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Colombia pedirá a la ONU un fondo humanitario para afrontar la crisis de Venezuela por Francesco Manetto – El País – 23 de Septiembre 2018

Duque se estrena en la Asamblea General con la emergencia migratoria y la lucha antidroga como urgencias

El presidente colombiano, Iván Duque, esta semana durante una conferencia de prensa.
El presidente colombiano, Iván Duque, esta semana durante una conferencia de prensa. JOHN VIZCAINOAFP

La emergencia migratoria de Venezuela y la lucha contra las drogas. El presidente de Colombia, Iván Duque, se estrenará el próximo miércoles en la Asamblea General de Naciones Unidas con una intervención centrada en estas urgencias. Para ambas, que junto al desarrollo del proceso de paz con las FARC marcarán su mandato, propone un enfoque internacional. Duque, que asumió el cargo hace mes y medio, solicitará a la ONU la creación de un fondo multilateral de asistencia humanitaria para afrontar el multitudinario éxodo de venezolanos.

El presidente expondrá, además, su estrategia de lucha contra el narcotráfico, que pasa por una aproximación mundial a este problema. Colombia alcanzó en 2017 un nuevo récord de cultivos de hojas de coca, pasando de 146.000 a 171.000 hectáreas sembradas, y sigue siendo el primer productor y exportador. También la producción potencial de cocaína superó las cantidades de los años anteriores: casi 1.400 toneladas. Precisamente antes de la apertura del período de sesiones en la ONU, Duque participará en un foro sobre drogas convocado por Donald Trump, con quien además se reunirá por separado.

Durante su participación en la Asamblea General en Nueva York abordará también la implementación de los acuerdos de paz con las FARC, logrados por Santos en noviembre de 2016.  “Me referiré a esta voluntad del Gobierno nuestro y a nuestro firme deseo de tener una paz que sea producto de la legalidad, que sea una paz creíble, que sea una paz que se sientan los territorios del país, y que también vaya consigo de ejercer la autoridad para evitar que las economías ilegales sigan sembrando daño en Colombia”, afirmó Duque. El mandatario quiere modificar algunos aspectos de lo pactado, sobre todo en relación con las actividades políticas de los exguerrilleros y la llamada jurisdicción especial para la paz, el tribunal encargado de juzgar los crímenes de más de medio siglo de guerra.

ONU nombra a un representante especial para crisis migratoria venezolana – La Patilla – 19 de Septiembre 2018

Una vista general tomada el 10 de septiembre de 2018 durante la apertura del 39 ° Consejo de Derechos Humanos de la ONU en las Oficinas de la ONU en Ginebra.
Rohingya. / AFP PHOTO / Fabrice COFFRINI

El ex vicepresidente de Guatemala Eduardo Stein fue nombrado este miércoles representante especial de la ONU para los refugiados y migrantes de Venezuela, después de que Colombia pidiera ayuda para enfrentar el flujo de venezolanos que huyen de la crisis en su país.

Eduardo Stein “trabajará para promover el diálogo y el consenso necesarios para la respuesta humanitaria, incluyendo el acceso a territorio, protección de los refugiados, estatuto regular, y la identificación de soluciones para refugiados y migrantes venezolanos”, señalaron en un comunicado conjunto la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El ex vicepresidente guatemalteco (quien ocupó el cargo entre 2004 y 2008) “promoverá un enfoque regional coherente y armonizado de cara a la situación de Venezuela en coordinación con los gobiernos nacionales, las organizaciones internacionales y otros actores relevantes”, explica el texto.

El nombramiento llega dos días después de que el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, pidiera en Ginebra la creación de “un fondo humanitario de emergencia para fortalecer la capacidad presupuestal a fin de hacerle frente” a la crisis política y económica en Venezuela.

El titular de Relaciones Exteriores colombiano señaló también “la necesidad de la designación de un alto funcionario dentro del marco de Naciones Unidas, cuya tarea sea coordinar la acción multilateral”.

Venezuela se desploma 16 puestos en ránking de desarrollo humano de la ONU – La Patilla – 14 de Septiembre 2018

download-1Venezuela sigue cayendo en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que elabora anualmente la ONU y acumula uno de los mayores retrocesos del mundo bajo el Gobierno de Nicolás Maduro.

Desde 2012, solo Siria, Libia y Yemen, tres países con prolongadas guerras, han perdido más puestos que Venezuela en ese ránking, en cuya elaboración se tienen en cuenta datos como la esperanza de vida, la renta per cápita o los años de escolarización.

Mientras la mayoría de Estados han visto un progresivo aumento de su IDH con el paso de los años, el indicador se ha reducido de forma significativa en esos cuatro países, algo que preocupa a la ONU más que la pérdida de puestos en la clasificación.

“Eso es importante. Que la cifra retroceda quiere decir algo”, explicó a los periodistas Selim Jahan, el director de la oficina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que se encarga del informe.

En el caso venezolano, su IDH alcanzó en 2014 su máximo con un 0,778 sobre un tope de 1, poco después de la llegada de Maduro al poder en 2013.

Desde entonces, sin embargo, el índice ha ido retrocediendo hasta situarse ahora 0,761, en medio de la fuerte crisis que vive el país.

El principal factor, según apunta el informe, es la caída de la renta per cápita.

La bajada del IDH le ha costado a Venezuela un retroceso de 16 puestos en el ránking mundial en el periodo 2012-2017, hasta situarse como el 78 de los 189 incluidos en el estudio.

Las únicas caídas mayores son las de Siria (que se ha desplomado 27 puestos), Libia (que ha perdido 26) y Yemen (que se ha dejado 20).

Para la ONU, es probable que el impacto de la crisis venezolana aún no se haya reflejado totalmente en su IDH y que éste siga retrocediendo en los próximos años.

Por ejemplo, los autores del informe consideran que el éxodo masivo de ciudadanos rumbo a otros países puede afectar los indicadores de educación en Venezuela, con niños que no completan sus estudios y falta de profesores.

A pesar de su empeoramiento, Venezuela sigue estando por encima en la clasificación de países de su región como Brasil, que aparece un puesto por detrás, en el 79; Ecuador (86), Perú (89) o Colombia (90).

Todos ellos están en el grupo de países con desarrollo humano alto, un paso por detrás del escalón superior en el que se incluye a las economías más avanzadas.

Dentro de Latinoamérica, los únicos Estados que figuran en la categoría de desarrollo humano muy alto son Chile (44), Argentina (47) y Uruguay (55).

La clasificación general la encabezan Noruega, Suiza, Australia, Irlanda y Alemania, mientras que a la cola aparecen cinco países del África subsahariana: Níger, la República Centroafricana, Sudán del Sur, Chad y Burundi.

España figura en el puesto 26, rodeada de otros países de la Unión Europea (UE) como Francia, Eslovenia, la República Checa e Italia.

A nivel global, la ONU aprecia una tendencia general de mejoría continuada, con cada vez más países que registran un IDH muy alto.

En total, 59 Estados están en ese escalafón, frente a 28 que tienen un IDH bajo, mientras que hace diez años eran 46 y 49, respectivamente.

Pese a los avances, Naciones Unidas destaca que la desigualdad, tanto dentro de países como entre distintas naciones, sigue siendo un lastre importante para el progreso.

“En promedio, un niño nacido en un país con un índice de desarrollo bajo tiene una esperanza de vida de poco más de 60 años, 19 años menos que un niño de un país del grupo de desarrollo humano muy alto, donde la esperanza de vida media es de casi de 80 años”, destaca Achim Steiner, administrador del PNUD.

Para mostrar las brechas que hay dentro de cada Estado, el PNUD elabora un IDH ajustado por desigualdad, en el que como es habitual pierden numerosos puestos varios países latinoamericanos como México (-13), Brasil (-17) o Colombia (-12).

Destaca además el caso de España, donde la desigualdad en el ámbito económico y educativo es mucho mayor que en otros países de su entorno y le hace perder 12 puestos en el ránking cuando se tiene en cuenta.

Emigrantes venezolanos – The Economist – Septiembre 2018

¿De qué manera la crisis migratoria venezolana desafía a América Latina? por Andrés Cañizález – ProDaVinci – 11 de Septiembre 2018

¿De qué manera la crisis migratoria venezolana desafía a América Latina?

¿Refugiados o migrantes? En la propia definición que terminen dándole los países receptores y los organismos internacionales a la salida masiva de venezolanos, está una de las claves sobre la nueva dinámica regional para abordar la crisis humanitaria en Venezuela. Junto a esto, la tensión subyacente sobre el marco político o humanitario que tiene la discusión entre países y agencias internacionales. Y en el fondo está el dinero. Sí, también hay una no siempre callada lucha por la captación de fondos para atender la crisis.

Durante la primera semana de este mes de septiembre ocurrieron dos sesiones de discusión sobre la crisis venezolana y su impacto migratorio en la región. La primera tuvo lugar en Quito, el 3 y 4 de septiembre, la segunda en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) un día después. En realidad, la segunda presionó para que ocurriera la primera, y la realización de ambas deja al desnudo la incapacidad en este momento de que haya una sola agenda para enfrentar la crisis.

De acuerdo con cifras de la Organización de Naciones Unidas (ONU), al 31 de agosto de 2018 hay 2,3 millones de venezolanos que están principalmente en Sudamérica (90 por ciento). De esos, un total de 1,6 millones lo hizo desde 2015, de acuerdo con los saldos migratorios de los países receptores. Consulté a varios expertos, y no es exagerado estimar que a la vuelta de un año se hable de un éxodo de 5 millones, dada la creciente y al parecer irresoluta crisis económica, junto a la ausencia de un horizonte cierto de cambio político.

Como lo indicamos en un texto anterior en Prodavinci, Venezuela no ofrece datos migratorios por más de una década. Así que no hay manera de saber oficialmente cuántos venezolanos se han ido del país. A la cifra ofrecida por la ONU, se debe sumar un 10 por ciento más, según me indica un funcionario de Naciones Unidas en la frontera, por la cantidad de personas que sencillamente salen del país por trochas, sin pasar por un puesto fronterizo formal.

Cuantificar la magnitud de la crisis, eso en sí mismo, ya constituye un desafío para los países de la región, dada la ausencia de cifras y la falta de interés del gobierno de Nicolás Maduro en colaborar en esta materia.

Incluso, las cifras que ofrece la ONU podrían no estar reflejando lo que ocurre en el terreno, básicamente por un asunto metodológico. “Las cifras que ofrecen los gobiernos pueden variar, y debemos estar atentos que provienen de fuentes diferentes: saldos migratorios estimativos, registros o censos. En este sentido, es difícil comparar y tener una sumatoria porque se trata de distintas cifras en cada país, con rangos y periodos diferentes”, me explica Jeffrey Villaveces, experto en data en contexto de crisis humanitarias, residenciado en Colombia.

El año pasado se registraba un promedio diario de 40 mil venezolanos cruzando a Colombia, en los últimas semanas ha habido picos de hasta 100 mil en día. La mayoría sólo pasa la frontera en busca de alimentos o medicinas, y luego retornan a Venezuela el mismo día. Un monitoreo independiente y especializado permitiría tener un registro y dar las señales de alerta, un asunto que sería indispensable en opinión de Villaveces.

La reunión de Quito

El 3 y 4 de septiembre se celebró una histórica reunión de 13 países para discutir la crisis migratoria de Venezuela. Cuando le consulté a Carlos Romero, experto en política internacional, me confirmó que se trata de una reunión inédita en los últimos 30 años. Otras crisis migratorias debatidas regionalmente fueron las de Nicaragua y El Salvador, en los años 80, y la de Cuba en los 60, del siglo pasado.

La reunión la convocó Ecuador y se celebró en Quito. Este país tiene sobradas razones para encabezar la iniciativa. Con apenas 16 millones de habitantes, es el tercer país sudamericano en número de venezolanos acogidos, y por su ubicación geográfica es paso obligado para los venezolanos que por vía terrestre van a otros destinos de Sudamérica. Un eventual desbordamiento de la situación afectaría a Colombia, sin duda (pero allí ya está puesto el ojo de la cooperación internacional), y en segundo término afectaría a Ecuador, incluso más que a Perú.

El posicionamiento público de Ecuador para debatir sobre la crisis humanitaria venezolana, y sus efectos en la región, ha ido de la mano de la distancia política que marcó el gobierno de Lenin Moreno respecto del chavismo desde mitad de este año. Durante la tercera semana, del pasado agosto, la cancillería ecuatoriana formalizó la separación del ALBA(Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América). ¿La razón? Precisamente Venezuela en el seno del ALBA se negó a discutir sobre la salida masiva de venezolanos y su impacto en los países receptores.

La reunión de Quito fue esbozada por el presidente ecuatoriano el 13 de agosto, cuando pidió un marco de cooperación regional para hacer frente a la crisis humanitaria en Venezuela, pero no encontró mayor eco, al menos no públicamente. La decisión del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de convocar un consejo permanente para el 5 de septiembre, aceleró el proceso para que de forma previa y claramente sin vinculación con la OEA un grupo de países abordara la crisis venezolana, el 3 y 4 de septiembre.

Almagro convocó el consejo permanente el 20 de agosto y la cancillería ecuatoriana la reunión de Quito el 21 de agosto, teniendo ya el respaldo de varios países.

Un funcionario de la cancillería ecuatoriana me confirmó, con la condición de anonimato, que Ecuador busca la no politización del tema migratorio y crear un espacio para respuestas humanitarias. Eso tropieza con su vecino Colombia, cuyo nuevo gobierno claramente sí quiere hacer una bandera política de la crisis venezolana.

Las diferencias podrían sintetizarse de este modo: Ecuador junto a otros países aboga porque se ofrezca una ayuda humanitaria a los venezolanos, sin entrar en la discusión sobre la permanencia o no de Nicolás Maduro en el poder. Colombia encabeza un polo, que si bien ha mostrado solidaridad con los venezolanos, propone que se corte el problema de fondo: mientras Maduro esté en el poder habrá un éxodo masivo de ciudadanos que optarán por salir de Venezuela.

La declaración de Quito que terminaron suscribiendo 11 países, y cuyo texto puede leerse también en Prodavinci, tuvo resonancia pública por la decisión de que estas naciones aceptaran en su territorio a los venezolanos aún con documentos de identidad vencidos. Y se trata, sin duda, de un gran avance dada la política restrictiva que existe en Venezuela para acceder a pasaportes.

Sin embargo, la declaración refleja otros aspectos que terminarán siendo relevantes en la discusión pública sobre la diáspora venezolana. El documento habla explícitamente de “ciudadanos venezolanos en situación de movilidad humana”, en ningún momento apela a la condición de refugiados. Acá ya se traza una clara diferencia entre lo acordado en Quito y lo discutido en el seno de la OEA un día después, el 5 de septiembre.

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello hizo, además, otra oportuna aclaración. En la reunión de Quito, de este septiembre, no se hizo mención de la Declaración de Cartagena (1984), el documento regional más significativo en respuesta a la crisis migratoria centroamericana producto de las luchas armadas de aquel momento.

Precisamente ese documento, avalado por ACNUR, le brinda un marco mayor de interpretación y alcance a los países receptores sobre a quién debe considerarse refugiado, ampliándolo de la consideración tradicional, que le otorgaba tal condición principalmente a perseguidos políticos o emigrantes producto de catástrofes naturales o guerras abiertas.

Para la Declaración de Cartagena, también deben ser considerados como refugiados “las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”.

La sesión del Consejo Permanente de la OEA

El 5 de septiembre se celebró el Consejo Permanente dedicado a analizar la crisis migratoria de Venezuela, convocado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Esta sesión fue fundamentalmente de discusión y debate político. Si bien hubo cifras e intervenciones técnicas sobre el fenómeno, el empaque público fue político.

No hubo consenso para una declaración conjunta sobre la crisis, ni siquiera los países afectados por la llegada masiva de venezolanos pudieron en el seno de la OEA aislarse del ruido político para alcanzar unos puntos en común. La brecha entre la secretaría general y las delegaciones nacionales, en el seno de la OEA, quedó nuevamente en evidencia al abordar la crisis venezolana.

La ausencia de decisiones en la asamblea, tuvo al final del día una nueva respuesta política de Almagro al crear un grupo de trabajo sobre la migración venezolana y colocar al frente de éste al exiliado exalcalde de El Hatillo, David Smolansky. Éste como buena parte de la dirigencia política exiliada aboga para que los venezolanos forzados a salir del país reciban la condición de refugiados.

El grupo de trabajo, según Almagro, deberá determinar “la escala completa de la migración venezolana y la crisis de refugiados” y emitir sus recomendaciones para atender el fenómeno, explicó. Según el mandato, tendrá áreas de acción diversas: salud, educación, vivienda, trabajo.

El rápido respaldo del canciller colombiano a este grupo de trabajo, siendo el único gobierno que avaló la iniciativa, y la siguiente decisión de Almagro de ir a visitar la frontera colombo-venezolana (lo anunció el 6 de septiembre) para constatar en el terreno la situación de los venezolanos migrantes, hacen prever un tándem entre Bogotá y la secretaría de la OEA, teniendo como bisagra a Smolansky.

Tras esta decisión en el seno de la OEA consulté al experto en política internacional, Carlos Romero. A su juicio, la designación de Smolansky constituye un error porque politiza aún más el tema migratorio y aleja la posibilidad de que se aborde -conjuntamente con el gobierno de Maduro- la crisis humanitaria, un asunto que en su opinión será ineludible, tarde o temprano.

Asimismo, para Romero no será la OEA el ente que podrá liderar los esfuerzos para orquestar una respuesta regional a la crisis humanitaria en Venezuela y sus efectos directos en los países, principalmente de Sudamérica. En esa misma dirección apuntó la conferencia de Quito, que de forma diplomática evadió darle responsabilidades a la OEA, pese a que se reunía un día después.

En Quito, más bien se trazó la revitalización de los entes subregionales tradicionales para hacer frente a la contingencia: “Fortalecer el rol de la CAN y del MERCOSUR para abordar, de manera integral y articulada, el flujo masivo de nacionales venezolanos y que permita adoptar acciones inmediatas para atender esta crisis migratoria de carácter humanitario”.

Finalmente, un tema no menos importante está relacionado con los flujos de ayuda internacional para atender la crisis humanitaria venezolana, en las naciones vecinas. Almagro, por ejemplo, sintetizó que el grupo de trabajo desde la secretaría de la OEA buscará “de inmediato” captar “recursos financieros nuevos y adicionales para responder a las necesidades en el terreno e implementar las recomendaciones que pudieran surgir del informe (que debe elaborar dicho grupo de trabajo)”.

De forma visible, hasta ahora, Colombia ha captado la mayor cantidad de dichos recursos. Se suman varios factores para ello: a) tiene la frontera con más movilidad humana de toda Sudamérica; b) esta frontera la comparte con Venezuela en medio de la más cruda crisis económica y social de nuestro país; c) la simbología del éxodo tiene en el puente hacia Cúcuta el icono principal de esta masiva migración; d) por su propia historia reciente, Colombia ha captado importantes recursos para atender la crisis del desplazamiento interno que le dejó la lucha guerrillera.

Desde la ONU, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de Refugiados para Naciones Unidas (ACNUR) están en campaña campañas para recaudar 32 y 46 millones de dólares, respectivamente, para atender la crisis. Un experto que consulté en Naciones Unidas me dice que tales cifras son mínimas, ya que en realidad se requieren 10 veces más de fondos. Entre las agencias de la ONU, por otro lado, tampoco han logrado orquestar una estrategia común ante la crisis venezolana.

Con mucha frecuencia desde la comunidad internacional se llama a que dentro de Venezuela, los venezolanos logremos consensos mínimos sobre cómo superar la crisis. La tragedia que se vive hoy con millones de venezolanos emigrados en situaciones precarias, y las perspectivas de que esta tendencia se agudice en los próximos meses, lejos de generar consensos entre países y organismos internacionales, deja al descubierto que tampoco la comunidad internacional, y particularmente América Latina, tiene claridad de cómo afrontar la crisis humanitaria que desborda a nuestro país.

Opening Statement by UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet – 10 de Septiembre 2018

 

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39th session of the Human Rights Council

10 September 2018

Distinguished President,
Director-General of the UN Office in Geneva,
Excellencies,
Colleagues and friends,

It is an honour to be called to this mandate, to assist States to uphold the human rights of their people, in this year in which we celebrate the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights.

The Universal Declaration is a commitment to values and policies that have delivered tremendous benefit to millions of people. This Council, my Office, and every Member State of the United Nations must continue to push forward with that work. The future of our world depends upon it.

I want to acknowledge the courage and the achievements of my predecessor, High Commissioner Zeid. His activism, humanity and formidable intelligence have advanced the cause of human rights, and brought great access and impact to our Office. He truly became the spokesman for those who are voiceless: the victims of human rights violations.

Their needs and rights should always be the central focus of our work. Human rights express the core purpose of the United Nations: we can only attain peace, security and sustainable development for all societies when we advance the dignity and equality of all human beings. In the course of my work, I fully intend to honour both the spirit and the practises established by my predecessors.

I bring to this mandate my experience in public service and my lifelong dedication to reversing hatred and ensuring equality and respect for all.

I have been a political detainee and the daughter of political detainees. I have been a refugee and a physician – including for children who experienced torture, and the enforced disappearance of their parents. I have headed a United Nations body, and I have been honoured to lead my country, twice, as its President.

This is the eve of the day on which we Chileans mark the memory of the coup d’état, 45 years ago, and the ensuing years of brutal oppression and bloodshed. My country has known the pain and terror of tyranny. But I am proud to say we have been able to surmount divisions and meet vast challenges – shaping institutions which enable greater participation, and greater freedom, justice and dignity, for our people.

And so I bring to the cause of human rights the diversity of cultures that have nourished my approach to public service. I bring my commitment to bridging the differences between communities, and promoting respect, well-being and freedom.

I bring my fundamental attachment to the courage, the dignity and selflessness of all defenders and activists for human rights.

I bring my absolute conviction that cooperation between all actors, through multilateral institutions, can solve the complex challenges that face the world, and that by working to uphold human rights, my Office – like this Council – can ensure more just and respectful societies, living together in sustainable development and security.

Good governance is based on identifying and amending gaps in access to justice, dignity and equality – so that all can live in more respectful and harmonious societies, and enjoy development that is more dynamic and sustainable.

Good doctoring is based on building resilience: strengthening healing processes and intervening to interrupt symptoms of pathology.

And human rights are a powerful medicine, which heals wounds and develops resilience.

Excellencies,

Political differences may divide some of the countries in this room. But upholding human rights is in the interest of every State. Your peoples seek a common agenda: rights, sustainable development and peace.

We can only progress towards that vision together. If we undermine multilateral institutions such as this one, we will fail to meet the challenges our people face.

I have deeply admired much of the work done by this Council, with its mechanisms and experts. The Universal Periodic Review ensures ground-breaking scrutiny of the human rights record of every State in the world. The inquiries led by the Council’s fact-finding expert missions and Special Procedures have uncovered essential facts which must be addressed, and have pointed to recommendations that it is essential to apply.

Your expanding agenda and increased workload are not only a testament to the world’s failures to uphold human rights; they are also a mark of your importance.

I am convinced that this Council must strive for consensus. I believe there should be more engagement by all Member States – not sterile disputes; not withdrawals; but collective, coordinated and cooperative work to sustain core principles and common goals.

Kofi Annan, for whom I had the deepest respect, often pointed out that in our complex, globalised world, “no country, no matter how powerful or wealthy” can hope to solve the issues which face States. I quote, “Governments have to show the courage and vision to look beyond themselves to find solutions, and put in place new frameworks and rules”.

The most effective solutions are grounded in principle and in openness, in collective agreements and coordinated actions.

And I know that consensus is possible.

I know that military leaders can commit to ending military intervention in democratic politics, and work to reconcile with the victims of oppression.

I know that centuries of prejudice and discrimination – against women, against the peoples of the Global South and many other discriminated and exploited groups – can be pushed back. This is work that has advanced in the past, and must move forward today.

Excellencies,

It is States which have the primary responsibility for upholding the rights of their people. I will always listen to the concerns of Governments. As a former Head of Government and Head of State, I have shared some of these concerns and faced some of the same challenges.

But above all, I will advocate for the civil, political, economic, social and cultural rights that are the inherent entitlements of all people. I will strive to be their voice and their strong defender, in complete objectivity, without fear or favour, and to urge all States to protect and promote all human rights, without distinction.

This Council, too, has the responsibility to speak out against every instance of human rights violations, regardless of sex, gender identity, race or ethnicity, religion, disability or migration status, or other characteristic. Irrespective of the type of political regime in a given country, the Human Rights Council has the duty to advocate and to assist transformative improvements in upholding all rights.

These rights extend from the frontiers of the digital universe to the abject poverty of the rooms where mothers die in childbirth, because insufficient resources are allocated for their care.

They include the prevention of conflicts, so often grounded in discrimination, inequality and injustice.

They include protection from and mitigation of the effects of climate change; work to uphold the rights of children, rights to health and to fundamental services; and measures which enable development by upholding the people’s right to freely participate in making decisions on all matters that affect them.

We cannot pick and choose from among our people’s inalienable rights. They build on each other.

Measures to promote equality drive powerful, sustainable economic development to which every member of society can fully contribute.

Access to the best quality education, and to economic and social rights, helps diminish despair, mistrust and violent extremism.

It is by building access to all human rights that society becomes stronger and more able to resist unpredictable shocks.

And although there may be legitimate divergences regarding the best ways of achieving these transformations, the principles which anchor them remain absolutely clear and invariable.

Mr President,

We stand on a sound foundation. Much work has already been accomplished – by my Office, including by its 72 field presences around the world; by this Council and its mechanisms; by the Treaty Body Committees; and by the civil society activists represented in this room and those across the world.

I hope to reinforce our common understanding. We can surpass national borders. We can promote more multilateralism, more cooperation, more dialogue, more consensus and more coordinated action.

We can build new strategies and stronger tools for prevention, early intervention and also accountability. I firmly believe that the power of justice can deter and prevent even the worst violations and crimes.

We can – we must – push forward with the implementation of States’ commitments. Norms and laws are vital, but they must be applied. I am convinced that by building up national institutions, we can ensure powerful constituencies for rights, which can contribute to making rights real.

Excellencies,

This is a time of many setbacks for human rights. But it is also one of great opportunity.

We stand on a strong, vital and living body of law and norms, which reflect the universal values that bind humanity. The Covenants, the seven other core human rights treaties, and the recommendations of all UN human rights bodies and experts, are fundamental contributions to the work of preventing, mitigating and ending human rights violations – including the inequalities and discriminations which torment so many of our fellow human beings.

The voice of the Office of the High Commissioner is powerful in its authority, legitimacy and objectivity. And it is far from the only voice that is raised in support of rights.

The new reforms underway at the United Nations present an opportunity to advocate, as powerfully as we can, that a human rights approach be at the centre of the work of our UN partners.

The recommendations of the Treaty Bodies, and the Council’s Special Procedures and Universal Periodic Review, are increasingly integrated into coordinated tools, to enable better adoption by States, UN Country Teams and other actors.

In humanitarian operations, the UN is adopting the “New Way of Working” which seeks to join up development, humanitarian and human rights approaches to these difficult situations.

The 2030 Agenda makes the direct road from discrimination to inequality and under-development absolutely clear. It opens a tremendous opportunity for greater integration of human rights goals, including the recommendations of the human rights mechanisms, into national policies and the work of the UN.

The Sustainable Development Goals will not progress without discussion of and progress on the so-called “sensitive” issues of human rights. I know this as a former Head of State and Head of Government: development must focus, above all, on the well-being and rights of the people.

The Global Compact for Migration, which is due to be adopted in December, offers hope for better and more effective governance of migration. It is a balanced human rights document with achievable, detailed policies to reduce the vulnerability of many of the world’s 258 million migrants – and minimize the human rights violations which so often drive their flight.

Historically, people have always moved in search of hope and opportunities. Erecting walls; deliberately projecting fear and anger on migrant communities; denying migrants fundamental rights by limiting their right to appeal, curtailing their right to non-refoulement, separating and detaining families, and cutting integration programmes: such policies offer no long-term solutions to anyone – only more hostility, misery, suffering and chaos.

It is in the interest of every State to adopt migration policies that are grounded in reality, not in panic; which provide opportunities for safe, regular movement instead of forcing people to take lethal risks.

Among the major strengths of both the 2030 Agenda and the Global Compact is that they are commitments by States to work together – and change, together.

Mr President,

As this Council session begins, the rapidly growing numbers of people fleeing both Venezuela andNicaragua once again demonstrate the need to constantly uphold human rights. Yes, it is urgent to help receiving States to solve the many challenges raised by such movements. But it is also fundamental to address the reasons why people are leaving. In both these countries, the Office urges the Human Rights Council to take all available measures to address the serious human rights violations which have been documented in recent reports.

Regarding Venezuela, an estimated 2.3 million people had fled the country by 1 July – roughly 7 per cent of the total population – due largely to lack of food or access to critical medicines and health care, insecurity and political persecution. This movement is accelerating. In the first week of August, more than 4,000 Venezuelans per day entered Ecuador; 50,000 Venezuelans reportedly arrived in Colombia over a three week period in July; and 800 Venezuelans per day are now reported to be entering Brazil. Cross-border movement of this magnitude is unprecedented in the recent history of the Americas, and the vulnerability of those who leave has also increased: elderly people; pregnant women; children, including unaccompanied minors; and persons with health problems are crossing the border in increasing numbers.

Since publication of our latest report on Venezuela, in June, the Office has continued to receive information on violations of social and economic rights – such as cases of deaths related to malnutrition or preventable diseases – as well as on violations of civil and political rights, including arbitrary detentions, ill-treatment and restrictions to freedom of expression. The Government has not shown openness for genuine accountability measures regarding issues documented by the Office during the 2017 mass protests.

The number of people fleeing Nicaragua is also increasing exponentially, as a result of the ongoing crisis in the country, including the deterioration of human rights. Two weeks ago, the Office released a report documenting disproportionate use of force by the police; extrajudicial killings; enforced disappearances; widespread arbitrary or illegal detentions; widespread ill-treatment, and instances of torture and sexual violence, in detention centres; obstructions to medical care; and violations of freedoms of peaceful assembly and expression, such as the criminalization of human rights defenders, journalists and protestors considered critical of the Government. Some 400 people have been killed and at least 2000 injured. We regret the government’s decision last week to expel our team, and call on the Council to strengthen its oversight on the country. In the meantime the Office will continue documenting human rights violations in Nicaragua from outside the country.

In such circumstances, the Global Compact provides for regional and international cooperation to set up prompt, humane reception of all people arriving at their borders, with respect for their human rights; and to develop mechanisms for admission and stay based on the need for human rights protection.The Office is eager to assist States to realise these commitments by building national capacity – including, for example, by training border guards and law enforcement personnel who work in border areas to uphold and respect the human rights of all, and by providing practical guidance for national implementation plans, based on our monitoring and assessment.

The decision by the United States and Hungary to refuse to sign the Compact is deeply regrettable.Australia, a member of this Council that has suggested it might withdraw, should join the consensus of the global community, adopt the Compact and revise the country’s policies with respect to people arriving at its borders without a visa. The current offshore processing centres are an affront to the protection of human rights.

In June, the Government of Hungary adopted additional measures to enable the authorities to arrest, criminally charge and immediately remove from Hungary’s border area any lawyer, adviser, volunteer or legally resident family member suspected of helping a person to make an asylum claim, obtain a residence permit, or take other perfectly legal actions. We are also aware of shocking reports that in recent weeks, food has been withheld from migrants held in transit zones on the Hungarian-Serbian border.

The United States has halted the unconscionable practice of separating immigrant children from their families. But the authorities have still not taken measures to provide redress for the families whom it has victimised; and over 500 migrant children taken away from their parents by US officials have still not been returned to their families. Of further concern is the announcement last week that the government would no longer abide by a court settlement limiting detention of children to 20 days.

The European Union should be encouraged to establish a dedicated humanitarian search and rescue operation for people crossing the Mediterranean, and to ensure that access to asylum and to human rights protection in the EU is guaranteed. The Government of Italy has been denying entry to NGO rescue ships. This kind of political posturing and other recent developments have devastating consequences for many already vulnerable people. Although the number of migrants crossing the Mediterranean has fallen, the fatality rate for those making this treacherous crossing has in the first six months of this year been even higher than previously.

Prioritising the return of migrants from Europe, without ensuring that key international human rights obligations are upheld, cannot be considered a protection response. The Office expects to dispatch a team to Austria to assess recent developments in this area. We also intend to send staff to Italy, to assess the reported sharp increase in acts of violence and racism against migrants, persons of African descent and Roma. The shocking recent outbreak in Germany of anti-migrant violence, which appears to have been stoked by xenophobic hate speech, is worrying. The EU Commission’s recent acknowledgment that Libya is not a safe place for return is welcome. Migrants in Libya continue to be exposed to unlawful killings, deprivation of liberty, torture, sexual violence, forced labour, extortion and exploitation by both State and non-State actors, in total impunity, and it is unworthy of any State to deliberately send men, women and children to face such risks. The Council will be briefed on the human rights situation in Libya later in the session.

In the context of the EU’s ongoing discussions to establish so-called “regional disembarkation platforms”, the prospect of the EU outsourcing its responsibility to govern migration to States with weak protection systems is disturbing. Without prejudice to the ongoing discussions, the authorities should recall that respect for the rights of all migrants must be assured, including those in the most vulnerable situations, and processes must be established to ensure that relevant actors be held to account if they fail to meet basic international standards.

Above all, States should adopt a more thoughtful approach, and seek constructive, long-term, sustainable solutions. Governments should focus on expanding regular channels and pathways for movement. The economic argument is clear: migration powerfully contributes to economic growth and other social and cultural aspects of development. An aging population and low birth-rates make those contributions essential.

Mr President,

This Council session will be apprised of the deeply shocking findings of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar. The Mission has determined that many of the gross human rights violations, and serious violations of international humanitarian law, in Kachin, Shan and Rakhine states amount to the gravest crimes under international law. In addition to crimes against humanity and war crimes – reported to have been committed in all three states – there is strong evidence indicating genocide, extermination and deportation of the Rohingya. It is shocking that journalists involved in documenting some of the massacres which occurred have been prosecuted, and now given a harsh sentence. They should be immediately released. Attacks and persecution appear to be continuing in Rakhine: at least 12,000 new Rohingya refugees have fled to Bangladesh so far this year. In Kachin and Shan States, the Fact Finding Mission found indications of extrajudicial execution and unlawful killings, torture and other forms of ill-treatment, including against children ; sexual violence; arbitrary arrests; and forced labour. The persistence of these patterns of violations underscores the total impunity accorded to the Myanmar security forces.

I emphasise the imperative of justice for Myanmar. I welcome the Pre-Trial Chamber of the International Criminal Court’s finding that the Court has jurisdiction over the alleged deportation of Rohingya from Myanmar, and possibly other crimes. This is an immensely important step towards ending impunity, and addressing the enormous suffering of the Rohingya people.I also welcome efforts by Member States at this Council to establish an independent international mechanism for Myanmar, to collect, consolidate, preserve and analyse evidence of the most serious international crimes, in order to expedite fair and independent trials in national and international courts.This mechanism would also complement and support the preliminary examination of the ICC Prosecutor.I urge the Council to pass a resolution, and refer the matter to the General Assembly for its endorsement, so that such a mechanism can be established.

In Bangladesh – a country to be commended for hosting so many refugees and for its success in poverty reduction – student protestors and media professionals have in recent months been attacked, arrested, charged with defamation and, reportedly, ill-treated. The perpetrators of this violence must be held accountable to prevent recurrence. The Government should do more to ensure freedom of expression, which is indispensable for free and fair elections. Troubling reports also indicate that an anti-narcotics drive has led to over 220 killings, and thousands of arrests, with allegations of extrajudicial executions.

Drug issues everywhere are best tackled through a focus on health, education and opportunities – not the death penalty, or death squads. The Office has submitted a report to this session on more effective, and human rights compliant, measures to address narcotics issues.

In Cambodia, commendable advances with respect to poverty reduction, the minimum wage, basic social protections and non-discrimination contrast with the severe deterioration of civil and political rights, which is a substantial threat to such progress. The recent elections were held amid crackdowns on dissent and independent media, and the dissolution of the former main opposition party deprived many people of their choice of representation. I welcome the releases, over the past month, of a prominent human rights defender, two journalists, and several opposition members, including Kem Sokha, headof the dissolved Cambodia National Rescue Party. But the Government should also release, and drop charges against, all other political actors, journalists and ordinary citizens arrested or convicted for exercising their human rights. Sustainable development requires the authorities to protect and expand the space for civil society, including NGOs, the media and political opponents, in an environment of dialogue that allows all Cambodians to have a voice – including those who may be critical of government decisions.

In India, I hail last week’s decision by the Supreme Court to decriminalise same-sex relations. Laws thatcriminaliseconsensual adult relationships are, as Chief Justice Misra said,manifestly arbitrary and a source of discrimination and harassment. I very much hope other countries around the world will look to India’s example in this respect.

In Kashmir, our recent report on the human rights situation has not been followed up with meaningful improvements, or even open and serious discussions on how the grave issues raised could be addressed. The people of Kashmir have exactly the same rights to justice and dignity as people all over the world, and we urge the authorities to respect them. The Office continues to request permission to visit both sides of the Line of Control, and in the meantime, will continue its monitoring and reporting.

In Afghanistan, the Office is documenting record levels of civilian casualties. The number of civilians killed in conflict-related violence during the first half of 2018 was the highest six-month toll since we began our systematic documentation in 2009. Since then there has been a Taliban offensive on Ghazni in mid-August, and targeted attacks on the Shi’a community. We urge all parties to comply with international humanitarian and human rights law, and to show more courage and creativity in breaking away from decades of war and violence.

The rapprochement unfolding on the Korean peninsula is a historic opportunity to address, from the outset, the severe and longstanding human rights violations in the Democratic People’s Republic of Korea. Discussion of the rights of millions of people cannot be postponed for the sake of convenience or other factors. Regarding the Council’s resolution 34/24, work is underway to monitor and document violations committed in the DPRK, in order to establish a central repository of cases and develop possible strategies for future accountability. The Council will receive a report on this work in March.

China’s review last month by the Committee on the Elimination of Racial Discrimination brought to light deeply disturbing allegations of large-scale arbitrary detentions of Uighurs and other Muslim communities, in so called re-education camps across Xinjiang. CERD’s concluding observations corroborate other reports we have received. Reports have also been received of patterns of human rights violations in other regions. In light of these reports, we would request the Government to permit access for the Office to all regions of China, and trust we will embark on discussion of these issues.

In Sri Lanka, although the authorities have moved too slowly towards meaningful implementation of the transitional justice agenda, the Office of Missing Persons has now begun consultations and institutional capacity-building to fulfil its mandate. We look to that Office to work quickly, to begin to provide answers to the families of the disappeared. Legislation establishing an Office for Reparations is also underway. More progress in advancing accountability and truth-seeking could have great weight in the long-term stability and prosperity of the nation. Recurrent incidents of racist and inter-communal violence are disturbing, as are announced plans to resume use of the death penalty.

Mr. President,

In Syria, we are deeply concerned about the ongoing military operations in Idlib and nearby areas, and their impact on up to three million civilians who live there. We remind all parties to the conflict that they must adhere strictly to all relevant principles of international humanitarian law in the conduct of operations – and that no efforts should be spared to minimize the impact of armed conflict on civilians and to ensure their protection, including access to aid – and to humanitarian corridors to permit them to safely leave conflict-affected areas, should they choose to do so.In much of the rest of the country, armed conflict has diminished or ceased, and an estimated 80 per cent of the population now lives in Government-controlled territory. It is essential that measures be taken to address the root causes of the conflict and the rights of all Syrians – including the millions of people who have been wounded or detained, suffered the loss of family members through death or disappearance, or whose property and future have been devastated. Accountability must be a corner-stone of the country’s future.

Regarding Yemen, I urge all parties to take stock of the gravity of the findings of the Group of Eminent Experts. They have identified a number of individuals who may be responsible for international crimes, and that confidential list is now in the Office. It is crucial that there be continued international and independent investigations into all allegations of violations of international humanitarian law and war crimes – particularly in light of the apparent inability of the parties to the conflict to carry out impartial investigations. Last month’s shocking strike on a bus carrying schoolchildren was followed by another horrific series of airstrikes which left dozens of civilians and children killed and injured in Al Hudaydah. I note the recent statement by the Coalition acknowledging mistakes over the airstrike on the school bus in Sa’ada, and I will be closely following what steps are taken to hold the perpetrators accountable and provide remedy and compensation to the victims. There should be greater transparency over the coalition’s rules of engagement and the measures taken to ensure that such tragedies are not repeated. The recent Saudi royal order which appears to provide a blanket pardon to members of the Saudi armed forces for actions taken in Yemen is very concerning.

In Saudi Arabia, the recent crackdown on peaceful human rights defenders, especially defenders of women’s equality and women’s rights, is deeply disturbing. Samar Badawi and Nassima Al-Sadah were, according to our sources, arrested on 30 July 2018 and have been held incommunicado since then. The prosecutor’s recommendation of the death penalty for Israa al-Ghomgham, reportedly on charges related to participation in protests, is of serious concern. These and other arbitrary arrests of peaceful activists for the collective good sharply contradict the spirit of the country’s proclaimed new reforms. We call on the authorities to release all individuals detained for exercising their fundamental freedoms.

Iraq has recently emerged from a traumatic armed conflict that has devastated the lives of millions of its citizens and destroyed many areas of the country. With the military defeat of ISIL, the country can now concentrate on the processes of rebuilding and healing that must take place if the country is to finally put an end to recurring cycles of violence. Caring for the many thousands of victims of crimes and human rights violations and abuses, particularly those perpetrated by ISIL, will be vital to this process. Furthermore, addressing the root causes of conflict, including decades of abuses and violations, will be essential for the country to enjoy the benefits of peace and development. During the past two months, at least 25 people have been killed and some 500 injured in the context of protests and escalating violence, in Basra and elsewhere. Some positive measures have been taken by the government in response to the longstanding economic and social grievances at the root of the unrest. However, the government should take action to ensure the right of peaceful assembly and address the need to ensure that all people, without discrimination, have access to basic services – including justice and protection from physical and sexual violence. Only when decision-making processes are truly inclusive of all segments of Iraqi society, and its diverse communities, can they ensure peaceful solutions to the challenges the country faces.

In Bahrain, a large number of cases of revocation of citizenship has been reported to the Office. The legislation underpinning such actions should be reviewed in line with Bahrain’s obligations under international law.Reports of possible exclusion of Bahraini citizens from the forthcoming elections of the National Assembly are disturbing. All human rights defenders who are currently arbitrarily detained should be released, including Nabeel Rajab.

Iran’s dialogue with the Office and strengthened engagement with international human rights mechanisms are welcome, together with the recent amendment to drug-trafficking legislation, which abolishes the mandatory death penalty for some offences. The Government should be encouraged to ensure that the review of all cases is transparent, with due process guarantees such as effective legal representation. Continued use of the death penalty for juvenile offenders is deeply troubling and should be prohibited in all circumstances, with the sentences of those currently on death row commuted. I deeply deplore the executions last week of three Iranian Kurdish prisoners, despite the serious concerns raised by Special Procedures mandate holders that they were not afforded fair trials, and were subjected to torture. Recent arrests and ill-treatment of a number of human rights defenders and lawyers are deplorable. All those detained for peacefully exercising rights to freedom of expression and association should be released.

In Egypt, I am shocked by Saturday’s death sentences for 75 people, following another mass trial which failed to comply with international standards regarding due process guarantees. The trial of these protestors contrasts sharply with a recent law that bestows immunity on senior members of the security forces for human rights violations which they may have committed.

Prospects for peace and respect for human rights in the Occupied Palestinian Territory are undermined by the continued occupation. The ever-deepening human rights crisis in Gaza stems from 11 years of Israel’s blockade, as well as successive escalations in hostilities. Against this backdrop, the high number of deaths and injuries of Palestinians in the context of recent demonstrations along the fence in Gaza this year raise serious concerns about excessive use of force. In the West Bank, including East Jerusalem, the Israeli settlement enterprise – illegal under international humanitarian law – continues unabated. The coercive environment created by demolitions and severe restrictions on freedom of movement of Palestinians continues in many areas of the West Bank, with increasing acts of settler violence.Of great concern at present is the possible imminent demolition of Khan al Ahmar-abu Helu, one of 46 Palestinian Bedouin communities at risk of forcible transfer in the West Bank. We are also concerned by the recent adoption of the Nation State Basic Law in Israel, which enshrines discrimination against Israel’s non-Jewish population.

Mr President,

The Joint Declaration of Peace and Friendship signed in July between Eritrea and Ethiopia offers hope for an end to the decades-long stalemate between the two countries, which has had very severe impact on the people on both sides of the border. The Office stands ready to support both countries in protecting human rights. We particularly look forward to seeing an end to indefinite conscription into the Eritrean military. In Ethiopia, the Office has recently visited regions affected by intercommunal violence between the Gedeos and the Gujies communities, where recent clashes have reportedly forced over a million people to flee their homes. We welcome initial steps taken by the Government and urge a thorough, impartial and independent investigation into the human rights violations which allegedly occurred, with full accountability for the perpetrators.

In Mali, particularly in the central part of the country and in the region of Menaka, human rights and basic security are sharply deteriorating as a result of violence across intercommunal lines; attacks by violent extremist groups; the use of improvised explosive devices; and counter-terrorism operations conducted by national and international forces, which do not always respect the human rights of the people. Credible allegations have been made regarding the extrajudicial executions of at least 77 people since the beginning of 2018. The Government has opened judicial investigations for most of these incidents, and the Office will be closely following up these and other cases.

The situation in Cameroon has also worsened in recent months, as fighting has intensified in the so-called Anglophone regions between security forces and armed groups, with a large number of civilian victims and over 180,000 people forced to take refuge far from their homes – now in pressing need of humanitarian assistance. Many economic activities across these regions are now paralyzed. In this volatile security context, many people fear reprisals if they participate in the Presidential elections scheduled next month. The Government has not acted to promote the conference on dialogue suggested by religious leaders, and there is still no mechanism in place which could envisage a halt in hostilities in the short term. We strongly condemn reports of the killing and abductions of teachers and students and the destruction of schools by armed elements in the north-west and south-west regions. These acts of intimidation are preventing thousands of children from attending school. We note that the Government has opened investigations into several atrocious crimes apparently committed by members of the military, and urge swift and effective action to ensure all the perpetrators of human rights violations are held accountable. Due process should also be guaranteed for all those detained in connection with terrorism, and we urge the Government to address key grievances, in order to foster peaceful resolution of this crisis.

In Sudan, clashes in Jebel Marra between security forces and armed groups have again led to new displacements of people in recent months. Despite some improvements in overall security in Darfur, displaced people continue to be subjected to attacks, including killings and rapes, when they venture outside their camps.Many such attacks are attributable to Government security forces and related militias, which still operate with impunity in Darfur.

In South Sudan, the agreement signed by the warring parties last month has again raised hopes for a peaceful and sustainable solution to the conflict. We urge the parties to acknowledge their part of responsibility for the violations suffered by so many across the country, by helping to establish and operationalize thelong-awaitedHybrid Court – notably, by signing its statute. We are deeply concerned by the general amnesty announced by President Kiir in Khartoum, which may result in protecting from justice a large number of perpetrators of serioushuman rightsviolations and abuses from both the government forces and armed groups. We remind the authorities that amnesties may not shield from prosecution individuals who may be criminally responsible for war crimes, genocide, crimes against humanity or gross violations of human rights, including gender-specific violations.The Commission on Human Rights in South Sudan will hold an interactive dialogue with the Council later on the session. We join the Commission in deploring the fact that peace efforts have largely ignored accountability as a lever for change.

In Somalia, continued attacks against civilians by both State and non-State actors are deeply concerning. In July, UNSOM documented 51 civilians killed and 82 injured, and noted that civilian casualties attributed to Al-Shabaab had increased 309 per cent since June, and those attributable to state actors had risen by 125 per cent. The Office is also extremely concerned by the very limited democratic space in Somalia. An UNSOM report this month on violations of freedom of expression notes that between 1 August 2016 and 31 July 2018, at least eight journalists and media workers were killed and 32 injured; 94 individuals were arbitrarily arrested and/or subjected to prolonged detention on charges related to their exercise of freedom of expression; and 19 media organs were forced to close, some temporarily. A report published by UNSOM and the Office in August details numerous human rights violations and abuses committed during the 2016 and 2017 electoral process, including 44 cases of killings of community leaders and electoral delegates.

In the Central African Republic, sporadic clashes between armed groups outside the main towns continue to expose civilians to atrocity crimes and protection concerns. We deplore recent attacks against humanitarian workers in the Central region of the country.Clashes in August and September between ex-Seleka and anti-Balaka forces in Bria last month caused multiple civilian casualties and the reported destruction of villages, resulting in forced displacement of their inhabitants. In the context of current peace initiatives, we emphasise the importance of ensuring that any agreements comply with human rights law, address the importance of people’s safety, and ensure that the perpetrators of human rights violations and abuses will be held to account. Those who have incited violence and hatred between communities should also be held accountable. The Office is ready to support the establishment of inclusive and victim-centred transitional justice.

Burundi continues to enforce increasing restrictions on an already gravely-threatened civic space, amid continuing reports of grave human rights violations. In another very worrying development, theImbonerakure militia responsible for multiple abuses is now increasingly acting as a law enforcement body. In the Democratic Republic of the Congo, widespread violations of civil and political rights endanger the credibility of the electoral process. The Council will be briefed on issues in these two countries later in the session.

Mr President,

Earlier this year, our Regional Office in Central Asia organized its first Human Rights Defenders Forum for the region, with more than 80 participants. The Office was, however, unable to invite activists fromTurkmenistan, as a mere invitation could have posed a threat to them. As discussed at the Forum, we continue to receive reports of intimidation, harassment, arbitrary arrests and detention, at times marked by ill-treatment, against those who legally and peacefully express dissenting views in other Central Asian countries – notably Tajikistan. While the gravity of issues is specific to each country, the freedoms of journalists, human rights defenders, members of ethnic and religious minorities and more generally, civil society, have significantly diminished. Torture also remains a pressing issue across the region, with widespread impunity for perpetrators. And as in other regions, heavy-handed policies intended to counter or prevent violent extremism are likely to be counterproductive; we encourage the authorities to focus on promoting human rights when developing and applying such policies.

As in other parts of the world, we are also concerned by the numerous reported cases of torture and ill-treatment committed by law-enforcement and penitentiary personnel in the Russian Federation. We note the prompt reaction of the Russian Government and the Federal Ombudsperson to the alleged collective torture of a detainee by prison personnel in Yaroslavl, and urge full investigation and accountability to this and all such cases.

Turkey has recently lifted its state of emergency, but we are deeply alarmed at the recently enacted anti-terror law, which retains numerous emergency restrictions and is likely to continue their adverse effect on human rights and fundamental freedoms.For instance, the law restricts due process guarantees, prolongs the duration of pre-trial detention and allows for continued dismissals of public officials, including judges and prosecutors, because of alleged links to terrorist organizations. This de facto state of emergency is accompanied by the increasing concentration of powers in the executive, and an intense and ongoing crackdown on journalists and human rights defenders. The Office alsocontinues to receive an extremely high number of allegations of deportations of Turkish nationals from third countries, and reported abductions, enforced disappearances, arbitrary detentions, and torture and ill-treatment.

The Council will receive a specific briefing on events in Ukraine later in the session. The ceasefire which began on 29 August to accommodate the beginning of the school year is another opportunity to for all parties to demonstrate their serious commitment to the protection of civilians, and end thesufferingof 600,000civiliansliving close to the contact line, on both sides.

Mr President,

Human rights defenders in the Americas are increasingly facing grave risks as a result of their legitimate activities. We urge these States to strengthen protection and preventive measures to swiftly address this deteriorating situation. In Colombia, by1 September the Office had recorded 53 homicides of leading human rights defenders this year, and we are verifying 57 more cases. InMexico, 8 human rights defenders were killed in the first eight months of 2018 – again, more than in the whole of 2017. Many more have been victims of criminalisation, abusive lawsuits, smear campaigns, surveillance, death threats and attacks. Last year was also the deadliest year on record for journalists in Mexico, with at least 12 killings in 2017. In 2018, we have already recorded 8 killed and 1 person who has disappeared. In Guatemala, we have documented 18 murders of human rights defenders so far this year, compared to 12 in all of 2017. The recent Presidential decisions not to extend the mandate of the CICIG beyond September 2019 – and to refuse entry to the country to its Head, Ivan Velasquez – are deplorable. They abolish an essential instrument in the fight against impunity and corruption.

We welcome Haiti‘s nomination of a high level focal point on human rights, but its recent withdrawal of support for a resolution which would have provided resources for establishing a national human rights action plan is disappointing. We encourage the Council to resume its consideration of technical assistance to Haiti.

Mr President,

These updates point to many challenging situations, but also progress in some areas. I very much hope that we can address those challenges, and build on the progress which has been made.

In a few days it will be the equinox, when our world is poised between equal night and day.

For us in the Global South this date marks the end of winter and the start of spring, and many of our cultures celebrate this time as a time of hope and working together.

I am committed to the task of ensuring that together, we grow civil, political, economic, social and cultural rights for all, together with the right to development, and thus ensure peace and sustainable development across the world.

I thank you Mr President.

 

Muertes por malnutrición, hambre, persecución, éxodo: Las denuncias de Bachelet sobre Venezuela ante la ONU – La Patilla – 10 de Septiembre 2018

 

La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, dijo hoy que se han seguido recibiendo desde el pasado junio informaciones sobre casos de muertes relacionadas con la malnutrición y enfermedades que se pueden prevenir en Venezuela.

En su primer discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la nueva alta comisionada dijo que en el mismo periodo continuaron las denuncias de detenciones arbitrarias, maltratos y restricciones a la libertad de expresión en ese país.

“El gobierno no ha mostrado apertura para una rendición de cuentas genuina”, sostuvo, en referencia a las violaciones de los derechos humanos que documentó la ONU durante las protestas masivas de 2017.

Bachelet, quien asumió el puesto de alta comisionada la semana pasada, dijo que el éxodo de venezolanos demuestra la importancia de proteger los derechos humanos en toda circunstancia y, en este caso particular, de ayudar a los países que los están recibiendo.

Cifró en 2,3 millones el número de personas que han huido del país hasta el pasado 1 de julio, lo que equivale al 7 % de la población total.

Las razones -expuso- han sido “la falta de alimentos y de acceso a medicinas esenciales y a atención médica”, así como “la inseguridad y la persecución política”.

Mencionó que este movimiento no está decayendo, sino que por el contrario se está “acelerando”, con 800 venezolanos que están entrando a diario a Brasil.

Asimismo, mencionó que 4.000 venezolanos llegaron a Ecuador cada día en la primera semana de agosto, y que hubo 50.000 llegados a Colombia en un periodo de tres semanas en julio, reseñó Efe.

AFP reseñó que el discurso, del que una copia fue transmitida previamente a los medios, contenía párrafos sobre Venezuela pero que finalmente Bachelet no pronunció antes los diplomáticos.

“Cuando se abre esta sesión, el creciente número de personas que huyen de Venezuela y Nicaragua demuestra una vez más la necesidad de defender constantemente los derechos humanos”, indica el texto de su discurso.

“Es urgente ayudar a los Estados de acogida a resolver los numerosos problemas que provocan estos movimientos”, añade.

“Pero también es fundamental abordar las razones por las cuales la gente se va” del país, afirma Bachelet, y pide al Consejo que tome “todas las medidas disponibles para hacer frente a las graves violaciones de los derechos humanos” en Venezuela y Nicaragua.

En el texto de su discurso, Bachelet indica también que desde la publicación en junio del informe del Alto Comisionado, la instancia “continuó recibiendo información sobre violaciones de los derechos económicos y sociales, como los casos de muertes relacionadas con la malnutrición o las enfermedades que se pueden evitar, así como las violaciones de los derechos civiles y políticos”.

Por otra parte subraya que el gobierno de Venezuela “no ha hecho prueba de apertura” para poner en marcha “auténticas medidas” de cara a juzgar las responsables de la violencia “durante las manifestaciones de 2017”.

A continuación las denuncias de Bachelet sobre Venezuela y Nicaragua

Al comenzar esta sesión del Consejo, el número cada vez mayor de personas que huyen de Venezuela y Nicaragua demuestra una vez más la necesidad de defender constantemente los derechos humanos. Sí, es urgente ayudar a los Estados receptores a resolver los muchos desafíos que plantean dichos movimientos. Pero también es fundamental abordar las razones por las cuales las personas se van. En ambos países, la Oficina insta al Consejo de Derechos Humanos a que tome todas las medidas disponibles para abordar las graves violaciones de los derechos humanos que se han documentado en informes recientes.

Con respecto a Venezuela, se estima que 2,3 millones de personas huyeron del país el 1 de julio, aproximadamente el 7% de la población total, debido en gran parte a la falta de alimentos o acceso a medicamentos esenciales y atención de la salud, inseguridad y persecución política. Este movimiento se está acelerando. En la primera semana de agosto, más de 4,000 venezolanos por día ingresaron a Ecuador; Según los informes, 50,000 venezolanos llegaron a Colombia durante un período de tres semanas en julio; y 800 venezolanos por día ahora están ingresando a Brasil. El movimiento transfronterizo de esta magnitud no tiene precedentes en la historia reciente de las Américas, y la vulnerabilidad de los que se van también ha aumentado: personas mayores; mujeres embarazadas; niños, incluidos menores no acompañados; y las personas con problemas de salud cruzan la frontera en números crecientes.

Desde la publicación de nuestro último informe sobre Venezuela, en junio, la Oficina ha seguido recibiendo información sobre violaciones de derechos sociales y económicos, como casos de muertes relacionadas con la malnutrición o enfermedades prevenibles, así como sobre violaciones de los derechos civiles y políticos, incluidas las detenciones arbitrarias, los malos tratos y las restricciones a la libertad de expresión. El Gobierno no ha demostrado apertura a medidas genuinas de rendición de cuentas respecto de cuestiones documentadas por la Oficina durante las protestas masivas de 2017.

Venezuela en el Consejo de Seguridad por Luis Manuel Aguana – Blog TIC’s y Derechos Humanos – 8 de Septiembre 2018

Caricatura LMA 1990 - Con NombreUstedes dirán que no es muy elegante estar permanentemente referenciándome, citando cosas que ya he escrito en relación a los temas que nos atañen, ni estar diciendo “te lo dije” cuando nos pasa algo, pero creo que en nuestro caso se hace necesario en virtud de la extraordinaria capacidad que tenemos los venezolanos de olvidar las cosas. Hace 4 años me preguntaba porque el caso venezolano no había llegado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, existiendo los mecanismos para que la sociedad civil se expresara en ese foro mundial, más aun cuando esos procedimientos habían sido la creación de un venezolano (ver La Formula Arria o cuando en la casa del herrero los cuchillos son de palo, enhttp://ticsddhh.blogspot.com/2014/03/la-formula-arria-o-cuando-en-la-casa.html)  .

Pero mientras el mundo sigue girando la oposición política venezolana se mira el ombligo. El caso venezolano profundizó su deterioro y sin la intervención opositora venezolana en las instancias correctas, el problema escaló al punto de gravedad extrema que conocemos hoy. Y tuvo que ser por iniciativa de los Estados Unidos en su Presidencia rotativa del Consejo de Seguridad, que se discutirá –¡por fin!- la gravedad de la crisis venezolana en el contexto de la llamada Formula Arria en las Naciones Unidas el próximo lunes 10 de septiembre de 2018 (ver memorando de convocatoria en inglés: “Arria-Formula Meeting of Security Council: Venezuela as case Study of Corruption, Peace, and Security”, Reunión de la Fórmula Arria del Consejo de Seguridad: Venezuela como un caso de estudio de Corrupción, Paz y Seguridad” en

https://drive.google.com/file/d/0B6yI0gUROWzDXzUxUUpqX0JORGVNUmdNdmRVbTJjalZYV0lz/view?usp=sharing).

En ese memorando se indica que bajo la Formula Arria se discutirá la corrupción del régimen de Nicolás Maduro y su involucramiento en actividades ilícitas como el narcotráfico, lo que afecta la seguridad del Hemisferio Occidental: “De continuar estas actividades depredadoras Venezuela permanecerá en riesgo de mayor violencia, y continuara deteriorando la estabilidad de la región por los millones de personas que escapan a través de sus fronteras” (traducción libre).

De acuerdo al protocolo de las reuniones de la Formula Arria, participantes de la sociedad civil, Estados miembros y prensa escucharan las intervenciones de los ponentes del tema seguidas por las intervenciones de miembros del Consejo de Seguridad. Es y a la vez no es una reunión formal del Consejo de Seguridad. Los ponentes principales serán Mercedes de Freitas, Directora Ejecutiva de Transparencia Venezuela y Marshall Billingslea, Asistente al Secretario para el Financiamiento del Terrorismo, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Al escuchar las intervenciones fundamentadas de organizaciones y personalidades que tienen que ver con el problema, el Consejo de Seguridad tendrá entonces una perspectiva muy precisa de la situación para tomar decisiones. Esperamos allí la intervención del Dr. Diego Arria, ex Presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como uno de los mejores conocedores de la situación venezolana, y creador de la Fórmula que lleva su nombre, quien por su doble condición de venezolano insigne y profundo conocedor de esos canales diplomáticos, por haber manejado situaciones similares en otros países en el seno de ese mismo Consejo de Seguridad, se constituirá en ese momento y a favor de su propio país, como el mejor y más calificado representante para exponer nuestra tragedia ante esa importante instancia, a fin de que los países con mayor poderío del mundo tomen una decisión acerca de qué hacer con Venezuela. Si hay alguien puede expresar a las potencias del mundo la magnitud de nuestra crisis y sus implicaciones en la seguridad del continente, ese es el Embajador y Estadista Diego Arria.

A partir de allí se tomaran decisiones sin nosotros. En esa reunión de la Formula Arria se escuchará acerca de la necesidad de actuar a la brevedad posible para evitar males mayores a la región, pero en la decisión final no estaremos los venezolanos. Sin embargo podríamos estar, no en las decisiones del Consejo de Seguridad, sino como actores principales en la decisión que finalmente se tome, en la forma de un Gobierno que represente oficial y constitucionalmente a los venezolanos desde el exilio. Sin embargo ese gobierno no existe porque quienes tienen la responsabilidad de que se materialice, simplemente dejaron por omisión esa decisión en manos de las circunstancias, permitiendo indirectamente que Venezuela se profundice como un riesgo de seguridad para el mundo, al seguir tolerando a unos delincuentes manejando al país.

Pues el mundo no funciona a la velocidad de las decisiones de los venezolanos. Las decisiones en relación a nuestro problema y al problema que estamos causando en el hemisferio las tomaran otros con o sin nosotros. Por un lado los jefes de los partidos en la Asamblea Nacional creen que el mundo se detendrá a que ellos hagan sus primarias opositoras el año que viene para “elegir” quien de los bates quebrados de los partidos conducirá la oposición oficialista de la MUD/Frente Amplio, mientras el TSJ en el exilio sigue paralizado defendiéndose de los ataques inclementes desde todas partes del mundo, porque Capriles apareció en una lista de corruptos en la sentencia de Maduro. Mayor imbecilidad imposible.

Y yo me pregunto: ¿así será de grande la olla de la corrupción opositora para que todo el mundo la haya emprendido en contra del TSJ legítimo y no se tome ni una decisión que favorezca al pobre pueblo de Venezuela? ¿Será posible que detrás de esos ataques al TSJ legitimo se esconda el pánico a que se descubra quienes encubren al régimen de Maduro desde la oposición oficialista, y el ovillo de ese hilo sea esa investigación que ordena el TSJ legítimo al Ministerio Público para Henrique Capriles, en la sentencia de Maduro?  Esa es la triste realidad de los venezolanos mientras todos nos morimos de hambre y mengua al no poder comprar los alimentos y medicinas que necesitamos por una hiperinflación asesina que escala minuto a minuto, con un régimen que no se detiene en la destrucción del país.

De allí que si existe o no un Gobierno de Emergencia Nacional en el exilio pronto dejara de ser una diferencia a medida que los acontecimientos se desarrollen fuera de nuestro control y a una velocidad inusitada, sin la intervención de nadie a quien se pueda llamar desde la Comunidad Internacional a la hora de la verdad, para que represente los intereses legítimos de los venezolanos. A menos que existan venezolanos que nos representen de manera constitucional fuera del país, y que puedan meter las manos en todo eso que se desatará en las próximas semanas para ponerle orden al desastre que está ocasionando el régimen de Nicolás Maduro y sus sopotocientos ladrones en la región latinoamericana, las decisiones las tomarán sin nosotros esos señores que se sientan en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el resto de la Comunidad Internacional doliente de nuestro problema. Entonces, que Dios nos agarre confesados y proteja a esta Tierra de Gracia…

Diego Arria: “Ni China ni Rusia intervendrán por Venezuela” por Orlando Avendaño – Panampost – 8 de Septiembre 2018

En entrevista con el PanAm Post, el diplomático y hombre internacional dijo que la crisis venezolana es un problema que Estados Unidos puede solucionar con facilidad

El diplomático Diego Arria aseguró al PanAm Post que los países occidentales deben aplicar la teoría de disuasión contra Venezuela. (Flickr)

Es el hombre internacional más relevante de Venezuela. Por ello, en medio de una coyuntura que concierne notoriamente a la comunidad internacional, es esencial escucharlo. Porque ya el drama de un país regido por unos delincuentes no está solo en mano de los venezolanos. Ha trascendido y los países del mundo —sobre todo de América— juega un papel definitorio.

Cuando las sanciones, la imposibilidad —o la inminencia— de una intervención militar, la Corte Penal Internacional, la Organización de Estados Americanos, Almagro, Washington, Trump o los refugiados se convierten en palabras intrínsecas a las discusión sobre Venezuela, hay que prestar atención a lo que tenga que decir Diego Arria al respecto.

Para el próximo lunes Estados Unidos, como país presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, convocó a una reunión informal para tratar la crisis de Venezuela bajo la «Fórmula Arria», que lleva el nombre precisamente de Diego Arria, con quien el PanAm Postconversó.

El exembajador y expresidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, antiguo alto funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo, exgobernador de Caracas, exdiputado, exconsejero del entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan y, ahora, miembro de la alianza opositora Soy Venezuela, habló sobre la reunión del próximo lunes, la inminencia de una intervención en Venezuela, el papel que jugarían las grandes potencias en ese escenario y la teoría de disuasión —indispensable, según él, para lograr el cambio de régimen en Venezuela—.

Estados Unidos tomó la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; convocó a una reunión para tratar las crisis de Venezuela y Nicaragua bajo la denominada «Fórmula Arria». Usted ya ha hablado bastante sobre este mecanismo. También esto ya ha ocurrido antes. Pero, ¿qué se puede esperar que ya no haya ocurrido? Ya ha habido reuniones, se ha disertado sobre la gravedad de la crisis venezolana; pero nada ha trascendido.

El proceso, o la velocidad con que se mueven las Naciones Unidas, es muy relativo. Generalmente es muy lento. ¿Cuándo ha sido rápido? Cuando la primera guerra de Irak. Pero había motivos superiores para los grandes países —que era la invasión de un país petrolero como Kuwait y el temor de que la invasión continuara a Arabia Saudita; si Kuwait no tuviera petróleo, no hubiera habido una movilización tan acelerada. En seis meses movilizaron como 500 mil personas al otro lugar del mundo, con todos sus equipos. Ha sido la mayor expedición, seguramente, que registre la historia—.

Ahora, con el caso de Venezuela, que se discutió bajo la modalidad de la Fórmula Arria en una oportunidad… ¿Para qué sirvió? Bueno, el primero que habló fue Luis Almagro. Y el secretario explicó la situación de los derechos humanos en Venezuela. Habló un representante de Caritas. Habló un representante del Foro Penal —sobre violaciones y los presos, etcétera—. Y habló el alto comisionado para Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que era el príncipe Zeid.

Eso sirvió para que el Consejo de Seguridad, aunque no fuera de una manera oficial, se enterara de aspectos que no se ven diariamente en los medios de comunicación.

La que se está haciendo ahora, que tiene la presidencia este mes la embajadora Haley, incluyó a Nicaragua y a Venezuela. Ayer se trató de meter a Nicaragua bajo la modalidad oficial del Consejo y eso fue inmediatamente embestido por Rusia y China, que tienen el poder de veto y se lo impidieron.

Entonces: la reunión de la Fórmula Arria el lunes es sobre el tema de la corrupción. Porque los Estados Unidos escogieron, como tema central de su mes en la presidencia, el tema de la corrupción. Y aparte han dicho que Venezuela es uno de los países más corruptos del mundo —creo que Transparencia Internacional, de 169 países nos da el puesto 166—.

Aparte de eso, ella se va a montar sobre el tema de la corrupción en Venezuela para indicar por qué el pueblo venezolano no tiene medicinas, no tiene alimentos, etcétera. Justamente por el ejercicio de robo y de saqueo del patrimonio nacional.

Ha invitado a dos personas, que a mí me parecen muy importantes. Una es Mercedes De Freitas que dirige Transparencia Internacional en Venezuela; y el otro es Marshall Billingslea, uno de los subsecretarios del Tesoro de Estados Unidos a cargo del tema del financiamiento del terrorismo. Este es el que ha venido estructurando todas las sanciones, tan bien calibradas, que se le han puesto a los principales jerarcas del régimen. O sea, si alguien conoce bien el tema de la corrupción de los altos funcionarios, es este ciudadano.

Yo he pedido que inviten al presidente del Tribunal Supremo de Justicia legítimo, Miguel Ángel Martín, quien estará conmigo presente en la reunión del lunes.

Pero, en fin, para resumir: ¿para qué sirve? Bueno, para mantener la tensión sobre Venezuela. Para que no se pierda el interés de la comunidad internacional en la tragedia que realmente estamos viviendo.

¿Ahora, qué saldrá de ahí, más allá? Del Consejo de Seguridad no saldrán cosas que tengan grandes consecuencias para nosotros. Está el veto de Rusia y China que impedirán cualquier acción, sanción… O sea, no es posible imaginarse que el Consejo de Seguridad sancione o incluso critique duramente a Venezuela. Porque Rusia y China, que tienen intereses comprometidos en Venezuela, lo impedirán.

Es improbable, entonces. ¿Y puede Estados Unidos tomar cualquier iniciativa de forma unilateral y a espaldas de las Naciones Unidas? 

Sí, claro. En Irak al final se formó algo que se llamó coalition of the willing. La alianza de los que estaban dispuestos. Así también se hizo en Kosovo.

Ya las Naciones Unidas, para enfrentar a fuerzas, no sirve. Están Rusia y China siempre en esa posición.

Aunque Trump parece tenerlo claro, porque ha menospreciado a la Organización. Dicho que es un nido de corruptos…

Bueno, todos ellos critican a las Naciones Unidas hasta que la necesitan. Entonces cuando no pueden hacer algo, buscan lograrlo a través del intermedio de las Naciones Unidas.

En este caso, los Estados Unidos podrían perfectamente intervenir unilateralmente o asociado a otros países que tengan una visión parecida sobre el drama venezolano.

Pero estoy viendo que jerarcas de Acción Democrática o Un Nuevo Tiempo: primero, insultan a Almagro, que es el mejor amigo que hemos tenido; y hoy veo que el vicepresidente de Acción Democrática insulta al senador Rubio, que es otro gran amigo que tenemos. ¡Le pegamos a nuestros amigos!

Ahí ellos quedan expuestos.

Bueno, ¿tú viste lo que pasó en la Asamblea el día del voto sobre el Tribunal Supremo de Justicia?

Las discusiones…

No, pero Barboza dijo algo inconcebible: “Nosotros queremos salir de Maduro por la vía democrática, pero no para que vengan otros de afuera a cogerse esto”. O sea, el país es nuestro, no vaya a ser que venga Orlando o quien sea a agarrar esto. Se refería a la diáspora.

Y yo entiendo perfectamente bien que algunos personas como él vean en la diáspora una competencia muy grande. Porque hay venezolanos tan importantes en la diáspora, que evidentemente son superiores a lo que uno ve en la Asamblea.

Y Ramos Allup dijo algo parecido: “Que aquí en la transición, quién se va a imaginar que ahora vengan los de afuera a cogerse esto…”. Imagínate tú. Cuando tú ves eso… Estos están como el ministro chavista que dijo que a los pobres había que dejarlos pobres. Igual. “Aquí mejor quedarnos con Maduro, porque sino vienen estos y nos quitan el puesto”.

Para mantener el statu quo donde ellos figuran. Porque en cualquier otro escenario hace rato hubieran sido desplazados. 

Sí. Es preservar sus pequeños intereses. A eso es lo que ellos han condenado a Venezuela.

Volviendo a Estados Unidos: es un país que ha demostrado, con declaraciones como la de Rubio, Pompeo, en su momento Rex Tillerson, James Mattis, ¡y el mismo Trump!, que existe un interés claro en que la situación de Venezuela se solucione; queda claro que, dentro de la agenda de la política exterior, Venezuela figura. Han sancionado y emprendido ofensivas importantes; pero, ¿hasta qué punto cree que pueda llegar?

Bueno, la administración Trump ha sido la que más fuertemente ha enfrentado al régimen venezolano en veinte años. Ni nuestros amigos Obama, Clinton o Bush hicieron algo semejante. Obama inició un proceso de sanciones, contra seis o siete —que, por cierto, vinieron representantes de la MUD a Washington a pedir que las levantaran, igual que Capriles le dijo al presidente Santos de Colombia que no denunciara a Venezuela ante la Corte Penal Internacional—.

A mí me sorprendió la intensidad de las declaraciones del Gobierno norteamericano sobre el caso venezolano. Incluyendo al presidente que dijo que todas las opciones están sobre la mesa. Claro, las grandes potencias no necesitan ni decir que todas las opciones están. Cuando tú eres fuerza, tú sabes que no tienes límite de actuación. Tu límite es tu fuerza. Pero, el hecho de que tú lo digas es reafirmando que puedes hacer A, B y tal.

Venezuela sería un low-hanging fruit. Es como un mango bajito desde el punto de vista de éxito. El problema es que yo no creo que los americanos hagan eso. Lo que puede suceder en Venezuela, sería una alianza de países que comiencen a darse cuenta de que el problema no es de Venezuela solamente; que el problema es tener un millón de venezolanos en Colombia, trescientos mil en Perú… Nosotros estamos desestabilizando los sistemas sociales de un grupo de países de la región.

El presidente Temer, de una manera bastante sutil, dijo que los refugiados venezolanos alteran la armonía regional. Y no lo dijo como un concepto musical. Se refiere a que la crisis arriesga la paz. Es una disrupción.

El problema, al menos como yo lo veo y como lo expongo cada vez que puedo, es que ya no es nuestro. Están los Estados Unidos metidos, está América Latina y hasta Europa. Porque este régimen sí es una amenaza a la estabilidad a la región y a la paz y la seguridad, sin la menor duda.

Cuando tú te pones a pensar que en Venezuela todavía hay gente del ELN, de las FARC, del Hezbollah, que tienes treinta o cuarenta mil cubanos metidos en el país, tú sabes bien qué puede suceder en caso de que tú tomes una acción por Venezuela.

(Flickr)

Además, declaraciones como la del presidente Iván Duque a la BBC: dejó claro que entiende que hay un problema, fuerte, que afecta la armonía de la región; e Iván Duque ventiló por dónde pasa la solución. Que nada se va a resolver si no es con la salida de Maduro. Es decir: “Hay un problema, que nos afecta, que tenemos que solucionarlo y la solución es la salida de Maduro”.

Por eso en el fondo casi me niego, aunque tengo que hacerlo este martes en la Asociación de Comercio ecuatoriana, a hablar sobre el problema del éxodo. Porque el problema no es el éxodo sino quién lo genera. Mientras tú no desmontes al régimen venezolano, lo que estás es poniendo curitas a un drama. El cáncer, que ha hecho metástasis, tiene un tumor: y es Maduro.

Mientras tú no lo desalojes, lo que van a tener que hacer los países es tratar de adaptarse más o menos a lo que significa una invasión venezolana —pacífica, pero es una invasión—.

Si en Venezuela hubieran entrado un millón de colombianos de un golpe, hubiera estallado el país. ¿Te imaginas lo que hubiera pasado? Además, no lo habrían aceptado. Entonces tú tienes que ver que ha habido una actitud muy tolerante, en el caso de los países. Perú, Chile, Ecuador, Colombia… Argentina. Muy tolerante. Y hasta admirable.

Yo me pongo a pensar qué hubieran hecho los venezolanos si hubiera sido al revés. Que se vengan todos a Venezuela.

Esta semana hubo una reunión en la Organización de Estados Americanos y, al final, Almagro hizo dos anuncios: que iba crear un grupo de apoyo, sobre el que puso de encargado a David Smolansky, lo que me parece excelente, para tratar la crisis de los refugiados; y también anunció que la OEA se encargaría de recolectar recursos con el fin de ayudar a los países a palear el éxodo. Esto no está encausado a solucionar el problema…

No está, pero al mismo tiempo tú tienes que dar un paño caliente a la gente que está viviendo y atravesando un proceso horrible. No puedes desatenderlo. No puedes ignorarlo. Entonces yo creo que él está actuando en dos vías: no ignora el problema, porque es una realidad creciente, con el cual él tiene la obligación como secretario general, no solo por Venezuela, sino para decirle a los demás países que él se está ocupando de que no sean afectados. Él está obligado a eso.

¿Pero sí cree que Almagro y líderes de otros países entienden que el problema no pasa por palear la crisis? 

Almagro lo tiene clarísimo. Te repito: él no es secretario general para Venezuela. Él tiene que decir: “No se preocupen, yo lo estoy haciendo por ustedes”. Se lo dice a los peruanos, los ecuatorianos y los colombianos. De hecho él ha pedido: “Homologuen los títulos, permitan que los pasaportes vencidos funcionen…”.

Y al mismo tiempo le dice a los otros: “Yo no solo estoy liderando una ofensiva contra Maduro, en la Corte Penal Internacional, sino estoy armando un grupo para ayudarlos a ustedes”. ¿Tendrá eso mucho éxito? Me gustaría pensar que sí. Pero la gente no es muy dada a contribuir en este tipo de causas cuando todo el mundo tiene problemas.

Igual, independientemente de la ayuda que surja, seguirá siendo un problema inaguantable.

Completamente.

A ver: hay una tesis, planteada por Elie Habalian, exgobernador de Venezuela ante la OPEP: que Maduro está buscando internacionalizar el problema de Venezuela, con la crisis de los refugiados y sus vínculos con amigos externos, con el fin de lograr una estabilidad a partir de potencias ajenas. Algo como lo que ha logrado Bashar al-Assad en Siria. ¿Lo ve sensato?

En el caso de Maduro no es lo mismo. Recuérdate de que en el caso de Siria, hay otros países involucrados ahí que tienen un peso y un interés muy grande. Tienes a Rusia, a Israel, a Arabia Saudita… Es mucho más complicado. No comparto eso.

Además, ¿usted ve probable que países como Rusia o China estén dispuestos a intervenir o entrar en un conflicto bélico por Venezuela?

No, para nada.

China, por ejemplo, tiene un interés económico en Venezuela. Los chinos fundamentalmente han estado invirtiendo en el mundo entero porque buscan garantizar su futuro. Hasta ahora no se han metido mucho en el campo político, en ningún país. Mientras, los rusos sí.

Los rusos sí ven a Venezuela, y a Nicaragua o a Cuba, como aliados estratégicos. Aliados estratégicos para molestar a los norteamericanos. Es decir: si ellos pueden tener un barco ruso o si pueden traer uniformados rusos… Ese tipo de cosas. Es meterse en el patio trasero de los Estados Unidos, como ellos lo ven.

¿Pero no llegarían a …?

No. No. China no puede arriesgar su relación con Estados Unidos por un país como Venezuela. Y Rusia menos.

La gente se olvida de que Rusia no es una potencia. Tienen una situación económica que puede terminar en que se la repartan entre los norteamericanos y los europeos… No. No lo veo de ninguna manera. Estos pueden vetar. Vetar en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad. Dar declaraciones. Pero, ¿mandar soldados o equipos? No. Eso no. Ni China ni Rusia intervendrán por Venezuela en el caso de presentarse algún escenario de ese tipo.

Entonces coincidimos. Porque, a diferencia de esta teoría de Elie Habalian que se difundió bastante, yo pienso que realmente lo que ocurre es lo contrario: la internacionalización del problema venezolano, por el hecho de que se ha salido de nuestras manos, es lo que lo vuelve resoluble. Porque agregas unos actores a la fórmula, que son poderosos, y que ahora están interesados en que esto se termine.

¡Eso es! Es al revés la cosa. Nuestra baraja fundamental ahora es: “Miren, miren a Venezuela, obsérvenlo”. Lo que hablábamos: trescientos mil aquí, cuatrocientos mil acá… O sea, el problema es de todo. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Lo vamos a resolver mandando cobijas y medicinas? No. Lo que tenemos que ver es cómo reintegramos esos tipos a Venezuela y para hacerlo no hay ninguna opción que no pase, primero, por desmontar al régimen; segundo, creando las condiciones.

Porque recuérdate: si tú estabas desempleado en Venezuela, y ahora eres un periodista en Lima, que tienes un puesto y te pagan; y yo te digo: “Bueno, vente para Venezuela mañana”. Tú te dirías: “Oye, y qué voy a hacer”.

Viene un período de estabilización. Y un período de estabilización para mí son de tres a cinco años. Porque el problema es desinfectar a un país. Y eso toma tiempo. El proceso será complicado y tomará algunos años —y el que diga lo contrario lo que hace es engañar a los venezolanos—.

Y creo que la diáspora venezolana va a jugar un rol extraordinario. Primero, porque el venezolano que se fue, afuera no es el mismo que el que vivía en Venezuela. Si ves la cantidad de emprendedores venezolanos que hay en el mundo, te quedarías sorprendido. Que no los teníamos en Venezuela. ¿Y por qué no los teníamos? Porque no era un ambiente de competencia. Era una cultura de dependencia del Estado. Y resulta que ahora son diseñadores de zapatos, de joyas, restaurantes… Este médico venezolano en Madrid que hizo un negocio de hamburguesas y lo acaba de vender por USD 150 millones. ¿Qué te parece? En Venezuela era un médico.

El mundo está lleno de ejemplos de venezolanos que han podido desarrollarse mejor en el exterior. Esas, para mí, son las verdaderas reservas internacionales del país. Es el talento de esta gente.

Ahora, sobre los americanos, que tú dices: este país, Orlando, tiene tantos conflictos en el mundo. En estos días estaba leyendo: los americanos tienen gente en más de ochenta países. Personas que ni tú ni yo conocemos. Unos son de apoyo, otros de inteligencia, pero están en el mundo entero.

Tienen el problema de Siria, que lo miran con cuidado. El problema de Corea del Norte, el problema de Paquistán y Rusia. El de China. ¿Qué representamos nosotros? Habría que verlo. No veo la importancia estratégica para los Estados Unidos si Maduro nos acaba de matar o no nos acaba de matar.

Evidentemente lo pueden repudiar, pero ellos no sienten que eso afecta el interés nacional de Estados Unidos. Y si tú le preguntas a un americano en el medio de la calle: “¿Usted considera que se deben enviar tropas a Venezuela?”. “¡No, usted está loco, cómo vamos a ir para allá!”.

Pero también hay un problema, y luego lo hablaremos con más calma, que es que los americanos deben revisar su actitud ante América Latina. Nosotros somos, potencialmente, los mejores aliados que ellos tienen en el mundo. Y, sin embargo, prefieren a los franceses, a los ingleses, a los españoles. ¡Que no los quieren! Es lo curioso. Tú haces una encuesta en España y no quieren a los americanos. En el Pew Research Center, hace algunos años, decían: “Los franceses, 45% no querían a los americanos; los italianos, 50%”… Los venezolanos: 75% los queríamos. Y yo estaba en el Council on Foreign Relations y les dije: “Ah, ya sé por qué no nos toman en cuenta: we love you too much!“.

Y es verdad. Nosotros somos una cultura pro americana. Esa es la realidad. Tú ves el pueblo, nunca hubo una animadversión. Fueron, en todo caso, los comunistas.

Pero ellos nunca han percibido la importancia que de repente América Latina tendría como el gran aliado para ellos. No se han dado cuenta. Y es penoso, tanto para ellos como para nosotros.

Entonces tú ves: estos tipos están metidos en Afganistán, en los sitios más extraños del mundo y abandonaron a América Latina. Si te pones a pensar: la existencia americana en América Latina es muy marginal. Los chinos tienen una mayor participación. ¡Hasta Taiwán!

Pero Trump parece dispuesto a alterar un poco esto. Por ejemplo, cuando inició la polémica sobre la intervención militar, sus palabras fueron: “Nosotros tenemos tropas en muchos lados del mundo, más lejos que Venezuela”. 

Sí, es verdad. Lo explicó y razonó. Eso es el mango bajito.

¡Exacto! 

“Que con una pedrada bajamos la mata”.

Pero, claro, eso también es un poco el desconocimiento de Trump de lo que implica algo de ese estilo. Y ellos le han estado tomando la temperatura a los Gobiernos de América Latina. Se la tomaron a Argentina, Colombia, Perú. ¿Qué pasaría?

No hay ningún presidente que le vaya a decir a los americanos: “No, yo no estoy a favor”. Expresan desacuerdo en términos muy suaves. No lo hacen de forma firme. Brasil quizá ha sido el único que se ha pronunciado más fuertemente.

¿Qué quiere decir eso? ¿Que no habría apoyo?

No. Quiere decir que sí habría apoyo.

Mira, Orlando, si a Maduro lo intervienen y lo sacan, el mundo celebraría, pero a puertas adentro.

Claro, por el complejo antiamericano.

Y todos van a sentir que se quitaron a esa pesadilla. Mira: él es una pesadilla para medio mundo. No es un sueño para nadie.

Pero tú le preguntas a un presidente, como le preguntaron a Duque: “¿Tú estás de acuerdo con una intervención militar?”. “No, no”. Y es que ese es un principio básico. “¿Usted está de acuerdo con no negociar?”. “No, no, yo creo que hay que negociar?”. “¿Usted está de acuerdo con el diálogo?”. “¡Claro que estoy de acuerdo con el diálogo!”.

En la diplomacia hay cosas que tú no puedes dejar de mencionar. Teóricamente, tú no puedes oponerte a un diálogo. No puedes marginar la palabra «negociar». O se llama a las partes a que actúen armónicamente… Eso es una obligación. Es parte del equipo del lenguaje que tienen los diplomáticos y los jefes de Estado, por supuesto.

¿Vio el discurso de Álvaro Uribe ante el Congreso? En su discurso trató de argumentar por qué se debe intervenir Venezuela. Y Álvaro Uribe, y creo que podríamos especular con confianza, es el político con mayor influencia en la política colombiana y en la administración actual. Y ahí hubo un contraste entre lo que decía Uribe y lo que dijo Iván Duque. ¿Qué puede significar esto?

Aquí el rol de Duque es muy distinto al de Uribe. Uribe está en el fragor de la batalla en el Parlamento. Y además está defendiendo lo que fue su política —que para mí, lamentablemente fue muy tardía, porque fue al final de su segundo Gobierno—.

Creo que aquí Duque está haciendo lo que toca, como dicen los colombianos; y Uribe está haciendo lo que toca: que es empujar a la opinión pública. Uribe está empujando a la opinión pública. Está formando opinión pública. No solo en Colombia sino en las Américas, con sus intervenciones.

Si Duque hubiera salido a decir “yo estoy de acuerdo con una intervención”, probablemente le hubieran caído encima; pero el objetivo de ir moldeando la opinión pública sería para que luego pudiera tener un respaldo para decir: “Hay que intervenir”.

Estaría respondiendo al clamor popular.

Es que, yo no veo ninguna intervención en Venezuela que no pase por Colombia. Es imposible. No vas a entrar por Brasil. Entras por Colombia.

Mira, hay un elemento que los americanos no han utilizado, creo yo, intensivamente, que es el poder de disuasión.

Le iba a preguntar al respecto.

¿Qué es la disuasión? Es como la mafia: te hago una oferta que no podrás rechazar. Y te digo: mira, Orlando, si tú haces A, B y C, lo que te va a pasar es D, E y F. Y depende de quiénes son los mensajeros de eso.

A cada rato yo veo: el almirante tal, llegó a Afganistán. ¿Y quién es ese almirante? Bueno, ese es el que va y dice: “Aquí si la situación sigue desarrollándose de esa manera, nosotros los vamos a bombardear”. Y mandan unos generales muy bien distinguidos. Tú sabes que los generales americanos no son como los nuestros.

Por ejemplo: el buque hospital este, que lo van a parar en la costa colombiana, a mí me pareció eso muy interesante. Porque un buque hospital no va nunca solo. Va luego acompañado por otros buques que son los armados.

Los venezolanos han confundido mucho: “No, que queremos una intervención humanitaria”. ¡Eso no existe! Existe intervención con fines humanitarios. Pero al final es una intervención.

Entonces, el poder de disuasión es hacerle sentir, no solo al régimen venezolano, sino a Cuba, Nicaragua, China, Rusia, el costo que tiene apoyar al régimen venezolano.

Sería plantear la intervención —o alguna amenaza de este estilo— sabiendo que nunca la vas ejecutar.

Bueno, pero eso no lo saben los otros nunca. Y hay distintas intervenciones. Tienes que subir el costo a todos los países que tienen relaciones con Venezuela. Los utilizarías para hacer presión sobre Venezuela.

Y yo creo que el país que tiene más leverage es China. Es el acreedor. Piensa tú, Orlando: ¿quiénes han sido los acreedores de Venezuela en la historia? Los bancos. Ahora no son los bancos. ¡Es una nación! ¡La China es acreedor nuestro! Eso nunca ha sucedido. Nunca. Imagínate que es un país el que controla las deudas venezolanas.

Yo creo que el poder de disuasión se ejerce, no solo militarmente, sino que se ejerce… Mira, te voy dar un ejemplo: durante la Segunda Guerra del Golfo, en una reunión que tuvimos con oficiales de distintas nacionalidades, recuerdo un coronel inglés, dijo: “Nosotros tenemos todos los teléfonos celulares de los oficiales medios y superiores de Irak y los hemos llamado para decirle que si nosotros llegamos a invadir a Irak las consecuencias son A, B, C y D”. ¿Qué pasó? Que a las cuarenta y ocho horas de iniciar el conflicto había desaparecido como el 70% de los oficiales. Eso es disuasión. No tuvieron que matarlos ni decirles nada. Les dijeron lo que podía pasar.

(Flickr)

Imagino que también con los familiares.

Todo eso. Que no podrán entrar a Europa… Y, bueno, tú dices que es un chantaje: sí, pero es preferible a que te maten. Tú busca tu carcaj y ahí tienes todos esos recursos: no entra tu familia, no tienes visa, te meto sanciones, etcétera… O, por lo contrario: te doy A, B, C y D.

Yo creo que la capacidad de disuasión de una potencia, como Estados Unidos, no ha sido utilizada todavía en la medida en que eso es posible y que sea más eficiente.

Yo creo que la mejor intervención para Venezuela es la de la disuasión.

El año pasado usted me decía que la salida debe pasar por los militares, hoy parece que los militares son el único obstáculo que impide la salida.

No ha cambiado mi manera de pensar. Lo que sigue sucediendo es que la familia militar sigue dividida. Pero el año pasado cuando hablamos no había trescientos oficiales presos. Hoy hay trescientos presos. Y curiosamente están presos los que llaman «comacates», que son justamente los que tienen poder de fuego.

Y que haya un grupo de militares jóvenes en Colombia, con intención de regresar, te indica que hay un fraccionamiento importante en las Fuerzas Armadas.

Pero lo que ha quedado revelado es que la capacidad de control de los sistemas de inteligencia de los cubanos es poderosísima.

Te repito: el momento es de la disuasión fuerte. La mafia la utilizaba: “I’ll make you an offer you can’t refuse”.

Declaración de Quito sobre movilidad de ciudadanos venezolanos – 4 de Septiembre 2018

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