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Hugo el «Pollo» Carvajal: Maduro no tiene escrúpulos, es el peor de los errores de Chávez – Caraota Digital – 14 de Julio 2019


Hugo “El Pollo” Carvajal, mayor general retirado de la Fuerza Armada Nacional, concedió una entrevista al diario 
El Mundo desde la prisión de Estremera en España, donde permanece recluido desde abril de este año, luego de ser acusado por Estados Unidos de “conspirar para introducir cocaína” al país.

A continuación la entrevista completa realizada por El Mundo.

P: Qué hay de cierto en los vínculos que le atribuye Estados Unidos con redes de narcotráfico y que han motivado su reciente detención y encarcelamiento en España?

R: Para responder a esta pregunta sería suficiente con leer la documentación que ha remitido EEUU a las autoridades españolas. Absolutamente nada. Jamás he tenido relación alguna con ninguna red de narcotráfico. Durante mis años como director de contrainteligencia militar combatí el narcotráfico cuando me fue posible. He intentado defenderme de esas graves acusaciones de todos los modos posibles, pero resulta muy difícil defenderse de acusaciones genéricas y abstractas, algunas, y absolutamente carentes de pruebas, las otras.

P: EEUU le acusa de intentar introducir en 2006 cinco toneladas de cocaína de las FARC en un avión que tuvo que aterrizar de emergencia en México y su nombre figura desde hace años en la lista negra de dirigentes chavistas sancionados por sus relaciones con el narcotráfico.

R: Esa lista negra no es más que una herramienta de chantaje político de EEUU. No lo digo yo, lo dice el mismo Departamento del Tesoro americano, cuando especifica que esas sanciones son una medida de presión para provocar el cambio de conducta del sancionado. Después de tantos años acusándome de lo mismo no son capaces de ofrecer un relato mínimo de lo que supuestamente he hecho, ni cuándo, ni cómo, ni dónde.

P: También se le llegó a relacionar con la guerrilla colombiana de las FARC e incluso con Hizbulá.

R: Jamás he tenido relación con ningún grupo terrorista. Mi relación con las FARC se debió a razones humanitarias y se limita a dos eventos específicos: la resolución del secuestro del empresario venezolano Richard Boulton alrededor de 2001 y la asistencia a las primeras conversaciones para la Paz de Colombia alrededor del 2012. Siempre cumpliendo mis funciones, por orden del presidente Hugo Chávez, y bajo el pleno conocimiento de los presidentes Andrés Pastrana y Juan Manuel Santos, respectivamente.

P: EEUU se basa en una serie de documentos intervenidos en el ordenador del ex comandante de las FARC Raúl Reyes, en los que se aludía a la entrega de armas y a negocios conjuntos que le implican.

R: Sobre el famoso contenido del ordenador de Raúl Reyes debo decir que jamás conocí a ese señor. Jamás hablé con él, jamás traté con él de ningún modo, nunca se entregaron armas a nadie y nunca hubo actividad económica. Además, la Corte Suprema de Justicia de Colombia determinó que las supuestas pruebas obtenidas en el computador de Reyes eran ilegales porque se evidenciaron grandes irregularidades en la cadena de custodia.

P: ¿Qué motivación lleva entonces a EEUU a arremeter contra usted si las acusaciones no son ciertas?

R: EEUU siempre ha tenido interés en mí por lo que sé, y por lo que en un momento representé para Hugo Chávez. Nunca me doblegué a sus intereses ni lo haré ahora. Hay una parte de los Servicios de Inteligencia de EEUU que sabe perfectamente que jamás he tenido relación alguna con los crímenes que los fiscales americanos pretenden adjudicarme.

P: El Gobierno de Venezuela expulsó a la DEA (Administración para el Control de Drogas americana) de Venezuela en 2005 tras declarar a sus miembros personas non gratas. ¿Cómo ha influido aquella decisión en la acusación contra usted?

R: La DEA, tras años de colaboración con el Gobierno de Venezuela, fue expulsada por decisión del presidente Chávez. La razón es sencilla: operaba en Venezuela con plena libertad y de esa libertad pasó al abuso y al mal uso de esa confianza. Violó derechos fundamentales y estaba incursa en actividades de espionaje militar. El presidente Chávez ordenó su expulsión de manera soberana y desde ese momento agentes de la DEA y fiscales me consideraron responsable de esa decisión. La DEA tenía sedes operativas en algunas áreas militares venezolanas y algunos de sus miembros, para justificar sus abusos ante su gobierno, me intentaron culpar de su expulsión, cuando los únicos responsables fueron ellos mismos. Nunca aceptó que fuera expulsada de Venezuela por sus prácticas ilegales y, por supuesto, debe haber un responsable.

P: La propia DEA le ha llegado a atribuir la orden de asesinar a uno de sus agentes encubiertos

R: En primer lugar, nunca he dado órdenes de asesinato. En segundo lugar, ese agente encubierto tiene nombre y apellido: se llamaba Luis Rodríguez, era un fiel colaborador y un gran amigo mío. La DEA tampoco aceptó nunca que el agente encubierto era un doble agente que prestó grandes servicios a Venezuela. O quizá sí lo sabía y de ahí se origina su asesinato.

P: Otra de las acusaciones que han vertido contra usted las autoridades americanas es que ha manejado toda la estructura del narcotráfico en Venezuela y que cobraba de los cárteles.

R: Como puede usted comprobar con esa genérica acusación es difícil defenderse. No se ve ni un solo dato, ni una sola fecha, ni un solo hecho. Yo pregunto: ¿no parece dudoso que tras tantos años de acusaciones no se ofrezcan acusaciones más claras y contundentes?

P: Después de ser un hombre destacado de las Fuerzas Armadas de Venezuela, el responsable de la Contrainteligencia Militar durante ocho años (2004-2012) y diputado del partido del Gobierno, decidió romper con el Ejecutivo de Nicolás Maduro en febrero. ¿Por qué adoptó esa decisión?

R: En tan solo dos años desde la muerte de Chávez el deterioro de mi país y el sufrimiento de los venezolanos había sido más que dramático. Siempre he sido un servidor público, tanto desde la Fuerza Armada como desde la Asamblea Nacional. Durante la campaña electoral de 2015 para las elecciones a la Asamblea Nacional tuve ocasión de visitar cada rincón de mi circunscripción y pude ver lo que había ocurrido en mi país. Pude evidenciar en lo que se había convertido e intenté combatir internamente como diputado con lealtad a mi país y al pueblo al que pertenezco. En 2017 me manifesté públicamente contra la propuesta ilegítima de la Asamblea Constituyente. En febrero solo decidí hacer público lo que realmente pensaba, asumiendo las consecuencias, y tuve que exiliarme aquí, en España.

P: ¿Qué opinión tiene del presidente venezolano tras haber trabajado de forma estrecha para él?

R: Solo trabajé para él como director de la DGCIM nueve meses, así que nunca existió una estrecha colaboración. Además de ser un inepto y un cleptómano, lo defino como un ser sin escrúpulos, capaz de lo que sea por mantenerse en el poder. El peor de los errores del comandante Chávez se llama Nicolás Maduro.

P: Esa ruptura se visualizó en vísperas del 23 de febrero, cuando la oposición a Maduro intentó introducir medicinas y alimentos en el país a través de las fronteras de Colombia y Brasil.

R: La ruptura no fue en vísperas del 23 de febrero de 2019, la ruptura tuvo lugar cuando en la campaña de 2015 pude ver con mis ojos lo que estaba ocurriendo en Venezuela. La ruptura la expresé en una entrevista con la CNN donde me pronuncié expresa y claramente contra la ilegítima e ilegal Asamblea Constituyente. Viví con indignación, rabia e impotencia que la oportunidad de ofrecer medicinas y alimentos se rechazara e impidiera. No hay duda de que la crueldad del régimen de Maduro no tiene límites.

P: Maduro siempre se escuda en las Fuerzas Militares para enfrentarse a cualquier amenaza externa. ¿En qué situación se encuentra realmente el Ejército venezolano?

R: La amenaza de invasión es un recurso recurrente que ha funcionado en ocasiones, pero es una artimaña para lograr lo que con la razón no se consigue. El invento de un enemigo externo hace que no se vea al enemigo verdadero, que está dentro y se llama Nicolás Maduro y su desgobierno. La Fuerza Armada Nacional hoy se encuentra dividida en tres grupos: los corruptos que hacen vida en el Gobierno y viven felices con el régimen; los que saben que todo está mal y quieren hacer lo correcto contra la tiranía, pero a los que el aparato de inteligencia infiltrado por cubanos les persigue y tortura; y los acomodaticios que solo buscan un cargo y una carrera sin problemas.

P: Usted siempre ha asegurado con orgullo que defendió a las Fuerzas Armadas de todo tipo de «amenazas, desviaciones e injerencias». ¿Cuáles?

R: He defendido y defenderé siempre a la Fuerza Armada y al pueblo venezolano. Mi función como director de Contrainteligencia Militar consistía exactamente en enterarme antes que nadie e informar oportunamente sobre lo que ocurría en la Fuerza Armada. Lo que las autoridades hicieran o dejaran de hacer con mis informes por supuesto escapaba de mi responsabilidad. Específicamente puedo mencionarle haber desmontado conspiraciones de magnicidios, desarticulado intentos de golpes de Estado e impedido la injerencia cubana en la DGCIM.

P: Su apoyo a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela levantó una gran expectación porque se daba por supuesto que le iban a seguir en masa otros mandos militares. ¿Por qué finalmente no sucedió?

R: El día 23 de febrero de 2019 me pronuncié públicamente y lo hice como diputado de la Asamblea Nacional, de la única asamblea legítima y reconocida. Mi decisión no fue para que me siguieran, mi decisión fue por cumplir con mi deber como político y con mis juramentos como militar. Mi decisión fue por hacer lo que era correcto a pesar de las consecuencias. Fue para que mi familia, mis hijos, y otros compatriotas vieran que se debe vencer el miedo y asumir los riesgos cuando hay sobradas razones para hacerlo. Y en el caso de Venezuela, hay más de 30 millones de razones. La indiferencia y la cobardía no son una buena guía en la vida. Con mi decisión puse en peligro a mi familia, que ha tenido que salir de Venezuela y las propiedades de mis hijos mayores han sido allanadas y saqueadas. Afortunadamente mis hijos menores ya vivían en España desde hacía un par de años. De hecho, una de mis hijas ya había nacido en España.

P: Advirtió de que dispone de «privilegiados conocimientos únicos sobre la estructura y los engranajes del funcionamiento criminal del gobierno usurpado por Nicolás Maduro». ¿A qué actos criminales se refiere?

R: Los actos criminales del régimen de Maduro son bien conocidos internacionalmente: violaciones sistemáticas de derechos humanos, vínculos con grupos narcoterroristas y el mayor acto de corrupción y lavado de activos de la historia de Latinoamérica. De todos estos tengo conocimiento.

P: ¿Tuvo conocimiento de actos criminales similares durante el Gobierno de Hugo Chávez?

R: Hugo Chávez no es comparable con el régimen sátrapa de Maduro. Todo gobierno comete errores, todo ser humano se equivoca, el comandante Chávez no fue la excepción. Hasta donde tuve conocimiento, y creo que lo tuve, no fue un delincuente, nunca fue un asesino, siempre defendió los Derechos Humanos, combatió la corrupción. Sin éxito en muchas ocasiones, pero me consta que lo intentó. Maduro es un criminal de profesión, un corrupto, un violador de Derechos Humanos.

P: ¿Cómo definiría las personalidades de Chávez y de Maduro? ¿En qué se parecen y en qué se diferencian?

R: Chávez siempre defendió los Derechos Humanos, no los violó. Chávez siempre combatió el narcotráfico y lo sentía como algo muy doloroso para el ser humano y para una sociedad, no lo fomentó. Chávez fomentó las relaciones de Venezuela con el resto del mundo, no las destruyó y aisló al país. Chávez respetaba a la Fuerza Armada, él era un militar y un hombre de honor, no la degradó al nivel que la vemos hoy. Chávez era un hombre austero, el mundo se sorprendería de la austeridad con la que vivió y murió Chávez. No tenía lujosas mansiones en islas del Caribe. Chávez jamás hubiera tolerado la hambruna y la miseria con la que sobrevive el pueblo venezolano. Maduro creó la miseria y el éxodo venezolano con plena intención. Le puedo decir que ambos no se parecen en nada, ni siquiera comparten la nacionalidad.

P: Usted ha mostrado ya su plena colaboración con la Justicia española y ha anunciado que ayudará en todo lo posible. ¿Qué hechos tiene previsto poner en conocimiento de la Audiencia Nacional?

R: Siempre he colaborado con las autoridades españolas, siempre he mantenido una relación fluida y respetuosa con los Servicios de Inteligencia españoles, basada en la lealtad y en el respeto. Y no tengo duda en seguir colaborando con las autoridades españolas. España es para todo venezolano su segunda casa, España está haciendo una labor extraordinaria acogiendo a muchos venezolanos. Es el país que acoge a mi familia y, como le he dicho antes, donde ha nacido mi hija menor, y el país al que decidí venirme tras mi postura pública en febrero de este año.

P: ¿Qué opina de la posición del Gobierno de España en relación con la crisis política en Venezuela?

R: El Gobierno español tiene una difícil situación y en esa difícil situación he visto que ha sabido estar presente sin interferir y tendiendo la mano cuando se le pide. España tiene una autoridad moral fruto de nuestra historia común y creo que está llamada a hacer uso de ella. No tengo duda de que España seguirá jugando un papel fundamental y protagonista en la solución de la grave crisis venezolana.

P: ¿Le consta que el Gobierno venezolano bajo la Presidencia de Chávez financiara al partido español Podemos y a sus líderes?

R: Sé que éste es un tema de interés en la política española. No tengo ninguna evidencia de que se haya producido esa supuesta financiación, porque en los años en la Contrainteligencia Militar la política no era mi área.

‘Mafia state’: How Venezuela became ‘worse than a narco state’ by Kristin Myers – Yahoo Finance – 10 de Julio 2019

Thanks to oil, Venezuela was once the wealthiest country in the region — before becoming the continent’s poorest, ravaged by corruption and feckless economic policy. And amid the economic decline, high-ranking government officials became conspicuously wealthy. But how?

According to U.S. indictments, former government officials, and regional experts, officials linked to the Iran-backed militant group Hezbollah and members of Maduro’s government built a massive drug syndicate — while most of the country increasingly struggled to find food to eat, or medicine to care for the sick.

“Venezuela was a narco state several years ago, but it has become darker and more ominous,” Mike Vigil, former DEA Chief of International Operations, told Yahoo Finance (video above). “I consider it to be a mafia state. Because it’s not only drug trafficking — it’s financial crimes, it’s money laundering, it’s piracy, and all kinds of trafficking. So it has become worse than a narco state.”

Justice Minister Tareck El Aissami, center,walks among packs of cocaine displayed at a military base in Puerto Cabello Venezuela, Monday, July 27, 2009. (AP: Ariana Cubillos)

Justice Minister Tareck El Aissami, center,walks among packs of cocaine displayed at a military base in Puerto Cabello Venezuela, Monday, July 27, 2009. (AP: Ariana Cubillos)

Sharing a porous border with Colombia, where more than 90% of cocaine going to the U.S. originates, Venezuela has served as the start of a drug highway straight to drug consumers around the world.

“Venezuela has become probably the cocaine capital of the world,” Center for a Secure Free Society Executive Director Joseph Humire, who has testified to Congress several times related to crime in Latin America, told Yahoo Finance. “Anything that moves not just to the United States, to Brazil and Argentina, or to Europe or to Africa, pretty much Venezuela is a transshipment hub for those cocaine trafficking. Every major cocaine trafficking cartel in the world has had a presence in Venezuela over the last 20 to 30 years.”

Operations for the massive undertaking are facilitated by corrupt members of Venezuela’s government and the heavy involvement of the transnational aspects of Hezbollah, according to experts.

Cocaine trafficking routes around the world being in Venezuela's neighborhood. (Source: UNODC, Yahoo Finance)

Cocaine trafficking routes around the world being in Venezuela’s neighborhood. (Source: UNODC, Yahoo Finance)

Cartel of the Suns

Since the mid-90s, the Cartel of the Suns has been operating a drug trade inside Venezuela. Despite its name, the ‘Cartel de los Soles’ is no cartel in the traditional sense. Vigil describes the organization as a “loose federation of government officials and military officers in Venezuela.”

According to Vigil, they evolved into a criminal organization that moves “tons of cocaine” to Europe and the United States through the Caribbean, Central America, and Mexico.

At first, Vigil explained, the Cartel of the Suns were content with just taking bribes from Colombian drug trafficking organizations and “subversive organizations” like the National Liberation Army (ELN) and the Armed Revolutionary Forces of Colombia (FARC).”

“But then these cartels and these drug trafficking networks wanted more from the Venezuelan authorities,” Vigil explained. “Instead of just taking a blind eye to all their activities, they started to get more involved and facilitate the movement of cocaine.”

Una manera de derrocar a Nicolás Maduro y a sus cómplices: procesos judiciales por Fernando Cutz – The New York Times – 4 de Junio 2019

Un manifestante a favor del gobierno de Nicolás Maduro alza un retrato del presidente de Venezuela en Caracas.

Hace solo unos cuantos meses, los venezolanos tenían una esperanza renovada: por un nuevo presidente, por la tan necesitada asistencia humanitaria, por una democracia que se restauraría en su país. Sin embargo, con el fracaso en abril de un levantamiento encabezado por el líder de la oposición, Juan Guaidó, 2019 se ha convertido en un año frustrante para el pueblo de Venezuela. En las últimas semanas, una vez más llenaron las calles para exigir libertad y democracia. Y, no obstante, Nicolás Maduro sigue aferrado a su reclamo ilegítimo del poder.

El gobierno de Estados Unidos y una coalición integrada por los países vecinos de Venezuela han hecho bien en elevar los costos de que Maduro y sus secuaces sigan en el poder con las mismas prácticas de siempre. Sin embargo, esas sanciones económicas quizás ya alcanzaron su límite. Los miembros de la coalición deberían aumentar la presión sobre el régimen al abrir procesos penales relacionados con la corrupción de Maduro en sus propios tribunales.

Maduro y su círculo cercano están acusados de ocultar dinero robado del gobierno venezolano en cuentas bancarias personales en todo el mundo; de beneficiarse del tráfico de drogas; de involucrarse en actividades ilícitas de minería, y de cometer violaciones a los derechos humanos, incluyendo tortura y asesinatos.

Estos delitos han tenido consecuencias de largo alcance. Sin embargo, se han dado a conocer muy pocos procesamientos contra Maduro o sus secuaces. En 2017, Tareck El Aissami, quien entonces era vicepresidente de Maduro, fue acusado a través de la ley federal contra narcotraficantes y sus bienes fueron congelados en Estados Unidos y en otros lugares. Pero seguramente El Aissami no es el único que merece un ajuste de cuentas judicial.

Existen precedentes de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos puede centrar sus acciones en áreas que concuerdan con las prioridades de la política exterior del país. En 1988, el Departamento de Justicia estadounidense procesó al presidente de Panamá, Manuel Noriega, y a miembros de su círculo cercano cuando las relaciones entre ambos países se estaban deteriorando. Recientemente, el Departamento de Justicia acusó a la directora financiera de Huawei e intentó extraditarla cuando Estados Unidos estaba denunciando las amenazas a la seguridad que representaban la tecnología de Huawei y China.

En Estados Unidos se especula que ya existen acusaciones selladas de miembros del círculo cercano a Maduro y que el Departamento de Justicia está esperando el momento adecuado para presentarlas. El tiempo es propicio para aplicar nuevos cargos penales contra los miembros del régimen de Maduro.

Este mecanismo no solo puede implementarse en Estados Unidos, aunque ese país tiene servicios de inteligencia más sólidos que le permiten tener una mejor idea de quién podría estar cometiendo delitos. Países como Colombia, a donde han huido muchos venezolanos; Perú, donde los refugiados venezolanos se han vuelto víctimas del contrabando, y Argentina, cuyo sistema de justicia penal tiene una de las definiciones jurídicas más amplias para perseguir “crímenes de lesa humanidad”, deberían estar investigando si los colaboradores de Maduro han cometido delitos dentro de sus jurisdicciones.

Algunas personas alegarían que es inútil formular cargos criminales contra miembros del grupo de Maduro. Seguramente no serán extraditados a Estados Unidos ni a ningún otro país. Aunque eso podría ser cierto, estas medidas tienen peso.

En primer lugar, los sistemas judiciales de Estados Unidos y de muchos otros países de América todavía gozan de respeto por ser independientes del poder ejecutivo. Aunque exista el precedente de que el Departamento de Justicia se enfoca en los intereses de la política exterior de Estados Unidos, aún hay una separación importante entre las sanciones —que pueden imponerse al antojo del poder ejecutivo— y los cargos penales, los cuales requieren que se presenten pruebas en un tribunal. Los cargos penales solo se emiten si hay suficientes pruebas para convencer a un tribunal independiente.

En segundo lugar, una vez acusados, Maduro y sus secuaces podrían quedar sujetos a una notificación roja de la Interpol, la cual restringiría enormemente su capacidad de viajar fuera de Venezuela. Tal vez todavía podrían ir a Cuba o a Rusia, pero sus viajes de compras a Madrid, París y Londres ya no serían una opción. Muy pronto descubrirían que todo el dinero almacenado ilegalmente en sus cuentas no es de utilidad si no tienen en donde gastarlo.

En tercer lugar, las pruebas recabadas por los países firmantes del Estatuto de Roma, el tratado internacional con el que se erigió la Corte Penal Internacional, podrían entregarse a la corte para que realizara sus propias investigaciones. Aunque Estados Unidos no es un país miembro de la corte, sí lo son la mayoría de los países latinoamericanos. Incluso ya se abrió una investigación inicial de la corte sobre las denuncias de tortura aplicada por miembros del gobierno de Venezuela después de que seis gobiernos presentaron una solicitud formal.

Recabar pruebas para emitir acusaciones contra otros miembros del círculo cercano de Maduro sería una labor que requeriría muchos recursos. La comunidad de los servicios de inteligencia de Estados Unidos tendría que proporcionar al Departamento de Justicia muchas de las pruebas necesarias contra venezolanos específicos. Los países americanos que son socios de Estados Unidos tendrían que crear equipos de fiscales. Se tendría que dar prioridad a compartir con aliados extranjeros las pruebas de inteligencia que tiene Estados Unidos, probablemente por instrucciones del fiscal general o del presidente.

Mientras el pueblo venezolano sigue mostrando su resiliencia, la comunidad internacional también debe seguir mostrando firmeza. Los sistemas judiciales de América deben arrojar luz sobre la oscuridad cada vez más profunda que es Venezuela y hacer rendir cuentas a los muchos miembros del régimen que se han hecho ricos y poderosos a costa de sus conciudadanos.

Fernando Cutz, socio sénior del Cohen Group e investigador global en el Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson, fue director jefe de la oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca en el gobierno de Donald Trump.

Maduro’s last stand by Douglas Farah and Caitlyn Yates IBI Consultants, LLC and National Defense University – Mayo 2019

Executive Summary

In 1998, the Venezuelan people elected Hugo Chávez, initiating a regional movement known as the Bolivarian Revolution. In an effort to isolate the United States and promote his “Socialism for the 21st Century” political project, Chávez systematically consolidated power in the executive branch. He in turn transformed PDVSA – the Venezuelan national oil company – into a multi-billion dollar regional enterprise operating in concert with sympathetic political leaders, economic elites and criminal organizations. While Chávez led the project, he was aided by the political leadership in Cuba, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Suriname and El Salvador. Over the past 20 years, this criminal network grew to encompass several dozen individuals and hundreds of front companies. Nicolas Maduro then warmly inherited this criminal regime in 2013 after Chávez’s death. Twenty years after the political project’s inception, the network spans the globe, from El Salvador to the United States, from Russia to Hong Kong, and across several offshore financial havens in between.

Yet even after the United States’ sanctioned hundreds of individuals and entities on charges like drug trafficking and money laundering, Maduro continues to serve as Venezuela’s de facto leader. The results of this criminal regime culminated in a Venezuelan economy that shrunk by more than 50 percent while at least 10.5 percent of the Venezuelan population now live as refugees. This increasingly visible crisis imposes enormous costs on regional neighbors. Meanwhile, the illicitly laundered funds undermine the rule of law and democracy, wreak havoc on the legal economies, strengthen corrupt autocratic regimes, and create spaces where transnational organized criminal networks thrive. While the dynamics of joint criminal activities in Venezuela remain largely unchanged, the Maduro regime is increasingly feeling the domestic and international pressure for regime change.

This report highlights the scale of what we call the Bolivarian Joint Criminal Enterprise. Here we highlight some of the criminal typologies used by the network and explore the wider impact of this network’s actions. The brief compiles fieldwork conducted over five years in 11 countries and augments this qualitative analysis with open source research and data analysis. Ultimately, we argue that the Bolivarian Joint Criminal Enterprise is not a single entity, but rather a network of allied companies, regional structures, and historically linked individuals operating across the globe. Unless the network is attacked from multiple points simultaneously, the alliance will survive and morph into a more dispersed and sophisticated operation. IBI Consultants and the National Defense University, 4

Para acceder al informe completo en el siguiente enlace:

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Por qué las sanciones de Trump no derriban a Maduro por Emili J. Blasco – ABC – 28 de Mayo 2019

Esto es sabido desde hace tiempo, pero cuanto más se prolonga la presidencia de Nicolás Maduro más queda de manifiesto. Lassanciones de Estados Unidos, que están limitando las ventas de petróleo venezolano, han llevado al régimen de Maduro a intensificar las actividades delictivas para obtener los beneficios que ya no le llegan por la venta de crudo. Eso es lo que sostiene al chavismo en el poder.

Compra de lealtades

El pasado 28 de enero, la Administración Trump anunció que procedería a castigar a las empresas que tuvieran relación comercial con PDVSA, la petrolera estatal venezolana. A los tres meses las sanciones se endurecieron y está previsto que para el 28 de junio se apliquen completamente, eliminando algunas excepciones temporales que se habían establecido para compañías como Chevron, la petrolera estadounidense que más vínculos ha venido manteniendo con PDVSA.

Antonio de la Cruz, experto petrolero y director ejecutivo de Inter-American Trends, destaca que a partir de finales de junio el régimen de Maduro dejará de recibir los entre 800 y 1.000 millones de dólares mensuales que obtenía de la exportación de petróleo a EE.UU., que antes de las sanciones era de casi 500.000  barriles diarios.

Según De la Cruz, una parte importante de esos ingresos eran destinados a alimentar la red clientelar del chavismo: para el provecho personal de muchos altos cargos, cuya fidelidad a Maduro depende de que esos fondos sigan llegando a sus bolsillos a través de redes de corrupción muy engrasadas, y para la compra de comida destinada especialmente a los barrios pobres de Caracas, con la que evitar así su rebelión. «Ante la falta de esas divisas, el grupo que mantiene secuestrada a Venezuela ha tenido que buscar los recursos necesarios para asegurarse la lealtad de mandos políticos y militaresen el aumento del narcotráfico y del contrabando de oro, cobalto y combustible», afirma. Estas eran actividades que ya desarrollaba, pero que ahora ha intensificado.

Con esos negocios ilícitos, el entorno de Maduro estaría obteniendo entre 400 y 500 millones de dólares mensuales. «Mientras logre esa cantidad, que supone entre 5.000 y 6.000 millones de dólares al año, el régimen podría aguantar», dice De la Cruz.

Bloqueo

Al incremento en la minería ilegal también apunta el informe «La última resistencia de Maduro: La supervivencia de Venezuela mediante la empresa criminal conjunta bolivariana», presentado la semana pasada en el Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos (CSIS) de Washington. Su autor, el investigador Douglas Farah, analiza la red de blanqueo de capitales que el chavismo ha realizado a través de PDVSA, en parte utilizando empresas subsidiarias y bancos creados en varios países del entorno, como Nicaragua, El Salvador, Surinam, Panamá y República Dominicana.

Es lo que Farah llama «empresa criminal conjunta bolivariana», cuyas ramificaciones ha podido relacionar con 181 individuos y 176 compañías presentes en 26 países. El informe estima que entre 2007 y 2018, esa red sirvió para blanquear entre 10.000 y 43.000 millones de dólares.

Esas vías de negocios ilícitos hacen que las sanciones no tengan un completo efecto. «El régimen de Maduro no ha colapsado y puede que no lo haga en un significativo periodo de tiempo», dice el informe. Si bien, ciertamente, las sanciones son «críticas», «la capacidad de esa red para adaptar y diversificar su portfolio criminal significa que el dinero sigue yendo a parar a los cofres del régimen».

Farah concluye que los esfuerzos internacionales para remover a Maduro no supondrán el fin de toda esa arquitectura delictiva si no se ataca también esta: «A menos que una red sea atacada desde múltiples puntos simultáneamente, la alianza sobrevivirá y se transformará en una operación criminal más diversa y sofisficada».

La dificil transición pacifica y democrática por Nelson Bocaranda Sardi – RunRunes – 22 de Mayo 2019

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 Este artículo editorial de The Washington Post conecta con un profundo trabajo de dos catedráticos estadounidenses Douglas Farah y Caitlyn Yates de IBI Consultants para la National Defense University. Nos da luces sobre la complejidad del tejido criminal montado durante los gobiernos de Chávez y Maduro en estos 20 años de “revolución bolivariana”.

Me interesó, y por eso lo comparto con nuestros lectores, pues pareciera servir, con datos reales y precisos, para ir definiendo la terrible y posible denominación de Venezuela como “Estado Forajido”. Prende las alarmas a todos los niveles globales. Angustia compartida ante una difícil transición pacífica. Preocupa a los países vecinos y mucho mas a los “socios” involucrados. Algunos ya detectados, otros ya comprometidos cantando y los terceros listos para el “bel canto” , bien de uniforme o de civil:

LA VERDADERA RAZÓN POR LA CUAL MADURO SOBREVIVE: EL DINERO SUCIO.

 En Venezuela, la administración de Trump necesita retroceder. Los venezolanos son los perdedores en el conflicto político entre el gobierno y la oposición, y Estados Unidos lo está empeorando. (Joshua Carroll, Kate Woodsome / The Washington Post)

 Por Jackson Diehl, sub-director de la página Editorial de The Washington Post

12 de mayo de 2019.

“Cuando se les pidió que explicaran por qué sus esfuerzos por derrocar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, se han quedado cortos, los funcionarios de la administración de Trump suelen citar la influencia siniestra de Cuba y Rusia, que dicen ha endurecido la resistencia del régimen. De lo que no hablan tanto es un factor posiblemente más importante: el Cartel de los Soles. Ese término colorido se refiere a la red de tráfico de drogas que cada año transporta cientos de toneladas de cocaína colombiana desde los aeródromos venezolanos a América Central y el Caribe para su distribución final en los Estados Unidos y Europa, y eso incluye a algunos de los funcionarios de mayor rango en el régimen de Maduro. Estos hombres no se aferran al poder porque son verdaderos creyentes en el socialismo, o por su lealtad a Vladimir Putin y Raúl Castro. Se aferran porque, a pesar de la implosión económica de Venezuela, todavía están cosechando millones, y es probable que se encuentren encarcelados en Venezuela o los Estados Unidos si se alejan de su país. El tráfico de cocaína es solo una de las muchas actividades delictivas en las que está inmersa la élite de la “revolución bolivariana” de Hugo Chávez. También hay minería ilícita de oro y hierro; ventas fraudulentas de petróleo; los beneficios de las importaciones de alimentos y medicinas; y el comercio de divisas corruptas. Maduro y todos los que están cerca de él, incluyendo a su esposa, su No. 2 y los ministros del Interior y de la Industria, están a su altura.

Aunque tanto el gobierno de Trump como los defensores extranjeros de la extrema izquierda de Maduro prefieren describir la crisis venezolana en términos políticos, la realidad es que el régimen es menos un gobierno, mucho menos socialista, que una pandilla criminal. Eso tiene dos consecuencias que complican su eliminación.

Primero, el dinero que está obteniendo de la actividad criminal está sirviendo como un apoyo que le permite sobrevivir a las sanciones de los Estados Unidos.

Quizás lo más importante es que la contaminación tóxica en casi todos los altos funcionarios hace que sea mucho más difícil seguir las fórmulas habituales para una transición pacífica, incluida la creación de un gobierno de transición y la amnistía para aquellos que renuncian.

El colapso de la economía regular de Venezuela ha creado una grave escasez de alimentos, agua, medicinas y energía, y ha provocado que más del 10 por ciento de sus 30 millones de personas huyan del país. Sin embargo, los ingresos ilícitos que se están derramando para la camarilla de Maduro parecen estar aumentando. Un reciente informe de CNN dijo que los vuelos de drogas desde Venezuela habían aumentado de aproximadamente dos por semana en 2017 a casi todos los días en 2018; citó a un funcionario de los Estados Unidos diciendo que este año se habían realizado hasta cinco vuelos por noche. En el 2018, se calcula que se traficaron a través de Venezuela 265 toneladas de cocaína colombiana, con un valor de venta de $ 39 mil millones, según el informe.

Otro nuevo estudio preparado para la Universidad de Defensa Nacional por Douglas Farah y Caitlyn Yates encontró que incluso mientras el régimen de Maduro vendió 73 toneladas de oro en Turquía y los Emiratos Árabes Unidos el año pasado para recaudar efectivo, sus reservas crecieron en 11 toneladas, el resultado probable de la minería ilegal de oro, incluso por grupos rebeldes colombianos con sede en Venezuela y aliados con el régimen. Esas ventas podrían haber recaudado cerca de $ 3 mil millones, más que suficiente para financiar las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares aún leales a Maduro.

Farah y Yates describen el régimen venezolano como parte de una red regional que denominan Empresa Criminal Conjunta Bolivariana, un “consorcio de estados criminalizados y actores no estatales”. Identificaron 181 individuos y 176 empresas en 26 países vinculados a la actividad criminal venezolana. Gracias a esta empresa, dicen, “el régimen de Maduro no se ha derrumbado y puede que no durante un período de tiempo significativo. . . . “La capacidad de la red para adaptarse y diversificar su cartera criminal significa que el dinero continúa fluyendo hacia los cofres del régimen”.

En teoría, la oposición venezolana, el gobierno de Trump y otros que buscan sacar a Maduro podrían resolver perdonar todo esto. La oposición ha hablado sobre la amnistía para los líderes militares que denuncien el régimen y la semana pasada, el Departamento del Tesoro levantó las sanciones al jefe de inteligencia de Venezuela luego de que desertara el 30 de abril.

Sin embargo, como cuestión práctica, es difícil imaginar a la mayoría de la mafia de Maduro simplemente alejándose del poder. Al menos dos de sus capos han sido acusados ​​por grandes jurados federales de los Estados Unidos. Otro, el ex general Hugo Carvajal, desertó a España el mes pasado, y fue encarcelado rápidamente en una solicitud de extradición de los Estados Unidos. Se enfrenta a cargos federales de contrabando de cocaína.

Algunos líderes de la oposición y gobiernos extranjeros esperan negociar una administración de transición que incluya figuras del régimen. Pero, como dijo la veterana activista de la oposición María Corina Machado a The Post, “no se puede tener a los capos de la droga. . . no puede haber individuos que formen parte de la mafia en el tráfico de oro, el tráfico de petróleo y el tráfico de gasolina o las mafias de alimentos ”. Eso, por desgracia, puede excluir a casi todos los que tienen el poder de lograr un cambio pacífico en Caracas”.

Hasta aquí el editorial.

El detallado trabajo del que habla Diehl elaborado este mes de mayo por Douglas Farah y Caitlyn Yates, de IBI Consultants,LLC para la National Defense University, es contundente en su investigación. Las pesquisas incluyen desde movimiento de dinero en diferentes monedas y en variados países hasta las empresas fachadas, las ventas de oro, la distribución de las comisiones, los negocios en países amigos del régimen venezolano, y otros elementos que podrían servir para declarar a Venezuela un “estado forajido” con la contundencia de los hallazgos de ilícitos criminales de tipo muy variado. La investigación estuvo en parte financiada por la National Defense University a través del Instituto de Estudios de la Seguridad Nacional. En una aclaratoria inicial enfatizan que el reporte no representa la visión de la Universidad, el Departamento de Defensa o cualquier otro ente del gobierno estadounidense.

Estos son los tres párrafos introductorios:

“En 1998, el pueblo venezolano eligió a Hugo Chávez, iniciando un movimiento regional conocido como la Revolución Bolivariana. En un esfuerzo por aislar a los Estados Unidos y promover su “Socialismo para el proyecto político del siglo XXI”.

Chávez consolidó sistemáticamente el poder en la rama ejecutiva. A su vez, transformó a PDVSA, la compañía petrolera nacional venezolana, en una empresa regional multimillonaria que opera en concierto con líderes políticos simpatizantes, élites económicas y organizaciones criminales. Mientras Chávez dirigió el proyecto, fue ayudado por el liderazgo político en Cuba, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Surinam y El Salvador. En los últimos 20 años, esta red criminal creció para abarcar varias docenas de personas y cientos de empresas de fachada. Nicolás Maduro luego heredó este régimen criminal en 2013 después de la muerte de Chávez. Veinte años después del inicio del proyecto político, la red abarca todo el mundo, desde El Salvador a los Estados Unidos, desde Rusia a Hong Kong, y a través de varios paraísos financieros en el medio.

Sin embargo, incluso después de que Estados Unidos sancionó a cientos de personas y entidades por cargos como el narcotráfico y el lavado de dinero, Maduro continúa sirviendo, de facto, como el líder de Venezuela. Los resultados de este régimen criminal culminaron en una economía venezolana que se contrajo más del 50 por ciento, mientras que al menos el 10,5 por ciento de la población venezolana ahora vive como refugiados. En otros países. Esta crisis cada vez más visible impone enormes costos a los vecinos regionales.

Mientras tanto, los fondos lavados ilícitamente socavan el estado de derecho y la democracia, causan estragos sobre las economías legales, fortalecen los regímenes autocráticos corruptos y crean espacios donde las redes criminales organizadas transnacionales prosperan. Si bien la dinámica de las actividades delictivas conjuntas en Venezuela se mantiene prácticamente sin cambios, el régimen de Maduro está sintiendo cada vez más la presión doméstica e internacional para el cambio de régimen.

Este informe destaca la escala de lo que llamamos la “Empresa Criminal Conjunta Bolivariana”. Aquí nosotros resaltamos algunas de las tipologías criminales utilizadas por la red y exploramos el impacto más amplio de las acciones de esta red. El informe recopila el trabajo de campo realizado durante cinco años en 11 países y aumenta este análisis cualitativo con investigación de código abierto y análisis de datos.

Por último, argumentamos que la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana no es una entidad única, sino una red de empresas aliadas, estructuras regionales e individuos históricamente vinculados que operan en todo el globo. A menos que la red sea atacada desde múltiples puntos simultáneamente, la alianza , sobrevive y se transforma en una operación más dispersa y sofisticada”.

El profundo trabajo de investigación incluye las ventas falsas de petróleo venezolano, las Compras Cíclicas de Activos Fijos, la Minería Ilegal, los Proyectos de Infraestructura Falsificados y las Transferencias Banco a Banco, El Impacto Humano y Económico, las Conclusiones y el detalle de las múltiples fuentes utilizadas en tan enjundiosa investigación durante cinco años.

CONCLUSIONES: Este informe destaca la interconexión de diferentes actores y mecanismos económicos que facilitan la resistencia de la empresa, aunque actualmente en un estado debilitado. La “Bolivarian Joint Criminal Enterprise” es una estructura única basada en la participación directa del Estado en el comportamiento criminal, operando en múltiples esferas económicas y jurisdicciones de aplicación. Este portafolio criminal se basa en el apoyo de entidades estatales, empresas lícitas y grupos delictivos organizados.

El resultado es una compleja operación criminal que socava el Estado de Derecho, la Democracia, la Gobernanza y las alianzas de Estados Unidos en todo el hemisferio occidental.

La estructura bolivariana ha demostrado ser resistente y adaptable, con múltiples capacidades redundantes. Operacionalmente, cuando se presiona una faceta de la red criminal, la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana es experta en trasladar operaciones a nuevas áreas o encontrar nuevos aliados, a menudo alimentando las diferentes fortalezas y conexiones de la historia compartida de la Empresa y sus objetivos comunes. El gobierno de los Estados Unidos ha emprendido recientemente un esfuerzo más holístico y unido para enfrentar a estos actores criminales, dando resultados significativos.

Los esfuerzos para canalizar algunos de los fondos que fluyen desde PDVSA y la estructura bancaria bolivariana al legalmente reconocido gobierno interino de Guaidó, y fuera de las manos del régimen de Maduro, es innovador y necesario.

Pero, como dijo el ex comandante del USSOUTHCOM, el almirante James Stavridis: “se necesita una red para luchar contra una red ”.

La clave para combatir esta red, argumentamos, es la integración de las autoridades y las capacidades en todo el gobierno de los Estados Unidos, y en colaboración con socios de confianza como Colombia, para abordar el alcance de la Red Bolivariana. Este enfoque incluye la combinación de recursos y autoridades de los departamentos de Hacienda, Estado, Justicia, Seguridad Nacional y Defensa, junto con la Comunidad de Inteligencia para enfrentar los múltiples nodos de la “empresa”. Sin embargo, abordar la “Empresa Criminal Conjunta Bolivariana” también requiere respuestas de los actores en países más allá de Venezuela y abrazar en conjunto un compromiso más sólido y a largo plazo con políticas alineadas con naciones socias en el hemisferio occidental. Como los impulsores ideológicos de la revolución bolivariana. han sido ampliamente desacreditados, recientemente esta es una oportunidad para que Estados Unidos se comprometa audazmente con la región y abordar el alcance y la complejidad que esta empresa criminal hoy abarca.

Aquí el enlace con el trabajo que en sus 20 páginas incluye gráficos en detalle de las conexiones globales actualizadas. Incluyen PDVSA, las compañías fachadas, los activos millonarios, la corrupción de funcionarios del régimen, los traficantes de oro, las falsas refinerías de oro usadas para venderlo en el mercado internacional, el mercado de oro en Dubai, las organizaciones traficantes de oro, las inversiones falsas de PDVSA, bancos locales, bancos corresponsales, bancos de terceros países con cuentas personales y presión a vecinos por éxodo de refugiados.

https://www.ibiconsultants.net/_pdf/maduros-last-stand.pdf

¿Por qué la Venezuela de Maduro logra sobrevivir? por Miguel Da Silva – Caraota Digital – 13 de Mayo 2019

Venezuela caraotadigital
Nicolás Maduro, imagen referencial.

La administración de Donald Trump ha reiterado que la siniestra influencia de Cuba y Rusia sostiene a Nicolás Maduro y a su cúpula en el poder de Venezuela. Sin embargo, casi no se habla de un factor aún más importante: el Cártel de los Soles

El Cártel de los Soles es el término que refiere a una red de narcotráfico que transporta anualmente cientos de toneladas de cocaína colombiana a Estados Unidos y Europa. En ella participan algunos de los más altos funcionarios de la cúpula de Maduro.

A pesar de la crisis económica que padece Venezuela, el Cártel de los Soles produce cientos de millones de dólares, reseñó el portal web Infobae.

El tráfico de cocaína es una de las múltiples actividades delictivas en la que está inmersa la «revolución». Minería ilegal, venta fraudulenta de petróleo, comisiones por importar alimentos y medicinas son algunos de los otros delitos en los que está incursa la «Administración» de Maduro.

El colapso económico de Venezuela creó una grave escasez de alimentos, medicinas y energía. Eso ha provocado una migración masiva de más de tres millones de venezolanos, según cifras de las Naciones Unidas.

Sin embargo, los ingresos ilícitos de la «pandilla» de Maduro al parecer sigue aumentando. Un funcionario norteamericano dijo que este año parten desde los aeropuertos venezolanos hasta cinco narcovuelos por noche. En 2018 se estimó que 265 toneladas de cocaína colombiana fueron traficadas a través de Venezuela.

Quienes se oponen a Maduro, liderados por Juan Guaidó, quien se juramentó como presidente (E) de Venezuela amparado en varios artículos constitucionales, han prometido amnistías a los líderes militares que abandonen el proceso revolucionario.

De hecho, el Departamento del Tesoro de los EEUU levantó las sanciones que mantenía contra Manuel Cristopher Figuera, jefe de la inteligencia venezolana que se alzó contra Maduro el pasado 30 de abril.

Otro, el ex general Hugo Carvajal, desertó a España el mes pasado y fue encarcelado rápidamente por una solicitud de extradición de Estados Unidos. Se enfrenta a cargos federales por contrabando de cocaína.

Algunos líderes de la oposición y gobiernos extranjeros esperan negociar una administración de transición que incluya figuras de la «Administración» de Maduro.

No obstante, la líder política María Corina Machado no comparte esa idea, ya que ha reiterado que estos «criminales» no pueden tener perdón, ya que «estos individuos forman parte de la mafia del tráfico del oro, petróleo, gas y alimentos

El testaferro de Diosdado Cabello compra al contado una mansión de 10 millones en La Moraleja de Madrid por M.A. Ruiz Coll – ok diario – 13 de Mayo 2019

 

Mientras se desmorona el régimen, los jerarcas del chavismo aterrizan en Madrid y compran propiedades en las zonas más lujosas de la capital, para lavar el dinero negro procedente del narcotráfico y del saqueo de la petrolera estatal PDVSA.

El Departamento de Tesoro de Estados Unidos bloqueó hace un año todos los bienes del ex militar y empresario venezolano Rafael Alfredo Sarriá Díaz, tras constatar que ha realizado inversiones multimillonarias como testaferro de Diosdado Cabello, para ocultar en varios países la fortuna del número 2 de Nicolás Maduro.

En concreto, el Departamento del Tesoro señala que Sarriá Díaz ha comprado bienes raíces desde 2010 para blanquear las «ganancias corruptas e ilegales» de Diosdado Cabello, administra  múltiples propiedades que en realidad pertenecen a este dirigente chavista y «en 2016 participó en actividades de tráfico de drogas en nombre de Cabello«.

Rafael Alfredo Díaz Sarría y su esposa, Mireya Carolina Hidalgo, figuran desde octubre de 2016 como propietarios de una mansión valorada en 10 millones de euros situada en la principal arteria de La Moraleja (Madrid), el Paseo Conde de los Gaitanes.

El matrimonio chavista formalizó la compra en una notaría de la calle Villanueva de Madrid y la pagó al contado, ya que según la escritura del Registro de la Propiedad el inmueble no está grabado por ninguna hipoteca. Como resultado de esta operación, el testaferro de Diosdado Cabello debe abonar a la Agencia Tributaria 231.000 euros en concepto de Impuesto de la Renta de no Residentes.

Su mansión de La Moraleja es una impresionante vivienda de 1.500 metros cuadrados construidos, en dos plantas, sobre una parcela de 10.000 metros cuadrados. La mitad de la finca está ocupada por un espeso bosque. La mansión está edificada en torno a un patio interior con árboles. Cuenta con un ala de invitados, otra para el servicio, una enorme piscina de 60 metros cuadrados y aparcamiento para cuatro vehículos.

En la planta semisótano se encuentra la sala de homecinema, la biblioteca, el gimnasio y la sauna. En esta exclusiva zona de Madrid, el matrimonio chavista es vecino de algunas de las grandes fortunas del país, como la familia Entrecanales, propietaria del grupo Acciona.

La esposa de Rafael Sarriá, Mireya Carolina Hidalgo, figura como gerente de una empresa radicada en París y dedicada a la compra venta de inmuebles, SCI 3 Avenue Bosquet. La sociedad fue constituida en octubre de 2006 y tiene un capital social de 320.000 euros.

<img class="i-amphtml-intrinsic-sizer" role="presentation" src="data:;base64,” alt=”” aria-hidden=”true” />Sarriá Díaz

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dictó el 18 de mayo de 2018 una resolución por la que bloquea una docena de inmuebles propiedad de Rafael Sarriá Díaz en Florida y Nueva York, así como tres sociedades en las que aparece como administrador.

Entre estas propiedades se encuentra un apartamento situado en un bloque de viviendas de lujo en Park Avenue, Manhattan, a dos manzanas de la Trump Tower, y una impresionante mansión con piscina en Boca Ratón (Florida).

<img class="i-amphtml-intrinsic-sizer" role="presentation" src="data:;base64,” alt=”” aria-hidden=”true” />Sarriá Díaz
Edificio de viviendas de lujo en Nueva York (próximo a la Trump Tower) en el que Rafael Sarriá posee un apartamento.

Cuatro meses después, el pasado mes de septiembre, el Departamento del Tesoro dictó una nueva resolución en la que amplía las sanciones y embarga un jet privado de lujo valorado en 20 millones de dólares, modelo Gulfstream 200, que Rafael Sarriá Díaz poseía en Florida.

El testaferro de Diosdado Cabello tenía matriculada esta aeronave a través de la sociedad Averuca CA, con sede en Caracas (Venezuela). Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Gobierno de EE.UU. ha hecho extensivas las sanciones a una sociedad fundada en 2009 en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes británicas, Quintana Trading LTD., en la que Rafael Sarriá consta como presidente y único accionista.

<img class="i-amphtml-intrinsic-sizer" role="presentation" src="data:;base64,” alt=”” aria-hidden=”true” />Sarriá Díaz
Un jet privado modelo Gulfstream 200, similar al que EE.UU. ha incautado a Rafael Sarriá.

El Departamento del Tesoro también ha dictado un embargo sobre una empresa con sede en Valencia (España), Panazeate SL, cuyo administrador es Edgar Alberto Sarrià Díaz, hermano del testaferro de Diosdado Cabello. Pocos días después, el pasado 30 de octubre, Edgar Alberto optó por liquidar esta empresa.

Según ha podido constatar OKDIARIO, Rafael Sarriá Díaz también consta como director gerente de la sociedad Globco Group Finance N.V. , radicada en la isla de Curasao (Antillas Holandesas), donde la petrolera estatal venezolana PDVSA saqueada por los chavistas gestiona una planta de refinería.

En la misma resolución, el Gobierno de EEUU ha hecho extensivas las sanciones a la mujer de Nicolás Maduro, Cilia Flores (cuyos sobrinos han sido condenados a 18 años de cárcel por intentar introducir 800 kilos de cocaína en EE.UU. en una avioneta), el ministro de Defensa Vladimir Padrino y el ministro de Comunicación Jorge Jesús Rodríguez.

Diosdado Cabello
El Departamento del Tesoro señala que Rafael Sarriá ha lavado dinero negro para Diosdado Cabello y ha participado en actividades de narcotráfico.

Rafael Sarriá Díaz trabó en la Academia Militar de Venezuela su amistad con Diosdado Cabello, quien en 1992 participó en el fallido golpe de Estado de Hugo Chávez contra el presidente Carlos Andrés Pérez. Después de que Chávez alcanzara el poder, en las elecciones de 1998, Cabello ocupó sucesivamente los cargos de vicepresidente, gobernador del Estado de Miranda, ministro de Infraestructuras y Obras Públicas.

En la actualidad es uno de los hombres de la máxima confianza de Nicolás Maduro, quien le colocó al frente de la Asamblea Nacional, y presenta en la televisión venezolana el programa Con el mazo dando, en el que señala a los enemigos del chavismo.

Maduro es casi tan nocivo como el narcotráfico para la paz en Colombia por Daniel Gómez – ALnavío – 10 de Mayo 2019

– “Las consecuencias que tiene para nosotros que el usurpador Nicolás Maduro siga ahí son casi comparables a los descriptores para el narcotráfico”, dice a ALnavío Emilio Archila, alto consejero para el Posconflicto en Colombia.
Emilio Archila: “Si Maduro sigue ahí, todo se complica” / Foto: ALN
Emilio Archila: “Si Maduro sigue ahí, todo se complica” / Foto: ALN

Los 50 años que operaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia(FARC) dejaron a 170 municipios colombianos afectados por una gran plaga: la droga, el cultivo de coca. Esto, reconoce Emilio Archila, alto consejero para el Posconflicto en Colombia, está siendo la principal complicación para implementar los acuerdos de paz. Sin embargo, hay otro problema igual de preocupante: el régimen en Venezuela.

“Las consecuencias que tiene para nosotros que el usurpador Nicolás Maduro siga ahí son casi comparables a los descriptores para el narcotráfico que manejamos. El usurpador Maduro está fomentando el narcotráfico. El usurpador recibe al ELN en su territorio”, dice Archila a ALnavío en un acto en la Casa de América de Madrid.

“También tenemos la idea de que el régimen no sólo está apoyando el narcotráfico y el comercio ilegal de oro. Además, como esto tiene lugar en la frontera, se nos hace más complicado capturar y llevar ante la justicia a los delincuentes”, agrega.

Archila, funcionario del gobierno de Iván Duque, dice que todo lo anterior “agrava los contrabandos de gasolina y ganado en la frontera. “Todo esto nos hace un poco más difícil el trabajo de la implementación de la paz”.

Luego está el éxodo. Archila dice que esto está “presionando el sistema de educación y de salud de Colombia”. En Cúcuta, uno de los municipios afectados por las FARC y fronterizo con Venezuela, esta situación es bastante palpable y la prueba es “que ahí tenemos el desempleo más alto”.

Pese a todo, el funcionario insiste: “Ninguna de estas condiciones impedirá que nosotros sigamos recibiendo a los venezolanos. Pero ciertamente, si Maduro sigue ahí, todo se complica”.

Los documentos secretos de Venezuela sobre el ministro Tareck El Aissami por Nicholas Casey – The New York Times – 2 de Mayo 2019

Tareck El Aissami enn 2017. El Aissami, exvicepresidente y ahora ministro de Industrias, está imputado por cargos de narcotráfico en Estados Unidos. CreditCarlos Becerra/Agencia Anadolu vía Getty Images

Es uno de los líderes más poderosos del gobierno venezolano, un hombre de mano dura que ha reprimido protestas, ha enfrentado a rebeldes y ha sido una presencia constante al lado de Nicolás Maduro, el presidente autoritario del país.

Pero durante años, Tareck El Aissami, uno de los confidentes más cercanos de Maduro, también ha sido objeto de amplias investigaciones por parte del servicio venezolano de inteligencia sobre sus vínculos con el submundo criminal.

Según un archivo secreto recopilado por agentes venezolanos, El Aissami y sus familiares han ayudado a colar a militantes de Hezbolá en el país, han hecho negocios con un narcotraficante y han resguardado 140 toneladas de químicos que se cree fueron usados para la producción de cocaína, lo que ha contribuido a convertirlo en un hombre rico mientras el país se ha sumido en el caos.

Venezuela, cuya economía está destrozada y su población pasa hambre, se encuentra en medio de una lucha desesperada por el control del país. Los líderes opositores están llamando a un levantamiento mientras que las autoridades civiles y militares del chavismo se aferran al poder, y se han presentado unidos en lo que se considera como una demostración de fuerza contra las recientes protestas callejeras.

Pero los documentos ofrecen una rara oportunidad para ver cuán fragmentados y nerviosos se han vuelto los servicios de seguridad de la nación, particularmente sobre la corrupción en los niveles más altos del gobierno.

El Aissami, exvicepresidente que ahora es ministro de Industrias y Producción Nacional del gobierno de Maduro, ha estado durante mucho tiempo en la mira de las autoridades estadounidenses. Fue imputado en marzo en una corte federal en Manhattan y hace dos años el Departamento del Tesoro lo sancionó después de investigar las acusaciones en su contra por trabajar con narcotraficantes.

Él y Maduro han desestimado las acusaciones, que atribuyen a una guerra propagandística establecida por el gobierno de Donald Trump para tumbar al gobierno venezolano.

Sin embargo, la propia agencia de inteligencia venezolana —que El Aissami alguna vez dirigió— ha alertado incluso en más casos sobre El Aissami y su familia desde hace más de una década y recopiló esas alertas en un archivo de documentos, hallazgos de investigaciones y transcripciones de entrevistas con narcotraficantes.

El archivo, entregado a The New York Times por un exoficial venezolano de inteligencia de alto rango y cuyos contenidos fueron confirmados de manera independiente por otro exoficial, narra testimonios de informantes que acusan a El Aissami y a su padre de reclutar a miembros de Hezbolá para expandir el espionaje y las redes de narcotráfico en la región.

El Aissami con Nicolás Maduro (derecha) en una reunión sobre economía en Caracas, el año pasadoCreditMarco Bello/Reuters

Hezbolá es considerada una organización terrorista por Estados Unidos y funcionarios estadounidenses dijeron que desde hace tiempo tiene presencia en América del Sur, donde ha ayudado a lavar dinero del narcotráfico. En 2008, el Departamento del Tesoro sancionó a otro diplomático venezolano tras acusarlo de recaudar fondos para Hezbolá y de ayudar a sus integrantes a viajar hacia Venezuela.

De acuerdo con el expediente, El Aissami y su padre, Carlos Zaidan El Aissami —un migrante sirio que alguna vez trabajó con Hezbolá durante sus visitas a su país natal—, buscaron cómo introducir a Hezbolá en Venezuela.

Los informantes les dijeron a agentes de inteligencia que el padre de El Aissami estaba involucrado en un plan para capacitar a miembros de Hezbolá en Venezuela “con miras a expandir las redes de inteligencia en toda América Latina y al mismo tiempo trabajar en narcotráfico”, según los documentos.

Esa información indica que El Aissami ayudó a impulsar ese plan al utilizar su autoridad sobre los permisos de residencia para emitir documentos oficiales a militantes de Hezbolá, permitiéndoles quedarse en el país.

El archivo no especifica si Hezbolá logró establecer su red de inteligencia o rutas de drogas en Venezuela. Pero sí menciona que miembros de esa organización se establecieron en Venezuela con la ayuda de El Aissami.

El exvicepresidente y ministro también colaboró con el mundo criminal de otras maneras: los documentos afirman que su hermano, Feraz, hizo negocios con el narcotraficante más célebre de Venezuela, Walid “el Turco” Makled, y que tenía casi 45 millones de dólares guardados en cuentas bancarias suizas.

Los documentos también muestran que El Aissami tenía vínculos con el narcotraficante, al señalar que emitió grandes contratos públicos a una empresa vinculada a Makled.

Según el archivo, mientras el país se dirigía a un colapso económico que forzó a millones de personas a huir de Venezuela y que ha causado una grave escasez de alimentos y medicinas, El Aissami se volvió un hombre rico.

Enfrentamientos entre opositores del gobierno de Nicolás Maduro y tropas que lanzaron gas lacrimógeno en Caracas, el 30 de abril CreditFernando Llano/Associated Press

Los documentos muestran que El Aissami —con ayuda de un testaferro que es blanco de sanciones económicas estadounidenses— compró un banco en Estados Unidos, parte de una constructora, una participación accionaria en un centro comercial panameño, tierras pensadas para un complejo turístico de lujo y varios proyectos inmobiliarios en Venezuela, incluyendo una “mansión millonaria” para sus padres.

El Aissami no respondió a nuestras solicitudes por escrito para una entrevista y en Venezuela no ha sido acusado formalmente por cargos de narcotráfico ni corrupción.

Pero el 8 de marzo, Estados Unidos anunció su imputación contra El Aissami, lo que lo convierte en el segundo miembro del gabinete de Maduro acusado por narcotráfico.

Néstor Reverol, actual ministro del Interior, también está imputado. Y dos sobrinos de la primera dama, Cilia Flores, fueron condenados en 2017 a penas de dieciocho años en una prisión estadounidense por intentar traficar 800 kilogramos de cocaína.

Efraín Antonio Campo Flores (segundo de izquierda a derecha) y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la primera dama venezolana Cilia Flores, fueron arrestados en Haití en 2015.CreditProcuraduría de EE. UU. en Manhattan vía Reuters

El gobierno estadounidense dijo que El Aissami estaba muy involucrado con narcóticos cuando fue sancionado en 2017, por lo que congelaron sus bienes junto con los de su presunto testaferro, Samark López. Se dijo que el funcionario supervisaba o en parte era dueño de envíos de drogas de más de una tonelada, que administraba una red internacional de negocios para lavar el dinero obtenido de la venta de narcóticos y que se alió con Makled, el narcotraficante.

Sin embargo, los fiscales estadounidenses nunca revelaron las pruebas para su imputación.

Los memorandos del servicio de inteligencia venezolano que fueron revisados por The New York Times ofrecen los detalles más precisos, hasta ahora, sobre cómo una de las familias más poderosas de ese país construyó un imperio, al reconstruir una saga familiar que se extiende de Siria a Venezuela y del submundo de las drogas al círculo presidencial.

Una de las pistas condujo a un camino solitario cerca de la frontera de Venezuela con Brasil.

Un oficial de la Guardia Nacional Bolivariana que fue entrevistado sobre una redada de 2004 les dijo a los procuradores que había una serie de “almacenes en estado de decadencia, que lucían abandonados”. Pero los sitios no estaban vacíos.

Estaban siendo usados para almacenar químicos, incluyendo 140 toneladas métricas de urea, un precursor que se utiliza para hacer cocaína, según los documentos.

La urea es una sustancia de venta controlada en Venezuela y los documentos indican que los dueños de los almacenes no tenían cómo presentar las licencias para la compra. Un investigador policial les dijo a los procuradores que la urea supuestamente fue vendida para ser usada como fertilizante, pero esa explicación era sospechosa porque no hay actividades agrícolas en la región.

Y luego apareció el dueño de los químicos: Makled.

Walid Makled fue condenado a catorce años de prisión en 2015 por cargos de narcotráfico y lavado de dinero.CreditJose Miguel Gomez/Reuters

La redada fue el principio del fin para el narcotraficante venezolano, que Estados Unidos quiere extraditar. La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) empezó a consolidar los casos en contra de Makled por traficar drogas con ayuda de funcionarios de alto nivel. Makled fue capturado seis años después y en 2015 lo sentenciaron a catorce años de prisión en Venezuela por tráfico de drogas y lavado de dinero.

Pero aparentemente pasaron por alto a otro hombre clave en el caso: Haisam Alaisami, otro familiar de El Aissami y quien les dijo a los procuradores que era el representante legal de Makled Investments, la compañía del Turco. Dos personas que conocen a la familia identificaron a Alaisami como primo directo de Tareck El Aissami.

Alaisami no pudo dar más información sobre los posibles compradores de la urea y los investigadores derivaron el caso a la división de narcóticos de la agencia de criminalística y forense por “sospecha de contrabando”, según los documentos policiales que son parte del archivo.

Ni Makled ni Alaisami respondieron a solicitudes escritas para que hicieran declaraciones.

Alaisami tenía un familiar poderoso con El Aissami, quien se crio con él en Venezuela y con otros integrantes del clan que habían llegado desde Siria.

A medida que la investigación se fue moviendo por agencias estatales, El Aissami empezó a ascender en los círculos políticos de la izquierda de su país. Pasó de ser cercano al hermano del fallecido Hugo Chávez a ser legislador del Partido Socialista Unido de Venezuela y, en 2008, fue el ministro del Interior.

Ese año, una empresa subsidiaria de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) intervino en el caso: escribió una carta que decía que podía justificar los químicos encontrados en los almacenes.

En ese entonces no se presentaron cargos contra Makled ni Alaisami. Los documentos de los procuradores parecen mostrar que la urea incluso fue devuelta a Makled, quien aceleró su negocio de tráfico de drogas en Venezuela y en Colombia.

Otras ramas de la familia de El Aissami también buscaban hacer negocios con Makled.

En algún momento antes de 2010, Makled fue buscado por el hermano de El Aissami, Feraz, para que diera una suma considerable de dinero a una compañía de importaciones basada en Panamá, según el informe de inteligencia. El dinero sería usado para adquirir un tanque petrolero para usarlo como parte de un contrato con PDVSA.

Los hermanos El Aissami parecen haber estado muy involucrados en ese emprendimiento, según el informe. Feraz y un socio de negocios eran la imagen pública de la empresa mientras que Tareck, quien era ministro del Interior en ese entonces, firmó contratos públicos lucrativos con la empresa; entre ellos, uno que fue otorgado sin licitación para dar suministros al sistema carcelario de Venezuela, según el informe de inteligencia.

El Aissami Maiquetía, Venezuela, en marzo CreditYuri Cortéz/Agence France-Presse — Getty Images

Hubo otro hombre que generó sospechas respecto a la empresa de importaciones: López, el hombre que según los funcionarios estadounidenses actuó como testaferro de El Aissami en la red de tráfico de drogas.

El informe también incluye recibos bancarios de HSBC para cuentas vinculadas a Feraz, el hermano de El Aissami, por casi 45 millones de dólares; un dinero que el informe vincula a Makled, el narcotraficante.

HSBC cerró las cuentas de Feraz después de que Makled fuera arrestado por cargos de tráfico de drogas, de acuerdo con los documentos de inteligencia.

El archivo concluye con testimonios de informantes sobre los vínculos de la familia con Hezbolá, al detallar esfuerzos para reclutar a militantes que iban a establecer una red de tráfico de información y de drogas por América Latina.

Una de las fuentes para esa información fue el mismo Makled, quien describió cómo  El Aissami estaba involucrado en el plan, según un memorando de inteligencia.

Esa no es la única vez que El Aissami fue acusado de ayudar a Hezbolá o a Makled. Funcionarios estadounidenses, y algunos venezolanos, han hecho afirmaciones similares, aunque El Aissami ha negado tener vínculos con grupos militantes en el pasado, a pesar de los reportes periodísticos.

Pero los oficiales de inteligencia venezolanos sentían que tenían evidencia de lo contrario. El archivo termina con referencias a fotografías de personas que “pertenecen al grupo terrorista mencionado”.

 

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