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Maduro bajo la amenaza de una intervención humanitaria por Manuel Malaver – Noticiero Digital – 25 de Marzo 2018

manuelmalaver.jpgUna forma de intervención militar extranjera ocurrirá en Venezuela en los próximos meses y no hay dudas que se hará bajo la modalidad de una intervención humanitaria.Pienso que normada en la doctrina que la ONU sentó para la región cuando Haití rodó por el caos después del golpe de estado contra Jean-Bertrand Aristidi el 29 de febrero del 2004, y una fuerza multilateral, la Minustah (Misión de Estabilización de la ONU en Haiti) e integrada, principalmente, por Estados Unidos, Francia, Canadá y Chile, pasó a ser la responsable del proceso de restablecimiento de la vida democrática en el país de Petión que duró 10 años.Es bueno subrayar que “caos político” no es equivalente a “crisis humanitaria”, si bien sus efectos letales sobre la producción y distribución de los bienes de primera necesidad, concluyen en atribuirle una inevitable similitud.Aún más, una crisis humanitaria desencadenada por razones políticas, como serían las de gobiernos interesados en alguna suerte de limpieza étnica, ideológica, partidista o religiosa, puede transcurir en perfecto orden, pero en este caso el “orden” es parte de la crisis humanitaria y no puede alegarse para no tener judicialmente la misma calificación y condena.

No es el caso de la Venezuela del régimen dictatorial y socialista de Maduro, donde caos y crisis humanitaria van de la mano, son consustanciales y ello allanaría el camino para arribar a las definiciones y precisiones jurídicas que son imprescindibles para que la ONU repita en Venezuela la experiencia de Haití.

Aunque, lo más seguro, es que en la situación de Venezuela y su caos político y crisis humanitaria, tal misión sea puesta en manos de la OEA que, en la vocería de su Secretario General, Luis Almagro y de gobiernos como los de Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Argentina y Brasil, sería el organismo llamado a poner fin a la tragedia y devolver el país a la normalidad.

No debe descartarse, sin embargo, una intervención humanitaria unilateral o bilateral, en caso de que fracase la multilateral -sea de la ONU o de la OEA-, y no hay dudas que la misma puede llegar por una decisión del gobierno de los Estados Unidos que preside Donald Trump, o del colombiano que ya estará en manos del actual candidato a la presidencia, Iván Duque, para mediados de mayo, ciudadanos con sobradas razones para querellarse con un régimen que no esconde sus preferencias -a la hora de buscarse enemigos-, por los presidentes de los países con las democracias más viejas del continente.

En lo que se refiere a los Estados Unidos, no debe olvidarse que fue el primer país de América en colocarle la etiqueta de “dictadura” al gobierno de Maduro, de acusarlo de violaciones de los derechos humanos, de ser pieza clave del narcotráfico internacional y aliado del terrorismo islámico, haciéndolo objeto de sanciones que van, desde prohibirles el ingreso a sus funcionarios, hasta congelarles los activos, pasando por juzgarlos en tribunales por causas relacionadas con la corrupción y el narcotráfico.
Pero lo más grave es que el presidente Barack Omaba había declarado en un decreto que firmó el 9 marzo del 2015, que el gobierno de Maduro “es una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos” y que pasaba a tenerlo entre sus objetivos políticos y militares”, declaración que acaba de ser ratificada por la Administración Trump.

En cuanto a Colombia, puede señalarse como el primer país de la región en sufrir las consecuencias del éxodo masivo de venezolanos a su territorio, que ya pasa del millón de personas, así como de ser objetivo de ataques de guerrilleros desmovilizados de las FARC y ELN que Maduro usa para hostigar a tropas colombianas destacadas en la frontera.
En otras palabras que, las intervenciones de un país (o grupo de países) extranjeros a un país soberano del continente no son inusuales ni remotas, si bien hay que entender su complejidad legal después que la Carta de la ONU sacralizó el principio de soberanía nacional que trató de evitar que los países más fuertes hicieran tabula rasa con la independencia de los débiles.

El problema con la “soberanía nacional” es que “gobiernos fuertes” de “países débiles”, pueden usarla a su antojo para oprimir y esclavizar a las poblaciones de sus propios países, perpetrando gigantescas violaciones de los derechos humanos, arrasando con cualquier vestigio de libertad, democracia y constitucionalidad y, todo bajo el alegato de que ningún poder extraterritorial (sean gobiernos o multilaterales) pueden violar su sacrosanta soberanía.

Argucia que resultó particularmente criminal cuando el comunismo soviético se impuso, de hecho, como un poder mundial y global, gobernó como una internacional del crimen e invadía naciones bajo el principio del “Internacionalismo proletario”, pero no permitía que gobiernos democráticos se solidarizaran con los invadidos en aplicación de la doctrina de la soberanía nacional.

Así cayeron Cuba, Cambodia, Laos, Nicaragua, Etiopía y Afganistán, países que pasaron a sufrir los horrores que antes habían vivido la Unión Soviética, China, Corea del Norte, y los países del Este de Europa, pero que fueron dejados en las garras de sectas de fanáticos desequilibrados y desintegrados que cometieron y cometen crímenes bajo una impunidad atroz, pero que el mundo civilizado no se atrevía ni a protestar, ni a ponerle fin.

Y así piensan Maduro y sus genocidas -Cabello, Padrino López, Reverol, los hermanos Rodríguez, Bernal, y demás terroristas, narcotraficantes y afines que los secundan-, que sucederá con Venezuela, pues siempre podrá favorecerlos el principio de inviolabilidad de la soberanía nacional, o si no, que no se logren los consensos, unamidad o mayoría absoluta para que el pueblo venezolano no sea desterrado de la civilidad, la libertad, la democracia y el progreso porque unos rendentores quiere mantenerlos para siempre en los predios del “Buen Salvaje”.

Pero le advertiría a Maduro y sus secuaces que, tal como se lee en El Quijote”: “En los nidos de antaño, no hay pájaros de hogaño”, que el comunismo soviético desapareció hace casi tres décadas, que su imperio conocido como el sistema socialista fue arrasado al extremo de que solo dos países, Cuba y Corea del Norte, lo mantienen como en una suerte de museo de cera del horror, y que la democracia constitucional con sus principios de independencia de los poderes y alternabilidad en el gobierno, rigen en el 90 por ciento de las naciones del globo.

Además, en el caso de Venezuela -con relación al resto de los países comunistas que fueron y son-, cursa una variante que es de especialísima importancia: el fracaso del socialismo es fundamentalmente demostrable por el retroceso de la calidad de la vida a niveles primarios, a tal como se vivía en los años más rudos del medioevo y pueden visualizarse en la hambruna que desde hace más de dos años sufre el país, la falta de medicinas y de servicios médicos -que ya se constituyen en una de las principales causas de muertes- y en un derioro de los servicios públicos como el suministro de agua, luz y transporte que hacen de Venezuela una réplica de Cuba y Haití.

Pero ha sido el éxodo masivo de venezolanos hacia países extranjeros, la llamada díáspora o emigración que ya alcanza los cinco millones de personas, las que determinan que Venezuela se despeñó por la vía a que condujo la inviabilidad del socialismo en otros países y que se hará imprescindible, indispensable e inescapable proceder a una intervención humanitaria para poner fin a su destrucción.

De ahí que, no sea descartable que, después de la celebración de la “Cumbre de Las Américas” en Lima, Perú, entre el 15 y el 16 de abril próximo, tanto la mayoría de los países representados en la OEA, como los que pertenecen a la ONU, se dispongan a discutir y resolver algún tipo de intervención militar en Venezuela, una que quizá se apoye en una fuera armada multilateral u otra bilateral de dos o más países con el mandato que ya recibieron EEUU, Francia, Canadá y Chile en Haití.

Misión para poner fin a la dictadura comunista totalitaria y genocida de Maduro, sea mediante la negociación o la guerra.

 

La crisis de desplazados venezolanos “es un desastre humanitario absoluto” – Noticias ONU – 13 de Marzo 2018

un-logo-light-blue.jpgMás de un millón de venezolanos se encuentran ya en Colombia, según el director del Programa Mundial de Alimentos, que ha pedido ayuda urgente y la puesta en marcha de un plan de respuesta de la ONU para afrontar la situación.
Los venezolanos que huyen de su país necesitan ayuda humanitaria con urgencia porque la situación en la frontera con Colombia “es una catástrofe, un desastre humanitario absoluto”, ha asegurado el director ejecutivo del PMA, tras visitar Cúcuta.

“Basándonos en lo que oímos, anticiparía que esto va a ir a mucho peor”, ha asegurado David Beasley tras pasar dos días en la zona y hablar con los venezolanos. “Estamos hablando de la posibilidad de desestabilizar la región”, ha advertido. “Revertir el progreso y desestabilizar esta región sería catastrófico para el mundo”.

Entre 40.000 y 50.000 venezolanos cruzan cada día la frontera entre Venezuela y Colombia legalmente. Muchos otros lo hacen clandestinamente. Ya hay más de un millón de venezolanos Colombia.

Basley, que se reunió con el presidente Juan Manuel Santos, explicó en una rueda de prensa que la ONU no puede trabajar dentro de Venezuela “a no ser que el Gobierno lo permita”. Por ello, acudirá a los donantes internacionales para que den ayuda financiera a Colombia, el país al que está llegando la mayoría de los venezolanos.

“Es absolutamente necesario y tiene que hacerse ya”, enfatizó, agregando que cree que “la gente por todo el mundo no se da cuenta de lo mala que es la situación y cuánto peor puede ser”.

Beasley contó que las historias de los venezolanos “son algunas de las más desgarradoras” de las que ha sido testigo en todo el mundo. “Escuchar a madres como una que esta mañana me contó que estuvo con su bebé en un hospital en el que no había comida o medicinas. Su niña tenía neumonía. Durante los cinco días que estuvo allí, diez niños murieron. Por eso se llevó a su hija del hospital para que sobreviviera, sabiendo que no iba a obtener ninguna ayuda”, recordó.

Estas no son solo las historias de los que han cruzado la frontera, sino de gente “en toda Venezuela”, añadió, prometiendo que llevará el mensaje de que “los venezolanos están muriendo de hambre” a otros países.

Un 1 % de hambre, un 2 % de desplazamientos

El Programa Mundial de Alimentos ya reparte comida en Colombia. “Pero esta crisis es otra historia”, dijo. “Nos aseguraremos de que ponemos en marcha un Plan de Respuesta Integrada de las Naciones Unidas para poder ampliar la ayuda dado que la situación probablemente va a ponerse mucho peor antes de mejorar”, detalló.

“Somos expertos en comida y seguridad. Sabemos que cuando el hambre aumenta en un 1 %, la migración crece en un 2 %. La gente, cuando no puede alimentar a sus hijos, se mueve”, explicó.

En cuanto a la búsqueda una solución política en Venezuela, Beasley dijo “que no hay duda de que es necesaria”, pero matizó que ese no es su terreno. “Mi terreno, lo mío, es ayudar a la gente inocente atrapada en crisis como ésta”, añadió. “Mi trabajo ahora mismo es ayudar a Colombia a soportar esta carga, porque es una gran carga”.

 

Ponchado: los tres “strikes” de la ONU contra Nicolás Maduro por Sabrina Martín – Panampost – 9 de Marzo 2018

La Organización de Naciones Unidas, el único organismo que le quedaba a Maduro para intentar legitimarse ante el mundo, ha decidido abandonarlo con tres recientes acciones.

ONU no enviará a Venezuela una misión de observación electoral ante el evidente fraude en las presidenciales.

En una analogía entre política y deporte, podemos decir que la dictadura venezolana “quedó ponchada” luego de recibir tres strikes por parte de los diferentes organismos y funcionarios pertenecientes a la Organización de Naciones Unidas (ONU). El único organismo que le quedaba a Nicolás Maduro para intentar legitimarse ante el mundo, ha decidido abandonarlo.

Pareciera que los países miembros de la ONU atendieron al llamado de Donald Trump en su primer discurso ante la Asamblea General:

Pido a cada país representado aquí hoy que esté preparado para hacer más para enfrentar esta crisis muy real. Pedimos la restauración total de la democracia y las libertades políticas en Venezuela.
Ya la Unión Europea y otros países de dicho continente emitieron sanciones contra funcionarios del chavismo. Los 16 países miembros del Grupo de Lima también se unieron para enfrentar la crisis en el país suramericano. Por su parte, la OEA ha emitido declaraciones condenando a la dictadura; y ahora la ONU y sus diferentes organismos dependientes (Comisión de DD. HH. y FAO), al igual que la Corte Penal Internacional, comienzan a manifestarse.

Primer strike: no habrá misión electoral

Maduro había insistido en que la ONU participaría como supuesto garante de las presidenciales fraudulentas, pero esto fue desmentido.

La ONU recordó este jueves 8 de marzo que no está en manos del secretario general, António Guterres, establecer una misión que observe las elecciones en Venezuela.

“El secretario general no puede enviar personal de Naciones Unidas a observar unas elecciones sin un mandato específico de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad”, dijo el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric.

Esta fue la respuesta luego de que el dictador de Venezuela llamara a Guterres a “establecer muy pronto” una delegación que observe los comicios del 20 de mayo.

La ONU dejó claro que por el momento, en la Asamblea General o en el Consejo de Seguridad no hay ninguna iniciativa en curso para establecer una misión a Venezuela.

En el “acuerdo de garantías electorales” el Consejo Nacional Electoral (CNE) chavista había aprobado solicitar a las ONU que conformara una delegación de acompañamiento y de observación electoral para los comicios.

A Maduro entonces se le complica aún más el intento de legitimar las elecciones fraudulentas, pues no cuenta con el único organismo en el que él depositaba sus esperanzas para acompañar el proceso del CNE.

Sin embargo, especialistas afirman que la ONU no es el organismo indicado para observar las elecciones en Venezuela, pues para que exista transparencia es necesario que viajen al país organizaciones como la Unión Europea y la OEA que tienen amplia experiencia en la materia.

Además, para que la observación electoral sea efectiva, estas organizaciones ya deberían estar viajando al país para acceder a todas las auditorías y procesos técnicos previos a los comicios.

Y es que la ONU, que había mantenido “bajo perfil” ante la crisis en Venezuela, últimamente se ha manifestado en contra de lo que sucede en ese país.

El secretario general de la ONU ha admitido su preocupación por la situación en el país gobernado por Maduro. Asímismo, el alto comisionado de la ONU en derechos humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, cuestionó la legitimidad de las supuestas elecciones en Venezuela.

Al Hussein dijo este miércoles que la situación política y social en Venezuela no reúne “las mínimas condiciones” para poder celebrar elecciones presidenciales.

El máximo responsable de derechos humanos de la ONU recordó que los dos partidos de la oposición han sido descalificados por la Comisión Electoral, y que la “coalición opositora oficial” (MUD) ha sido invalidada por la Corte Suprema.

Segundo strike: ONU admitió hambre en Venezuela

Las recientes acciones de la ONU demuestran que Maduro está quedando aislado hasta por parte de organismos que lo habían respaldado.

La ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO) por ejemplo, que hasta hace pocos años ocultaba la crisis en Venezuela, ha decidido pronunciarse ante la crisis alimentaria.

Este mismo jueves 8 de marzo el organismo admitió que en 2017 el hambre continuó creciendo en Venezuela.

Hace casi dos años, en junio de 2015, la FAO premió al régimen de Maduro por la presunta eficacia en la reducción de la pobreza y el hambre. Ahora, meses después, denuncia una posible crisis alimentaria en el país latinoamericano.

Tercer strike: inicia investigación en La Haya

La Corte Penal Internacional (CPI), organismo independiente que no forma parte de la ONU, pero que sí está directamente relacionada con el Consejo de Seguridad —el cual le puede remitir al CPI investigaciones—, decidió abrir una investigación preliminar contra Maduro por crímenes de lesa humanidad.

El organismo, que solo en 2016 cerró sin explicación 22 denuncias contra Venezuela, por primera vez admitió de la mano de la fiscal Fatou Bensouda, que existen indicios de que las “fuerzas de Seguridad del Estado usaron fuerza excesiva para reprimir manifestaciones”.

Cabe destacar que también en noviembre de 2017, el Consejo de Seguridad de la ONU) sostuvo una reunión en la que los embajadores de varios países pidieron al régimen de Maduro respeto al estado de derecho en Venezuela, a los derechos humanos y que propicie la liberación de los presos políticos.

El Consejo está conformado por cinco miembros permanentes: China, Francia, Rusia, Reino Unido, Irlanda del Norte y Estados Unidos; la mayoría de ellos se pronunciaron y exigieron a Maduro solventar la crisis humanitaria.

ONU recuerda a Maduro que Guterres no puede enviar misión electoral por Alejandro Ferrer – Venepress – 8 de Marzo 2018

un-logo-light-blue.jpgEl pasado miércoles, el mandatario venezolano pidió a las Naciones Unidas establecer “muy pronto” una delegación para presidenciales

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) recordó al Presidente Nicolás Maduro que no está en manos del secretario general, Antonio Guterres, establecer o no una misión de observación electoral para que sirva de veedor en las próximas elecciones presidenciales de Venezuela.

“El secretario general no puede enviar personal de Naciones Unidas a observar unas elecciones sin un mandato específico de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad”, dijo Séphane Dujarric, portavoz de la ONU.

Además desmintió que Estados Unidos esté ejerciendo presión a las Naciones Unidas para que no envíe veedores a Venezuela, algo que aseguró el propio mandatario venezolano está ocurriendo.

“La presión debería hacerse a aquellos que tienen la autoridad para enviar”, sentenció.

Comunicado ACNUR sobre flujo de venezolanos – Marzo 2018

NOTA DE ORIENTACIÓN SOBRE EL FLUJO DE VENEZOLANOS

1. Venezuela continúa experimentando un flujo significativo de venezolanos que salen hacia países vecinos, otros países de la región y países más lejanos. A pesar de que las circunstancias individuales y las razones de estos movimientos varían, las consideraciones de protección internacional se han hecho evidentes para una proporción significativa de venezolanos (1). La preocupación del ACNUR por los venezolanos fuera de su país de origen se deriva del mandato del ACNUR(2). Al ejercer estas funciones, la Oficina del Alto Comisionado tiene una historia de más de sesenta años de colaborar con los gobiernos y de desarrollar alianzas con otros organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales.

2. En este contexto, el ACNUR insta a los Estados receptores y/o a los que ya acogen a los venezolanos para que les permitan el acceso a su territorio y a que continúen adoptando respuestas adecuadas y pragmáticas orientadas a la protección y basadas en las buenas prácticas existentes en la región. El ACNUR está preparado para trabajar con los Estados con el fin de elaborar mecanismos adecuados de protección internacional de conformidad con la normativa nacional y regional, en particular la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y la Declaración de Cartagena(3). Estos acuerdos están guiados por el principio de que brindar protección internacional es un acto humanitario y no político. Brindar protección internacional es consistente con el espíritu de solidaridad internacional, de la cual los países de la región de las Américas, incluyendo la República Bolivariana de Venezuela, tienen una larga trayectoria. Mecanismos orientados a la protección bajo los marcos nacionales y regionales

3. Reconociendo los desafíos y los posibles retrasos que los Estados puedan enfrentar en la adaptación de los sistemas de asilo existentes a la actual situación, el ACNUR alienta a los Estados a que consideren los mecanismos orientados a la protección que les permita una estancia legal a los venezolanos, con las salvaguardas adecuadas. Esto podría, por ejemplo, incluir varias formas de protección internacional, incluso bajo el derecho internacional de los derechos humanos (4), y protección temporal o acuerdos de estancia (5), o alternativamente visados o mecanismos migratorios laborales que puedan ofrecer acceso a la residencia legal y a un tratamiento estándar similar a la protección internacional (6). La implementación de estos mecanismos se haría sin perjuicio del derecho a solicitar el asilo, especialmente en los procedimientos de expulsión o deportación o en el caso de la no renovación de los permisos de residencia. En todas las circunstancias, los estándares mínimos deberían garantizarse, específicamente:

a) Legalidad: Los requisitos y los procedimientos para la aplicación de estos mecanismos deberían definirse y articularse bajo la legislación nacional. El ACNUR insta a los Estados a garantizar que las personas que se beneficien de estos mecanismos se les expida un documento oficial reconocido por todas las autoridades gubernamentales.

b) Accesibilidad: Los mecanismos pertinentes deberían ser accesibles a todos los venezolanos, independientemente de la fecha de entrada al país de acogida. Esto significaría que no debería haber costos asociados con la solicitud de este mecanismo o solo costos mínimos, y que estas solicitudes se deberían aceptar en varios lugares del territorio para garantizar que los costos de transporte no sean prohibitivos. Además, ni la entrada/presencia irregular ni la falta de documentos de identidad serían vistos como una razón válida para denegar el acceso a dicho mecanismo.

c) Acceso a los derechos básicos: Los mecanismos basados en la protección también podrían garantizar el acceso a los servicios básicos y a los derechos fundamentales, en igualdad de condiciones con otros ciudadanos extranjeros que son residentes legales en el territorio del Estado, de conformidad con las Directrices del ACNUR sobre protección temporal o acuerdos de estancia (7). Estos derechos incluyen: 1) acceso a la atención médica; 2) acceso a la educación; 3) unidad familiar; 4) libertad de circulación; 5) acceso a albergue, y 6) el derecho al trabajo. Estos derechos se garantizarían de manera igualitaria y no discriminatoria.

d) Garantías de no retorno: En vista de la situación actual en Venezuela, el ACNUR hace un llamamiento a los Estados para que les garanticen a las personas beneficiarias de estas formas complementarias de protección, protección temporal o acuerdos de estancia, o visados o mecanismos migratorios laborales que no sean deportados, expulsados, o de cualquiera otra manera forzados a retornar a Venezuela, de acuerdo con el derecho internacional de los refugiados y el derecho de los derechos humanos. Esta garantía debería estar garantizada ya sea en el documento de identidad oficial otorgado o a través de otros medios efectivos, como instrucciones claras para los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

Acceso a procedimientos de asilo

4. Las soluciones descritas anteriormente son sin perjuicio del derecho a solicitar asilo. Los sistemas de asilo justos y eficientes brindan la red de seguridad necesaria para garantizar que las personas con necesidades de protección internacional sean reconocidas como tales y protegidas de la devolución. Todas las decisiones sobre las solicitudes de asilo necesitan tomar en cuenta información de país de origen pertinente, fiable y actualizada.

5. Cuando los Estados aplican la definición de refugiado contenida en la Convención de 1951 /Protocolo de 1967, el ACNUR apoya la implementación de medidas para acelerar y simplificar la tramitación de los casos individuales, si el número de casos excede la capacidad de los sistemas de asilo.

6. Si un Estado ha incorporado los criterios más amplios establecidos en la Declaración de Cartagena en su legislación nacional, el ACNUR alienta a los Estados a considerar la aplicación de esta definición regional en el caso de los solicitantes de asilo venezolanos, incluso como base para tramitar los casos de forma acelerada y simplificada8. Ante la gran variedad de información disponible sobre la situación en Venezuela, el ACNUR considera que las circunstancias generales que conducen a la salida de ciudadanos venezolanos podrían estar contempladas en el espíritu de la Declaración de Cartagena9, resultando en una presunción refutable de las necesidades de protección internacional.

7. El ACNUR ofrece su apoyo técnico y pericia a los Estados que buscan mejorar el acceso, la imparcialidad y la eficiencia de sus sistemas de asilo y otros procedimientos de protección internacional. En contextos nacionales específicos, donde la capacidad de los sistemas de asilo para abordar en forma efectiva las necesidades de protección internacional no existe o está desbordada, se requieren medidas especiales para garantizar que los Estados cumplan con sus obligaciones de no devolución y otras obligaciones de protección en relación con los venezolanos.

8. El ACNUR hace un llamamiento a los Estados para que tomen las medidas necesarias para combatir el racismo, la discriminación y la xenofobia, sobre todo a la luz de una serie de incidentes que afectan gravemente la vida, la seguridad y la integridad de los venezolanos. El ACNUR está preparado para apoyar estos esfuerzos.

ACNUR, marzo de 2018

(1) Información disponible para el ACNUR con base en las entrevistas de monitoreo fronterizo realizadas a los nacionales venezolanos. Ver también las fuentes de la nota al pie de página 9 a continuación.

(2) ACNUR, Nota sobre el Mandato del Alto Comisionado para los Refugiados y su Oficina, octubre de 2013, http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9445.pdf.

(3) Declaración de Cartagena sobre Refugiados, Coloquio Sobre la Protección Internacional de los Refugiados en América Central, México y Panamá, 22 de noviembre de 1984, http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0008.pdf. A pesar de que la Declaración de Cartagena está incluida en un instrumento regional no vinculante, la definición de refugiado contenida en esta Declaración ha alcanzado una posición particular en la región, en especial a través de su incorporación en 15 legislaciones nacionales y en la práctica de los Estados. En el momento de la redacción de este texto, la definición de refugiado contenida en la Declaración ha sido incorporada en la legislación nacional de Argentina, Belice (la definición de refugiado de la OUA), Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay.

(4) Por ejemplo, el artículo 22(8) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, http://www.acnur.org/ fileadmin/Documentos/BDL/2001/0001.pdf.

(5) ACNUR, Directrices sobre protección temporal o acuerdos de estancia, febrero de 2014, http://www.acnur.org/ fileadmin/Documentos/BDL/2014/9761.pdf.

(6) Tales estándares incluyen: mecanismos de recepción adecuados; permisos de estancia reconocidos y documentados; protección contra la detención arbitraria y prolongada; acceso a la vivienda, educación, atención médica y otros servicios básicos; libertad de circulación, excepto cuando sea justificada por razones de seguridad nacional, consideraciones de orden público o de salud pública; registro de nacimientos, muertes y matrimonios; seguridad física, incluyendo protección contra la violencia y la explotación sexual y de género; atención especial para los niños y las niñas separados y no acompañados, orientados por el interés superior del niño; respeto a la unidad familiar y a la localización, y oportunidades para la reunificación con familiares que están separados de la familia; atención especial y mecanismos particulares para las personas con necesidades especiales, incluidas las personas con discapacidades; autosuficiencia u oportunidades laborales; y acceso al ACNUR y, según proceda, a otras organizaciones internacionales pertinentes, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil. Ver ACNUR, Directrices sobre protección temporal o acuerdos de estancia, febrero de 2014, http://www.acnur.org/fileadmin/ Documentos/BDL/2014/9761.pdf, en particular los párrafos 13, 16-18. (7) Ver nota al pie de página 6. 3

(8) Ver la nota al pie de página número 3 arriba.

(9) Para orientación sobre la interpretación de los criterios más amplios de la Declaración de Cartagena, ver: ACNUR, Directrices sobre Protección

 

ONU pide al gobierno de Maduro que le deje entrar en Venezuela – La Patilla – 9 de Marzo 2018

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, ofrece una rueda de prensa en Ginebra, Suiza, hoy, 9 de marzo de 2018.

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El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, pidió hoy al gobierno de Nicolás Maduro que abra las puertas a la ONU para verificar sobre el terreno lo que sucede en el país.

“No hemos sido invitados y no se nos ha permitido entrar. ¿Si todo no es tan malo como otros dicen, entones por qué no nos dejan entrar?, se preguntó Zeid.

 

El alto comisionado presentó este miércoles ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU su informe anual sobre la situación de las libertades fundamentales en el mundo, en el que dijo que las libertades de expresión, opinión, asociación y reunión pacífica son “reprimidas y gravemente restringidas” en Venezuela.

Además, señaló que “no se cumplen las condiciones mínimas para la celebración de unas elecciones libres y creíbles”, convocadas para el 20 de mayo por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Estos comentarios recibieron fuertes críticas desde Caracas y la cancillería los tachó de “infundados e irresponsables”.

En este sentido, Zeid dijo hoy que desde que asumió el cargo, hace casi cuatro años, está pidiendo que permitan el acceso a su equipo al país y que lo inviten a él.

“El tema principal es ¿qué están escondiendo? ¿qué es lo que no quieren que veamos? y ¿por qué no quieren que lo veamos?. Es una pregunta que no responden y deberían responder”, concluyó.

El alto comisionado indicó que su equipo seguirá investigando a distancia, como hace con muchos otros países en el mundo.

El pasado agosto, la Oficina del Alto Comisionado publicó un informe realizado a través de entrevistas telefónicas en las que denunció violaciones generalizadas de los derechos humanos en Venezuela.

El informe subrayó que las fuerzas de seguridad venezolanas maltrataron de forma sistemática y generalizada a miles de manifestantes y detuvieron de forma arbitraria al menos a 5.000 personas, muchas de las cuales sufrieron “torturas” durante su arresto o reclusión.

 

Cumbre de Ginebra por los Derechos Humanos y la Democracia 2018 – UN Watch – 20 de Febrero 2018

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La situación de los derechos humanos en Venezuela fue expuesta en la Cumbre de Ginebra por los Derechos Humanos y la Democracia por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro y por el alcalde exiliado de Caracas, Antonio Ledezma; quienes exigieron acción de parte de la comunidad internacional. Por su parte, Guillermo “Coco” Fariñas, quien realizó más de 20 huelgas de hambre y que ha pasado varios años como preso político, denunció la represión en Cuba y la grave situación que atraviesa la población del país.

A pocos días del inicio de la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, activistas, defensores de los derechos humanos y presos políticos se reunieron en Ginebra para exigirle a las Naciones Unidas que traten situaciones críticas de derechos humanos que han sido ignoradas por la organización.

Venezuela fue uno de los temas principales del evento, que contó con un panel compuesto por Luis Almagro, Secretario General de la OEA; Antonio Ledezma, alcalde exiliado de Caracas que escapó de su encarcelamiento ilegal en Venezuela; Irwin Cotler, miembro de la comisión de investigación sobre violaciones a los derechos humanos por parte del régimen de Maduro y ex ministro de justicia de Canadá y María-Alejandra Aristeguieta Álvarez, presidenta de Iniciativa por Venezuela, quién dio la apertura del panel y ejerció como moderadora.

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Luis Almagro se ha convertido en una de las voces más importante en favor del restablecimiento de la democracia en Venezuela. Hillel Neuer, director ejecutivo de UN Watch destacó la labor de Almagro diciendo que se suele decir que los Secretarios Generales de las Naciones Unidas son más secretarios que generales, pero que Almagro como Secretario General de la OEA “ha decidido ser más general que secretario, convirtiéndose en un líder en el hemisferio”.

Almagro fue contundente en sus declaraciones, afirmando que “el régimen de Maduro es la participación del crimen organizado con lógica de poder”,e indicó que “se deben adoptar sanciones cada vez más duras que golpeen la estabilidad económica del régimen y los bolsillos de los gobernantes”.

Consultado sobre su mirada sobre la membresía de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Almagro afirmó que “la mayoría de los países del Consejo de DD.HH. no tienen buenos historiales de derechos humanos, en ese sentido es lógico que Venezuela sea miembro. Si el Consejo se dedicara a defender los derechos humanos, entonces no tendría sentido”.

Sobre este mismo tema, el alcalde Ledezma respondió a la pregunta sobre la membresía de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos con otra pregunta: “¿Elegirías a un pedófilo para dirigir un preescolar?”. Con esa misma firmeza, Ledezma dijo que “Venezuela exige la solidaridad de las Naciones Unidas” y afirmó “no pedimos una intervención militar, pedimos que nos liberen de la intervención militar cubana que tiene presa a 30 millones de venezolanos”

Ese mismo argumentó presentó Guillermo “Coco” Fariñas en su discurso más temprano cuando afirmó que “el diablo está en Venezuela, pero su cabeza está Cuba”. El psicólogo y periodista ha realizado más de 23 huelgas de hambre en protesta contra el régimen castrista y pasó más de 11 años como preso político. En su discurso se dirigió a la audiencia diciendo “por favor, no se dejen engañar por los supuestos cambios en mi país. En Cuba, las personas no son libres de elegir a su presidente”.

Además de Cuba y Venezuela, se presentaron testimonios sobre violaciones a los derechos humanos en China, Corea del Norte, Irán, Turquía, Pakistán, R.D. del Congo, Rusia, Uganda y Zimbabue. Para ver el resto de los testimonios y oradores haga click aquí.

 

El drama del éxodo de Venezuela obliga a Colombia a reforzar la frontera por Francesco Manetto – El País – 9 de Febrero 2018

Santos anuncia controles más estrictos con 3.000 agentes y un centro de atención al migrante en colaboración con la ONU

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Numerosos venezolanos intentan cruzar la frontera con Colombia, en Cúcuta.
El éxodo masivo de venezolanos que huyen a Colombia se ha convertido en los últimos meses en una emergencia humanitaria que afecta a ambos países, que comparten unos 2.200 kilómetros de frontera. Lo es bajo el régimen de Nicolás Maduro, por la escasez ya estructural que golpea a la población. Y lo es al otro lado de los ríos Táchira o Arauca, donde el impacto de los flujos migratorios, que aumentaron un 110% el último año, es cada vez más difícil de sostener, según las autoridades locales. Alrededor de 550.000 personas, con visado y sin papeles, llegaron con la intención de quedarse en Colombia. Esa cifra, según cálculos oficiales, puede alcanzar el millón en julio.

Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, recibe cada día decenas de miles de venezolanos que cruzan los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Hoy es una suerte de ciudad dormitorio. Desde ese municipio, el presidente Juan Manuel Santos anunció este jueves una batería de medidas para afrontar esta crisis, que incluyen el despliegue de más de 3.000 agentes en esos territorios y la construcción de un centro de atención al migrante en colaboración con Naciones Unidas.

“El problema se ha venido agravando, ha venido creciendo. Y eso, pues, ustedes saben que es debido a esta terrible crisis que vive Venezuela”, señaló el mandatario, acompañado de buena parte de su Gobierno, al término de una reunión en la que participó junto el jefe de la ONU para Colombia, Martín Santiago, con alcaldes de municipios fronterizos, representantes gremiales y mandos militares. “Y es una crisis que está afectando no solamente al departamento de Norte de Santander. A todos los departamentos de la frontera. Y a todos los departamentos de Colombia, porque en todos los departamentos hay presencia de migrantes venezolanos y hay efectos que tienen sobre lo que hoy estamos viviendo”, aseguró.

Santos explicó que se reforzará el control militar en los pasos fronterizos y en las trochas, los caminos más remotos convertidos en las vías habituales del contrabando, la delincuencia y el tráfico de personas. Al mismo tiempo, las autoridades buscan regular el ingreso de venezolanos de manera “controlada, ordenada y dentro de la legalidad”. Los ciudadanos del país vecino que ya se encuentran en Colombia deberán acudir en un plazo de dos meses a una personería o una defensoría. En esas oficinas públicas, repartidas en todo el territorio, tendrán que registrarse y recibirán un comprobante con su estatus. El gobernante adelantó también que ya no se expedirán las llamadas tarjetas de movilidad fronteriza, utilizadas sobre todo por quienes se desplazan a diario entre las ciudades venezolanas de San Cristóbal y San Antonio y Cúcuta. A partir de ahora, será obligatorio sellar el pasaporte.

Los servicios sanitarios colombianos han vacunado a más de 112.000 personas, han atendido a más de 23.000 niños y a cerca de 900 mujeres a punto de dar a luz. Alrededor de 10.000 menores han ingresado en los colegios públicos. “Los niños van a seguir recibiendo educación y van a seguir recibiendo acompañamiento del ICBF, siempre y cuando estén registrados”, recalcó Santos, quien habló también generosidad y alertó contra los brotes de intolerancia. “Venezuela fue muy generosa con Colombia cuando los colombianos quisimos irnos a buscar una mejor vida. Y a los millones de colombianos que quisieron irse para Venezuela a buscar una mejor vida nos abrieron sus brazos, nos abrieron sus puertas. Nosotros también debemos ser generosos con Venezuela en estos momentos de dificultad”, consideró antes de pedir que se evite la xenofobia y las actitudes hostiles.

“Así como seremos severos en los controles, seremos solidarios con los migrantes”, prometió. ¿De qué forma? Una muestra, dijo, será la construcción, con la ayuda de Naciones Unidas, de un centro de atención al migrante con capacidad para acoger a 2.000 venezolanos de paso por el departamento de Norte de Santander. También instruyó a los inspectores de trabajo para que castiguen cualquier tipo de abuso laboral, ya que el éxodo masivo puede favorecer la explotación. “No vamos a permitir que empresarios inescrupulosos abusen de los migrantes venezolanos. Que abusen ofreciéndoles salarios de miseria”, agregó. “Además, esos salarios de miseria atentan también contra el empleo de los colombianos”. El hombre de confianza del presidente colombiano al frente de la coordinación de este operativo será Felipe Muñoz, actualmente delegado en la oficina de Colombia ante el Banco Interamericano de Desarrollo.

 

Alerta roja rojiza por Enrique Viloria Vera – Noticiero Digital – 26 de Enero 2018

Enrique Viloria Vera

La alerta internacional es un sistema que permite que Interpol se comunique con la policía de los países miembros de la organización y se facilite el intercambio de información policial fundamental. Se trata de una herramienta primordial para la cooperación policial internacional que resulta de gran utilidad para localizar personas buscadas por haber cometido delitos graves, personas desaparecidas, cadáveres por identificar, alertas sobre peligros potenciales y modus operandi delictivos. Además, las Naciones Unidas utilizan estos documentos para avisar a la policía sobre personas objeto de sanciones impuestas por la ONU a Al Qaeda y los talibanes. Existen por ahora estos tipos de alertas:

La notificación roja: Se utiliza para solicitar la detención con miras a la extradición de una persona buscada, y se basa en una orden de detención.

La notificación amarilla: Se utiliza para localizar a personas desaparecidas, especialmente menores, o para descubrir la identidad de personas que son incapaces de identificarse a sí mismas.

La notificación azul: Se utiliza para conseguir más información sobre la identidad de una persona o sus actividades delictivas en el marco de un asunto penal.

La notificación negra: Se utiliza para descubrir la verdadera identidad de cadáveres sin identificar.

La notificación naranja: Se utiliza para alertar a la policía, a los organismos públicos y a las demás organizaciones internacionales sobre materiales peligrosos, actos delictivos o hechos que representan un peligro potencial para la seguridad pública.

La notificación verde: Se utiliza para advertir y facilitar información sobre una persona que ha cometido delitos en un país y es probable que vuelva a cometerlos en otros países.

La notificación Interpol – ONU: Se utiliza para alertar a la policía sobre grupos y personas que son objeto de las sanciones impuestas por la ONU a Al Qaeda y los talibanes.

La Revolución Bolivariana – pródiga en delitos de todo tipo, en especial los financieros -, ha hecho su muy socialista aporte a la policía internacional: se trata de una nueva alerta: La roja – rojita. Anunciada por el tatuado y musculoso galán que funge de ayatola del Robusto Guasón, está especialmente diseñada para ponerle los ganchos a los ilustres ejecutivos y gerentes chavistas, antimperialistas, socialistas y revolucionarios que destruyeron a Pdvsa, otrora empresa de talla mundial que actualmente registra en sus balances financieros sendos números rojo – rojitos, y es vista con cuidado y compasión por proveedores y clientes, quienes ya no se fían de hacer negocio alguno con la maula y corrupta empresa petrolera socialista del siglo XXI.

Nos imaginamos los atajaperros que deben estarse sucediendo en lujosos áticos del mundo, cuando los interpolados se han enterado de la orden de detención rojo – rojita, emitida por sus antiguos compinches socialistas, ex–chavistas y ahora maduristas quienes nada quieren con un pasado de dispendio y corrupción, porque ya no obtienen divisas a las que meterles la mano para enviarlas raudamente a sus muy codiciados paraísos fiscales.

En tiempos de horóscopos y predicciones: astrólogos, facultos, brujas y pitonisas prevén un próximo futuro a los interpolados en un Ramo que no es rojo – rojito sino muy verde; en los altos mirandinos ya están acondicionando la suite presidencial que antes ocupó un monstruoso escuálido, a fin de que el camarada merideño disfrute a plenitud de las bondades de la justicia roja –rojita.

 

Deber de injerencia – World Democratic Forum – 14 de Junio 2015

world-democratic-forum-2_0.pngLa injerencia consiste para un Estado en inmiscuirse en los asuntos interiores de otro Estado. Se trata de un acto que va en contra de uno de los pilares fundamentales del derecho internacional público: el de la soberanía del Estado. Sin embargo, el derecho de injerencia invoca circunstancias excepcionales donde la población de un Estado estaría en una situación de peligro tal que una intervención externa se justificaría para ayudarle, aun cuando esto violare la soberanía del Estado en el que se encuentra. El deber de injerencia agrega una dimensión moral de orden obligatorio al concepto del derecho de injerencia. No obstante ello, ni uno ni el otro tienen existencia jurídica dentro del derecho humanitario internacional.

Reseña histórica

El concepto de derecho de injerencia ya es mencionado en el siglo XVII, en la obra de Hugo Grocio De jure belli ac pacis (1625), como un derecho “concedido a la sociedad humana” para intervenir en el caso en que un tirano “hiciera padecer a sus súbditos un trato que nadie le ha autorizado tener”. Dos siglos más tarde, el principio de “intervención humanitaria” se pone en primer plano como una autorización para que una potencia intervenga para socorrer a sus ciudadanos o a minorías religiosas, por ejemplo, que pudieran verse amenazadas.

En realidad, fue durante la guerra de Biafra (1967-1970) que el principio de injerencia humanitaria realmente tuvo su auge. En efecto, so pretexto de no injerencia y de neutralidad, los jefes de Estado y de gobierno no intervinieron para ayudar a una población que estaba siendo diezmada por el hambre. Luego de este episodio, se crearon muchas ONGs tales como Médicos Sin Fronteras por ejemplo, para denunciar esa inercia. Dichas organizaciones defienden la idea de que algunas situaciones sanitarias excepcionales, caracterizadas por violaciones masivas de los derechos de la persona, justifican el cuestionamiento de la soberanía de los Estados y deben permitir la intervención de la comunidad internacional para hacer que cesen los atropellos y ayudar a la población.

En 1979 aparece por primera vez el término de deber de injerencia, en la pluma del filósofo Jean-François Revel, en un artículo dedicado a la dictadura centroafricana de Jean-Bedel Bokassa y ugandesa de Idi Amin Dada. En 1988 Mario Bettati, profesor de derecho internacional público y Bernard Kouchner, político y uno de los fundadores de Médicos Sin Fronteras, teorizan el deber de injerencia y organizan una gran conferencia sobre el tema. El mismo año, la Asamblea General de la ONU adopta una resolución (43/131) que instituye una “asistencia humanitaria para las víctimas de catástrofes naturales y de situaciones de urgencia del mismo orden”, pero que no permite imponer una asistencia humanitaria a un Estado que la rechace. Dos años más tarde, la resolución es completada por la 45/100, que instaura los “corredores humanitarios”.

En abril de 1991, la primera intervención en nombre del derecho de injerencia tuvo lugar en el Kurdistán iraquí, con el fin de proteger a las poblaciones kurdas de las autoridades iraquíes. El Consejo de Seguridad había calificado entonces la situación de “amenaza contra la paz y la seguridad internacionales”. Desde entonces, el mismo motivo ha sido invocado en otras operaciones como “Restore Hope” en Somalia, a fines de 1992, o la “Operación turquesa”, llevada adelante por Francia en Ruanda en 1994. Pueden citarse también las intervenciones en Bosnia Herzegovina en 1994-1995, en Liberia, en Sierra Leona, en Albania en 1997 y en Kosovo en 1999.

Un concepto en debate

El derecho o deber de injerencia suscita múltiples polémicas, tanto en el plano político como jurídico. No existe ninguna definición jurídica de ese derecho o deber, mientras que se opone a dos principios fundamentales del derecho internacional público: el respeto a la soberanía de los Estados y el principio de no injerencia. Por ello, su legitimidad y su licitud son cuestionadas. Es por eso que Mario Bettati hace hincapié en pegarle el adjetivo de “humanitario”, pues la “expresión “derecho de injerencia”, sin mayores precisiones […] está desprovista de todo contenido jurídico. Sólo puede adquirir uno si se le agrega el adjetivo “humanitario”. Este último, al asignarle una finalidad a la intervención, le quita el costado ilícito que tiene universalmente.” 1 El concepto de derecho o deber de asistencia humanitaria es entonces preferible.

En continuidad con este debate semántico, el concepto de “responsabilidad de proteger” aparece en 2002 en el informe Evans-Sahnoun producido por la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados, creada por iniciativa de Canadá y de un grupo de grandes fundaciones. El Consejo de Seguridad ratificará ese principio el 28 de abril de 2006 en su resolución 1674, donde “Reafirma las disposiciones de los párrafos 138 y 139 del Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005, relativos a la responsabilidad de proteger a las poblaciones del genocidio, de los crímenes de guerra, de la purificación étnica y de los crímenes de lesa humanidad”. La responsabilidad de proteger se basa en el principio de que cada Estado es responsable de la protección de su población y del respeto de sus derechos. En el caso en que el Estado no cumpliera con su tarea, la comunidad internacional tendría entonces el deber de actuar en nombre de la responsabilidad de proteger. Sometida al principio de la subsidiariedad, esta responsabilidad sólo se activa en última instancia e incluye asimismo una “responsabilidad de prevenir” y una “responsabilidad de reconstruir”.

A pesar de ello, los temores siguen siendo los mismos. Uno de los principales temores expresado por los países en desarrollo es el del retorno de una injerencia imperialista so pretexto de intervención humanitaria -tal como la colonización que se hizo en nombre de una misión civilizadora-. La aprehensión también apunta a posibles excesos en la aplicación del concepto de responsabilidad de proteger o de deber de injerencia, según una lógica parcial, en función de las motivaciones más o menos legítimas de los Estados interventores. Las razones para intervenir o no en un Estado pueden ser muchas: políticas, económicas, energéticas, estratégicas, mediáticas, etc. El riesgo es que las motivaciones de los Estados que intervienen estén más alentadas por intereses nacionales que por una verdadera voluntad de socorrer a una población en peligro. La discutida intervención de Estados Unidos en Irak en 2003 es un ejemplo de ello.

¿Un falso debate?

Las polémicas en torno al concepto de deber o derecho de injerencia han hecho correr mucha tinta, pero en los hechos se ha avanzado poco, tal como lo demuestran los trágicos episodios de Ruanda, Srebrenica o más recientemente Siria. Estas situaciones correspondían sin embargo a situaciones excepcionales de violaciones flagrantes y masivas de derechos de la persona que podían justificar el recurso al derecho/deber de injerencia/responsabilidad de proteger. No obstante ello, no se hizo nada. ¿Por qué la comunidad internacional intervino en Libia en 2011 pero no en Siria en 2012? La respuesta tal vez haya que buscarla del lado de la voluntad política de los Estados y de los intereses nacionales. En efecto, el debate parece quedar en una formalidad, de vocabulario, mientras que los problemas de fondo siguen siendo los mismos. Cierto es que la Carta de las Naciones Unidas prohíbe la injerencia en su artículo 2.7: “Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará a los Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta; pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el Capítulo VII”. Sin embargo estas últimas palabras son de una importancia crucial, pues en el Capítulo VII está escrito que, en caso de amenaza contra la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión, el Consejo de Seguridad puede “ejercer, por medio de fuerzas aéreas, navales o terrestres, la acción que sea necesaria para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. Tal acción podrá comprender demostraciones, bloqueos y otras operaciones ejecutadas por fuerzas aéreas, navales o terrestres de Miembros de las Naciones Unidas” (Artículo 42). Estas palabras escritas en la Carta brindan entonces a los Estados los medios necesarios para actuar, si así lo desean. ¿Es necesario entonces debatir interminablemente sobre los términos a utilizar? ¿La diferencia entre Libia y Siria? Una abstención de China y de Rusia en el Consejo de Seguridad en el momento de votar la intervención en el primer caso y un veto de los dos en el segundo.

 

 

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