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SIP reiteró la desaparición de la libertad de prensa en varios países de Latinoamérica por María Carolina Alvarado – Venepress.com – 15 de Abril 2018

Destacaron el aumento en las políticas de estado en Venezuela para silenciar a los periodistas

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El presidente de la de la Sociedad Interamericana de Prensa, Gustavo Mohme, se refirió a la preocupante situación de riesgo que viven los periodistas y trabajadores de la comunicación en Cuba y Venezuela.

Tras revisar los informes las delegaciones de los países de la región durante la reunión de mitad de año realizada en Medellín, Mohme aseguró que los regímenes represivos de Venezuela y Cuba no solo están afectando la libertad de prensa y de expresión sino el funcionamiento del aparato comunicacional, entre otras cosas, refirió.

Alertó sobre la desaparición del libre ejercicio del periodismo, el aumento del hostigamiento psicológico, judicial y penal, haciendo en su balance, casi imposible la atención de las necesidades de la población.

Al respecto el delegado encargado de presentar el informe de la situación de Venezuela, Miguel Enrique Otero, detalló que “en términos generales” al comparar los hechos ocurridos entre abril de 2017 y mayo de 2017 “las agresiones se han multiplicado”, afirmó el periodista.

Explicó que existe “una política de Estado” contra la prensa palpable en la agresiones que “no ocurren de forma aislada o accidental” sino que obedecen a “todo un plan concebido y ejecutado por unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en particular”.

El optimismo se aleja de las proyecciones periodísticas en Cuba

El informe compartido por el director ejecutivo de la SIP, Ricardo Trotti, debido a la imposibilidad del delegado de salir de Cuba, se destaca que el gobierno busca “un país mudo, sordo, y ciego”.

A pocos días de plantearse un cambio político con la salida de Raúl Castro el próximo 19 de abril, los datos del informe distan del optimismo, al considerar que “no se esperan mejoras”, ya que mantendrá el cargo de primer secretario del Partido Comunista.

Por el contrario tras las iniciativas del gobierno de los estados Unidos en crear un grupo para apoyar el acceso de los cubanos a internet y el desarrollo de medios independientes, el estado cubano ha “incrementó la agresividad contra los periodistas no oficialistas”.

Repudio al asesinato de periodistas ecuatorianos

Los periodistas reunidos en la cita semestral exigieron “justicia y protección” y “el fin de la Impunidad en nombre de los miles de periodistas que a diario arriesgan sus vidas para mantener al público informado” tal y como detalló el comunicado difundido por la organización.

También denunciaron le falta transparencia del Gobierno ecuatoriano en los protocolos de información sobre la situación desde el momento de su secuestro hasta la actualidad, cuando a pesar de tener confirmación del asesinatos de lo9s periodistas, aún se desconoce el paradero de sus restos.

 

Sebin arremete contra la prensa en casa de Leopoldo López – La Patilla – 1 de Marzo 2018

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Funcionarios del Sebin apostados en la casa de Leopoldo López, en la urbanización Los Palos Grandes de Caracas, detuvieron a periodistas que fueron a las inmediaciones a recopilar información, luego de que el servicio de inteligencia tomara por asalto la casa del líder de Voluntad Popular en la mañana de este jueves.

Vestidos con pasamontañas y armados hasta los dientes, los funcionarios habrían detenido al menos a cuatro periodistas : Luis Gonzalo Pérez, Rafael Hernández, Vanessa Rivas y Jhonathan Guaricuco.

La esposa de Leopoldo López y defensora de los Derechos Humanos, Lilian Tintori, informó este jueves que efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) entraron en horas de la mañana a su residencia de manera brusca.

“URGENTE El SEBIN ha entrado a nuestra casa y permanece allí. Esto es ilegal, no quieren salir y dicen que es una “nueva orden de arriba”, escribió Tintori en su cuenta en la red social Twitter.

Leopoldo López, tras meses de silencio en arresto domiciliario habló en exclusiva con The New York Times sobre el futuro político del país, su experiencia y sus aprendizajes en la prisión militar y su esperanza de una salida a la crisis.

Al mediodía fueron liberados casi la totalidad de los reporteros. Más tarde, después de la 1 de la tarde, liberaron a los periodistas Vanessa Rivas y Jhonathan Guaricuco de Caraota Digital.

 

Lo que sabe Zapatero por Moisés Naím – El País – 25 de Febrero 2018

ekcn7iBy_400x400Los venezolanos quieren votar, pero no en elecciones donde las trampas y los trucos garanticen la continuidad de este Gobierno

¿Cómo se sentirían los españoles si un Gobierno con propensiones autoritarias convoca unas elecciones adelantadas en las que los partidos opositores están invalidados, sus principales dirigentes están presos o exiliados y el árbitro electoral es un ente controlado por el presidente que busca ser reelecto? Para ser más concreto, ir a unas elecciones que se celebrarán dentro de unas semanas y en las cuales el PSOE está invalidado, Pedro Sánchez está preso y Albert Rivera, en el exilio.

Eso sería inaceptable. Y, seguramente, eso lo sabe el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, esa es la propuesta que Zapatero quiere que acepte la oposición venezolana.

Cuando decidieron negociar con el régimen de Nicolás Maduro su participación en las próximas elecciones, los grupos opositores tenían unos objetivos muy concretos: que se organizaran unos comicios presidenciales transparentes, libres y competitivos; que se liberara a todos los presos políticos; que se restituyeran los derechos políticos a los candidatos opositores arbitrariamente inhabilitados; que se reconociera la Asamblea Nacional elegida por el pueblo y, lo más importante, que se atendiera la crisis que está diezmando a los venezolanos. Nada de eso resultó aceptable para el Gobierno de Maduro

Y eso lo sabe Zapatero.

Todos los sondeos de opinión muestran que la mayoría de los venezolanos no quiere que Nicolás Maduro siga siendo su presidente. Y la gran mayoría desea que la salida del actual régimen sea democrática y sin violencia. ¡Quieren votar! Pero no en elecciones donde las trampas y los trucos garanticen la continuidad de este Gobierno. El Consejo Nacional Electoral es el árbitro, en teoría independiente, que está a cargo de garantizar la pulcritud de las elecciones. En la práctica es, desde hace casi dos décadas, un desvergonzado y transparente apéndice del Gobierno.

Eso lo sabe Zapatero.

La gran mayoría de los medios de comunicación están controlados directa o indirectamente por el régimen, que los usa como un potente instrumento de propaganda. También son la fuente de constantes e inmisericordes ataques a la oposición, a la cual no se le permite el derecho de réplica o la rectificación de las infamias que diariamente diseminan los órganos del Estado. Eso lo sabe Zapatero.

El Gobierno no ha permitido la presencia de observadores internacionales neutrales y cualificados en ninguna de las elecciones que ha habido y en las que están por venir. Eso también lo sabe Zapatero.

Más aún, los líderes de la oposición más populares, competentes y electoralmente competitivos están presos, han sido inhabilitados por jueces leales al Gobierno o han debido huir al exilio. Y sí, eso lo sabe Zapatero.

A los 28 años, David Smolansky fue electo alcalde de El Hatillo, una zona adyacente a Caracas. El alcalde más joven en la historia de Venezuela llevó a cabo una gestión exitosa y supo sobreponerse a las más burdas maniobras del Gobierno para hacerlo fracasar. La popularidad y el éxito de Smolansky resultaron intolerables para Maduro y sus esbirros. El joven alcalde fue acusado por el Tribunal Supremo de Justicia, otro apéndice del Gobierno, de no reprimir con violencia las protestas pacíficas que ocurrieron en su jurisdicción. Fue inmediatamente destituido y se ordenó su arresto y traslado a una cárcel donde rutinariamente los presos políticos son torturados. Smolansky se negó a entregarse y estuvo 35 días en fuga. Finalmente, se lanzó a un arriesgado periplo por el sur de Venezuela que le permitió entrar a Brasil por la ruta de la selva. En un gesto que les honra, las autoridades brasileñas lo acogieron. Hoy el joven político vive en el exilio y sueña con volver a trabajar por Venezuela. El de Smolansky no es un caso aislado. Otros 12 alcaldes han sido arbitrariamente destituidos, y la mitad de ellos han sido encarcelados y maltratados.

Y, por supuesto, todo esto lo sabe Zapatero.

Hace pocos días, el exjefe del Gobierno español participó junto con Pablo Iglesias, el líder de Podemos, en un acto de apoyo a Evo Morales, el presidente de Bolivia. Morales lleva doce años en el poder y aspira a un cuarto mandato. La Constitución boliviana no contempla esa posibilidad: un presidente solo puede permanecer en el cargo dos periodos consecutivos. En 2016 Morales convocó un referéndum nacional para eliminar esa limitación. Lo perdió. Sin amilanarse, el presidente apeló entonces al Tribunal Constitucional, cuyos magistrados no tuvieron problema alguno en decidir que Morales puede postularse una vez más a la presidencia de Bolivia.

La conducta de Evo Morales no merece el aval y el aplauso de un demócrata.

Y Zapatero lo sabe.

 

Periodistas demandados por reportaje sobre corrupción en la importación de alimentos – Instituto Prensa y Sociedad – 5 de Febrero 2018

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Tribunales de Caracas admitieron demanda por difamación contra el equipo de Armando.info, ante un reportaje de investigación en torno a hechos de corrupción en la importación de alimentos en Venezuela
Alex Saab, contratista del Estado, acusó a Roberto Deniz, Joseph Poliszuk, Alfredo Meza y Ewald Scharfenberg de afectar su labor empresarial en Venezuela, y también la reputación de su familia
IPYS Venezuela ha registrado 31 demandas por difamación, ejercidas por funcionarios públicos y contratistas del Estado en su mayoría, contra 40 periodistas y representante de medios de comunicación

En tiempo récord, los tribunales de Caracas engranaron la maquinaria judicial para silenciar las denuncias de corrupción por la importación de alimentos y admitir la demanda número 31 por difamación e injuria, que se dio en Venezuela entre 2002 y 2017. En menos de dos semanas, la justicia aceptó la solicitud de investigar a Roberto Deniz, Joseph Poliszuk, Alfredo Meza y Ewald Scharfenberg, reporteros y editores de Armando.info, portal especializado en periodismo de investigación. Fueron acusados por el empresario colombiano Alex Saab quien introdujo la demanda por los delitos “difamación agravada continuada” e “injuria agravada”, de acuerdo al expediente al que tuvo acceso IPYS Venezuela en enero de 2018. Leer más de esta entrada

Discurso de aceptación del Premio Oxfam Novib / Pen en La Haya, Holanda por Milagros Socorro – Reporte Confidencial – 25 de Enero 2018

1516894140_big.jpgSoy escritora y vengo de Venezuela.

Mi apellido, el que me legó mi padre, es Socorro, que en inglés significa Ayuda.

Mi país ha sido destruido por una dictadura que ha arrasado con la economía, las instituciones y las libertades. En las calles de Venezuela miles de personas hurgan en la basura para comer directamente de ella.
Pero yo no he venido a pedir ayuda para mí, ni para mi amado y castigado país. Yo he venido a La Haya a darles ayuda a ustedes. He venido a recordarles que las libertades no son islotes que flotan aislados unos de otros, sino que todas están unidas entre sí y ancladas en el cuerpo de la sociedad cuya sangre y vitalidad comparten. Sin libertades políticas no hay libertades económicas. Sin libertad de empresa no hay medios de comunicación, ni empleos para los periodistas, ni oferta plural para las audiencias. Y cuando todas estas libertades han sido abolidas, no es posible que haya libertad de expresión.

En Venezuela no hay libertades políticas, económicas, de empresa ni de expresión. Y, sin embargo, los periodistas venezolanos seguimos denunciando los atropellos y crímenes de la dictadura que ha secuestrado a Venezuela ante la mirada de la comunidad internacional que no ha articulado ninguna medida eficaz frente a la espantosa crisis humanitaria y los asesinatos que sin pudor perpetra el régimen.

Los periodistas venezolanos acusamos a la tiranía y a sus cómplices dentro y fuera de Venezuela, no porque las leyes y las destrozadas instituciones nos garanticen ese derecho, sino porque crecimos y fuimos en la democracia de Venezuela que durante cuatro décadas fue notable en América Latina. Tenemos la libertad en el alma como un farol que en medio de la noche guarda la llama y la proyecta.

Yo ejerzo la libertad de expresión que mi país no me garantiza. De eso no hay duda. Porque fui formada en la casa de mis padres, en la escuela y en la Universidad del Zulia en el compromiso con la justicia, con la verdad y con la belleza. Nací en la democracia de Venezuela y a ella me debo con todo mi corazón. No hay palabra, idea, determinación ni sueño que no hayan sido puestos en mi mente y en mi alma por la tradición democrática de Venezuela. No hay, pues, otro horizonte para mí.

He venido aquí a decirles que todo lo que damos por ganado puede perderse en un minuto. He venido a recordarles que la libertad de cada quien termina no donde empieza la del otro, como suele decirse, sino cuando es amenazada la del otro. He venido a sugerirles que cuiden y valoren sus democracias y sus libertades, porque los peligros que las acechan son reales y voraces.

El premio Oxfam Novib/PEN para la libertad de expresión es un inmenso honor, que agradezco en nombre del valiente e infatigable periodismo venezolano. Recibo este premio en nombre de mi gremio, al que mucho me enorgullezco de pertenecer. Y dono el dinero que lo acompaña a mi liceo, el Colegio San Pablo, de los Hermanos Maristas, en Machiques, mi pueblo cercano a la frontera con Colombia. Porque quiero contribuir a que los niños venezolanos de hoy tengan la oportunidad de formarse también en la libertad y en el compromiso con nuestro país.
Mil gracias.

La Haya, 18 de enero de 2018

Venezuela Eventos de 2017 – Informe de Human Rights Watch – Enero 2018

logo.pngActualmente no quedan en Venezuela instituciones gubernamentales independientes en pie que puedan poner freno al poder ejecutivo. A través de una serie de medidas, el gobierno venezolano —con Maduro en la presidencia y, anteriormente, con Chávez— ha copado los tribunales de jueces que ni siquiera pretenden actuar de manera independiente. El gobierno ha arremetido contra críticos a través de represión en las calles, habitualmente violenta, el encarcelamiento de opositores y el juzgamiento de civiles en la justicia militar. También ha despojado de sus poderes a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.

Debido a la grave escasez de medicamentos, insumos médicos y comida, muchos venezolanos no pueden alimentar adecuadamente a sus familias ni acceder a la atención médica más básica. En respuesta a la crisis de derechos humanos y humanitaria, cientos de miles venezolanos están huyendo del país.

Otras preocupaciones que persisten son las condiciones deficitarias en los centros de detención, la impunidad de violaciones de derechos humanos y el hostigamiento a defensores de derechos humanos y medios de comunicación independientes por parte de las autoridades.

El gobierno venezolano ha empleado en forma sistemática fuerza brutal, incluidas torturas, contra manifestantes críticos del gobierno y opositores políticos.
Persecución de opositores políticos

El gobierno venezolano ha encarcelado a opositores políticos y los ha inhabilitado para postularse a cargos públicos. Al momento de elaboración de este documento, había más de 340 presos políticos en cárceles o sedes del servicio de inteligencia venezolano, según datos del Foro Penal, una red venezolana de abogados defensores penalistas que trabajan ad honórem.

A mediados de 2017, luego de procedimientos sumarios que no respetaron las normas internacionales sobre debido proceso, el Tribunal Supremo de Justicia condenó arbitrariamente a cinco alcaldes opositores a 15 meses de prisión y los inhabilitó para postularse a cargos públicos. Cuando se redactó este documento, uno de ellos estaba detenido en la sede del (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN) en Caracas y los demás habían huido del país. Al menos otros nueve alcaldes estaban sujetos a un mandamiento de amparo cautelar del Tribunal Supremo, que podría llevar a la imposición de similares penas de prisión si se determinara que los alcaldes violaron las disposiciones de esas medidas cautelares.

El dirigente opositor Leopoldo López cumple una condena de más de 13 años de prisión por haber presuntamente incitado a la violencia durante una manifestación en Caracas en febrero de 2014, a pesar de la falta de pruebas creíbles en su contra.

Luego de tres años y medio en prisión, se le concedió a López arresto domiciliario en julio de 2017, pero fue detenido nuevamente en medio de la noche algunas semanas después, tras haber criticado públicamente al gobierno. Esa misma noche, agentes de inteligencia detuvieron al exalcalde opositor Antonio Ledezma, que estaba en prisión domiciliaria desde 2015 y había publicado un video crítico del gobierno poco tiempo antes.

El Tribunal Supremo más tarde emitió una declaración indicando que López no tenía permitido realizar ningún tipo de “proselitismo político” y que Ledezma debía abstenerse “de emitir declaraciones ante cualquier medio”, y añadió además que “fuentes de inteligencia” informaron que tenían un plan de fuga. Ambos hombres obtuvieron nuevamente el arresto domiciliario algunos días después. En noviembre, Ledezma huyó de Venezuela.

Varias otras personas arrestadas en relación con las protestas contra el gobierno de 2014 o acciones posteriores de activismo político permanecen en arresto domiciliario o están detenidas a la espera de un juicio.

Represión de protestas

Entre abril y julio de 2017, miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, junto con grupos armados partidarios del gobierno llamados “colectivos”, han atacado con violencia manifestaciones contra el gobierno, en algunas de las cuales participaron decenas de miles de venezolanos. Miembros de las fuerzas de seguridad han disparado municiones antidisturbios a quemarropa contra manifestantes, arrollado con vehículo blindado a personas que se manifestaban, golpeado brutalmente a personas que no mostraron resistencia y llevado a cabo violentos allanamientos en edificios de departamentos.

Según el Ministerio Público, al 31 de julio al menos 124 personas habían muerto durante incidentes relacionados con las protestas. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indicó en agosto que más de la mitad de las muertes habían sido provocadas por agentes de seguridad o colectivos. El gobierno venezolano afirma que 10 miembros de las fuerzas de seguridad murieron en el contexto de manifestaciones, e informó sobre varias instancias de violencia contra simpatizantes del gobierno.

A fines de julio, antes de que la Asamblea Nacional Constituyente destituyera a la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, su institución estaba investigando casi 2.000 casos de personas heridas en el marco de las protestas. Si bien este número parece haber incluido casos en los cuales los presuntos autores fueron manifestantes y miembros de las fuerzas de seguridad, en más de la mitad de los casos, el Ministerio Público estaba investigando presuntas violaciones de derechos fundamentales.

Entre abril y noviembre, se detuvo a cerca de 5.400 personas en relación con protestas, incluidos manifestantes, transeúntes y personas que fueron llevadas de sus casas sin la orden judicial correspondiente, indicó el Foro Penal. Cuando se redactó este documento, cerca de 3.900 habían recibido la libertad condicional pero todavía enfrentaban causas penales.

Integrantes de las fuerzas de seguridad también han cometido graves abusos contra detenidos que, en algunos casos, constituyen torturas, como violentas golpizas, descargas eléctricas, asfixia y abusos sexuales. La justicia militar ha procesado a más de 750 civiles, en contravención a lo dispuesto por el derecho internacional.

A comienzos de 2014, las autoridades respondieron a manifestaciones masivas contra el gobierno con un uso excesivo de la fuerza. En muchos casos, los miembros de las fuerzas de seguridad mantuvieron a los manifestantes incomunicados en bases militares por 48 horas o períodos mayores, y algunos cometieron violaciones de derechos humanos aberrantes, como violentas golpizas, descargas eléctricas o quemaduras, y obligar a los detenidos a mantenerse en cuclillas o arrodillados, sin moverse, por varias horas.

Ninguna alta autoridad ha sido juzgada por estos abusos.

Asamblea Nacional Constituyente

En mayo, Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente por decreto presidencial, pese al requisito constitucional que exige, para reformar la constitución, celebrar antes una consulta popular. La asamblea está integrada exclusivamente por partidarios del gobierno, designados mediante una elección que tuvo lugar en julio y que Smartmatic, la empresa contratada por el gobierno para verificar los resultados, determinó posteriormente que había sido fraudulenta.

La Asamblea Nacional Constituyente tiene amplios poderes que van mucho más allá de redactar la constitución. En agosto, apenas empezó a funcionar, los miembros de la asamblea asumieron todas las facultades legislativas y destituyeron a la Fiscal General Ortega Díaz —que anteriormente había sido leal al gobierno y, a fines de marzo, empezó a criticarlo— y nombraron a un partidario del gobierno en el cargo. En noviembre, junto con el Tribunal Supremo, quitó la inmunidad parlamentaria al vicepresidente de la Asamblea Nacional Freddy Guevara.

Operación Liberación del Pueblo

A partir de julio de 2015, el Presidente Maduro movilizó a más de 80.000 integrantes de las fuerzas de seguridad en todo el país, en el marco de una iniciativa denominada la “Operación Liberación del Pueblo” (OLP), para hacer frente al agravamiento de la situación de inseguridad. Las redadas policiales y militares llevadas a cabo en comunidades populares y de inmigrantes dieron origen a señalamientos generalizados de abusos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias masivas, maltrato de detenidos, desalojos forzados, destrucción de viviendas y deportaciones arbitrarias.

En noviembre de 2017, la fiscal general indicó que más de 500 personas habían muerto durante redadas de la OLP entre 2015 y 2017. En reiteradas declaraciones, funcionarios del gobierno afirmaron que las muertes se produjeron durante “enfrentamientos” con delincuentes armados, algo que en muchos casos niegan los familiares de las víctimas o los testigos. En varios casos, las víctimas fueron vistas con vida por última vez cuando estaban bajo custodia policial.

Crisis humanitaria

Los venezolanos enfrentan una severa escasez de medicamentos, insumos médicos y alimentos que cercena gravemente su derecho a la salud y la alimentación. En 2017, la ministra de salud venezolana divulgó datos oficiales correspondientes a 2016 que indicaban que, en un año, la mortalidad materna aumentó un 65 %, la mortalidad infantil un 30 % y los casos de malaria un 76 %. Algunos días después, la ministra fue despedida. Según Cáritas Venezuela, los casos de desnutrición severa de niños y niñas menores de 5 años aumentaron del 10,2 % en febrero de 2017 al 14,5 % en septiembre de 2017, lo cual traspasó el umbral de crisis establecido por la Organización Mundial de la Salud.

Independencia judicial

Desde que el expresidente Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional llevaron a cabo en 2004 un copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia, el poder judicial ha dejado de actuar como un poder independiente del gobierno. Miembros del Tribunal Supremo han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes y han expresado de manera pública su compromiso con promover la agenda política del gobierno actual.

Desde que la oposición asumió la mayoría en la Asamblea Nacional en enero de 2016, el Tribunal Supremo ha invalidado casi todas las leyes que se aprobaron. En marzo de 2017, el Tribunal Supremo se arrogó todas las facultades legislativas y dio marcha atrás parcialmente recién cuando se expresaron fuertes críticas en Venezuela y el exterior.

Libertad de expresión

Durante más de una década, el gobierno ha ampliado y ejercido en forma abusiva su facultad de regular los medios de comunicación, y ha reducido la cantidad de medios críticos. La legislación vigente concede al gobierno la potestad de suspender o revocar licencias a medios privados cuando “lo juzgue conveniente a los intereses de la Nación”, permitir la suspensión arbitraria de sitios web en el supuesto de “incitación” —una infracción definida de manera muy vaga— y penalizar las expresiones “ofensivas” sobre funcionarios gubernamentales. Si bien algunos periódicos, páginas web y estaciones de radio critican al gobierno, la autocensura por temor a represalias gubernamentales es muy habitual.

Miembros de las fuerzas de seguridad detuvieron, interrogaron y confiscaron equipos a varios periodistas durante 2017. Se impidió que algunos periodistas internacionales ingresaran al país, o fueron detenidos por informar sobre las protestas contra el gobierno o la crisis de salud. Se quitó del aire a varios canales de noticias de cable y estaciones de radio.

En noviembre, la Asamblea Nacional Constituyente adoptó una “Ley contra el odio” que contiene expresiones imprecisas que socavan la libertad de expresión. Prohíbe a los partidos políticos que “promuevan el fascismo, la intolerancia o el odio” y prevé penas de prisión de hasta 20 años contra quienes publiquen “mensajes de intolerancia y odio” en medios de comunicación tradicionales y medios sociales.

Defensores de derechos humanos

Las medidas gubernamentales para restringir el financiamiento internacional de organizaciones no gubernamentales, sumadas a las reiteradas acusaciones infundadas —realizadas por funcionarios y partidarios del gobierno— de que los defensores de derechos humanos pretenden desestabilizar la democracia venezolana, generan un clima hostil que afecta la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil de promover los derechos humanos.

En 2010, el Tribunal Supremo determinó que las personas u organizaciones que reciban financiamiento del exterior podrían ser juzgadas por traición a la Patria. Ese año, la Asamblea Nacional promulgó una ley que impide a organizaciones dedicadas a la “defensa de los derechos políticos” o el “control sobre los poderes públicos” recibir financiamiento internacional.

Discriminación política

Según se indicó en medios de comunicación venezolanos, cientos de empleados públicos fueron despedidos en 2016 por haber apoyado el referéndum revocatorio del Presidente Maduro, y en 2017 muchos otros fueron amenazados con ser despedidos por apoyar la consulta pública organizada por la oposición contra la propuesta del gobierno de crear una Asamblea Nacional Constituyente. Otros informes indican que un programa gubernamental que distribuye alimentos y artículos básicos a precios controlados por el gobierno discrimina contra los críticos del gobierno.

Condiciones en centros de detención

La corrupción, la seguridad deficiente, el deterioro de la infraestructura, la sobrepoblación, la falta de personal suficiente y la capacitación inadecuada de guardias han permitido que pandillas armadas ejerzan el control efectivo de las cárceles. En agosto, murieron 37 internos —casi la mitad de los detenidos— en el Centro de Detención Judicial de Amazonas en Puerto Ayacucho, y 14 guardias de seguridad resultaron heridos cuando las fuerzas de seguridad habrían intentado tomar el control de la cárcel.

Actores internacionales clave

En marzo y julio, el Secretario General de la OEA Luis Almagro presentó dos informes integrales sobre la crisis humanitaria y de derechos humanos en Venezuela, en el marco de una discusión sobre el cumplimiento, por parte de Venezuela, de la Carta Democrática Interamericana, un acuerdo que tutela las garantías democráticas y de derechos humanos en los Estados Miembros de la OEA. Entre septiembre y noviembre, la OEA celebró una serie de audiencias públicas en las cuales víctimas brindaron su testimonio a tres expertos que evaluaron si los abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas podrían constituir delitos de lesa humanidad.

En agosto, el bloque de comercio regional Mercosur suspendió por tiempo indefinido a Venezuela, aplicando el Protocolo de Ushuaia, un acuerdo que permite al bloque suspender a un miembro cuando haya una “ruptura del […] orden constitucional”.

También en agosto, 17 ministros de Relaciones Exteriores de América se reunieron en Perú para analizar la crisis venezolana. Doce de ellos —11 gobiernos latinoamericanos y Canadá— firmaron la Declaración de Lima, un documento integral que condena la ruptura del orden democrático y la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela. Los 12 manifestaron que no reconocerían a la Asamblea Nacional Constituyente ni a sus resoluciones, se comprometieron a que cesara la transferencia de armas a Venezuela y expresaron preocupación por la crisis humanitaria y la negativa del gobierno a aceptar asistencia humanitaria internacional. También expresaron su voluntad de apoyar esfuerzos que faciliten negociaciones creíbles y de buena fe, orientadas a restablecer pacíficamente la democracia en el país.

El gobierno denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CIDH), y privó así a ciudadanos y residentes de la posibilidad de solicitar la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando no estén disponibles recursos locales o estos no sean efectivos para la reparación de abusos cometidos después de 2013. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sigue dando seguimiento a la situación en Venezuela, aplicando la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que no es un instrumento que esté sujeto a la ratificación por los Estados.

En agosto de 2017, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos difundió un informe que concluyó que las autoridades venezolanas habían cometido violaciones de derechos humanos y abusos extendidos en la respuesta a las manifestaciones contra el gobierno. El “uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva durante las manifestaciones y la detención arbitraria de manifestantes y presuntos opositores políticos denota que no se trata simplemente de actos ilegales o insubordinados de funcionarios aislados”, indicó el informe.

En septiembre, el alto comisionado presentó sus conclusiones al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, indicó que “es posible que se hayan cometido delitos de lesa humanidad” en Venezuela, e instó a que se lleve a cabo una investigación internacional. Numerosos Estados manifestaron preocupación por las violaciones de derechos humanos en el país.

En 2015, el Presidente de Estados Unidos Barack Obama aplicó por decreto sanciones específicas a siete funcionarios del gobierno venezolano. En julio de 2016, el Congreso estadounidense prorrogó hasta 2019 su facultad de inmovilizar activos y denegar visas a funcionarios acusados de abusos a participantes en las protestas contra el gobierno de 2014.

En 2017, el gobierno estadounidense emitió otras sanciones internacionales contra funcionarios venezolanos clave, incluido el Presidente Maduro, así como sanciones financieras que incluyen la prohibición de acuerdos sobre nuevas acciones y bonos emitidos por el gobierno venezolano y compañías petroleras estatales. La amenaza expresada por el Presidente Trump en agosto de usar la fuerza militar contra Venezuela recibió fuertes críticas en la región.

La Unión Europea ha manifestado reiteradamente consternación por el deterioro de la situación en Venezuela, y repudió la represión violenta de protestas pacíficas y la persecución de opositores políticos. En noviembre, aplicó un embargo de armas sobre Venezuela y anunció sanciones específicas a funcionarios venezolanos.

Los esfuerzos internacionales para mediar entre el gobierno y la oposición con el fin de restablecer el orden democrático en Venezuela no han derivado en resultados sustanciales.

Como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Venezuela ha votado reiteradamente contra la evaluación de violaciones de derechos humanos en otros países, y se opuso a resoluciones que alertaban sobre abusos en países como Siria, Bielorrusia, Burundi e Irán.

Entre Irán y Venezuela por Francisco Martín Moreno – El País – 5 de Enero 2018

Ambos países viven en una dictadura: una teocrática policíaca y otra cuasi comunista
¿Qué escogería el amable lector que pase la mirada distraída a lo largo de estas breves líneas: una dictadura teocrática policíaca o una dictadura cuasi comunista, ambas de corte militar?

En Irán está prohibido el alcohol. No es posible encontrar ninguna bebida embriagante en hoteles o en restaurantes. No existen los bares. Los militares iraníes operan el monopolio del contrabando de narcóticos y del alcohol. La alta jerarquía castrense no solo no atenta en contra del régimen musulmán, sino que lo defiende con las armas en la mano para seguir disfrutando cantidades multimillonarias de dinero negro obtenido de los diez millones de alcohólicos y cuatro millones de drogadictos, muy a pesar de las prohibiciones religiosas. En realidad, se trata de un esquema político “estabilizador” parecido al de Nicolás Maduro, quien compra la “lealtad” del ejército al obsequiarle el mercado de divisas, el del narcotráfico y el de las exportaciones o importaciones para evitar un golpe de Estado. Ambas tiranías son sostenidas por las fuerzas armadas a cambio de su escandaloso enriquecimiento.

En la dictadura venezolana existen las bebidas embriagantes para quien pueda comprarlas, sin perder de vista que la inflación alcanzó en 2017 un patético 1.600%; existe un rígido control de cambios; los anaqueles para exhibir alimentos y medicinas están vacíos hasta de artículos de primera necesidad; en los hospitales es difícil encontrar aspirinas. El país está quebrado, solo los políticos y los militares están llenos de dólares depositados en el extranjero, en donde se encuentran, según indicios, los “ahorros” panameños multibillonarios del “presidente” Maduro, salvo que alguien todavía crea que cuando sea derrocado volverá a tripular el camión con el que se ganaba la vida antes de llegar al poder.

Venezuela está quebrada, solo los políticos y los militares están llenos de dólares depositados en el extranjero

En Irán no existe la libertad de expresión ni se puede acceder a la BBC ni a otros medios de comunicación masivos extranjeros ni a Facebook ni a Twitter. La prensa, la radio, la televisión y el cine están controlados y censurados por los ayatolas, los imanes, los mulahs, las máximas autoridades políticas y religiosas. Las mujeres no pueden salir a la calle sin cubrirse la cabeza con una pañoleta llamada hiyab o bien todo el cuerpo con un chador, hasta llegar a la burka, unas prendas negras que las esconden por completo.

En 2017, en Venezuela se cometieron casi 30.000 asesinatos hasta convertirlo en uno de los países más inseguros del mundo entero; la censura periodística es de extrema severidad: 50 medios de difusión se han visto obligados a cerrar sus puertas y a cancelar ediciones o transmisiones por las amenazas, chantajes o agresiones de la tiranía encabezada por Maduro. La propiedad privada sí existe en Irán, en tanto que en la Venezuela cuasi comunista o no existe por la política de expropiaciones chavistas o está permanentemente amenazada.

En Irán la ley prohíbe la unión libre, la homosexualidad y la infidelidad femenina. Hoy en día la juventud exige en las calles las más elementales garantías constitucionales, mismas que el régimen teocrático iraní rechaza con razones indigeribles: “Quien atente en contra del Gobierno es un enemigo de Dios y como tal se le aplicará la pena de muerte”. Los ayatolas como Maduro concluyen así: los opositores a sus respectivos regímenes son adversarios foráneos movidos por el egoísmo… No encuentran motivo alguno para las quejas domésticas… ¿Qué tal cuando en la extinta URSS declaraban enajenados mentales y recluían en manicomios a quienes criticaban a la dictadura comunista? Hoy en día han sido asesinados casi un centenar de jóvenes inconformes tanto en las calles iraníes como en las venezolanas.

A los ladrones en Irán se les amputan las manos a modo de medida ejemplar. De aplicarse el mismo castigo en América Latina, nuestros políticos esconderían el brazo mutilado en las bolsas de sus trajes o lo ocultarían a la hora de ser retratados. Es una salvajada, lo es, imposible aceptarlo, pero se puede caminar a altas horas de la noche en Shiraz, Isfahán, Yazd o en Teherán, en tanto que Caracas y otras ciudades venezolanas los criminales se encuentran a salto de mata a cualquier hora del día.

¿Qué escogería el amable lector: una dictadura teocrática policíaca o una dictadura cuasi comunista?

Adiós 2017, un año para borrarlo ¡Bienvenido 2018! – La Patilla – 31 de Diciembre 2017

 

LaPatilla2018.jpgSe va el año 2017, un año fatídico para los venezolanos: Escasez de alimentos y medicinas, hiperinflación, cárceles llenas de presos políticos, elecciones fraudulentas de constituyentes, alcaldes y gobernadores, anulación de la legítima Asamblea Nacional, protestas violentamente reprimidas, corrupción oficialista desatada, racionamiento de electricidad y agua, mesa de negociación sin avances, default selectivo de la deuda externa… y un largo etcétera de calamidades. Un año para la historia negra del país.

El régimen socialista de Nicolás Maduro ha sometido al pueblo de Venezuela a un intenso y violento empobrecimiento. En cuatro años, la economía del país se ha reducido en un 40%, una cifra bárbara que ni siquiera países en guerra o que hayan sufrido desastres naturales la exhiben. El socialismo de Maduro ha sido una descomunal catástrofe. Hoy 9 de cada 10 familias en Venezuela son pobres.

Como en años anteriores, en 2017 el régimen continuó con sus ataques a la prensa. En este año cerraron 69 medios de comunicación: 46 emisoras de radio, 3 televisoras y una veintena de periódicos. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) registró 498 agresiones y 66 detenciones contra periodistas. Se han hecho comunes las amenazas desde el poder a editores de medios. Un intento vano, cuando la cruda realidad supera la censura.

El régimen socialista es repudiado internacionalmente, se ha quedado con escasos apoyos de países, ninguno de ellos democrático. A lo interno tiene un precario y frágil apoyo popular, que no supera el 14% de la población.

Venezuela merece salir de esta calamidad, y 2018 podría ser el año. Y ahí estaremos nosotros para informarles del acontecer nacional e internacional, de manera veraz e independiente.

Le damos la bienvenida al 2018, con muchas esperanzas y cautelosos con nuestras expectativas. Sabemos de la oscuridad antes del amanecer.

Vaya nuestro abrazo fraterno a nuestros lectores, anunciantes, colaboradores y sus familias, donde sea que se encuentren en este inicio de año. El compromiso y la solidaridad con ustedes seguirá guiando nuestro trabajo.

 

El 2017 cierra con casi 500 agresiones a la libertad de expresión, 26,5% más que el año anterior

unnamed.png· Entre enero y diciembre de 2017, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) documentó 498 hechos que constituyeron violaciones a la libertad de expresión y que elevaron a niveles insospechados el cerco a la prensa independiente. Hubo 66 detenciones

· 49 medios audiovisuales de comunicación fueron cerrados en Venezuela y unos 20 rotativos tuvieron que cesar por la escasez de papel periódico. El resto bajó su paginación y tiraje para garantizar su circulación

La intención del Gobierno nacional de silenciar -a cualquier precio- el descontento por la cada vez más crítica situación económica y social, hizo del 2017 el año de las mayores dificultades para el trabajo de los periodistas y, en consecuencia, para el ejercicio colectivo de los derechos a expresarse con libertad y a acceder a la información de interés público.

Entre enero y diciembre de 2017, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) documentó 498 hechos que constituyeron violaciones a la libertad de expresión y que levantaron a niveles insospechados el cerco a la prensa independiente. Esta cifra, impropia de países democráticos, muestra un alza de 26,5% con respecto del mismo período en 2016, cuando se registraron 360 casos. Está por encima también de los reportes de 2015 (280 casos) y de 2014 (420).

En el 70% de los hechos reportados durante 2017 en todo el país, los responsables o victimarios son efectivos de los organismos de seguridad de Estado.

Abril y mayo fueron los meses con el mayor número de incidencias (98 en el primero y 99 en el segundo), coincidiendo con los días de más protesta social y, también, de mayor represión. Luego julio con 70 casos y junio con 55.

El SNTP documentó también la detención ilegal de al menos 66 trabajadores de la prensa, fundamentalmente periodistas que daban cobertura a las manifestaciones de calle o que hacían trabajos de investigación en torno a presuntos hechos de corrupción, incluidos corresponsales extranjeros. Julio, abril y junio fueron los mese con más encarcelamientos: 14, 11 y 10 respectivamente.

La escasez de alimentos, el alza de los precios y las manifestaciones de naturaleza política y social aumentaron la percepción de vulnerabilidad del gobierno de Nicolás Maduro. Utilizando el brazo y las armas de la Guardia Nacional y las policías regionales y municipales, la burocracia oficial intentó invisibilizar el conflicto y durante 4 meses (de abril a julio) se sucedieron 273 casos, de los 498 antes mencionados, afectando en este mismo período a 464 trabajadores de la prensa.

122 de los hechos documentados en estos 4 meses fueron responsabilidad de la Guardia Nacional, 36 de Policía Nacional Bolivariana, 27 de las policías regionales, 45 de manifestantes y 37 de civiles armados que, en la mayoría de los casos, actuaron en complicidad con uniformados.

Hubo en este tiempo 42 detenciones y 14 sedes de medios asediadas.

Menos medios

Al menos 49 medios de comunicación audiovisuales fueron cerrados en Venezuela durante el 2017, los casos más recientes, las emisoras 92.9 fm y Mágica 99.1 fm. Se trata de 46 estaciones de radio y tres canales de televisión.

También los canales colombianos RCN Televisión y Caracol Televisión, y la cadena CNN en Español, fueron sacados de la parrilla de las cableoperadoras que funcionan en el país.

Se mantienen las restricciones de la prensa escrita, fundamentalmente en el acceso al papel periódico, cuya importación y distribución en el mercado local siguió durante todo el año monopolizada por el Gobierno. Unos 20 rotativos tuvieron que cerrar mientras que todos redujeron su paginación y tiraje para garantizar la circulación.

5 razones para preocuparse por la Ley del Odio – El Estimulo – 10 de Noviembre 2017

A la censura informativa que toma a Venezuela le llegó un nuevo aliado: La “Ley contra el Odio”. Un instrumento aprobado en la víspera por la Asamblea Constituyente chavista que castiga con penas hasta de 20 años de cárcel y amenaza con el cierre a medios y la ilegalización a partidos políticos que promuevan “el fascismo”.

Paradójicamente, este instrumento es catalogado como un mecanismo para perseguir y condenar a quienes piensan distinto y dejar en mínimo a la libertad de expresión. Los medios de comunicación, las redes sociales y los partidos de oposición están en la mira con esta normativa, advierten organizaciones y políticos de la disidencia al gobierno. Aquí explicamos cinco razones para preocuparse por el carácter del instrumento:

1.- Sirve para perseguir a quienes piensen distinto

La ley tiene la capacidad de cerrar medios de comunicación e ilegalizar a los partidos políticos que, en opinión a las autoridades, inciten “al odio”. Tomás Guanipa, diputado de oposición, afirmó este jueves que el chavismo “está utilizando las instituciones para perseguir al que piensa distinto”. En efecto, abogados y activistas de derechos humanos advierten el carácter punitivo del artículo 20 que establece penas de 10 a 20 años de cárcel contra “quien públicamente, o mediante cualquier medio apto para su difusión pública, fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas”. La norma, además, puede impactar en el ámbito electoral, toda vez que se contempla “los partidos políticos que promuevan el fascismo, la intolerancia o el odio no podrán ser inscritos ante el Consejo Nacional Electoral, y se revocarán las inscripciones a aquellos que incumplan la presente disposición”.

2.- Promueve la censura y la autocensura

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) ha sido una de las primeras entidades en pronunciarse sobre esta ley que “solo legitimará la censura y criminalizará la opinión”, escribió en Twitter. Para el gremio, la “Ley contra el Odio” representa “un atentado directo contra la libertad de expresión”. Laura Louza, directora de la organización Una Ventana por la Libertad aseguró que ley viola los artículos 57 y 58 de la Constitución sobre el derecho a expresar libremente sus pensamientos y de tener una información oportuna y sin censura. Por su parte, Espacio Público, advirtió que el carácter represivo del articulado promoverá la autocensura en los sectores disidentes: “La paz a partir del discurso debe construirse, no se decreta. Una ley no puede sustituir el juicio de la sociedad fomentando la censura”, dijo la ONG.

3.- Más mordaza para la radio y la TV

La “Ley del Odio” supone nuevas amenazas para los medios tradicionales en Venezuela que ahora deberán cuidar sus mensajes para que no sean interpretados como contenidos que expresen el odio y la guerra. El artículo 22 advierte que los medios de radio y televisión se les retirará la concesión si difunden este tipo de mensajes. Además de la mordaza, el instrumento legal obliga a las televisoras y radios emitir mensajes a favor de la paz por un tiempo de 30 minutos semanales. Quien incumpla esa orden, el medio será sancionado con multas desde el 3% hasta el 4% de los ingresos brutos anuales.

4.- Es ambigua

La ley ordena medidas para expulsar partidos políticos y activistas políticos del sistema electoral que promuevan el fascismo, el odio nacional y “cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación y la violencia”. Pero esta normativa es ambigua y discrecional a la hora de determinar qué tipo de violencia y odio se fomenta, aseguró Louza, quien aseveró que “fascismo es igual a oposición”. La Constituyente chavista incluye dos disposiciones transitarias que derogan cualquier otra regulación existente que contradiga a la “Ley contra el Odio” y crea una “Comisión para la Promoción y Garantía de la Convivencia Pacífica” que vigilará la aplicación de la norma. La instancia está conformada íntegramente por funcionarios del chavismo.

5.- Busca regular las redes sociales

La regulación de las redes sociales ha sido una vieja ansia de los dirigentes del chavismo. Con la “Ley del Odio”, se contemplan multas contra las empresas responsables de estas plataformas y de los medios electrónicos que no retiren en un plazo de seis horas mensajes “de odio” deberán responder con el pago de multas de al menos 15 millones de bolívares. El Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) advirtió en Twitter que la norma “pone en riesgo los principios de pluralidad” en Venezuela. “Abogamos porque el marco regulatorio no imponga censura y avance en el desarrollo de garantías y protección de las libertades ciudadanas en Internet”, escribió la organización.

 

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