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Venezuela: víctimas de un genocidio de nuestro tiempo por Dubenson Manzanilla – PanamPost – 1 de Diciembre 2019

Después de reiteradas masacres, es hora de asumir que en Venezuela se está llevando a cabo un exterminio sistemático de nuestros pueblos

Venezuela
Comunidad pemón, Venezuela. (Foto: Flickr)

Recordar, en estos trágicos tiempos, en este convulso instante, es un ejercicio al cual debemos recurrir con frecuencia; recordar, así sea con dolor constante, pero sin dejar de lado la ecuanimidad, nos permite un mejor juicio para abordar nuevas acciones y evitar que hechos trágicos se sigan suscitando y, mucho menos, se hagan cotidianos.

El reciente 22 de noviembre tuvo lugar otra masacre en Venezuela. En esta oportunidad, el hecho ocurrió en la comunidad indígena Pemón del poblado de Ikabarú, al límite de la frontera con Brasil, donde sujetos vestidos de negro llegaron disparando y dejando un saldo de 8 muertos. Es un hecho tan inédito como trágico, en cualquier comunidad e incluso en esta, que pese a ser un sector donde se ejerce de forma tradicional la minería, nunca habían tenido lugar acciones violentas que derivaran en muertes, dado que el control y el orden siempre habían sido ejercidos por los indígenas, siguiendo su ancestral modo de convivencia pacífica. Es el caso contrario de lo que ocurre en otros sectores mineros al sur del país, controlados por grupos irregulares armados, llamados “sindicatos”, en donde las masacres, mutilaciones y desapariciones de personas son frecuentes.

Pero, aunque nos cueste decirlo, tenemos que ubicar en su justa dimensión esta tragedia que hoy enluta a la mencionada comunidad indígena. Debemos contextualizarla en el marco de lo que es: un exterminio sistemático de nuestros pueblos. De hecho, hasta podría pensarse como algo anunciado, si nos remontamos a lo ocurrido justamente 9 meses antes, cuando el ejército de Venezuela, en el amanecer del día 22 de febrero, pasó por otra población indígena Pemón: San Francisco de Yuruani, que vive (o vivía) principalmente del turismo. Allí también se ejecutó una masacre, que acabó con la vida de tres pemones y doce resultaron heridos, todos por disparos de fusiles que los soldados accionaron alegremente, sin contemplación, siguiendo un patrón sistematizado de aniquilación de la disidencia al régimen de Nicolás Maduro.

Y luego, al día siguiente de este, otra sangrienta jornada de asesinatos, 90 kilómetros más al sur, en la ciudad fronteriza de Santa Elena de Uairén, sumando más heridos y más muertos. Todo esto ocurría en vísperas de una operación emprendida por el Presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, con el apoyo de algunos países de la región, principalmente Brasil, Colombia y Estados Unidos, para tratar de ingresar al país ayuda humanitaria. Esta operación no logró su cometido, pero el régimen no perdió la oportunidad para demostrar al mundo, una vez más, que está dispuesto a entregar las armas de la República a cualquiera que esté dispuesto a usarla sin ningún escrúpulo en contra de la disidencia.

Además, amparado en el terror generado por estas masacres, el régimen aprovechó la ocasión para tomar el control del Parque Nacional Canaima, declarado por la UNESCO como un Patrimonio Natural de la humanidad. Es oportuno destacar que este territorio ha sido habitado ancestralmente, desde tiempos inmemorables, por los pemones, quienes lo custodian y protegen celosamente; pero siempre había sido motivo de refriegas con los cuerpos de seguridad del régimen, dados los grandes yacimientos de oro y diamantes que ahora el régimen de Nicolás Maduro y sus secuaces explotan libremente, y con lo cual pueden seguir financiando sus proyectos de subyugar a un país entero y expandir sus macabras políticas a otros países de la región

De estas jornadas de terror también resultó el desplazamiento de 1300 pemones venezolanos a las comunidades pemonas del lado de Brasil. Tal es el caso del poblado de Tarau Paru, que contaba con un poco más de 200 habitantes: de un momento para otro se encontraron ante la emergencia de tener que acoger a 900 de sus hermanos pemones, provenientes de distintos poblados del lado de Venezuela como: Manak Kru, Wuaramasén, Santo Domingo, Maurak y Kumaracapay.

Ahora bien, aparte de los que resultaron asesinados, la situación se tornó muy difícil para los heridos y sus familias sobrevivientes; los heridos fueron trasladados de emergencia al hospital de la ciudad brasileña de Boa Vista (Roraima). Gracias a la atención que brindó el cuerpo médico de este centro médico, con el apoyo del Estado brasileño, se logró salvar la vida de muchos de los heridos. Solo dos no pudieron superar su delicada situación y fallecieron en los días posteriores. Y si bien algunas organizaciones humanitarias brindaron ayudas puntuales para mitigar las necesidades de los heridos y sus familias (aproximadamente unas 40 personas), se carecía de un plan sustentable para mantenerlas bajo resguardo en territorio brasileño. Las múltiples organizaciones indígenas que hacen vida en el Estado Roraima no han brindado apoyo para este fin, quizás por el hecho de tratarse de víctimas de un régimen de izquierda, lo cual se debe invisibilizar, colocando el factor ideológico por encima de la lucha que une a los indígenas en defensa de sus derechos, de los cuales ha sido vulnerado precisamente el más sagrado: el derecho a la vida.

Por otra parte, de la embajadora de Venezuela en Brasil, María Teresa Belandria, se pudo esperar más, sobre todo en el ejercicio de sus funciones como máxima representante en Brasil de Guaidó. Quizás una articulación efectiva entre las diferentes ONGs humanitarias, con el cuerpo diplomático destacado en ese país y diversas instituciones, cualquier gestión que llevará a atender y a resguardar a estas familias en Brasil de manera sostenible.

Al día de hoy, los heridos, después de haberse recuperado en los hospitales de Boa Vista junto a sus familias, tuvieron que regresar a sus comunidades en Venezuela, exceptuando tres, que contaron con el apoyo de un capitán indígena de otra comunidad Pemón del lado de Brasil, donde lograron establecerse; dos de los que regresaron quedaron discapacitados y uno parapléjico, con el agravante de que las condiciones económicas y la actividad turística en la comunidad de San Francisco de Yuruaní han mermado después de la masacre, hasta reducirse casi a cero, por causa del temor. No es ilógico pensar que ante una nueva arremetida del régimen en este poblado, ellos serán los principales blancos.

Así es como vive en la indefensión una población, ante la falta de una contundente respuesta de un Presidente interino y de la comunidad regional y hemisférica, que dan licencia, de este modo, a un régimen criminal, para seguir operando con total impunidad y cometer estas masacres que ahora han pasado a ser cotidianas también en las comunidades indígenas al sur de Venezuela. Esto viene a sumarse a la crisis humanitaria, que ha generado a su vez la mayor migración conocida en el continente en tiempos modernos; mientras la demagogia y pusilanimidad de los líderes que dicen oponerse al régimen de Maduro no persuadan a sus aliados para convocar y activar bien sea el artículo187,  la R2P, el TIAR, Doctrina Monroe, intervención humanitaria, cooperación militar o como lo quieran llamar, seguiremos igual o tal vez peor.

Que dejen de fantasear con el hecho de que estos criminales, que secuestraron Venezuela y amenazan con expandirse en la región, soltarán el hueso con métodos pacíficos: en Venezuela ya se agotaron esas instancias establecidas en la Carta Magna; las fuerzas armadas, lejos de garantizar el cumplimiento de la misma, la han trasgredido, ejerciendo un férreo sometimiento sobre la población, incluso de la manos con bandas criminales. Ya se ha pagado un alto precio en vidas y sacrificios. No tomar una determinación, por la conveniencia de mantener el estatus quo, se traduce en la cohabitación con los verdugos del régimen y, a su vez, en complicidad de crímenes de lesa humanidad.


La izquierda mundial guarda silencio cómplice ante las masacres de indígenas en Venezuela por Pedro Benítez – ALnavío – 28 de Noviembre 2019

Tres masacres en sus comunidades en menos de un año es lo que han denunciado los líderes indígenas de la etnia Pemón en Venezuela. Si esto ocurriera en Chile, Colombia o Brasil sería un escándalo mundial y habría en estos momentos una campaña internacional para denunciarlo. Pero no es el caso de Nicolás Maduro que dispone del aval (o complicidad) de parte de la izquierda mundial y del aparato comunicacional del gobierno ruso.
Tres masacres en menos de un año han denunciado los líderes de la etnia Pemón / Foto: WC
Tres masacres en menos de un año han denunciado los líderes de la etnia Pemón /

Las masacres y desplazamientos de pueblos indígenas al sur de Venezuelacontinúan ante la complicidad o indiferencia del Ejército y del gobernador regional, general (r) Justo Noguera Pietri, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en lo que definitivamente es una política por parte de Nicolás Maduro en su intento por controlar, al costo que sea, las minas de oro de la región.

Tres masacres en sus comunidades en menos de un año es lo que han denunciado los líderes indígenas de la etnia Pemón en el estado Bolívar, al sur del río Orinoco, y el exgobernador de ese estado y dirigente opositor Andrés Velásquez. Como ocurrió en febrero pasado cuando fueron asesinadas siete personas, en esta ocasión la denuncia ha venido acompañada de terribles imágenes de cuerpos mutilados y acribillados a balazos.

El pasado 23 de noviembre se hizo la primera alerta pública sobre otros seis asesinatos ocurridos contra miembros de la comunidad indígena Ikabarú, en la Gran Sabana, que se dedicaban a la minería, por un grupo armado que irrumpió en la zona. Las dificultades para la comunicación que hay en Venezuela hoy y la lejanía de la región, a más de 1.000 kilómetros de distancia de Caracas, dificultan la fluidez de la información que se ha ido confirmando con los días. Según los voceros de la comunidad podrían ser al menos ocho los indígenas asesinados.

Un dato a tener en cuenta lo recuerda la organización no gubernamental defensora de Derechos Humanos Provea: la zona se encuentra militarizada desde febrero pasado. Por lo tanto el acceso está restringido. Es inverosímil que un grupo armado haya incursionado contra los pemones sin el consentimiento del Ejército.

Sin embargo, en lo que va de año son más de 1.000 los miembros de la comunidad Pemón que han tenido que abandonar sus tierras para desplazarse hacia Brasilhuyendo de los hechos de violencia en su contra.

Si esto ocurriera en Chile, Colombia o Brasil sería un escándalo mundial y habría en estos momentos una campaña internacional para denunciarlo. Pero no es el caso de Nicolás Maduro que dispone del aval (o complicidad) de parte de la izquierda mundial y del aparato comunicacional del gobierno ruso.

Lo paradójico y revelador de la naturaleza y comportamiento del régimen de Maduro es que cuenta con un ministerio “del poder popular” para asuntos indígenas; pero además, en la retórica chavista no falta la defensa de los pueblos originarios, que incluye la develación de estatuas en Caracas en homenaje a caciques aborígenes que se resistieron a la conquista europea hace 500 años.

En esa retórica también se incluyen las conocidas denuncias en contra de la depredación del medio ambiente por parte del capitalismo neoliberal y el compromiso de defender el medio ambiente y “salvar el planeta”, tal como lo indica el Plan de la Patria 2013-2019.

Por supuesto, nada de eso es más importante que la explotación y exportación de oro para sostener al régimen de Maduro, aun a costa de la vida de los pueblos indígenas, o que se amenace el frágil equilibrio ecológico de esa parte de Venezuela que se caracteriza por un hábitat frágil y único. Según diversas fuentes este año las exportaciones de oro podrían aportar 800 millones de dólares que son comercializados con la ayuda de Turquía y Rusia. Según la agencia noticias Bloomberg, en 2018 Venezuela exportó 400 millones de dólares por ese concepto.

Ya desde inicios de 2016 (muchos antes de las sanciones norteamericanas a la industria petrolera venezolana) Maduro le puso el ojo a 111.800 kilómetros cuadrados de territorio correspondiente a buena parte a los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, con enormes de reservas de oro, cobre, diamante, coltán y bauxita, que bautizó como el Arco Minero del Orinoco. Este junto con el petro es uno de sus proyectos económicos estrella.

A continuación sancionó una ley, que nunca fue aprobada por la Asamblea Nacional (AN), para abrir la región a la explotación de empresas transnacionales. Pero además, creó la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Caminpeg) que tal como indica su nombre es controlada por altos jefes militares para la explotación de los recursos de la región.

No conforme con eso también les ha entregado pedazos del pastel a sus aliados del Ejército de Liberación de Colombia (ELN), e incluso les ha ofrecido minas a los gobernadores de estado del partido oficialista.

Como no podía ser de otra manera, esa anárquica actitud ha tenido como consecuencia que la violencia en la región se haya disparado con las disputas por el control de las minas entre distintos grupos mafiosos y por las acciones del Ejército, quedando las comunidades indígenas (que también se dedican a la minería artesanal) en el medio, tal como lo ha denunciado el diputado opositor Américo De Grazia, hoy asilado en una embajada.

Es curioso que un gobierno que admite como su único fracaso no haber podido romper con “el rentismo petrolero”, insista en buscarse otra fuente de renta, pero esa no es la única contradicción del chavismo.

Una de las banderas políticas del chavismo ha sido “visibilizar a los pueblos originarios”. Como se puede apreciar se les ha visibilizado. Pero no porque se les hayan construido más escuelas o mejorado sus condiciones de vida, sino porque ahora las comunidades indígenas se han convertido en el principal obstáculo para la explotación minera promovida para sostener a Nicolás Maduro en el poder.

Maduro Regime Massacres 8 Pemon in Venezuela Gold Zone, Says Governor by Carlos Camacho – Latin American Herald Tribune – 27 de Noviembre 2019

A new massacre in Venezuela’s “Arco Minero”, which resulted in at least 8 Pemon native Venezuelans were killed, was perpetrated by the security forces of the Nicolas Maduro regime, former governor Andres Velasquez said.

“No, there is no room for doubt and we hold the Nicolas Maduro regime responsible and those in the state (of Bolivar) that are the face (of the regime) here,” Velasquez said during a live radio interview with Venezuela news site Venepress.

This is the second, major and known massacre in gold country this year, coming as it does only eight months after a series of events in late January which resulted in 22 Pemon killed.

The latest body count for the Icabaru massacre was published Tuesday morning by human-rights NGO “Provea”: eight dead, all of them local Pemon.

Six of the victims were identified by Provea as: Jose Perera; Jeremy Muñoz; Edison Soto; Luis Fernandez; Richard Rodriguez and Leslie Basanta, while two bodies are yet to be identified. Provea said local Pemon Captain (chieftain) Juan Gonzalez gave them the identifying information during a meeting near the site of the tragedy.

“The mining arc (Arco Minero) of death has generated a new massacre, this time in the middle of the heart of the Gran Sabana in the Icabaru zone, with the purpose of taking control of the zone and displacing the indigenous peoples,” Velásquez later told the page of Presidencia Venezuela, the office of National Assembly President Juan Guaido, the lawmaker who in January claimed the mantle of interim President of Venezuela.

CHOPPERS AND BLACK UNIFORMS

In a series of tweets posted later, Velasquez substantiated his allegations, writing that “there is no room for doubt, the repressive bodies of the State (helicopters, black uniforms, assault rifles and ski masks) are responsible for the massacre in the mining zone of Icabaru, Gran Sabana municipality. Maduro and Noguera Pietri, they can’t play dumb with this. They can’t remain silent.”

Velasquez was governor of Bolivar state, where the bulk of the Arco Minero is located, in the 1990s. He ran again and won in 2018, according to a study and report by LAHT and Caracas Capital, but the Maduro-controlled CNE electoral agency blatantly changed the votes and awarded the Bolivar governorship instead to Justo Noguera Pietri, a longtime Chavista general and loyalist.

“The computer printouts from the polling stations show that Governor Velasquez won,” wrote LAHT head Russ Dallen at the time. “The government was so desperate to hold on to control of Bolivar state, where the ELN, FARC and all of these malandro gangs are active, that the government-controlled electoral board CNE actually changed the vote totals so that the numbers they published don’t agree with their own machines, which we have the printouts from.”

The mining arc comprises 12% of Venezuela’s total land mass of about 1 million square kilometers. With some of the largest gold reserves in the planet, the delicate area — nestled between the Amazon and Venezuela’s Gran Sabana and crisscrossed by mighty rivers — is also full of native Pemon and other indigenous people who have said they don’t want unregulated gold mining in their ancestral lands.

Venezuela hoy: últimas noticias de la crisis venezolana – La República – 24 de Noviembre 2019

Venezuela vive uno de sus episodios más difíciles de su historia. Mientras que millones de sus ciudadanos están repartidos en los países sudamericanos y otros, la tensión política se agudiza cada vez más, con Nicolás Maduro aferrado al cargo y Juan Guaidó promoviendo la recepción del apoyo de la comunidad internacional.

La ONG venezolana Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), denunció este sábado la muerte de cuatro personas en una comunidad de la etnia Pemón, ubicada en el estado de Bolívar (sur, frontera con Brasil), tras la incursión de un grupo armado en la noche del viernes.

De acuerdo con un informe preliminar ofrecido por Provea, “con la aprobación” y testimonios de representantes de la etnia Pemón, a las 23.00 de este viernes en la comunidad de Ikabarú, ubicada en la Gran Sabana, en el sureste de Bolívar, se verificó el ataque de “un grupo armado supuestamente perteneciente al sindicato del Ciego”.

Según los testimonios recogidos por Provea entre los cuatro fallecidos figura un efectivo de la Guardia Nacional (GNB, policía militarizada), informa EFE.

El régimen de Nicolás Maduro tiene en las FAES un grupo armado para arremeter contra los que no respeten ''el orden público''. Foto: Composición

El régimen de Nicolás Maduro tiene en las FAES un grupo armado para arremeter contra los que no respeten ”el orden público”. Foto: Composición

En la jornada del último sábado 23 de noviembre, se dio a conocer que Nicolás Maduro ordenó aumento de precio y el pasaporte venezolano, por lo que se convierte en uno de los más caros del mundo.

El Servicio de Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) registró en su página oficial de internet, sin previo aviso, que el nuevo precio del pasaporte es de 5.890.270.

Por otro parte, los ciudadanos que quieran sacar el documento por primera vez deberán pagar 182,98 dólares.

Mientras que el precio en el mercado paralelo, ilegal en el país caribeño pero de uso mayoritario entre la población, es de 174,51 dólares.

La página especializada Passport Collector sitúa a Venezuelacomo la cuarta nación con el pasaporte más caro de todo el planeta. Ahora solo lo superan el LíbanoCongo y Australia.

Nicolás Maduro alza precio del pasaporte venezolano y se convierte en uno de los más caros del mundo

Solo tres países en el mundo manejan precios superiores a los que debe pagar ahora un venezolano para tramitar su pasaporte. Incluso, es un problema álgido tramitarlo.

Guaidó llama “ladrón” a Lula da Silva por intentar comparar a Bolivia con Venezuela

Ambos políticos entraron en un duro cruce de palabras que terminó con serias acusaciones.

Masacre en Ikabarú: “Llegaron y empezaron a disparar” por Minerva Vitti Rodríguez – Revista SIC – 23 de Noviembre 2019

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Una nueva masacre se está perpetrando al sur de Venezuela, específicamente en el poblado de Ikabarú, uno de los bloques especiales de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco. Los indígenas denuncian que no se trata de una “pelea entre bandas” sino del modelo extractivista minero, promovido desde el gobierno, que se expande por todo el país y que en el estado Bolívar tiene su punta de lanza con la minería aurífera

Con información de representantes del pueblo Pemón

“22 de noviembre de 2019. 10:40pm: Hay una matazón en Ikabarú”, este fue el mensaje que recibió uno de los informantes cuya identidad queda resguardada para los efectos de esta nota. En horas de la mañana de este sábado se confirmó que la masacre ocurrió entre  las 7 y 7:30 pm del viernes 22 de noviembre de 2019 cuando ingresó un grupo armado a la comunidad de Ikabarú y comenzó a disparar.

Ikabarú es una comunidad mixta, indígena y no indígena, ubicada en el municipio Gran Sabana, del estado Bolívar, al sur de Venezuela; forma parte del sector pemón N° 7, tiene una población de 2.500 personas y desde hace varios años parte de su actividad económica se basa en la minería aurífera.

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En 2016, Ikabarú fue nombrada como bloque especial dentro de las áreas que forman parte de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, decreto 2.248 del 24 de febrero de 2016, un proyecto promovido desde el Ejecutivo nacional para la extracción de minerales como oro, diamante y coltán, que se está realizando sin la consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas y sin estudios de impacto socio-ambiental. Desde entonces varias masacres se han perpetrado en el 12 % (y más allá) del territorio asignado para este megaproyecto.

Según las notas de voz y los informes de los pobladores que recibimos en la redacción de la revista SIC, a la 1:02 am del sábado 23 de noviembre de 2019; la noche del viernes 22 de noviembre de 2019 llegó un grupo armado a Ikabarú e inició un tiroteo al frente del negocio de Dany Tomedes, uno de los habitantes del lugar. En las notas se confirma la muerte de un efectivo de la Guardia Nacional de apellido Perera, un indígena del pueblo pemón habitante de Manak Krü y otra persona aún sin identificar.

“Yo estaba en la Iglesia, la Iglesia que está al frente, eso fue donde Dany Tomedes,  ya ahí estaba el grupo de gente, y empezamos a escuchar tiros, y el desespero, y la gente corriendo, entonces hubo un muchacho que entró con un tiro en la cabeza hasta allá y todo,  y una muchacha que fue a dar esa información, un señor del aeropuerto me nombró a su hijo, me dijo que estaba en una esquina herido (…) Y ellos pasaron por el frente de la casa y dijeron ‘mire, llegó fulanito, un sindicato’ (…) después de eso anduvieron por todas la casas, buscando (…) Si era la autoridad no debieron llegar así porque mataron mucha gente, no pudo haber sido la autoridad, no pudo haber sido la autoridad…”

“(…) Si, pasó una desgracia aquí tremenda, hay una cantidad de muertos (…) Perera lo mataron, mataron a Báquiro, no se sabe si Erebys está muerto, el sobrino de Asdrúbal, no se sabe cuántos muertos hay, pero si, esa tragedia está aquí, dos muertos hay, todo fue verdad, todo fue verdad, fue verdad…”

“Ese muchacho venía casi muerto de lo asustado que estaba y dijo ‘yo me vine descalzo porque llegó el gobierno, ese poco de gente negrita, vestido de negro, disparando echando plomo’. Y el muchacho llegó muy asustando y allí se escucharon las ráfagas esas…”

“Eso fue a tiro de las siete de la noche. Irrumpieron, llegaron ahí de repente, en todo el frente del negocio de Dany Tomedes, y empezaron a disparar, bueno, Perera trató de defenderse, sacó el revólver y le dispararon…y Báquiro, que ya le habían disparado, salió corriendo, cayó junto a la Iglesia que está en la plaza…”

Una de las versiones apunta que el sindicato del Ciego (el que controla La Paragua) llegó para tomar el control de la zona de un hombre llamado Cristóbal quien mantiene el control de la mina La Caraota. Pero esta información no está confirmada. Los representantes del pueblo pemón insisten que lo que está pasando en las minas de El Callao, Sifontes y La Paragua ocurre en territorio Pemón de la Gran Sabana y que hay muchos reportes de la muerte de personas inocentes.

También agregan que a las 12:04 de la medianoche, un Toyota chasis largo pasó por el punto de control indígena Secorfront con efectivos de la Guardia Nacional hacia Ikabarú. Este último dato es importante porque complejiza aún más la situación y los pobladores se preguntan: ¿se trata de grupos armados asociados a sindicatos o son los propios funcionarios militares los que están perpetrando estas masacres para controlar la explotación aurífera en estos territorios?: “La Guardia Nacional tenían conocimiento de lo que iba a pasar. Hacemos esto de conocimiento público ante todas las instancias, la violación del derecho a la vida en Ikabarú, territorio indígena Pemón y el incumplimiento del gobierno venezolano de su deber de PROTEGER a sus ciudadanos indígenas y no indígenas”, apunta uno de los informantes.

El último reporte enviado desde el punto de control indígena Secorfront N° 6 a las 10 am recoge lo siguiente:

  • 2 testigos han confirmado que los hechos ocurrieron entre las 7 a 7:30pm del viernes 22 de noviembre 2019, frente el negocio de Dany Tomedes en el pueblo de Ikabaru.
  • Según los informes extra oficiales que estamos recibiendo van 8 muertos.
  • Señores y señoras vamos a dar seguimiento a estos hechos. No lo van a esconder ni van a justificar esto con lo de “pelea entre bandas” para seguir matando a personas inocentes. ¡El derecho a la vida es sagrada!

En el informe se aclara que los hechos no ocurrieron en una mina y que no hay ninguna niña entre los fallecidos, con ello desmienten algunas informaciones publicadas en varios medios de comunicación nacional. Del mismo modo, denuncian que en horas de la mañana de este sábado los guardias nacionales les estaban quitando los celulares a los pobladores en Ikabarú, al parecer querían evitar que fotografiaran los cadáveres que aún permanecían en las calles.

Al cierre de esta nota (4:40pm) los representantes del pueblo pemón informan que se ha perdido comunicación con la comunidad de Ikabarú. La última información que se tiene es que a la comunidad estaban entrando cinco carros pertenecientes al Ejército y un helicóptero de Corpoelec. Lo que recuerda el patrón de la masacre ocurrida el 8 de diciembre de 2018 en la comunidad de Canaima y la brutal represión perpetrada entre el 22 y 24 de febrero de 2019 en el marco de la entrada de la ayuda humanitaria. Ambas ejecutadas por agentes del Estado venezolano.

Estos asesinatos ocurren en un contexto de auge de la minería en el sur de Venezuela promovida por Nicolás Maduro, desde el Ejecutivo Nacional.

 

« Un massacre au goutte-à-goutte » : des milliers d’exécutions extrajudiciaires au Venezuela par Marie Delcas – Le Monde – 4 de octubre 2019

Près de 18 000 personnes ont ainsi été tuées depuis 2016 selon l’ONU, qui parle d’un « modèle de conduite systématique ».

La police municipale de Caracas fait un contrôle de routine en 2012.
La police municipale de Caracas fait un contrôle de routine en 2012. LEO RAMIREZ / AFP

Le chiffre est tiré des registres officiels: près de 18 000 Vénézuéliens ont été assassinés par la force publique depuis 2016. Dix-huit mille. « Un massacre au goutte-à-goutte », résume Keymer Avila, professeur de criminologie à l’Université centrale du Venezuela, à Caracas. « Une guerre contre le peuple », soupire Maria C., dont le fils a été tué par la police. Dans un pays ou mafias et forces de l’ordre sont trop souvent de mèche, la militarisation de la politique sécuritaire a tourné au cauchemar.

Dans les statistiques, les victimes de la force publique apparaissent sous la rubrique « résistance à l’autorité ». Mais les organisations des droits de l’homme, ONU comprise, ont pu établir qu’il s’agit dans l’immense majorité des cas d’exécutions extrajudiciaires. Les victimes sont tuées désarmées. Selon Tamara Taraciuk, de l’ONG Human Rights Watch (HRW), auteure d’un récent rapport sur le sujet : « Il y a un modèle de conduite systématique de la force publique. » Le gouvernement dément.

A Genève, le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a voté, vendredi 27 septembre, la mise en place d’une mission internationale pour faire la lumière sur ces exécutions, ainsi que sur les disparitions forcées, les détentions arbitraires, les tortures et autres abus imputables à la force publique. « Ce vote est une grande victoire pour les victimes, qui n’ont aucune chance d’obtenir justice dans leur pays », souligne Mme Taraciuk.

« Les FAES sont intouchables »

Maria C. préfère ne pas donner son vrai nom, ni recevoir dans le bidonville où elle vit sur les hauteurs de Caracas. Dans une cafétéria du centre-ville, elle raconte son histoire en baissant la voix. « J’ai trois filles et deux fils, l’un a mal tourné, lâche-t-elle. Ils ont tué l’autre. » « L’autre » avait 18 ans, il travaillait sur les marchés. « C’était juste avant l’aube. On a entendu les motos arriver dans la rue. Ils ont cogné à la porte, poursuit la femme. Ma fille a ouvert, mon fils était en pyjama. Les hommes encagoulés ont pointé leurs armes. Deux nous ont fait sortir, ma fille et moi, et nous ont emmenées à deux rues de là. On a attendu, dix minutes, peut-être moins. Et puis on a entendu trois tirs et le bruit des motos. Mon fils gisait sur le carrelage. »

Una masacre por goteo: Venezuela y la violencia institucional por Keymer Ávila – Revista Nueva Sociedad – Julio 2019

El reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Venezuela generó conmoción en la opinión pública internacional. Auspiciado por la ex mandataria chilena Michelle Bachelet, presenta las cifras oficiales de homicidios y muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado para el año 2018, que hasta ahora eran desconocidas. Se trata de una masacre por goteo, con impacto en los barrios populares. No obstante, una parte de la izquierda mira para otro lado.

Una masacre por goteo: Venezuela y la violencia institucional

El Informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) sobre Venezuela ha generado numerosos debates sobre la situación de los derechos civiles y políticos en el país. Uno de los tantos aportes del informe auspiciado por la ex mandataria chilena Michelle Bachelet es la presentación de las cifras oficiales de homicidios y muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado para el año 2018, que hasta ahora eran desconocidas.

El gobierno venezolano informó un total de 10.598 homicidios durante el año 2018. Esta cifra, al igual que la de 2017, no incluye los casos de muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado (considerados como «resistencia a la autoridad»).Esta exclusión trae como consecuencia que la cifra de homicidios presentada sea un tercio menor de la total. Omitir las muertes en manos de las fuerzas de seguridad no solamente es un maquillaje de las cifras totales, es también un ocultamiento y una naturalización de graves violaciones a los derechos humanos. Cuando se incorporan a la cuenta las muertes que resultan de la intervención de las fuerzas de seguridad estatales, que suman 5.287, el total de homicidios según estas cifras oficiales asciende a 15.885.

Tal como se ha explicado en otras oportunidades y lo ratifica el citado informe, la tendencia general de las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado durante los últimos años es de un claro incremento. Según las cifras oficiales proporcionadas por el propio gobierno a la ACNUDH, en 2018 el 33% de los homicidios ocurridos en el país fueron consecuencia de la intervención de la fuerza pública. Se trata de la vida de 5.287 jóvenes venezolanos, racializados, pertenecientes a las clases populares, muertos a manos de funcionarios que ejercen labores policiales, es decir, que en Venezuela cada día mueren 15 jóvenes a manos de los «agentes del orden».

El porcentaje que estas muertes ocupan dentro del total de homicidios en el país es cada vez mayor: en 2010 era apenas de un 4% pero ocho años después llega al 33%. Esto significa que actualmente uno de cada tres homicidios que ocurre en el país es consecuencia de la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado.

Elaboración propia. Actualización de gráficos presentes en Ávila, 2017a2017b2018.

Para tener una idea de las dimensiones de lo que sucede en Venezuela, contrastemos la situación con la de Brasil, un país con siete veces más población. En 2016 murieron en Brasil 4.222 personas por la intervención de la fuerza pública, lo que representa un 7,8% del total de sus homicidios. Cifras muy inferiores a las de Venezuela, tanto en cantidad de víctimas como en el porcentaje que éstas representan dentro del total de los homicidios ocurridos en el país.

Se puede afirmar con certeza que en Venezuela entre los años 2010 y 2018, que es el período en el que se cuenta con la información mejor sistematizada y continua, han fallecido a manos de las fuerzas de seguridad del Estado unas 23.688 personas. El 69% de estos casos ocurrieron durante los últimos 3 años.

Es preocupante el auge que tienen las políticas de mano duraen buena parte de la región, expresadas en razias policiales que no respetan ningún límite legal ni institucional, y que tienen a los más humildes y parte de las minorías étnicas como objetivos militares. Países disímiles entre sí como Brasil, Venezuela, Colombia, Honduras, El Salvador y México, se destacan por la militarización de sus políticas de seguridad ciudadana, así como por las miles de muertes que sus fuerzas de seguridad han generado durante los últimos años. La denuncia de casos tan graves como los asesinatos de Marielle Franco, Bertha Cáceres, Sabino Romero, los centenares de líderes sociales colombianos –la cifra de asesinatos luego de los acuerdos de paz se ha incrementado–, las desapariciones de los 43 de Ayotzinapa o Alcedo Mora son apenas los casos más sonados.

En esta materia los patriotismos negativos para ver quiénes ocupan los deshonrosos primeros lugares podrían ser un ejercicio susceptible de ser instrumentalizado por intereses partidistas. Pero, además, también es complicado hacerlo con la debida rigurosidad, y de eso se encargan los poderes que hay detrás de toda esa violencia. El acceso a las cifras es difícil y en los casos en los que éstas son accesibles, la calidad de los datos no es confiable.

Brasil, Jamaica, El Salvador y Venezuela estarían entre los países con los organismos de seguridad más letales del continente. Se puede llegar a esta conclusión si se toman como base una investigación reciente de Anneke Osse e Ignacio Cano y se contrasta con las últimas informaciones oficiales dadas por las autoridades venezolanas plasmadas en el citado informe de la ACNUDH. Por otra parte, es importante destacar que los casos de Colombia y México parecen ser tan graves que a los investigadores –en general- les cuesta mucho tener una visión de la magnitud real de lo que sucede en estos países.

En el trabajo de Osse y Cano se calculan las tasas por cada 100.000 habitantes de personas muertas por armas de fuego a manos de la policía en once países de todos los continentes. Para su informe utilizaron distintos tipos de fuentes: estudios internacionales, publicaciones de órganos de control de la policía, análisis de organizaciones no gubernamentales, estudios académicos y fuentes oficiales. Los países que obtuvieron las tasas más altas fueron El Salvador (5,2), Jamaica (4,1), Brasil (2) y Suráfrica (0,6).

Por la diversidad de fuentes es difícil hacer una comparación rigurosa entre estas cifras y las tasas calculadas para Venezuela durante los últimos tres años que, según la información oficial, oscilaría entre 16 y 19 personas muertas a manos de las fuerzas de seguridad del Estado por cada 100.000 habitantes. Estos resultados ubican a Venezuela entre los países que tienen las tasas de letalidad policial más altas, tanto a escala regional como mundial.

Pese a estos datos, algunos sectores de la izquierda ortodoxa –que no han superado la lógica de la Guerra Fría– apelan a unas solidaridades automáticas. Poseen una lógica negacionista, justificadora y propagandística muy dañina, que las deslegitima. Estos sectores, cada vez más minoritarios, cuando no salen a justificar, legitimar o a relativizar lo que sucede en Venezuela, simplemente guardan silencio o miran para otro lado. Debido a esa actitud de un sector de la izquierda, son actualmente los sectores más liberales los que terminan asumiendo las luchas contra la represión estatal, enarbolan las banderas de los derechos humanos y de los derechos de las minorías.

Algunos sectores y grupos perseguidos en el pasado ahora se yerguen en perseguidores, y justifican sus acciones actuales «porque en el pasado también se hacía» o porque a «ellos también se lo hicieron». Tratan de hacer comparaciones y gradaciones, argumentan que «antes se hacía más» y que ahora se hace «pero poquito», que el vecino «también lo hace». Con semejante inmadurez e irresponsabilidad intentan legitimar sus actuales miserias. Son como niños regañados que tratan de defenderse señalando que otros también lo hacen y no les dicen nada, que todos están en su contra, que la tienen «agarrada» con ellos.

Preocupa mucho que los perseguidos actuales sean los futuros verdugos, en una lógica cíclica que en el caso venezolano tiene como centro la apropiación de la renta petrolera.

Uno de los discursos favoritos de los justificadores de oficio es el de la lucha contra el «terrorismo», el estado de «guerra» permanente, un estado de excepción donde «todo vale». Un argumento muy similar a las justificaciones de las dictaduras del Cono Sur que lo hacían todo en pro de la lucha contra al «comunismo». Ahora todo parece justificarse en pro de la lucha contra el «imperialismo». Claro, no contra todo imperialismo, ya que en el caso chino y ruso miran para otro lado y callan disciplinadamente.

Es la forma de justificar la realización de acciones similares a las de su «enemigo», al que a veces incluso pudieran superar en atrocidades. Esto en criminología se conoce como «técnicas de neutralización». Estas técnicas, como explicaron hace más de sesenta años David Matza y Gresham Sykes, son cinco: la negación de la responsabilidad, la negación del daño, la negación de la víctima, la condenación de los condenadores y la apelación a lealtades más altas o a valores superiores. Con estas técnicas se intenta conservar la propia autoimagen mientras se actúa en forma contraria a los valores bajo los cuales la persona se ha formado. Se trata primero de una autojustificación y, luego, de una justificación ante los demás. Es una forma de neutralizar los valores y hacer más llevaderos los sentimientos de culpa y vergüenza.

Con este marco teórico, Eugenio Raúl Zaffaroni explica cómo algunos pueden justificar los crímenes de Estado a través de diversos ejemplos históricos: el colonialismo, el nazismo, el estalinismo y la doctrina de la seguridad nacional. «Se apela a esta técnica cuando se afirma que en toda guerra hay muertos, que en todas se hace sufrir a inocentes, que son inevitables los errores, que los excesos no pueden controlarse, etcétera».

Así puede observarse como hay personas que justifican la muerte de presos políticos bajo custodia del Estado venezolano, que desde el año 2015 hasta la fecha ya suman al menos cinco casos, todos fueron señalados como «terroristas» por el discurso oficial. Con una lógica similar justifican la masacre de miles de jóvenes en los barrios, cuyo principal delito es ser pobre. Estas prácticas llevan años en Venezuela y sirven de globo de ensayo para aplicarla luego a otros sectores, de manera diferenciada y dosificada en intensidad y extensión, dependiendo del estrato social del destinatario.

Finalmente, no hay que perder de vista que los Estados terroristas son los que más usan el discurso antiterrorista. El terrorismo es un concepto cajón de sastre que es definido por el poder según sus intereses coyunturales. En ese marco, terrorista puede ser cualquiera. En este juego quedan desnudos, se delatan: si lo hace el contrario es un crimen, si lo hace el amigo está más que justificado. Se trata de un doble rasero que nos puede conducir progresivamente al abismo.

New video shines light on massacre of indigenous group by Venezuelan government by Jim Wyss – Miami Herald – 12 de Julio 2019

New footage released shows massacre in Venezuela

RFK Human Rights and Venezuelan NGO Foro Penal released footage showing atrocities committed allegedly by the armed forces loyal to Nicolás Maduro against indigenous communities along the Venezuelan-Brazilian border in February 2019

Brutal new images of an indigenous massacre in southern Venezuela emerged Friday, almost five months after the government deployed troops to keep international aid from entering the country.

The Robert F. Kennedy Human Rights organization and the Venezuelan nonprofit Foro Penal released footage on Friday that appears to capture a government attack on a Pemón village, in which at least seven people died and 57 were injured.

The attacks came amid an attempt in February to move humanitarian aid from Brazil and Colombia into Venezuela. The government used troops to stop the deliveries. While much of the media attention was focused on the Colombian-Venezuelan border, where aid trucks were set afire amid the melee, the clashes in southern Venezuela were far more lethal.

The confrontation began on Feb. 22, when soldiers pushing into the village were confronted by the Pemón community. According to a United Nations report released July 4, three villagers were killed and 12 were wounded that day. In addition, four soldiers were captured and mistreated by the community.

The following day, the Bolivarian National Guard returned, using “excessive force” in and around the town of Santa Elena with soldiers “shooting indiscriminately from armored vehicles at close range, as well as attacks against a hospital,” the United Nations said.

Due to a lack of medical supplies, the injured had to be transferred more than 120 miles into Brazil for treatment. The area remains militarized, and more than 900 Pemón have fled the village, according to Foro Penal.

The new footage shows villagers running amid heavy gunfire and crowds carrying the bloody and wounded through the streets. In one segment, a woman is heard wailing, “Why? Why? We’re humans.”

The video emerges after the two human rights groups began collecting evidence from the area in March.

“We spoke with scores of women, men and children who survived the twin massacres by the Venezuelan armed forces. A toddler clutched his mother while his father was shot to death in front of him,” Kerry Kennedy, the president of the Robert F. Kennedy Human Rights organization, said in a statement. “The evidence of atrocities is overwhelming. All this bloodshed in retaliation for simply trying to receive international aid to feed their families.

“We hope this video helps bring to life the horror facing indigenous communities and other citizens in Venezuela every day,” she added.

“The attack and political persecution against Venezuelan indigenous Pemón people shows that the use of political repression by the government to control power has no limits,” Alfredo Romero, the executive director of Foro Penal, said. “Our indigenous peoples deserve international attention and solidarity.”

Venezuela is trapped in a deep political, economic and social crisis that has forced more than four million people to flee in recent years. The United States and dozens of other countries are pushing for leader Nicolás Maduro to step down and make way for new elections.

Maduro, 57, blames the country’s woes — including food and medicine shortages and hyperinflation — on sanctions and “economic warfare” and accuses the opposition of trying to mount coups to topple him.

Pranes, corrupción y violaciones de DD. HH. se replican en comisarías policiales de Venezuela – Insigh Crime – 25 de Junio 2019

UNA NUEVA FORMA de “pranato” carcelario se estaría gestando dentro de los calabozos de las comisarías de policía en Venezuela. Motines, fugas, extorsiones y masacres serían la prueba de la disputa por el poder en esta improvisada subestructura del sistema carcelario, que involucra a funcionarios corruptos.

Un violento motín ocurrido el pasado 24 de mayo en los calabozos de la policía del municipio Páez, en el estado Portuguesa dejó como resultado 29 reclusos muertos y 14 uniformados heridos, y desnudó la sangrienta y criminal realidad que se vive en estos centros de reclusión preventiva en Venezuela.

Versiones publicadas en algunos medios de comunicación aseguran que el enfrentamiento entre policías y presos se originó porque los reclusos estarían haciendo una serie de peticiones “peculiares” que no fueron aceptadas por las autoridades.

De acuerdo con fuentes locales, los reos exigían la destitución del director de la comisaría, Guillermo López, pedían materiales para construir una piscina, el ingreso de mujeres, licor y cigarrillos. Se trata de beneficios, que han sido aceptados por las autoridades en muchas prisiones y centros de reclusión preventiva gobernados por “pranes”.

Luego del rechazo de las autoridades a la solicitud del pran de la comisaría, Wuilfredo José Ramos Ferrer, este preso tomó como rehenes a los familiares que visitaban a otros reos. Esta situación habría motivado la intervención de la fuerza pública, específicamente de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la PNB, considerado el escuadrón de la muerte del gobierno.

El resultado de la acción desproporcionada de las autoridades ha sido calificado como una masacre por algunas ONG, como Una Ventana a la Libertad.

No obstante, el secretario de seguridad ciudadana de Portuguesa, Óscar Valero, aseguró que se trató de un “intento de fuga” y una “riña entre bandos”.

Situaciones de violencia, con una responsabilidad poco clara de los funcionarios policiales, son frecuentes. Una semana antes del incidente en los calabozos de Polipáez, 13 reos escaparon de una delegación policial en el estado Lara, tras someter a varios funcionarios y asesinar a una oficial. De nuevo, las FAES y la policía de Lara intervinieron, ejecutando a siete de los fugados en medio de los operativos de recaptura.

Análisis de InSight Crime

Las escenas de fuga, motines y matanzas dentro de los calabozos policiales en Venezuela parecen evidenciar una falencia dentro del sistema de detención venezolano, que deja en evidencia la ausencia del Estado y las tensiones entre autoridades policiacas y los presos que se disputan el control de los rentas criminales que se generan desde estos recintos.

Las leyes venezolanas establecen que los detenidos en estaciones de policía, tan solo deberían permanecer por 48 horas en los calabozos policiales. Pero esta normativa no se cumple por una contraorden de la ministra de Servicio Penitenciario, Iris Varela, quien impide que los presos sean trasladados a las prisiones tradicionales.

Mientras que en las cárceles venezolanas hay aproximadamente 51.000 presos, de acuerdo con cifras del Ministerio de Servicio Penitenciario, Carlos Nieto Palma, coordinador general de Una Ventana a la Libertad, estima que 55.000 reclusos están distribuidos en 500 calabozos policiales ubicados en todo el país.

Esta decisión gubernamental ha mudado las irregularidades de las cárceles (hacinamiento, violencia, corrupción, pranes) a estos reclusorios temporales. Organizándose bajo la figura del pranato carcelario; en los calabozos ya hay grupos estructurados que controlan economías criminales desde adentro hacia afuera de las prisiones. En la mayoría de las ocasiones, con complicidad de funcionarios.

Por otro lado, los bajos salarios de los policías los llevan a asociarse con los presos en algunas actividades criminales, a su vez se ven beneficiados por el cobro de tarifas para permitir el ingreso por de personas, comida, entre otros, de forma ilegal. El caso de la fuga en Lara mostró que la mayoría de estos policías son jóvenes recién graduados, con poca experiencia y mal remunerados.

Este tipo de relación entre la autoridad y los nacientes pranes dentro de las comisarías, sería uno de los detonantes de la disputa de poder entre el Estado y los privados de la libertad, que terminarían como motines dentro de las instalaciones. Una vez, los internos empiezan a hacer peticiones desproporcionadas, la policía responde reprimiendo las movilizaciones.

Con armas y granadas dentro de las comisarías, como se aprecia en el video del caso Portuguesa, y la acción de las autoridades, los resultados son todos, menos pacíficos.

Adicionalmente, ambos casos (Portuguesa y Lara) también podrían evidenciar como el Estado recurre al uso de la letalidad policial contra los líderes de estas nuevas estructuras de prisiones, ante la imposibilidad de controlarlas debido a sus presuntos vínculos entre funcionarios y líderes dentro los calabozos, hecho que habrían denunciado familiares de algunos de los internos.

El director del Observatorio Venezolano de Prisiones rechazó estas prácticas y recordó que el derecho a la vida es inviolable y está consagrado en la constitución venezolana.

Las nuevas prácticas criminales desde los centros de detención preventiva en Venezuela ratifican el fortalecimiento del crimen organizado no solo en las prisiones, sino también en estos espacios que se han consolidado como una suerte de cárceles paralelas, pese a que no cuentan con recursos ni con infraestructura carcelaria.

La dama del pran por Ibsen Martínez – El País – 28 de Mayo 2019

Familiares de los recluidos esperan noticias tras un motín en Venezuela en mayo. rn
Familiares de los recluidos esperan noticias tras un motín en Venezuela en mayo. EFE

Tristemente, el motín carcelario en que mueren decenas de personas se nos ha hecho algo rutinario, característicamente latinoamericano. Que un establecimiento correccional se convierta en un dantesco matadero dejó hace muchas décadas de ser, en nuestra región, un escandaloso episodio aislado. La lista de motines es interminable, la muerte al por mayor en las cárceles del continente no ha cesado desde hace más de medio siglo. La semana pasada, en un comando policial de Acarigua, a 600 kilómetros de Caracas, 29 presos hallaron la muerte, masacrados por las temidas Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana.

La mayoría de los procesados en América Latina se convierte en “detenidos permanentes” desde que las audiencias tribunalicias son deliberadamente aplazadas para extorsionar al recluso. En muchos de nuestros países, hasta el 60% de toda la población internada —a veces más— no ha escuchado cargos formalmente. Denegar arbitrariamente el acceso a las audiencias, aplazando maliciosamente las sentencias, crea poderosos incentivos para el soborno a todos los niveles del sistema: la mercancía más buscada en nuestros penales no es la droga sino una audiencia. En nuestra región, los pobres pagan para ser sentenciados y el tiempo pasado como procesados rara vez será descontado a favor suyo una vez sean sentenciados, si alguna vez lo son.

Todo esto, de suyo degradante e inhumano, empeora cuando en todo el sistema carcelario —y en parte de la sociedad a la que este debería servir— se entroniza alguien a quien la parla chavista llama “líder negativo”: un “pran” , voz de etimología enigmática que designa al tremebundo jefe de banda carcelaria cuyo señorío se extiende fuera de la cárcel.

El ejército privado del pran es llamado “tren” y lo integran cortagargantas dentro y fuera del penal. El pran ordena asesinatos y secuestros, trafica con drogas y armas de fuego y, sobre todo, se ocupa del régimen de audiencias tribunalicias, forma específica de la trata de personas. Todo ello sin salir de su pabellón, tal vez el sitio más seguro que pueda hallarse en toda Venezuela.

Este modelo, ya endémico en Centroamérica, Brasil o Paraguay, se hace más complejo y letal cuando lo rige un pran con rango de ministro. Tal es el caso de Iris Varela, la insumergible y siempre malgeniada ministra de Asuntos Penitenciarios que, sin que esto sea en absoluto una exageración, está en la cúpula de la pirámide del pranato nacional.

Bajo la “gestión” de Varela, ministra desde los tiempos de Chávez, han ocurrido impunemente decenas de masacres carcelarias sin que jamás su autoridad haya sido puesta en entredicho por los demás malandros en el poder. Ciertamente, Varela, quien es miembro muy caracterizado de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), no ha estado nunca en prisión, pero sus cordiales relaciones con el pranato nacional son las de un primus inter pares. Es la papisa de los pranes.

Los vasos comunicantes entre los trenes de pranes, los colectivos paramilitares más beligerantes y las mafias militares que hoy, por ejemplo, obran como obsequiosos anfitriones del ELN colombiano en la explotación ilegal del oro al sur del Orinoco, tienen su centro neurálgico en las cárceles venezolanas, controladas en su totalidad por la ministra Varela.

Primera entre los pranes, Varela encarna además una especie de guevarismo carcelario, al imponer a los trenes una dura disciplina militar con orden cerrado y adoctrinamiento ideológico. La idea general, al parecer, es hacer de los trenes del pranato un formidable adversario en la eventualidad de una invasión gringa.

Las masacres carcelarias no son, por lo visto, responsabilidad de la ministra ni le quitan el sueño. Son, como se sabe, perturbaciones instigadas por la prensa de oposición y el Pentágono, siempre dispuestos a desprestigiar los logros del socialismo del siglo XXI.

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