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16 países rastrearán bienes de venezolanos corruptos – 2001.com.ve – 19 de Abril 2018

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Estados Unidos acordó con 15 naciones fortalecer la cooperación para localizar y decomisar bienes de funcionarios venezolanos acusados de corrupción, dijeron el jueves dos integrantes del Departamento del Tesoro.

Los funcionarios conversaron con The Associated Press con la condición de permanecer anónimos porque la decisión se adoptó durante una reunión privada celebrada en la sede del Fondo Monetario Internacional.

Además de Estados Unidos, los otros países que participaron del encuentro fueron Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, España, Francia, Guatemala, Italia, Japón, México, Panamá, Paraguay, Perú y el Reino Unido.

“Acciones concretas son necesarias para evitar que funcionarios venezolanos corruptos y sus redes de apoyo abusen del sistema financiero internacional”, dijo en un comunicado el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, tras la reunión.

La meta es rastrear bienes ilícitos venezolanos para incautarlos y posteriormente devolverlos al pueblo venezolano una vez que Nicolás Maduro ya no esté en el poder.

También se desea evitar que un gobierno quebrado liquide activos valiosos en el extranjero como refinerías y la empresa petrolera Citgo en su búsqueda de dinero fresco que le permita mantenerse en el poder.

El ministro panameño de Finanzas, Dulcidio De La Guardia, dijo a reporteros después de la reunión que “la decisión en relación a incautar bienes es una decisión de los sistemas judiciales de cada país. En el caso panameño el Ejecutivo no tiene autoridad para hacer incautaciones de bienes. Esa autoridad únicamente la tiene el Ministerio Público”.

Mnuchin indicó que los países evaluaron cómo Maduro se ha negado a recibir ayuda humanitaria internacional y emplea la distribución de alimentos como un elemento de control social.

Washington ha impuesto sanciones a docenas de funcionarios venezolanos, incluido el vicepresidente Tareck El Aissami, por su supuesta participación en el narcotráfico.

El encuentro tuvo lugar mientras la nación sudamericana atraviesa una crisis humanitaria que ha provocado un agudo éxodo de venezolanos a otros países.

Las naciones también acordaron afinar las herramientas para asistir a Venezuela cuando cuente con un gobierno que tenga el apoyo de la comunidad internacional.

Maduro buscará la reelección el mes próximo en unos comicios rechazados por la oposición y varios países de la región por considerar que favorecen injustamente al gobierno.

“Los acreedores, privados o públicos, que brinden financiamiento nuevo al régimen de Maduro le están prestando a un gobierno sin legitimidad para endeudarse en nombre de Venezuela”, agregó Mnuchin.

El FMI pronosticó esta semana que este año Venezuela será la única nación del continente en rojo pese a la recuperación de los precios del petróleo, con una contracción estimada de 15% y de 6% en 2018 y una tasa de inflación que podría sobrepasar el 13.000%.

El gobierno venezolano y la petrolera estatal PDVSA se han retrasado en el pago de deuda pero acreedores por más de 60.000 millones de dólares aún no han interpuesto demandas, tal vez con la esperanza de que los papeles recuperen valor si llega al poder algún gobierno proclive al sector privado.

 

Maduro bajo la amenaza de una intervención humanitaria por Manuel Malaver – Noticiero Digital – 25 de Marzo 2018

manuelmalaver.jpgUna forma de intervención militar extranjera ocurrirá en Venezuela en los próximos meses y no hay dudas que se hará bajo la modalidad de una intervención humanitaria.Pienso que normada en la doctrina que la ONU sentó para la región cuando Haití rodó por el caos después del golpe de estado contra Jean-Bertrand Aristidi el 29 de febrero del 2004, y una fuerza multilateral, la Minustah (Misión de Estabilización de la ONU en Haiti) e integrada, principalmente, por Estados Unidos, Francia, Canadá y Chile, pasó a ser la responsable del proceso de restablecimiento de la vida democrática en el país de Petión que duró 10 años.Es bueno subrayar que “caos político” no es equivalente a “crisis humanitaria”, si bien sus efectos letales sobre la producción y distribución de los bienes de primera necesidad, concluyen en atribuirle una inevitable similitud.Aún más, una crisis humanitaria desencadenada por razones políticas, como serían las de gobiernos interesados en alguna suerte de limpieza étnica, ideológica, partidista o religiosa, puede transcurir en perfecto orden, pero en este caso el “orden” es parte de la crisis humanitaria y no puede alegarse para no tener judicialmente la misma calificación y condena.

No es el caso de la Venezuela del régimen dictatorial y socialista de Maduro, donde caos y crisis humanitaria van de la mano, son consustanciales y ello allanaría el camino para arribar a las definiciones y precisiones jurídicas que son imprescindibles para que la ONU repita en Venezuela la experiencia de Haití.

Aunque, lo más seguro, es que en la situación de Venezuela y su caos político y crisis humanitaria, tal misión sea puesta en manos de la OEA que, en la vocería de su Secretario General, Luis Almagro y de gobiernos como los de Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Argentina y Brasil, sería el organismo llamado a poner fin a la tragedia y devolver el país a la normalidad.

No debe descartarse, sin embargo, una intervención humanitaria unilateral o bilateral, en caso de que fracase la multilateral -sea de la ONU o de la OEA-, y no hay dudas que la misma puede llegar por una decisión del gobierno de los Estados Unidos que preside Donald Trump, o del colombiano que ya estará en manos del actual candidato a la presidencia, Iván Duque, para mediados de mayo, ciudadanos con sobradas razones para querellarse con un régimen que no esconde sus preferencias -a la hora de buscarse enemigos-, por los presidentes de los países con las democracias más viejas del continente.

En lo que se refiere a los Estados Unidos, no debe olvidarse que fue el primer país de América en colocarle la etiqueta de “dictadura” al gobierno de Maduro, de acusarlo de violaciones de los derechos humanos, de ser pieza clave del narcotráfico internacional y aliado del terrorismo islámico, haciéndolo objeto de sanciones que van, desde prohibirles el ingreso a sus funcionarios, hasta congelarles los activos, pasando por juzgarlos en tribunales por causas relacionadas con la corrupción y el narcotráfico.
Pero lo más grave es que el presidente Barack Omaba había declarado en un decreto que firmó el 9 marzo del 2015, que el gobierno de Maduro “es una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos” y que pasaba a tenerlo entre sus objetivos políticos y militares”, declaración que acaba de ser ratificada por la Administración Trump.

En cuanto a Colombia, puede señalarse como el primer país de la región en sufrir las consecuencias del éxodo masivo de venezolanos a su territorio, que ya pasa del millón de personas, así como de ser objetivo de ataques de guerrilleros desmovilizados de las FARC y ELN que Maduro usa para hostigar a tropas colombianas destacadas en la frontera.
En otras palabras que, las intervenciones de un país (o grupo de países) extranjeros a un país soberano del continente no son inusuales ni remotas, si bien hay que entender su complejidad legal después que la Carta de la ONU sacralizó el principio de soberanía nacional que trató de evitar que los países más fuertes hicieran tabula rasa con la independencia de los débiles.

El problema con la “soberanía nacional” es que “gobiernos fuertes” de “países débiles”, pueden usarla a su antojo para oprimir y esclavizar a las poblaciones de sus propios países, perpetrando gigantescas violaciones de los derechos humanos, arrasando con cualquier vestigio de libertad, democracia y constitucionalidad y, todo bajo el alegato de que ningún poder extraterritorial (sean gobiernos o multilaterales) pueden violar su sacrosanta soberanía.

Argucia que resultó particularmente criminal cuando el comunismo soviético se impuso, de hecho, como un poder mundial y global, gobernó como una internacional del crimen e invadía naciones bajo el principio del “Internacionalismo proletario”, pero no permitía que gobiernos democráticos se solidarizaran con los invadidos en aplicación de la doctrina de la soberanía nacional.

Así cayeron Cuba, Cambodia, Laos, Nicaragua, Etiopía y Afganistán, países que pasaron a sufrir los horrores que antes habían vivido la Unión Soviética, China, Corea del Norte, y los países del Este de Europa, pero que fueron dejados en las garras de sectas de fanáticos desequilibrados y desintegrados que cometieron y cometen crímenes bajo una impunidad atroz, pero que el mundo civilizado no se atrevía ni a protestar, ni a ponerle fin.

Y así piensan Maduro y sus genocidas -Cabello, Padrino López, Reverol, los hermanos Rodríguez, Bernal, y demás terroristas, narcotraficantes y afines que los secundan-, que sucederá con Venezuela, pues siempre podrá favorecerlos el principio de inviolabilidad de la soberanía nacional, o si no, que no se logren los consensos, unamidad o mayoría absoluta para que el pueblo venezolano no sea desterrado de la civilidad, la libertad, la democracia y el progreso porque unos rendentores quiere mantenerlos para siempre en los predios del “Buen Salvaje”.

Pero le advertiría a Maduro y sus secuaces que, tal como se lee en El Quijote”: “En los nidos de antaño, no hay pájaros de hogaño”, que el comunismo soviético desapareció hace casi tres décadas, que su imperio conocido como el sistema socialista fue arrasado al extremo de que solo dos países, Cuba y Corea del Norte, lo mantienen como en una suerte de museo de cera del horror, y que la democracia constitucional con sus principios de independencia de los poderes y alternabilidad en el gobierno, rigen en el 90 por ciento de las naciones del globo.

Además, en el caso de Venezuela -con relación al resto de los países comunistas que fueron y son-, cursa una variante que es de especialísima importancia: el fracaso del socialismo es fundamentalmente demostrable por el retroceso de la calidad de la vida a niveles primarios, a tal como se vivía en los años más rudos del medioevo y pueden visualizarse en la hambruna que desde hace más de dos años sufre el país, la falta de medicinas y de servicios médicos -que ya se constituyen en una de las principales causas de muertes- y en un derioro de los servicios públicos como el suministro de agua, luz y transporte que hacen de Venezuela una réplica de Cuba y Haití.

Pero ha sido el éxodo masivo de venezolanos hacia países extranjeros, la llamada díáspora o emigración que ya alcanza los cinco millones de personas, las que determinan que Venezuela se despeñó por la vía a que condujo la inviabilidad del socialismo en otros países y que se hará imprescindible, indispensable e inescapable proceder a una intervención humanitaria para poner fin a su destrucción.

De ahí que, no sea descartable que, después de la celebración de la “Cumbre de Las Américas” en Lima, Perú, entre el 15 y el 16 de abril próximo, tanto la mayoría de los países representados en la OEA, como los que pertenecen a la ONU, se dispongan a discutir y resolver algún tipo de intervención militar en Venezuela, una que quizá se apoye en una fuera armada multilateral u otra bilateral de dos o más países con el mandato que ya recibieron EEUU, Francia, Canadá y Chile en Haití.

Misión para poner fin a la dictadura comunista totalitaria y genocida de Maduro, sea mediante la negociación o la guerra.

 

Venezuela es un país de tránsito para el contrabando de drogas ilícitas – La Patilla – 15 de Febrero 2018

Almirante-Kurt-tidd-768x486.jpgEl jefe del Comando sur de EEUU Kurt W. Tidd fijó postura sobre Venezuela antes del 115 Congreso de Servicios Armados del Senado mediante un informe que se refiere a la inseguridad y dificultades que afectan a la región, destacando a venezuela como es un país de tránsito para el contrabando de drogas ilícitas.

El jede del Comando del Sur de EEUU señala que Venezuela siempre ha proporcionado un entorno permisivo para los grupos narcoterroristas y Partidarios libaneses de Hezbollah, y que se ha convertido en un país de tránsito para el contrabando de drogas ilícitas.

Asimismo el informe se refiere al continuo asalto de las instituciones democráticas dentro del país, lo que proporciona un mayor espacio para los actores ilícitos que operan con impunidad, y para que Rusia, China y Cuba expandan su influencia sobre el régimen corrupto de Maduro.

“Los próximos meses probablemente serán críticos, con una campaña presidencial elección, deterioro económico continuo y escasez generalizada de medicamentos, alimentos, electricidad y bienes de consumo”, cierra el escrito.

Por otra parte, la postura detalla que Venezuela forma parte de los desafíos a los intereses de Estados Unidos, al igual que Cuba, nación a la cual se responsabiliza de ejercer una influencia negativa en Venezuela, a través de su servicio de inteligencia y las Fuerzas Armadas, “que desempeñan el papel de asesor clave roles que dan forma a la política interna venezolana”.

 

El gigante despierta: EE. UU. decidido a lograr un cambio de régimen en Venezuela por Orlando Avendaño – Panampost – 27 de Enero 2018

Además de Corea del Norte e Irán, Venezuela constituye una de las prioridades de la política exterior para Estados Unidos. (Wikimedia)

Hoy ya no es un disparate afirmar que el cambio de régimen en Venezuela es una de las prioridades de Estados Unidos. Con las últimas noticias que salen de Washington ya no hay duda.

A diferencia de la administración de Barack Obama, el Gobierno de Donald Trump ha asumido una posición firme a favor de un retorno a los valores democráticos en Venezuela. Es cierto que durante la administración del demócrata se blandió una real política de apaciguamiento frente a importantes amenazas a las libertades en la región.

“Hubo una estrategia por parte de diplomáticos de alto rango (de la administración de Obama) que buscaba favorecer la estabilidad de Venezuela a costo de la seguridad de Estados Unidos”, dijo el exsubsecretario de Asuntos Hemisféricos, Roger Noriega, en febrero del año pasado.

Un reportaje del diario español ABC, de julio de 2017, develó cómo la administración de Obama ordenó dejar de investigar los vínculos entre la organización terrorista, Hezbolá, y el régimen de Nicolás Maduro; con el fin de no afectar los acuerdos con Irán. Aunado a ello, está la política del demócrata con respecto a los acuerdos de paz entre las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos, así como el acercamiento con el régimen de Raúl Castro.

Pero todos esos propósitos concluyeron cuando en noviembre de 2016 el representante del Partido Republicano, Donald Trump, se alzó sobre la demócrata, Hillary Clinton. Y en enero inició el viraje.

La asunción de la responsabilidad vino acompañada de una coyuntura en Venezuela: mientras Trump empezaba a tomar las riendas de una nación, en el norte de Suramérica se iba acentuando la degradación política y económica. Y fue a los dos meses cuando estalló la crisis.

Gracias a uno de los movimientos populares más importantes que se ha generado en el país latinoamericano, el régimen de Nicolás Maduro pudo exponer ampliamente todo su carácter criminal. Además, y debido a la fuerte crisis económica, otras costuras también se exhibieron.

La captura de dos sobrinos de la pareja presidencial por narcotráfico; sus declaraciones; los vínculos abiertos de algunos funcionarios con asociaciones terroristas islámicas, y la hostilidad con naciones occidentales. Todo empezó a gotear dentro de un vaso que en cualquier momento se rebosaría.

Del apaciguamiento al estrangulamiento

La administración de Trump se estrenó sancionando al vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, el 13 de febrero de 2017. Una fuente de la Casa Blanca indicó en ese momento que la decisión fue impulsada debido al papel del importante funcionario en el “tráfico internacional de drogas”.

Que un vicepresidente de una nación constituya una pieza fundamental en el narcotráfico internacional es inaceptable. Sobre todo si forma parte de un país occidental. Pero ciertamente llama la atención cómo la primera acción de una novel administración fue atentar contra un cabecilla de la dictadura chavista. No fueron moderados. El torpedo golpeó el USS Barb, no otro submarino.

Mientras el Departamento del Tesoro congelaba activos a El Aissami, Efraín Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, los llamados “narco sobrinos”, enfrentaban un largo juicio en Nueva York. Fue un proceso que reveló a Estados Unidos los vínculos directos entre el Ejecutivo y el narcotráfico; y que no colaboró a menguar las hostilidades entre ambas naciones.

Semanas después, en abril, luego de unas ilegales sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que secuestraban las facultades del Parlamento venezolano, iniciaron las protestas. Pero, además, inició el derramamiento de sangre.

Desde un principio la represión fue ardua y cada vez eran más los asesinados por la dictadura de Nicolás Maduro. En medio de esa coyuntura, el 18 de mayo, el Gobierno de Tump decidió hacer responsables a los magistrados del TSJ por haberse apropiado de las funciones de la Asamblea Nacional. Fueron las primeras sanciones al régimen de Maduro que no estaban relacionadas con el narcotráfico. A los magistrados les congelaron sus bienes y se les impidió hacer transacciones.

“Estados Unidos no va a permitir que aquellos que impiden la democracia o violen los derechos humanos permanezcan impunes”, dijo en ese momento el senador de Florida, Marco Rubio, uno de los promotores de las sanciones.  La represión no cesó. Las protestas se acentuaron, así como los muertos. El conflicto era dramático e inaceptable para la región. Los venezolanos, por su parte, esperaban que la comunidad internacional asumiera una postura mucho más firme frente a las constantes violaciones de derechos humanos.

Sin embargo, un elemento que se agregó a la fórmula fue el que encendió las alarmas del mundo: Maduro anunció la convocatoria de una ilegal Constituyente con el fin de reformar el Estado a su conveniencia.

El Gobierno de Estados Unidos empezó a emitir advertencias a la dictadura chavista: si se continuaba con el disparate constituyente, la administración de Trump no titubearía para imponer sanciones mucho más fuertes.

Unos días antes del 30 de julio, cuando se supone que se impondría la Constituyente, Trump envió una alerta, pero mucho más tajante, a Nicolás Maduro. El miércoles 26 se expandieron las sanciones que ya habían sido aplicadas a los magistrados: a la presidenta del Consejo Nacional Electora, Tibisay Lucena; a la exministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela; al ministro de Interior, Reverol; al director de la Policía Nacional Bolivariana, Carlos Alfredo Pérez; al defensor del Pueblo (y luego fiscal), Tarek William Saab; y a otros importantes militares. A todos ellos les bloquearon sus bienes por estar involucrados en corrupción, narcotráfico y violación de los derechos humanos.

La Casa Blanca también advirtió que “cualquier persona que se incorpore a la Constituyente se expone a sanciones de Estados Unidos” y que una vez que se instale esta Asamblea ilegal considerarían implementar más sanciones económicas.

A pesar de las protestas, de la advertencia de la comunidad internacional y de las recientes sanciones, la dictadura decidió avanzar con la torpeza: el 30 de julio se impuso, empapada de sangre y represión, la Asamblea Nacional Constituyente a través de un proceso electoral fraudulento. Grave error para Maduro: al día siguiente amaneció sancionado.

Estados Unidos “congelará los activos, prohibirá los viajes y prohibirá las transacciones comerciales el lunes para el presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusándolo de socavar la democracia después de llevar a cabo una elección el domingo para una todopoderosa nueva Asamblea”, se leía ese lunes 31 de julio en el diario estadounidense Miami Herald.

Los duros golpes no bastaban, aunque en Venezuela, a pesar de que se había impuesto la Constituyente, la tensión política en las calles había mermado. Pero para Estados Unidos eso no significaba nada. Ciertamente, la oposición venezolana había anunciado su intención de participar en el proceso electoral de las regionales, pautado para octubre.

El miércoles 9 de agosto el Gobierno de Trump anunció penalizacionescontra ocho nuevos venezolanos. Fue otra respuesta a la decisión del régimen de desmontar la República con la imposición de la Asamblea Nacional Constituyente.

Al hermano del expresidente Hugo Chávez, Adán Chávez; a los prominentes chavistas Francisco Ameliach, Érika Farías, Carmen Meléndez, Tania D’Amelio, Darío Vivas, Hermán Escarrá y al coronel de la Guardia Nacional Bolivariana Vladimir Lugo, les congelaron sus activos y prohibieron cualquier transacción financiera.

Y luego, dos días después, Trump expresó la que ha sido una de sus declaraciones más polémicas hasta el momento:

“Tenemos muchas opciones para Venezuela… No dejamos a un lado la opción militar. Es nuestro vecino. Ustedes saben, tenemos tropas en lugares del mundo que son muy lejos y Venezuela no queda muy lejos”.

Imperó la indignación y la euforia. Luego de años de una política de no-intervención en la región, Estados Unidos planteaba la posibilidad de una incursión militar en Venezuela con el fin de deponer al régimen dictatorial de Maduro. 

Fue un momento decisivo. Un punto de inflexión que forzó a los venezolanos a abrir un nuevo debate. ¿Era posible la intervención militar en Venezuela? ¿Sería esa la única y última esperanza? ¿Sería una exageración? Inmediatamente surgieron reclamos y ovaciones. Algunos, a través de las redes sociales, preguntaban qué esperaba Trump. Otros lo rechazaban categóricamente, sugiriendo incluso que preferían la miseria del chavismo al auxilio de los marines. Pero lo cierto es que, al hacer el planteamiento, Trump demostraba que Venezuela, junto a Corea del Norte, era una de las prioridades de la política exterior de Estados Unidos.

Cada vez era más claro: la crisis en Venezuela sí quitaba el sueño a Washington. Por esa razón, el país regido por Trump asumía la postura de estrangular lo más posible al régimen de Maduro.

El 25 de agosto se asestó otro duro golpe. Ese viernes Estados Unidos anunció la prohibición a la dictadura y a su estatal petrolera, PDVSA, de la venta de nuevos bonos a estadounidenses o a instituciones financieras de Estados Unidos. Asimismo, se prohibió cualquier transacción de bonos existentes del Estado venezolano.

“Con esta operación se está limitando la capacidad del Gobierno de operar en dólares. Esto también va a tener un duro impacto en las operaciones petroleras del país porque estos instrumentos estaban siendo utilizados para financiar las compras que está realizando Petróleos de Venezuela”, dijo al Nuevo Herald, Antonio De La Cruz, director ejecutivo de la firma de asesores Inter American Trends, con sede en Washington.

Se trató de la primera sanción económica contra el régimen dictatorial. Y fue un torpedo directo contra la industria que provee los principales ingresos a ese régimen. A los pocos días la agencia Reuters publicó una nota en la que señalaba cómo las más recientes medidas estaban afectando terriblemente los negocios del chavismo.

Tres fuentes financieras le afirmaron a Reuters que las sanciones de mediados de agosto “han bloqueado algunas de sus exportaciones de crudo [de PDVSA], ya que bancos y fondos de inversión estadounidenses se niegan a entregar cartas de crédito a potenciales compradores del petróleo venezolano“.

Son cortes quirúrgicos que van estrangulando poco a poco a un régimen que se erigió sobre una abundante petrochequera. No se trata de un bloqueo general ni de alguna política de amonestación torpe. Estados Unidos ha aprendido de sus errores del pasado y sabe que ahora el objetivo es cambiar al régimen, no promover un estado de miseria sobre el que el chavismo pueda regir con mayor facilidad.

A la política de exterior de Trump, con respecto a Venezuela, se sumaron otras naciones. Desde la Organización de Estados Americanos (OEA) se ha discutido la grave crisis en la nación latinoamericana. El 3 de noviembre el Gobierno de Canadá anunció fuertes medidas en contra del régimen de Maduro: el dictador y un grupo de 18 funcionarios fueron sancionados. Trece días después, en una reunión informal en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, bajo el mecanismo de la «Fórmula Arria», Venezuela quedó expuesta como un “narcoestado”.

“Venezuela es un narcoestado cada vez más violento que amenaza a la región, al hemisferio y al mundo”, espetó la embajadora estadounidense, Nikki Haley, quien además señaló: “El mundo está cada vez más unido en sus esfuerzos para restaurar los derechos humanos y las libertades fundamentales (…) ¡La justicia llegará a Venezuela!”.

La condena continuó expandiéndose. A principios de noviembre la Unión Europea decidió imponer un embargo de armas y equipos de represión a Venezuela. Pero no fue suficiente. Dos meses después, toda la comunidad acordó aplicar fuertes sanciones a un grupo de funcionarios de la cúpula dictatorial. Ahora se incluía al número dos del chavismo, Diosdado Cabello, en una lista; también al presidente del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno.

Jamás en su historia contemporánea Venezuela había sido condenada por naciones como hoy. Y la iniciativa la tomó Estados Unidos. Es una prueba irrefutable del compromiso del país norteamericano con la urgencia de cambio en Venezuela.

Senadores comprometidos con Venezuela

En junio del año pasado el senador republicano por Florida, Marco Rubio, dijo:

“Hay fuertes alegatos de desertores sobre el involucramiento de un individuo llamado Diosdado Cabello, que en mi opinión personal y basado en lo que he visto, no es un simple líder político, desde mi punto de vista es el Pablo Escobar de hoy en Venezuela, es un narcotraficante”.

No fue un momento de cólera. Rubio lo reafirmó en otras oportunidades. Para él, el número dos del chavismo es un importante líder del narcotráfico en la región. No se trata de declaraciones que se puedan tomar a la ligera. Sugieren bastante. Y en ese momento Rubio demostró su vinculación con la causa de Venezuela.

Ya había abordado el tema en varias oportunidades. El 27 de marzo de 2014, cuando Venezuela atravesaba una fuerte crisis política, Marco Rubio explicó frente al Congreso de Estados Unidos cómo Nicolás Maduro violaba los derechos humanos de manifestantes. En ese momento pidió sanciones y denunció a quienes están vinculados al régimen chavista y viven como ricos en Estados Unidos.

Pero recientemente, la ofensiva ha incrementado. En Twitter, en agosto del año pasado, el senador mantuvo un intercambio de insultos con Diosdado Cabello. Lo llamó “líder narcotraficante”, y el chavista le respondió, llamándolo “Narco Rubio”

Rubio constantemente declara a favor de la lucha democrática en Venezuela. Al fin y al cabo, representa al estado Florida, donde se concentra la mayor cantidad de venezolanos en el exterior. El primero de agosto envió un mensaje a Maduro y aseguró a los ciudadanos de Venezuela que “no están solos”. Luego, el 30 de agosto, se supo que propuso a la administración de Trump un programa temporal que permitiera a los venezolanos permanecer en Estados Unidos.

“A la luz de la actual crisis política, económica, social y humanitaria en Venezuela, no es en el mejor interés de los Estados Unidos deportar a los venezolanos no violentos de vuelta al país en este momento”, señala una carta que envió a Washington.

Rubio es un importante dirigente estadounidense. Fue precandidato presidencial republicano y pudo mantenerse en la contienda hasta casi el final. Goza de relevancia en Washington y aparentemente se mantiene en constante contacto con Trump. Y, a sus esfuerzos, se le unió otro senador, pero del otro partido: Robert “Bob” Menéndez.

Detrás de las cortinas, Menéndez también había estado enfocando sus esfuerzos en colaborar con el retorno a la democracia en Venezuela. En febrero de 2017 fue uno de los firmantes de una carta en la que varios congresistas solicitaron a Trump aplicar sanciones a Venezuela.

Pero ha sido esta última semana cuando Rubio y Bob Menéndez han demostrado su compromiso con Venezuela: enviaron una carta al presidente Trump en la que le aconsejaron imponer sanciones a Diosdado Cabello; también escribieron al fiscal general, Jeff Sessions, para solicitarle que inicie una investigación contra Maduro por su responsabilidad en violaciones de derechos humanos y el tráfico de droga; y, por último, aseguraron que la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, “debe convocar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para una reunión de emergencia sobre Venezuela”.

Si las tres peticiones de los senadores bipartidistas se llegasen a cumplir, Estados Unidos estaría lanzando tres dardos letales al régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Al mismo tiempo, se enviaría un mensaje a la comunidad internacional bastante claro: es momento de aumentar el nivel de presión y trascender las sanciones.

Un peligro para Estados Unidos y una razón para actuar

“Venezuela podría convertirse en un riesgo para Estados Unidos. Los cubanos están allí; los rusos están allí; los iraníes y Hezbolá, están allí”, dijoel director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Mike Pompeo, el pasado 13 de agosto.

Nuevamente, se trata de una declaración bastante delicada que insinúa demasiado, y lo dijo justo después de que Trump planteara la opción militar en Venezuela. Es el director de la principal agencia de inteligencia del mundo quien asegura que la permanencia del régimen dictatorial de Maduro constituye un peligro para Estados Unidos.

Asimismo, hace unos días Pompeo reconoció que la CIA ha sido la principal institución estadounidense que se encuentra detrás de las sanciones de Trump contra la dictadura. Dijo, también, que Venezuela es una de las prioridades del presidente de los Estados Unidos.

“No solo estamos enfocados en Corea del Norte e Irán. Estamos trabajando diligentemente para resolver los problemas en Venezuela, en África”, dijo el director de la CIA luego de una conferencia en el centro de estudios American Enterprise Institute, el pasado 23 de enero.

Es claro: el cambio de régimen en Venezuela es una de las prioridades de Estados Unidos. Lo demuestra el contundente viraje con respecto a la administración anterior: las sanciones, las fuertes declaraciones y los constantes eventos en torno a la crisis en el país latinoamericano.

Hace unos días, para el servicio de radiodifusión internacional de Alemania, DW, el secretario de la OEA, Luis Almagro, dijo: “Démosle una oportunidad a las sanciones. Las sanciones es la última medida diplomática, la medida diplomática más dura. Esas sanciones, no obstante, deben abarcar más. Deben golpear al régimen”.

Almagro dice que las sanciones son la última medida diplomática. Asegura, también, que la peor sanción para Venezuela es la permanencia de Maduro unos seis años más. Son palabras bastante sólidas. Y, al día siguiente, se anunció que Rex Tillerson, el secretario de Estado de Estados Unidos, empezará el primero de febrero una gira por Latinoamérica enfocada en Venezuela.

Visitará Ciudad de México, Buenos Aires, Lima, Bogotá y Kingston. Su visita se asemejaría a la del vicepresidente Mike Pence, en agosto del año pasado, cuando se reunió con varios mandatarios de la región para discutir la crisis de Venezuela. Lo hizo luego de las polémicas declaraciones de Trump, cuando habló de la alternativa de una incursión militar para deponer a Maduro.

Sus esfuerzos se sumarán a los de Marco Rubio y Bob Menéndez, quienes se mantienen vigilantes. También a los del secretario Almagro, cuyo despacho están en Washington y es claro que ha asumido para sí mismo la causa de los venezolanos.

Es una posición que también comparte el resto de la comunidad internacional. Incluso Francia, cuya diplomacia no suele ser frontal ni ha tenido encontronazos importantes con el chavismo, denunció el autoritarismo en Venezuela.

Como señaló Almagro, las sanciones son las últimas alternativas diplomáticas; luego, otras medidas deberán ser tomadas. Y en ese escenario, nuevamente Estados Unidos podría ser precursor.

Pero Tillerson es el Secretario de Estado y, según dijo el exembajador Charles Shapiro en una entrevista al PanAm Post, Estados Unidos podría tratar de “convencer y coordinar” más sanciones económicas contra el régimen venezolano para poder ejercer mayor presión internacional.

El año en que Maduro se consolidó a golpe de purga por Emili J. Blasco – ABC – 26 de Diciembre 2017

El madurismo pasa a las purgas: cierra 2017 con la depuración de Ramírez; en 2018 podría darse la de Cabello

En los regímenes autoritarios las depuraciones de correligionarios se producen cuando el que está arriba se encuentra suficientemente consolidado: cuando el que manda se considera ya lo bastante fuerte para comenzar a decapitar a sus posibles rivales internos sin temor a que estos se unan y contraataquen.

El año que termina ha sido el año de la consolidación del madurismo: vista la viabilidad de Maduro como presidente autoritario (ha logrado romper el orden democrático y constitucional sin que haya sido derrocado, a pesar de las multitudinarias manifestaciones registradas en abril y mayo), sus padrinos cubanos -a quienes la oposición atribuye el control del país- parecen haber apostado ya por él para que se perpetúe en el puesto.

El chavismo se ha transformado en madurismo, como la URSS, tras la muerte prematura de Lenin, dejó el leninismo para entrar en un largo estalinismo. La música llanera, tan presente antes en la vida oficial venezolana (la música del arpa, el cuatro y las maracas, tan querida por Chávez por ser propia de su estado natal de Barinas) ha sido sustituida por la salsa, que Maduro y la Primera Combatiente bailan en televisión. Sería extraño que eso no estuviera estudiado. Los compases autóctonos han dado paso a sones que, aunque compartidos en el Caribe, tienen un origen cubano. ¿Cabe mayor simbolismo del traspaso de poder y de obediencias?

Maduro ha superado la prueba

Una vez pasó 2016 sin que pudiera celebrarse un referéndum revocatorio, los cubanos podían haber cambiado a Maduro por otro dirigente con mayor atractivo popular, sin coste político. Pero el presidente ha resultado eficiente en cumplir la misión asignada para 2017: afrontar el salto en el vacío de pasar de un régimen formalmente democrático a otro que rompe abiertamente con el orden constitucional (Asamblea Nacional paralela) y que celebra elecciones ya oficialmente fraudulentas (como declaró Smartmatic, la propia empresa que gestiona la votación electrónica, en relación a la votación de gobernadores). Si la oposición ha aceptado todo eso, ¿por qué no va a aceptar también la reelección de Maduro en 2018, con las mismas trampas?

Así que, una vez consolidado, Maduro ha comenzado las depuraciones en serio, sin aparente temor a que los castigados canten (saben muchas cosas, pero al fin y al cabo son igualmente responsables de lo que puedan denunciar).

El primer gran depurado ha sido Rafael Ramírez, el zar del petróleo durante la era de Chávez y quizás la mayor fortuna ilícita amasada a su sombra. Maduro ya lo apartó al comienzo de modo educado (en 2014 fue designado brevemente canciller y luego enviado como embajador ante la ONU); ahora lo ha arrojado a las tinieblas (tras dejar la ONU este mes de diciembre, hoy se encuentra en Italia, temeroso de volver a Venezuela o dar un paso exterior en falso que suponga su detención).

¿Candidatura de María Gabriela Chávez?

El interés político de Maduro de acabar con él está claro. Ramírez, en su día tildado el hijo de Chávez, puede representar ante los ojos de muchos la idílica era anterior, cuando PDVSA generaba enormes divisas, la economía iba bien, no había carencia de medicinas ni de alimentos esenciales, y las masas populares sintonizaban sinceramente con el carismático líder.

El madurismo necesita terminar con la añoranza del chavismo, y nada mejor que cercenar a gran parte del llamado 4-F (el grupo de antiguos dirigentes que arroparon a Chávez al comienzo de su vida política y que han cultivado una imagen de guardianes de la esencia de la revolución). Ese sector sigue buscando una cara pública con la que intentar confrontar a Maduro en las elecciones previstas para finales de 2018. Una de las opciones consideradas es promover como candidata a María Gabriela Chávez, hija del comandante, que ha sido adjunta de Ramírez en la ONU durante los últimos años.

El clan de la droga y el del petróleo

Pero más que un sistema político, lo que hay en Venezuela es un sistema criminal, por lo que las depuraciones responden a una dinámica particular, propia de las mafias. Quien se hace dueño del país, quiere ser dueño de todo el negocio. Cuando Maduro llegó a la presidencia, se encontró con la división que había establecido Chávez, el cual supervisaba, como rey y como árbitro, dos redes: la del petróleo, cuyos beneficios ilícitos eran sobre todo para Ramírez y el clan que este había instalado en la amplia estructura de PDVSA, y la de la droga, que progresivamente había ido quedando en manos de Diosdado Cabello.

A la muerte de Chávez hubo un pacto, como explicaron los narcosobrinos en las grabaciones usadas por la Justicia de Estados Unidos para su condena. Como en ese tiempo inicial Maduro necesitaba la paz con Diosdado Cabello, quien sentía que se le había robado la presidencia y podía maniobrar en su contra, aceptó que este siguiera con el negocio de la droga, mientras él y su familia optaba por quedarse con el negocio del petróleo.

«Desafortunadamente, que descanse en paz, Chávez muere, y luego [la droga] quedó bajo su control [de Cabello], y luego el petróleo quedó bajo nuestro control», afirmó en las grabaciones Efraín Campo Flores, ahijado de Maduro. Fue un «“bueno, si te doy esto, me das eso”. Y dijimos: “Bueno, las ganancias son básicamente las mismas, quizás un poco más aquí que allá, o hay más allí que aquí, pero. . . no vamos a entrar en tu parte».

Primero, quedarse con los ilícitos del petróleo

En realidad, los Maduro-Flores no pudieron beneficiarse completamente de la corrupción en la gestión de PDVSA. El nuevo presidente venezolano sacó a Ramírez de presidente de la compañía y de ministro del Petróleo y colocó al sobrino predilecto de su esposa, Erick Malpica Flores, en la dirección financiera de la estatal. Pero el abrupto descenso del precio del petróleo y el dominio que Ramírez seguía ejerciendo sobre cuadros históricos de PDVSA, dificultó el rédito que la familia presidencial pensaba obtener.

Lo primero que ha hecho Maduro en este final de 2017, al sentirse totalmente consolidado en el poder, ha sido acabar con Ramírez y echar de PDVSA a un centenar de ejecutivos. Esta operación le ha permitido a Maduro enarbolar la bandera política de la anticorrupción (algo habitual en las purgas de muchos regímenes), mientras que quienes ahora se beneficiarán de la corrupción en la petrolera serán personas puestas por el mandatario (Fuerzas Armadas y otros allegados). Este, además, se ha deshecho de ejecutivos que seguían teniendo cierta cultura corporativa y oponían resistencia a la posiblidad de que PDVSA entre en default.

Próxima purga: acaparar el negocio de la droga

En cuanto a la droga, los Maduro-Flores se han ido metiendo en el coto inicialmente dejado a Cabello. Ahí está el caso de los narcosobrinos y sobre todo el fortalecimiento del vicepresidente Tareck el Aissami, mano derecha de Maduro y figura central en el narcotráfico y en otros negocios ilícitos con Hezbolá.

Cabello ha ido perdiendo poder (apenas logró colocar gente suya en la Asamblea Nacional Constituyente, a cuya presidencia por tanto no pudo aspirar, y ha quedado fuera del reparto de gobernadores y alcaldes). Lo lógico sería esperar que el próximo gran depurado sea él mismo, cuando Maduro toque ya con sus manos la releección o cuando esta se haya producido.

Dictan sentencia de 18 años y pago de $50.000 dólares a los sobrinos Flores por Kelvin Bolivar – Venepress.com – 14 de Diciembre 2017

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El juez Paul Crotty estableció como lugar de reclusión para los narcosobrinos el estado de Florida

Este jueves 14 de diciembre en horas de la tarde inició el juicio en contra de los sobrinos de la pareja presidencial venezolana, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, quienes esperaban que el juez del caso Paul Crotty, dictara el veredicto entre cadena perpetua a 30 años de prisión, además de una multa que podría alcanzar hasta los $10 millones.

Luego de varias horas de juicio, el juez Crotty estableció una condena de 18 años y un pago de $50.000 dólares para ambos acusados, además estableció como sitio de reclusión el estado de Florida, lugar donde se podría facilitar la visita de los familiares de los convictos.

Los narcosobrinos estaban siendo juzgado por c onspirar para traficar, manufacturar y distribuir 800 kilos de cocaína, asesinato y descuartizamiento de dos sujetos en Venezuela, negocios ilegales en Pdvsa, pago de sobornos a magistrados venezolanos y mentir ante la justicia estadounidense.

Hay que destacar que los sobrinos de Cilia Flores, primera dama y esposa del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, permanecieron 25 meses presos desde su captura realizada el 10 de noviembre de 2015 en Haití. Ambos acusados se encontraban recluidos en el Centro Correccional Metropolitano de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, lugar donde podían ser vistos por pocas personas.

El caso que salpica a la familia presidencial no solo termina con la sentencia de Campo Flores y Flores de Freitas, pues un grupo de fiscales auxiliares se encuentran adelantando investigaciones paralelas al caso, donde incluso ha salido a relucir el propio presidente venezolano.

Honduras: no es la política, es el narcotráfico por Emili J.Blasco – ABC – 12 de Diciembre 2017

Desestabilización de un país que es «hub» centroamericano de la cocaína debido a la influencia de Venezuela

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La disputa sobre los resultados electorales presidenciales en Honduras, que han dado lugar a disturbios y al toque de queda, no es un ejemplo más de irreconciliables pugnas políticas, sino manifestación del irremediable deterioro de un estado que está sucumbiendo ante su más definitoria realidad: Honduras es desde hace años el gran «hub» de las rutas centroamericanas del narcotráfico.

Lo es por la entrada de Venezuela, con toda la fuerza de un narco-estado, en el negocio de la cocaína: las avionetas que despegan de suelo venezolano con droga colombiana aterrizan en Honduras, en la selvática y deshabitada zona de la Mosquitia, y desde allí las cargas avanzan por tierra o por mar hasta México, para ser luego introducidas en Estados Unidos.

Punto débil de la cadena

Situado entre Colombia, el principal centro de producción de cocaína del mundo, y México, la puerta al gran mercado consumidor de droga que es Estados Unidos, Honduras está dando muestras de descomposición como país.

 

Durante años se ha temido que los carteles de producción de cocaína (primero los carteles de Medellín y Cali, luego las narco-guerrillas de las FARC y el ELN) hicieran de Colombia un estado fallido, y que lo mismo sucediera en México debido a los poderosos carteles de distribución de narcóticos (Sinaloa, Zetas, Golfo, Juárez y demás).

Pero donde se ha producido mayor presión sistémica ha sido en la lengua de tierra ubicada entre las sacudidas de Colombia y de México: en la cadena de pequeñas naciones centroamericanas que jalonan el paso entre Sudarmérica y Norteamérica.

Ya hubo un colapso institucional en Panamá (la era del general Noriega, terminada con la invasión de EE.UU. en 1989); ahora se manifiesta en Honduras la dificultad de que un estado funcione cuando geográficamente se halla en un punto estratégico del paso de la droga. Incluso la ejemplar Costa Rica comienza a sufrir los estragos del narcotráfico.

Narco-avionetas

Cuando se observan los mapas que elabora el Comando Sur de Estados Unidos con las trazas de vuelos irregulares sobre el Caribe se aprecia una clara evolución. Hasta mediados de la pasada década, la mayoría de las narco-avionetas operaban desde suelo colombiano. Cuando el Plan Colombia –proyecto de cooperación en seguridad y antinarcóticos acordado en 2000 entre Bogotá y Washington– comenzó a consolidarse, Hugo Chávez abrió el territorio venezolano para el envío de la droga de las narco-guerrillas.

Desde entonces, Venezuela se convirtió en la gran puerta de salida de la cocaína colombiana, y las rutas aéreas se dirigieron mayoritariamente a la Mosquitia hondureña, en trayectos con un giro de 45 grados sobre el mar Caribe para evitar los radares del espacio aéreo de Colombia. De Honduras eran los enlaces que estaban utilizando los sobrinos de Nicolás Maduro para introducir droga en Estados Unidos, acción por la que fueron detenidos en 2015 en Haití y por la que serán sentenciados probablemente esta misma semana en un tribunal de Manhattan.

Así es, además, como la segunda ciudad de Honduras, San Pedro Sula, situada junto a la costa caribeña y directamente conectada con ese corredor de droga, pasó a ser la ciudad más peligrosa del mundo, solo superada recientemente por la misma Caracas.

Chávez-Zelaya

Ese auge de Honduras como «hub» del narcotráfico, de la mano de la Venezuela chavista, tuvo también su traslación a la política, igualmente de la mano de Chávez. El dirigente venezolano logró atraer a sus intereses al presidente Manuel Zelaya. Si bien en 2006 fue elegido bajo las siglas Partido Liberal, Zelaya se aproximó a la hoja de ruta del boliviarianismo, e intentó convocar un plebiscito para llamar a una asamblea constituyente, algo por lo que fue destituido en 2009.

Hoy Zelaya ha vuelto a disputar el poder, como hombre fuerte en la candidatura presidencial de Salvador Nasralla, alguien con cierta aceptación popular pero sin peso político.

El Tribunal Supremo Electoral ha dado como ganador al actual presidente, Juan Hernández (el cambio de la ley en 2015 para permitir la reelección presidencial, prohibida en la Constitución, puede conducir a un mayor deterioro democrático), con el 42,98% de los votos, frente al 41,39% de Nasralla. La renuncia de Nasralla-Zelaya a pedir nuevas elecciones parece de momento aquietar la situación.

Lo que no se puede aceptar en Santo Domingo por Gustavo Tarre Briceño – El Nacional – 12 de Diciembre 2017

1498215235207.jpgEl próximo 15 de diciembre, la oposición y el gobierno se vuelven a reunir en República Dominicana. Poco se sabe de los resultados de la primera ronda de conversaciones. Lo que sí conocemos es la condición que el gobierno ha puesto ante el futuro electoral inmediato: No habrá elecciones si no se levantan las sanciones al gobierno de Venezuela y a algunas de sus más connotadas figuras.

Así lo declararon los hermanos Rodríguez, jefes del equipo negociador del gobierno y las informaciones que se filtran señalan que el problema de las sanciones es, junto con el reconocimiento de la asamblea constituyente, la petición central del gobierno de Nicolás Maduro.

Estos dos puntos son inaceptables.

Las sanciones en contra de personeros del gobierno, por violación de derechos humanos y por narcotráfico, no están en la mesa de negociación y no puede la oposición ni siquiera aceptar que sean tema de discusión. ¿Puede algún opositor poner en duda la responsabilidad de los jerarcas del gobierno sancionados por los asesinatos, las torturas, los encarcelamientos arbitrarios y las violaciones reiteradas de las garantías constitucionales más elementales?

¿Puede algún negociador representante de las fuerzas democráticas salir en defensa de altos funcionarios cuya participación en el tráfico de drogas ha sido plenamente demostrada? La respuesta solo puede ser un no rotundo, contundente y categórico.

Hay sanciones en contra de Pdvsa y de instituciones financieras del gobierno venezolano. Estas han sido dictadas por diferentes países por las conductas antidemocráticas asumidas por Nicolás Maduro y sus secuaces. El levantamiento este tipo de sanciones solo puede producirse cuando Venezuela vuelva a ser una democracia. Entiéndase bien: no se trata de promesas sino de realidades.

Cuando en Venezuela no existan presos políticos, cuando la separación de poderes vuelva a existir, cuando tengamos libertad de prensa, cuando cesen los procesos electorales cargados de fraude y extorsión, cuando el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Moral Republicano y el Consejo Nacional Electoral dejen de ser apéndices del PSUV, cuando los principales líderes opositores dejen de estar inhabilitados. Cuando todo esto ocurra, los países democráticos del mundo levantarán las sanciones.

El riesgo que corren los negociadores es pagar por adelantado. El gobierno quiere que la oposición pida al mundo levantar las sanciones a cambio de acuerdos que “abran el camino” hacia un CNE imparcial y hacia una Asamblea Nacional en pleno ejercicio de sus facultades constitucionales y que permitan también la llegada de la ayuda humanitaria y la libertad de algunos presos.

¡Ojo! Allí está la trampa. No pueden los negociadores de la oposición olvidar que están sentados frente a un atajo de pillos que ya han demostrado estar dispuestos a incumplir cualquier compromiso, una vez que hayan obtenido lo que buscaban.

Ya vimos cómo incumplieron todo lo acordado en la Mesa de Negociación y Acuerdos de los años 2002 y 2003, y cómo lo volvieron a hacer el año pasado con la complicidad del mismo Rodríguez Zapatero que sigue fungiendo de “mediador”. En esas dos oportunidades el chavismo y el madurismo se burlaron de Jimmy Carter y de César Gaviria primero y nada menos que del Vaticano en la segunda oportunidad. De la misma forma se burlarán de los cancilleres que acompañan esta ronda de negociación.

A la oposición le van a ofrecer el oro y el moro: “Pidan ustedes al mundo el levantamiento de las sanciones, firmen un ‘acuerdo de gobernabilidad’ y nosotros nos comprometemos a integrar una autoridad electoral imparcial, a soltar los presos y a reconocer la Asamblea Nacional”. Una vez producido el llamado a la comunidad internacional para que levante las sanciones, vendrán por parte del gobierno las excusas, demoras y dilaciones que terminen descartando todo lo ofrecido, burlándose de los cancilleres como ya lo hicieron antes con los otros “garantes” de buena fe.

En consecuencia: ni una palabra a favor de levantar las sanciones a los narcopillos, ni a los violadores de derechos humanos ni a las instituciones gubernamentales de la dictadura.

Lo segundo que es inaceptable se refiere a la asamblea constituyente. El gobierno ofrecerá moderación por parte de ese organismo espurio. Dirán que se limitará a la redacción de un proyecto de Constitución, que procurará coexistir en armonía con la Asamblea Nacional dentro de un respeto mutuo. ¡Mentira podrida! La asamblea constituyente es el instrumento que le permite a Nicolás Maduro transformar una minoría chantajeada de electores en una mayoría de gobernadores y alcaldes, pasar por encima de la Constitución vigente y dar “legitimidad” y apariencia de legalidad a una dictadura. La oposición no puede dar validez, bajo ninguna forma, a una Asamblea convocada en violación de la Constitución, elegida mediante un sistema electoral fascista, producto de un fraude electoral descomunal y que usurpa poderes supraconstitucionales.

Soy un firme creyente en la necesidad de negociar. Aun con delincuentes. Pero creo también que se negocia hasta donde lo permita la ética, el derecho y la realidad política. Negociar no es claudicar. Negociar es demostrar firmeza aunque ello conduzca al fracaso de la negociación. En todo caso, los fracasados nunca serán los que se niegan a arrodillarse sino los que pretenden arrodillarlos.

Los negociadores en Santo Domingo, que representan lo que queda de la Mesa de la Unidad Democrática, tienen el próximo viernes la posibilidad de recuperar la coherencia y la credibilidad que el liderazgo de la mayoría opositora en la Asamblea Nacional ha perdido; pueden volver a ser lo que una vez fueron: los conductores de la sociedad democrática venezolana. También puede ocurrir que se dejen engañar y engatusar nuevamente: Eso no se lo perdonaría nunca el pueblo venezolano y serán juzgados con implacable severidad por la historia. Allí está el reto para Leopoldo López, preso de conciencia y líder de un partido descabezado por la narcodictadura; para Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional y fundador del partido en el que milita Juan Pablo Guanipa; y para Henry Ramos Allup, guardián de la herencia de Leonardo Ruiz Pineda, Andrés Eloy Blanco, Rómulo Betancourt y Raúl Leoni.

 

Familiares imploran a juez de EE. UU. que perdone a “narcosobrinos” y los envíe a Venezuela por Sabrina Martín – Panampost – 4 de Diciembre 2017

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La estrategia es lograr la compasión del juez en el caso de los sobrinos de la familia presidencial venezolana quienes fueron declarados culpables por narcotráfico. (Twitter)
Los familiares y abogados defensores de los “narcosobrinos” de Venezuela, enviaron cartas al juez del caso implorando que los acusados Flores sean enviados al país suramericano.

La periodista venezolana Maibort Petit informó a través del portal Venezuela al Día que la estrategia es lograr la compasión del juez en el caso de Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, quienes fueron declarados culpables por narcotráfico.

Petit señaló que en un memorando acompañado de cartas, los familiares de Campo Flores aseguran que “es un joven honesto, con principios familiares y valores morales” por lo que claman una segunda oportunidad; esto, tras la posibilidad de que lo sentencien a cadena perpetua.

Las cartas -que no están firmadas por la familia presidencial venezolana- buscan minimizar los errores del acusado calificándolos como “decisiones tontas”: “no hay duda de que Campo Flores tomó una serie de decisiones tontas, pero él es uno -como tanto jóvenes- que vive en lugares con muchas dificultades e intentó obtener una recompensa financiera fácilmente”.

La familia y la defensa alegan que “Campo Flores creció y vivió en unas condiciones y un país muy pobre. Cuando tenía la edad de siete años vivió con su abuela en una casa construida con barro junto a 16 miembros más de su familia, para posteriormente mudarse a casa de su tía que hoy día es primera dama de Venezuela”.

Recientemente también se conoció que desde Venezuela, familiares cercanos a los acusados estarían negociando la condena de los “narcosobrinos” a cambio de “información privilegiada”. Según Petit, una fuente ligada al caso dijo que comenzaron a “tenderse puentes” que buscan una negociación.

La Fiscalía pidió cadena perpetua para Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, y dicha petición sigue vigente. Por ahora no se conoce cuál será la condena pues la fecha pautada para conocer la sentencia de los “narcosobrinos” es el próximo 14 de diciembre de 2017.

Y es que durante el juicio, se descubrió que los “narcosobrinos” no solo estarían vinculados al tráfico de drogas sino que además estarían ligados al crimen organizado en Venezuela encabezado por los pranes (líderes) de las cárceles más peligrosas del país.

La Fiscalía aseguró que en los chats de los teléfonos entre Efraín Campo Flores y Franqui Flores De Freitas hay evidencia de otro presunto crimen, pues habrían encontrado fotos de cuerpos descuartizados de personas sin identificar.

La parte acusadora asegura a la Corte que tanto Campo Flores como Flores De Freitas cumplen con los requisitos para ser sentenciados con prisión de por vida. Sin embargo, la defensa contradice esta solicitud argumentando que los acusados califican para la “válvula de escape”, un procedimiento en casos de drogas por medio del cual un acusado puede librarse de las condenas mínimas obligatorias.

 

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