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Este es el abogado pagado por chavistas para anular sanciones de la Unión Europea por Elizabeth Fuentes – El Cooperante – 1 de Noviembre 2019

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Se llama Fabrizio di Gianni y pertenece a uno de las mejores firmas de abogados de Bruselas. En su impecable curriculum, destaca que ha sido señalado varias veces entre los cien mejores abogados de su país.

Con más de veinte años en el prestigioso (y carísimo) bufete Van Bael& Bellis- una firma líder con sedes en Bruselas y Ginebra-, Gianni es quien lleva la defensa de un grupo de chavistas sancionados por la Unión Europea (UE), quienes lo han contratado para apelar ante el Tribunal de Justicia de la UE para derribar las sanciones y lograr entrar y salir libremente de Europa, así como recuperar las propiedades que tengan allí.

Una de las especialidades del abogado es ” ayudar a los organismos públicos y a las personas objetivo de las sanciones de la UE”. Y, de hecho, ha ganado dos demandas a la Unión Europea representando tanto a la compañía SEA Handling, que opera en los aeropuertos de Milán, como a la poderosa empresa Intel.

El bufete belga cuenta con más de 60 abogados de 20 países diferentes y Fabrizio di Gianni es uno de los veteranos de la firma, con más de veinte años en ella y cuya responsabilidad incluye asistir regularmente a clientes en casos antidumping y asesorar a una amplia gama de clientes, “incluidos gobiernos, asociaciones industriales, empresas, productores e importadores…Fabrizio también representa regularmente a clientes ante la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la UE, así como ante la Autoridad Antimonopolio de Italia y los tribunales civiles y administrativos italianos (TAR y Consiglio di Stato)”, señala su curriculum oficial.

Lo que sí resulta difícil es cuantificar el valor de sus servicios. Quizás se podría especular en relación a la cifra, recordando que el diario español El Confidencial reveló que los honorarios del ex juez Baltazar Garzón para defender al primo de Rafael Ramírez, Diego Salazar, asciende nada menos que a 3 millones y medio de euros, sin gastos incluidos.

De manera que, si como publicó el periodista Javier Ignacio Mayorca en el portal Runrunes, Fabrizio Di Gianni fue contratado por Tibisay Lucena, Diosdado Cabello, Sandra Oblitas, Xavier Moreno Reyes, Socorro Hernández, y Delcy Eloína Rodríguez (para que les consiguiera la nulidad de las sanciones) y este año se sumaron la ex vicefiscal Katherine Harrington y el ex comandante general de la Guardia Nacional, mayor general retirado Antonio Benavides Torres, pues la suma a cobrar por semejante grupo debería ser muchísimo mayor que la que pagó Diego Salazar.

La mala noticia para ellos es que cualquier demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, se demora como mínimo un año. Y, como sabemos, algunos abogados también cobran por el tiempo que dedican a cada cliente.Y si leemos el más reciente informe de la Alta Representante de la UE, Federica Mogherini en relación a la violación de Derechos Humanos por parte del gobierno de Nicolas Maduro – precisamente una de las acusaciones que recae sobre la mayoría de los defendidos por Di Gianni-, cabe imaginar que el juicio podría durar tanto o más que el mismísimo gobierno chavista.

 

 

Disputas en Luxemburgo por Javier Ignacio Mayorca – TalCual – 31 de Octubre 2019

Tribunal de Justicia de la UE

Diez prominentes oficialistas adelantan litigios para revertir las sanciones impuestas en distintos momentos por la Unión Europea, debido a violaciones a derechos fundamentales de la población venezolana


Una parte del futuro de Venezuela se dirime en un juzgado de Luxemburgo, probablemente desconocido para la mayoría de la población del país.

En este pequeño país de Europa Central, denominado también Gran Ducado, opera el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una instancia creada en 1952 con la finalidad de interpretar las normas de la confederación y controlar la legalidad de los actos y las decisiones emanadas de ella.

Ante ese tribunal, y en absoluto sigilo, diez importantes operadores del régimen de Nicolás Maduro han recurrido con la finalidad de anular las sanciones que les han impuesto a través del Consejo Europeo, por considerarse que han contribuido a la violación de los derechos humanos de los venezolanos.

Los primeros litigios se iniciaron por los recursos interpuestos en abril de 2018 por Maikel Moreno, actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia; la presidenta del Poder Electoral Tibisay Lucena; el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello, y el fiscal general designado a través ese cuerpo y ex presidente del Poder Moral, Tarek William Saab. Moreno fue el primero que recurrió a la instancia judicial europea para revertir las sanciones.

El 18 de septiembre, el juzgado europeo recibió un segundo grupo de demandas de nulidad. La primera en acudir fue Sandra Oblitas, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, acompañada por Xavier Moreno Reyes, secretario general de la misma entidad; la rectora Socorro Hernández, y la actual Vicepresidenta Ejecutiva Delcy Eloína Rodríguez. Los nombres son mencionados en el orden en que fueron admitidas sus demandas, y les asignaron números a sus expedientes.

En enero de este año abordaron el mismo tren la ex vicefiscal Katherine Harrington y el ex comandante general de la Guardia Nacional, mayor general retirado Antonio Benavides Torres.

La documentación que se ha logrado revisar sobre estos litigios indica que los argumentos esgrimidos por estos diez demandantes son esencialmente los mismos. En el caso de Diosdado Cabello, por ejemplo, se indica que el Consejo de Europa supuestamente “vulneró el principio de buena administración, así como su derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva, al denegarle el acceso a las pruebas en las que supuestamente se basa su inclusión en la lista”. De igual forma, según el actual presidente de la ANC, “el Consejo incurrió en un error de apreciación al no haber demostrado que el demandante esté implicado en acciones que menoscaben la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela”.

Se debe recordar que Cabello fue sancionado por los países miembros de la Unión Europea el 22 de enero de 2018, específicamente por considerarse que “en menoscabo de la democracia y del Estado de Derecho en Venezuela, en particular utilizando los medios de comunicación para atacar públicamente y amenazar a la oposición política, a otros medios de comunicación y a la sociedad civil”.

El general Benavides Torres fue incorporado en la lista negra junto a Cabello.Sin embargo, el oficial retirado esperó casi un año para solicitar la anulación de esta decisión. Argumentó que para el momento en que fue sancionado ya no ejercía la comandancia general de la Guardia Nacional. Sin embargo, la razón que se tomó en cuenta en su caso no era si ejercía o no el cargo, sino que cuando estaba al mando se verificaron “graves violaciones a los derechos humanos”.

“Sus acciones y políticas como comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, como el hecho de que la Guardia Nacional Bolivariana asumiera el liderazgo de la presencia policial en las manifestaciones civiles y abogara públicamente por que los tribunales militares tuvieran jurisdicción sobre la población civil, han menoscabado el Estado de derecho en Venezuela”, es el punto central de la sanción al oficial.

Por su parte, la rectora del CNE Socorro Hernández argumentó que las sanciones “constituyen una restricción injustificada y desproporcionada del derecho fundamental de la propiedad”. Esto sugiere que la decisión adoptada por los países europeos le ha impedido disponer de sus activos.

Sobre estos litigios no se ha llegado a ninguna decisión. Cada expediente mantiene una numeración individual, lo que sugiere que hasta el momento no se ha producido una acumulación. Sin embargo, las decisiones que se tomen con respecto a las primeras solicitudes de nulidad tendrían un efecto sobre las demás.

Un factor en común en todos los juicios, además de los argumentos centrales, es la pareja de apoderados judiciales. Se trata de Fabrizio de Gianni (escritorio Van Bael & Bellis), asistido por otro litigante que solo se identifica como L. Giuliani.

Hasta ahora, ocho sancionados por la Unión Europea no han recurrido al tribunal de Luxemburgo: los ministros Jorge Rodríguez y Tarek el Aissami, los generales Gustavo González López (director del Sebin y del Cesspa), Iván Hernández Dala (director de la Dgcim), Jesús Suárez Chourio (comandancia en jefe de la FAN), Néstor Reverol (MRI), Sergio Rivero (ex comandante general de la GN) y el protector del Táchira Freddy Bernal.

Una fuente diplomática con conocimiento del tema explicó que durante cada uno de estos juicios los querellantes tendrán la oportunidad de acceder a los expedientes que fueron tomados en consideración para emitir las respectivas sanciones. Si el proceso finaliza con una decisión que los favorezca no solo revertirán las medidas de la Unión Europea, también podrán exigir el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios, y de las costas de todo el litigio.

 

 

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