elecciones7Oenbilbao

Punto de encuentro de Venezolanos votantes en Bilbao

Archivos por Etiqueta: OEA

Acuerdos de la Asamblea Nacional de cese de denuncia y designación de representante ante la OEA – 22 de Enero 2019

¿Hasta qué punto la presión internacional debilita a Maduro y al chavismo? por Zenaida Amador – ALnavío – 21 de Enero 2019

Nicolás Maduro ha manifestado abiertamente que seguirá gobernando en Venezuela. Se muestra inmutable ante el desconocimiento internacional a su segundo mandato, ante el rechazo popular y ante las acciones que adelanta la oposición para impulsar un cambio de Gobierno. Pero le pegan con fuerza las medidas que individualmente aplican los países, que pueden fraccionar a sus grupos de poder y dejarlo sin oxígeno financiero.
Maduro ha manifestado abiertamente que seguirá gobernando / Foto: @NicolasMaduro
Maduro ha manifestado abiertamente que seguirá gobernando / Foto: @NicolasMaduro

Los pronunciamientos generales que han hecho alrededor de 40 naciones en rechazo al nuevo período de gobierno de Nicolás Maduro nutren la discusión política y son usados por el chavismo para atrincherarse bajo las consignas de defensa de la patria y de lucha contra el imperialismo. Pero hay otro plano, menos visible en la agenda pública, que genera real preocupación a quienes ejercen el poder en Venezuela.

Se trata de las acciones concretas que los países están adoptando, que le restan capacidad de movimiento a sus funcionarios y que los cercan por los actos de corrupción y las violaciones a los derechos humanos que han cometido, más las crecientes limitaciones para que sigan disponiendo y movilizando activos y flujos financieros de la nación como lo han hecho hasta ahora sin acción contralora alguna.

La ilegitimidad del gobierno de Maduro tiene un alto precio internacional en este sentido, lo que puede maniatarlo financieramente y hacer mella en la cohesión de las cúpulas chavistas que le dan soporte para propiciar la búsqueda de acuerdos particulares que faciliten la transición política.

El cerco

El Grupo de Lima, en su comunicado del 4 de enero, dejó claro que impedirán a los altos funcionarios del régimen venezolano la entrada al territorio de sus países; elaborarán listas de personas naturales y jurídicas con las que entidades financieras y bancarias de sus naciones no deberán operar o deberán tener una especial debida diligencia, prevenir su acceso al sistema financiero y, de ser necesario, congelar sus fondos y otros activos o recursos económicos; y, además, evaluarán con criterio restrictivo el otorgamiento de préstamos al régimen de Nicolás Maduro en los organismos financieros internacionales y regionales de los que son parte.

“No les permitiremos que actúen sin consecuencias ni que disfruten en los Estados Unidos de las ganancias ilícitas que obtuvieron, e instamos a otros países a que sigan nuestro ejemplo”

El 10 de enero el Consejo Permanente de la OEA acordó “no reconocer la legitimidad del período del régimen de Nicolás Maduro” y urgió a todos los Estados Miembros a adoptar, de conformidad con el derecho internacional y su legislación nacional, las medidas diplomáticas, políticas, económicas y financieras que consideren apropiadas para contribuir a la pronta restauración del orden democrático en Venezuela. La OEA ha convocado una reunión para tratar la crisis venezolana el 24 de enero.

El mismo 10 de enero varios países del Grupo de Lima giraron instrucciones para impedir la entrada a su territorio a Maduro y sus altos funcionarios y relacionados, y alertaron a las autoridades del área económica para seguir de cerca los movimientos financieros de tales personas en sus naciones.

Perú, en particular, confirmó que “las instituciones bancarias peruanas no mantienen relaciones de corresponsalía bancaria con instituciones financieras venezolanas”.

Estados Unidos, entre otras medidas, ratificó que continuará imponiendo revocaciones de visas y otras restricciones para los actuales y antiguos funcionarios del Gobierno venezolano y sus familiares considerados responsables o cómplices de abusos a los derechos humanos, actos de corrupción pública y socavamiento de la gobernabilidad democrática. “No les permitiremos que actúen sin consecuencias ni que disfruten en los Estados Unidos de las ganancias ilícitas que obtuvieron, e instamos a otros países a que sigan nuestro ejemplo”.

Luego de esto, la Asamblea Nacional venezolana, que es la única institución legítima con amplio reconocimiento internacional, aprobó un Acuerdo de solicitud de protección de activos del Estado venezolano a Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos, Bulgaria, Rusia, China, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y la Unión Europea. La petición es para que esas naciones prohíban cualquier manejo de activos líquidos del Estado venezolano en las cuentas acreditadas en sus territorios con el fin de garantizar la protección de esos activos por no contar el Estado venezolano con representación legal ante los entes regulatorios.El Grupo de Lima incrementa las medidas contra el régimen / Flickr: Cancillería Perú

Igualmente, se le solicitará a la banca privada acreditada en esos países la prohibición del manejo de fondos, cuentas y activos del Estado venezolano en sus entidades financieras en virtud de proteger el patrimonio del Estado venezolano ante la usurpación del Poder Ejecutivo por parte de Maduro.

Lo que queda

El Gobierno venezolano, tras las sanciones impuestas desde hace más de un año por EEUU y la Unión Europea, enfrenta dificultades para cerrar operaciones y movilizar fondos debido a la casi total ausencia de corresponsalías bancarias internacionales. Rusia, China y Turquía destacan como los aliados que le han servido de refugio, no en vano este último ha sido el receptor del oro que Maduro extrae del Arco Minero.

Con Rusia ha logrado una reestructuración de la deuda, según dijo Sergei Storchak, viceministro de Finanzas de ese país, y recibió una propuesta de ayuda a fin de preparar un plan para lidiar con los problemas económicos. Además, cuenta con su apoyo político y militar.

Esta semana Maduro, asfixiado por la falta de ingresos, anunció que abrirá las empresas del Estado al capital privado y extranjero con inversionistas rusos, chinos, turcos y palestinos. Difícilmente puede contar con una abundancia de ofertas porque los eventuales acuerdos estarían fuera del marco constitucional y en entredicho para la comunidad internacional.

Destaca el caso de Citgo, que es el principal activo externo de Venezuela. Esta filial de PDVSA opera en Estados Unidos, país que claramente condenó “la ilegítima usurpación de poder de Maduro” y reiteró su “apoyo a la Asamblea Nacional de Venezuela, la única rama legítima del gobierno debidamente elegida por el pueblo venezolano”.

Secretary Pompeo

@SecPompeo

We congratulate, recognize & support the courage of ’s National Assembly to formally declare a “usurper” of democracy & to transfer executive responsibilities to the National Assembly, per articles 233, 333, & 350 of the Venezuelan Constitution.

Marco Rubio

@marcorubio

Rubio insta al Tesoro de EEUU a congelar las cuentas del Estado venezolanohttps://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article224720845.html 

Rubio insta al Tesoro de EEUU a congelar las cuentas del Estado venezolano

El senador Marco Rubio instó al Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, que bloquee las cuentas del Estado venezolano en el exterior dada la ilegitimidad de Nicolás Maduro.

elnuevoherald.com

Maduro se queda sin margen de maniobra y la comunidad internacional aprieta el cerco.

EEUU y otros siete países piden una reunión en la OEA sobre Venezuela – Panampost – 18 de Enero 2019

La petición está firmada por el embajador de EE.UU. ante la OEA, Carlos Trujillo, y está dirigida al representante de El Salvador, quien asumió la Presidencia del Consejo Permanente,

El representante de El Salvador, país en el que gobierna el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), deberá ahora responder a la petición de los ocho países. (Youtube)
Washington, 18 ene (EFE).- EE.UU. y otros siete países, entre los que se hallan Colombia y Brasil, pidieron hoy la convocatoria de una reunión en la Organización de Estados Americanos (OEA) para abordar los “recientes acontecimientos en Venezuela”, según figura en el documento de la solicitud, al que accedió Efe.

La petición está firmada por el embajador de EE.UU. ante la OEA, Carlos Trujillo, y está dirigida al representante de El Salvador en el organismo, Carlos Alberto Calles Castillo, quien asumió el 1 de enero la Presidencia del Consejo Permanente, un puesto que rota entre los Estados miembros.

El representante de El Salvador, país en el que gobierna el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), deberá ahora responder a la petición de los ocho países.

Esos ocho solicitantes son Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú y EE.UU.

OEA lista para reconocer embajadores de Venezuela del gobierno interino por Luis Alonso Lugo – El Nuevo Herald – 15 de Enero 2019

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, envió el martes un contundente mensaje sobre la situación en Venezuela, en el que denunció “abusos y agresiones” por parte de la Guardia Nacional contra los manife 

México se ofrece a mediar en las crisis de Nicaragua y Venezuela por Carlos Salinas – El País – 16 de Enero 2019

El Ejecutivo de López Obrador promete un “papel decisivo” y de liderazgo en Latinoamérica

López Obrador, durante una conferencia de prensa.
López Obrador, durante una conferencia de prensa. REUTERS

Tras las críticas por la ambigüedad del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en su posición hacia Venezuela y Nicaragua, el subsecretario designado para la región de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes Zúñiga, afirmó que su país está dispuesto a mediar en las crisis políticas que afectan a ambos países. “La diplomacia mexicana tendrá un papel decisivo en América Latina y el Caribe. México debe ser un líder en la región y estamos dispuestos a asumir esta responsabilidad. Es el momento en que México vuelva a mirar al Sur”, aseguró el funcionario este lunes, frente a los representantes de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

Esta es la primera vez que un alto funcionario del Ejecutivo de López Obrador se pronuncia directamente sobre la crisis nicaragüense, que desde abril –cuando comenzaron las protestas contra el presidente Daniel Ortega– ha dejado 325 muertos, más de dos mil heridos y decenas de miles de exiliados. Reyes dijo que el Gobierno dará un “seguimiento puntual” a la situación del país, pero advirtió que México “no acompañará acciones que puedan afectar negativamente al pueblo nicaragüense y que no sean conducentes para crear condiciones de confianza que se necesitan para acercar a las partes”.

La crisis nicaragüense ha generado intensas negaciones diplomáticas en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo secretario general, el uruguayo Luis Almagro, advirtió de que podría invocar la Carta Democrática y expulsar al país del seno de esa organización, lo que tendría serias repercusiones políticas y económicas para la nación centroamericana. La idea de Almagro es presionar diplomáticamente a Ortega para que este se siente a negociar una salida pacífica al conflicto, que en enero cumple nueve meses sin que el sandinista de señales de apertura. Por el contrario, ha aumentado la represión contra sus críticos y los medios de comunicación independientes.

Alejandra Reynoso Sánchez, senadora por el PAN y secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, hizo referencia a la reunión de la OEA del viernes y cuestionó la posición del Gobierno mexicano, que se abstuvo. “¿Considera usted que la Doctrina Estrada sigue vigente ante la práctica de autoritarismo y violación constante de derechos humanos?” “¿Cómo logrará México el respeto a los derechos humanos y al orden constitucional en estos países [Nicaragua y Venezuela]?”, preguntó. En la misma línea apuntó la senadora Martha Micher Camarena, de Morena, el partido de López Obrador, quien dijo estar “preocupada por Nicaragua” y le recordó a Reyes que en el país centroamericano “están ofendiendo, están desapareciendo a la gente que piensa diferente, están cometiendo actos de violación a los derechos humanos”.

Reyes respondió que la Doctrina Estrada “sigue absolutamente vigente” como la “guía básica” de las relaciones diplomáticas de México con sus vecinos, y “que de ninguna manera está peleada con la vigilancia de México en la procuración de los derechos humanos”. Sin embargo, dijo que estaban “muy preocupados” por la crisis nicaragüense y que darían seguimiento a las discusiones en el seno de la OEA, donde el país ha dado un voto “favorable” a las decisiones tomadas hasta ahora por el grupo de trabajo para Nicaragua. “México estaría en disposición de participar, a invitación de Nicaragua, en todo mecanismo de facilitación y mediación del diálogo que permita el acercamiento de las partes en conflicto con pleno respeto a sus asuntos internos y autodeterminación”, dijo Reyes, quien anunció que el jueves el canciller nicaragüense, Denis Moncada, visitará México.

En el caso de Venezuela el funcionario fue más elocuente. Dijo que al no suscribir la semana pasada un documento del Grupo de Lima, con el que los 13 países que conforman esa alianza no reconocen el nuevo mandato de Maduro, México mandaba el mensaje de que la prioridad del Gobierno es hacer frente a la “crisis humanitaria” que sufre ese país y luego a la situación política. “Tampoco damos un voto a favor de Maduro”, aseguró Reyes. Además, agregó que al enviar al encargado de negocios de la Embajada mexicana en Caracas a la toma de posesión del presidente venezolano, el Ejecutivo de López Obrador quiso mantener “una distancia” y mostrar que seguirá de cerca lo que sucede en ese país.

“México de ninguna manera renuncia a su preocupación y a su observancia por la situación humanitaria que se está viviendo en Venezuela, por el laceramiento a los derechos humanos de los venezolanos y por la ausencia de democracia que hay en ese país. No obstante, no queremos caer en el extremo antagonista en el que pensamos que se encuentran todas las partes involucradas en el conflicto venezolano. Pretendemos ubicarnos en un centro que sea capaz de generar puentes de diálogo”, explicó el diplomático. Reyes Zúñiga dijo que su país “está en plena disposición de fungir como puente de diálogo y mediador en los conflictos internos” de Venezuela.

Guaidó presidente legítimo por Héctor E. Schamis – El País – 12 de Enero 2019

La transición democrática de Venezuela está en marcha

Juan Guaidó (derecha), en una concentración de opositores al Gobierno de Maduro.
Juan Guaidó (derecha), en una concentración de opositores al Gobierno de Maduro. MIGUEL GUTIÉRREZEFE

Es la hora de la transición democrática en Venezuela. Dos hechos inéditos lo corroboran. Primero, la valiente decisión del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, al asumir sus responsabilidades de acuerdo a la Constitución. Segundo, una cohesión sin precedentes en la comunidad internacional, especialmente en el continente americano. Vayamos por partes.

Ese día estuve con Idania Chirinos en su programa La Tarde de NTN24. Día plagado de incertidumbres, dije que Juan Guaidó se encontraba entre la gloria y el olvido. La gloria consistía en obedecer lo que la Constitución le ordenaba, lo cual implicaba riesgos a su seguridad, su integridad física y su libertad. Esto a sabiendas de que la Constitución es la de Chávez, a la medida del régimen.

Lo cual es mejor desde el punto de vista del argumento político, ya que desnuda por completo el carácter autoritario de ese régimen y su deterioro irreversible. Es casi una ley, signo inequívoco de colapso cuando, para continuar en el poder, una dictadura debe violar hasta la propia institucionalidad que diseñó a su antojo.

Para el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, no cumplir con esa Constitución suponía comprar un boleto sin retorno hacia el olvido. Es decir, pasar a ser despreciado y descontado por una sociedad que ha escuchado demasiadas acrobacias discursivas de parte de políticos dispuestos a cohabitar con la dictadura. Y agregué que estaba en él tomar esa decisión, nadie más.

El viernes 11 Juan Guaidó se acercó a la gloria, rápidamente y con convicción. Como reza la comunicación oficial del parlamento, apegándose a los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución, el presidente de la Asamblea Nacional asumió las competencias de la presidencia de la república para convocar a un proceso de elecciones libres que faciliten una transición. La declaración es inequívoca.

Apeló a los militares y a la comunidad internacional, ambos imprescindibles, y aquí le hago una sugerencia: hacerse de la chequera cuanto antes. A propósito, un grupo de tenedores de papeles de deuda venezolana, llamado Venezuelan Creditors Committee, anunció que no negociará con Maduro sino con la Asamblea Nacional por ser el único poder legítimamente constituido. Inmejorable oportunidad.

En otras palabras, un Jefe de Estado o de Gobierno es tal en tanto sea reconocido por el mundo financiero, cuente con la obediencia de las instituciones armadas y sea considerado legítimo por parte del sistema internacional. Por ello es necesario que nombre embajadores rápidamente, aprovechando el apoyo recibido de diversos países de América Latina y Europa.

La comunidad internacional se ha ido cohesionando para desconocer a Maduro y eso ha dado impulso a la decisión de Guaidó. La OEA lo hizo inmediatamente, en la figura de su secretario general. Después, varios países miembros reconocieron la autoridad legitima del presidente interino. Ocurrió en el marco de la reunión que se llevaba a cabo en la OEA y siguió con pronunciamientos desde varias capitales.

Los aliados de Maduro, por su parte, siguen hablando de soberanía y no intervención. Un discurso falaz que ahora también repite López Obrador haciendo referencia a una supuesta tradición mexicana de no intervención. Esa tradición no fue obstáculo para romper relaciones con la España de Franco y el Chile de Pinochet, por citar dos ejemplos, además de otorgar asilo a cantidades de exiliados y a las propias instituciones de la España republicana.

Con dicha doctrina e historia, López Obrador debería hoy ofrecer asilo al Tribunal Supremo de Justicia legítimo de Venezuela. El mundo de la no intervención es tan solo una ficción de cómplices o miopes. Si el mundo funcionara así, el Apartheid continuaría vigente, Milosevic habría muerto en su casa y Videla en el poder. Quienes proclaman semejantes sinsentidos solo protegen la reproducción de la injusticia. El mundo democrático, por el contrario, ha dado un paso firme en apoyo a la transición política que se inicia en Venezuela.

La OEA no reconoce la legitimidad del segundo mandato de Maduro por Yolanda Monge – El País – 11 de Enero 2019

El presidente venezolano aspira a mantenerse en el poder hasta al menos 2025

Maduro jura el cargo este jueves ante el presidente del Supremo venezolano, Maikel Moreno.
Maduro jura el cargo este jueves ante el presidente del Supremo venezolano, Maikel Moreno. ARIANA CUBILLOS AP

La Organización de Estados Americanos (OEA) ha acordado este jueves en una reunión extraordinaria de su Consejo Permanente celebrada en Washington “no reconocer la legitimidad” del segundo mandato de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Maduro ha inaugurado este jueves un nuevo periodo del régimen con la esperanza de mantenerse en el poder al menos hasta 2025. La OEA ha llamado a que se celebren nuevos comicios “en una fecha cercana” con observación internacional. La delegación venezolana, liderada por el embajador Samuel Moncada, ha calificado la reunión del Consejo como “un acto hostil e inamistoso” y ha anticipado que no reconocerá “ninguna decisión que pudiera adoptarse”, informa EFE.

Ver imagen en Twitter

OEA

@OEA_oficial

Con 19 votos a favor; 6 en contra, 8 abstenciones y 1 ausencia, Consejo Permanente de la acuerda “no reconocer la legitimidad del período del régimen de @NicolásMaduro a partir del 10 de enero de 2019”

Por su parte, el Gobierno de Mario Abdo Benítez ha anunciado este jueves la ruptura de Paraguay con Venezuela inmediatamente después de la toma de posesión de Maduro. “Se ha dispuesto el cierre de nuestra Embajada y el inmediato retiro del personal diplomático paraguayo acreditado ante dicho país” y “se dará un plazo razonable para el retiro del personal diplomático venezolano del territorio nacional”, ha anunciado el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

Maduro, que asumió el cargo en abril de 2013, buscó en mayo legitimarse ante el aumento de la presión y el deterioro de los derechos en la república bolivariana. Aquellos países que consideraron las elecciones el producto de un proceso fraudulento no reconocen el mandato del sucesor de Hugo Chávez. Así, 13 países del llamado Grupo de Lima —Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía—, junto a Estados Unidos y Canadá, además de la UE y sus Estados miembros, incluido España, no han enviado representantes al juramento del cargo de Maduro, que se ha realizado ante el Tribunal Supremo de Justicia en lugar de hacerlo en la Asamblea Nacional como establece la Constitución.

Luis Almagro

@Almagro_OEA2015

Saludamos el compromiso de los países de las Américas desconociendo al ilegítimo régimen de @NicolasMaduro. El pueblo de no está solo, seguimos trabajando xa recuperar la democracia, los derechos y libertades de tod@s

OEA

@OEA_oficial

Con 19 votos a favor; 6 en contra, 8 abstenciones y 1 ausencia, Consejo Permanente de la #OEA acuerda “no reconocer la legitimidad del período del régimen de @NicolásMaduro a partir del 10 de enero de 2019” #OEAconVzla #Venezuela

View image on Twitter
Por su parte, México, el otro integrante del Grupo de Lima, ha optado por enviar al encargado de negocios de su Embajada en Caracas, rebajando el nivel de representación que correspondería por reciprocidad, dado que Maduro sí acudió a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, celebrada el 1 de diciembre en Ciudad de México.

La sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA fue solicitada por las misiones de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay y Perú. Venezuela, Nicaragua, Bolivia y algunos países del Caribe votaron en contra. Entre los países que votaron a favor estuvieron Argentina, Estados Unidos, Colombia, Chile, Ecuador, Canadá y Brasil. Entre las naciones que se abstuvieron estuvo México.

El Grupo de Lima ha anunciado que, a partir del 10 de enero, iniciará una ofensiva diplomática contra Maduro y su Gobierno para forzarle a celebrar unas elecciones “creíbles”. Estados Unidos ya ha ampliado su lista de sanciones contra la cúpula venezolana y la UE se mantiene a la expectativa. La respuesta de Maduro no se ha hecho esperar y ha dado un ultimátum de 48 horas al Grupo de Lima —al que considera una marioneta de Estados Unidos— para que corrija su actitud “injerencista”, bajo amenaza de adoptar “las medidas más crudas y enérgicas en diplomacia y en defensa de un Gobierno”.

La crisis en Venezuela ha provocado escasez de alimentos y medicinas y, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la inflación en 2019 alcanzará 10.000.000%. La Asamblea General de la OEA está compuesta por las delegaciones de todos los Estados miembros activos, que actualmente son 34, ya que Cuba no participa.

Consejo Permanente de la OEA acuerda “no reconocer la legitimidad del período del régimen de Nicolás Maduro” – 10 de Enero 2019

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) acordó hoy “no reconocer la legitimidad del período del régimen de Nicolás Maduro a partir del 10 de enero de 2019”. La resolución se aprobó con 19 votos a favor, 6 en contra, 8 abstenciones y 1 ausencia.

A continuación el texto completo de la resolución:

RESOLUCION SOBRE LA SITUACION EN VENEZUELAEL CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

REAFIRMANDO el derecho a la democracia que tienen los pueblos de América y la obligación de sus gobiernos de promoverla y defenderla tal como lo establece el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana,

RECORDANDO que, mediante la AG/RES. 2929 (XLVIII-O/18) del 5 de junio de 2018, la Asamblea General declaró que el proceso electoral realizado en Venezuela el 20 de mayo de 2018 carece de legitimidad por no haber contado con la participación de todos los actores políticos de Venezuela, por no cumplir con los estándares internacionales y por haberse desarrollado sin las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático,

CONSIDERANDO que el período presidencial 2019-2025 que empieza en Venezuela el 10 de enero de 2019 es el resultado de un proceso electoral ilegítimo,

ENFATIZANDO la autoridad constitucional de la Asamblea Nacional democráticamente electa,

REITERANDO SU PROFUNDA PREOCUPACION en relación con el empeoramiento de la crisis política, económica, social y humanitaria en Venezuela resultante del quiebre del orden democrático y de serias violaciones a los derechos humanos en dicho país, así como la negligencia del gobierno de Venezuela de alcanzar los estándares interamericanos básicos en materia de derechos humanos y democracia,

RECONOCIENDO que, en consecuencia, un número significativo de venezolanos está siendo forzado a huir del país, en razón de que no han sido cubiertas sus necesidades básicas,

REITERANDO su seria preocupación por el colapso del sistema de salud de Venezuela, que ha llevado a la reaparición de enfermedades infecciosas previamente erradicadas en Venezuela, así como en países fronterizos y en la región.

OBSERVANDO que el éxodo de venezolanos está teniendo un impacto en la capacidad de los países de la región para cubrir sus necesidades básicas y plantea desafíos a la salud pública y la seguridad,

TOMANDO NOTA al respecto, de la Declaración de Quito sobre movilidad humana de ciudadanos venezolanos en la región, del 4 de septiembre de 2018, y su Plan de Acción, adoptado el 23 de noviembre de 2018.

CONDENANDO con la mayor firmeza las detenciones arbitrarias, la falta del debido proceso y las violaciones a los derechos humanos de prisioneros políticos por parte del gobierno de Venezuela,

ENFATIZANDO que el Consejo Permanente y la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores se mantienen dispuestos a llevar a cabo iniciativas diplomáticas, incluyendo los buenos oficios, destinados a promover el diálogo en Venezuela con miras a arribar a una solución política de la crisis en dicho país,

RESUELVE:

No reconocer la legitimidad del período del régimen de Nicolás Maduro a partir del 10 de enero de 2019,

Reafirmar que, solo a través de un dialogo nacional con la participación de todos los actores políticos y otros actores interesados venezolanos, se podrá alcanzar la reconciliación nacional y acordar las condiciones indispensables para celebrar un nuevo proceso electoral que refleje realmente la voluntad de los ciudadanos venezolanos y resuelva de manera pacífica la actual crisis en ese país.

Urgir a todos los Estados Miembros e invitar a los Observadores Permanentes de la OEA, a adoptar, de conformidad con el derecho internacional y su legislación nacional, las medidas diplomáticas, políticas, económicas y financieras que consideren apropiadas para contribuir a la pronta restauración del orden democrático en Venezuela,

Hacer un llamamiento para la realización de nuevas elecciones presidenciales con todas las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y legítimo, en una fecha cercana con presencia de observadores internacionales,

Invitar a los Estados Miembros y a los Observadores Permanentes a implementar medidas para atender la crisis humanitaria en Venezuela y en los Estados afectados, mediante el apoyo a las organizaciones internacionales y regionales apropiadas,

Urgir al régimen venezolano que permita el inmediato ingreso de ayuda humanitaria para el pueblo de Venezuela, incluyendo vigilancia epidemiológica para prevenir el agravamiento de la crisis humanitaria y de salud pública, particularmente para evitar la reaparición y propagación de enfermedades,

Exigir la inmediata e incondicional liberación de todos los presos políticos,

Expresar la activa solidaridad con el pueblo venezolano y su compromiso de mantener bajo seguimiento la situación en Venezuela y apoyar medidas diplomáticas que faciliten la restauración de las instituciones democráticas y el pleno respeto a los derechos humanos,

Instruir al Secretario General para que transmita el texto de la presente Resolución al Secretario General de las Naciones Unidas.

El destino de los torturadores por Miguel Henrique Otero – Editorial El Nacional – 6 de Enero 2019

La tortura constituye el límite más extremo de todo régimen político. La diferencia entre los regímenes que torturan de forma sistemática y los que no, es sustantiva, puesto que define el lugar que la vida humana tiene para el poder: si la reconoce como el más alto bien de la vida en común -si acepta su condición de valor sagrado-, o si no la reconoce -si niega la prioridad absoluta de la vida- y, en consecuencia, decide torturar y matar para preservar el poder. La tortura es la respuesta que los regímenes totalitarios dan al debate entre vida y poder.

Difícilmente, quienes no hemos sido torturados podemos siquiera imaginar el infierno que experimenta el torturado. Indefenso, arrancado de la realidad del mundo, separado de sus referentes cotidianos y de cualquier señal que suponga alguna forma de esperanza, la sesión de tortura es la negación de lo humano y de la civilización. Sobre todo, es la suspensión de la vida: la víctima, mejor dicho, el cuerpo de la víctima es sometido al dolor puro, repetido, prolongado, cada vez más brutal. Los testimonios de quienes han sobrevivido a la tortura cuentan que el pensamiento queda anulado por el poderío totalizante del dolor.

A lo largo de los milenios se ha utilizado la tortura para castigar a los enemigos, especialmente en tiempos de guerra. En algunas culturas solía reservarse el castigo corporal a quienes eran acusados de traición. El vínculo que unía confesión y tortura no ha sido exclusivo de la Inquisición, sino que ha formado parte del esclavismo, de las prácticas de dominación colonial, de absolutismos, monarquías, tiranías, dictaduras y mafias. Solo en las verdaderas democracias la tortura ha sido erradicada y penada. Hasta la aprobación, en 1948, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no existió un pronunciamiento en contra que involucrara a un número considerable de países. Dos años más tarde, entró en vigencia la Convención Europea de Derechos Humanos, cuyo artículo 3 prohíbe de forma expresa la tortura y los tratos inhumanos o degradantes.

La creación de la Cheka, ordenada por Lenin en diciembre de 1917, y que copió su modelo de la Ojrana, la policía zarista, marca un hito en la moderna historia de la tortura: incorpora el terror como un factor esencial de los regímenes comunistas y totalitarios. La Cheka bolchevique, que a lo largo de los años cambió varias veces de nombre (GPU, NKVD y KGB), estableció un método -detener sin procedimiento judicial, interrogar, torturar, juzgar sumariamente y, a menudo, matar, que resultó constitutivo de los regímenes totalitarios de izquierda. Esto es fundamental: donde se instaura el terror como política del poder no tarda en aparecer la tortura.

Es posible rastrear las tres ramificaciones principales de la práctica de la tortura a partir de 1917: una de sus ramas más cruentas se instauró en Asia: primero en la China de Mao Zedong, en el régimen asesino de los Kim en Corea del Norte, y en Camboya durante los años de los Jemeres Rojos. Una segunda ramificación, principalmente europea, pasó de Stalin a países como Rumanía, Polonia, Bulgaria y la Alemania comunista. Una tercera derivación, latinoamericana, inaugura sus operaciones en la Cuba castrista, y se ha proyectado hasta la Nicaragua bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y en la Venezuela de Chávez y Maduro.

Un aspecto esencial a considerar: entre los torturadores no hay distinciones políticas o ideológicas. Entre el general Manuel Contreras, responsable de la Dirección de Inteligencia Nacional -la DINA de Pinochet- y Gustavo Enrique González López -que dirigió el SEBIN de Maduro-; o entre Emilio Eduardo Massera -el hombre de la siniestra Escuela Mecánica de la Armada, ESMA, responsable de las torturas y desapariciones de miles y miles de argentinos entre 1976 y 1978- e Iván Hernández Dala, a cargo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM, hay comunidad de métodos y afinidades inequívocas: son piezas fundamentales del engranaje, desatado desde la cúpula del poder, que tiene como finalidad causar los más atroces sufrimientos sobre los cuerpos de quienes les oponen.

Sin desconocer las diferencias entre unos y otros, los torturadores son una especie: su cerebro deshumaniza a sus víctimas: los convierten en enemigos no humanos; se sienten señores de la verdad: son fanáticos; llevan consigo un deseo muy acuciante de ser reconocidos por sus jefes; antes de adquirir categoría en el oficio, deben ‘iniciarse’, es decir, participar en una sesión acompañado o guiado por alguien ya experto. En el torturador conviven dos impulsos: el del sadismo y el de una cobardía ilimitada. Esas son las fuerzas que se unen para descargar la violencia en contra del indefenso. Mientras golpea o penetra o quema o electrifica o sumerge o ahoga o fractura el cuerpo expuesto, su propia cobardía descansa: se siente superior, corajudo, invencible. El primer propósito del torturador no es matar sino infligir daño y sufrimiento, por el mayor tiempo posible. En ese consiste el quid de su profesión. Y es por ello que, a lo largo de la historia, los métodos de tortura se han multiplicado y refinado una y otra vez. El torturador para, no por compasión, sino para disponer de un cuerpo, todavía con algo de vida, al que continuar torturando en una próxima sesión.

A diferencia de lo que ha ocurrido en otros países de América Latina, en Venezuela se ha logrado documentar, ampliamente, la actividad del régimen torturador. Los testimonios de los torturados, de sus abogados y familiares, y hasta de funcionarios que se desempeñan en las instituciones en las que se tortura, han servido para que ciudadanos ejemplares como Tamara Suju y otros, hayan podido estructurar las mismas y construir los expedientes que hoy se acumulan en la Corte Penal Internacional.

Lo esencial del trabajo realizado hasta ahora, es que cada caso está articulado hasta en sus más cruentos detalles. La investigación realizada contiene lo necesario: las cadenas de mando responsables del engranaje de la tortura, los responsables directos de las mismas, el relato de los métodos -de la brutalidad física y sicológica- que se han empleado hacia centenares de presos políticos venezolanos. Los documentos consignados ante tribunales internacionales, o los que han sido producidos por la Organización de Estados Americanos -OEA-, bajo el impulso de su secretario general, Luis Almagro, son, probablemente, los más reveladores de la esencia, de la naturaleza del régimen de Chávez y Maduro: un régimen que desconoce el principio de la vida. Un régimen que actúa de espaldas a los derechos humanos.

Más allá de las decisiones que en algún momento tomará la Corte Penal Internacional, hay una cuestión que no se puede pasar por alto: que tocará a la sociedad venezolana y a sus instituciones, apenas se produzca el cambio de régimen, afrontar el destino de los torturadores. Ello no solo implica a los directamente responsables, sino también a sus cómplices, aliados, testigos y facilitadores. En los expedientes están las identidades y las responsabilidades que deberán asumir. Uno a uno, tendrán que responder ante los tribunales. Uno a uno, ir a prisión. Uno a uno, enfrentar la realidad de ser enjuiciado como torturador: para vergüenza de su familia y para la institución en que se desempeñaban.

Comunicado del Grupo de Lima – 4 de Enero 2019

DECLARACION DEL GRUPO DE LIMA

Los Gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, frente al inicio el 10 de enero de 2019 del ilegítimo periodo presidencial del régimen de Nicolás Maduro (2019-2025) en Venezuela, expresan lo siguiente:

  1. Reiteran que el proceso electoral llevado a cabo en Venezuela el 20 de mayo de 2018 carece de legitimidad por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos, ni con la presencia de observadores internacionales independientes, ni con las garantías y estándares internacionales necesarios para un proceso libre, justo y transparente. En consecuencia, no reconocen la legitimidad del nuevo periodo presidencial del régimen de Nicolás Maduro, que se iniciará el 10 de enero de 2019.
  2. Ratifican su pleno respaldo y reconocimiento a la Asamblea Nacional, elegida legítimamente el 06 de diciembre de 2015, como órgano constitucional democráticamente electo en Venezuela.
  3. Instan a Nicolás Maduro a no asumir la presidencia el 10 de enero de 2019 y a que respete las atribuciones de la Asamblea Nacional y le transfiera, en forma provisional, el poder ejecutivo hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales democráticas.
  4. Subrayan la importancia del respeto a la integridad, la autonomía y la independencia del Tribunal Supremo de Justicia legítimamente conformado, de acuerdo con la Constitución venezolana, para la plena vigencia del Estado de derecho en ese país.
  5. Reafirman su inequívoca y firme condena a la ruptura del orden constitucional y del Estado de Derecho en Venezuela, resaltando que sólo a través del pleno restablecimiento, lo más pronto posible, de la democracia y el respeto de los derechos humanos, se podrán atender las causas de la crisis política, económica, social y humanitaria que atraviesa ese país.
  6. Manifiestan su convicción de que la solución a la crisis política en Venezuela corresponde a los venezolanos y, por lo tanto, reiteran su permanente determinación para apoyar las iniciativas políticas y diplomáticas que conduzcan al restablecimiento del orden constitucional, de la democracia y el Estado de derecho en ese país, a través de la celebración de un nuevo proceso electoral con garantías democráticas.
  7. Expresan su determinación de continuar impulsando iniciativas en foros multilaterales, en particular en la Organización de los Estados Americanos y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para coadyuvar al restablecimiento del orden democrático y el respeto de los derechos humanos en Venezuela.
  8. Hacen un llamado a todos los países miembros de la OEA a reafirmar su apoyo a la Carta de la OEA y a la Carta Democrática Interamericana, a fin de contribuir al restablecimiento del orden democrático en Venezuela.
  9. Condenan cualquier provocación o despliegue militar que amenace la paz y la seguridad en la región. Hacen un llamado al régimen de Nicolás Maduro y a las Fuerzas Armadas de Venezuela para que desistan de acciones que violen los derechos soberanos de sus vecinos. En ese sentido, manifiestan su profunda preocupación por la interceptación realizada el día 22 de diciembre de 2018 de una nave de investigación sísmica, por parte de la marina venezolana dentro de la zona económica exclusiva de la República Cooperativa de Guyana.
  10. Reiteran su profunda preocupación por la grave crisis política y humanitaria en Venezuela, que ha generado el éxodo masivo de migrantes y solicitantes de refugio provenientes de ese país, producto de los actos y políticas antidemocráticas, opresoras y dictatoriales practicados por el régimen de Nicolás Maduro, la que sólo podrá resolverse mediante el pleno restablecimiento del orden democrático y el respeto de los derechos humanos. Igualmente, renuevan su compromiso, en la medida de sus posibilidades, de continuar brindando asistencia a los migrantes procedentes de Venezuela, así como de promover y desarrollar iniciativas de coordinación regional en respuesta a esta crisis. En este sentido, saludan la inclusión por primera vez de la crisis de migrantes y refugiados procedentes de Venezuela en el Llamamiento Humanitario Global de la ONU para 2019, así como la designación del representante conjunto de la OIM y ACNUR.
  11. Expresan su preocupación por el impacto causado en la economía y en la seguridad de países de la región por la crisis política en Venezuela
  12. Exhortan al régimen venezolano a permitir el inmediato ingreso de asistencia humanitaria para el pueblo de Venezuela, a fin de prevenir el agravamiento de la crisis humanitaria y de salud pública en ese país y de sus efectos transnacionales.
  13. Acuerdan las siguientes medidas:

 

  1. Reevaluar el estado o nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela, en función del restablecimiento de la democracia y el orden constitucional en ese país, y la necesidad de proteger a sus nacionales e intereses.
  2. Según lo permitan sus legislaciones internas, impedir a los altos funcionarios del régimen venezolano la entrada al territorio de los países del Grupo de Lima; elaborar listas de personas naturales y jurídicas con las que entidades financieras y bancarias de sus países no deberán operar o deberán tener una especial debida diligencia, prevenir su acceso al sistema financiero y, de ser necesario, congelar sus fondos y otros activos o recursos económicos.
  3. Evaluar con criterio restrictivo el otorgamiento de préstamos al régimen de Nicolás Maduro en los organismos financieros internacionales y regionales de los que son parte.
  4. Suspender la cooperación militar con el régimen de Nicolás Maduro, incluyendo la transferencia de armas a la luz de los artículos 6 y 7 del Tratado sobre el Comercio de Armas, así como evaluar los permisos de sobrevuelo de aviones militares venezolanos en casos de asistencia humanitaria.
  5. Intensificar contactos con países no miembros del Grupo de Lima a fin de mantenerlos informados de las acciones del Grupo, de la gravedad de la situación en Venezuela y de la necesidad de trabajar unidos para el restablecimiento de la democracia en dicho país.
  6. En relación con la solicitud presentada por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y el Perú a la Corte Penal Internacional para que se investigue la comisión de posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, instar a otros países a apoyarla y a la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional a avanzar con celeridad en los procedimientos correspondientes.

Urgir a otros miembros de la comunidad internacional a que adopten medidas semejantes a las acordadas por el Grupo de Lima contra el régimen de Nicolás Maduro en pro del restablecimiento de la democracia

A %d blogueros les gusta esto: