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El Supremo venezolano considera el tribunal ‘paralelo’ un “golpe judicial” – El Español – 13 de Octubre 2017

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El organismo paralelo estará compuesto por 33 magistrados nombrados por el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, y trabajará desde la OEA, Washington y Colombia.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela calificó este viernes de “golpe judicial” la instalación de una corte paralela a este órgano en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), que estará compuesta por magistrados nombrados por el Parlamento venezolano, de mayoría opositora.

“Condenamos firmemente este intento de golpe judicial y nos mantendremos firmes en la defensa de la Soberanía y de nuestras instituciones”, dice un comunicado del Supremo venezolano firmado por su presidente, Maikel Moreno.

La Asamblea Nacional de Venezuela (Parlamento) designó en julio a 33 magistrados para el TSJ con la idea de que reemplazaran a otros tantos jueces en ejercicio de esa instancia al considerar que están al servicio del Gobierno y que fueron nombrados con graves irregularidades.

El Supremo opositor celebró este viernes su primera sesión de trabajo en la sede del organismo continental en Washington, y la semana próxima hará otra reunión en Colombia, en un lugar por determinar.

El Supremo venezolano anunció que revisará “con profundidad las relaciones y el principio de reciprocidad con las naciones que intenten legitimar la acción criminal e ilegal de un grupo de usurpadores que pretenden promover acciones golpistas e intervencionistas en contra de la justicia venezolana”.

El TSJ pide a los países del mundo rechazar “estas acciones conspirativas, que dan pie a la anarquía en la delicada práctica del derecho internacional”.

“Cualquier tipo de legitimación por alguna nación en reconocimiento de ese grupo usurpador, sólo traerá consecuencias negativas a los procedimientos en materia penal, tratados internacionales, acuerdos mutuos en materia judicial, convenios multilaterales”, prosigue el comunicado oficial.

Derechos humanos, el tema principal

En la rueda de prensa de presentación, Miguel Ángel Martín, presidente del Supremo opositor dejó claro que el objetivo fundamental son “los derechos humanos” y, en concreto, “la apertura de un canal humanitario”, aunque no precisó si trabajarán con algún organismo internacional al respecto.

“Los magistrados (del Supremo opositor) tienen la fundamental tarea de dar sentido a la Justicia nuevamente en el país, una Justicia que ha sido esquiva para los venezolanos, inexistente para los venezolanos, definitivamente atropellada por los abusos y arbitrariedades del régimen”, dijo el secretario general del organismo, Luis Almagro.

Inquisidores trás los verdugos por Tulio Alvarez – Infocifras.org – 2 de Octubre 2017

tulio-a500.jpgLes pregunto: ¿Qué legitimidad tenía el Juez español Garzón para ordenar la captura internacional del General Augusto Pinochet por supuestos crímenes que no ocurrieron en territorio español? La respuesta a esta interrogante tiene absoluta vigencia ante la reciente instalación en la ciudad de Washington de un alto tribunal de Justicia, auspiciado por la Organización de Estados Americanos, conformado por los ciudadanos venezolanos designados por la Asamblea Nacional en el mes de julio de 2017.

Mi interés aquí no está en analizar jurídicamente la legitimidad o no de un tribunal que se constituya en tales circunstancias, lo cual ha comenzado a ser un interesante tema que se inscribe en la filosofía del derecho y en las materias propias del Derecho Constitucional. En realidad, me interesa más escarbar en la justificación y efectos políticos de medida tan innovadora; y el respaldo tan atrevido que le ha dado el Secretario General del organismo regional. Esto me da la ventaja de no colocarme en los extremos y eludir debates estériles. Además, estoy convencido de que el aspecto jurídico es un elemento secundario, por decir lo menos, en aquellos que ejecutan tal estrategia.

La valoración de la acción apadrinada por Almagro podría ser considerada descabellada, sin base, un teatro más para ocultar un desastre singular, hasta irrelevante. Calificaciones que se asimilan a aquellas utilizadas en variados escenarios del pasado en los que se constituyeron gobiernos o estructuras representativas de factores de resistencia política en el exilio. Unas quedaron en testimonios históricos pero otras se convirtieron en plataformas de lucha.

Por ejemplo, uno de mis personajes históricos dilectos, me refiero al General Charles de Gaulle, huyó de Francia y constituyó un gobierno francés en el exilio para hacer contrapeso al nazismo. En realidad, el Gouvernement de la France Libre era el mismo y un ayudante, en su principio. Se valió de la BBC para realizar su appel du 18 juin, llamando a todos los franceses a enfrentar el totalitarismo. Utilizó el respaldo de Winston Churchill, con él cual estaba unido por una profunda y mutua antipatía. Sumo respaldos y, al final, entró a una París liberada no como general sino como jefe del gobierno provisional. Sus armas: Fuerza de voluntad, vocación unitaria en tiempo de guerra y respaldo internacional de algunos Estados que reconocieron su status por pura conveniencia.

Lo cierto del caso es que después del 30-J y la respuesta alambicada que nos llevó a la desarticulación y la nada, la comunidad internacional en general, Almagro en particular, quedaron movidos. Como sostener la tesis de una dictadura brutal, fraudulenta y opresiva si, en lo interno, las señales objetivas estaban en orden a la adecuación progresiva del status político en el mejor estilo de Vichy. Pues la respuesta que ha dado en lo político es contundente; si en Venezuela no designaron un gobierno con quién entender una factible transición, entonces se constituye en el exilio un Tribunal de Justicia debidamente apoyado por el legítimo órgano de soberanía nacional, al tiempo que se reconoce la entidad de la Fiscal General de la República, la cual a su vez es respaldada por sus pares de todo el continente.

Bien por Almagro al retomar la crítica imagen internacional pero, ¿basta con tal performance? ¿Cuál es la competencia para que no se crucen los brazos las damas y caballeros en las oficinas de la OEA? Lo que sucedió en Washington no tiene precedente sino en tiempos de guerra. Supuestamente carente de competencias y ámbito de acción, el resultado final estará sujeto a las decisiones adecuadas a la crisis. E imagino que allá están vividos en lanzar los dardos dónde corresponde; mientras que aquí, el régimen de maduro y los factores económicos que lo apoyan, están seriamente concentrados en neutralizar lo que viene. Pero, insisto en preguntar, ¿qué es lo que debería venir?

Simplemente, la activación de una jurisdicción universal en temas tan álgidos como el de derechos humanos. Con la legitimidad de origen que le dio la Asamblea Nacional, el respaldo y adscripción de la ONU y OEA, además del reconocimiento de las democracias del Continente y la Unión Europea, previa definición reglamentario del ámbito de sus actuaciones, un cuerpo de esta naturaleza le puede crear un tremendo conflicto al régimen de Maduro si se constituye en un órgano: a) Que canaliza las denuncias sobre la violación de derechos humanos en Venezuela o de ciudadanos venezolanos en el extranjero activando los mecanismos de protección previstos en los tratados internacionales de derechos humanos; b) Que se activa en el conocimiento de los crímenes vinculados a la corrupción y lavado de dinero, ejecutados por funcionarios o autoridades venezolanas y sus colaboradores, auxiliado por la Fiscal General en el exilio; c) Que entra a conocer la constitucionalidad de los contratos de interés nacional celebrados por el régimen irrespetando procedimientos y mecanismos de control establecidos en la Constitución; y d) Asume la activa inquisición ante organismos e instituciones de los Estados, bajo los parámetros de colaboración internacional, con el objetivo de establecer los vínculos transnacionales de los delitos económicos cometidos contra el pueblo de Venezuela.

Si el organismo instalado en Washington tiene reconocimiento internacional las consecuencias son inmediatas y graves. Pueden hacer requerimientos de información a los Estados, pueden librar orden Internacional de detención ante las autoridades judiciales de otros países, pueden alertar a los miembros de la comunidad internacional sobre las irregularidades de contratos internacionales no validables; en fin, pueden aprovechar todos los mecanismos consagrados en los instrumentos diseñados para la lucha contra el terrorismo, narcotráfico, legitimación de capitales y , en general, delitos económicos transnacionales. Los tratados y el principio de colaboración internacional son suficientes para cumplir tales cometidos.

Imaginen el caso Odebretch. La información está en las fiscalías de todos los países que fueron víctimas de depredación. Se puede requerir y con seguridad la van a dar. Los perpetradores han declarado como se canalizó la corrupción en Venezuela. La determinación de responsabilidad pasa por librar orden Internacional de detención contra los investigados. Al tramitarse y producirse una eventual detención, el afectado seguramente acudirá ante los altos tribunales de los países que ejecuten la orden, alegando la irregularidad del proceso y la falta de jurisdicción del tribunal que libró la orden. Pero, ¿cómo podría establecerse la ilegitimidad; si la cancillería de ese país se ha pronunciado sobre la situación de ruptura del orden constitucional en nuestro país y comparte el criterio que avala a la Asamblea Nacional como legítimo cuerpo representativo del pueblo venezolano? Difícil cuestión, pero mientras tanto tienen los sesenta (60) días de detención provisional que en promedio establecen los tratados. Suficiente para crear angustia.

La ejecución del proceso implicaría poner al detenido ante el alto tribunal en Washington y el gobierno de los Estados Unidos, que presta su anuencia cuando quiere, tendría que poner a disposición del tribunal un establecimiento de detención federal mientras se desarrolla el proceso. Lo interesante es que hemos llegado a un punto en que las acciones van por la libre, ¿quién iba a pensar hace pocos días que los perseguidos iban a encontrar refugio y reconocimiento formal bajo el patrocinio de la OEA? ¿Quién puede pensar que es un acto producto de una acción irreflexiva que no midió las consecuencias o no realizó las consultas del caso?

Si existe la voluntad política todo se puede, más si hay respaldo de la comunidad internacional y se aplica la jurisdicción universal. De Gaulle no dudó a la hora de actuar. No era constitucionalista, ni siquiera abogado, pero tenía una aguda perspicacia política a pesar de ser militar. Lo único que les puedo decir es que este mundo cada día es más pequeño para los hijos de la corrupción. Y yo tengo la certeza que, al igual que lo dijo en su corta alocución el héroe francés, los mismos medios que nos han vencido pueden darnos un día la victoria. Y está a la vuelta de a esquina.

 

 

TSJ designado por la AN tomará posesión ante la OEA por Luis Pico – El Nacional – 27 de Septiembre 2017

Los juristas gozan del reconocimiento del Parlamento Europeo, que a su vez desconoce a la ANC ilegítima, de unanimidad chavista

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Aunque el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designado por la Asamblea Nacional (AN) todavía no pudo instalarse en su sede ni emitir sentencias, su dinámica está a punto de dar un giro de 180 grados.

El Poder Judicial tomará posesión oficialmente en las oficinas de la Organización de Estados Americanos (OEA) a partir del 13 de octubre, confirmó Pedro Troconis, miembro de la Sala de Casación Penal.

“Escogimos la OEA porque consideramos que es un organismo imparcial y con una cantidad de Estados considerable”, explicó Troconis en declaraciones exclusivas para El Nacional Web.

Agregó que la decisión se tomó el 17 de septiembre, luego de que los magistrados sostuvieran un debate y designaran a Miguel Ángel Martín, integrante de la Sala Constitucional, como presidente del TSJ.

“Podremos emitir acuerdos (pronunciamientos) para dirigirnos a gobiernos y autoridades para que se hagan investigaciones contra funcionarios que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, narcotráfico o legitimación de capitales”, adelantó.

Se espera que al momento de la instalación estén presentes los juristas que se encuentran exiliados en Estados Unidos, Colombia, Chile y Europa, con los que tendrían el quórum suficiente para llevar a cabo el procedimiento.

El 21 de julio la AN designó y juramentó a los integrantes del Poder Judicial, que previamente se sometieron ante un Comité de Postulaciones. Sin embargo, apenas horas después del acto, el gobierno de Nicolás Maduro los desconoció y acusó de usurpar funciones del Poder Judicial.

Algunos juristas se refugiaron en las embajadas de Chile y México, mientras que otros optaron por el exilio.

Distinta fue la suerte de Ángel Zerpa, miembro de la Sala Político Administrativa, que fue apresado por agentes de inteligencia el 22 de julio, para posteriormente ser apresado en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas.

Luego de más de 20 días en huelga de hambre, fue liberado con medidas cautelares, aunque todavía se halla inmerso en un proceso judicial.

Con reconocimiento internacional

El TSJ designado por la AN no solo cuenta con el reconocimiento de la OEA, donde se instalará, sino también del Parlamento Europeo. Miguel Ángel Martín, presidente del Poder Judicial, lo oficializó esta semana luego de haberse reunido con parlamentarios europeos, confirmó Troconis para El Nacional Web.

En contraparte, la asamblea nacional constituyente ilegítima, de unanimidad chavista, fue desconocida por el Europarlamento, países de la OEA, Mercosur, Estados Unidos, Colombia, entre otros.

 

Magistrado Calleja: Con TSJ constituido en el exilio lucharemos sin tegua por DDHH en Venezuela – Noticias Venezuela – 23 de Septiembre 2017

A dos meses de su salida forzosa de Venezuela y tras desarrollar un intensa
agenda internacional, los magistrados de del Tribunal Supremo de Justicia
nombrados y juramentados por la Asamblea Nacional, constituyeron una Corte
Suprema de Justicia en el exilio.

Gabriel Calleja, integrante de este inédito Tribunal, que tendrá plenas
competencias en Venezuela y fuera de ella, informó que el objetivo del mismo
es retomar el orden constitucional, defender la democracia y los derechos
humanos, entre otros.

“Trabajaremos incansablemente por rescatar el principio de la independencia
de los poderes públicos, en el especial, el Poder Judicial; también trabajaremos
con la justicia internacional para detener los actos hostiles que amenazan el
ejercicio democrático del poder del Estado”, explicó el magistrado.

El documento fundacional se suscribió simultáneamente en Estados Unidos,
Colombia y Chile, países que han brindado su apoyo, reconocimiento en
algunos casos, asilo.

“Desde que entregamos nuestras credenciales a la Asamblea Nacional para
que fueran evaluadas, comenzó la lucha por un cambio en Venezuela, y no la
hemos abandonado a pesar de la férrea persecución”.

Cabe recordar que el pasado 21 de julio los magistrados fueron nombrados por
el parlamento venezolano, como establece la Constitución; un día después de
su juramentación debieron huir del país ante las amenazas de juicio militar por
traición a la patria, proferidas por el Gobierno de Nicolás Maduro.
Como Presidente del TSJ venezolano en el exilio fue electo Miguel Ángel
Martín; primer vicepresidente, Antonio Marval; y como segundo vicepresidente
a Rafael Ortega.

“Con este Tribunal Supremo de Justicia constituido en el exilio, los magistrados
emprenderemos una lucha sin tregua por la defensa de los derechos humanos
en Venezuela. No descansaremos ni un instante en esta batalla”, sentenció
Gabriel Calleja.

Informó que será en octubre cuando se realice la instalación formal de la corte
en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington.

 

“La ‘conquista de espacios’ legitima el secuestro del país e instituciones” por Luis Pico – El Nacional – 13 de Septiembre 2017

El ex embajador Diego Arria considera que la MUD no está en capacidad de lograr la salida del gobierno de Maduro. Fustigó las acciones de la oposición desde 2016 y sostuvo que las primarias fueron un balde de agua fría tras las protestas entre abril y julio
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Diego Arria asegura que hay personas que buscan prevenir que no se apliquen más sanciones contra el gobierno

Para lograr la salida de Nicolás Maduro del poder, quienes pretendan hacerle oposición deben partir del principio de que combaten contra una dictadura militar integrada por narcotraficantes y criminales, sugirió Diego Arria, ex presidente del Consejo de Seguridad de la ONU.

“Pablo Escobar, capo del Cartel de Medellín, nunca fue presidente de Colombia, ni de la Corte Suprema de Justicia, ni ministro de la Defensa, pero Maduro y otros funcionarios como Diosdado Cabello o Maikel Moreno sí ocupan esas posiciones”, dijo Arria en declaraciones para El Nacional Web.

Recalcó la importancia de dejar clara la naturaleza perversa de quienes ostentan el poder pues, a su juicio, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no solo ha actuado a favor del oficialismo sino en detrimento de quienes protestaron entre abril y julio, y de las denuncias que han presentado dirigentes y entidades ante la comunidad internacional.

“No hay oposición sino una serie de posiciones que en su suma no generan un verdadero resultado que beneficie al interés nacional”, agregó. De acuerdo con su criterio, cada partido tiene su propia agenda particular en lugar de volcarse por conseguir un cambio de gobierno.

Primarias en perjuicio de presión internacional

A pesar de que gobiernos, Parlamentos e incluso instancias como la Organización de Estados Americanos (OEA), Mercosur y Unión Europea (UE) desconocen a la asamblea nacional constituyente (ANC), la MUD no estaría sacando provecho a estas acciones.

“Ninguna dictadura permite que haya primarias. Con eso, de manera irresponsable, legitimaron al régimen de Maduro, al Consejo Nacional Electoral y a la propia ANC”, fustigó Arria.

Apenas horas después de que la militancia de la MUD escogiera a sus candidatos para los comicios regionales, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, afirmó que pueden haberse cometido “crímenes contra la humanidad” en Venezuela como parte de las protestas antigubernamentales. Además urgió al Consejo de Derechos Humanos a abrir una investigación internacional.

Por ello, la OEA y la ONU, en una acción sin precedentes, podrían unirse —utilizando también documentos del Ministerio Público— para castigar a quienes hallasen culpables por tales hechos.

Previamente, Estados Unidos decidió sancionar a más de 30 funcionarios venezolanos, incluyendo al propio Maduro, que de esa manera se convirtió en uno de los cuatro mandatarios en todo el mundo castigado por el Departamento del Tesoro.

“A veces los venezolanos se preguntan cuándo los van a ayudar, pero en el exterior existe el enigma de cuándo se van a dejar ayudar, porque entonces si uno se mete, lo critican”, analizó, haciendo referencia el repudio de miembros de la MUD a las sanciones estadounidenses.

Además restó importancia al hecho de que la oposición gane gobernaciones, debido a que considera que no tendrán algún peso en el futuro para presionar al Ejecutivo, que les quitó competencias como el manejo de hospitales, carreteras o policías.

“Con la ‘conquista de espacios’ están legitimando el secuestro del país y sus instituciones. Terminan siendo representaciones sin ninguna capacidad para solucionar los problemas de la gente”, remató.

Deuda con los caídos y presos políticos

Más allá de considerar que la MUD no posee una estrategia que sobrepase de lo electoral para combatir a bandas criminales que ostentan el poder, Arria objetó las acciones emprendidas por la oposición desde 2016, cuando asumió las dos terceras partes de la Asamblea Nacional (AN).

“El Parlamento fue la conquista más grande del pueblo venezolano pero su único legado fue sacar los cuadros de Hugo Chávez, que al final regresaron con la ANC”, consideró.

Recalcó que no removieron a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ni cambiaron a los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) para luego defender el referéndum revocatorio, que finalmente nunca se materializó.

Asimismo tampoco sancionaron a los ministros (con la excepción de Néstor Reverol, contra quien ejercieron moción de censura).

“El propósito del pueblo era desmontar y desalojar al régimen”.

A esas acciones sumó el resultado de las protestas que ocurrieron en Venezuela entre abril y julio, que dejaron más de 120 muertos, 5.000 detenidos y casi 2.000 heridos, según cifras de la ONG Foro Penal Venezolano.

Aseguró que se desperdició el esfuerzo de quienes manifestaron y participaron en la consulta popular, que según cifras de organizadores, se acercó a los ocho millones de votantes.

“No cumplieron el mandato. Tenían que convocar una sesión de la AN con el cuerpo diplomático y nombrar a un gobierno de unidad nacional con ministros, rectores del CNE, magistrados del TSJ y embajadores”, sostuvo.

Dudó que Maduro se hubiera atrevido a apresarlos a todos, ya que se hubiera enviado un mensaje al mundo sobre lo que hubiera significado un gobierno legítimo ante otro de corte dictatorial.

En su lugar, solo se designaron 33 magistrados que acabaron perseguidos, refugiados y presos a merced de su propia suerte.

Y es que finalmente se instaló la ANC; fue destituida la fiscal Luisa Ortega Díaz y se allanó la inmunidad de su esposo, Germán Ferrer; el TSJ destituyó y apresó a alcaldes y se abandonaron las calles.

“A los fallecidos, detenidos y torturados se les tiene la deuda pendiente de rescatar al país”.

Sin rencores con Ortega Díaz

En noviembre de 2014, con Ortega Díaz como fiscal general, el Ministerio Público dictó orden de captura contra Arria y otros cinco dirigentes opositores por presuntos planes de magnicidio contra Maduro.

Desde entonces el ex embajador no pudo regresar al país, pues sería inmediatamente encarcelado.

“Estoy exiliado por orden del MP y soy una de sus víctimas, pero lo mío es algo menor ante la posibilidad de tener a una fiscal que dio declaraciones más contundentes que la oposición en 18 años y que goza del reconocimiento internacional”, consideró.

Por ello recomendó aprovechar los documentos y pruebas de corrupción y crímenes del chavismo para que se puedan abrir las investigaciones que sean necesarias.

 

Denunciaron 289 casos de tortura en la Organización de Estados Americanos – El Nacional – 14 de Septiembre 2017

ABOGADA AFIRMA QUE LA CPI TIENE SUFICIENTES PRUEBAS DE TORTURAS EN VENEZUELA

La directora ejecutiva del Instituto Casla, Tamara Suju, detalló que, del total, 192 personas fueron sometidas a torturas sexuales

Tamara Suju, directora ejecutiva del Instituto Casla, denunció en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), las torturas y violaciones perpetradas por funcionarios de las fuerzas del gobierno venezolano en contra de 289 personas, fueran manifestantes o ciudadanos adversos a sus políticas.

Entre los casos más resaltantes hay detenidos durante las protestas que denunciaron que fueron agredidos sexualmente, a otros les obligaron a comer excremento y algunos fueron sometidos a descargas eléctricas.

De la cantidad de afectados, 223 son hombres y 66 mujeres. 79% tienen edades comprendidas entre los 18 y 30 años de edad, mientras que 11% oscilan entre los 31 y 40 años de edad.

Todos recibieron torturas psicológicas. Además, del total, 280 fueron golpeados y 192 fueron sometidos a torturas sexuales. En los casos de agresión sexual se incluyen las violaciones con rolos o incluso con armas de fuego.

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Suju destacó que 23 de los aprehendidos padecen o han pasado por “torturas blancas”, que consisten en mantenerlos en condiciones inadecuadas de reclusión.

“No respiran aire fresco, las temperaturas son inferiores a 18 grados centígrados. Hay una cárcel que se llama ‘La Tumba’ que está a cinco pisos bajo la tierra. El único sonido que ellos escuchan es el sonido del Metro de Caracas. Cuando deja de pasarles por encima de la cabeza es cuando identifican que es de noche”, agregó.

Los cuerpos del Estado responsables por lo ocurrido son la Guardia Nacional Bolivariana, las policías regionales y la Policía Nacional Bolivariana, según detalló la defensora de los derechos humanos.

 

 

 

OEA abre audiencias sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela – La Patilla – 12 de Septiembre 2017

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La Organización de los Estados Americanos (OEA) iniciará esta semana en su sede en Washington las audiencias para investigar si el Gobierno venezolano ha cometido “crímenes de lesa humanidad” y si hay base para denunciarlo ante la Corte Penal Internacional (CPI).

A cargo de las sesiones estará el ex primer fiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo (2003-2012), nombrado en julio para este cometido por el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

La primera audiencia se celebrará este jueves de 10.00 a 12.30 hora local (14.00 a 16.30 GMT), con representantes de la sociedad civil venezolana, y la segunda el viernes de 9.00 a 11.30 (13.00 a 15.30 GMT), con miembros de las Fuerzas Armadas del país.

Las siguientes sesiones no están aún programadas pero tendrán lugar en septiembre y octubre, todas en la sede de la OEA en la capital estadounidense.

En las audiencias se abordarán las “privaciones ilegales de libertad, torturas y violaciones que muestren un patrón de que han sido producidas como consecuencia de un plan sistemático o que son parte de un ataque masivo a la población civil”, explicó hoy la OEA en una hoja informativa.

Asimismo, se analizarán “homicidios que muestren un patrón de que han sido producidos como consecuencia de un plan sistemático o que son parte de un ataque masivo a la población civil”.

Y también la “identificación de las personas o grupos que serían responsables de los crímenes”, así como la “comprobación de la existencia de investigaciones judiciales genuinas sobre las personas identificadas”.

La información obtenida a través de las audiencias públicas y por el equipo de investigación la analizará un panel de expertos antes del 30 de octubre, “que evaluará la información y determinará si tiene suficiente mérito para que el secretario general lo presente a la Corte Penal Internacional”, indicó la OEA.

Los resultados del proceso serán entregados al Consejo Permanente del organismo y a la Fiscalía de la CPI.

Almagro, una de las voces internacionales más críticas con el Gobierno de Nicolás Maduro, considera que en Venezuela el Gobierno ha cometido crímenes de lesa humanidad y así lo ha denunciado.

En su informe del 17 de julio de 2017 consideró que existen evidencias que “apuntan al uso sistemático, táctico y estratégico del asesinato, encarcelamiento, tortura, violación y otras formas de violencia sexual como herramientas para aterrorizar al pueblo venezolano”, lo que, sostiene, podrían considerarse crímenes de lesa humanidad a ser investigados por la CPI.

El excanciller uruguayo, al frente de la OEA desde mayo de 2015, designó a Moreno Ocampo en julio como su asesor especial para temas de crímenes de lesa humanidad y le encargó determinar si hay base para llevar al Gobierno de Nicolás Maduro ante el tribunal de La Haya.

 

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