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La neutralidad noruega y la mediación venezolana por Antulio Rosales y Benedicte Bull – ProDaVinci – 22 de Mayo 2019

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Royal Norwegian Department of Foreign Affairs building in Oslo, Norway. Fotografía de J. P. Fagerback

El anuncio la semana pasada de que en efecto enviados de alto nivel tanto de Nicolás Maduro como de Juan Guaidó habían participado en conversaciones iniciales, en fase exploratoria, con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, generó reacciones diversas. Por un lado, la historia de intentos de diálogo fracasados y la hiperbólica reacción de Maduro al recibir a sus enviados, genera un compresible escepticismo. Algunos analistas críticos a una negociación, los cuales prefieren mantener la estrategia de presión y quiebre frente al régimen de Maduro, han pintado a Noruega como un actor tímido y potencialmente favorable a la izquierda global. Por otro lado, algunas perspectivas más sobrias enfatizan la neutralidad del mediador.

La neutralidad histórica de Noruega no puede confundirse con una posición tenue de su gobierno frente a asuntos regionales y globales. En términos de seguridad, Noruega es un aliado fundamental y de histórico peso en la OTAN. Noruega tiene una de las dos fronteras territoriales entre esta alianza militar y Rusia. La cercanía es tal que su antiguo Primer Ministro, Jens Stoltenberg, del partido laborista, es el actual Secretario General de la organización.

Más allá de esto, Noruega ha apalancado lo que en la teoría social nórdicase ha denominado “geopolítica de los débiles”, centrándose en la promoción de valores humanitarios, la mediación y el firme apoyo a la multilateralidad. Esta línea de política exterior es conocida en Noruega como la política de compromiso (engasjementspolitikken), especialmente alrededor de temas de derechos humanos, equidad de género, protección medioambiental y cambio climático.

Siendo un país pequeño, con una posición estratégica importante para grandes potencias, en la época de la posguerra, Noruega se dedicó a cultivar la autonomía y neutralidad frente a los diferendos globales, promotora de valores humanitarios, pero siempre aliada a Estados Unidos y pieza clave en la seguridad del Atlántico Norte.

El interés de cultivar la autonomía ha llevado a Noruega a ser un actor clave en procesos de negociación y mediación internacional. En términos de política exterior, estos valores cuentan con un consenso multipartidista en Noruega, permitiéndole ganar espacios de influencia y prestigio en la promoción de soluciones pacíficas a conflictos internacionales.

Ahora bien, esta historia se vive en un contexto específico. El actual gobierno de la Primera Ministra Erna Solberg está encabezado por el partido conservador (høyre, literalmente “derecha”) y lo acompañan el partido de derecha nacionalista Partido del Progreso (fremskittspariet), la democracia cristiana noruega (Kristelig Folkeparti) y el partido liberal venstre. Pese a lo que han comentado analistas escépticos a una salida negociada desde Oslo, de ninguna manera se podría considerar esta coalición como un gobierno filomarxista con sensibilidades favorables al Foro de Sao Paulo.

El tema venezolano, aunque ha recibido atención en los medios locales, no representa un asunto de interés para la política local. Ninguna coalición en Noruega ganaría elecciones o haría campañas electorales sobre la base de lo que ocurra en Venezuela. Por su parte, la política petrolera noruega está actualmente enfocada en debates relacionados al cambio del patrón de extracción e inversiones del Fondo Petrolero para mitigar sus efectos en el calentamiento global. La fluctuación de la producción venezolana o las posibles inversiones de la compañía petrolera noruega en Venezuela no determinan los objetivos de la política exterior del parlamento.

El equipo del Ministerio de Relaciones Exteriores que lleva adelante los mecanismos de negociación para la paz es un equipo primordialmente técnico, con cierta autonomía del gobierno. Su Director General, Dag Nylander, es un diplomático de carrera encargado de llevar adelante la mediación noruega en el proceso de paz en La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La experiencia reciente de La Habana no implica que ésta será una plantilla para un proceso como el venezolano, pero las relaciones establecidas a lo largo de años con los distintos actores pueden aportar confianza entre las partes. En este caso, los intentos recientes de Canadá de establecer puentes con Cuba para incluir al gobierno de Miguel Díaz-Canel en la solución del caso venezolano es una señal importante que puede sumar fortalezas a una negociación encabezada, en parte, por Noruega.

Como sabemos, las gestiones noruegas en la disputa venezolana están apenas en una fase exploratoria. Es difícil saber si estas negociaciones finalmente culminarán con un acuerdo y hay muchas razones para tener reservas. Más allá de las especulaciones, es importante reconocer la historia del país no solo con respecto a procesos de paz, sino a asuntos geopolíticos más amplios. En ese caso, las sentencias hiperbólicas de ambos extremos tienen poco sentido. Noruega es un país con elevados estándares de vida y mantiene un sólido consenso alrededor del Estado de Bienestar, pero en política internacional está generalmente aliada a los valores tradicionales de las potencias occidentales y de Estados Unidos en particular. Sus labores de mediación no lo hacen un país con neutralidad obcecada. Noruega ha aportado tropas en la lucha contra ISIS en Irak y el país formó parte de la intervención aérea a Libia. Difícilmente Noruega se aventuraría a encabezar un proceso de negociación como el caso venezolano sin el visto bueno del Departamento de Estado norteamericano.

Dicho esto, los cuadros técnicos de su Ministerio de Relaciones Exteriores están entrenados para encontrar puntos de encuentro y fórmulas de negociación donde el objetivo es lograr garantías para ambas partes y llegar a un acuerdo. Una negociación exitosa implicaría que los sectores más radicales de ambos bandos deberán tragar grueso y admitir que sus más preciados deseos no se cumplirán. En una negociación real, la idea de que la oposición “solo negociará los términos de la salida” es tan iluso como que Nicolás Maduro podrá fácilmente continuar eludiendo la alternancia como valor central de la democracia y acosando las instituciones legítimas del país.

En última instancia, los esfuerzos que pueda llevar adelante el equipo de reconciliación y paz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega pueden ser importantes para encontrar una salida negociada, electoral y pacífica en Venezuela. Pero el éxito de esta u otras iniciativas dependerá de los actores nacionales. Entre otras cosas, los actores locales deberán desistir de la idea de que pueden eliminar al adversario y deberán amalgamar sus fuerzas internas y neutralizar los factores saboteadores que ganan –o creen que ganan– con la profundización de la confrontación.

***

Antulio Rosales (@RosalesAntulio) es investigador del Centro de Estudios del Desarrollo y Medioambiente de la Universidad de Oslo en Noruega y Benedicte Bull (@BenedicteBull) es profesora de ciencias políticas y directora de la Oslo Academy of Global Governance, también basada en el Centro de Estudios del Desarrollo y Medioambiente de la Universidad de Oslo.

Irritante confusión por Luis Ugalde S.J. -TwitLonger – 20 de Febrero 2019

“Neutralidad positiva” “Neutralidad inaceptable” Luis Ugalde s.j.


Vivimos Tiempos de mucha tensión, confusión y deseos de que alguien desde fuera nos resuelva esta tragedia nacional. Algunos quisieran que el Papa nos liberara del usurpador. Para que esta ilusa esperanza no traiga más frustración, la Iglesia católica debe ser más clara y evitar confusiones y silencios que aumentan la irritación contra el Vaticano.
Para muchos es difícil entender que el Papa sea cabeza y servidor de la Iglesia católica y al mismo tiempo Jefe de Estado en un mínimo territorio pero con relaciones diplomáticas con casi todos los estados del mundo. El problema es que actuaciones razonables para el Estado Vaticano pueden resultar chocantes y escandalosas para la Iglesia Pueblo de Dios. En esa confusión estamos.
Neutralidad positiva Hace unos años Argentina y Chile llegaron a las puertas de la guerra por cuestiones fronterizas. El papel activo del Vaticano fue decisivo para frenar el conflicto y ahorrar muertos y odios. La mediación vaticana fue posible porque ambas naciones son de gran mayoría católica y sus gobiernos aceptaron la intervención como muy positiva por la creíble imparcialidad de un Estado sin tanques, con mucho reconocimiento moral e interesado en ayudar a ambas partes. Se le reconocía al Vaticano imparcialidad positiva (lo que recientemente el Secretario de Estado cardenal Parolín llamó “neutralidad positiva”) necesaria para ser árbitro o mediador.
Neutralidad inaceptable. No es esa la situación de Venezuela en la que los cristianos no podemos ser neutrales, sin traicionar a Cristo. Cuando un usurpador a mano armada secuestra la Constitución, arrebata las libertades, apresa, tortura y despoja de su patria y bienestar a millones… nadie en conciencia puede ser neutral entre el victimario y las víctimas. Jesús traza una radical diferencia y llama “benditos de mi Padre” a quienes atienden al hambriento, al exiliado, al preso y al enfermo, y “malditos de mi Padre” a los que niegan al prójimo la comida, la medicina, la patria y la libertad. Venezuela sufre un asalto a mano armada por bandidos que la dejan medio muerta, como en la parábola del Buen Samaritano (Lucas 10,25-). La Iglesia en Venezuela, a costa de su tranquilidad y aun de su libertad, tiene que abrazar y curar al hermano herido, como lo hizo en El Salvador de manera ejemplar Monseñor Romero (con mucha incomprensión y disgusto del Vaticano en ese tiempo) hasta ser asesinado por el poder dominante. Recientemente por esa virtud heroica el Papa Francisco ha canonizado con toda celeridad a San Romero de América y lo ha puesto como ejemplo de obispo y cristiano defensor de los perseguidos. En muchas otras ocasiones (por ejemplo en la etapa final de Pinochet) se produce el conflicto entre la Iglesia-Estado en buena relación con el Gobierno y la Iglesia-Pueblo de Dios, de ciudadanos que sufren y luchan por la dignidad humana y los derechos negados por ese Gobierno.
Nos sentimos orgullosos de nuestra Iglesia en Venezuela, y considero que nuestra Conferencia Episcopal (CEV) lleva tres lustros como la institución más lúcida y valiente frente a un régimen que hace mucho tiempo perdió la legitimidad, y con ello nos pone en el deber de cumplir con los artículos constitucionales 333 y 350 basados en la tradicional doctrina católica sobre la legítima rebelión contra el tirano. Tenemos pruebas de que esta actuación de la CEV cuenta con la comprensión y apoyo del Papa y de su Secretario de Estado y contamos con las oraciones y la solidaridad de diversos episcopados e iglesias del mundo. El Régimen trata de manipular esa realidad presentando al Papa como amigo empeñado en salvar su “socialismo del Siglo XXI” y enfrentado a la CEV degenerada en partido político contra este buen gobierno. Lamentablemente no faltan opositores que, malévola o ingenuamente, favorecen al gobierno que odian, atacando al Papa. El régimen ha abusado tanto con la manipulación del “diálogo” y la mediación del Vaticano, que el Papa ha enviado una carta al Sr. Maduro diciéndole que el Régimen, para perpetuar su poder y el desastre nacional, viola e incumple las buenas palabras de diálogos anteriores.
Baño de muerte y gobierno de transición. No es cierto que lo mejor sea someterse dócilmente a la dictadura para así evitar el baño de sangre, pues el baño de muerte ya es una terrible realidad que sufren millones, no es solo un peligro. Por eso Venezuela necesita salir cuanto antes del usurpador y formar un gobierno amplio de transición decidido a convocar elecciones presidenciales libres y democráticas (impedidas el año 2018) y restablecer la Constitución y los derechos humanos violados. Gobierno de Transición a la mayor brevedad 1) para establecer las condiciones para una elección justa y limpia (nuevo CNE y TSJ, eliminación de la ANC, habilitación de candidatos y partidos, actualización del REP, votación en el exterior, auditorías, empresa de soporte, máquinas electorales etc.). Según los entendidos todo esto tomará unos 9 meses y por eso conviene empezar ya. 2) De máxima urgencia en el tiempo es también el cambio de la disparatada política económica y el freno de la hiperinflación (va mucho más allá de la ayuda humanitaria), que no pueden lograrse sin mucha iniciativa privada e inversión y sin un apoyo internacional grande y sostenido de los gobiernos democráticos y de los organismos multilaterales. Nadie en sus cabales piensa que la prolongación del régimen actual puede traer bienestar a Venezuela. El usurpador Maduro no puede, ni quiere, convocar a elecciones presidenciales limpias, ni cambiar del modelo “socialista”; tampoco tiene credibilidad ni apoyo internacional y nacional, ni tendrá la de la Fuerza Armada.
La Iglesia de Cristo sin confusiones debe movilizarse más, nacional e internacionalmente, para liberar a Venezuela de la actual tragedia humana, evitando manipulaciones del Régimen. El Vaticano –si se presenta la oportunidad- estará dispuesto a contribuir a la salida no sangrienta del usurpador.
Caracas, 19 de febrero de 2019.

La falacia de la no intervención por Hector E. Schamis – El País – 20 de Enero 2019

“Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor

Los mandatarios de Venezuela, Nicolás Maduro, y de México, Andrés Manuel López Obrador.
Los mandatarios de Venezuela, Nicolás Maduro, y de México, Andrés Manuel López Obrador. TWITTER OFICIAL DEL GOBIERNO DE VENEZUELA

El subtítulo de esta columna es una frase de Desmond Tutu pronunciada en referencia al Apartheid. Por añadidura, se aplica a todo orden político y jurídico diseñado con el objetivo de restringir derechos. Con lo cual tiene validez para cualquier tipo de autocracia.

Se trata de un argumento falaz, los Estados no pueden hacer lo que quieran simplemente por ejercer soberanía territorial. En el mundo real, además, ningún Estado está eximido de algún tipo de injerencia del exterior. Ello ocurre por la acción—u omisión, como nos señala el Arzobispo Tutu—de actores estatales, no estatales y supraestatales. Los Estados tienen compromisos internacionales que deben honrar.

Este es el caso del Sistema Interamericano, un conjunto de convenciones y tratados que obligan a los Estados a observar la democracia y los derechos humanos. Como en todo régimen internacional, el principio de reciprocidad es fundante entre las partes. Una porción de la soberanía es así cedida y transferida a dicha instancia supra-nacional. La paz y la seguridad—bienes públicos indispensables—se derivan de las normas compartidas y se logran por medio de la fiscalización mutua.

De ahí que estos instrumentos incluyan sanciones. La Carta Democrática Interamericana, por ejemplo, prevé suspender e incluso expulsar del sistema a los transgresores reiterados. El Estatuto de Roma, por su parte, que funda la Corte Penal Internacional, establece que violaciones graves a los derechos humanos tales como los crímenes de guerra, de genocidio y de lesa humanidad son imprescriptibles y de jurisdicción universal.

 

De esta manera, dichos acuerdos institucionalizan mecanismos de intervención. Siendo la mayoría de los países de América parte de ambos sistemas, están obligados a aceptar dichas normas y la intervención consiguiente en virtud de haber asumido sus obligaciones de manera libre y voluntaria. Más aún, muchos de esos Estados han incorporado esa normatividad internacional en sus propias arquitecturas constitucionales.

De tal modo que apelar a la neutralidad y la no intervención hace que la discusión actual transcurra por una zona de eufemismos, arsenal retórico para justificar crímenes. El sistema de partido único se juega todo en Venezuela con Maduro y en Nicaragua con Ortega. El primero que caiga hará caer al otro. Ello bien podría causar un efecto dominó: la perpetuación de Evo Morales sería entonces una quimera, la Cuba de Castro quedaría sin amortiguación en su periferia. Aquí también se trata de reciprocidad pero entre dictadores. En consecuencia, no intervención es su concepto más preciado.

No son los únicos. También es el caso de los gobiernos de Uruguay y México, a pesar de no ser dictaduras. Al primero, su silencio frente a los crímenes de Maduro lo ha llevado a distanciarse hasta de sus aliados más cercanos, ello en sentido geográfico tanto como en interés estratégico. De hecho, los demás países del Mercosur son críticos severos de la dictadura de Venezuela. La incoherencia es más que obvia al advertirse que, en contraste, el gobierno de Tabaré Vázquez sí condena los abusos de Ortega en Nicaragua.

En México, cambió el gobierno en diciembre pasado y López Obrador llegó con la doctrina Estrada y el principio de no intervención bajo el brazo; una distorsionada versión del mismo, esto es. Pues dicha idea no puede verse sino en su especificidad histórica, es decir, una noción vital en el siglo XIX y comienzos del siglo XX para un país recién independizado, vulnerable y expuesto a la fragmentación y la pérdida de territorio. Ese era el sentido de la no intervención: mantener la integridad territorial del país.

La posterior doctrina Estrada en los años treinta, sin embargo, no fue un impedimento para denunciar a Mussolini, Franco, al Tercer Reich y al fascismo en general, ni para llevar a cabo una noble política de asilo tanto en el país como en sus embajadas en las capitales europeas. Luego en los setenta, México condenó a las dictaduras del cono sur, recibiendo exiliados con generosidad y llegando a interrumpir relaciones diplomáticas con Pinochet. Algo similar ocurrió cuando López Portillo rompió relaciones con Somoza en los días previos a la revolución, prestando apoyo estratégico al Frente Sandinista.

Nadie le pide algo diferente a López Obrador. Intervenir quiere decir condenar, censurar moralmente, ejercer presión diplomática y mostrar solidaridad con aquellos cuyos derechos son vulnerados por una dictadura. Ocurre que el significado del concepto cambia según quien lo usa. Tanto que México ahora se abstiene de firmar declaraciones condenatorias de los crímenes de Maduro en el Grupo de Lima y en la OEA, pues lo que ocurre en Venezuela es un “asunto interno” y el presidente “no busca pleitos”.

Doble estándar por decir lo menos, ello sugiere una selección arbitraria, sino una lectura ideológica, de los derechos humanos. En cualquier caso, el gobierno mexicano abandona así su tradición y elude sus obligaciones internacionales. México también es Estado parte en todas las convenciones y tratados mencionados antes. Los crímenes de lesa humanidad nunca son un asunto interno.

Es que los derechos humanos no son de izquierda ni de derecha. Si no hay intervención, no hay derechos humanos. En situaciones de abuso, el opresor siempre invoca la soberanía y la no intervención. La razón es simple: mantener la opresión en privado. La víctima no tiene dónde recurrir, pues la norma es injusta y no existe una justicia independiente ni la voluntad política de enjuiciar.

A la víctima solo le queda la intervención de la comunidad internacional para hacer esa opresión pública y equiparar una relación de poder fundamentalmente asimétrica. La no intervención, como la neutralidad que menciona Tutu, es tan solo la herramienta retórica de la complicidad.

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