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Venezuela, el país más peligroso del mundo por Miguel Henrique Otero – El Nacional – 2 de Diciembre 2018

Miguel Henrique Otero

El relato de cómo Venezuela se ha convertido en el país más peligroso del mundo es revelador: hace patente que la violencia múltiple es el resultado neto de la demolición sistemática de las instituciones, y que, en términos de la sociedad, nada tiene consecuencias tan veloces y letales como el acorralamiento y destrucción del Estado de Derecho.

La violencia verbal, que había disimulado durante su primera campaña electoral, comenzó a destaparse al poco tiempo de acceder al poder. A partir de 2002, grupos organizados comenzaron sus ataques a concentraciones y marchas pacíficas de opositores. Se crearon los colectivos, bandas armadas y politizadas, lideradas, en su mayoría, por delincuentes de amplio prontuario.

La politización del que era el Cuerpo Técnico de Policía Judicial no tardó en producirse. Lentamente comenzaron a erosionarse las capacidades profesionales de ese organismo policial, que fue modelo en toda América Latina, durante los años ochenta y parte de los noventa. Se entregó el control de las cárceles a incompetentes y corruptos. Se permitió que los centros penitenciarios se convirtieran en núcleos mafiosos que, protegidos por sus carceleros, manejaban y manejan redes de secuestradores, sicarios y distribuidores de drogas.

Un elemento fundamental, cuyas secuelas se proyectan hasta nuestros días, tiene su origen en los pactos que Chávez estableció con las narcoguerrillas de Colombia. Las regiones fronterizas de los estados Zulia, Táchira y Apure se abrieron para que los integrantes de estas bandas armadas dispusieran de zonas de alivio, con licencia para desarrollar, en territorio venezolano, algunos de sus negocios históricos: el narcotráfico, el secuestro, el robo de ganado y el contrabando.

El colapso de los tribunales; la venta de sentencias; el nombramiento como jueces o magistrados de personas con expedientes penales; la intervención de los cuerpos policiales, con el objetivo de someterlos a intereses políticos; la contratación de delincuentes como guardaespaldas, choferes y en cargos de seguridad; el establecimiento de políticas que permitieron y permiten que bandas armadas gestionen supuestos programas sociales en los barrios; el apoyo financiero y político que se presta, desde hace quince años a los mencionados colectivos; el estatuto de impunidad que se les ha garantizado a estos grupos y a delincuentes de toda índole; la multiplicación de mafias, con la participación de militares, en puertos, aeropuertos, carreteras y controles fronterizos; la corruptela extendida y generalizada en toda clase de trámites, que obliga a los ciudadanos a pagar coimas a cambio de autorizaciones y trámites a los que tienen derechos, todas estas son fuerzas que han ido alimentando un ambiente proclive a la violencia en todo el país.

Un elemento central, además, radica en los denunciados vínculos que grupos de militares y civiles mantienen con el narcotráfico. El caso de Francisco Flores y Efraín Campo revela cómo el poder ha venido haciendo uso, a su antojo, de los recursos y la autoridad del Estado, para delinquir. Como se ha informado, el hangar presidencial era el punto de salida previsto para el envío de 800 kilos de cocaína que, luego de una parada en Honduras y otra en Haití, seguirían rumbo a Estados Unidos.

El ataque que una facción del ELN, narcoguerrilla de Colombia, realizó en contra de miembros de la Guardia Nacional en el estado Amazonas, con saldo de 3 muertos y alrededor de 10 heridos, ha develado una penetración del territorio venezolano, producto de la complicidad y la omisión de los responsables de la seguridad y la soberanía del territorio venezolano. Diputados a la Asamblea Nacional han denunciado la presencia de narcoguerrilleros en ocho regiones, próximas o no a las fronteras.

En este marco de negligencia, de destrucción de la función pública, de desviación y robo de los recursos, de uso de las instituciones –Pdvsa es el summum de este señalamiento– para objetivos distintos a su naturaleza, constituyen el marco en el que actúa la delincuencia en Venezuela. Es tal la magnitud de la amenaza que pueblos y ciudades se vacían al caer la luz del día. Las actividades nocturnas han desaparecido. El empobrecimiento de las familias no se limita a las condiciones de hambre, de enfermedad, de escasez y de inmovilidad creciente –Venezuela es un país cada día con menos transporte–: también las familias han perdido el derecho al espacio público, ahora bajo el control de las bandas que circulan en las ciudades, buscando a quien secuestrar, robar o simplemente matar.

Hallaron campamento del ELN entre Lara y Falcón por Eleonora Delgado – El Nacional – 8 de Noviembre 2018

50.000 guerrilleros de grupos colombianos operan en el país, afirmó el coordinador de la Fundación Redes, Javier Tarazona

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Javier Tarazona, coordinador de la Fundación Redes -organización no gubernamental de defensa de derechos humanos- acudió a las oficinas de la Zona de Defensa Integral de Táchira para remitir un documento dirigido al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, en el que ratifica las investigaciones que dieron como base las denuncias realizadas ante las fiscalías, tanto de Colombia como de Venezuela, sobre la presencia y actuaciones de la guerrilla en suelo nacional.

El documento no fue recibido aunque la unidad forma parte de la REDI Los Andes, estructura que depende del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional, subordinado a la Presidencia de la República y Ministerio de la Defensa. Tarazona advirtió que el Ejército de Liberación Nacional de Colombia salió de la frontera para ocupar estados venezolanos.

“Son Zulia, Táchira, Apure, Bolívar y Amazonas. La presencia de la guerrilla también está en Mérida, Barinas, Portuguesa y en los últimos meses hemos podido constatar que en la Sierra de San Luis, entre los estados Lara y Falcón, hay integrantes del ELN como una mirada estratégica, geopolítica, para seguir sacando la minería ilegal a través de las islas de Curazao, Bonaire y Aruba, así como contrabandear gasolina y hacer uso de este canal para el narcotráfico”, dijo Tarazona.

Las primeras denuncias de la Fundación Redes dieron cuenta del reclutamiento de niños y adolescentes en precarias condiciones económicas, además del funcionamiento de estaciones de radio con planes de adoctrinamiento que, como su señal no ha sido bloqueada, ya suman cinco. Las últimas acusaciones dan cuenta de la entrega, por parte del ELN, de las cajas de comida del plan gubernamental CLAP en los estados Zulia, Táchira, Apure, Barinas, Amazonas y Bolívar.

Respecto al número de subversivos que estarían en Venezuela, Tarazona señaló que, de acuerdo con los monitoreos, hay aproximadamente 50.000 hombres operando en el país que pertenecen a los grupos guerrilleros colombianos.

“Con el agravante de que estas organizaciones se han oxigenado con el reclutamiento de niños, adolescentes, adultos y ancianos venezolanos. Podemos hablar de cuerpos armados muy grandes, con dotación militar de alta gama. Estamos ante una situación compleja porque ya ni la Fuerza Armada, por más poderío armamentístico que señale de boca tener, está logrando repeler a estos irregulares”, agregó.

Reveló que la injerencia de los subversivos es tal que en el estado Zulia, en la zona del Catatumbo, el comandante Eliézer, del ELN, se reúne con el gobernador y el alcalde “para distribuir la responsabilidad política de la zona”.

Tareck el Aissami se consolida como el cerebro de los negocios sucios del régimen de Maduro por Emili J. Blasco – ABC – 7 de Mayo 2018

Nicolás Maduro (derecha) y Tareck el Aissami se estrechan la mano en febrero de 2017
Nicolás Maduro (derecha) y Tareck el Aissami se estrechan la mano en febrero de 2017 – Reuters

El cargo de vicepresidente de Venezuela le ha permitido potenciar su actividad de narcotráfico y lavado de dinero, según distintos servicios de inteligencia

El vicepresidente de VenezuelaTareck el Aissami, se ha consolidado como el gran operador de negocios ilícitos del madurismo. En un país con una descomunal corrupción y donde los cargos gubernamentales se entregan muchas veces al enriquecimiento personal, El Aissami sobresale por la extensión de su estructura criminal.

Mano derecha de Nicolás Maduro, El Aissami domina una red que supera en complejidad la de Diosdado Cabello, de acuerdo con la información que están reuniendo varios servicios secretos occidentales.

A diferencia de Cabello, a quien ha sustituido como «número dos» del régimen, El Aissami no solo opera en el narcotráfico y el lavado de dinero, sino que además sigue ocupando un lugar clave en las relaciones con Hizbolá, como desde hace tiempo viene denunciando Estados Unidos.

Venezolano de origen sirio-libanés, El Aissami funciona a través de estrictos códigos familiares propios de su ascendencia drusa. En el clan ocupa un lugar destacado su hermano Feras. «Es la parte oculta en la estructura de negocios de Tareck, se encarga de ejecutar en su nombre muchas de las operaciones, desde las finanzas familiares hasta los negocios de sobornos y el ingreso en Venezuela de residentes de países árabes», afirman fuentes de inteligencia. Estrechamente colabora con ellos Omar Salha (y sus parientes más próximos), quien se encarga del manejo de las finanzas, administra cuentas bancarias y actúa de testaferro para diversas propiedades.

En esa última actividad también habría participado otro primo, Fady el Aissami, activo igualmente en el arreglo de contrataciones del Estado a empresas propias o amigas. Husam Al Aissami es dueño del grupo Vensir, del cual forma parte también Maja Madeleine el Aissami, hermana del vicepresidente.

Otra hermana, Haifa «Fufu», es embajadora ante los Países Bajos, donde ha cuidado las relaciones con la Corte Penal Internacional ante el riesgo de que se abra una causa contra Maduro y la cúpula chavista.

El método de lavado de dinero de El Aissami

La red adquiere productos que llegan a Panamá procedentes de China. De Panamá la mercancía es llevada a Puerto Cabello, en Venezuela, donde operan agentes de aduanas y empresas locales con vinculación con la familia El Aissami.

Las mercancías entran entonces en un mecanismo de reventa entre las empresas del grupo El Aissami. La estructura corporativa está compuesta por 38 empresas, entre las que hay entidades financieras, constructoras e intermediarias en el negocio petrolero; también cuenta con al menos 18 propiedades en el exterior.

Las empresas están organizadas sustancialmente en dos subgrupos. Así, los productos entran en un proceso de compra-venta entre Distribuidora Vensir y Almacén Unión (subgrupo A), o entre estas y La Bomba o Corporación del Dragón 2012 (subgrupo B).

«Con ello, se genera un circuito cerrado de autocompra de mercancía que permite fijar el precio en las operaciones de compra y venta, incluso maquillar a conveniencia los números, en la mayoría de los casos sobrefacturando, para así poder realizar mediante este método el blanqueo de capitales», afirman las fuentes consultadas. «También hay en ocasiones compra-venta de stocks a veces inexistentes, dando inicio al ingreso de activos ajenos a la actividad económica. Eso se complementa con la entrada en juego de instituciones financieras intermedias, como Equitas Casa de Bolsa, que es propiedad del grupo El Aissami», añaden.

Una conexión financiera con Hizbolá es la mantenida a través de la compañía Importadora Silvania, con sede en la ciudad venezolana de Valencia, gestionada por Ali Hussein Harb y Kassem Mohamed Saleh, ambos señalados por el Tesoro de Estados Unidos como miembros de la red Joumaa para el blanqueo de dinero procedente de la droga y destinado a Hizbolá. Las fuentes seguran que Tareck el Aissami mantiene habitual trato con al menos una de esas dos personas.

El grupo también es socio de empresas ubicadas en Oriente Próximo, entre ellas Abu Khader Automotive, una concesionaria de vehículos de alta gama, con representación exclusiva de BMW para Jordania.

Conexión temprana con el narco

La relación del clan familiar de El Aissami con la droga viene de lejos. Documentación obtenida por ABC muestra cómo el clan estuvo vinculado con Walid Makled cuando este venezolano de origen sirio pasaba por ser en 2004 el principal capo de la droga en Venezuela. Poco después Makled sería arrinconado en el negocio por la actividad directa de dirigentes chavistas, entre ellos el propio Tareck el Aissami.

Haisam Alaisami, familiar del hoy vicepresidente, fue representante legal de la empresa Inversiones Makled, la cual tenía un acuerdo con la estatal petroquímica Pequiven para la distribución exclusiva de fertilizantes, como es el caso de la urea, utilizada como precursor en la fabricación de cocaína.

En 2004 fue confiscada por agentes de aduanas una carga de 280 toneladas de urea y diversos sulfatos y cloruros en unos almacenes que Inversiones Makled tenía en Santa Elena de Uarien, en la frontera con Brasil, presuntamente preparadas para su contrabando. Las conexiones políticas y judiciales de la banda condujeron a la liberación de la mercancía, en cuyas gestiones intervino Haisam Alaisami.

A pesar de su detención en 2011, Walid Makled habría seguido operando desde la prisión. Cambiadas las tornas, ahora lo haría en la órbita de Tareck el Aissami.

 

EEUU impone sanciones al círculo cercano de Nicolás Maduro, incluyendo su esposa por Antonio Maria Delgado y Nora Gámez Torres – El Nuevo Herald – 25 de Septiembre 2018

EEUU impone sanciones al círculo cercano de Nicolás Maduro, incluyendo El Tesoro de Estados Unidos introdujo en su lista negra a Cilia Flores, esposa del gobernante venezolano Nicolás Maduro, incluyéndola así en su más reciente ola de sanciones contra integrantes claves del chavismo que también impactaron el martes a la vicepresidenta Delcy Rodríguez y a su hermano, Jorge Rodríguez.

La medida amplía la ya extensa lista de funcionarios del régimen bolivariano de Caracas sancionados por estar involucrados en actividades de corrupción y narcotráfico, violación de los derechos humanos o la sistemática destrucción de la democracia venezolana.

Entre los funcionarios castigados previamente figuran el propio Maduro y el número dos del chavismo, el presidente de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello.

Las sanciones aplicadas el martes también castigan al Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; al empresario venezolano Rafael Sarria, presunto testaferro de Cabello, y a una serie de compañías venezolanas. El Tesoro anunció adicionalmente la incautación de un jet ejecutivo Gulfstream G200.

“Actualmente estamos siendo testigos de una tragedia humana (…) en Venezuela. Más de dos millones de personas han escapado del sufrimiento infligido por el régimen socialista de Maduro y sus promotores cubanos”, manifestó el presidente Donald Trump en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, minutos antes del anuncio de las sanciones.

“No hace mucho, Venezuela era una de las naciones más ricas del planeta. Hoy, el socialismo ha quebrado a la nación petrolera y ha conducido al pueblo a la extrema pobreza”, agregó.

El Tesoro no brindó mayores detalles para explicar la decisión de incorporar a Flores en la lista de sancionados, más allá de identificarla como una integrante del círculo íntimo de Maduro, pero investigaciones realizadas por la Corte Federal en Miami han concluido que sus tres hijos estuvieron entre los grandes beneficiados de un esquema de corrupción que sustrajo hasta $1,200 millones de las arcas de Petróleos de Venezuela.

Según documentos introducidos por los fiscales que llevan el caso de lavado de dinero, los tres hijos de Flores —Yosser Gavídia Flores, Walter Gavídia Flores y Yoswal Gavídia Flores— habrían recibido al menos $200 millones del tramo inicial de la operación de $600 millones.

Con el anuncio del martes, todos los bienes y participaciones en bienes de las personas mencionadas que se encuentren en Estados Unidos, o los bienes en poder o bajo el control de personas estadounidenses, deberán ser inmobilizados y reportados a la OFAC. Las leyes prohíben a los estadounidenses o a cualquier persona dentro de Estados Unidos realizar transacciones con los activos de personas designadas en la lista negra.

Maduro, por su parte, deploró las sanciones.
“Nunca se había visto algo así, si ustedes quieren atacarme, atáquenme a mí pero no se metan con Cilia, no se metan con la familia, no sean cobardes (…) han sacado un decreto de sanciones contra Cilia, su único delito, ser mi esposa”, dijo Maduro durante un acto político con colombianos que viven en Venezuela.

El malestar del regimen también fue manifestado desde las Naciones Unidas por el canciller venezolano, Jorge Arreaza.

“¿Qué sentido puede tener sancionar a la primera dama? ¿Cuál es el límite del sentido de la ridiculez en su obsesión con Venezuela? ¿Se imaginan que un país venga a imponer sanciones a Melania? Es para reírse”, dijo Arreaza durante una conferencia de prensa. Es “algo insólito (…) grotesco (…) un anacronismo histórico”.

El canciller, quien está casado con una de las hijas del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, también críticó las declaraciones que Trump brindó después de reunirse esta semana con el presidente colombiano Iván Duque, en las que manifestó que no descarta totalmente que Estados Unidos esté considerando una opción militar en el caso de Venezuela.

Esas declaraciones “confirman que el intervencionismo de Estados Unidos es tan grosero que están de acuerdo con que haya golpe militar, que haya magnicidio, claro, como no son sus familiares los que van a morir, es muy fácil estar promoviendo violencia y el asesinato de los lideres de un país”, manifestó.

Al anunciar las medidas, el departamento del Tesoro dijo que el círculo interno de Maduro juega un papel clave en los esfuerzos por mantenerlo en el poder, mientras su régimen sistemáticamente saquea lo que queda de la riqueza en Venezuela”.

“Seguimos designando a los allegados que permiten a Maduro consolidar su poder sobre el ejército y el gobierno mientras el pueblo venezolano sufre (…) El Tesoro continuará imponiendo un costo financiero a los responsables del trágico declive de Venezuela, y a las redes de testaferros que usan para enmascarar su riqueza ilícita”, dijo el Secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin, en un comunicado.

Por su parte, el senador por Florida Marco Rubio, uno de las más influyentes voces en Washington sobre la política de Venezuela, celebró de inmediato la noticia.

“A medida que Nicolás Maduro y sus secuaces se enriquecen, están cometiendo crímenes de lesa humanidad, incluyendo el hambre forzada contra el pueblo venezolano para controlarlos políticamente”, manifestó el senador a través de un comunicado.

“Aplaudo la decisión de la administración Trump de ampliar las sanciones contra el régimen de Maduro, y creo que debemos hacer mucho más. Los Estados Unidos y sus aliados regionales deben aumentar los esfuerzos en conjunto para ayudar al pueblo venezolano a entrar en una era post-Maduro”, agregó.

La Oficina para el Control de Activos Financieros (OFAC) del Departamento del Tesoro, que ya había introducido a Maduro en su lista negra en julio del 2017, dijo que las designaciones del martes estaba dirigidas a funcionarios y ex funcionarios claves del chavismo que juegan un papel clave en mantener a Maduro en el poder.

El gobernante, acusado de destruir simultáneamente la democracia y la economía venezolana, depende de figuras ya sancionadas como Cabello y el ex vicepresidente Tarek El Aissami para controlar el corrupto aparato de represión que mantiene el control de la sociedad venezolana.

Pero Maduro también se mantiene en el poder con la ayuda de otro integrante de su círculo interno, el general Padrino López, quien encabeza el Ministerio de Defensa para garantizar la lealtad de los militares al régimen, dijo el Departamento del Tesoro en su comunicado.

En la estructura de poder, los hermanos Rodríguez, Delcy Eloína y Jorge Jesús, también juegan papeles clave desde altos cargos en el gobierno venezolano.

Al pronunciarse sobre Flores, el Departamento del Tesoro resaltó la larga lista de importantes cargos públicos ocupados por la esposa de Maduro, incluyendo la presidencia de la Asamblea Nacional, que le ha permitido colocar a personas allegadas a ella en puestos clave dentro del régimen.

 

Los costes de la crisis venezolana por Kenneth Rogoff – El País – 16 de Septiembre 2018

No es demasiado pronto para empezar a planear la reconstrucción para cuando el estado clientelar termine

Los costes de la crisis venezolana
La implosión del gran experimento de Venezuela con el socialismo “bolivariano” está creando una crisis humanitaria y de refugiados comparable a la de Europa en 2015. En autobús, en barco e incluso a pie por caminos peligrosos, cerca de un millón de venezolanos han huido solo a Colombia y se calcula que hay otros dos millones en otros países (en su mayoría vecinos).

Allí muchos terminan viviendo en condiciones desesperadamente inseguras, con poco alimento y ninguna medicina, y durmiendo donde pueden. Hasta ahora, no hay campos de refugiados de Naciones Unidas, solo una modesta ayuda de organizaciones religiosas y otras ONG. Cunden el hambre y la enfermedad.

En general, Colombia está haciendo lo mejor que puede por ayudar; da atención a los que acuden a los hospitales, y su voluminosa economía informal está absorbiendo a muchos refugiados como trabajadores. Pero con un PIB per capita que solo llega a unos 6.000 dólares (contra los 60.000 de Estados Unidos), los recursos de Colombia son limitados. Y el Gobierno también debe reintegrar urgentemente a unos 25.000 guerrilleros de las FARC y a sus familias, según lo estipulado por el acuerdo de paz firmado en 2016 que puso fin a medio siglo de cruenta guerra civil.

Los colombianos han sido comprensivos con sus vecinos, en parte porque muchos recuerdan que durante la insurgencia de las FARC y las narcoguerras relacionadas, Venezuela absorbió a cientos de miles de refugiados colombianos. Además, durante los años de bonanza en Venezuela, cuando el precio del petróleo era elevado y el régimen socialista todavía no había destruido la producción, varios millones de colombianos consiguieron trabajo en Venezuela.

Pero el reciente tsunami de refugiados venezolanos está creándole a Colombia problemas enormes, que trascienden los costes directos del mantenimiento del orden y la provisión de atención médica urgente y otros servicios. En particular, el ingreso de trabajadores venezolanos generó una importante presión a la baja sobre los salarios en la economía sumergida de Colombia (que incluye agricultura, servicios y pequeñas fábricas) justo cuando el Gobierno tenía esperanzas de subir el salario mínimo.

Con las primeras oleadas de venezolanos vinieron muchos trabajadores cualificados (por ejemplo, cocineros y conductores de limusina) con expectativas razonables de hallar empleo remunerado en poco tiempo. Pero los refugiados más recientes carecen en su mayoría de instrucción y capacitación, lo que complica los esfuerzos del Gobierno para mejorar la suerte de la propia población desfavorecida de Colombia.

Los problemas a largo plazo pueden ser incluso peores, ya que enfermedades que otrora estaban bajo control, como el sarampión y el sida, hacen estragos en la población de refugiados. Los dirigentes colombianos más previsores, incluido el nuevo presidente, Iván Duque, sostienen en privado que dispensar a los refugiados venezolanos un trato humano y digno beneficiará a Colombia en el largo plazo, cuando el régimen caiga y Venezuela vuelva a ser uno de los principales socios comerciales de Colombia. Pero nadie sabe cuándo ocurrirá eso.

Lo que sí se sabe es que tras muchos años de política económica desastrosa, iniciada en el mandato del difunto presidente Hugo Chávez y continuada con su sucesor, Nicolás Maduro, el régimen venezolano dilapidó una herencia que incluye algunas de las reservas comprobadas de petróleo más grandes del mundo. Los ingresos del país se redujeron en un tercio, la inflación va camino de llegar a un millón por ciento, y millones de personas padecen hambre en un país que debería ser razonablemente rico.

Aunque podría pensarse en una revolución, hasta ahora Maduro ha podido mantener al Ejército del lado del régimen, en parte dándole licencia para manejar un inmenso negocio de tráfico de drogas que exporta cocaína a todo el mundo, y en particular a Europa y Oriente Próximo. Y a diferencia del petróleo (sobre cuya exportación pesan inmensas deudas con China y otros acreedores), las drogas ilegales reportan a sus vendedores ganancias ilimitadas (salvo en los pocos casos de decomiso).

Por desgracia, muchos miembros de la izquierda en todo el mundo (por ejemplo, el líder de la oposición británica, Jeremy Corbyn) hicieron la vista gorda ante el desastre en gestación, tal vez por un impulso automático a defender a sus hermanos socialistas. O peor aún, tal vez creyeron realmente en el modelo económico chavista.

Demasiados economistas de izquierda (incluidos algunos que terminaron trabajando para la campaña presidencial de 2016 del senador Bernie Sanders en Estados Unidos) fueron partidarios incondicionales del régimen venezolano. También hubo cómplices oportunistas, incluido Goldman Sachs (que con su desacertada compra de bonos venezolanos sostuvo sus precios) y algunos de la derecha; por ejemplo, el comité a cargo de la ceremonia de asunción del presidente estadounidense Donald Trump, que aceptó una gran donación de Citgo, la filial estadounidense de Petróleos de Venezuela.

Hace poco, Maduro puso en marcha un plan absurdo para estabilizar la moneda, mediante la emisión de nuevos billetes supuestamente respaldados por la criptomoneda del Gobierno (que es como levantar un castillo de naipes sobre arenas movedizas). Sea que la nueva moneda funcione o no, es seguro que el Ejército venezolano seguirá usando billetes de cien dólares para sus operaciones.

En respuesta a las crisis interna y regional generadas por el régimen de Maduro, Estados Unidos implementó graves sanciones comerciales y financieras, y se dice que Trump propuso la idea de invadir Venezuela. Por supuesto, una intervención militar estadounidense sería una locura, e incluso los muchos Gobiernos latinoamericanos que ansían la caída del régimen jamás la apoyarían.

Pero Estados Unidos puede y debe enviar mucha más asistencia financiera y logística a los países vecinos para ayudarlos a hacer frente al enorme problema de los refugiados. Y no es demasiado pronto para empezar a planear la reconstrucción y la repatriación de los refugiados, para cuando la variedad venezolana del socialismo —o, más precisamente, del clientelismo basado en el petróleo y la cocaína— finalmente se termine.

Kenneth Rogoff, execonomista principal del FMI, es profesor de Economía y Políticas Públicas en la Universidad de Harvard.

Venezuela, the New Regional Crime Hub by Jeremy McDermott – The New York Times – 15 de Julio 2018

 

 

Mr. McDermott is the co-founder of InSight Crime, a foundation investigating organized crime in Latin America.

MEDELLÍN, Colombia — Venezuela has become a regional crime hub, with profound consequences for Latin America and beyond. And with another Nicolás Maduro term, the roots of organized crime in that country will spread further.

The Chavista regime is digging in. Politically, it survived the protests of 2017. The loyalty of the military ensured that President Maduro was able to bypass the opposition-controlled National Assembly, beat back protesters and stage a farcical presidential election in May, giving him six more years in office. The last fig leaf of democracy has fallen.

Mr. Maduro is now maintained by a regime with suspected deep criminal roots. He is surrounded by people involved in criminal activity, like Industry Minister Tareck El Aissami and Interior Minister Nestor Reverol, both the targets of United States sanctions. In May, Washington added Diosdado Cabello, president of the National Constituent Assembly and the strongman of the ruling United Socialist Party of Venezuela, to the sanctions list.

There is no clear-cut definition of what constitutes a mafia state, but the fact that organized crime touches the daily lives of every Venezuelan, and has penetrated the highest level of state institutions, easily qualifies Venezuela. The Maduro government engages in little bilateral or international cooperation in the fight against transnational organized crime and has prominent state officials facilitating and protecting criminal activity.

Three years ago, my foundation, InSight Crime, started collecting information on senior figures in the Venezuelan government involved in drug trafficking, the so-called Cartel of the Suns. The name came from the golden stars that the generals of the Bolivarian National Guard wear on their epaulets. The National Guard is responsible not only for internal security but also the frontiers, ports and airports, access to which every drug trafficker needs. It was the first institution to be systematically bribed by Colombian drug traffickers to allow cocaine shipments to transit Venezuela.

The first 20 names in our list were easy enough to find. Cross-referencing with files seized from the Revolutionary Armed Forces of Colombia, or FARC, consultations with international counternarcotics agencies and extensive field research in Venezuela ensured the dossiers on these individuals were soon bulging. We stopped opening new files when we hit 123 people sitting in senior positions in government in more than 12 state institutions. We ran out of manpower, not leads.

Cocaine is pouring into Venezuela from neighboring Colombia. Drug production has never been higher, and we estimate that Colombia is producing 921 tons of cocaine a year. In 2010, Venezuela was handling at least 200 tons of that. In the past, it was the Colombian cartels that ran this business, paying off Venezuelan officials. Now there is overwhelming evidence that the Venezuelans are directly participating. The 2016 conviction in the United States of two nephews of the Venezuelan first lady for cocaine trafficking is just the most obvious example of this.

Yet we found that drug trafficking was not the most lucrative illegal industry in Venezuela and that our targets had diverse criminal portfolios. Gasoline in Venezuela is the cheapest in the world. Smugglers who move it across the border into Colombia or Brazil can earn a greater markup than with a kilo of cocaine, and with minimal risk. Mr. Maduro closed the border with Colombia during stretches of 2015 and 2016 to “destroy the mafia.” This strengthened the Venezuelan military’s monopoly on fuel smuggling.

Venezuelan President Nicolas Maduro ordered the military to take control of popular markets including this one in Coche, a neighborhood of Caracas, in the midst of a severe shortage of food and medicine.

But the real money was being made, with no risk, though pillaging state coffers. With all transparency and accountability gone, with positions filled on the basis of political loyalty instead of ability or integrity, Venezuela has become a kleptocracy.

The linchpin of this kleptocracy is the artificial currency control system. Today one United States dollar on the black market is worth as much as 3.4 million Venezuelan bolívares. But those privileged with access to the official exchange rate can get a dollar for just 10 bolívares. It’s probably the most lucrative deal on the planet. In addition to catastrophic economic mismanagement, this has brought Venezuela, even with all its oil riches, to the brink of bankruptcy.

There is now little money left to steal from the state, yet the wheels of corruption still need to be greased. The military rank and file earn around the equivalent of less than $20 a month, while the minimum wage is around $1.50 a month. Because everyone has to be on the take to survive, Mr. Maduro has made every Venezuelan an unwilling participant in the criminal economy. If Venezuelans want food and medicine, they must resort to the black markets; they must feed the corruption that permeates every organ of the state and every aspect of their daily lives.

The military now oversees food and medicine distribution. This may keep it loyal for a while yet, but the model is not sustainable. Drug trafficking is the main growth industry in Venezuela, followed by illegal gold mining. Cocaine may well become the lubricant that keeps the wheels of corruption moving in Mr. Maduro’s Venezuela.

This situation is affecting Venezuela’s neighbors. Central America, particularly Honduras and Guatemala, is the landing strip for an air bridge shipping cocaine from Venezuela. The Dominican Republic is the destination for drug boats streaking across the Caribbean from the Venezuelan coast.

Aruba and Trinidad and Tobago have become contraband centers. Cheap Venezuelan gasoline gushes across the Colombian and Brazilian borders. And over a million Venezuelans have fled their collapsing country in the last 12 months. Many of these are desperate people, sick and hungry. They will work for a hot meal. They are being exploited and recruited by organized crime.

Isolated and broke, President Maduro has surrounded himself with figures involved in criminal activity, and as long as he remains in power the criminal credentials of the government will get only stronger.

Venezuela cannot work to contain organized crime, as the very security forces that should be deployed against it run much of the business. Mr. Maduro, even if he wanted to, could not cut out the cancer of corruption and organized crime as these are the very elements that keep him in power.

And for the international community there is little room for maneuvering. Mr. Maduro is not a reliable partner in any fight against organized crime and he has helped turned Venezuela into a haven for criminal activity.

Jeremy McDermott is a former British Army officer and the co-director of InSight Crime.

Narcotráfico en Latinoamerica – ONU – Junio 2018

Según datos aportados por la  ONU, DEA y otras instituciones , el turnover del narcotráfico desde México, Colombia y Venezuela alcanza la cifra anual de  US $ 350.000 MM

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Cleptocracia y cacocracia por Moisés Naím – El País – 3 de Junio 2018

ekcn7iBy_400x400Mientras el mundo se desgañita debatiendo sobre socialismo, capitalismo, independentismo, populismo y otros “ismos”, los ladrones y los ineptos están tomándose cada vez más gobiernos. Ladrones en el poder los ha habido siempre y gobernantes incompetentes también. Pero, en estos tiempos, la criminalidad de algunos jefes de Estado ha alcanzado niveles dignos de los tiranos de la antigüedad. Y las consecuencias de la ineptitud de quienes mandan se ven ahora amplificadas por la globalización, la tecnología, la complejidad de la sociedad, así como por la velocidad con la que suceden las cosas.

Ya no estamos hablando solo de la corrupción “usual”; la del ministro que cobra una comisión por la compra de armas o por otorgar a dedo el contrato para construir una carretera. Ni de un caso aislado en el cual el más tonto de la clase llega, para sorpresa de sus antiguos compañeros, a ser presidente.

No; en el caso de la cleptocracia se trata más bien de conductas criminales que no son individuales, oportunistas y esporádicas sino colectivas, sistemáticas, estratégicas y permanentes. No es el caso de uno o más individuos deshonestos que se aprovechan de su cargo público para hacer ocasionalmente un negocio sucio. Se trata, más bien, de un sistema en el cual todo el liderazgo de un gobierno es cómplice y se organiza de manera deliberada para enriquecerse –y usar las fortunas acumuladas para perpetuarse en el poder–. Para los cleptócratas el bien común y las necesidades de la población son objetivos secundarios y solo merecen atención cuando están al servicio de lo más importante: engordar sus fortunas y seguir mandando.

El caso de los tontos en el poder es algo distinto. Las cacocracias proliferan en sistemas políticos degradados y caóticos que repelen a los talentosos y les abren paso a los ciudadanos menos preparados y más ineptos. Obviamente es posible que a veces se combinen los dos y el gobierno no solo sea criminal sino también incompetente. Cuando coinciden, la cleptocracia y la cacocracia se refuerzan entre sí.

Un ejemplo que ilustra la conducta de gobiernos cleptócratas lo ofrece el respetado periodista brasileño Leonardo Coutinho. Recientemente, Coutinho reportó el testimonio de Marco Antonio Rocha, un oficial de la aviación boliviana que reveló el tráfico de grandes volúmenes de cocaína de Bolivia a Venezuela y a Cuba. Cuenta Rocha que semanalmente debía pilotar un avión desde La Paz hasta Caracas y La Habana cargado con las “maletas diplomáticas”, entregadas por los agregados militares de la Embajada de Venezuela en La Paz. Solo que en este caso no eran ni maletas ni llevaban documentos diplomáticos. Eran enormes bultos que contenían 500 kilos de cocaína. Una operación de este tipo requiere la complicidad de los más altos niveles de gobierno de al menos tres países. Esta no es solo la historia de una operación más de narcotraficantes, sino que también revela las actividades de una alianza de gobiernos cleptocráticos. El recién depuesto primer ministro de Malasia, Najib Razak, ha sido acusado de haber organizado un sistema financiero que le permitió pasar 42.000 millones de dólares de cuentas públicas a las cuentas privadas controladas por sus familiares y cómplices. En Brasil, el escándalo conocido como Lava Jato reveló una vasta, sofisticada y permanente red de corrupción que involucró durante años a centenares de los más poderosos políticos, gobernantes y empresarios del país.

Un error común es suponer que las cleptocracias solo se dan en los países más pobres y subdesarrollados. Rusia es un buen ejemplo de un país avanzado cuyo gobierno muestra claros signos de ser una cleptocracia. Los ex agentes secretos de la KGB convertidos en oligarcas cuyas enormes empresas trabajan de la mano del Kremlin son un pilar fundamental de la cleptocracia que gobierna al país. En un testimonio ante el senado de Estados Unidos en 2017, Bill Bowder, empresario de vasta experiencia en Rusia y acérrimo crítico de su gobierno afirmó que “Putin se ha hecho el hombre más rico del mundo y su fortuna alcanza a los 200.000 millones de dólares.”

Es también un error pensar que solo en países con instituciones débiles y sistemas políticos inmaduros pueden llegar a ocupar las posiciones más importantes del gobierno personas que no tienen la capacidad y la preparación necesaria. Lo que estamos viendo en países con una larga tradición democrática en Europa y también en Estados Unidos muestra que ningún país es inmune a la cacocracia.

En Estados Unidos, la búsqueda por Internet del significado de esta palabra ha tenido un enorme auge desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

Como buenos prestidigitadores, los cleptócratas saben cómo distraernos de sus fechorías y los cacócratas de su incapacidad. Lo hacen hablándonos de sus ideologías y atacando a las de sus rivales. Mientras nosotros vemos y participamos en estos torneos ideológicos, ellos roban. O tontean.

 

Este es el largo prontuario de Diosdado Cabello en EEUU tras ser sancionado por narcotráfico y lavado por Antonio Maria Delgado – El Nuevo Herald – 18 de Mayo 2018

El gobierno de Estados Unidos sancionó el viernes al dirigente chavista Diosdado Cabello por lavado de dinero, contrabando de minerales y narcotráfico, propinando un duro golpe a uno de los principales pilares del régimen de Nicolás Maduro.

Cabello, quien fuera el principal rival de Maduro dentro del chavismo hasta que el gobernante forjó sus propias líneas de comunicación con las fuerzas armadas, es acompañado por su hermano, José David y por su esposa Marleny Josefina Contreras en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro, medida que en esencia congela cualquier activo que podrían tener dentro de la jurisdicción estadounidense.

“Además de lavado de dinero y de las exportaciones ilegales de minerales, Cabello también está directamente involucrado en actividades de narcotráfico”, dijo el Tesoro de EEUU en un comunicado.

“Trabajando con el actual vicepresidente ejecutivo venezolano Tareck El Aissami, a quien la OFAC designó de conformidad con la Ley Kingpin el 13 de febrero de 2017, Cabello organiza los envíos de droga que se trasladan desde Venezuela a través de la República Dominicana y luego a Europa”, agregó.

El comunicado también acusa a Maduro de recibir directamente dinero del narcotráfico.

“Cabello, junto con el presidente Maduro y otros, dividieron las ganancias de esos envíos de narcóticos”, dijo.

Entre los sancionados también se encuentra Rafael Sarría, un empresario vinculado a Cabello, a quien se le han identificado extensas propiedades en el Sur de Florida.

La inclusión de Cabello en la lista era largamente esperada y la demora en ser anunciada había comenzado a llamar la atención entre los observadores de la situación en el país petrolero.

Según versiones brindadas a la agencia antidroga estadounidense (DEA) por Leamsy Salazar, ex jefe de seguridad de Cabello, el dirigente chavista es el verdadero jefe del Cartel de Los Soles, organización criminal que controla gran parte del narcotráfico en Venezuela.

El departamento del Tesoro señaló que Cabello es frecuentemente descrito como el segundo hombre más poderoso en Venezuela y resaltó que ha ocupado importantes posiciones de liderazgo dentro del gobierno venezolano.

“Cabello ha abusado de estas posiciones influyentes para fomentar sus actividades ilícitas y corruptas, así como para controlar y ejercer control sobre agencias gubernamentales, funcionarios y oficiales militares en Venezuela, incluyendo el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC ), y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)”, resaltó el comunicado.

Cabello ha afianzado una red de personas leales al decidir quién es ascendido dentro de organismos estatales, incluyendo el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Obras Públicas.

Cabello utilizó esa red de influencia para beneficiarse personalmente a través de operaciones de extorsión, lavado de dinero y malversación de fondos, dijo el gobierno estadounidense.

Para mayo del 2017, Cabello había llevado a cabo una cantidad significativa de negocios ilícitos con otros funcionarios, incluyendo al ex gobernador del estado Bolívar, Francisco José Rangel Gómez (Rangel Gómez), quien ya había sido sancionado por la OFAC.

Según las investigaciones estadounidenses, Cabello y sus asociados lavaron dinero sucio obtenido a través de la malversación de fondos y de las operaciones de narcotráfico, utilizando en algunas de estas operaciones propiedades de bienes raíces, incluyendo edificios residenciales y centros comerciales.

Por otro lado, Cabello y Rangel Gómez unieron fuerzas para explotar ilegalmente minas venezolanas y exportar hierro a través de la firma Ferrominera del Orinoco, una subsidiaria del conglomerado estatal Corporación Venezolana de Guyana.

Aunque Ferrominera es un negocio legítimo, Cabello y sus socios controlaban a funcionarios dentro de la empresa, que les permitía extraer y exportar el hierro.

De la misma manera, los funcionarios venezolanos utilizaron las empresas estatales Venezolana de Aluminio (Venalum) y Aluminios Nacionales S.A. (Alunasa), para lavar dinero en Costa Rica y Rusia, señaló el comunicado.

El presidente de Venalum y otros funcionarios se dedicaron al tráfico de drogas y al lavado de dinero, utilizando a Venalum como la fachada para las operaciones.

Bajo la dirección de Rangel Gómez, en su calidad de gobernador del estado de Bolívar, Venalum utilizó embarcaciones para mover minerales y lavar dinero a través de Panamá a la sucursal costarricense de Alunasa.

Cabello ordenó al ejército venezolano que colocara a varios empleados de Alunasa en Costa Rica para supervisar la operación.

Cabello también es el jefe de Pedro Luis Martin Olivares, quien ya había sido incluido en la lista negra del Tesoro. Cabello y Martin trabajaron juntos a finales del 2016 para trasladar dinero ilícito a Panamá, la República Dominicana y las Bahamas.

Las investigaciones también apuntan a que Cabello también se dedicaba a confiscar droga de pequeños narcotraficantes para luego juntar esos cargamentos y exportalos a través de un aeropuerto estatal.

Para poder identificar a sus competidores, Cabello le exigía al aparato burocrático del país información sobre personas adineradas que habían realizado grandes compras, para identificar quiénes vendían droga o lavaban dinero.

Asimismo, el departamento del Tesoro resaltó el importante papel que juega en la organización criminal de Cabello su hermano José David Cabello Rondón, quien actualmente se desempeña dentro del régimen como Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, entidad encargada de cobrar los impuestos en Venezuela.

“José David ha utilizado su posición como jefe de la agencia venezolana de impuestos y de aduanas para extorsionar dinero de los venezolanos para beneficio personal. A fines del 2017, [Diosdado] Cabello, en su rol de Primer Vicepresidente Ejecutivo del PSUV [partido de gobierno], y José David como Jefe del SENIAT, fueron los principales beneficiarios de los esquemas de extorsión contra empresas privadas nacionales y extranjeras”, denunció el ministerio estadounidense.

“Los hermanos compartieron un porcentaje de las ganancias de extorsión con otros ministros y funcionarios en el círculo interno de Maduro. Un esquema típico de extorsión involucraba a funcionarios del SENIAT que auditaban un negocio e identificaban irregularidades tanto reales como falsas”, agregó.

Según el Tesoro de EEUU, funcionarios del SENIAT bajo órdenes de José David tenían la práctica de amenazar a las empresas con la imposición de elevadas multas, salvo que se comprometieran a pagar comisiones a los funcionarios a cambio de recibir multas más pequeñas.

Las compañías luego pasarían a registrar en sus libros esos sobornos como transacciones comerciales.

Más recientemente, los funcionarios del SENIAT adoptaron la práctica de solicitar que los sobornos fuesen depositados en cuentas bancarias temporales establecidas específicamente para reducir el riesgo de sanciones financieras impuestas por Estados Unidos contra altos funcionarios del chavismo y para evitar un mayor escrutinio de las cuentas bancarias extranjeras.

 

Tareck el Aissami se consolida como el cerebro de los negocios sucios del régimen de Maduro por Emili J. Blasco – ABC – 7 de Mayo 2018

El cargo de vicepresidente de Venezuela le ha permitido potenciar su actividad de narcotráfico y lavado de dinero, según distintos servicios de inteligencia

eyJpdSI6IjY0YjIwOTkxZDY0NzE3MTdhNmE1Y2M3ZWYxZTI2YTY2NGY4ZjI0NzY0MzBiNzUxM2M1YTBkMjRmMTJkMWJlY2UiLCJ3Ijo1MjUsImgiOjMzMCwiZCI6MS41LCJjcyI6MCwiZiI6MH0.jpgEl vicepresidente de Venezuela, Tareck el Aissami, se ha consolidado como el gran operador de negocios ilícitos del madurismo. En un país con una descomunal corrupción y donde los cargos gubernamentales se entregan muchas veces al enriquecimiento personal, El Aissami sobresale por la extensión de su estructura criminal.

Mano derecha de Nicolás Maduro, El Aissami domina una red que supera en complejidad la de Diosdado Cabello, de acuerdo con la información que están reuniendo varios servicios secretos occidentales.

A diferencia de Cabello, a quien ha sustituido como «número dos» del régimen, El Aissami no solo opera en el narcotráfico y el lavado de dinero, sino que además sigue ocupando un lugar clave en las relaciones con Hizbolá, como desde hace tiempo viene denunciando Estados Unidos.

Venezolano de origen sirio-libanés, El Aissami funciona a través de estrictos códigos familiares propios de su ascendencia drusa. En el clan ocupa un lugar destacado su hermano Feras. «Es la parte oculta en la estructura de negocios de Tareck, se encarga de ejecutar en su nombre muchas de las operaciones, desde las finanzas familiares hasta los negocios de sobornos y el ingreso en Venezuela de residentes de países árabes», afirman fuentes de inteligencia. Estrechamente colabora con ellos Omar Salha (y sus parientes más próximos), quien se encarga del manejo de las finanzas, administra cuentas bancarias y actúa de testaferro para diversas propiedades.

Otra pieza fundamental en la red es Husam el Aissami, primo del vicepresidente, quien lleva años como consejero de la Embajada de Venezuela en Jordania. Ha estado involucrado en el reparto de visados y pasaportes a personas vinculadas a Hizbolá y presuntamente se ocupa del traslado de fondos hacia Siria y Líbano.

En esa última actividad también habría participado otro primo, Fady el Aissami, activo igualmente en el arreglo de contrataciones del Estado a empresas propias o amigas. Husam Al Aissami es dueño del grupo Vensir, del cual forma parte también Maja Madeleine el Aissami, hermana del vicepresidente.

Otra hermana, Haifa «Fufu», es embajadora ante los Países Bajos, donde ha cuidado las relaciones con la Corte Penal Internacional ante el riesgo de que se abra una causa contra Maduro y la cúpula chavista.

El método de lavado de dinero de El Aissami

La red adquiere productos que llegan a Panamá procedentes de China. De Panamá la mercancía es llevada a Puerto Cabello, en Venezuela, donde operan agentes de aduanas y empresas locales con vinculación con la familia El Aissami.

Las mercancías entran entonces en un mecanismo de reventa entre las empresas del grupo El Aissami. La estructura corporativa está compuesta por 38 empresas, entre las que hay entidades financieras, constructoras e intermediarias en el negocio petrolero; también cuenta con al menos 18 propiedades en el exterior.

Las empresas están organizadas sustancialmente en dos subgrupos. Así, los productos entran en un proceso de compra-venta entre Distribuidora Vensir y Almacén Unión (subgrupo A), o entre estas y La Bomba o Corporación del Dragón 2012 (subgrupo B).

«Con ello, se genera un circuito cerrado de autocompra de mercancía que permite fijar el precio en las operaciones de compra y venta, incluso maquillar a conveniencia los números, en la mayoría de los casos sobrefacturando, para así poder realizar mediante este método el blanqueo de capitales», afirman las fuentes consultadas. «También hay en ocasiones compra-venta de stocks a veces inexistentes, dando inicio al ingreso de activos ajenos a la actividad económica. Eso se complementa con la entrada en juego de instituciones financieras intermedias, como Equitas Casa de Bolsa, que es propiedad del grupo El Aissami», añaden.

Una conexión financiera con Hizbolá es la mantenida a través de la compañía Importadora Silvania, con sede en la ciudad venezolana de Valencia, gestionada por Ali Hussein Harb y Kassem Mohamed Saleh, ambos señalados por el Tesoro de Estados Unidos como miembros de la red Joumaa para el blanqueo de dinero procedente de la droga y destinado a Hizbolá. Las fuentes seguran que Tareck el Aissami mantiene habitual trato con al menos una de esas dos personas.

El grupo también es socio de empresas ubicadas en Oriente Próximo, entre ellas Abu Khader Automotive, una concesionaria de vehículos de alta gama, con representación exclusiva de BMW para Jordania.

Conexión temprana con el narco

La relación del clan familiar de El Aissami con la droga viene de lejos. Documentación obtenida por ABC muestra cómo el clan estuvo vinculado con Walid Makled cuando este venezolano de origen sirio pasaba por ser en 2004 el principal capo de la droga en Venezuela. Poco después Makled sería arrinconado en el negocio por la actividad directa de dirigentes chavistas, entre ellos el propio Tareck el Aissami.

Haisam Alaisami, familiar del hoy vicepresidente, fue representante legal de la empresa Inversiones Makled, la cual tenía un acuerdo con la estatal petroquímica Pequiven para la distribución exclusiva de fertilizantes, como es el caso de la urea, utilizada como precursor en la fabricación de cocaína.

En 2004 fue confiscada por agentes de aduanas una carga de 280 toneladas de urea y diversos sulfatos y cloruros en unos almacenes que Inversiones Makled tenía en Santa Elena de Uarien, en la frontera con Brasil, presuntamente preparadas para su contrabando. Las conexiones políticas y judiciales de la banda condujeron a la liberación de la mercancía, en cuyas gestiones intervino Haisam Alaisami.

A pesar de su detención en 2011, Walid Makled habría seguido operando desde la prisión. Cambiadas las tornas, ahora lo haría en la órbita de Tareck el Aissami.

 

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