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Cleptocracia y cacocracia por Moisés Naím – El País – 3 de Junio 2018

ekcn7iBy_400x400Mientras el mundo se desgañita debatiendo sobre socialismo, capitalismo, independentismo, populismo y otros “ismos”, los ladrones y los ineptos están tomándose cada vez más gobiernos. Ladrones en el poder los ha habido siempre y gobernantes incompetentes también. Pero, en estos tiempos, la criminalidad de algunos jefes de Estado ha alcanzado niveles dignos de los tiranos de la antigüedad. Y las consecuencias de la ineptitud de quienes mandan se ven ahora amplificadas por la globalización, la tecnología, la complejidad de la sociedad, así como por la velocidad con la que suceden las cosas.

Ya no estamos hablando solo de la corrupción “usual”; la del ministro que cobra una comisión por la compra de armas o por otorgar a dedo el contrato para construir una carretera. Ni de un caso aislado en el cual el más tonto de la clase llega, para sorpresa de sus antiguos compañeros, a ser presidente.

No; en el caso de la cleptocracia se trata más bien de conductas criminales que no son individuales, oportunistas y esporádicas sino colectivas, sistemáticas, estratégicas y permanentes. No es el caso de uno o más individuos deshonestos que se aprovechan de su cargo público para hacer ocasionalmente un negocio sucio. Se trata, más bien, de un sistema en el cual todo el liderazgo de un gobierno es cómplice y se organiza de manera deliberada para enriquecerse –y usar las fortunas acumuladas para perpetuarse en el poder–. Para los cleptócratas el bien común y las necesidades de la población son objetivos secundarios y solo merecen atención cuando están al servicio de lo más importante: engordar sus fortunas y seguir mandando.

El caso de los tontos en el poder es algo distinto. Las cacocracias proliferan en sistemas políticos degradados y caóticos que repelen a los talentosos y les abren paso a los ciudadanos menos preparados y más ineptos. Obviamente es posible que a veces se combinen los dos y el gobierno no solo sea criminal sino también incompetente. Cuando coinciden, la cleptocracia y la cacocracia se refuerzan entre sí.

Un ejemplo que ilustra la conducta de gobiernos cleptócratas lo ofrece el respetado periodista brasileño Leonardo Coutinho. Recientemente, Coutinho reportó el testimonio de Marco Antonio Rocha, un oficial de la aviación boliviana que reveló el tráfico de grandes volúmenes de cocaína de Bolivia a Venezuela y a Cuba. Cuenta Rocha que semanalmente debía pilotar un avión desde La Paz hasta Caracas y La Habana cargado con las “maletas diplomáticas”, entregadas por los agregados militares de la Embajada de Venezuela en La Paz. Solo que en este caso no eran ni maletas ni llevaban documentos diplomáticos. Eran enormes bultos que contenían 500 kilos de cocaína. Una operación de este tipo requiere la complicidad de los más altos niveles de gobierno de al menos tres países. Esta no es solo la historia de una operación más de narcotraficantes, sino que también revela las actividades de una alianza de gobiernos cleptocráticos. El recién depuesto primer ministro de Malasia, Najib Razak, ha sido acusado de haber organizado un sistema financiero que le permitió pasar 42.000 millones de dólares de cuentas públicas a las cuentas privadas controladas por sus familiares y cómplices. En Brasil, el escándalo conocido como Lava Jato reveló una vasta, sofisticada y permanente red de corrupción que involucró durante años a centenares de los más poderosos políticos, gobernantes y empresarios del país.

Un error común es suponer que las cleptocracias solo se dan en los países más pobres y subdesarrollados. Rusia es un buen ejemplo de un país avanzado cuyo gobierno muestra claros signos de ser una cleptocracia. Los ex agentes secretos de la KGB convertidos en oligarcas cuyas enormes empresas trabajan de la mano del Kremlin son un pilar fundamental de la cleptocracia que gobierna al país. En un testimonio ante el senado de Estados Unidos en 2017, Bill Bowder, empresario de vasta experiencia en Rusia y acérrimo crítico de su gobierno afirmó que “Putin se ha hecho el hombre más rico del mundo y su fortuna alcanza a los 200.000 millones de dólares.”

Es también un error pensar que solo en países con instituciones débiles y sistemas políticos inmaduros pueden llegar a ocupar las posiciones más importantes del gobierno personas que no tienen la capacidad y la preparación necesaria. Lo que estamos viendo en países con una larga tradición democrática en Europa y también en Estados Unidos muestra que ningún país es inmune a la cacocracia.

En Estados Unidos, la búsqueda por Internet del significado de esta palabra ha tenido un enorme auge desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

Como buenos prestidigitadores, los cleptócratas saben cómo distraernos de sus fechorías y los cacócratas de su incapacidad. Lo hacen hablándonos de sus ideologías y atacando a las de sus rivales. Mientras nosotros vemos y participamos en estos torneos ideológicos, ellos roban. O tontean.

 

Este es el largo prontuario de Diosdado Cabello en EEUU tras ser sancionado por narcotráfico y lavado por Antonio Maria Delgado – El Nuevo Herald – 18 de Mayo 2018

El gobierno de Estados Unidos sancionó el viernes al dirigente chavista Diosdado Cabello por lavado de dinero, contrabando de minerales y narcotráfico, propinando un duro golpe a uno de los principales pilares del régimen de Nicolás Maduro.

Cabello, quien fuera el principal rival de Maduro dentro del chavismo hasta que el gobernante forjó sus propias líneas de comunicación con las fuerzas armadas, es acompañado por su hermano, José David y por su esposa Marleny Josefina Contreras en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro, medida que en esencia congela cualquier activo que podrían tener dentro de la jurisdicción estadounidense.

“Además de lavado de dinero y de las exportaciones ilegales de minerales, Cabello también está directamente involucrado en actividades de narcotráfico”, dijo el Tesoro de EEUU en un comunicado.

“Trabajando con el actual vicepresidente ejecutivo venezolano Tareck El Aissami, a quien la OFAC designó de conformidad con la Ley Kingpin el 13 de febrero de 2017, Cabello organiza los envíos de droga que se trasladan desde Venezuela a través de la República Dominicana y luego a Europa”, agregó.

El comunicado también acusa a Maduro de recibir directamente dinero del narcotráfico.

“Cabello, junto con el presidente Maduro y otros, dividieron las ganancias de esos envíos de narcóticos”, dijo.

Entre los sancionados también se encuentra Rafael Sarría, un empresario vinculado a Cabello, a quien se le han identificado extensas propiedades en el Sur de Florida.

La inclusión de Cabello en la lista era largamente esperada y la demora en ser anunciada había comenzado a llamar la atención entre los observadores de la situación en el país petrolero.

Según versiones brindadas a la agencia antidroga estadounidense (DEA) por Leamsy Salazar, ex jefe de seguridad de Cabello, el dirigente chavista es el verdadero jefe del Cartel de Los Soles, organización criminal que controla gran parte del narcotráfico en Venezuela.

El departamento del Tesoro señaló que Cabello es frecuentemente descrito como el segundo hombre más poderoso en Venezuela y resaltó que ha ocupado importantes posiciones de liderazgo dentro del gobierno venezolano.

“Cabello ha abusado de estas posiciones influyentes para fomentar sus actividades ilícitas y corruptas, así como para controlar y ejercer control sobre agencias gubernamentales, funcionarios y oficiales militares en Venezuela, incluyendo el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC ), y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)”, resaltó el comunicado.

Cabello ha afianzado una red de personas leales al decidir quién es ascendido dentro de organismos estatales, incluyendo el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Obras Públicas.

Cabello utilizó esa red de influencia para beneficiarse personalmente a través de operaciones de extorsión, lavado de dinero y malversación de fondos, dijo el gobierno estadounidense.

Para mayo del 2017, Cabello había llevado a cabo una cantidad significativa de negocios ilícitos con otros funcionarios, incluyendo al ex gobernador del estado Bolívar, Francisco José Rangel Gómez (Rangel Gómez), quien ya había sido sancionado por la OFAC.

Según las investigaciones estadounidenses, Cabello y sus asociados lavaron dinero sucio obtenido a través de la malversación de fondos y de las operaciones de narcotráfico, utilizando en algunas de estas operaciones propiedades de bienes raíces, incluyendo edificios residenciales y centros comerciales.

Por otro lado, Cabello y Rangel Gómez unieron fuerzas para explotar ilegalmente minas venezolanas y exportar hierro a través de la firma Ferrominera del Orinoco, una subsidiaria del conglomerado estatal Corporación Venezolana de Guyana.

Aunque Ferrominera es un negocio legítimo, Cabello y sus socios controlaban a funcionarios dentro de la empresa, que les permitía extraer y exportar el hierro.

De la misma manera, los funcionarios venezolanos utilizaron las empresas estatales Venezolana de Aluminio (Venalum) y Aluminios Nacionales S.A. (Alunasa), para lavar dinero en Costa Rica y Rusia, señaló el comunicado.

El presidente de Venalum y otros funcionarios se dedicaron al tráfico de drogas y al lavado de dinero, utilizando a Venalum como la fachada para las operaciones.

Bajo la dirección de Rangel Gómez, en su calidad de gobernador del estado de Bolívar, Venalum utilizó embarcaciones para mover minerales y lavar dinero a través de Panamá a la sucursal costarricense de Alunasa.

Cabello ordenó al ejército venezolano que colocara a varios empleados de Alunasa en Costa Rica para supervisar la operación.

Cabello también es el jefe de Pedro Luis Martin Olivares, quien ya había sido incluido en la lista negra del Tesoro. Cabello y Martin trabajaron juntos a finales del 2016 para trasladar dinero ilícito a Panamá, la República Dominicana y las Bahamas.

Las investigaciones también apuntan a que Cabello también se dedicaba a confiscar droga de pequeños narcotraficantes para luego juntar esos cargamentos y exportalos a través de un aeropuerto estatal.

Para poder identificar a sus competidores, Cabello le exigía al aparato burocrático del país información sobre personas adineradas que habían realizado grandes compras, para identificar quiénes vendían droga o lavaban dinero.

Asimismo, el departamento del Tesoro resaltó el importante papel que juega en la organización criminal de Cabello su hermano José David Cabello Rondón, quien actualmente se desempeña dentro del régimen como Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, entidad encargada de cobrar los impuestos en Venezuela.

“José David ha utilizado su posición como jefe de la agencia venezolana de impuestos y de aduanas para extorsionar dinero de los venezolanos para beneficio personal. A fines del 2017, [Diosdado] Cabello, en su rol de Primer Vicepresidente Ejecutivo del PSUV [partido de gobierno], y José David como Jefe del SENIAT, fueron los principales beneficiarios de los esquemas de extorsión contra empresas privadas nacionales y extranjeras”, denunció el ministerio estadounidense.

“Los hermanos compartieron un porcentaje de las ganancias de extorsión con otros ministros y funcionarios en el círculo interno de Maduro. Un esquema típico de extorsión involucraba a funcionarios del SENIAT que auditaban un negocio e identificaban irregularidades tanto reales como falsas”, agregó.

Según el Tesoro de EEUU, funcionarios del SENIAT bajo órdenes de José David tenían la práctica de amenazar a las empresas con la imposición de elevadas multas, salvo que se comprometieran a pagar comisiones a los funcionarios a cambio de recibir multas más pequeñas.

Las compañías luego pasarían a registrar en sus libros esos sobornos como transacciones comerciales.

Más recientemente, los funcionarios del SENIAT adoptaron la práctica de solicitar que los sobornos fuesen depositados en cuentas bancarias temporales establecidas específicamente para reducir el riesgo de sanciones financieras impuestas por Estados Unidos contra altos funcionarios del chavismo y para evitar un mayor escrutinio de las cuentas bancarias extranjeras.

 

Tareck el Aissami se consolida como el cerebro de los negocios sucios del régimen de Maduro por Emili J. Blasco – ABC – 7 de Mayo 2018

El cargo de vicepresidente de Venezuela le ha permitido potenciar su actividad de narcotráfico y lavado de dinero, según distintos servicios de inteligencia

eyJpdSI6IjY0YjIwOTkxZDY0NzE3MTdhNmE1Y2M3ZWYxZTI2YTY2NGY4ZjI0NzY0MzBiNzUxM2M1YTBkMjRmMTJkMWJlY2UiLCJ3Ijo1MjUsImgiOjMzMCwiZCI6MS41LCJjcyI6MCwiZiI6MH0.jpgEl vicepresidente de Venezuela, Tareck el Aissami, se ha consolidado como el gran operador de negocios ilícitos del madurismo. En un país con una descomunal corrupción y donde los cargos gubernamentales se entregan muchas veces al enriquecimiento personal, El Aissami sobresale por la extensión de su estructura criminal.

Mano derecha de Nicolás Maduro, El Aissami domina una red que supera en complejidad la de Diosdado Cabello, de acuerdo con la información que están reuniendo varios servicios secretos occidentales.

A diferencia de Cabello, a quien ha sustituido como «número dos» del régimen, El Aissami no solo opera en el narcotráfico y el lavado de dinero, sino que además sigue ocupando un lugar clave en las relaciones con Hizbolá, como desde hace tiempo viene denunciando Estados Unidos.

Venezolano de origen sirio-libanés, El Aissami funciona a través de estrictos códigos familiares propios de su ascendencia drusa. En el clan ocupa un lugar destacado su hermano Feras. «Es la parte oculta en la estructura de negocios de Tareck, se encarga de ejecutar en su nombre muchas de las operaciones, desde las finanzas familiares hasta los negocios de sobornos y el ingreso en Venezuela de residentes de países árabes», afirman fuentes de inteligencia. Estrechamente colabora con ellos Omar Salha (y sus parientes más próximos), quien se encarga del manejo de las finanzas, administra cuentas bancarias y actúa de testaferro para diversas propiedades.

Otra pieza fundamental en la red es Husam el Aissami, primo del vicepresidente, quien lleva años como consejero de la Embajada de Venezuela en Jordania. Ha estado involucrado en el reparto de visados y pasaportes a personas vinculadas a Hizbolá y presuntamente se ocupa del traslado de fondos hacia Siria y Líbano.

En esa última actividad también habría participado otro primo, Fady el Aissami, activo igualmente en el arreglo de contrataciones del Estado a empresas propias o amigas. Husam Al Aissami es dueño del grupo Vensir, del cual forma parte también Maja Madeleine el Aissami, hermana del vicepresidente.

Otra hermana, Haifa «Fufu», es embajadora ante los Países Bajos, donde ha cuidado las relaciones con la Corte Penal Internacional ante el riesgo de que se abra una causa contra Maduro y la cúpula chavista.

El método de lavado de dinero de El Aissami

La red adquiere productos que llegan a Panamá procedentes de China. De Panamá la mercancía es llevada a Puerto Cabello, en Venezuela, donde operan agentes de aduanas y empresas locales con vinculación con la familia El Aissami.

Las mercancías entran entonces en un mecanismo de reventa entre las empresas del grupo El Aissami. La estructura corporativa está compuesta por 38 empresas, entre las que hay entidades financieras, constructoras e intermediarias en el negocio petrolero; también cuenta con al menos 18 propiedades en el exterior.

Las empresas están organizadas sustancialmente en dos subgrupos. Así, los productos entran en un proceso de compra-venta entre Distribuidora Vensir y Almacén Unión (subgrupo A), o entre estas y La Bomba o Corporación del Dragón 2012 (subgrupo B).

«Con ello, se genera un circuito cerrado de autocompra de mercancía que permite fijar el precio en las operaciones de compra y venta, incluso maquillar a conveniencia los números, en la mayoría de los casos sobrefacturando, para así poder realizar mediante este método el blanqueo de capitales», afirman las fuentes consultadas. «También hay en ocasiones compra-venta de stocks a veces inexistentes, dando inicio al ingreso de activos ajenos a la actividad económica. Eso se complementa con la entrada en juego de instituciones financieras intermedias, como Equitas Casa de Bolsa, que es propiedad del grupo El Aissami», añaden.

Una conexión financiera con Hizbolá es la mantenida a través de la compañía Importadora Silvania, con sede en la ciudad venezolana de Valencia, gestionada por Ali Hussein Harb y Kassem Mohamed Saleh, ambos señalados por el Tesoro de Estados Unidos como miembros de la red Joumaa para el blanqueo de dinero procedente de la droga y destinado a Hizbolá. Las fuentes seguran que Tareck el Aissami mantiene habitual trato con al menos una de esas dos personas.

El grupo también es socio de empresas ubicadas en Oriente Próximo, entre ellas Abu Khader Automotive, una concesionaria de vehículos de alta gama, con representación exclusiva de BMW para Jordania.

Conexión temprana con el narco

La relación del clan familiar de El Aissami con la droga viene de lejos. Documentación obtenida por ABC muestra cómo el clan estuvo vinculado con Walid Makled cuando este venezolano de origen sirio pasaba por ser en 2004 el principal capo de la droga en Venezuela. Poco después Makled sería arrinconado en el negocio por la actividad directa de dirigentes chavistas, entre ellos el propio Tareck el Aissami.

Haisam Alaisami, familiar del hoy vicepresidente, fue representante legal de la empresa Inversiones Makled, la cual tenía un acuerdo con la estatal petroquímica Pequiven para la distribución exclusiva de fertilizantes, como es el caso de la urea, utilizada como precursor en la fabricación de cocaína.

En 2004 fue confiscada por agentes de aduanas una carga de 280 toneladas de urea y diversos sulfatos y cloruros en unos almacenes que Inversiones Makled tenía en Santa Elena de Uarien, en la frontera con Brasil, presuntamente preparadas para su contrabando. Las conexiones políticas y judiciales de la banda condujeron a la liberación de la mercancía, en cuyas gestiones intervino Haisam Alaisami.

A pesar de su detención en 2011, Walid Makled habría seguido operando desde la prisión. Cambiadas las tornas, ahora lo haría en la órbita de Tareck el Aissami.

 

EE UU sanciona a un ex jefe de inteligencia chavista por tráfico de drogas por Florantonia Singer – El País – 8 de Mayo 2018

ofac2-2Pedro Luis Martín Olivares, que estaba en la lista estadounidense de narcotraficantes, es señalado como clave en la movilización de toneladas de cocaína por avión

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha incluido este lunes en la lista de narcotraficantes de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) a Pedro Luis Martín Olivares, quien en tiempos de Hugo Chávez fuese jefe de la Unidad de Investigación Financiera y luego director de Contrainteligencia del gobierno venezolano (en la antigua Disip hoy Sebin). Junto con Martín Olivares han sido sancionados —bajo la ley de Designación de Cabecillas Extranjeros en Narcóticos— sus socios, los también venezolanos Walter Alexander del Nogal Márquez y Mario Antonio Rodríguez Espinoza, a quienes señalan por haber dado soporte material, financiero y tecnológico a los negocios internacionales de droga de Martín Olivares.

Martín Olivares fue, según el Gobierno estadounidense, una figura clave en el uso del espacio aéreo venezolano como una ruta sin restricciones para el movimiento de toneladas de droga. El comunicado de Washington señala que usó su posición en el Gobierno venezolano para sobornar a funcionarios, hasta el punto de bloquear los radares militares para permitir el paso de aviones cargados con cocaína. También lo acusan de mantener redes de extorsión y de mover dólares a granel por vía aérea, como método para lavar las ganancias producto de sus negocios ilícitos. Son, paradójicamente, los delitos que debía investigar cuando ingresó al organismo de inteligencia venezolano.

La medida supone que cualquier activo de los sancionados en EE UU será automáticamente congelado, así como 16 empresas venezolanas y otras cuatro panameñas presuntamente utilizadas por los encausados para el blanqueo de capitales. Los sectores en los que operan estas compañías van desde la seguridad privada hasta el transporte pasando por la instalación de productos electrónicos, la compraventa de bienes raíces, la consultoría financiera, la construcción o la elaboración de productos petroleros terminados.

“Esta acción es en respuesta a las extensas actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero de Martín. La corrupción sistémica y el colapso del Estado de Derecho son características definitorias del gobierno de Venezuela “, ha dicho el secretario del Tesoro de EE UU, Steven Mnuchin. “Negaremos el acceso al sistema financiero de los funcionarios corruptos del régimen venezolano mientras trabajamos con socios internacionales para apoyar al pueblo venezolano en la restauración de la democracia y el retorno a la prosperidad”, agrega en el comunicado.

En 2015 Martín Olivares fue acusado en una corte de Florida de conspirar para distribuir drogas en EE UU. También de posesión —con intención de distribuir— de cocaína a bordo de un avión registrado en ese país. Su socio, Nogal, un empresario igualmente ligado al chavismo, es señalado como su puente para el tráfico de droga hacia Europa. Estuvo preso en 2007 en Italia, por tráfico de estupefacientes entre Caracas y Palermo (Sicilia). Fue liberado a los cuatro meses.

El Tesoro también señala los vínculos estrechos que tiene Martín Olivares con el general Hugo Carvajal, jefe de la policía política venezolana entre 2004 y 2011 y entre 2013 y 2014. El militar está incluido en las listas de la OFAC desde 2008 y es señalado de proteger cargamentos de droga de las FARC. En 2015 fue electo diputado por el PSUV de Nicolás Maduro para la Asamblea Nacional que se conformó con mayoría opositora. El año pasado se deslindó de la llamada revolución al criticar la propuesta del jefe de Estado de convocar a la Asamblea Nacional Constituyente.

Este lunes, a la par del anuncio de las sanciones a los tres venezolanos y las 20 empresas, el vicepresidente de la Administración Trump, Mike Pence, dio un duro discurso ante la asamblea general de la Organización de Estados Americanos en el que instó a los países de la región a restringir visas y aplicar sanciones para impedir que funcionarios del gobierno venezolano laven dinero en sus sistemas financieros. “Creemos que es hora de hacer más, mucho más”, dijo Pence, quien sugirió que se debía suspender a Venezuela de la organización. También hizo un llamado a Nicolás Maduro para que suspenda las elecciones del 20 de mayo. “No habrá elecciones reales en Venezuela el 20 de mayo, y el mundo lo sabe”.

Tareck el Aissami se consolida como el cerebro de los negocios sucios del régimen de Maduro por Emili J. Blasco – ABC – 7 de Mayo 2018

El cargo de vicepresidente de Venezuela le ha permitido potenciar su actividad de narcotráfico y lavado de dinero, según distintos servicios de inteligencia

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El vicepresidente de Venezuela, Tareck el Aissami, se ha consolidado como el gran operador de negocios ilícitos del madurismo. En un país con una descomunal corrupción y donde los cargos gubernamentales se entregan muchas veces al enriquecimiento personal, El Aissami sobresale por la extensión de su estructura criminal.

Mano derecha de Nicolás Maduro, El Aissami domina una red que supera en complejidad la de Diosdado Cabello, de acuerdo con la información que están reuniendo varios servicios secretos occidentales.

A diferencia de Cabello, a quien ha sustituido como «número dos» del régimen, El Aissami no solo opera en el narcotráfico y el lavado de dinero, sino que además sigue ocupando un lugar clave en las relaciones con Hizbolá, como desde hace tiempo viene denunciando Estados Unidos.

Venezolano de origen sirio-libanés, El Aissami funciona a través de estrictos códigos familiares propios de su ascendencia drusa. En el clan ocupa un lugar destacado su hermano Feras. «Es la parte oculta en la estructura de negocios de Tareck, se encarga de ejecutar en su nombre muchas de las operaciones, desde las finanzas familiares hasta los negocios de sobornos y el ingreso en Venezuela de residentes de países árabes», afirman fuentes de inteligencia. Estrechamente colabora con ellos Omar Salha (y sus parientes más próximos), quien se encarga del manejo de las finanzas, administra cuentas bancarias y actúa de testaferro para diversas propiedades.

Otra pieza fundamental en la red es Husam el Aissami, primo del vicepresidente, quien lleva años como consejero de la Embajada de Venezuela en Jordania. Ha estado involucrado en el reparto de visados y pasaportes a personas vinculadas a Hizbolá y presuntamente se ocupa del traslado de fondos hacia Siria y Líbano.

En esa última actividad también habría participado otro primo, Fady el Aissami, activo igualmente en el arreglo de contrataciones del Estado a empresas propias o amigas. Husam Al Aissami es dueño del grupo Vensir, del cual forma parte también Maja Madeleine el Aissami, hermana del vicepresidente.

Otra hermana, Haifa «Fufu», es embajadora ante los Países Bajos, donde ha cuidado las relaciones con la Corte Penal Internacional ante el riesgo de que se abra una causa contra Maduro y la cúpula chavista.

El método de lavado de dinero de El Aissami

La red adquiere productos que llegan a Panamá procedentes de China. De Panamá la mercancía es llevada a Puerto Cabello, en Venezuela, donde operan agentes de aduanas y empresas locales con vinculación con la familia El Aissami.

Las mercancías entran entonces en un mecanismo de reventa entre las empresas del grupo El Aissami. La estructura corporativa está compuesta por 38 empresas, entre las que hay entidades financieras, constructoras e intermediarias en el negocio petrolero; también cuenta con al menos 18 propiedades en el exterior.

Las empresas están organizadas sustancialmente en dos subgrupos. Así, los productos entran en un proceso de compra-venta entre Distribuidora Vensir y Almacén Unión (subgrupo A), o entre estas y La Bomba o Corporación del Dragón 2012 (subgrupo B).

«Con ello, se genera un circuito cerrado de autocompra de mercancía que permite fijar el precio en las operaciones de compra y venta, incluso maquillar a conveniencia los números, en la mayoría de los casos sobrefacturando, para así poder realizar mediante este método el blanqueo de capitales», afirman las fuentes consultadas. «También hay en ocasiones compra-venta de stocks a veces inexistentes, dando inicio al ingreso de activos ajenos a la actividad económica. Eso se complementa con la entrada en juego de instituciones financieras intermedias, como Equitas Casa de Bolsa, que es propiedad del grupo El Aissami», añaden.

Una conexión financiera con Hizbolá es la mantenida a través de la compañía Importadora Silvania, con sede en la ciudad venezolana de Valencia, gestionada por Ali Hussein Harb y Kassem Mohamed Saleh, ambos señalados por el Tesoro de Estados Unidos como miembros de la red Joumaa para el blanqueo de dinero procedente de la droga y destinado a Hizbolá. Las fuentes seguran que Tareck el Aissami mantiene habitual trato con al menos una de esas dos personas.

El grupo también es socio de empresas ubicadas en Oriente Próximo, entre ellas Abu Khader Automotive, una concesionaria de vehículos de alta gama, con representación exclusiva de BMW para Jordania.

Conexión temprana con el narco

La relación del clan familiar de El Aissami con la droga viene de lejos. Documentación obtenida por ABC muestra cómo el clan estuvo vinculado con Walid Makled cuando este venezolano de origen sirio pasaba por ser en 2004 el principal capo de la droga en Venezuela. Poco después Makled sería arrinconado en el negocio por la actividad directa de dirigentes chavistas, entre ellos el propio Tareck el Aissami.

Haisam Alaisami, familiar del hoy vicepresidente, fue representante legal de la empresa Inversiones Makled, la cual tenía un acuerdo con la estatal petroquímica Pequiven para la distribución exclusiva de fertilizantes, como es el caso de la urea, utilizada como precursor en la fabricación de cocaína.

En 2004 fue confiscada por agentes de aduanas una carga de 280 toneladas de urea y diversos sulfatos y cloruros en unos almacenes que Inversiones Makled tenía en Santa Elena de Uarien, en la frontera con Brasil, presuntamente preparadas para su contrabando. Las conexiones políticas y judiciales de la banda condujeron a la liberación de la mercancía, en cuyas gestiones intervino Haisam Alaisami.

A pesar de su detención en 2011, Walid Makled habría seguido operando desde la prisión. Cambiadas las tornas, ahora lo haría en la órbita de Tareck el Aissami.

 

16 países rastrearán bienes de venezolanos corruptos – 2001.com.ve – 19 de Abril 2018

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Estados Unidos acordó con 15 naciones fortalecer la cooperación para localizar y decomisar bienes de funcionarios venezolanos acusados de corrupción, dijeron el jueves dos integrantes del Departamento del Tesoro.

Los funcionarios conversaron con The Associated Press con la condición de permanecer anónimos porque la decisión se adoptó durante una reunión privada celebrada en la sede del Fondo Monetario Internacional.

Además de Estados Unidos, los otros países que participaron del encuentro fueron Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, España, Francia, Guatemala, Italia, Japón, México, Panamá, Paraguay, Perú y el Reino Unido.

“Acciones concretas son necesarias para evitar que funcionarios venezolanos corruptos y sus redes de apoyo abusen del sistema financiero internacional”, dijo en un comunicado el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, tras la reunión.

La meta es rastrear bienes ilícitos venezolanos para incautarlos y posteriormente devolverlos al pueblo venezolano una vez que Nicolás Maduro ya no esté en el poder.

También se desea evitar que un gobierno quebrado liquide activos valiosos en el extranjero como refinerías y la empresa petrolera Citgo en su búsqueda de dinero fresco que le permita mantenerse en el poder.

El ministro panameño de Finanzas, Dulcidio De La Guardia, dijo a reporteros después de la reunión que “la decisión en relación a incautar bienes es una decisión de los sistemas judiciales de cada país. En el caso panameño el Ejecutivo no tiene autoridad para hacer incautaciones de bienes. Esa autoridad únicamente la tiene el Ministerio Público”.

Mnuchin indicó que los países evaluaron cómo Maduro se ha negado a recibir ayuda humanitaria internacional y emplea la distribución de alimentos como un elemento de control social.

Washington ha impuesto sanciones a docenas de funcionarios venezolanos, incluido el vicepresidente Tareck El Aissami, por su supuesta participación en el narcotráfico.

El encuentro tuvo lugar mientras la nación sudamericana atraviesa una crisis humanitaria que ha provocado un agudo éxodo de venezolanos a otros países.

Las naciones también acordaron afinar las herramientas para asistir a Venezuela cuando cuente con un gobierno que tenga el apoyo de la comunidad internacional.

Maduro buscará la reelección el mes próximo en unos comicios rechazados por la oposición y varios países de la región por considerar que favorecen injustamente al gobierno.

“Los acreedores, privados o públicos, que brinden financiamiento nuevo al régimen de Maduro le están prestando a un gobierno sin legitimidad para endeudarse en nombre de Venezuela”, agregó Mnuchin.

El FMI pronosticó esta semana que este año Venezuela será la única nación del continente en rojo pese a la recuperación de los precios del petróleo, con una contracción estimada de 15% y de 6% en 2018 y una tasa de inflación que podría sobrepasar el 13.000%.

El gobierno venezolano y la petrolera estatal PDVSA se han retrasado en el pago de deuda pero acreedores por más de 60.000 millones de dólares aún no han interpuesto demandas, tal vez con la esperanza de que los papeles recuperen valor si llega al poder algún gobierno proclive al sector privado.

 

Maduro bajo la amenaza de una intervención humanitaria por Manuel Malaver – Noticiero Digital – 25 de Marzo 2018

manuelmalaver.jpgUna forma de intervención militar extranjera ocurrirá en Venezuela en los próximos meses y no hay dudas que se hará bajo la modalidad de una intervención humanitaria.Pienso que normada en la doctrina que la ONU sentó para la región cuando Haití rodó por el caos después del golpe de estado contra Jean-Bertrand Aristidi el 29 de febrero del 2004, y una fuerza multilateral, la Minustah (Misión de Estabilización de la ONU en Haiti) e integrada, principalmente, por Estados Unidos, Francia, Canadá y Chile, pasó a ser la responsable del proceso de restablecimiento de la vida democrática en el país de Petión que duró 10 años.Es bueno subrayar que “caos político” no es equivalente a “crisis humanitaria”, si bien sus efectos letales sobre la producción y distribución de los bienes de primera necesidad, concluyen en atribuirle una inevitable similitud.Aún más, una crisis humanitaria desencadenada por razones políticas, como serían las de gobiernos interesados en alguna suerte de limpieza étnica, ideológica, partidista o religiosa, puede transcurir en perfecto orden, pero en este caso el “orden” es parte de la crisis humanitaria y no puede alegarse para no tener judicialmente la misma calificación y condena.

No es el caso de la Venezuela del régimen dictatorial y socialista de Maduro, donde caos y crisis humanitaria van de la mano, son consustanciales y ello allanaría el camino para arribar a las definiciones y precisiones jurídicas que son imprescindibles para que la ONU repita en Venezuela la experiencia de Haití.

Aunque, lo más seguro, es que en la situación de Venezuela y su caos político y crisis humanitaria, tal misión sea puesta en manos de la OEA que, en la vocería de su Secretario General, Luis Almagro y de gobiernos como los de Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Argentina y Brasil, sería el organismo llamado a poner fin a la tragedia y devolver el país a la normalidad.

No debe descartarse, sin embargo, una intervención humanitaria unilateral o bilateral, en caso de que fracase la multilateral -sea de la ONU o de la OEA-, y no hay dudas que la misma puede llegar por una decisión del gobierno de los Estados Unidos que preside Donald Trump, o del colombiano que ya estará en manos del actual candidato a la presidencia, Iván Duque, para mediados de mayo, ciudadanos con sobradas razones para querellarse con un régimen que no esconde sus preferencias -a la hora de buscarse enemigos-, por los presidentes de los países con las democracias más viejas del continente.

En lo que se refiere a los Estados Unidos, no debe olvidarse que fue el primer país de América en colocarle la etiqueta de “dictadura” al gobierno de Maduro, de acusarlo de violaciones de los derechos humanos, de ser pieza clave del narcotráfico internacional y aliado del terrorismo islámico, haciéndolo objeto de sanciones que van, desde prohibirles el ingreso a sus funcionarios, hasta congelarles los activos, pasando por juzgarlos en tribunales por causas relacionadas con la corrupción y el narcotráfico.
Pero lo más grave es que el presidente Barack Omaba había declarado en un decreto que firmó el 9 marzo del 2015, que el gobierno de Maduro “es una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos” y que pasaba a tenerlo entre sus objetivos políticos y militares”, declaración que acaba de ser ratificada por la Administración Trump.

En cuanto a Colombia, puede señalarse como el primer país de la región en sufrir las consecuencias del éxodo masivo de venezolanos a su territorio, que ya pasa del millón de personas, así como de ser objetivo de ataques de guerrilleros desmovilizados de las FARC y ELN que Maduro usa para hostigar a tropas colombianas destacadas en la frontera.
En otras palabras que, las intervenciones de un país (o grupo de países) extranjeros a un país soberano del continente no son inusuales ni remotas, si bien hay que entender su complejidad legal después que la Carta de la ONU sacralizó el principio de soberanía nacional que trató de evitar que los países más fuertes hicieran tabula rasa con la independencia de los débiles.

El problema con la “soberanía nacional” es que “gobiernos fuertes” de “países débiles”, pueden usarla a su antojo para oprimir y esclavizar a las poblaciones de sus propios países, perpetrando gigantescas violaciones de los derechos humanos, arrasando con cualquier vestigio de libertad, democracia y constitucionalidad y, todo bajo el alegato de que ningún poder extraterritorial (sean gobiernos o multilaterales) pueden violar su sacrosanta soberanía.

Argucia que resultó particularmente criminal cuando el comunismo soviético se impuso, de hecho, como un poder mundial y global, gobernó como una internacional del crimen e invadía naciones bajo el principio del “Internacionalismo proletario”, pero no permitía que gobiernos democráticos se solidarizaran con los invadidos en aplicación de la doctrina de la soberanía nacional.

Así cayeron Cuba, Cambodia, Laos, Nicaragua, Etiopía y Afganistán, países que pasaron a sufrir los horrores que antes habían vivido la Unión Soviética, China, Corea del Norte, y los países del Este de Europa, pero que fueron dejados en las garras de sectas de fanáticos desequilibrados y desintegrados que cometieron y cometen crímenes bajo una impunidad atroz, pero que el mundo civilizado no se atrevía ni a protestar, ni a ponerle fin.

Y así piensan Maduro y sus genocidas -Cabello, Padrino López, Reverol, los hermanos Rodríguez, Bernal, y demás terroristas, narcotraficantes y afines que los secundan-, que sucederá con Venezuela, pues siempre podrá favorecerlos el principio de inviolabilidad de la soberanía nacional, o si no, que no se logren los consensos, unamidad o mayoría absoluta para que el pueblo venezolano no sea desterrado de la civilidad, la libertad, la democracia y el progreso porque unos rendentores quiere mantenerlos para siempre en los predios del “Buen Salvaje”.

Pero le advertiría a Maduro y sus secuaces que, tal como se lee en El Quijote”: “En los nidos de antaño, no hay pájaros de hogaño”, que el comunismo soviético desapareció hace casi tres décadas, que su imperio conocido como el sistema socialista fue arrasado al extremo de que solo dos países, Cuba y Corea del Norte, lo mantienen como en una suerte de museo de cera del horror, y que la democracia constitucional con sus principios de independencia de los poderes y alternabilidad en el gobierno, rigen en el 90 por ciento de las naciones del globo.

Además, en el caso de Venezuela -con relación al resto de los países comunistas que fueron y son-, cursa una variante que es de especialísima importancia: el fracaso del socialismo es fundamentalmente demostrable por el retroceso de la calidad de la vida a niveles primarios, a tal como se vivía en los años más rudos del medioevo y pueden visualizarse en la hambruna que desde hace más de dos años sufre el país, la falta de medicinas y de servicios médicos -que ya se constituyen en una de las principales causas de muertes- y en un derioro de los servicios públicos como el suministro de agua, luz y transporte que hacen de Venezuela una réplica de Cuba y Haití.

Pero ha sido el éxodo masivo de venezolanos hacia países extranjeros, la llamada díáspora o emigración que ya alcanza los cinco millones de personas, las que determinan que Venezuela se despeñó por la vía a que condujo la inviabilidad del socialismo en otros países y que se hará imprescindible, indispensable e inescapable proceder a una intervención humanitaria para poner fin a su destrucción.

De ahí que, no sea descartable que, después de la celebración de la “Cumbre de Las Américas” en Lima, Perú, entre el 15 y el 16 de abril próximo, tanto la mayoría de los países representados en la OEA, como los que pertenecen a la ONU, se dispongan a discutir y resolver algún tipo de intervención militar en Venezuela, una que quizá se apoye en una fuera armada multilateral u otra bilateral de dos o más países con el mandato que ya recibieron EEUU, Francia, Canadá y Chile en Haití.

Misión para poner fin a la dictadura comunista totalitaria y genocida de Maduro, sea mediante la negociación o la guerra.

 

Venezuela es un país de tránsito para el contrabando de drogas ilícitas – La Patilla – 15 de Febrero 2018

Almirante-Kurt-tidd-768x486.jpgEl jefe del Comando sur de EEUU Kurt W. Tidd fijó postura sobre Venezuela antes del 115 Congreso de Servicios Armados del Senado mediante un informe que se refiere a la inseguridad y dificultades que afectan a la región, destacando a venezuela como es un país de tránsito para el contrabando de drogas ilícitas.

El jede del Comando del Sur de EEUU señala que Venezuela siempre ha proporcionado un entorno permisivo para los grupos narcoterroristas y Partidarios libaneses de Hezbollah, y que se ha convertido en un país de tránsito para el contrabando de drogas ilícitas.

Asimismo el informe se refiere al continuo asalto de las instituciones democráticas dentro del país, lo que proporciona un mayor espacio para los actores ilícitos que operan con impunidad, y para que Rusia, China y Cuba expandan su influencia sobre el régimen corrupto de Maduro.

“Los próximos meses probablemente serán críticos, con una campaña presidencial elección, deterioro económico continuo y escasez generalizada de medicamentos, alimentos, electricidad y bienes de consumo”, cierra el escrito.

Por otra parte, la postura detalla que Venezuela forma parte de los desafíos a los intereses de Estados Unidos, al igual que Cuba, nación a la cual se responsabiliza de ejercer una influencia negativa en Venezuela, a través de su servicio de inteligencia y las Fuerzas Armadas, “que desempeñan el papel de asesor clave roles que dan forma a la política interna venezolana”.

 

El gigante despierta: EE. UU. decidido a lograr un cambio de régimen en Venezuela por Orlando Avendaño – Panampost – 27 de Enero 2018

Además de Corea del Norte e Irán, Venezuela constituye una de las prioridades de la política exterior para Estados Unidos. (Wikimedia)

Hoy ya no es un disparate afirmar que el cambio de régimen en Venezuela es una de las prioridades de Estados Unidos. Con las últimas noticias que salen de Washington ya no hay duda.

A diferencia de la administración de Barack Obama, el Gobierno de Donald Trump ha asumido una posición firme a favor de un retorno a los valores democráticos en Venezuela. Es cierto que durante la administración del demócrata se blandió una real política de apaciguamiento frente a importantes amenazas a las libertades en la región.

“Hubo una estrategia por parte de diplomáticos de alto rango (de la administración de Obama) que buscaba favorecer la estabilidad de Venezuela a costo de la seguridad de Estados Unidos”, dijo el exsubsecretario de Asuntos Hemisféricos, Roger Noriega, en febrero del año pasado.

Un reportaje del diario español ABC, de julio de 2017, develó cómo la administración de Obama ordenó dejar de investigar los vínculos entre la organización terrorista, Hezbolá, y el régimen de Nicolás Maduro; con el fin de no afectar los acuerdos con Irán. Aunado a ello, está la política del demócrata con respecto a los acuerdos de paz entre las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos, así como el acercamiento con el régimen de Raúl Castro.

Pero todos esos propósitos concluyeron cuando en noviembre de 2016 el representante del Partido Republicano, Donald Trump, se alzó sobre la demócrata, Hillary Clinton. Y en enero inició el viraje.

La asunción de la responsabilidad vino acompañada de una coyuntura en Venezuela: mientras Trump empezaba a tomar las riendas de una nación, en el norte de Suramérica se iba acentuando la degradación política y económica. Y fue a los dos meses cuando estalló la crisis.

Gracias a uno de los movimientos populares más importantes que se ha generado en el país latinoamericano, el régimen de Nicolás Maduro pudo exponer ampliamente todo su carácter criminal. Además, y debido a la fuerte crisis económica, otras costuras también se exhibieron.

La captura de dos sobrinos de la pareja presidencial por narcotráfico; sus declaraciones; los vínculos abiertos de algunos funcionarios con asociaciones terroristas islámicas, y la hostilidad con naciones occidentales. Todo empezó a gotear dentro de un vaso que en cualquier momento se rebosaría.

Del apaciguamiento al estrangulamiento

La administración de Trump se estrenó sancionando al vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, el 13 de febrero de 2017. Una fuente de la Casa Blanca indicó en ese momento que la decisión fue impulsada debido al papel del importante funcionario en el “tráfico internacional de drogas”.

Que un vicepresidente de una nación constituya una pieza fundamental en el narcotráfico internacional es inaceptable. Sobre todo si forma parte de un país occidental. Pero ciertamente llama la atención cómo la primera acción de una novel administración fue atentar contra un cabecilla de la dictadura chavista. No fueron moderados. El torpedo golpeó el USS Barb, no otro submarino.

Mientras el Departamento del Tesoro congelaba activos a El Aissami, Efraín Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, los llamados “narco sobrinos”, enfrentaban un largo juicio en Nueva York. Fue un proceso que reveló a Estados Unidos los vínculos directos entre el Ejecutivo y el narcotráfico; y que no colaboró a menguar las hostilidades entre ambas naciones.

Semanas después, en abril, luego de unas ilegales sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que secuestraban las facultades del Parlamento venezolano, iniciaron las protestas. Pero, además, inició el derramamiento de sangre.

Desde un principio la represión fue ardua y cada vez eran más los asesinados por la dictadura de Nicolás Maduro. En medio de esa coyuntura, el 18 de mayo, el Gobierno de Tump decidió hacer responsables a los magistrados del TSJ por haberse apropiado de las funciones de la Asamblea Nacional. Fueron las primeras sanciones al régimen de Maduro que no estaban relacionadas con el narcotráfico. A los magistrados les congelaron sus bienes y se les impidió hacer transacciones.

“Estados Unidos no va a permitir que aquellos que impiden la democracia o violen los derechos humanos permanezcan impunes”, dijo en ese momento el senador de Florida, Marco Rubio, uno de los promotores de las sanciones.  La represión no cesó. Las protestas se acentuaron, así como los muertos. El conflicto era dramático e inaceptable para la región. Los venezolanos, por su parte, esperaban que la comunidad internacional asumiera una postura mucho más firme frente a las constantes violaciones de derechos humanos.

Sin embargo, un elemento que se agregó a la fórmula fue el que encendió las alarmas del mundo: Maduro anunció la convocatoria de una ilegal Constituyente con el fin de reformar el Estado a su conveniencia.

El Gobierno de Estados Unidos empezó a emitir advertencias a la dictadura chavista: si se continuaba con el disparate constituyente, la administración de Trump no titubearía para imponer sanciones mucho más fuertes.

Unos días antes del 30 de julio, cuando se supone que se impondría la Constituyente, Trump envió una alerta, pero mucho más tajante, a Nicolás Maduro. El miércoles 26 se expandieron las sanciones que ya habían sido aplicadas a los magistrados: a la presidenta del Consejo Nacional Electora, Tibisay Lucena; a la exministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela; al ministro de Interior, Reverol; al director de la Policía Nacional Bolivariana, Carlos Alfredo Pérez; al defensor del Pueblo (y luego fiscal), Tarek William Saab; y a otros importantes militares. A todos ellos les bloquearon sus bienes por estar involucrados en corrupción, narcotráfico y violación de los derechos humanos.

La Casa Blanca también advirtió que “cualquier persona que se incorpore a la Constituyente se expone a sanciones de Estados Unidos” y que una vez que se instale esta Asamblea ilegal considerarían implementar más sanciones económicas.

A pesar de las protestas, de la advertencia de la comunidad internacional y de las recientes sanciones, la dictadura decidió avanzar con la torpeza: el 30 de julio se impuso, empapada de sangre y represión, la Asamblea Nacional Constituyente a través de un proceso electoral fraudulento. Grave error para Maduro: al día siguiente amaneció sancionado.

Estados Unidos “congelará los activos, prohibirá los viajes y prohibirá las transacciones comerciales el lunes para el presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusándolo de socavar la democracia después de llevar a cabo una elección el domingo para una todopoderosa nueva Asamblea”, se leía ese lunes 31 de julio en el diario estadounidense Miami Herald.

Los duros golpes no bastaban, aunque en Venezuela, a pesar de que se había impuesto la Constituyente, la tensión política en las calles había mermado. Pero para Estados Unidos eso no significaba nada. Ciertamente, la oposición venezolana había anunciado su intención de participar en el proceso electoral de las regionales, pautado para octubre.

El miércoles 9 de agosto el Gobierno de Trump anunció penalizacionescontra ocho nuevos venezolanos. Fue otra respuesta a la decisión del régimen de desmontar la República con la imposición de la Asamblea Nacional Constituyente.

Al hermano del expresidente Hugo Chávez, Adán Chávez; a los prominentes chavistas Francisco Ameliach, Érika Farías, Carmen Meléndez, Tania D’Amelio, Darío Vivas, Hermán Escarrá y al coronel de la Guardia Nacional Bolivariana Vladimir Lugo, les congelaron sus activos y prohibieron cualquier transacción financiera.

Y luego, dos días después, Trump expresó la que ha sido una de sus declaraciones más polémicas hasta el momento:

“Tenemos muchas opciones para Venezuela… No dejamos a un lado la opción militar. Es nuestro vecino. Ustedes saben, tenemos tropas en lugares del mundo que son muy lejos y Venezuela no queda muy lejos”.

Imperó la indignación y la euforia. Luego de años de una política de no-intervención en la región, Estados Unidos planteaba la posibilidad de una incursión militar en Venezuela con el fin de deponer al régimen dictatorial de Maduro. 

Fue un momento decisivo. Un punto de inflexión que forzó a los venezolanos a abrir un nuevo debate. ¿Era posible la intervención militar en Venezuela? ¿Sería esa la única y última esperanza? ¿Sería una exageración? Inmediatamente surgieron reclamos y ovaciones. Algunos, a través de las redes sociales, preguntaban qué esperaba Trump. Otros lo rechazaban categóricamente, sugiriendo incluso que preferían la miseria del chavismo al auxilio de los marines. Pero lo cierto es que, al hacer el planteamiento, Trump demostraba que Venezuela, junto a Corea del Norte, era una de las prioridades de la política exterior de Estados Unidos.

Cada vez era más claro: la crisis en Venezuela sí quitaba el sueño a Washington. Por esa razón, el país regido por Trump asumía la postura de estrangular lo más posible al régimen de Maduro.

El 25 de agosto se asestó otro duro golpe. Ese viernes Estados Unidos anunció la prohibición a la dictadura y a su estatal petrolera, PDVSA, de la venta de nuevos bonos a estadounidenses o a instituciones financieras de Estados Unidos. Asimismo, se prohibió cualquier transacción de bonos existentes del Estado venezolano.

“Con esta operación se está limitando la capacidad del Gobierno de operar en dólares. Esto también va a tener un duro impacto en las operaciones petroleras del país porque estos instrumentos estaban siendo utilizados para financiar las compras que está realizando Petróleos de Venezuela”, dijo al Nuevo Herald, Antonio De La Cruz, director ejecutivo de la firma de asesores Inter American Trends, con sede en Washington.

Se trató de la primera sanción económica contra el régimen dictatorial. Y fue un torpedo directo contra la industria que provee los principales ingresos a ese régimen. A los pocos días la agencia Reuters publicó una nota en la que señalaba cómo las más recientes medidas estaban afectando terriblemente los negocios del chavismo.

Tres fuentes financieras le afirmaron a Reuters que las sanciones de mediados de agosto “han bloqueado algunas de sus exportaciones de crudo [de PDVSA], ya que bancos y fondos de inversión estadounidenses se niegan a entregar cartas de crédito a potenciales compradores del petróleo venezolano“.

Son cortes quirúrgicos que van estrangulando poco a poco a un régimen que se erigió sobre una abundante petrochequera. No se trata de un bloqueo general ni de alguna política de amonestación torpe. Estados Unidos ha aprendido de sus errores del pasado y sabe que ahora el objetivo es cambiar al régimen, no promover un estado de miseria sobre el que el chavismo pueda regir con mayor facilidad.

A la política de exterior de Trump, con respecto a Venezuela, se sumaron otras naciones. Desde la Organización de Estados Americanos (OEA) se ha discutido la grave crisis en la nación latinoamericana. El 3 de noviembre el Gobierno de Canadá anunció fuertes medidas en contra del régimen de Maduro: el dictador y un grupo de 18 funcionarios fueron sancionados. Trece días después, en una reunión informal en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, bajo el mecanismo de la «Fórmula Arria», Venezuela quedó expuesta como un “narcoestado”.

“Venezuela es un narcoestado cada vez más violento que amenaza a la región, al hemisferio y al mundo”, espetó la embajadora estadounidense, Nikki Haley, quien además señaló: “El mundo está cada vez más unido en sus esfuerzos para restaurar los derechos humanos y las libertades fundamentales (…) ¡La justicia llegará a Venezuela!”.

La condena continuó expandiéndose. A principios de noviembre la Unión Europea decidió imponer un embargo de armas y equipos de represión a Venezuela. Pero no fue suficiente. Dos meses después, toda la comunidad acordó aplicar fuertes sanciones a un grupo de funcionarios de la cúpula dictatorial. Ahora se incluía al número dos del chavismo, Diosdado Cabello, en una lista; también al presidente del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno.

Jamás en su historia contemporánea Venezuela había sido condenada por naciones como hoy. Y la iniciativa la tomó Estados Unidos. Es una prueba irrefutable del compromiso del país norteamericano con la urgencia de cambio en Venezuela.

Senadores comprometidos con Venezuela

En junio del año pasado el senador republicano por Florida, Marco Rubio, dijo:

“Hay fuertes alegatos de desertores sobre el involucramiento de un individuo llamado Diosdado Cabello, que en mi opinión personal y basado en lo que he visto, no es un simple líder político, desde mi punto de vista es el Pablo Escobar de hoy en Venezuela, es un narcotraficante”.

No fue un momento de cólera. Rubio lo reafirmó en otras oportunidades. Para él, el número dos del chavismo es un importante líder del narcotráfico en la región. No se trata de declaraciones que se puedan tomar a la ligera. Sugieren bastante. Y en ese momento Rubio demostró su vinculación con la causa de Venezuela.

Ya había abordado el tema en varias oportunidades. El 27 de marzo de 2014, cuando Venezuela atravesaba una fuerte crisis política, Marco Rubio explicó frente al Congreso de Estados Unidos cómo Nicolás Maduro violaba los derechos humanos de manifestantes. En ese momento pidió sanciones y denunció a quienes están vinculados al régimen chavista y viven como ricos en Estados Unidos.

Pero recientemente, la ofensiva ha incrementado. En Twitter, en agosto del año pasado, el senador mantuvo un intercambio de insultos con Diosdado Cabello. Lo llamó “líder narcotraficante”, y el chavista le respondió, llamándolo “Narco Rubio”

Rubio constantemente declara a favor de la lucha democrática en Venezuela. Al fin y al cabo, representa al estado Florida, donde se concentra la mayor cantidad de venezolanos en el exterior. El primero de agosto envió un mensaje a Maduro y aseguró a los ciudadanos de Venezuela que “no están solos”. Luego, el 30 de agosto, se supo que propuso a la administración de Trump un programa temporal que permitiera a los venezolanos permanecer en Estados Unidos.

“A la luz de la actual crisis política, económica, social y humanitaria en Venezuela, no es en el mejor interés de los Estados Unidos deportar a los venezolanos no violentos de vuelta al país en este momento”, señala una carta que envió a Washington.

Rubio es un importante dirigente estadounidense. Fue precandidato presidencial republicano y pudo mantenerse en la contienda hasta casi el final. Goza de relevancia en Washington y aparentemente se mantiene en constante contacto con Trump. Y, a sus esfuerzos, se le unió otro senador, pero del otro partido: Robert “Bob” Menéndez.

Detrás de las cortinas, Menéndez también había estado enfocando sus esfuerzos en colaborar con el retorno a la democracia en Venezuela. En febrero de 2017 fue uno de los firmantes de una carta en la que varios congresistas solicitaron a Trump aplicar sanciones a Venezuela.

Pero ha sido esta última semana cuando Rubio y Bob Menéndez han demostrado su compromiso con Venezuela: enviaron una carta al presidente Trump en la que le aconsejaron imponer sanciones a Diosdado Cabello; también escribieron al fiscal general, Jeff Sessions, para solicitarle que inicie una investigación contra Maduro por su responsabilidad en violaciones de derechos humanos y el tráfico de droga; y, por último, aseguraron que la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, “debe convocar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para una reunión de emergencia sobre Venezuela”.

Si las tres peticiones de los senadores bipartidistas se llegasen a cumplir, Estados Unidos estaría lanzando tres dardos letales al régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Al mismo tiempo, se enviaría un mensaje a la comunidad internacional bastante claro: es momento de aumentar el nivel de presión y trascender las sanciones.

Un peligro para Estados Unidos y una razón para actuar

“Venezuela podría convertirse en un riesgo para Estados Unidos. Los cubanos están allí; los rusos están allí; los iraníes y Hezbolá, están allí”, dijoel director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Mike Pompeo, el pasado 13 de agosto.

Nuevamente, se trata de una declaración bastante delicada que insinúa demasiado, y lo dijo justo después de que Trump planteara la opción militar en Venezuela. Es el director de la principal agencia de inteligencia del mundo quien asegura que la permanencia del régimen dictatorial de Maduro constituye un peligro para Estados Unidos.

Asimismo, hace unos días Pompeo reconoció que la CIA ha sido la principal institución estadounidense que se encuentra detrás de las sanciones de Trump contra la dictadura. Dijo, también, que Venezuela es una de las prioridades del presidente de los Estados Unidos.

“No solo estamos enfocados en Corea del Norte e Irán. Estamos trabajando diligentemente para resolver los problemas en Venezuela, en África”, dijo el director de la CIA luego de una conferencia en el centro de estudios American Enterprise Institute, el pasado 23 de enero.

Es claro: el cambio de régimen en Venezuela es una de las prioridades de Estados Unidos. Lo demuestra el contundente viraje con respecto a la administración anterior: las sanciones, las fuertes declaraciones y los constantes eventos en torno a la crisis en el país latinoamericano.

Hace unos días, para el servicio de radiodifusión internacional de Alemania, DW, el secretario de la OEA, Luis Almagro, dijo: “Démosle una oportunidad a las sanciones. Las sanciones es la última medida diplomática, la medida diplomática más dura. Esas sanciones, no obstante, deben abarcar más. Deben golpear al régimen”.

Almagro dice que las sanciones son la última medida diplomática. Asegura, también, que la peor sanción para Venezuela es la permanencia de Maduro unos seis años más. Son palabras bastante sólidas. Y, al día siguiente, se anunció que Rex Tillerson, el secretario de Estado de Estados Unidos, empezará el primero de febrero una gira por Latinoamérica enfocada en Venezuela.

Visitará Ciudad de México, Buenos Aires, Lima, Bogotá y Kingston. Su visita se asemejaría a la del vicepresidente Mike Pence, en agosto del año pasado, cuando se reunió con varios mandatarios de la región para discutir la crisis de Venezuela. Lo hizo luego de las polémicas declaraciones de Trump, cuando habló de la alternativa de una incursión militar para deponer a Maduro.

Sus esfuerzos se sumarán a los de Marco Rubio y Bob Menéndez, quienes se mantienen vigilantes. También a los del secretario Almagro, cuyo despacho están en Washington y es claro que ha asumido para sí mismo la causa de los venezolanos.

Es una posición que también comparte el resto de la comunidad internacional. Incluso Francia, cuya diplomacia no suele ser frontal ni ha tenido encontronazos importantes con el chavismo, denunció el autoritarismo en Venezuela.

Como señaló Almagro, las sanciones son las últimas alternativas diplomáticas; luego, otras medidas deberán ser tomadas. Y en ese escenario, nuevamente Estados Unidos podría ser precursor.

Pero Tillerson es el Secretario de Estado y, según dijo el exembajador Charles Shapiro en una entrevista al PanAm Post, Estados Unidos podría tratar de “convencer y coordinar” más sanciones económicas contra el régimen venezolano para poder ejercer mayor presión internacional.

El año en que Maduro se consolidó a golpe de purga por Emili J. Blasco – ABC – 26 de Diciembre 2017

El madurismo pasa a las purgas: cierra 2017 con la depuración de Ramírez; en 2018 podría darse la de Cabello

En los regímenes autoritarios las depuraciones de correligionarios se producen cuando el que está arriba se encuentra suficientemente consolidado: cuando el que manda se considera ya lo bastante fuerte para comenzar a decapitar a sus posibles rivales internos sin temor a que estos se unan y contraataquen.

El año que termina ha sido el año de la consolidación del madurismo: vista la viabilidad de Maduro como presidente autoritario (ha logrado romper el orden democrático y constitucional sin que haya sido derrocado, a pesar de las multitudinarias manifestaciones registradas en abril y mayo), sus padrinos cubanos -a quienes la oposición atribuye el control del país- parecen haber apostado ya por él para que se perpetúe en el puesto.

El chavismo se ha transformado en madurismo, como la URSS, tras la muerte prematura de Lenin, dejó el leninismo para entrar en un largo estalinismo. La música llanera, tan presente antes en la vida oficial venezolana (la música del arpa, el cuatro y las maracas, tan querida por Chávez por ser propia de su estado natal de Barinas) ha sido sustituida por la salsa, que Maduro y la Primera Combatiente bailan en televisión. Sería extraño que eso no estuviera estudiado. Los compases autóctonos han dado paso a sones que, aunque compartidos en el Caribe, tienen un origen cubano. ¿Cabe mayor simbolismo del traspaso de poder y de obediencias?

Maduro ha superado la prueba

Una vez pasó 2016 sin que pudiera celebrarse un referéndum revocatorio, los cubanos podían haber cambiado a Maduro por otro dirigente con mayor atractivo popular, sin coste político. Pero el presidente ha resultado eficiente en cumplir la misión asignada para 2017: afrontar el salto en el vacío de pasar de un régimen formalmente democrático a otro que rompe abiertamente con el orden constitucional (Asamblea Nacional paralela) y que celebra elecciones ya oficialmente fraudulentas (como declaró Smartmatic, la propia empresa que gestiona la votación electrónica, en relación a la votación de gobernadores). Si la oposición ha aceptado todo eso, ¿por qué no va a aceptar también la reelección de Maduro en 2018, con las mismas trampas?

Así que, una vez consolidado, Maduro ha comenzado las depuraciones en serio, sin aparente temor a que los castigados canten (saben muchas cosas, pero al fin y al cabo son igualmente responsables de lo que puedan denunciar).

El primer gran depurado ha sido Rafael Ramírez, el zar del petróleo durante la era de Chávez y quizás la mayor fortuna ilícita amasada a su sombra. Maduro ya lo apartó al comienzo de modo educado (en 2014 fue designado brevemente canciller y luego enviado como embajador ante la ONU); ahora lo ha arrojado a las tinieblas (tras dejar la ONU este mes de diciembre, hoy se encuentra en Italia, temeroso de volver a Venezuela o dar un paso exterior en falso que suponga su detención).

¿Candidatura de María Gabriela Chávez?

El interés político de Maduro de acabar con él está claro. Ramírez, en su día tildado el hijo de Chávez, puede representar ante los ojos de muchos la idílica era anterior, cuando PDVSA generaba enormes divisas, la economía iba bien, no había carencia de medicinas ni de alimentos esenciales, y las masas populares sintonizaban sinceramente con el carismático líder.

El madurismo necesita terminar con la añoranza del chavismo, y nada mejor que cercenar a gran parte del llamado 4-F (el grupo de antiguos dirigentes que arroparon a Chávez al comienzo de su vida política y que han cultivado una imagen de guardianes de la esencia de la revolución). Ese sector sigue buscando una cara pública con la que intentar confrontar a Maduro en las elecciones previstas para finales de 2018. Una de las opciones consideradas es promover como candidata a María Gabriela Chávez, hija del comandante, que ha sido adjunta de Ramírez en la ONU durante los últimos años.

El clan de la droga y el del petróleo

Pero más que un sistema político, lo que hay en Venezuela es un sistema criminal, por lo que las depuraciones responden a una dinámica particular, propia de las mafias. Quien se hace dueño del país, quiere ser dueño de todo el negocio. Cuando Maduro llegó a la presidencia, se encontró con la división que había establecido Chávez, el cual supervisaba, como rey y como árbitro, dos redes: la del petróleo, cuyos beneficios ilícitos eran sobre todo para Ramírez y el clan que este había instalado en la amplia estructura de PDVSA, y la de la droga, que progresivamente había ido quedando en manos de Diosdado Cabello.

A la muerte de Chávez hubo un pacto, como explicaron los narcosobrinos en las grabaciones usadas por la Justicia de Estados Unidos para su condena. Como en ese tiempo inicial Maduro necesitaba la paz con Diosdado Cabello, quien sentía que se le había robado la presidencia y podía maniobrar en su contra, aceptó que este siguiera con el negocio de la droga, mientras él y su familia optaba por quedarse con el negocio del petróleo.

«Desafortunadamente, que descanse en paz, Chávez muere, y luego [la droga] quedó bajo su control [de Cabello], y luego el petróleo quedó bajo nuestro control», afirmó en las grabaciones Efraín Campo Flores, ahijado de Maduro. Fue un «“bueno, si te doy esto, me das eso”. Y dijimos: “Bueno, las ganancias son básicamente las mismas, quizás un poco más aquí que allá, o hay más allí que aquí, pero. . . no vamos a entrar en tu parte».

Primero, quedarse con los ilícitos del petróleo

En realidad, los Maduro-Flores no pudieron beneficiarse completamente de la corrupción en la gestión de PDVSA. El nuevo presidente venezolano sacó a Ramírez de presidente de la compañía y de ministro del Petróleo y colocó al sobrino predilecto de su esposa, Erick Malpica Flores, en la dirección financiera de la estatal. Pero el abrupto descenso del precio del petróleo y el dominio que Ramírez seguía ejerciendo sobre cuadros históricos de PDVSA, dificultó el rédito que la familia presidencial pensaba obtener.

Lo primero que ha hecho Maduro en este final de 2017, al sentirse totalmente consolidado en el poder, ha sido acabar con Ramírez y echar de PDVSA a un centenar de ejecutivos. Esta operación le ha permitido a Maduro enarbolar la bandera política de la anticorrupción (algo habitual en las purgas de muchos regímenes), mientras que quienes ahora se beneficiarán de la corrupción en la petrolera serán personas puestas por el mandatario (Fuerzas Armadas y otros allegados). Este, además, se ha deshecho de ejecutivos que seguían teniendo cierta cultura corporativa y oponían resistencia a la posiblidad de que PDVSA entre en default.

Próxima purga: acaparar el negocio de la droga

En cuanto a la droga, los Maduro-Flores se han ido metiendo en el coto inicialmente dejado a Cabello. Ahí está el caso de los narcosobrinos y sobre todo el fortalecimiento del vicepresidente Tareck el Aissami, mano derecha de Maduro y figura central en el narcotráfico y en otros negocios ilícitos con Hezbolá.

Cabello ha ido perdiendo poder (apenas logró colocar gente suya en la Asamblea Nacional Constituyente, a cuya presidencia por tanto no pudo aspirar, y ha quedado fuera del reparto de gobernadores y alcaldes). Lo lógico sería esperar que el próximo gran depurado sea él mismo, cuando Maduro toque ya con sus manos la releección o cuando esta se haya producido.

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