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Otra torta internacional – Editorial El Nacional – 7 de Junio 2018

Ya es un clamor que el partido gobernante emprenda una reorganización que modernice (si ello es posible, cosa que dudamos) y le insufle algo de vida a la dinámica partidista interna del socialismo del siglo XXI. Es, según sus militantes, una tarea que no puede esperar mucho porque el rancho está ardiendo y el incendio puede arrasar con todo lo que han logrado (¿?) en estos años.

No nos corresponde a los venezolanos sensatos darles consejos a quienes se han hecho dueños del poder y desprecian cualquier sugerencia que no provenga de la rosca que rodea a Nicolás Maduro y que, para mayor desgracia, filtra y desmerita cualquier iniciativa de los militantes jóvenes que tienen ganas de salir de viejos deshonestos, civiles y militares, que llevan al partido por el camino de la desgracia.

Salvando las distancias, que son muchas, no queda otra alternativa que referirnos a la profunda crisis moral que padece Venezuela provocada por quienes, proclamándose hijos de Hugo Chávez, hoy cometen tales desmanes y fechorías que no hacen otra cosa que enterrar en el olvido al héroe militar que, contradictoriamente, les dio a ellos cierta vida y vigencia política nacional e internacionalmente. Así paga el diablo.

Ahí está el caso de la OEA, un organismo interamericano que Chávez, con la tutoría de Fidel Castro, sometió a sus designios más perversos, al punto de domesticarla de acuerdo con sus deseos. Hoy, con el deficiente de meninges del canciller Arreaza, el reelecto Maduro se ve en el aprieto de salir como moza de taberna a recoger los vidrios rotos. Y es que si no existiera Maduro, todos sus compinches civiles y militares quedarían al descubierto en su monumental mediocridad.

Hace un par de días uno de los héroes bolivarianos, el “diputado” Carreño, ex militar para bienaventuranza de los oficiales que nunca asaltaron una cantina en un cuartel, exhibió una sentencia de un tribunal en la que, según él, El Nacional, diario decente y de larga trayectoria de respeto por los ciudadanos (cosa que no acostumbra el diputado Carreño), pasaría a manos del “honorable” capitán Diosdado Cabello como consecuencia, forzada, inevitable y provocada, de una decisión judicial.

Carreño cuenta los pollos antes de nacer. Si se cancela la suma que estima el tribunal, pues tanto Cabello como Carreño se quedan con un palmo de narices. Y estamos dispuestos a pagar aunque en ello dejemos el alma. A este diario lo va a defender el país entero. El Nacional es de Venezuela, no lo vamos a dejar en manos poco limpias.

El anuncio, falso como todos los de este gobierno, provocó una ola de indignación no solo entre los venezolanos, sino también en la opinión pública mundial. Y quienes pensaban utilizar esta medida judicial para ocultar el rotundo fracaso de los agentes bolivarianos en la OEA, ineptos tarifados por lo demás, ahora se encuentran prisioneros de los actos de su propia ignorancia porque la prensa latinoamericana y europea le han dado al caso una dimensión mundial, en defensa de la libertad de expresión y para peor, poniendo de relieve la calaña de quienes aspiran adueñarse de un diario de relevancia continental, fundado por el escritor Miguel Otero Silva y mantenido en alto, por encima de las dificultades, gracias a su hijo Miguel Henrique Otero.

El peor año para la libertad de expresión e información en Venezuela por Andrés Cañizález – ProDaVinci – 30 de Mayo 2018

La Guardia Nacional Bolivariana impidió el martes 15 de abril de 2018 el ingreso de los periodistas al Palacio Federal Legislativo.

Durante este mes de mayo, en coincidencia con las celebraciones internacionales para promover la expresión libre ya que la Unesco fijó el 3 de mayo como el Día Mundial de la Libertad de Prensa, en Venezuela se conocieron tres reportes que permiten comprender cabalmente las consecuencias que ha tenido en el país la política de “hegemonía comunicacional”, iniciada hace más de una década, pero cuyos resultados fácticos han terminado teniendo lugar en la etapa final de este primer período de Nicolás Maduro en el poder.

Al hacer un balance del año 2017, con la presentación de su informe anual sobre el estado de la libertad de expresión e información en Venezuela, la organización no gubernamental Espacio Público recogió la documentación de 708 casos que sumaron 1.002 denuncias de violaciones al derecho humano a la libertad de expresión e información. Lo más relevante, es que estos datos son los más altos desde el año 2002, cuando Espacio Público comenzó a hacer su monitoreo, y muestran un deterioro relevante de las garantías de este derecho en Venezuela.

Los 708 casos en los que se vulnera el derecho a la libre expresión en su mayoría corresponden al uso de la violencia física, la intimidación y ataques no solo a trabajadores de la prensa, sino también contra ciudadanos que buscaban registrar los hechos que sucedían al momento, según documentó la ONG venezolana. Si tales cifras no fuesen de por sí preocupantes, el año 2017 cerró con la salida del aire de ocho canales de televisión, 54 emisoras y 17 medios impresos que dejaron de circular por falta de papel prensa, seis de ellos indefinidamente.

El foco sobre las restricciones al ejercicio del periodismo, afectando por igual a medios de comunicación, periodistas y ciudadanos, no fue una preocupación exclusiva de organizaciones con sede en Venezuela. La muy prestigiosa red internacional de Reporteros Sin Fronteras (RSF), también en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Libertad de Prensa del 2018, llamó la atención del mundo en relación con las medidas del régimen de Maduro y su impacto negativo en las libertades de expresión e información.

En la clasificación mundial de RSF, Venezuela pasó a ocupar la casilla 143 y el país experimentó la mayor caída del continente, perdió 6 lugares en comparación con la edición anterior de esta evaluación anual (La Patilla, 2018). Durante 2017, de acuerdo con este informe internacional, el gobierno del presidente Nicolás Maduro siguió distinguiéndose por sus excesos autoritarios. La prensa independiente y la de oposición, al igual que los corresponsales de medios de comunicación extranjeros, son constantemente el blanco de la policía y de los servicios de inteligencia venezolanos. Los periodistas padecen cada vez más agresiones durante las manifestaciones, detenciones arbitrarias –durante las cuales pueden sufrir agresivos interrogatorios–, así como la destrucción de su equipo; también se hizo frecuente la expulsión de corresponsales extranjeros, una práctica no habitual en el pasado.

Reporteros Sin Fronteras, asimismo, constató que, durante 2017, en Venezuela, también aumentó la censura directa del Estado, ya que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) privó de frecuencia a numerosas radios y televisiones críticas; por otra parte, la escasez de papel golpeó a la prensa escrita de oposición. Todo este contexto colocó obstáculos para impedir la labor de los periodistas, dado que el gobierno busca que no se conozca la magnitud de la grave crisis política y económica que sacude al país desde inicios de 2016.

Otra arista, no menos preocupante, lo constituye el informe elaborado por el capítulo venezolano del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) sobre la libertad de expresión en Internet que llevó por título “Internet con la bota puesta”, también difundido en mayo de 2018. Según esta entidad dedicada a la promoción y defensa de la libertad de información, durante 2017 se vivieron en Venezuela desde la aprobación de una estructura jurídica regresiva, hasta la persecución policial y militar, junto a ataques a portales de organizaciones civiles y medios de comunicación, todo ello tuvo además como telón de fondo una deficiente conectividad. En Venezuela, asimismo, se registraron detenciones arbitrarias por expresión, blackouts en la red, y el discurso agraviante del Estado como una suerte de colofón.

En el período de los doce meses de 2017, de acuerdo con lo documentado por el Instituto Prensa y Sociedad, resultaron vulnerados los estándares internacionales establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que deberían garantizar un Internet abierto, libre y democrático. De forma específica, en Venezuela se vieron afectadas siete de las categorías fundamentales que convierten a la libertad de expresión en Internet. Al menos ocurrieron 50 casos que derivaron en 63 violaciones a los derechos digitales.

Volviendo sobre los datos históricos que nos permiten ver los informes anuales de Espacio Público, 2017 ha sido de lejos, en la década y media que esta organización lleva sus registros, el año más restrictivo y negativo para el ejercicio de la libertad de expresión, con claro impacto sobre medios de comunicación, periodistas y ciudadanos. Eso de por sí ya sería preocupante, en cualquier contexto.

Pero lo que resulta aún más alarmante es que el 2017 estuvo precedido de un 2016 que ya había batido, igualmente, los registros negativos y restrictivos en Venezuela. En el 2016, según Espacio Público, se registraron 366 violaciones del derecho a la libertad de expresión e información en Venezuela. Se trata de una por cada día. Con las bases metodológicas establecidas en 2002, y en las cuales tuvimos la oportunidad de participar como coautor de las mismas, el reporte de Espacio Público permite la mirada longitudinal y las comparaciones.

Con propiedad, entonces, se puede establecer cuál ha sido el año más perjudicial para la libre expresión e información en Venezuela. En este caso al mirar el conjunto, desde 2014 –ya con Maduro en el poder– se inicia una suerte de escalada en la conflictividad (porque en muchos casos hablamos de violencia directa) generada desde el poder para afectar al periodismo crítico e independiente.

 

Carta abierta a “El País” por prestar tribuna a Nicolás Maduro – Unidos por Venezuela – 5 de Mayo 2018

Estimado director del diario “El País”:

Nos resulta inconcebible, fuera de toda lógica democrática, la cesión concedida por su diario para la publicación el pasado día 03/05/18 de un artículo firmado por Nicolás Maduro, el actual presidente de Venezuela, devenido en tirano gobernante de nuestro país de origen después de sustituir al igualmente anti-demócrata ya fallecido, Hugo Chávez, el Teniente Coronel que intentó un Golpe de Estado en el año 1992.

Como ciudadanos de origen venezolano radicados en España nos ha dolido especialmente esta publicación porque significa una burla, una dura bofetada contra millones de venezolanos que al día de hoy viven inmersos en la más completa miseria y penurias de todo tipo como consecuencia directa de la gestión gubernamental iniciada por Hugo Chávez y continuada por Nicolás Maduro.

El periódico que usted dirige se ha destacado durante mucho tiempo por defender los valores democráticos. Ha levantado la voz en innumerables ocasiones a favor de que se castigue a quienes desde posiciones gubernativas de poder han violado la ley y pisoteado los derechos de los españoles, por eso nos causa estupor la divulgación de un artículo autoría de una persona que ya ha pasado a la historia por haber ocasionado con su gestión presidencial el mayor éxodo en la historia de Venezuela, por vulnerar de forma masiva los más elementales Derechos Humanos y por haber causado una crisis humanitaria de proporciones incalculables, haciéndose acreedor por ello de la condena y reprobación por parte de absolutamente todas las organizaciones de defensa de Derechos Humanos a nivel mundial.

Algunas cifras que demuestran esa represión y atropellos contra la libertad de los venezolanos son las siguientes: 34.332 detenidos de forma arbitraria desde el año 2013 hasta principios de 2018. Cierre de treinta y cinco medios de comunicación impresos solo entre los años 2013y 2018. Existencia de 373 presos de conciencia a inicios del año 2018 según el Foro Penal Venezolano, organización de defensa de los DDHH premiada en 2016 por el Colegio de Abogados de Barcelona. Más de 100.000 asesinatos desde el año 1999 debido a la inseguridad ciudadana sin que el gobierno haya tomado medidas para detener esta sangría. Su propio diario ha dado cuenta en innumerables ocasiones de esta dramática situación por lo cual esta situación no debería ser ninguna novedad para ustedes.

Señor director: la causa de la libertad y de la justicia debería ser el vínculo común entre los demócratas. Su diario debería ser uno de eso puntos de encuentro y así ha sido desde su fundación, pero Nicolás Maduro no es un demócrata, de hecho es un tirano. El actual primer mandatario venezolano abusa de un poder prácticamente ilimitado en un país donde hace ya mucho tiempo desaparecieron las condiciones básicas de separación de los poderes públicos, del respeto por los derechos civiles y de la igualdad ante la ley de los venezolanos.

Desde nuestra plataforma cívica no podemos dejar pasar por alto esta publicación. Es nuestra obligación reclamar enérgicamente en nombre de los presos políticos, de los torturados, de los asesinados y en general de todas las personas que han sufrido y sufren de una u otra manera la ejecutoria liberticida y déspota del actual gobierno venezolano dirigido por Nicolás Maduro. Y es nuestra obligación porque si alguno de nuestros coterráneos radicados en Venezuela cometiesen la imprudencia de emitir esta crítica estando allí, acabaría en un calabozo del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), la policía política venezolana que persigue, reprime y tortura a la disidencia venezolana contra la tiranía madurista.

Somos conscientes de que podrían ustedes apelar al derecho a la libertad de expresión. Sabemos que están en todo su derecho de prestar su tribuna mediática a quien libremente decidan. No seremos nosotros quienes pediremos censura hacia nadie ni que se coarte el ejercicio a la libre expresión de Nicolás Maduro, aunque él a título particular niegue ese derecho y castigue duramente a quienes lo ejercen para reprobarle. Esta misiva no posee esa intención pero consideren ustedes si en su momento habrían dado un espacio como este a personajes como Augusto Pinochet, Francisco Franco, Benito Mussolini o Jorge Videla. ¿Creen ustedes que habría sido de recibo, conforme a una mínima consideración hacia las víctimas de estos tiranos, el publicarle un artículo de opinión en su periódico?

No esperamos respuesta pública a esta pregunta pero sí esperamos que cada periodista, todas y cada una de las personas que forman parte de “El País” se la responda en su fuero interno. Ojalá que ningún otro colectivo vuelva a sufrir el escarnio y la vergüenza que el texto de marras, aparecido en su edición del día 03/05/18 ha provocado a millones de venezolanos.

Reciba usted nuestro más cordial saludo.

Tres diarios venezolanos, en la mira de Diosdado Cabello por Alonso Moleiro – El País – 30 de Abril 2018

El Nacional, Tal Cual y La Patilla.com enfrentan demandas interpuestas por Cabello por reproducir informaciones similares a las de The Wall Street Journal

El fallo del Tribunal del Segundo Circuito de Apelaciones de Estados Unidos en favor del periódico estadounidense The Wall Street Journal, luego de la demanda por difamación interpuesta por el dirigente chavista Diosdado Cabello, presenta un paradójico contrapunto: el de los medios de comunicación venezolanos que, desprovistos de la interpretación comprensiva de alguna instancia judicial, cursan hoy un laberíntico y riesgoso proceso judicial por razones similares.

The Wall Street Journal había publicado un artículo en 2015 en el cual hace señalamientos en torno a presuntos vínculos de Cabello con el narcotráfico. Los diarios El Nacional, Tal Cual —que hoy subsisten únicamente en sus versiones digitales—, y el portal LaPatilla.com, enfrentan una demanda civil y otra penal, en el cual podrían estar contemplados el pago de onerosas indemnizaciones, e incluso la prisión, por reproducir una información parecida publicada por el diario español ABC. Los miembros de las juntas directivas de las tres empresas —cuatro de Tal Cual, seis de La Patilla y 18 de El Nacional— están bajo régimen de presentación periódica ante los tribunales y con prohibición de salida del país.

Fundado el 1942 por el escritor Miguel Otero Silva, el diario El Nacional, es uno de los periódicos de mayor tradición editorial e impacto referencial del país. Su director, Miguel Henrique Otero, hijo de Otero Silva, está hoy en el exilio. Tal Cual es un tabloide fundado en el 2000, en los albores de la era bolivariana, por el político y escritor venezolano Teodoro Petkoff, Premio Ortega y Gasset, exlíder guerrillero en los años 60, devenido en editor, y conocido por su postura frontal frente al proyecto chavista. Las medidas judiciales adjudicadas a Tal Cual lo incluyen a él, y apenas ahora le ha sido sobreseída su causa, en virtud de su salud y su avanzada edad. La Patilla, el portal digital de mayor lectoría en el país, fue fundado por Alberto Federico Ravell, otro conocido periodista célebre por su oposición tenaz al chavismo, que lo dirige desde Colombia.

“En los Estados Unidos, la difamación no es considerada una ofensa criminal”, comenta Humberto Mendoza D’Paola, abogado de Tal Cual, quien teme por el desenlace de cada uno de los juicios, en particular porque el nuevo juez que conoce el caso “no nos ha concedido nada; parece que estuviera mandado contra nosotros”.

“Mientras eso pasa en los Estados Unidos, Cabello ejerce directamente su poder sobre los jueces en Venezuela, que no tienen la menor autonomía, que son provisionales, como es el caso de los dos que han conocido la causa, que son controlados por su partido y su persona”, afirma Manuel Puyana, director de la junta directiva de Tal Cual.

Antes de la segunda demanda de Cabello, de abril de 2015, Tal Cual ya cursaba una querella judicial con el dirigente, considerado el número dos del régimen bolivariano, cuya Junta de Directiva tuvo que responder por los contenidos de un artículo de opinión en el cual el activista opositor Carlos Genatios acusara a Cabello de emitir unos juicios que luego no pudo demostrar, y que causaron la cólera de éste.

“El Wall Street Journal lo que hace es profundizar los planteamientos que hace ABC, y se afinca en indagaciones que son oficiales”, agrega Puyana, quién recuerda que lo único que hizo Tal Cual es recoger la información generada, y para quién no deja de ser curioso como el dirigente tuvo que haber gastado una enorme suma de dinero litigando en un juicio que duró dos años en los Estados Unidos, y que luego perdió. Los gastos por pago de honorarios, de acuerdo a fuentes consultadas, podrían superar los 500.000 dólares

En varios oportunidades, Diosdado Cabello ha negado y ridiculizado las acusaciones en las cuales quedan insinuados sus vínculos con actividades ilegales, o la existencia de cuentas secretas en otras naciones, y ha retado a sus denunciantes a que lo demuestren. De acuerdo a su interpretación, se trata de conspiraciones urdidas por laboratorios de ”la derecha internacional” para perjudicarlo.

 

SIP reiteró la desaparición de la libertad de prensa en varios países de Latinoamérica por María Carolina Alvarado – Venepress.com – 15 de Abril 2018

Destacaron el aumento en las políticas de estado en Venezuela para silenciar a los periodistas

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El presidente de la de la Sociedad Interamericana de Prensa, Gustavo Mohme, se refirió a la preocupante situación de riesgo que viven los periodistas y trabajadores de la comunicación en Cuba y Venezuela.

Tras revisar los informes las delegaciones de los países de la región durante la reunión de mitad de año realizada en Medellín, Mohme aseguró que los regímenes represivos de Venezuela y Cuba no solo están afectando la libertad de prensa y de expresión sino el funcionamiento del aparato comunicacional, entre otras cosas, refirió.

Alertó sobre la desaparición del libre ejercicio del periodismo, el aumento del hostigamiento psicológico, judicial y penal, haciendo en su balance, casi imposible la atención de las necesidades de la población.

Al respecto el delegado encargado de presentar el informe de la situación de Venezuela, Miguel Enrique Otero, detalló que “en términos generales” al comparar los hechos ocurridos entre abril de 2017 y mayo de 2017 “las agresiones se han multiplicado”, afirmó el periodista.

Explicó que existe “una política de Estado” contra la prensa palpable en la agresiones que “no ocurren de forma aislada o accidental” sino que obedecen a “todo un plan concebido y ejecutado por unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en particular”.

El optimismo se aleja de las proyecciones periodísticas en Cuba

El informe compartido por el director ejecutivo de la SIP, Ricardo Trotti, debido a la imposibilidad del delegado de salir de Cuba, se destaca que el gobierno busca “un país mudo, sordo, y ciego”.

A pocos días de plantearse un cambio político con la salida de Raúl Castro el próximo 19 de abril, los datos del informe distan del optimismo, al considerar que “no se esperan mejoras”, ya que mantendrá el cargo de primer secretario del Partido Comunista.

Por el contrario tras las iniciativas del gobierno de los estados Unidos en crear un grupo para apoyar el acceso de los cubanos a internet y el desarrollo de medios independientes, el estado cubano ha “incrementó la agresividad contra los periodistas no oficialistas”.

Repudio al asesinato de periodistas ecuatorianos

Los periodistas reunidos en la cita semestral exigieron “justicia y protección” y “el fin de la Impunidad en nombre de los miles de periodistas que a diario arriesgan sus vidas para mantener al público informado” tal y como detalló el comunicado difundido por la organización.

También denunciaron le falta transparencia del Gobierno ecuatoriano en los protocolos de información sobre la situación desde el momento de su secuestro hasta la actualidad, cuando a pesar de tener confirmación del asesinatos de lo9s periodistas, aún se desconoce el paradero de sus restos.

 

Sebin arremete contra la prensa en casa de Leopoldo López – La Patilla – 1 de Marzo 2018

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Funcionarios del Sebin apostados en la casa de Leopoldo López, en la urbanización Los Palos Grandes de Caracas, detuvieron a periodistas que fueron a las inmediaciones a recopilar información, luego de que el servicio de inteligencia tomara por asalto la casa del líder de Voluntad Popular en la mañana de este jueves.

Vestidos con pasamontañas y armados hasta los dientes, los funcionarios habrían detenido al menos a cuatro periodistas : Luis Gonzalo Pérez, Rafael Hernández, Vanessa Rivas y Jhonathan Guaricuco.

La esposa de Leopoldo López y defensora de los Derechos Humanos, Lilian Tintori, informó este jueves que efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) entraron en horas de la mañana a su residencia de manera brusca.

“URGENTE El SEBIN ha entrado a nuestra casa y permanece allí. Esto es ilegal, no quieren salir y dicen que es una “nueva orden de arriba”, escribió Tintori en su cuenta en la red social Twitter.

Leopoldo López, tras meses de silencio en arresto domiciliario habló en exclusiva con The New York Times sobre el futuro político del país, su experiencia y sus aprendizajes en la prisión militar y su esperanza de una salida a la crisis.

Al mediodía fueron liberados casi la totalidad de los reporteros. Más tarde, después de la 1 de la tarde, liberaron a los periodistas Vanessa Rivas y Jhonathan Guaricuco de Caraota Digital.

 

Lo que sabe Zapatero por Moisés Naím – El País – 25 de Febrero 2018

ekcn7iBy_400x400Los venezolanos quieren votar, pero no en elecciones donde las trampas y los trucos garanticen la continuidad de este Gobierno

¿Cómo se sentirían los españoles si un Gobierno con propensiones autoritarias convoca unas elecciones adelantadas en las que los partidos opositores están invalidados, sus principales dirigentes están presos o exiliados y el árbitro electoral es un ente controlado por el presidente que busca ser reelecto? Para ser más concreto, ir a unas elecciones que se celebrarán dentro de unas semanas y en las cuales el PSOE está invalidado, Pedro Sánchez está preso y Albert Rivera, en el exilio.

Eso sería inaceptable. Y, seguramente, eso lo sabe el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, esa es la propuesta que Zapatero quiere que acepte la oposición venezolana.

Cuando decidieron negociar con el régimen de Nicolás Maduro su participación en las próximas elecciones, los grupos opositores tenían unos objetivos muy concretos: que se organizaran unos comicios presidenciales transparentes, libres y competitivos; que se liberara a todos los presos políticos; que se restituyeran los derechos políticos a los candidatos opositores arbitrariamente inhabilitados; que se reconociera la Asamblea Nacional elegida por el pueblo y, lo más importante, que se atendiera la crisis que está diezmando a los venezolanos. Nada de eso resultó aceptable para el Gobierno de Maduro

Y eso lo sabe Zapatero.

Todos los sondeos de opinión muestran que la mayoría de los venezolanos no quiere que Nicolás Maduro siga siendo su presidente. Y la gran mayoría desea que la salida del actual régimen sea democrática y sin violencia. ¡Quieren votar! Pero no en elecciones donde las trampas y los trucos garanticen la continuidad de este Gobierno. El Consejo Nacional Electoral es el árbitro, en teoría independiente, que está a cargo de garantizar la pulcritud de las elecciones. En la práctica es, desde hace casi dos décadas, un desvergonzado y transparente apéndice del Gobierno.

Eso lo sabe Zapatero.

La gran mayoría de los medios de comunicación están controlados directa o indirectamente por el régimen, que los usa como un potente instrumento de propaganda. También son la fuente de constantes e inmisericordes ataques a la oposición, a la cual no se le permite el derecho de réplica o la rectificación de las infamias que diariamente diseminan los órganos del Estado. Eso lo sabe Zapatero.

El Gobierno no ha permitido la presencia de observadores internacionales neutrales y cualificados en ninguna de las elecciones que ha habido y en las que están por venir. Eso también lo sabe Zapatero.

Más aún, los líderes de la oposición más populares, competentes y electoralmente competitivos están presos, han sido inhabilitados por jueces leales al Gobierno o han debido huir al exilio. Y sí, eso lo sabe Zapatero.

A los 28 años, David Smolansky fue electo alcalde de El Hatillo, una zona adyacente a Caracas. El alcalde más joven en la historia de Venezuela llevó a cabo una gestión exitosa y supo sobreponerse a las más burdas maniobras del Gobierno para hacerlo fracasar. La popularidad y el éxito de Smolansky resultaron intolerables para Maduro y sus esbirros. El joven alcalde fue acusado por el Tribunal Supremo de Justicia, otro apéndice del Gobierno, de no reprimir con violencia las protestas pacíficas que ocurrieron en su jurisdicción. Fue inmediatamente destituido y se ordenó su arresto y traslado a una cárcel donde rutinariamente los presos políticos son torturados. Smolansky se negó a entregarse y estuvo 35 días en fuga. Finalmente, se lanzó a un arriesgado periplo por el sur de Venezuela que le permitió entrar a Brasil por la ruta de la selva. En un gesto que les honra, las autoridades brasileñas lo acogieron. Hoy el joven político vive en el exilio y sueña con volver a trabajar por Venezuela. El de Smolansky no es un caso aislado. Otros 12 alcaldes han sido arbitrariamente destituidos, y la mitad de ellos han sido encarcelados y maltratados.

Y, por supuesto, todo esto lo sabe Zapatero.

Hace pocos días, el exjefe del Gobierno español participó junto con Pablo Iglesias, el líder de Podemos, en un acto de apoyo a Evo Morales, el presidente de Bolivia. Morales lleva doce años en el poder y aspira a un cuarto mandato. La Constitución boliviana no contempla esa posibilidad: un presidente solo puede permanecer en el cargo dos periodos consecutivos. En 2016 Morales convocó un referéndum nacional para eliminar esa limitación. Lo perdió. Sin amilanarse, el presidente apeló entonces al Tribunal Constitucional, cuyos magistrados no tuvieron problema alguno en decidir que Morales puede postularse una vez más a la presidencia de Bolivia.

La conducta de Evo Morales no merece el aval y el aplauso de un demócrata.

Y Zapatero lo sabe.

 

Periodistas demandados por reportaje sobre corrupción en la importación de alimentos – Instituto Prensa y Sociedad – 5 de Febrero 2018

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Tribunales de Caracas admitieron demanda por difamación contra el equipo de Armando.info, ante un reportaje de investigación en torno a hechos de corrupción en la importación de alimentos en Venezuela
Alex Saab, contratista del Estado, acusó a Roberto Deniz, Joseph Poliszuk, Alfredo Meza y Ewald Scharfenberg de afectar su labor empresarial en Venezuela, y también la reputación de su familia
IPYS Venezuela ha registrado 31 demandas por difamación, ejercidas por funcionarios públicos y contratistas del Estado en su mayoría, contra 40 periodistas y representante de medios de comunicación

En tiempo récord, los tribunales de Caracas engranaron la maquinaria judicial para silenciar las denuncias de corrupción por la importación de alimentos y admitir la demanda número 31 por difamación e injuria, que se dio en Venezuela entre 2002 y 2017. En menos de dos semanas, la justicia aceptó la solicitud de investigar a Roberto Deniz, Joseph Poliszuk, Alfredo Meza y Ewald Scharfenberg, reporteros y editores de Armando.info, portal especializado en periodismo de investigación. Fueron acusados por el empresario colombiano Alex Saab quien introdujo la demanda por los delitos “difamación agravada continuada” e “injuria agravada”, de acuerdo al expediente al que tuvo acceso IPYS Venezuela en enero de 2018. Leer más de esta entrada

Discurso de aceptación del Premio Oxfam Novib / Pen en La Haya, Holanda por Milagros Socorro – Reporte Confidencial – 25 de Enero 2018

1516894140_big.jpgSoy escritora y vengo de Venezuela.

Mi apellido, el que me legó mi padre, es Socorro, que en inglés significa Ayuda.

Mi país ha sido destruido por una dictadura que ha arrasado con la economía, las instituciones y las libertades. En las calles de Venezuela miles de personas hurgan en la basura para comer directamente de ella.
Pero yo no he venido a pedir ayuda para mí, ni para mi amado y castigado país. Yo he venido a La Haya a darles ayuda a ustedes. He venido a recordarles que las libertades no son islotes que flotan aislados unos de otros, sino que todas están unidas entre sí y ancladas en el cuerpo de la sociedad cuya sangre y vitalidad comparten. Sin libertades políticas no hay libertades económicas. Sin libertad de empresa no hay medios de comunicación, ni empleos para los periodistas, ni oferta plural para las audiencias. Y cuando todas estas libertades han sido abolidas, no es posible que haya libertad de expresión.

En Venezuela no hay libertades políticas, económicas, de empresa ni de expresión. Y, sin embargo, los periodistas venezolanos seguimos denunciando los atropellos y crímenes de la dictadura que ha secuestrado a Venezuela ante la mirada de la comunidad internacional que no ha articulado ninguna medida eficaz frente a la espantosa crisis humanitaria y los asesinatos que sin pudor perpetra el régimen.

Los periodistas venezolanos acusamos a la tiranía y a sus cómplices dentro y fuera de Venezuela, no porque las leyes y las destrozadas instituciones nos garanticen ese derecho, sino porque crecimos y fuimos en la democracia de Venezuela que durante cuatro décadas fue notable en América Latina. Tenemos la libertad en el alma como un farol que en medio de la noche guarda la llama y la proyecta.

Yo ejerzo la libertad de expresión que mi país no me garantiza. De eso no hay duda. Porque fui formada en la casa de mis padres, en la escuela y en la Universidad del Zulia en el compromiso con la justicia, con la verdad y con la belleza. Nací en la democracia de Venezuela y a ella me debo con todo mi corazón. No hay palabra, idea, determinación ni sueño que no hayan sido puestos en mi mente y en mi alma por la tradición democrática de Venezuela. No hay, pues, otro horizonte para mí.

He venido aquí a decirles que todo lo que damos por ganado puede perderse en un minuto. He venido a recordarles que la libertad de cada quien termina no donde empieza la del otro, como suele decirse, sino cuando es amenazada la del otro. He venido a sugerirles que cuiden y valoren sus democracias y sus libertades, porque los peligros que las acechan son reales y voraces.

El premio Oxfam Novib/PEN para la libertad de expresión es un inmenso honor, que agradezco en nombre del valiente e infatigable periodismo venezolano. Recibo este premio en nombre de mi gremio, al que mucho me enorgullezco de pertenecer. Y dono el dinero que lo acompaña a mi liceo, el Colegio San Pablo, de los Hermanos Maristas, en Machiques, mi pueblo cercano a la frontera con Colombia. Porque quiero contribuir a que los niños venezolanos de hoy tengan la oportunidad de formarse también en la libertad y en el compromiso con nuestro país.
Mil gracias.

La Haya, 18 de enero de 2018

Venezuela Eventos de 2017 – Informe de Human Rights Watch – Enero 2018

logo.pngActualmente no quedan en Venezuela instituciones gubernamentales independientes en pie que puedan poner freno al poder ejecutivo. A través de una serie de medidas, el gobierno venezolano —con Maduro en la presidencia y, anteriormente, con Chávez— ha copado los tribunales de jueces que ni siquiera pretenden actuar de manera independiente. El gobierno ha arremetido contra críticos a través de represión en las calles, habitualmente violenta, el encarcelamiento de opositores y el juzgamiento de civiles en la justicia militar. También ha despojado de sus poderes a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.

Debido a la grave escasez de medicamentos, insumos médicos y comida, muchos venezolanos no pueden alimentar adecuadamente a sus familias ni acceder a la atención médica más básica. En respuesta a la crisis de derechos humanos y humanitaria, cientos de miles venezolanos están huyendo del país.

Otras preocupaciones que persisten son las condiciones deficitarias en los centros de detención, la impunidad de violaciones de derechos humanos y el hostigamiento a defensores de derechos humanos y medios de comunicación independientes por parte de las autoridades.

El gobierno venezolano ha empleado en forma sistemática fuerza brutal, incluidas torturas, contra manifestantes críticos del gobierno y opositores políticos.
Persecución de opositores políticos

El gobierno venezolano ha encarcelado a opositores políticos y los ha inhabilitado para postularse a cargos públicos. Al momento de elaboración de este documento, había más de 340 presos políticos en cárceles o sedes del servicio de inteligencia venezolano, según datos del Foro Penal, una red venezolana de abogados defensores penalistas que trabajan ad honórem.

A mediados de 2017, luego de procedimientos sumarios que no respetaron las normas internacionales sobre debido proceso, el Tribunal Supremo de Justicia condenó arbitrariamente a cinco alcaldes opositores a 15 meses de prisión y los inhabilitó para postularse a cargos públicos. Cuando se redactó este documento, uno de ellos estaba detenido en la sede del (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN) en Caracas y los demás habían huido del país. Al menos otros nueve alcaldes estaban sujetos a un mandamiento de amparo cautelar del Tribunal Supremo, que podría llevar a la imposición de similares penas de prisión si se determinara que los alcaldes violaron las disposiciones de esas medidas cautelares.

El dirigente opositor Leopoldo López cumple una condena de más de 13 años de prisión por haber presuntamente incitado a la violencia durante una manifestación en Caracas en febrero de 2014, a pesar de la falta de pruebas creíbles en su contra.

Luego de tres años y medio en prisión, se le concedió a López arresto domiciliario en julio de 2017, pero fue detenido nuevamente en medio de la noche algunas semanas después, tras haber criticado públicamente al gobierno. Esa misma noche, agentes de inteligencia detuvieron al exalcalde opositor Antonio Ledezma, que estaba en prisión domiciliaria desde 2015 y había publicado un video crítico del gobierno poco tiempo antes.

El Tribunal Supremo más tarde emitió una declaración indicando que López no tenía permitido realizar ningún tipo de “proselitismo político” y que Ledezma debía abstenerse “de emitir declaraciones ante cualquier medio”, y añadió además que “fuentes de inteligencia” informaron que tenían un plan de fuga. Ambos hombres obtuvieron nuevamente el arresto domiciliario algunos días después. En noviembre, Ledezma huyó de Venezuela.

Varias otras personas arrestadas en relación con las protestas contra el gobierno de 2014 o acciones posteriores de activismo político permanecen en arresto domiciliario o están detenidas a la espera de un juicio.

Represión de protestas

Entre abril y julio de 2017, miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, junto con grupos armados partidarios del gobierno llamados “colectivos”, han atacado con violencia manifestaciones contra el gobierno, en algunas de las cuales participaron decenas de miles de venezolanos. Miembros de las fuerzas de seguridad han disparado municiones antidisturbios a quemarropa contra manifestantes, arrollado con vehículo blindado a personas que se manifestaban, golpeado brutalmente a personas que no mostraron resistencia y llevado a cabo violentos allanamientos en edificios de departamentos.

Según el Ministerio Público, al 31 de julio al menos 124 personas habían muerto durante incidentes relacionados con las protestas. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indicó en agosto que más de la mitad de las muertes habían sido provocadas por agentes de seguridad o colectivos. El gobierno venezolano afirma que 10 miembros de las fuerzas de seguridad murieron en el contexto de manifestaciones, e informó sobre varias instancias de violencia contra simpatizantes del gobierno.

A fines de julio, antes de que la Asamblea Nacional Constituyente destituyera a la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, su institución estaba investigando casi 2.000 casos de personas heridas en el marco de las protestas. Si bien este número parece haber incluido casos en los cuales los presuntos autores fueron manifestantes y miembros de las fuerzas de seguridad, en más de la mitad de los casos, el Ministerio Público estaba investigando presuntas violaciones de derechos fundamentales.

Entre abril y noviembre, se detuvo a cerca de 5.400 personas en relación con protestas, incluidos manifestantes, transeúntes y personas que fueron llevadas de sus casas sin la orden judicial correspondiente, indicó el Foro Penal. Cuando se redactó este documento, cerca de 3.900 habían recibido la libertad condicional pero todavía enfrentaban causas penales.

Integrantes de las fuerzas de seguridad también han cometido graves abusos contra detenidos que, en algunos casos, constituyen torturas, como violentas golpizas, descargas eléctricas, asfixia y abusos sexuales. La justicia militar ha procesado a más de 750 civiles, en contravención a lo dispuesto por el derecho internacional.

A comienzos de 2014, las autoridades respondieron a manifestaciones masivas contra el gobierno con un uso excesivo de la fuerza. En muchos casos, los miembros de las fuerzas de seguridad mantuvieron a los manifestantes incomunicados en bases militares por 48 horas o períodos mayores, y algunos cometieron violaciones de derechos humanos aberrantes, como violentas golpizas, descargas eléctricas o quemaduras, y obligar a los detenidos a mantenerse en cuclillas o arrodillados, sin moverse, por varias horas.

Ninguna alta autoridad ha sido juzgada por estos abusos.

Asamblea Nacional Constituyente

En mayo, Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente por decreto presidencial, pese al requisito constitucional que exige, para reformar la constitución, celebrar antes una consulta popular. La asamblea está integrada exclusivamente por partidarios del gobierno, designados mediante una elección que tuvo lugar en julio y que Smartmatic, la empresa contratada por el gobierno para verificar los resultados, determinó posteriormente que había sido fraudulenta.

La Asamblea Nacional Constituyente tiene amplios poderes que van mucho más allá de redactar la constitución. En agosto, apenas empezó a funcionar, los miembros de la asamblea asumieron todas las facultades legislativas y destituyeron a la Fiscal General Ortega Díaz —que anteriormente había sido leal al gobierno y, a fines de marzo, empezó a criticarlo— y nombraron a un partidario del gobierno en el cargo. En noviembre, junto con el Tribunal Supremo, quitó la inmunidad parlamentaria al vicepresidente de la Asamblea Nacional Freddy Guevara.

Operación Liberación del Pueblo

A partir de julio de 2015, el Presidente Maduro movilizó a más de 80.000 integrantes de las fuerzas de seguridad en todo el país, en el marco de una iniciativa denominada la “Operación Liberación del Pueblo” (OLP), para hacer frente al agravamiento de la situación de inseguridad. Las redadas policiales y militares llevadas a cabo en comunidades populares y de inmigrantes dieron origen a señalamientos generalizados de abusos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias masivas, maltrato de detenidos, desalojos forzados, destrucción de viviendas y deportaciones arbitrarias.

En noviembre de 2017, la fiscal general indicó que más de 500 personas habían muerto durante redadas de la OLP entre 2015 y 2017. En reiteradas declaraciones, funcionarios del gobierno afirmaron que las muertes se produjeron durante “enfrentamientos” con delincuentes armados, algo que en muchos casos niegan los familiares de las víctimas o los testigos. En varios casos, las víctimas fueron vistas con vida por última vez cuando estaban bajo custodia policial.

Crisis humanitaria

Los venezolanos enfrentan una severa escasez de medicamentos, insumos médicos y alimentos que cercena gravemente su derecho a la salud y la alimentación. En 2017, la ministra de salud venezolana divulgó datos oficiales correspondientes a 2016 que indicaban que, en un año, la mortalidad materna aumentó un 65 %, la mortalidad infantil un 30 % y los casos de malaria un 76 %. Algunos días después, la ministra fue despedida. Según Cáritas Venezuela, los casos de desnutrición severa de niños y niñas menores de 5 años aumentaron del 10,2 % en febrero de 2017 al 14,5 % en septiembre de 2017, lo cual traspasó el umbral de crisis establecido por la Organización Mundial de la Salud.

Independencia judicial

Desde que el expresidente Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional llevaron a cabo en 2004 un copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia, el poder judicial ha dejado de actuar como un poder independiente del gobierno. Miembros del Tribunal Supremo han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes y han expresado de manera pública su compromiso con promover la agenda política del gobierno actual.

Desde que la oposición asumió la mayoría en la Asamblea Nacional en enero de 2016, el Tribunal Supremo ha invalidado casi todas las leyes que se aprobaron. En marzo de 2017, el Tribunal Supremo se arrogó todas las facultades legislativas y dio marcha atrás parcialmente recién cuando se expresaron fuertes críticas en Venezuela y el exterior.

Libertad de expresión

Durante más de una década, el gobierno ha ampliado y ejercido en forma abusiva su facultad de regular los medios de comunicación, y ha reducido la cantidad de medios críticos. La legislación vigente concede al gobierno la potestad de suspender o revocar licencias a medios privados cuando “lo juzgue conveniente a los intereses de la Nación”, permitir la suspensión arbitraria de sitios web en el supuesto de “incitación” —una infracción definida de manera muy vaga— y penalizar las expresiones “ofensivas” sobre funcionarios gubernamentales. Si bien algunos periódicos, páginas web y estaciones de radio critican al gobierno, la autocensura por temor a represalias gubernamentales es muy habitual.

Miembros de las fuerzas de seguridad detuvieron, interrogaron y confiscaron equipos a varios periodistas durante 2017. Se impidió que algunos periodistas internacionales ingresaran al país, o fueron detenidos por informar sobre las protestas contra el gobierno o la crisis de salud. Se quitó del aire a varios canales de noticias de cable y estaciones de radio.

En noviembre, la Asamblea Nacional Constituyente adoptó una “Ley contra el odio” que contiene expresiones imprecisas que socavan la libertad de expresión. Prohíbe a los partidos políticos que “promuevan el fascismo, la intolerancia o el odio” y prevé penas de prisión de hasta 20 años contra quienes publiquen “mensajes de intolerancia y odio” en medios de comunicación tradicionales y medios sociales.

Defensores de derechos humanos

Las medidas gubernamentales para restringir el financiamiento internacional de organizaciones no gubernamentales, sumadas a las reiteradas acusaciones infundadas —realizadas por funcionarios y partidarios del gobierno— de que los defensores de derechos humanos pretenden desestabilizar la democracia venezolana, generan un clima hostil que afecta la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil de promover los derechos humanos.

En 2010, el Tribunal Supremo determinó que las personas u organizaciones que reciban financiamiento del exterior podrían ser juzgadas por traición a la Patria. Ese año, la Asamblea Nacional promulgó una ley que impide a organizaciones dedicadas a la “defensa de los derechos políticos” o el “control sobre los poderes públicos” recibir financiamiento internacional.

Discriminación política

Según se indicó en medios de comunicación venezolanos, cientos de empleados públicos fueron despedidos en 2016 por haber apoyado el referéndum revocatorio del Presidente Maduro, y en 2017 muchos otros fueron amenazados con ser despedidos por apoyar la consulta pública organizada por la oposición contra la propuesta del gobierno de crear una Asamblea Nacional Constituyente. Otros informes indican que un programa gubernamental que distribuye alimentos y artículos básicos a precios controlados por el gobierno discrimina contra los críticos del gobierno.

Condiciones en centros de detención

La corrupción, la seguridad deficiente, el deterioro de la infraestructura, la sobrepoblación, la falta de personal suficiente y la capacitación inadecuada de guardias han permitido que pandillas armadas ejerzan el control efectivo de las cárceles. En agosto, murieron 37 internos —casi la mitad de los detenidos— en el Centro de Detención Judicial de Amazonas en Puerto Ayacucho, y 14 guardias de seguridad resultaron heridos cuando las fuerzas de seguridad habrían intentado tomar el control de la cárcel.

Actores internacionales clave

En marzo y julio, el Secretario General de la OEA Luis Almagro presentó dos informes integrales sobre la crisis humanitaria y de derechos humanos en Venezuela, en el marco de una discusión sobre el cumplimiento, por parte de Venezuela, de la Carta Democrática Interamericana, un acuerdo que tutela las garantías democráticas y de derechos humanos en los Estados Miembros de la OEA. Entre septiembre y noviembre, la OEA celebró una serie de audiencias públicas en las cuales víctimas brindaron su testimonio a tres expertos que evaluaron si los abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas podrían constituir delitos de lesa humanidad.

En agosto, el bloque de comercio regional Mercosur suspendió por tiempo indefinido a Venezuela, aplicando el Protocolo de Ushuaia, un acuerdo que permite al bloque suspender a un miembro cuando haya una “ruptura del […] orden constitucional”.

También en agosto, 17 ministros de Relaciones Exteriores de América se reunieron en Perú para analizar la crisis venezolana. Doce de ellos —11 gobiernos latinoamericanos y Canadá— firmaron la Declaración de Lima, un documento integral que condena la ruptura del orden democrático y la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela. Los 12 manifestaron que no reconocerían a la Asamblea Nacional Constituyente ni a sus resoluciones, se comprometieron a que cesara la transferencia de armas a Venezuela y expresaron preocupación por la crisis humanitaria y la negativa del gobierno a aceptar asistencia humanitaria internacional. También expresaron su voluntad de apoyar esfuerzos que faciliten negociaciones creíbles y de buena fe, orientadas a restablecer pacíficamente la democracia en el país.

El gobierno denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CIDH), y privó así a ciudadanos y residentes de la posibilidad de solicitar la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando no estén disponibles recursos locales o estos no sean efectivos para la reparación de abusos cometidos después de 2013. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sigue dando seguimiento a la situación en Venezuela, aplicando la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que no es un instrumento que esté sujeto a la ratificación por los Estados.

En agosto de 2017, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos difundió un informe que concluyó que las autoridades venezolanas habían cometido violaciones de derechos humanos y abusos extendidos en la respuesta a las manifestaciones contra el gobierno. El “uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva durante las manifestaciones y la detención arbitraria de manifestantes y presuntos opositores políticos denota que no se trata simplemente de actos ilegales o insubordinados de funcionarios aislados”, indicó el informe.

En septiembre, el alto comisionado presentó sus conclusiones al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, indicó que “es posible que se hayan cometido delitos de lesa humanidad” en Venezuela, e instó a que se lleve a cabo una investigación internacional. Numerosos Estados manifestaron preocupación por las violaciones de derechos humanos en el país.

En 2015, el Presidente de Estados Unidos Barack Obama aplicó por decreto sanciones específicas a siete funcionarios del gobierno venezolano. En julio de 2016, el Congreso estadounidense prorrogó hasta 2019 su facultad de inmovilizar activos y denegar visas a funcionarios acusados de abusos a participantes en las protestas contra el gobierno de 2014.

En 2017, el gobierno estadounidense emitió otras sanciones internacionales contra funcionarios venezolanos clave, incluido el Presidente Maduro, así como sanciones financieras que incluyen la prohibición de acuerdos sobre nuevas acciones y bonos emitidos por el gobierno venezolano y compañías petroleras estatales. La amenaza expresada por el Presidente Trump en agosto de usar la fuerza militar contra Venezuela recibió fuertes críticas en la región.

La Unión Europea ha manifestado reiteradamente consternación por el deterioro de la situación en Venezuela, y repudió la represión violenta de protestas pacíficas y la persecución de opositores políticos. En noviembre, aplicó un embargo de armas sobre Venezuela y anunció sanciones específicas a funcionarios venezolanos.

Los esfuerzos internacionales para mediar entre el gobierno y la oposición con el fin de restablecer el orden democrático en Venezuela no han derivado en resultados sustanciales.

Como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Venezuela ha votado reiteradamente contra la evaluación de violaciones de derechos humanos en otros países, y se opuso a resoluciones que alertaban sobre abusos en países como Siria, Bielorrusia, Burundi e Irán.

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