://www.acnur.org/ fileadmin/Documentos/BDL/2014/9761.pdf.

(6) Tales estándares incluyen: mecanismos de recepción adecuados; permisos de estancia reconocidos y documentados; protección contra la detención arbitraria y prolongada; acceso a la vivienda, educación, atención médica y otros servicios básicos; libertad de circulación, excepto cuando sea justificada por razones de seguridad nacional, consideraciones de orden público o de salud pública; registro de nacimientos, muertes y matrimonios; seguridad física, incluyendo protección contra la violencia y la explotación sexual y de género; atención especial para los niños y las niñas separados y no acompañados, orientados por el interés superior del niño; respeto a la unidad familiar y a la localización, y oportunidades para la reunificación con familiares que están separados de la familia; atención especial y mecanismos particulares para las personas con necesidades especiales, incluidas las personas con discapacidades; autosuficiencia u oportunidades laborales; y acceso al ACNUR y, según proceda, a otras organizaciones internacionales pertinentes, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil. Ver ACNUR, Directrices sobre protección temporal o acuerdos de estancia, febrero de 2014, http://www.acnur.org/fileadmin/ Documentos/BDL/2014/9761.pdf, en particular los párrafos 13, 16-18. (7) Ver nota al pie de página 6. 3

(8) Ver la nota al pie de página número 3 arriba.

(9) Para orientación sobre la interpretación de los criterios más amplios de la Declaración de Cartagena, ver: ACNUR, Directrices sobre Protección

 

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