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Asamblea Nacional venezolana denuncia en Madrid el “ecocidio” de Maduro – El Mercurio – 11 de Diciembre 2019

Representantes de la Asamblea Nacional (AN) venezolana denunciaron en Madrid el “ecocidio” llevado a cabo por el presidente de ese país, Nicolás Maduro, en el conocido como Arco Minero del Orinoco, una zona amazónica rica en oro, diamantes y coltán, muy apreciado por uso en la fabricación de teléfonos móviles.

Según la delegación de la AN en España, encabezada por Antonio Ecarri, la explotación de esos recursos es un “ecocidio” en el que están implicados la familia de Maduro, especialmente su hijo, Nicolás Maduro Guerra, y los militares fieles al Gobierno venezolano, que está provocando “un grave daño ambiental”.

En rueda de prensa en Madrid, la subcomisionada presidencial para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Isadora Zubillaga, explicó que en el marco de la cumbre mundial del clima, o COP25, una delegación de la Asamblea Nacional se ha reunido con países como Francia, Holanda, Canadá y Perú para denunciar esta situación, que también llevarán hasta Bruselas.

El Arco Minero del Orinoco, una área de 111.000 kilómetros cuadrados, el 12% de la extensión del país, “está sufriendo una gran desforestación” con la explotación minera del Gobierno venezolano y con ello la “destrucción del suelo, haciéndolo más frágil, por lo que su recuperación va a ser prácticamente imposible”, dijo Eugenio Chacón, profesor universitario e investigador en el área ecológica y cambio climático.

Según Cachón, la explotación minera en esa zona, que ocupa mayoritariamente el norte del estado de Bolívar y en menor proporción el noreste del estado de Amazonas y parte del estado del Delta Amacuro, no solo provoca desforestación, sino un aumento de los gases de efecto invernadero” en una de las áreas más importantes en la mitigación del cambio climático”.

LAS CONSECUENCIAS DE LA MINERÍA

El uso de mercurio para separar el oro de la tierra, que luego cae a los afluentes del río Orinoco, es una de las causas de la contaminación ambiental, en concreto de las aguas y de los recursos pesqueros de más de veinte etnias indígenas que viven en la zona, según denunció Cachón en la rueda de prensa.

También influye, explicó, en el aumento del ciclo de vida de los zancudos, los mosquitos que transmiten la malaria, por lo que se expanden las enfermedades que afectan a las poblaciones más vulnerables, fundamentalmente a los pueblos indígenas: “El 25% de las muertes en el estado de Bolívar son por malaria”, afirmó.

La contaminación de los ríos afecta también directamente al embalse de Guri, la fuente de energía más importante de Venezuela, donde se encuentra la tercera hidroeléctrica más importante del país y que antiguamente producía el 70% de la electricidad, indicó Américo de Grazia, diputado a la Asamblea Nacional por el estado Bolívar e integrante de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo.

De Grazia, que tuvo que abandonar Venezuela por denunciar la situación del Arco Minero del Orinoco, aseguró que, mediante los decretos aprobados desde el gobierno del fallecido Hugo Chávez y ahora con Nicolás Maduro, la explotación de esa zona ha pasado del 12 al 50 % del territorio nacional, lo que correspondería a “dos veces Italia”.

El diputado de la AN aseguró que hay 1.900 minas ilegales controladas por los que denominan localmente “pranes (delincuentes sacados de las cárceles y colocados como operadores mineros), que están armados por los militares y que están en consonancia con grupos terroristas como las FARC, el ELN e Huizbulá”.

LA TRATA DE MUJERES, OTRA CONSECUENCIA

La trata de personas, sobre todo de mujeres indígenas, es otra consecuencia de esta situación, según señaló la subcomisionada presidencial para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Isadora Zubillaga.

“En muchos casos llegan a otros países como Brasil o Colombia con enfermedades de transmisión sexual o embarazadas”, denunció.

Zubillaga indicó que desde la Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó, se están trazando planes alternativos para revertir esta situación.

El siguiente objetivo, dijo, es denunciar esta situación en Bruselas para que se aprueben nuevas sanciones, que “sí son efectivas, pero que deben ser globales para serlo más”. EFE

El extractivismo salvaje de Maduro por Miguel Henrique Otero Carvajal – ABC – 29 de Noviembre 2019

El capítulo venezolano de la destrucción de la Amazonia es, probablemente, el más brutal y salvaje de todos

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El capítulo venezolano de la destrucción de la Amazonia es, probablemente, el más brutal y salvaje de todos. Mientras a escala internacional los incendios ocurridos en Brasil o el avance de la deforestación en países como Perú y Colombia, no deja de reportarse de forma constante, la región sur de Venezuela, solo entra en las pautas de los noticieros cuando se producen masacres de gran magnitud, como la que acaba de ocurrir en Ikabarú, pequeño poblado minero a escasos 6 kilómetros de Brasil. El 22 de noviembre fueron asesinadas 6 personas y un número indeterminado de heridos que, con sus cuerpos abaleados, cruzaron la frontera buscando salvar sus vidas.

Lo primero que hay que advertir es que no se trata de un hecho excepcional. Desde el año 2000, se ha producido una intensificación de la violencia alrededor de la minería. Una revisión somera de las hemerotecas arroja un número sorprendente: al menos 43 casos, donde el número de fallecidos supera a las dos personas. Hablo aquí de hechos divulgados. Porque, de acuerdo a los testimonios de habitantes de la región, se han producido otras masacres, que no han sido registradas por los medios de comunicación. Hay testimonios de familias enteras que han desaparecido, que vivían en localidades muy apartadas, cuyo destino es desconocido. Dirigentes sociales de la región sospechan que fueron secuestrados, conducidos a otros lugares y ejecutados. Forma parte de las prácticas instauradas en la región: o eliminas a los competidores o arrasas con toda una comunidad, para despejar el territorio y crear las condiciones para dar inicio a una explotación minera.

Que toda la región sur de Venezuela, especialmente la Gran Sabana -que tiene estatuto de Parque Nacional, lo que significa que debería estar especialmente protegido- y la Amazonia venezolana -cuya extensión es superior a los 450 mil kilómetros cuadrados y se distribuye en los territorios de los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro– sea una especie de zona invisible y opaca para la una amplia mayoría de la sociedad venezolana se debe, entre otras muchas razones, a que es una región precaria en muchos sentidos: su vialidad es irregular y riesgosa, su infraestructura incipiente o ruinosa, sus servicios públicos inexistentes, esporádicos o simplemente pésimos.

Lo fundamental, es que se trata de uno de los territorios más peligrosos del mundo, repartidos en pedazos. La franja más periférica está a cargo de funcionarios militares, cuya función primera es impedir la libre circulación, evitar el ingreso de reporteros gráficos, equipos de televisión, periodistas, investigadores de distinta especialidad, académicos, parlamentarios, miembros de oenegés y otros. Su tarea consiste en garantizar que ese espacio sea un campo ilimitado de extracción de minerales, bajo las técnicas más brutales, sin reparar en las consecuencias de esa actividad que avanza sin controles.

Dentro de ese territorio operan, como ya sido denunciado, grupos de narco terroristas del Ejército de Liberación Nacional -ELN- de Colombia; bandas que ejercen la minería ilegal, sostenidas por grupos armados que operan con un arsenal de extraordinaria potencia; mafias integradas por civiles y militares, que controlan la distribución de alimentos, combustibles, medicamentos y otros bienes de primera necesidad. Periodistas brasileros que se desempeñan en medios de comunicación del norte de ese país, y que han logrado recorrer algunos de estos poblados, se refieren a la “sobrepoblación” de armas, menudeo de drogas, prostíbulos, venta ilegal de alcohol, casas de juego y otras presencias, que muestran como la violencia y grupos que la ejercen de forma sistemática, tienen el control de casi la totalidad del territorio.

La destrucción sobrepasa las peores expectativas. Imágenes satelitales muestran terrenos devastados y lagunas contaminadas de mercurio. La llegada de las lluvias se constituye en un factor nefasto: conduce las aguas contaminadas hasta los ríos y los pequeños sembradíos. Todo esto desemboca, producto de la pesca artesanal o la cosecha de vegetales, en el consumo de alimentos contaminados. Se están desforestando las cuencas de los ríos, con el impacto que ello tiene en el clima y en el ciclo de las aguas. Los expertos han advertido que la cantidad de sedimento que se está depositando en los ríos continuará produciendo inundaciones cada vez más letales. La sistemática destrucción de la cuenca del río Caroní terminará afectando a todo el país, porque su capacidad de alimentar al Guri está en declive.

La debacle ambiental venezolana -que no ocupará el lugar que merece en la agenda de la Cumbre del Clima que arranca mañana en Madrid-es la más grave de toda América Latina, casi comparable con las de China y Rusia: sistemas de aguas potables infectados; acumulación de desechos tóxicos en todas las operaciones petroleras y mineras del país; cantidades de basuras inmanejables en las empresas del Estado; sistemas de recolección de desechos colapsados; ciudades, pueblos y pequeñas poblaciones carcomidos por las aguas negras, los roedores y los malos olores.

De la multimillonaria operación del Arco Minero solo puede decirse que sus resultados están a la vista: ni han mejorado las condiciones sociales y económicas de los habitantes de la región, ni han practicadola promesa de «minería ecológica» (enunciado falaz en sí mismo), ni han generado bienestar alguno a la economía venezolana. El Arco Minero es la expresión más pura y extrema del extractivismo salvaje, asesino, violento y empobrecedor que es el sello de la dictadura de Nicolás Maduro.

 

Masacre en Ikabarú: “Llegaron y empezaron a disparar” por Minerva Vitti Rodríguez – Revista SIC – 23 de Noviembre 2019

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Una nueva masacre se está perpetrando al sur de Venezuela, específicamente en el poblado de Ikabarú, uno de los bloques especiales de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco. Los indígenas denuncian que no se trata de una “pelea entre bandas” sino del modelo extractivista minero, promovido desde el gobierno, que se expande por todo el país y que en el estado Bolívar tiene su punta de lanza con la minería aurífera

Con información de representantes del pueblo Pemón

“22 de noviembre de 2019. 10:40pm: Hay una matazón en Ikabarú”, este fue el mensaje que recibió uno de los informantes cuya identidad queda resguardada para los efectos de esta nota. En horas de la mañana de este sábado se confirmó que la masacre ocurrió entre  las 7 y 7:30 pm del viernes 22 de noviembre de 2019 cuando ingresó un grupo armado a la comunidad de Ikabarú y comenzó a disparar.

Ikabarú es una comunidad mixta, indígena y no indígena, ubicada en el municipio Gran Sabana, del estado Bolívar, al sur de Venezuela; forma parte del sector pemón N° 7, tiene una población de 2.500 personas y desde hace varios años parte de su actividad económica se basa en la minería aurífera.

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En 2016, Ikabarú fue nombrada como bloque especial dentro de las áreas que forman parte de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, decreto 2.248 del 24 de febrero de 2016, un proyecto promovido desde el Ejecutivo nacional para la extracción de minerales como oro, diamante y coltán, que se está realizando sin la consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas y sin estudios de impacto socio-ambiental. Desde entonces varias masacres se han perpetrado en el 12 % (y más allá) del territorio asignado para este megaproyecto.

Según las notas de voz y los informes de los pobladores que recibimos en la redacción de la revista SIC, a la 1:02 am del sábado 23 de noviembre de 2019; la noche del viernes 22 de noviembre de 2019 llegó un grupo armado a Ikabarú e inició un tiroteo al frente del negocio de Dany Tomedes, uno de los habitantes del lugar. En las notas se confirma la muerte de un efectivo de la Guardia Nacional de apellido Perera, un indígena del pueblo pemón habitante de Manak Krü y otra persona aún sin identificar.

“Yo estaba en la Iglesia, la Iglesia que está al frente, eso fue donde Dany Tomedes,  ya ahí estaba el grupo de gente, y empezamos a escuchar tiros, y el desespero, y la gente corriendo, entonces hubo un muchacho que entró con un tiro en la cabeza hasta allá y todo,  y una muchacha que fue a dar esa información, un señor del aeropuerto me nombró a su hijo, me dijo que estaba en una esquina herido (…) Y ellos pasaron por el frente de la casa y dijeron ‘mire, llegó fulanito, un sindicato’ (…) después de eso anduvieron por todas la casas, buscando (…) Si era la autoridad no debieron llegar así porque mataron mucha gente, no pudo haber sido la autoridad, no pudo haber sido la autoridad…”

“(…) Si, pasó una desgracia aquí tremenda, hay una cantidad de muertos (…) Perera lo mataron, mataron a Báquiro, no se sabe si Erebys está muerto, el sobrino de Asdrúbal, no se sabe cuántos muertos hay, pero si, esa tragedia está aquí, dos muertos hay, todo fue verdad, todo fue verdad, fue verdad…”

“Ese muchacho venía casi muerto de lo asustado que estaba y dijo ‘yo me vine descalzo porque llegó el gobierno, ese poco de gente negrita, vestido de negro, disparando echando plomo’. Y el muchacho llegó muy asustando y allí se escucharon las ráfagas esas…”

“Eso fue a tiro de las siete de la noche. Irrumpieron, llegaron ahí de repente, en todo el frente del negocio de Dany Tomedes, y empezaron a disparar, bueno, Perera trató de defenderse, sacó el revólver y le dispararon…y Báquiro, que ya le habían disparado, salió corriendo, cayó junto a la Iglesia que está en la plaza…”

Una de las versiones apunta que el sindicato del Ciego (el que controla La Paragua) llegó para tomar el control de la zona de un hombre llamado Cristóbal quien mantiene el control de la mina La Caraota. Pero esta información no está confirmada. Los representantes del pueblo pemón insisten que lo que está pasando en las minas de El Callao, Sifontes y La Paragua ocurre en territorio Pemón de la Gran Sabana y que hay muchos reportes de la muerte de personas inocentes.

También agregan que a las 12:04 de la medianoche, un Toyota chasis largo pasó por el punto de control indígena Secorfront con efectivos de la Guardia Nacional hacia Ikabarú. Este último dato es importante porque complejiza aún más la situación y los pobladores se preguntan: ¿se trata de grupos armados asociados a sindicatos o son los propios funcionarios militares los que están perpetrando estas masacres para controlar la explotación aurífera en estos territorios?: “La Guardia Nacional tenían conocimiento de lo que iba a pasar. Hacemos esto de conocimiento público ante todas las instancias, la violación del derecho a la vida en Ikabarú, territorio indígena Pemón y el incumplimiento del gobierno venezolano de su deber de PROTEGER a sus ciudadanos indígenas y no indígenas”, apunta uno de los informantes.

El último reporte enviado desde el punto de control indígena Secorfront N° 6 a las 10 am recoge lo siguiente:

  • 2 testigos han confirmado que los hechos ocurrieron entre las 7 a 7:30pm del viernes 22 de noviembre 2019, frente el negocio de Dany Tomedes en el pueblo de Ikabaru.
  • Según los informes extra oficiales que estamos recibiendo van 8 muertos.
  • Señores y señoras vamos a dar seguimiento a estos hechos. No lo van a esconder ni van a justificar esto con lo de “pelea entre bandas” para seguir matando a personas inocentes. ¡El derecho a la vida es sagrada!

En el informe se aclara que los hechos no ocurrieron en una mina y que no hay ninguna niña entre los fallecidos, con ello desmienten algunas informaciones publicadas en varios medios de comunicación nacional. Del mismo modo, denuncian que en horas de la mañana de este sábado los guardias nacionales les estaban quitando los celulares a los pobladores en Ikabarú, al parecer querían evitar que fotografiaran los cadáveres que aún permanecían en las calles.

Al cierre de esta nota (4:40pm) los representantes del pueblo pemón informan que se ha perdido comunicación con la comunidad de Ikabarú. La última información que se tiene es que a la comunidad estaban entrando cinco carros pertenecientes al Ejército y un helicóptero de Corpoelec. Lo que recuerda el patrón de la masacre ocurrida el 8 de diciembre de 2018 en la comunidad de Canaima y la brutal represión perpetrada entre el 22 y 24 de febrero de 2019 en el marco de la entrada de la ayuda humanitaria. Ambas ejecutadas por agentes del Estado venezolano.

Estos asesinatos ocurren en un contexto de auge de la minería en el sur de Venezuela promovida por Nicolás Maduro, desde el Ejecutivo Nacional.

 

El diputado Américo De Grazia aseguró que la presencia del ELN en las minas de oro ocurre con complicidad de la Fuerza Armada venezolana por Sebastiana Barráez – Infobae – 12 de noviembre de 2019

El reconocido luchador por los intereses del pueblo del estado Bolívar, luego de ser acusado de traición a la patria en mayo de 2019 y allanada su inmunidad parlamentaria, se refugió en la residencia del embajador de Italia en Caracas. Pero no se amilana y ha seguido denunciando lo que ocurre en la zona del oro

download.jpgAmérico Giuseppe de Grazia Veltri es diputado venezolano de la Asamblea Nacional y un reconocido luchador por los intereses del pueblo del estado Bolívar. Luego de ser acusado de traición a la patria en mayo 2019 y allanada su inmunidad parlamentaria, se refugió en la residencia del embajador de Italia en Caracas. Pero no se amilana y ha seguido denunciando lo que ocurre en la zona del oro.

En entrevista exclusiva para Infobae, califica lo que está sucediendo en Bolívar con El Arco Minero Del Orinoco, como “una tragedia y una violencia inoculada por el régimen desde la época de Hugo Chávez con Rangel Gómez al frente de las operaciones, como presidente de la CVG (Corporación de Guayana), luego como gobernador y después rey de la zona, por supuesto como un militar de gran jerarquía dentro de la Fuerza Armada por aproximadamente 14 años”.

“Si usted se mete en la página del Banco Central de Venezuela (BCV) encontrará con que no está ingresando ni un centavo por concepto de Coltán, aunque lo están explotando, igual con los diamantes. Es un robo a la región y a los venezolanos por las cúpulas militares, los pranes, el régimen y, por supuesto, los enchufados”.

Hace poco se conoció el testimonio de un sargento a quien le cortaron la lengua, las manos y le sacaron los ojos, por parte de las mafias del oro. ¿Qué está sucediendo en la zona minera de Bolívar? Van cuatro víctimas además del sargento mutilado, se supone que en funciones de inteligencia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, habría sido descubierto por los pranes y mutilado en esa forma tan bárbara e inhumana.

Además tres decapitados, personas a quienes les cortan la cabeza y los dejan en la sede de la policía, otro en la Plaza Bolívar y el tercero en una de las calles céntricas de El Callao. Eso tiene su origen en la entrega del territorio a Minerven, única empresa aurífera en Venezuela que tiene concesiones mineras desde el punto de vista legal, otorgadas por el primer gobierno del presidente Rafael Caldera en los años 70. Eso hace el territorio apetecible para los turcos que están operando la zona con una empresa llamada Mibiturven, que opera de manera administrativa a Minerven, y que quieren ir recuperando el territorio perdido para ellos y agarrar el oro con pranes que les operaban las minas.

Guerrilleros del ELN
Esos pranes que se autodenominan sindicato, son los que cobran el peaje, son agentes de retención de los mineros que operan en esa zona, y les quitan un diezmo a cada uno de los mineros que operan ahí. ¿Y el que no pueda pagar? Al que se coma la luz roja o no entregue la cantidad que recaudan, sencillamente lo matan, desaparecen, los entierran en fosas comunes, etc. Hoy Mibiturven vale decir, los turcos operados incluso con operadores colombianos, que serían socios de Piedad Córdoba, es una administración bastante compleja porque son los únicos que pueden realmente reportar oro desde el punto de vista legal al Estado venezolano, es decir, al Banco Central de Venezuela.

El resto del territorio usa a Minervén y Mibiturven de manera paralela para legitimar la explotación del oro, porque son las únicas concesiones legales y ahora quieren desplazar a los pranes y sindicatos, que Rangel Gómez y Chávez sembraron en la zona para que operaran, ahora quieren desplazarlo para entregarle esas áreas operativas a Mibiturven y que Minerven recuperara su posibilidad de operar en esta zona. Eso hace que la violencia se exacerbe.

-¿Cómo está distribuido el poder en la región?

-El poder es uno solo y es del régimen, incluso los pranes no tenían ningún tipo de problema en reportarle. El régimen se clasifica en oficiales de la Fuerza Armada, SEBIN, Dgcim, Tribunal Supremo de Justicia, Tarek El Aissami, Cilia Flores, Nicolas Maduro Guerra, Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello y un sinfín de operadores militares, civiles y todos afectos al régimen. Las armas que manejan los pranes son armas entregadas por la FANB a cada uno de ellos en la época de Rangel Gómez, utilizando al general Julio Cesar Fuentes Manzuli como operador, tal y como está soportado en los informes del primer teniente del Ejército José Leonardo Curbelo y el comisario del SEBIN José Gregorio Lezama, detenido por haber hecho un informe de esa naturaleza. Ambos informes, del 2016, es de cómo le llegaban le llegaban las armas a los pranes para que operaran en las minas y cómo los inducían para que controlaran las áreas mineras en la época de Rangel Gómez. Eso ha pretendido ser cambiado en esta oportunidad, para operar de modo distinto con la nueva casta, desplazando a los rangelistas o a los viejos chavistas, para alimentar nuevos beneficiaros, élite militar, operadores y socios civiles o militares.

-¿Cómo funcionan los llamados sindicatos, el ELN y el Estado venezolano en relación con las minas?

-Los “sindicatos” no son tales, realmente es como se llama a quienes controlan las minas, que fundamentalmente son delincuentes, con prontuarios judiciales, ex presos o ex carcelarios, asesinos, criminales, violadores, guapetones de barrio, que comienzan a controlar todas las minas del arco minero, una vez que fracasó la incursión directa en el 2006 el 26 de septiembre con la masare de Musupa, donde mueren ocho ciudadanos, entre ellos algunos indígenas en el municipio Angostura. Esa masacre, en la parroquia La Paragua, la produjo el Ejército, que al ser descubiertos de que estaban controlando las minas, cambiaron de modus operandi, retiraron a los militares de la operación directa de las minas y comenzaron a ser operadas por los pranes con el nombre de “Sindicato”. Los mineros trabajan, tienen que rendirles cuentas y les dan un porcentaje a los mineros, a los pranes y otro porcentaje para los jerarcas del régimen que se alimentan de eso. En época de Rangel Gómez la mayor parte la tenían él y sus secuaces, otra parte les quedaba a los militares, otra a los pranes y otra al minero.

-¿Diputado, se ha determinado qué tanto oro hay en la zona que lo ha hecho tan atractivo para gran cantidad de mineros?

-Atractivo siempre ha sido, pero la barbarie no había llegado a los niveles de hoy. Las minas nunca habían sido controladas por pranes, nunca los militares estuvieron tan involucrados de manera directa, ni el régimen, ni los gobiernos democráticos, en su oportunidad, se habían lucrado de manera tan obscena como estos personajes lo han hecho. Decir cuánto oro hay es una paradoja, por supuesto que hay oro. El mejor desmentido de que esto es una alternativa no petrolera, son los ingresos obtenidos por concepto de oro en el 2018, nueve toneladas de oro fueron a parar al BCV, al Fisco Nacional. Nueve toneladas de oro significan tres días de renta petrolera y causar el desastre ecológico, ambiental, epidemiológico, hidroeléctrico y financiero más gigantesco que haya conocido la historia republicana de Venezuela. No dudo en señalarlo como una estafa a la Nación venezolana y a los guayaneses porque nos están dejando sin ríos, sin ambiente, sin electricidad, sin salud y con mucha violencia sembrada, justamente, como una política del régimen para saquear más y mejor todo el territorio Guayanés, el estado Amazonas y el Delta Amacuro, y que ahora pretende extenderse hacia el resto de la Nación.

-Hay presencia de rusos, chinos y guerrilla en la zona. ¿Cómo conviven entre ellos? ¿Se reparten el territorio?

-En el caso de los chinos están operando directamente en Ferrominera, no tiene nada que ver con el oro. En el caso de los rusos, están operando, fundamentalmente, en la Siderúrgica del Orinoco, tampoco tienen nada que ver con el oro. La guerrilla, específicamente el ELN, está operando en el estado Bolívar, en el municipio Sifontes. En el caso de Hezbolla explotan oro y diamantes, operan en las minas de la Rosita, en el municipio Angostura, en pleno lago de Guri. El ELN también opera en la zona de Parguaza con Coltán y en la zona de Cedeño con diamantes, a la vez que prestan seguridad para garantizar que no se metan los pranes u otros grupos armados a operar ahí. Eso se hace con el visto bueno de las Fuerzas Armadas, con conocimiento del régimen, y la Guardia Nacional. Ninguna empresa seria, llámese china o rusa, está dispuesta a operar sin concesiones, que debe ser avalada por la Asamblea Nacional y esta no ha avalado ninguna explotación del Arco Minero.

-¿Qué papel cumple la Fuerza Armada en ese territorio?

De complicidad. Nada de lo que ocurra en el territorio del Arco Minero del Orinoco puede ser ajena o a espaldas de la FANB, una vez que tienen el control absoluto de la territorialidad. La presencia del ELN y de otros grupos terroristas operando en nuestra zona como las FARC en el Amazonas, es con el visto bueno y la complicidad de la élite y la cúpula militar que dirige la Fuerza Armada Nacional.

ELN en el Arco Minero del Orinoco por Noel Gómez Herrera – La Razon – 30 de Octubre 2019

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Diputado De Grazia: “Nicolás Maduro Guerra maneja las minas de coltán, que el ELN guarda y custodia en la zona de Parguaza, municipio Cedeño del estado Bolívar”

Américo de Grazia Veltri (Upata, 1959) es uno de los líderes fundamentales de la Causa R, organización de la que fue secretario general durante varios años. Fue alcalde del municipio Piar, en Bolívar, en dos oportunidades y desde el año 2010 es diputado por ese estado. Por sus denuncias sobre las actividades irregulares y los daños ocasionados por el Arco Minero del Orinoco, fue amenazado públicamente por el dictador Nicolás Maduro, cuyo régimen fue sancionado por Estados Unidos por incurrir prácticas irregulares en la comercialización del oro.  Desde el año 2018 tiene medidas cautelares y de protección dictadas por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El TSJ y la ANC del régimen le allanaron su inmunidad parlamentaria y desde el pasado 9 de mayo se encuentra hospedado en la residencia del embajador de Italia. Desde allí habló, en exclusiva, para La Razón.

-¿Qué opinión tiene usted de la decisión del dictador Nicolás Maduro de entregarle una mina de oro a cada gobernación, como fuente de recursos económicos de esos despachos?

-Es una evidencia más de la barbarie de este régimen. Lo que persigue Maduro es implicar a todos los que pueda, en su saqueo y hacerlos cómplices de la barbarie que ocurre en la región de Guayana, la cual comenzó afectando ciento once mil kilómetros cuadrados, el doce por ciento del territorio nacional y que ahora comprende todo el estado Bolívar y los estados Amazonas y Delta Amacuro, es decir el 50% del territorio. Una medida como esta, involucra en el saqueo a todo el país. Le va a ocurrir a las gobernaciones lo que ocurrió en Guayana, donde se inoculó a los pranes, a los grupos armados, a los grupos terroristas como el ELN, las FARC, el Hamás y el Hezbolá, para operar en estas minas para poder tener el control social que ejercen actualmente en Guayana Es una expansión de la tragedia.

LA GUERRA PROLONGADA

-¿A qué se debe la presencia del ELN en Guayana?

-La presencia del ELN obedece a una política de estado para protección mutua. El Estado venezolano a través de las Fuerzas Armadas le garantizan protección al ELN, que es un aliado del régimen para ejercer no solamente el control social en las zonas mineras, sino también para que se lucren y representen una amenaza creíble a los aliados internacionales de la democracia, en el sentido de que si incursionan en nuestro territorio habría una guerra prolongada, evitando todo posibilidad de ayuda internacional al pueblo venezolano. Y no es solamente el ELN, también está operando en la zona el Hamás, el Hellbolá y las FARC controlando minas, traficando con drogas, madera, combustible y demás operaciones ilícitas.

ORO, COLTÁN Y DIAMANTES

-¿Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador Maduro y miembro de la ilegítima ANC tiene alguna relación con el Arco Minero del Orinoco?

– Maduro Guerra maneja y opera las minas de coltán, que el ELN guarda y custodia en la zona de Parguaza, municipio Cedeño del estado Bolívar, al suroeste del estado Bolívar, frente a los estados Apure y Amazonas y Colombia. No es solamente él quien se beneficia, también están en las minas de Guayana los hijos de Cilia Flores, el propio Tareck El Aissami, Diosdado Cabello, Maykel Moreno y militares. Por concepto de coltán no se registran ingresos al tesoro nacional. A pesar de haber trascurridos cuatro años de explotación no ha ingresado ni un centavo de dolar al fisco nacional, tal como se pude verificar en la página web del Banco Central de Venezuela, mientras que por concepto de oro, triangulado como mascarón de proa de la empresa CVG-Minerven, ingresaron en el año 2018 lo equivalente a tres días de petróleo, actividad productiva para los bolsillos de ellos pero no para el fisco nacional. Por concepto de coltán y diamantes no ingresa nada, ya que en esos minerales no tienen de mamparas empresas tipo Minerven para justificar ingresos al BCV. Maduro Guerra es uno de los operadores de ese “triángulo de las Bermudas” del coltán, oro y diamantes, donde se saquea a Venezuela.

-¿Qué está ocurriendo con la gasolina en el estado Bolívar?

–  La situación de la gasolina es otro de los signos de la tragedia, la barbarie y el saqueo que ha sufrido Venezuela. Ya Pdvsa no es capaz de producir la gasolina que se consume en el país y no me refiero solamente al estado Bolívar. Lo mismo pasa con el gas y los lubricantes. Es el verdadero rostro de esta nefasta corporación criminal que hoy ocupa el poder de manera fáctica, llevando a Venezuela a la tragedia más grande que hemos vivido desde la llegada de Cristóbal Colón hasta la fecha.

VIOLENCIA INOCULADA

-¿A qué atribuye usted la violencia en la zona minera de Guayana?

-Hemos venido manejando la tesis que la violencia en el país y particularmente en el estado Bolívar es una violencia inoculada. Obviamente que siempre ha existido criminalidad ascendente en Venezuela y Guayana no escapa a ella. El mayor estimulante para la criminalidad y la violencia creciente es la impunidad. No se cuenta con un sistema de administración de justicia autónomo, de origen soberano, lo que tenemos es órgano del aparato político. Ese es uno de los grandes cambios que requiere Venezuela. La violencia fue inoculada para tener control social, con los colectivos armados, se impuso el sicariato sindical para acabar con los sindicatos vanguardistas de las empresas básicas que ya lleva 160 homicidios. En los barrios se ejerce el control social, donde nadie se alza porque le pasa lo que le pasó al concejal Rada en Petare. Falta agua, luz, transporte y no hay ningún tipo de protestas. Instrumentaron la violencia a través de la criminalización de las protestas y la judicialización, que es otra forma de violencia, de la actividad gremial o sindical que fue in crescendo con la presencia de los pranes, a partir del año 2006 en al época de Rangel Gómez y mutaron hacia las guerrillas, llámese ELN, FARC, Hezbolá, Hamás, escalando en un nivel superior de violencia, no solo para ejercer el control social sino también el control político interno y la amenaza creíble ante los aliados internacionales. Es una violencia con un rostro cada vez más salvaje y de más barbarie.

EL REGRESO DEL PSUV

-¿Qué opina del regreso de la bancada del PSUV a la Asamblea Nacional?

-Es una derrota política. Se fueron y regresaron con el rabo entre las piernas. Quedaron muy mal parados ante la opinión pública nacional e internacional y ante sus compañeros de partido, los propios peseuvecos. Muchos fueron constituyentistas, pero ahora hablan en nombre de la AN. De ese grupo hay siete funcionarios públicos que perdieron su condición de diputados de la AN, tales como Sanguino, Lobo, Roa, Torrealba y otros más. Esos no son parlamentarios y de hecho no tienen el derecho de palabra, puesto que perdieron su condición. Desde el primer día dijeron que acudirían al TSJ para que los empoderaran nuevamente como diputados. Esa es la segunda derrota. No lo hicieron porque si lo hacían iban a quedar mal ellos y el TSJ. Andan desconcertados. Debemos agudizar sus contradicciones. No deben ser considerados parlamentarios, aunque no podemos impedir que ingresen. No hay un cuerpo de seguridad que pueda impedir el ingreso de estos personajes, ni un estado de derecho que lo haga respetar.

– ¿Qué opina de la dualidad que está planteada en el Palacio Federal Legislativo, con la ANC y la AN sesionando en el mismo edificio?

– No solo tenemos dos parlamentos. En algunos casos tenemos dos gobernadores, en otros casos tenemos dos alcaldes, tenemos gobernadores titulares y los “protectorados”. Donde ellos no tienen el ejecutivo municipal o regional tienen un “protector” o una corporación que se ocupa de solapar las tareas de la gobernación, también tenemos dos presidentes, dos TSJ, en algunos países tenemos dos embajadores. Esto es lo que está ocurriendo luego de todo este desastre que ha representado el chavismo. Nos toca a nosotros construir escenarios que nos permitan recuperar la democracia.

EL PLAN ES SALIR DE LA NARCODICTADURA

-¿Cómo transcurren sus días en la residencia del embajador de Italia en Caracas, lugar donde se encuentra desde el pasado 9 de mayo?

-No es un lecho de rosas, implica limitaciones tanto físicas como políticas. Tenemos prohibidas las visitas políticas, obviamente no nos hemos podido ver con los compañeros de la causa R ni con los de la AN. Entiendo que son normas que tenemos que cumplir. Forman parte de los obstáculos que debemos enfrentar en la lucha contra la dictadura.

¿Cuáles son sus planes inmediatos?

-El plan mayor es salir de la narcodictadura. Cada diputado tiene sus propias limitaciones. Obviamente sobre mi pesan algunas amenazas ya materializadas. Nos han amenazado de muerte, nos han allanado la inmunidad parlamentaria, tenemos órdenes de captura y para las mafias que hemos denunciado por el tema del Arco Minero, somos “un bocado de cardenal”. Harían cola así sea para darme un pellizcón, como dice mi amigo Andrés Velásquez. Por lo pronto, tanto la diputada Mariela Magallanes, que también está en la residencia del embajador de Italia, como yo, hemos decidido permanecer por acá y cualquier cambio tendríamos que evaluarlo previamente.

Plan País: Diagnóstico, Situación Actual y Acciones Concretas Sector Energía y Minas – Agosto 2019

El misterioso Charles Vincent y el insólito plan para vender oro que propuso a los funcionarios de Maduro por Patricia Laya y Ben Bartenstein – Infobae – 10 de Octubre 2019

El régimen necesita evadir las sanciones para encontrar algo de oxígeno en sus finanzas. El proyecto presentado por un misterioso hombre de negocios

Nicolas Maduro sostiene seis barras de oro (Reuters)

Nicolas Maduro sostiene seis barras de oro (Reuters)

Charles Vincent es, para todos los efectos, un desconocido en el mundo de las finanzas globales.

Realice una búsqueda básica en internet para obtener información sobre él o la empresa con sede en Ginebra para la que trabaja, Pipaud & Partners Sarl, y no aparece casi nada. Pase por la dirección que Pipaud pone en su membrete y no hay signos aparentes de su presencia allí.

Y, sin embargo, cuando Vincent apareció en Caracas a principios de agosto con un plan absurdo, casi fantástico, para liberar alrededor de US$1.500 millones en oro venezolano congelado en cuentas en Londres, los funcionarios del banco central del país no solo lo recibieron, sino que lo escucharon con gran interés.

 

Vincent, de nacionalidad inglesa, los cautivó con una estrategia que dijo tener para evadir sanciones que de otra forma prohibirían tal transacción, según tres personas que escucharon la propuesta o fueron informadas al respecto. Los funcionarios del banco central todavía están considerando si seguir adelante, dijo una de las personas.

El hecho de que la reunión haya tenido lugar muestra cuán determinado y desesperado está el régimen de Nicolás Maduro por encontrar formas de evadir las sanciones estadounidenses que han reducido el flujo de divisas al país y han profundizado el peor colapso económico de su historia. Los funcionarios necesitan el efectivo para financiar importaciones cruciales de alimentos y pagar el equipo y el mantenimiento necesarios para que la compañía petrolera estatal continúe bombeando crudo.

Pipaud, que se describe como una administradora de inversiones, actúa como intermediario comercial entre empresas en Suiza y el mundo, según documentos de registro en Ginebra.

Vincent les dijo a oficiales venezolanos que su empresa podría presionar a funcionarios ingleses para que liberen el oro de Venezuela y lo vendan a un banco austriaco por US$1.000 millones, monto que incluye un descuento aproximado de 30% del valor de mercado actual del metal, según una copia de la presentación vista por Bloomberg. No era explícito, pero los documentos parecían sugerir que Vincent cobraría un porcentaje por la diferencia entre el valor comercial del oro y la cantidad que obtendría Venezuela.

A principios de este año, el Banco de Inglaterra negó una solicitud del régimen de Maduro para retirar su oro almacenado allí, según personas cercanas al tema. La decisión se produjo después de que altos funcionarios de Estados Unidos presionaron a sus homólogos del Reino Unido para ayudar a aislar a Maduro de los activos en el extranjero, dijeron las fuentes.

Funcionarios de prensa del Banco de Inglaterra declinaron hacer comentarios. Yosendy Chirguita, portavoz del banco central de Venezuela, no respondió a las solicitudes de comentarios.

Otro escenario en la propuesta de cinco páginas de Vincent establecía que Venezuela utilizara una refinería de metales estatal en la ciudad austriaca de Graz para procesar el oro y luego vender una tonelada por semana a un banco checo. En otra idea, Vincent sugiere que un país que no ha podido pagar alrededor de US$60.000 millones en deuda externa podría emitir un bono de US$5.000 millones, suscrito por un banco en Singapur, cuyo sitio web indica que se especializa en ofrecer servicios a empresas de eliminación de residuos.

La explotación del oro en Venezuela es uno de los mayores atractivos de países como Rusia y China que controlan varias de sus mineras (EFE)

Sean Kane, abogado de Dechert LLP en Washington que trabajó anteriormente en la unidad de sanciones del Tesoro, dijo que las propuestas le parecían descabelladas.

No es nada inusual que las partes sancionadas, como el gobierno de Venezuela, busquen mecanismos de recaudación de fondos o contrapartes poco ortodoxos como este, teniendo en cuenta que cualquier comerciante de bonos o institución financiera de alto perfil tendría mucho que perder si las sanciones son activadas”, dijo.

Pero en una señal de cuán en serio los funcionarios tomaron las ideas de Vincent, estaban dispuestos a ofrecer una respuesta cuando él preguntó cómo le pagarían si el plan fuese ejecutado, según personas que supieron de la reunión. Vincent fue avisado que podían enviarle el dinero a través del banco central de España, una institución que el régimen de Maduro ha estado intentando utilizar cada vez más para manejar sus transacciones internacionales.

Un funcionario del Banco de España dijo que la firma de VincentPipaud & Partners Sarl, no aparece como beneficiario u originador de ninguna transacción en la cuenta que el banco central venezolano tiene con el Banco de España.

El banco central español ha dicho anteriormente que la cantidad de fondos en la cuenta de Venezuela es pequeña y que no ha habido un cambio significativo en la actividad en los últimos años. Las transacciones se limitan principalmente a transferencias de organizaciones multilaterales para obtener fondos para sus representantes en Venezuela, dijo el Banco de España.

Los intentos recientes del gobierno de Maduro para recaudar capital, incluyendo la propuesta de Pipaud, han llamado la atención de los funcionarios del Departamento del Tesoro de EE.UU., según dos personas familiarizadas con el asunto. Los funcionarios han estado presionando en privado a los bancos sospechosos de ser parte de tales transacciones para cortar ingresos al régimen de activos en el extranjero, dijeron las fuentes.

No fue posible contactar a Vincent para recabar comentarios. Pipaud usa una dirección en Ginebra en su membrete, pero el nombre de la compañía no aparece en ninguna parte del edificio revestido de cemento, ni en su entrada o en los buzones del vestíbulo. Una recepcionista de una empresa que actúa como representante de Pipaud dijo que entregaría un mensaje a Vincent, pero que no compartiría su correo electrónico o número de teléfono. La respuesta nunca llegó.

 

En los documentos presentados a VenezuelaVincent utiliza una dirección residencial en el exclusivo pueblo francés de Èze, que data de la época medieval y tiene vista a la Costa Azul. Los mensajes que se dejaron en dos números de teléfono pertenecientes a residentes de Èze con el apellido de Vincent no fueron devueltos.

Las sanciones de EE.UU. han aislado en gran medida a Venezuela del sistema financiero internacional, contribuyendo a una de las crisis económicas más severas del mundo y obligando a funcionarios estatales a utilizar un mosaico de métodos para mover dinero. El gobierno venezolano ha incrementado las ventas de oro a empresas en lugares como los Emiratos Árabes Unidos y Turquía y ha pedido a los contratistas que abran cuentas en bancos recónditos para recibir pagos.

 

Más recientemente, el Banco Central de Venezuela ha realizado pruebas para determinar si puede mantener criptomonedas en sus reservas y usarlas para pagar a contratistas en el extranjero. El gobierno también ha estudiado la posibilidad de cambiar a un sistema de mensajería de pagos internacionales operado por Rusia como una alternativa al sistema SWIFT que utiliza la mayoría de las instituciones financieras.

Vincent ha regresado a Caracas al menos una vez desde la reunión del 7 de agosto para continuar los esfuerzos de vender sus servicios, según personas familiarizadas con el asunto. Pero a pesar de todos los escenarios exóticos que se están considerando en Caracas, por ahora, la administración de Maduro tiene dificultades para encontrar los dólares que necesita para que la economía pueda operar.

 

* Con la colaboración de Hugo Miller, David Goodman (London), Jeannette Neumann y Rodrigo Dellepiane.

(Bloomberg)

Reversals of fortune by Mariana Zuñiga – The Washington Post – 30 de Septiembre 2019

These two places symbolized Venezuela’s strength. Now they epitomize its implosion.

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The advent of Chavismo socialism, beginning with Hugo Chávez’s presidency in 1999, was the beginning of the end for the country’s energy sector, which decayed under mismanagement. And the economy’s collapse after his death finished off the tourism sector. Now, six years of crisis later, one of Latin America’s richest nations has become one of its most impoverished. Corruption and inept governance have stoked hyperinflation. The monthly minimum wage is $2. Hunger is rampant, and few can afford medical care. Some 4 million Venezuelans, one-eighth of the population, have emigrated to flee those conditions.

And the things Venezuela had going for it? In Maracaibo, the petroleum capital, furloughed and destitute workers scrape by in a region literally awash in crude, since the state oil company doesn’t have money or employees to plug leaks. In Bolivar state, in a nature preserve where tourists once flocked to see Angel Falls, the indigenous Pemon people responsible for its care are ravaging the forest in search of gold — now the only way they can feed their children. The photography of The Washington Post’s Michael Robinson Chavez zooms in on these twin catastrophes as an allegory for Venezuela’s collapse.

With pickaxes and high-pressure hoses, miners start digging for gold at the edge of Canaima National Park near Parai-Tepui, Venezuela, in May. Parai-Tepui was once a focal point for backpackers and ecotourism. But foreign visitors — and their spending — have dried up amid Venezuela’s political and economic crisis.

CHAPTER 1 | EL PAUJI

A pristine wilderness, decimated for mines

The deafening sound of an engine drowns out the rumble of thunder announcing the beginning of the rainy season. A couple of drops fall on a muddy pond where three children play. Nearby, a bare-chested indigenous man holds a water hose at the mouth of an open mine that is ripping the jungle apart. “Do you know who was against mining?” José Hernández yells over the din. He is standing knee-deep in what used to be a sacred river, now brimming with chemicals and gasoline. “Me!”

The indigenous Pemon people are the original inhabitants of La Gran Sabana, part of a vast nature preserve in the southeast corner of this oil-rich nation. They believe that the land here, which the government gave them control of in 2005, is sacred.

But so, too, is survival. The collapse of their country’s economy has pressed them with an impossible choice: leave behind their traditional way of life — crafting, fishing and running a tourism sanctuary — to hunt for gold in their backyards, or starve. So today, they run this mine.

Hernández, 25, once helped operate his mother’s inn here. In the early 2000s, hundreds of people arrived monthly to swim in La Gran Sabana’s crystal-clear rivers, bird-watch or hike its flat-top mountains known as tepuyes. The family made a steady living, and when he turned 18 in 2012, he moved to Zulia state to train as an oil engineer. President Hugo Chávez was still in office.

After his studies, Hernández worked as an intern at the state oil company, PDVSA, but he eventually realized that the company was in trouble. His salary barely paid for two chickens per month. So he returned home in 2017 — and found that everything had changed. Tourism had dried up, and his mother had closed her business. His only choice was a mine. He and his cousins opened theirs last year.

By extracting gold, Hernández can earn up to $120 some weeks — about 240 times the country’s minimum wage. Gold is considered a lifeline as Venezuela goes through the worst economic crisis in its history; sanctions mostly prevent the country from selling its oil, but 8,000 tons of the precious metal are locked in its earth, some of the largest reserves in the world. To reach it, Hernández has to ravage the land visitors once came to see. “I wouldn’t want to do it,” he says. “I feel responsible for the damage. But what can I do? As an engineer, I will starve.”

Junio Alvarez, 25, left, and Wilfer Mejiat, 21, search for diamonds and gold at the edge of Canaima National Park in May. The area’s indigenous people once cared for the land as a sacred space, but now they’re ripping it apart to try to survive their country’s downturn.

Miners use a high-pressure hose to erode a riverbank near Canaima National Park. The workers try to keep their locations hidden for fear that the military will seize the mines and ask for a share of the profits.

Mining camps like this one are often staffed with a cook. Dilma Fores, right, prepares a meal for workers; like many of the cooks, she came from nearby Brazil.

People from northern Venezuela stand on a roadside in El Callao in May, just after getting off a bus. They were among many who have traveled to gold-mining towns in Bolivar state to try to earn a living amid Venezuela’s economic devastation.

 

As recently as 2008, Venezuela generated $1 billion in tourism revenue, according to the World Tourism Organization, and 988,000 people visited the country in 2012, the peak year. They came to see its hundreds of miles of Caribbean coast, its jungles, its deserts and its snow-capped mountains.

Since then, tourism has dropped by more than half, according to the last available data, generating $473 million in 2016; today that revenue is surely even lower. The United States and European nations issued travel warnings as Venezuela entered a crippling economic crisis in 2014, and more than 15 international airlines have stopped flying there. Last year, the country ranked in the bottom six in global tourism growth, according to estimates by the World Travel & Tourism Council.

Some places have been hit especially hard. La Gran Sabana, home to the world’s highest waterfall, Angel Falls, is one of them. This tropical plateau that inspired Arthur Conan Doyle’s “The Lost World” attracted a huge share of Venezuela’s international visitors. In 1998 alone, just before Chávez took office, La Gran Sabana received 150,000 foreigners, who spent about $15 million, according to the local tourism guild. Last year, only 21,000 came, and local vendors didn’t do more than $1 million in business, says Isaam Madi, former president of La Gran Sabana Chamber of Tourism. Inns closed or are waiting out the crisis.

In 2017, an American citizen was the last to show up in El Pauji. “Since then we haven’t received anyone else,” says Elba Benavidez, 53, who used to run a camping site. Today there’s just one barely operable inn, of the 11 there once were in the area. No restaurants remain — only a bakery where the whole town gathers after 5 p.m. And so the caretakers of La Gran Sabana now wreck the place they had vowed to protect.

In some ways, they are following the lead of Caracas. In 2016, hoping to win back international investors, President Nicolás Maduro created the Orinoco Mining Arc, an area bigger than the state of Maine, designated for extracting precious minerals. (The arc crosses the territory of more than 10 indigenous groups, and the maneuver seems to have revoked Pemon control of the land, as it happened without officials consulting them.) The gold rush has kept the country afloat, circumventing U.S. and international sanctions that cut it off from the global financial system.

The Mining Arc runs along the southern bank of the Orinoco, one of the world’s largest rivers, where thousands of indigenous people live. According to SOS Orinoco, a private advocacy group, mining activities wreck the local ecology, causing sedimentation, water pollution, deforestation and the loss of entire ecosystems. And mining has now spread not just through the Orinoco arc but also into protected forest reserves and national parks that once attracted tourists.

It’s especially true in El Pauji, a hamlet that had long prioritized protecting the wilderness over exploitative mining. “Many indigenous communities that lived from tourism are dedicated exclusively to mining,” Madi says.

Roberto Contreras stands ready to collect money from passersby as his wife, Sorelia Contreras, repairs the main highway near El Dorado in May. They came to the area from El Tigre, about eight hours north, to find work. As Venezuela’s infrastructure falls apart, they heat broken asphalt and use it to repair the dilapidated highway, hoping for donations from passing drivers.

On the unpaved road that leads to and traverses El Pauji, illegal open-pit mines run along each side. They come in all shapes and sizes: from tiny open ponds to massive holes two stories deep. “Directly or indirectly, everyone turns to the mine to survive,” laments Alicia Márquez, the 48-year-old mayor.

When she took over two years ago, she tried to push miners out of the hamlet. But now she appreciates the need to keep residents employed. “I can’t force them to abandon the mine. As a leader, I have to understand their situation,” she says. Márquez says gold helps to pay for teachers’ salaries, medicines and food at the local school; 7 percent of total production goes back into the community.

Here, life is expensive. The bolívar, the national currency, is worthless, and goods are paid for in gold or reals, the Brazilian currency. According to experts, mining has helped trigger the nation’s crippling inflation. (Using gold as currency grows the monetary supply.) When a kilo of cornmeal costs 29,000 bolívares in the capital, it can cost more than double in La Gran Sabana. If you don’t have a job in the mine, it’s impossible to pay for it. The high cost of living has led many to leave their jobs. Herminia Rodríguez, 45, who teaches at the local school, says four teachers have left to work in mines this year.

At a school in Parai-Tepui, someone took the rope from the flagpole to use in a nearby mine. So children carry the Venezuelan national flag at the beginning of the school day.

A broken globe in the library of the Parai-Tepui school shows Venezuela and the rest of South America. School enrollment has plummeted as many families leave the country in search of jobs or older children give up studying to work in nearby gold mines.

Children eat breakfast — corn cakes, called arepas, and some porridge — at the school in Parai-Tepui in May. Many families rely on the school for meals because food stocks are low in the few shops around town.

A family is loaded onto the back of a truck — the only public transportation along this main highway — in Kumarakapay in May. They had run out of food, which is often used to pay for public transit since Venezuela’s currency is nearly worthless. A shopkeeper gave the family some empanadas to use to pay for their 12-hour journey home.

Red craters and white scars are visible in the vegetation where mining has left open scars in the jungle. “Mining has caused such serious damage that even if the activity were completely stopped this year, it would take at least 50 years to recover the entire area,” says Manuel Díaz, president of the environmental foundation Vida Verde.

For many environmentalists, it’s especially worrying how illegal mining has endangered Canaima National Park, a UNESCO World Heritage site that includes La Gran Sabana. Using satellite imagery, SOS Orinoco identifiedmore than 30 illegal mines inside and along the park’s borders. There are at least 1,899 illegal mines in the country, and about 80 percent of South America’s illicit extraction is in Venezuela, according to a report by the Amazon Geo-Referenced Socio-Environmental Information Network.

In many instances, Caracas has rejected new mine permits, but advocates say it does nothing to stop illegal digging. “The government turns a blind eye on it, because the army is making money by controlling the gasoline that miners need to work,” says Javier Mesa, a tourism guide and ornithologist with more than 30 years of experience in the region. “If this situation persists, southern Venezuela could become the largest open mine in the world.”

At the core of the dispute between those who see mining as their only alternative and those who believe it could cause irreparable damage are two tricky questions: To whom does this land belong? And who or what should be compromised? Most indigenous leaders claim their right to mine, but other locals, environmentalists and tourism workers want to restore their pre-mining lives. “Somehow both parties are right. But indigenous should mine outside the parks because they belong to all Venezuelans, not just to them,” Mesa said.

Caracas is gripped by a civil conflict: Juan Guaidó, the head of the national assembly, says he is the rightful interim leader of Venezuela, but Maduro isn’t relinquishing power. It seems unlikely that stability will return anytime soon and tourists will suddenly start streaming back into Venezuela. But whenever they do, there may not be much jungle left to visit.

Wood smoke fills a kitchen in a half-finished apartment block in Maracaibo, Venezuela, in September. In the country’s second-largest city, once a wealthy oil hub, conditions have deteriorated to the point of collapse. Propane has become too expensive for most residents, who are now gathering wood to use as cooking fuel.

CHAPTER 2 | MARACAIBO

When the oil industry collapsed, it took this city with it

This was once a buoyant city, the country’s second largest, an oil boomtown. A city of excesses and extravagant wealth, where everything abounded. It was the first city in Venezuela to have phone lines, a regular electrical supply, public transportation, a bank, a brewery and even ice cream pushcarts rolling around, according to a local historian. Oil exploitation began on the shores of the lake here when, in 1922, the first well blew out — turning Venezuela into the world’s biggest oil exporter. When Hugo Chávez’s socialist rule began in 1999, the nation produced 3.5 million barrels per day. People called this region “the Venezuelan Texas.”

Now almost nothing functions here. There is power for only a few hours a day. The city’s water taps are drying up. Commercial areas look like ghost towns. Buses carrying workers to and from their jobs have disappeared. At night, roads are empty and pitch-black. Nothing is heard, except for the buzz of diesel generators owned by the lucky, wealthy few. In the summer heat, locals sleep on their front porches. And the country’s oil production is just 21 percent of what it was two decades ago, according to a local analyst’s study of OPEC data.

Trash collection has ceased in many Venezuelan cities, leaving streets and neighborhoods awash in garbage. A woman picks through a pile near the central market in Maracaibo in May; even former members of the middle class have resorted to such measures to find something to sell or eat.

A windowless station wagon serves as a bus in a neighborhood in Maracaibo. Once the scene of street soccer matches and lively parties, this neighborhood has lost more than half of its population. Water is scarce, and some areas of the city have not had electrical service for months.

Maria Mendez, 69, who suffers from asthma and arthritis and cannot afford medical care, stands outside the shack where she lives in Cabimas, Venezuela. She tries using plants and herbs to help her deal with the pain. The country’s medical system has been devastated by the economic and political meltdown.

Rain falls on pedestrians and empty food carts on a May morning in Maracaibo. After then-President Hugo Chávez nationalized oil companies in 2009, the city’s once-booming economy started its steep decline.

The collapse has been underway for more than five years. In interviews, 10 current and former employees of PDVSA, the state oil company, blame scant investment, corruption, lack of maintenance and politicization of the industry. Things took a turn in 2009, they say, after Chávez nationalizeddozens of local oil service companies around Lake Maracaibo. From that moment, the drills began to peter out. Damaged equipment was never replaced, and production began to fell drastically.

Even though this region has more oil in the ground than all of Brazil, and more than double what’s in Mexico, workers have been furloughed, and the entire economy supporting them — equipment-repair companies, divers, restaurants, gas stations, truckers — has imploded. Meanwhile, as rigs lie fallow and untended, petroleum is leaking into marshlands and fisheries here, imperiling the people most impoverished by the end of the oil boom. On top of all this, Washington imposed sanctions in January, closing off not just the world’s markets to Venezuelan crude but also any hope for recovery.

Children play on the oil-covered shores of Lake Maracaibo south of Cabimas in May. Cabimas, one of the country’s oil centers, is suffering from a near-total collapse of its infrastructure. Dozens of ruptured pipes are releasing oil and gas into Lake Maracaibo, oil leaks on land are common, and fish stocks are contaminated.

Taking a stroll around Lake Maracaibo, a 5,000-square-mile estuary that opens onto the Gulf of Venezuela, means encountering a junkyard of rusting equipment. Hundreds of half-sunken barges and speedboats are piled up near oil ports. Broken platforms in the middle of the water barely balance in place. Abandoned dockyards and drilling rigs are plentiful.

For years, the oil sector offered the highest wages in the country. Employees and their families lived in tony suburbs. “PDVSA was wonderful, everyone dreamed of working there,” says Jose Oxiarty, who used to manage company transportation on the lake. He is sitting in a shadowy, almost-deserted shopping mall during what was already an hour-long power outage, trying to remember the halcyon days.

Back in 2004, Oxiarty often visited the Urdaneta oil field, operated by Shell, a dozen miles from his Maracaibo home, where 500 people used to work, he says. He would ferry workers by boat from the oil fields to drills on the water. He recalls drilling barges bunched together on the lake, three-course lunches in the company’s cafeteria, the chatter with colleagues about new contracts.

Last time Oxiarty visited the Urdaneta oil field, in January, a single barge was drilling, and no workers were in sight. Oil wells, storage tanks, barges and power stations had been pillaged for their wires, pipes and equipment, probably by the very workers who had operated them — and by the gangs of pirates who wander the lake. “It was ghostly,” he says, “as if an atomic bomb had exploded there.”

At this, he begins to cry.

“How do I tell you without feeling so bad?” He pauses. “PDVSA is ruined.”

After three decades working for PDVSA, Oxiarty was fired in May, along with seven others, for denouncing corruption inside the firm to the local media. (He pointed out that PDVSA was paying companies handsomely to recover damaged equipment, but those contractors did no work. “It was all a farce,” he says. “They didn’t bring any investment, personnel or even tools.”) Now he sells spare parts for phones.

A fisherman passes some of the dilapidated infrastructure owned by PDVSA, the state-run oil company, on Lake Maracaibo. The company lacks the means to make repairs, and oil wells, storage tanks, barges and power stations have been pillaged for their wires, pipes and equipment.

José Chavez, 8, developed asthma and a skin disorder that his mother blames on the oil that covers nearly everything in their Cabimas neighborhood. “They have told me to take him away,” says Jessica Chavez. “But we live here. Where else we can go?”

Yuleidy Silva sorts shrimp, harvested from the polluted waters of Lake Maracaibo, at the family’s home in Cabimas. Despite the contamination, local fishermen still catch, sell and eat seafood from the lake.

A child covers his mouth as he walks past an oil-covered canal connected to Lake Maracaibo. The last available data, from 2016, showed that tens of thousands of gallons of oil poured into the lake each month.

All around Oxiarty, the ravages are almost impossible to comprehend. Official information is hard to find, but according to union leaders here in Zulia state, less than 15 percent of the equipment works. That includes diving gear for working the rigs, drill parts and even boats to get workers onto the oil platforms.

Of PDVSA’s 100 boats on Lake Maracaibo that moved workers between drilling platforms and the shore, only two are operational, says Alirio Villasmil, head of the company’s diver department here. About 450 of 900 divers have resigned in the past five years. Villasmil says that, before his colleagues migrated away, he saw three divers faint on the job; they hadn’t been eating because they couldn’t afford food.

Hyperinflation has made the Venezuelan bolívar practically worthless. Around the world, an oil industry diver in an entry-level job can earn $900 per week. But before he quit last November, José Molero made just $6 per month as a PDVSA diver. “It was harrowing to arrive home and receive a reproachful gaze from my wife because there was nothing to eat for dinner,” he says. He packed his bags for Chile, where he works now as a supervisor of diving equipment and sends money back to his family here.

The lack of investment and maintenance has increased the number of accidents. One of Molero’s supervisors was a victim: When a boat he was riding hit a barge, a metal wire sliced him in half. “It was horrendous,” Molero says. “Workers knew that boat had problems and went to work that day under pressure. . . . There have been many more accidents.”

Vendors sell anything and everything they have outside a flea market in Maracaibo in September. They hawk their wares on the street because they cannot afford the fee — just over $1 — to set up inside the flea market.

Those who remain here, despite the lack of work and the dangers, find a toxic environment. There are so many cracked pipes under the lake that in 2016, the date of the last available data, the Zulia State Engineers Center estimated that tens of thousands of gallons of oil poured into the lake each month. “All those pipes are mostly collapsed,” says Marcelo Monnot, former president of the center. An oil spill is considered a crime under Venezuelan environmental law. Yet the accidents of recent years haven’t resulted in any penalties.

Omar González grew up fishing in the lake. Decades ago, he fed his family exclusively on what he caught there. Now, every time he returns home, he brings less fish and more oil. “With this pollution, we struggle to get something to eat,” he says.

In 2013, a commercial fisherman caught an average of about 3,000 pounds per day, according to the Zulia State Engineers Center. By 2016, daily fishing had been reduced to about 100 pounds per fisherman.

González’s boat, his engine and his net have been blackened by oil. At the end of a day on the water, he has to douse himself in gasoline to remove the petroleum. “You get used to oil. But gasoline is something else. It poisons you little by little.”

The shores, too, are coated in a black paste that adheres to everything it touches. A cracked pipe sticks out into Yuleidy Silva’s backyard, a few meters from the water. For nine months, it hasn’t stopped spitting oil, which seeps into her house, staining everything. “PDVSA forgot about us,” she says, pointing out that three of her five grandchildren have had skin lesions from bathing in the lake. Now, she forbids them from getting in the water. She also worries that she lives in a flammable stew. “If some of those tanks explode, we all explode,” she says.

According to the Manatará Ecological Foundation, which studies the contamination of Lake Maracaibo, oil caused 30 cases of asthma and dermatitis among people living on the east bank between 2017 and 2019. At the Cabimas Hospital on that shore, 80 percent of the outpatient visits are associated with oil spills and gas fumes, the foundation says. Doctors warned Jessica Chavez, whose 8-year-old son, José, has suffered from asthma for five years. “They have told me to take him away,” says Chavez. “But we live here. Where else we can go?”

After a rainstorm, Maracaibo residents gather at a puddle to collect water for their homes. Water shortages are chronic, and there is no set schedule for the tanker trucks that occasionally pass through neighborhoods with water.

A singer, accompanied by a bar patron, performs Gaita, a style of folk music from Maracaibo that has become increasingly political. The historic Santa Lucia neighborhood of Maracaibo was a center for Gaita and nightlife, but few people have money for a night on the town anymore.

Miguel Blanco, 26, suffers from hydrocephalus, a severe but treatable neurological condition, as well as malnutrition. The Maracaibo resident hasn’t been to a hospital in two years; his family cannot afford the transportation costs. The family rarely has electricity or water, and eats just one meal a day.

Residents gather in the Santa Lucia neighborhood of Maracaibo in September. The area is still a popular hangout on weekend nights, but frequent electrical outages have thinned the crowds.

The shortage of gasoline in Venezuela’s oil capital is perhaps one of the greatest ironies of this place. According to the National Assembly, Venezuela’s refining capacity is at 10 percent, which represents 120,000 barrels per day, yet internal consumption is 200,000 barrels per day. (OPEC figures from last year show internal consumption is more than twice that amount.) So residents line up for hours, even days, to fill up their vehicles’ tanks at official stations. On the black market, gas sells at 300,000 times its official, state-assigned value.

For Maracaibo, PDVSA was the engine that moved the economy. During international oil fairs, hotels flooded with business executives. Once a year, paint companies were hired by PDVSA to put a fresh coat on the company’s buildings. And every Friday, as soon as they got their salaries, oil workers flocked to the famous flea market.

But Venezuela’s centralized economy ground that engine to a halt, and the ensuing economic crisis brought hyperinflation, malnutrition and rolling blackouts, as the majority of oil revenue went directly to Caracas and never returned here. “Despite being the capital of a prominent state,” says a famous folk-music lyric from the 1960s, Maracaibo “suffers from national oblivion.”

Neighbors along a few blocks in Maracaibo’s Santa Lucia neighborhood had electricity one evening in May, for the first time in days.

Empresa criminal conjunta bolivariana por Ezra Homsany – La Prensa – 28 de Agosto 2019

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En abril de 2019 vio la luz un estudio devastador de lo que constituye actualmente el Estado venezolano, y lo difícil que va a ser para desmontarlo. La investigación tomó 5 años y abarcó 11 países. Los autores: Douglas Farah y Caitlyn Yates, de IBI Consultants, LLC y National Defense University (INSS). Se remontan a 1998, cuando Venezuela elige a Hugo Chávez y este proclama su revolución bolivariana y un socialismo para el siglo XXI para así desmantelar el poder que Estados Unidos ejerce sobre América Latina. Su fuente de financiación, las arcas de petrodólares de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa), y así lograr el apoyo de líderes políticos aliados, élites económicas y organizaciones criminales para hacerse con el apoyo de Cuba, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Surinam y El Salvador. En el 2013 Chávez muere, y su delfín Nicolás Maduro asume la Presidencia, en el transcurso de la cual la economía se contrae un 50%, una crisis de refugiados que iguala o supera a la de Siria, en la que huyen un 10.5% de la población. Pero Maduro sigue en el poder. ¿Cómo lo logra? Farah y Yates identifican cuatro polos que hasta ahora sostienen lo que ellos titulan como la Empresa criminal conjunta bolivariana, cual hidra en la que sercenando una cabeza aparece otra más adaptable y letal.

La primera la identifican como la venta falsa de petróleo. El régimen constituyó una sociedad anónima llamada Alba Petróleos. Se valieron de 181 individuos y 176 compañías en 26 países. Cito textualmente: “con ella crearon una serie de compañías, con estructuras en Panamá. Desde allí, Alba Petróleos y sus compañías vinculadas le prestaron a ocho compañías panameñas 1.1 mil millones de dólares, entre el 2007 y el 2017. De allí movieron el dinero a paraísos fiscales del Caribe y Europa para después declarar que la mayor parte de la deuda era incobrable. El bolívar venezolano era negociado por un dólar fijo, a una tasa más alta que el cambio oficial”.

La segunda columna es la minería ilegal. Venezuela abunda en recursos naturales, como el cada vez más preciado oro. Para ello cuentan con la complicidad del presidente de Surinam, Desi Bouterse, ficha que siempre contó con el apoyo de Chávez. Utilizando Paramaribo, desvían el oro como producido allí para así escapar de las sanciones internacionales. Solo en el 2018, Maduro vendió 73.2 toneladas a Turquía y a Emiratos Árabes Unidos, parte de la cual terminó en Uganda. También la venta de diamantes, coltán, etc., que son difíciles de rastrear, producen ingresos a un régimen cada vez más necesitado de ellos.

Al tercer medio los autores lo denominan como proyectos de infraestructuras falsos. Ejemplo: en el 2006 Chávez y Daniel Ortega anunciaron la construcción de una refinería en Nicaragua que podría tratar el petróleo pesado de Pdvsa. Costaría 6.6 mil millones de dólares y lo tildaron como “el supremo sueño de Bolívar”. Casi un medio de los mil millones de dólares se distribuyeron como pagos por trabajos nunca realizados. El mismo modelo fue utilizado para montar fábricas de vacunas “que no produjeron una sola vacuna, paneles solares y embotelladoras de agua”.

Al cuarto polo lo denominaron como el de transferencia de banco a banco. Para recibir el dinero de Maduro, los funcionarios nicas crearon su propio banco al que llamaron Banco Corporativo (Bancorp). Para mover dinero fuera de Nicaragua se valieron de la sucursal panameña de un banco asiático, con sucursales en Corea del Sur y Hong Kong, donde finalmente terminarían depositados. Como puntualizan Farah y Yates: “las pérdidas por las sanciones son marginales cuando se comparan con los costos del régimen”. Las sanciones alcanzan al sufrido pueblo venezolano, mientras las ganancias son distribuidas entre la élite política y militar. Algunos estudiosos cifran la cantidad de fondos lavados entre el 2007 y 2018 en 28 mil millones de dólares. Para otros, la suma se queda corta. Los costos de la Empresa criminal conjunta bolivariana los sitúan entre los 473 o hasta los 633 mil millones de dólares.

Como se ve, para derrocar el actual Gobierno venezolano se requiere de atacar varios frentes interconectados que han probado una y otra vez ser altamente adaptables y corruptos. Como lo resume el jefe del Comando Sur norteamericano James Stavridis: “se necesita de una red para combatir una red”.

 

Why Russia is really sending military advisers and other specialists to Venezuela by  Lilya Yapparova – Meduza – 29 de Julio 2019

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A Russian Ilyushin IL-62 (registration number RA-86496) at Simón Bolívar International Airport in Venezuela

In late June 2019, Venezuela averted another coup. The government also nearly fell in the spring, on April 30, when opposition leader Juan Guaidó declared himself the country’s lawful president and tried to overthrow the acting head of state, Nicolás Maduro. Protesters clashed with police in the streets, hoping for the army’s support, but the soldiers ultimately remained loyal to Maduro. In those days, when the U.S. recognized Guaidó as Venezuela’s sole legitimate president, Moscow sent military advisers to Caracas. To learn more about the exact nature of “Russia’s support for the Maduro regime” (which attracted a great deal of attention abroad), Meduza sought out Russian army and intelligence agency veterans who previously served in Venezuela, and discovered that they mainly guarded Russian business interests, not the local authorities.

Fridge duty

Anatoly spent a year and a half living at Rosneft’s high-rise building in Caracas. He says the company’s executives knew in advance, based on secret sociological studies concluded in October 2018, that Venezuela’s protests would drag on and even spread. Anatoly told Meduza that Rosneft decided to increase security at its offices in Caracas, worried that its own locally hired staff would make off with the corporate furniture and blame the protesters.

To hire “watchmen” for its Venezuelan offices, Rosneft approached Russians with military pasts, including Anatoly (who declined to say when exactly he worked in Caracas, fearing it would reveal his identity). He says he was issued a satellite-connected Samsung Galaxy smart phone preloaded with WhatsApp, which he used to send a security report to Moscow every three hours.

There were no incidents on the floor where Anatoly was stationed (if you don’t count the cleaning women who grabbed the food in office refrigerators). From a window, Anatoly watched the protests in the street below. None of the demonstrators fighting with police showed any interest in the Rosneft building.

The mission turned out to be boring not just for Anatoly, but for most of the Russian military specialists in Venezuela. Much of what journalists and politicians in the West have described as “support for the ruling regime” was in fact an attempt by Russian companies to guard their own assets, Meduza learned from multiple sources who worked in the country, including a military intelligence reserve officer, a Federal Security Service veteran, a source close to Russia’s military specialists, and another intelligence agency veteran. All four individuals say Russian specialists’ main objective in Venezuela was to protect local Russian business interests.

“In Russia right now, it’s mainly state corporations working with Venezuela, because the country is simply in ruins,” says Tatyana Rusakova, a research assistant at the Center for the Study of Societies in Crisis, where she studies Latin America. “No normal person would invest their money there. Only Rosneft and Rostec in all their glory can sink money like that, because Rosoboronexport supplied arms, and these contracts have to be maintained.” “There are three or four [Russian] state companies working in Venezuela that organized delegations [of private security teams] into the country,” says a source who was approached about guarding local oil facilities. According to a Russian special forces veteran who also worked in Venezuela as a private contractor, Russian companies distributed humanitarian aid to local staff at these facilities, “to prevent food riots,” amid national shortages brought about by the collapse of Venezuela’s agricultural industry.

In April 2019, BuzzFeed News reported that Russia was shipping its humanitarian aid to Venezuela through Malta aboard military aircraft from Syria. These planes also sometimes carried military specialists, in order to save money on commercial charters, an FSB veteran who worked in Venezuela told Meduza. “On an Ilyushin Il-76 cargo plane, which carries spare parts for oil installations, they’d seat seven specialists, listed as ‘signal operators’ or ‘gas workers,’ but who they really were wasn’t on record,” a source told Meduza.

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Members of the Bolivarian National Guard who joined Venezuelan opposition leader and self-proclaimed acting president Juan Guaido gesture after repelling forces loyal to President Nicolas Maduro, near LaCarlota military base in Caracas on April 30, 2019.
Most of the Russian military specialists in Venezuela were paid 150,000 rubles ($2,365) a month (which is similar to the typical salaries earned in Syria by mercenaries in the “Wagner” private military company, according to an investigative report by RBC). After landing in Venezuela, Russians were instructed, for example, to collect Russian companies’ corporate documents and bring them back home. More serious tasks were handled individually, “through their own channels,” by hiring a handful of “private contractors,” explains a specialist who worked in the country. A source in Russia’s interior security troops says there were roughly 60 mercenaries performing “special assignments.” The salary for this work was above average: 220,000 rubles ($3,470) a month. These men were tasked with jobs like recruiting informants in dangerous parts of Caracas, says a source who was offered one such assignment.

At the start of Venezuela’s protests in the fall of 2018, there were at least 100 active members of Russia’s special forces in the country, in addition to the former soldiers working as security guards, Meduza learned from a military intelligence reserve officer who worked in Venezuela. By June 2019, all but 20 of these soldiers were gone. “They never really did anything,” says the reserve officer.

The Venezuelan militia

Among the assignments that most resemble “support for the Maduro regime,” Meduza’s sources describe working with local militiamen from the Venezuelan National Militia and members of armed groups known as the colectivos, which gained strength after a failed coup d’état in 2002, when President Hugo Chávez realized that he couldn’t count on the loyalty of the military and police, and formed his own paramilitary support base. Acting Venezuelan President Nicolás Maduro, who trusts the army even less than Chávez, has continued to finance paramilitary squads using government funds. Meduza’s sources confirm that Russian military experts started assisting in the training of these militia forces in 2018. A military intelligence veteran who worked in Venezuela and a source close to the FSB say Russian specialists are also working with the colectivos.

Created in 2009, the Venezuelan National Militia comprises civilians called upon first by Chávez and then by Maduro to defend “the gains of the Bolivarian Revolution” (the radical political process initiated by Chávez). “The militia unites women and men of different ages who have passed a firearms course and received basic drill training,” Punto de Corte correspondent Sebastiana Barraez told Meduza, explaining that many people join for economic reasons. “They’re all registered and required to report for duty, whenever called, for example, to some military facility. This guarantees them access to CLAP” (the Local Committees for Supply and Production, which ration food to the country’s poorest households). Groceries have virtually become a new currency in Venezuela, Barraez says, with distribution controlled by institutions loyal to Maduro, namely the national militia and the colectivos. In April 2019, Maduro vowed to merge the national militia with the country’s armed forces.

The colectivos are urban gangs from the barrios of Caracas, the city’s poorest neighborhoods. In 2014, the Venezuelan authorities started actively recruiting these groups to fight in the streets against the opposition. In 2017, for example, they supported Maduro’s attempt to dissolve the parliament. To pay the colectivos for their total loyalty, the Venezuelan government has raided the budget of its main state enterprise, the oil and gas company PDVSA. Today, the regime has effectively ceded the slums in western Caracas to these gangs, where they bake bread, trade goods, and stage large public funerals for their comrades killed in clashes with the opposition.

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Members of a “colectivo” beat an opposition student who was taking part in a protest against the government of Venezuelan President Nicolas Maduro, April 3, 2014.

Colectivo members are also flooding the militia’s ranks, Barraez says, in an effort to legalize the gangs: “The colectivos are joining the militia to gain at least some legitimacy in the face of harsh criticism from civil society and even the army and other security agencies against armed groups favored by the authorities.” The colectivos are also integrating with other security institutions. For example, the “Tres Raices” (Three Roots) gang enjoys close ties to Venezuela’s security elites, and its members serve in the Bolivarian Intelligence Service. In 2017, Maduro created an elite unit within the Venezuelan National Police to “safeguard the revolution,” and many colectivo members have since joined. According to research published by the Insight Crime Center in March 2019, the Maduro regime has relied repeatedly on these forces to crush protests over the past six months.

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Bolivarian Intelligence Service officials surround Mayor Antonio Ledezma’s residence, after his escape from house arrest.

Russian military instructors currently assist in the training of the Venezuelan National Militia, which includes members of the colectivos. “Russians often show up at the militia’s headquarters,” one Tres Raices member told Meduza. But sources generally expressed dissatisfaction with the practice of cooperating with the colectivos, noting their unreliability and poor discipline. Involving these gangs in the militia’s work is irresponsible, if not desperate policymaking, says a veteran of Russia’s internal troops who worked in Venezuela. “It’s more trouble than it’s worth. You give them $1,000, and these fuckers don’t just pocket the money and try to handle it for $50, but they also tell the police about you,” says one source, describing his attempt to negotiate the protection of an installation with the gangs.

The guys from the Donbas

Alexander Ionov founded the Anti-Globalization Movement of Russia (ADR) in 2012. At first, the movement staged a handful of small protests and pickets demanding the annulment of Barack Obama’s Nobel Peace Prize, but before long it was organizing major events with government support. In 2015 and 2016, for example, ADR used a presidential grant to hold conferences on unrecognized states. Ionov also became a member of the Russian Committee on Solidarity With the Peoples of Syria and Libya, which welcomed visits from Syrian President Bashar al-Assad, former Iranian President Mahmoud Ahmadinejad, and Hugo Chávez. Ionov questions the idea that Russian specialists are in Venezuela to support the Maduro regime. “Venezuela has a very simple design,” he says. “They don’t need any Russian special forces there. After we fucked up Ukraine, do you really think we could set anything right in Venezuela?”

Ionov first got acquainted with many of today’s Venezuelan elites before they rose to power, 10 years ago, when members of his “Anti-Globalization Movement” accompanied Hugo Chávez during his visit to Moscow. Ionov says he now has friends in the Maduro administration, among the Venezuelan diplomatic corps, and at the oil and gas company PDVSA. He’s even pals with the captain of a Venezuelan destroyer ship.

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Alexander Ionov (left) with Diosdado Cabello, now the president of Venezuela’s Constituent Assembly, in 2013

According to Ionov, Russian military specialists are involved in the region for another purpose: repelling Colombian aggression. The threat of invasion by Colombia, he argues, is an important factor in Venezuelan domestic policy. On June 26, there were reports in Caracas of a new attempted coup involving “Colombian terrorists” supposedly hired to assassinate Nicolás Maduro. The president claimed that the Venezuelan opposition’s plans were tied to the leader of a Colombian mafia group arrested in March. In April 2019, Venezuela deployed soldiers at 17 military bases along its border with Colombia.

The Venezuelan authorities exploit the concept of “foreign operatives” to manipulate the public, argues an investigative report by the local opposition websites RunRun.es and Connectas, which found, for example, that the government used the fight against “Colombian paramilitaries” as a pretext for “personal revenge and acquiring territory.”

Ionov says he learned from acquaintances back in November 2018 that Russian specialists were in Venezuela “countering Colombian commandos”: “There’s almost no border between the two countries, and operatives have flooded into Venezuela from Colombia, bent on destabilization. It was necessary to plan a strategy to eliminate them,” Ionov explains.

Two Russian military intelligence special forces veterans with experience related to Venezuela confirm that the concerns about sabotage are real. One Russian internal troops veteran who declined a contract to work in Venezuela told Meduza that “guys from the Donbas” are routinely employed to guard oil installations from provocations and sabotage.

Metal collecting

Russian entrepreneurs interested in Venezuela’s infrastructure and its mineral deposits have paid attention neither to the country’s humanitarian crisis nor to its protests. “The unrest didn’t have any effect on my client’s longstanding habit of buying gold in person,” said one security professional, who recently served as a bodyguard for a Russian businessman visiting Venezuela. “The chance to sign a deal and look the other party in the eyes is priceless.”

The deals in question aren’t just in the oil industry; in fact, a source close to the FSB told Meduza that what Russian entrepreneurs are doing in Venezuela can hardly be considered business in the usual sense at all: “We’re talking about infrastructure that’s sitting there with nobody controlling or running it. Fiber-optic networks, cellular towers, iron products, I-beams — all that is worth a lot of money, not to mention microwire and microfiber production facilities.”

Along the southern bank of the Orinoco River, deposits of bauxite, diamonds, gold, and coltan lie scattered across 112,000 square kilometers of land (27.7 million acres, or 12 percent of Venezuela’s territory). In the depths of that territory, which is known as the Orinoco Mining Arc, government forces not only let illegal gold mining continue uninhibited; they encourage it. Many Venezuelans have taken up the hard labor of illegal mining due to rampant inflation and a catastrophically low food supply. In mining towns, one can find all kinds of fresh produce and medications, but only at extremely high prices.

“The first thing that comes to mind is Solzhenitsyn’s Gulag Archipelago. It actually also reminds me of that clip where Kermit the Frog visits the Gulag, but it’s a Gulag either way. I even looked up that clip on my phone, showed it to the guys…” the source who worked as a Russian businessman’s bodyguard laughingly recounted to Meduza. “The thing is that you can’t start feeling sympathetic for the locals. The women steal there too, and the teenagers know how to use a machete.”

The gold trade along the Orinoco River used to be controlled by armed groups called sindicatos, Sebastiana Barraez told Meduza, but “in 2018, the Venezuelan army took control of the mines that the Russians and the Chinese were most interested in.” The army really did purge the sindicatos, the Russian businessman’s bodyguard confirmed, “but mostly under the Chinese’s noses. The Russians are still standing by.”

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A miner walks on property owned by state gold processor Minerven in the violently contested, mineral-rich town of El Callao, Bolivar State, Venezuela. February 27, 2018

According to the Organized Crime and Corruption Reporting Project(OCCRP), an ounce of gold costs less in the gold mines of the Orinoco Arc than it does anywhere else in the world. “A gram of gold, a karat, it’s all depreciating there right now. Say what you will — it certainly hasn’t done any harm for the business there,” Meduza’s source said.

Even during the mass protests of May 2019, when Western news sources regularly predicted Maduro’s overthrow, Russian security professionals were busy not so much supporting the regime as providing the infrastructure necessary to keep business ties going.

On May 3, rumors spread in Spanish-language Twitter communities that 15 Russian military advisers had landed in the capital of Falcón State in northern Venezuela. Casto Ocando, a Venezuelan investigative journalist living in Miami, learned the news from his own sources first: “They’ve taken up an entire floor of the Cumberland Hotel near the Coro airport,” he wrote at the time. Local residents said the airport’s security had been reinforced as early as May 2; according to the flight tracker Flightradar24, a military Shaanxi Y-8 plane with the registration number FAV2810 landed in Coro that day. Later on, a photograph of the plane rumored to have transported the Russian advisers appeared on Twitter. It was indeed a Shaanxi.

There is an oil refinery complex an hour’s drive from Coro. In March of 2018, Venezuela attempted to sell one of that complex’s facilities, the Amuay Oil Refinery, to Rosneft, and Ocando confirmed that the Russian advisers payed a visit to Amuay. The handful of photographs depicting “the Russians” that circulated on Venezuelan social media were all taken at locations that had far more to do with business interests than military ones: each of those locations was near at least one facility that Russia had either built or financed.

The Russians were also evidently spotted in a bakery in the northwestern city of Acarigua, where Russia’s state defense export company, Rosoboronexport, had begun building a helicopter servicing center called CEMAREH (El Centro de Mantenimiento y Reparación de Helicópteros) back in 2006. Meduza’s sources recognized two of the people standing in line at the bakery’s counter: one is a fighter pilot, and the other is a former gas company employee who has ties to Igor Strelkov. Strelkov, who currently lives in Moscow, is the former defense minister of the self-declared Donetsk People’s Republic. He was involved in multiple key battles in eastern Ukraine in 2014.

Finally, Ocando told Meduza that his sources also contacted him about another group of Russian military specialists in the town of Puerto Ordaz, one of two that makes up Ciudad Guayana. The town is located near the Guri Dam, which is the largest hydroelectric power station in Venezuela and the fourth-largest in the world in terms of capacity. Twitter users also mentioned that large numbers of Russians had occupied rooms in the city’s Rosa Bela hotel. Ciudad Guayana is located on the banks of the Orinoco River two hours away by car from the Carabobo-2 oil field. Rosneft got involved in the oil field’s development in 2011 with a $1.1 billion investment. In 2017, the company reported working on two different blocks in the Carabobo-2 field.

When Meduza contacted Rosneft press secretary Mikhail Leontyev for comment, he responded, “What does Meduza care about the strategic partnership between Russia and Venezuela? I think it doesn’t have any thing to do with you. It’s none of your business!”

How to hide a plane

According to several of Meduza’s sources, both military advisers and private security professionals began visiting Venezuela regularly in 2017. A military specialist who turned down one such business trip said that advisers are usually asked to fly to Venezuela for half a year. One veteran of Russia’s internal troops has been called into Venezuela three times in the past year: once before the New Year, once in February, and again in April. Two military intelligence special forces veterans told Meduza that they turned down requests to go to Venezuela in February, and a third spoke about his trip to the country in March.

Anti-Globalization Movement of Russia founder Alexander Ionov said that in March 2019 alone, several flights departed for Venezuela carrying Russian specialists, and that doesn’t include the Defense Ministry’s official delegation: “Thank God, our military planes can still cross the Atlantic in such a way that the trackers don’t catch them. It’s like in [the cult Russian comedy film] DMB: You can’t see the ground squirrel, but it’s there. And then there are civilian flights on top of that, and — well, who’s even counting those. It’s an open border: Just fly to France, and then you’re on your way to Caracas on an Air France flight.”

Military airplanes really are difficult to spot. In a 2018 study, researchers at Oxford University found that “military aircraft […] can switch off their transponders when required. […] For our sample of military aircraft, 8.6 percent used this approach in the observed civil airspace.” The researchers added that data from transponders can be inaccessible: “We can see that the vast majority (86.7 percent) of the ADS-B equipped military aircraft seen by OpenSky are blocked,” they wrote.

The Russian open-source intelligence enthusiast Galandeczp has been monitoring Russian military aircraft for three years and even publishes intercepted radio communications, but even he told Meduza, “You’ll never find [a military plane] on sites like that. It just won’t have a transponder to broadcast that signal.” Ruslan Leviev, the founder of the Russian investigative journalism group Conflict Intelligence Team, said military pilots also simply neglect to record tracking data on occasion: “Airplanes registered to the Defense Ministry sometimes simply don’t turn on their transponders or update their transponders’ data, meaning they don’t record data on any new flights. Usually, when a pilot sits down in a plane, they input data on their route into the plane’s computer, and the transponder begins to transfer that data. But military pilots often think civilian tracking services don’t apply to them and forget about that. It’s just negligence, and anyway, who’s going to reprimand them for it? What would you tell the Defense Minister?” Spotting a military plane in flight, Leviev said, “is usually a stroke of luck.”

The GRU special forces veteran who was offered a contract in Venezuela told Meduza that the flights he might have taken are chartered flights from civilian airports” that make regular trips and transport only a small group of people at a time. “They put five, seven, maybe 10 people in each plane,” an FSB veteran who worked in the region confirmed. The Venezuelan-American journalist Casto Ocando told Meduza that “just in the last few months, there have been a lot of unregistered flights into the country from various departure points: Moscow, Havana, Istanbul, Dubai.” According to Ionov, “Venezuela can bring back its people, many of whom are studying in Russian military academies, out of Moscow along with our guys.”

According to Reuters, one group of Russian mercenaries flew to Venezuela in the final week of January 2019. They reportedly took two chartered flights to Cuba and then took commercial flights to Caracas. The journalists suggested that an Il-96 plane run by the airline Rossiya took the two groups to Havana, but it later became clear that the plane was carrying a Russian Supreme Court delegation instead.

Around the same time, Meduza discovered, a week before the opposition protests announced by Juan Guaidó, a different plane arrived in Cuba: a Boeing with the registration number VP-BJL owned by Nordwind Airlines. The plane landed at Varadero Airport on January 22.

A Tu-160 owned by the Russian Aerospace Force lands in a Venezuelan airport.
Defense Ministry of the Russian Federation

The FSB veteran confirmed that Nordwind, which signed a contract with Rosneft in December of 2018, was the airline transporting Russian specialists to Venezuela. The investigative newspaper Novaya Gazeta even alleged that the airline may have served as an intermediary to help sell Venezuelan gold. Meduza examined all of Nordwind’s flights and found that all flights conducted by one of the company’s airplanes, a Boeing VP-BJB, have been deleted from the website Flightradar24 (they are still available on ADS-B Exchange). That airplane is the airline’s only craft that makes regular trips to Caracas. One of its flights from Moscow landed in the Venezuelan capital on April 14, the same day that Maduro called on a million more Venezuelans to join the militia. A Nordwind representative declined to speak with Meduza.

Russian military aircraft, on the other hand, have made official flights to Venezuela. Two Il-62 planes (RA-86496 and (RA-86572) and an An-124 Ruslan (RA-82035) have been to Caracas several times, and both Novaya Gazeta and Bellingcat wrote about those flights following waves of Twitter posts from locals in December and March. In April, those same airplanes requested permission from the Maltese government to use its airspace to fly to Caracas on humanitarian missions. According to ADS-B Exchange, in February, an Il-62 airplane (RA-86496) flew from Moscow to Venezuela during the large-scale war games Nicolás Madura launched to mark the 200th anniversary of Simón Bolívar’s “Angostura Speech.” Venezuelan At the time, Admiral Remigio Ceballos told El Mundo that Russian representatives were present during the operation.

Meduza examined the flight records of 270 Il-76 airplanes, both military and commercial. According to the ADS-B Exchange database, a new Russian charter airline called Aviacon began operating in Venezuela in October 2018; the company had completed eight flights to the area as of March 2019. Data on those flights was deleted from Flightradar24, but their routes can be reconstructed using information from social media and ADS-B Exchange. Venezuelan amateur airplane spotters photographed an airplane with the registration number RA-78765 on February 20; tracking services also recorded its flight over Barbados and into Caracas. On March 7, that same plane left Caracas. On March 26, Twitter users began reporting that the plane was in Venezuela again. Aviacon had previously transported goods for Rosneft and Rosoboronexport, and it has also won contracts with Rostec-owned companies and the 224th Flight Squad of Russia’s Defense Ministry. However, according to Russia’s online SPARK record system, the Russian government’s state purchases website, and the company’s own website, Aviacon does not currently have any contracts with Russian companies working in Venezuela.

Yevgeny Rozhkov, the commercial director of Aviacon, confirmed to Meduza that one of the company’s airplanes landed in Caracas on February 20, 2019: “The craft was carrying spare parts for the servicing and repair of aerial equipment that had previously been transported to Venezuela.” The airplane spent an additional week in the area awaiting new orders. “The English aviation broker we asked to help us look for new gigs for the plane told us […] that the English company De La Rue, which fulfills orders for the Central Bank of Venezuela, was looking right then through its forwarding agents for a company to transport some valuable cargo to Caracas.” At first, the European company hired for the job declined to fly to Venezuela due to the declining political situation in the country, Rozhkov said. However, he added, the job ultimately went to a U.S. company: the Miami-based transport firm Sky Lease Cargo.

Without Wagner

Nicolás Maduro is the first foreign leader in six years to whom Russia has provided aid without help from the Wagner Private Military Company.

In SyriaSudan, the Central African Republic, and Madagascar, Russian campaigns were accompanied by numerous reports either of the Wagner PMC’s mercenaries or of political advisers with similarly strong ties to “Putin’s Chef” Yevgeny Prigozhin. However, Wagner has not yet put in an appearance in Latin America, a veteran of the PMC told Meduza. The same source had also worked in Venezuela as well as Russia’s internal intelligence forces; he remains close with Yevgeny Prigozhin.

Wagner’s absence from Venezuela may be related to changes within the company itself, said Conflict Intelligence Team founder Ruslan Leviev: “The Wagner PMC has retreated from almost every front: the last report of a Wagner mercenary killed abroad was more than a year ago. In Syria, their forces only serve as guards. There have been battles in the northern neighborhoods of Hama and in Damascus itself, but the mercenaries weren’t involved. Many of them have even returned to Ukraine because they aren’t being given military missions in Syria, but in the Donbas region, you can still go to war.”

A source who worked for Wagner in Africa confirmed to Meduza that the PMC’s troops now serve primarily as security guards rather than soldiers. Two other sources with ties to the PMC said that “experienced guys are scattering into other projects” while those who have remained at Wagner are “hunks of flesh who post photos of themselves on Insta[gram].” Four sources all indicated that the changes were tied to new commanders at the company who have no ties with the Russian military.

A source close to the FSB asserted that the Wagner PMC has “disappeared as a logistical center”: the organization has been deprived of control over its own military transports. Now, those logistics all go through official channels, and the company’s leadership can no longer set missions for its own forces. “On his own, at this point, Prigozhin can only send soldiers to guard his own facilities,” one source indicated (Yevgeny Prigozhin himself has repeatedly denied having any connection to the Wagner PMC).

The Russian specialists sent to Venezuela were selected along the lines of a scheme developed long before Wagner’s emergence. Rather than following the so-called “one-window” scheme by which Russian fighters are hired practically off the street at a given military base, the mercenaries have gone back to recruiting through a well-developed grapevine composed of existing veterans’ organizations. “All this goes through the Union of Donetsk Volunteers or the Union of Afghanistan Veterans,” Leviev clarified. Sources in Russia’s internal forces and the FSB confirmed that they looked for “private partners,” primarily guards for oil extraction facilities, through veterans’ organizations. Then, they “started working along human ties”: Two GRU special forces veterans received a call about a potential Venezuelan contract, for example, from “a colonel in the regional headquarters.” One internal intelligence officer told Meduza that some of the Russians in Venezuela were veterans of the high-risk “Zaslon” security division in Russia’s Foreign Intelligence Service. Another source close to the mercenary system said that veterans of Russia’s Federal Protective System had also been hired to work in Venezuela.

A strange feeling of guilt

Not everything Alexander Ionov has to say about Russian-Venezuelan inter-regime cooperation is strictly positive. In his words, a friend who was involved in bilateral military exercises between the two countries complained about one of his Venezuelan trainees, “He went to set up a battery, and when he was halfway there, he just dropped it, grabbed one of the nurses by the hand, and started dancing. These people are sticks in the mud! They haven’t even figured out how to guard their own border.”

According to The Wall Street Journal, the number of Russian training specialists like Ionov’s acquaintance is dropping fast in Venezuela: Rostec, a government corporate conglomerate that includes Rosoboronexport, has been removing its contractors from the country for several months straight, and the Russian Embassy in Caracas announcedanother round of departures on June 26. A source within Russia’s internal intelligence services who is familiar with the situation in Venezuela confirmed that withdrawals of private specialists from Venezuela began before January 2019 and has continued for five or six months straight. An employee within one of Rostec’s companies clarified that local contractors have been replacing the Russian specialists as they depart: “They do still have facilities there, after all — the Kalashnikov factory, for example. The least they can do is preserve them and keep turnover low.”

Rostec’s press service declined to confirm to Meduza that its contractors are being removed from Venezuela: “That information is incorrect. Neither Rostec’s staff in Venezuela nor the number of Rostec representatives working there has changed for several years. That said, the number of personnel securing and servicing equipment for our partners has fluctuated. It’s a workflow that operates in our typical regimen according to the contractual obligations of all parties,” a Rostec representative said.

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Venezuelan President Nicolás Maduro holds a replica of a sword that belonged to Venezuela’s national hero, Simon Bolivar, as Rosneft head Igor Sechin and Venezuelan Oil Minister and state oil company president Eulogio del Pino look on. Caracas, Venezuela; July 28, 2016

Nonetheless, Russian specialists have continued to fly back and forth from Venezuela on a regular basis. According to data posted by the InSight Crime research center, two thousand Russian citizens are currently working in Venezuela, “particularly in reconnaissance roles.” A source told Meduza that he would estimate the number of Russian specialists currently in the country at two or three thousand, and “that’s including everyone who’s there through official military cooperation, all the political advisers and even the Foreign Affairs folks.”

Despite those numbers, the Venezuelan ambassador in Russia has saidthat neither Caracas nor Moscow is currently considering the possibility of building a Russian military base in Venezuela (the Venezuelan Constitution prohibits the construction of foreign military bases on the country’s territory). A source in Russia’s Internal Intelligence Service told Meduza that Russian security professionals have nonetheless been guarding a “construction site that will become a Russian government facility.” An FSB veteran with experience in Venezuela said that the facility would be a military training center. Another source close to the FSB added that it was Venezuelan officials who had suggested building a range of new facilities to form a “coordination center,” a setup that would not require giving Venezuelan territory to another government.

According to Russia’s Economic Development Ministry, Russia has invested more than $4 billion in the Venezuelan economy since Hugo Chávez’s rise to power in 2002. “We lead with our hearts, as they say,” said Latin Americanist Tatiana Rusakova. “And I’m not just talking about Rosneft. There have been a lot of situations where it wasn’t profitable, but we did it. There’s a strange feeling of [historical] guilt behind all that: when we fell apart over here and left the region to survive, Latin America, which had always seen the USSR as a counterweight to the U.S., was left all alone. We said, ‘You hang in there,’ and that was it. And now, we’re trying to show that we aren’t going anywhere ever again.”

Some Russian military specialists working in Venezuela remain certain that “we’re paying back geopolitical debts.” Two of Meduza’s sources believe that they were hired “just to show that we Russians are there — so that everyone who has to get it, gets it.”

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