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La crisis y la censura de Maduro condenan a ‘El Nacional’ a cerrar su edición impresa por Alonso Moleiro – El País – 14 de Diciembre 2018

El diario, emblema del periodismo venezolano, solo será accesible a través su web tras 75 años en los kioscos

Una periodista, en la redacción de 'El Nacional' en Caracas.
Una periodista, en la redacción de ‘El Nacional’ en Caracas. FEDERICO PARRA AFP

La crisis económica y los Gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro han asfixiado un emblema del periodismo venezolano. El Nacional, diario de referencia del país sudamericano, ha dejado de circular en pape tras 75 años publicándose. Miguel Henrique Otero, presidente y editor de la cabecera, quiso asumir este revés como una circunstancia transitoria y declaró que el periódico redoblará esfuerzos para impulsar su versión digital.

En 2014 el Ejecutivo de Maduro asumió por completo el monopolio de la concesión del papel para la prensa a través de la denominada Corporación Alfredo Maneiro, convirtiéndola en un eficaz instrumento de censura. Es decir, lo dispensó a los medios alineados con su causa política y lo negó a los rotativos críticos. A ese impedimento se sumó la escasez de divisas y las múltiples distorsiones de la gestión económica actual, que terminaron por decretar la extinción de la edición de uno de los buques insignia de la prensa en Venezuela.

En su editorial de este jueves, titulado Un descanso en el camino, el diario anuncia formalmente que no circulará más en papel y dice aspirar a que la situación sea solo transitoria. “¿Ganan los enemigos de la libertad de expresión, triunfan los corruptos bolivarianos, descansan y duermen tranquilos los militares que se aprovechan de sus posiciones para amasar fortunas y garantizar por décadas sus riquezas familiares? No, nada de eso (…) El Nacional impreso se toma un descanso que no será prolongado ni definitivo”, dicen los editores del periódico.

Cercano a Hugo Chávez en sus primeros años, en los cuales este ni siquiera hablaba de socialismo, El Nacional ha tenido, desde 2001, un tortuoso y accidentado pulso con el Gobierno venezolano. Sus sedes han sido atacadas con lluvias de botellas por simpatizantes chavistas. Sucedió al menos en tres ocasiones, en medio de una impunidad total. Sufrió atentados con artefactos explosivos. Y el cerco tributario llegó a ser feroz: sus propietarios y directivos tienen varias demandas penales y civiles y muchos de sus periodistas han sido golpeados en la calle. Sus propietarios han sido ridiculizados y amenazados en cadenas presidenciales y programaciones del canal estatal, Venezolana de Televisión. Miguel Henrique Otero, su presidente, vive en el exilio en Madrid.

Fundado en 1943 por el escritor y periodista venezolano Miguel Otero Silva, padre de Miguel Henrique, El Nacional logró conservar una saludable equidistancia de las pasiones políticas palaciegas y obtuvo un enorme prestigio en el país durante varias décadas del siglo XX.

Por sus páginas desfiló, en un tiempo en el cual casi toda la región latinoamericana cursaba la oscuridad de las dictaduras militares y la censura, parte de lo más granado del pensamiento y la palabra latinoamericana de los años sesenta, setenta, ochenta e, incluso, de los noventa, incluyendo a Pablo NerudaTomás Eloy MartínezGabriel García Márquez, Gabriela MistralMario Vargas Llosa, Plinio Apuleyo Mendoza, Alfredo Bryce Echenique, Miguel Ángel Asturias, Juan Carlos Onetti e Isabel Allende; y a los venezolanos Arturo Uslar Pietri, Salvador Garmendia, José Ignacio Cabrujas, Juan Nuño, Ibsen Martínez, Adriano González León, Moisés Naim y Alberto Barrera Tyszka. Su Papel literario,la revista cultural del periódico, dirigida por Juan Liscano, fue pionero en su género en la región.

Ha sido el Gobierno de Maduro, en particular, el que ha emprendido la embestida más letal contra el panorama de medios de comunicación en Venezuela en los últimos cuatro años. En 2014, capitales chavistas de origen desconocido llevaron a cabo, en una confusa maniobra mercantil, la compra de El Universal y Últimas Noticias, otros de los dos grandes periódicos del país. Una operación que fue orquestada por miembros del Gobierno y que modificó por completo la orientación editorial de estas empresas.

La sala de redacción de El Nacional, multitudinaria hasta hace unos años, se ha contraído en un 90%. Un puñado de periodistas comprometidos sigue llevándolo adelante en precarias condiciones salariales. Muchos se han ido del país. Dirigido en este momento por los periodistas Patricia Spadaro y Eduardo Ponte, el periódico estudia dar un salto en su edición digital. Todavía es uno de los portales más visitados de Venezuela. Su versión web también sufre ataques silenciosos para bloquear su señal.

“Esto es un drama, pero es una oportunidad”, dice Otero. “Usaremos todas nuestras relaciones, nuestro capital humano, para construir una plataforma digital mucho más moderna, a la altura de las mejores del mundo. A mí me ofrecieron 170 millones de dólares en 2014 para que vendiera el periódico y les dije que no. No vamos a nadar para morir en la orilla, vamos a la batalla. A nosotros nos va a tocar titular el regreso a la democracia y para eso no queda mucho tiempo”.

Censura financiera acaba con medios impresos venezolanos por Maruja Dagnino – Transparencia Venezuela – Noviembre 2018

Con la colaboración de Pedro Pablo Peñaloza, Yonaide Sánchez, Briceida Morales, Daniel Pabón,
Ronny Rodríguez, Humberto Torres, Jesús Urbina Serjant y Alba Ysabel Perdomo

Muchos sonrieron –tal vez comprensiblemente- cuando el viernes 5 de octubre de 2018 el Partido Comunista de Venezuela, tolda afín al oficialismo, anunció que su periódico Tribuna Popular dejaba de circular.  Esto ocurría un día antes de celebrar su edición número 3.000, como consecuencia de las precarias condiciones económicas del país de Maduro, y por la falta de papel. Y de planchas. Y de tinta. Según declaró la dirigencia del partido en un comunicado público que se hizo viral.

En un texto titulado “Nicolás, ¿te acuerdas de Tribuna Popular?”, el periodista Vladimir Villegas recuerda que en el liceo José Ávalos, cuando él mismo era militante de la Juventud Comunista, se llegó a un acuerdo electoral con los partidos de izquierda Bandera Roja, PRV y la Liga Socialista para presentar una plancha unitaria, cuyo presidente fue Nicolás Maduro, aunque Juan Barreto parecía tener más popularidad. Y fue en los talleres de Tribuna Popular en San Martín donde se imprimieron los carteles para la propaganda electoral del mismo Maduro, bajo cuya administración hoy se ejecuta la muerte no solo de Tribuna Popular sino de la prensa escrita en general.

Califica Villegas como una “ironía” o “travesura de la vida” el hecho de que el septuagenario periódico del PCV haya dejado de circular por falta de papel en un país gobernado por quien fuera en ese entonces el beneficiario de Tribuna Popular. Nos guste o no, es un testimonio histórico de un país plural y democrático. Todo esto ocurre en el contexto de un Estado que se atribuye la prerrogativa de distribuir el papel periódico a través de una empresa llamada Complejo Editorial Alfredo Maneiro, CEAM, presidida por Hugo Cabezas, un hombre muy cercano a Chávez, exgobernador del estado Trujillo, exdirector del Saime y ministro de la Secretaría de la Presidencia, cartera que dejó para hacerse cargo de la corporación. Una empresa que recibe todas las divisas preferenciales para la importación de papel, en un país donde éste no se produce.

Cuarenta y cuatro medios impresos dejaron de circular en Venezuela de forma definitiva desde 2013, y otros 14 cesaron sus labores de forma temporal. De esa cifra, 30 han salido de circulación este mismo año 2018 y 10 de ellos anunciaron cierre total de operaciones. Es decir, ni siquiera abrigaron la posibilidad de emigrar a internet. Estas son las cifras que proporciona el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela en su balance semanal del 8 de octubre, cuando cerraron Tribuna Popular y El Luchador. Números  que dejan claro que el fin de la prensa, luego de diversos patrones de asedio, se corresponde con el desplome que sufre todo el sistema empresarial venezolano, como consecuencia de las mismas medidas de persecución y control político, ideológico y, por supuesto, económico.

Meses antes del llamado Viernes rojo, cuando en agosto de este año el gobierno de Nicolás Maduro lanzó unas medidas económicas que implicaron mayores controles gubernamentales sobre la economía,  Transparencia Venezuela había comenzado a desarrollar este proyecto, que consistió en estudiar cómo tras el cierre de medios impresos asomaba una estructura que buscaba asfixiar económicamente a los periódicos bajo un principio doctrinario de control, que no ha sido ajeno a todo el aparato productivo nacional, aunque hasta ahora los medios se negaban a admitir la bancarrota. Pero las bombonas de oxígeno dejaron de funcionar para los medios, así como ocurre en los hospitales.

Se seleccionaron ocho regiones que reúnen una serie de condiciones o elementos que permiten analizar la ofensiva del gobierno contra los medios impresos. Estos estados fueron Barinas, Bolívar, Carabobo, Gran Caracas, Lara, Monagas, Táchira y Zulia.  Creamos un sistema de búsqueda que nos permitiera contar esta historia desde las regiones, basados en datos sobre las empresas, el mercado de medios, el entorno macroeconómico, el entorno urbano, el entorno legal, el contexto político, los recursos materiales y humanos, los productos en sí mismos y la viabilidad del negocio en este contexto.

Hay unos patrones que se repiten en la mayoría de los casos estudiados: un sistema legal discrecional, que permite abrir procesos administrativos y penales con consecuencias desproporcionadas para las empresas de medios, gerentes, propietarios y periodistas, junto a  un control de divisas institucionalizado que desde el comienzo dejó por fuera de las prioridades a los insumos de imprenta, no por un “olvido” inexplicable, sino como una política deliberada, intencional, que concretó esa exclusión a través de la creación del Complejo Editorial Alfredo Maneiro, que centralizó el monopolio de las divisas preferenciales para la importación de las materias primas.

El CEAM fue el arma para castigar a medios que tuvieran líneas editoriales contrarias al gobierno, recompensar amigos, y por otra parte cobrar peajes y desviar bienes hacia el mercado negro, comose comprobó en el trabajo de investigación “El papel prensa llega a la red de los bachaqueros”, publicado en Armando.Info e IPYS Venezuela. Después de esa publicación, el tráfico de papel comenzó a ser más evidente, aunque de eso solo se habla en voz muy baja.

Cada crisis de papel y cada escollo económico venían acompañados de una baja en el tiraje y la paginación, el cierre paulatino de subproductos como revistas o suplementos, al punto de que hubo medios que reportaron a Transparencia Venezuela, a efectos de esta investigación, que teniendo pautas publicitarias no las pudieron publicar por falta de papel. En un país en el que la caída brutal de la economía afectó los presupuestos para la publicidad y relaciones públicas, eso es un contrasentido. Y una catástrofe.

La tentativa de hace 25 años de un convenio entre Venezuela y Canadá para la explotación y siembra de 200 mil hectáreas de pinos Caribe en la zona de Monagas, con participación del Bloque de Prensa Venezolano, fracasó en el camino. Luego ha habido varios intentos para la producción de papel en Venezuela. El gobierno de Chávez, en 2005 se decretó la creación de Pulpaca para transformar madera, producir y comercializar papel prensa. Hoy es un un cascarón perdido en un arenal de Anzoátegui. Había dólares. Con el barril a 100 era más rentable para los que estaban en el gobierno recibir divisas preferenciales para centralizar la importación de papel. Nunca fue tan lucrativo el papel prensa para los intermediarios, incluso si son estatales.

Con una economía en quiebra el presidente Maduro desempolva el viejo Invepal, una empresa expropiada por Chávez de las que se han recibido numerosas denuncias por corrupción, con la promesa de producir el papel que el CEAM ya no puede comprar.

La revista Producto, que también tuvo que renunciar al papel y ahora solo circula en versión digital, reseñó el 17 de octubre de 2018 que, según la Cámara de Periódicos Regionales 86 medios estaban en peligro de cerrar por falta de papel. Joselin Ramírez, presidenta de la Cámara y editora del Diario La Calle de Valencia, reconoció que, hasta el mes de septiembre, 22 medios afiliados a la Cámara habían cerrado. Sin embargo, no respondió a la pregunta de cómo impacta  al negocio el monopolio del papel por parte de la estatal Complejo Editorial Alfredo Maneiro.

Con mucha cautela, Ramírez admite que la crisis económica ha afectado considerablemente a los medios impresos, “como a todas las industrias que hacen vida en Venezuela, enfrentando cada día nuevas variables que complican la operatividad diaria”. Entiende también que el control de divisas influye considerablemente en el negocio, “ya que la materia prima y los repuestos son importados”. Admite que la crisis eléctrica genera retrasos, y en algunos casos pérdidas de materiales. Que la inseguridad afecta a los periodistas del mismo modo que al resto de la ciudadanía,  la falta de transporte genera ausentismo laboral y problemas de distribución, y niega que algún medio haya cambiado su línea editorial, de acuerdo a la información que maneja.

Reconoció Ramírez que “la publicidad ha caído” y que “el anunciante público redujo su pauta considerablemente, al punto de que es inexistente”.

Exvicepresidente del Bloque de Prensa y director y presidente de El Nacional, Miguel Henrique Otero dice que, por ejemplo, no sabe “cuál es la demanda de El Nacional porque no hay suficiente papel para producirlo”, y que de los periódicos que a su modo de ver son independientes, salvo El Nacional (y no sabe por cuánto tiempo se podrá mantener en papel) todos han migrado a plataformas digitales. “Podríamos decir también que un tercio de los periódicos ha desaparecido en Venezuela”, sentencia.

Ni siquiera hay forma de saber hacia dónde van los gustos o tendencias de los lectores, porque según Otero “nadie tiene recursos para hacer un estudio de mercado. Los medios en Venezuela viven en modo sobrevivencia”. Sostiene que la hiperinflación lo pulveriza todo.

Miguel Henrique Otero considera que los gobiernos de Chávez y Maduro han hecho desaparecer por lo menos el 60% del sector privado. “Obviamente esa es la mayor caída de la publicidad. También ha desaparecido la publicidad oficial”.

Un representante de una de las más grandes agencias publicitarias del país, declaró para esta investigación que, cuando era ejecutivo de medios manejó una campaña para el 50º aniversario de Pampero, y en un día publicó más de 100 avisos. “Esto ha cambiado tanto que ahora no compramos periódicos para revisarlos en la oficina, porque es un costo. El año pasado los usábamos solo para avisos de participación funeraria”.

Los anunciantes públicos también están restringidos. Hay un descenso en la liquidez del gobierno para invertir en grandes campañas, y ahora aprovecha sus espacios impuestos por la ley para tener sus cuotas dentro de los medios. “Hoy día no se ve nada, solo avisos legales”, dice. “Tengo 31 años de experiencia y puedo decir que si comparamos con el pasado por la cantidad de avisos y campañas que teníamos, y la circulación de esos medios, ahora están prácticamente desaparecidos”.

Otro gerente publicitario dice que a simple vista lo que se ve desde las agencias es que los impresos están desapareciendo, sobre todo en la planificación de la actividad publicitaria y compra de avisos. “Tanto por la presencia en venta al público como de espacios publicitarios, los medios impresos son los más golpeados”.

En relación a la inversión publicitaria oficial y privada, el entrevistado no tiene duda de que ha mermado mortalmente, aunque ve una paleta de nuevos anunciantes surgidos durante estos últimos años. “Ya no ves por ningún lado a Cantv y Movilnet, sus anuncios están en todas las  cadenas. Pero en general los grandes anunciantes privados también han ido desapareciendo, ya no es tan masiva la publicidad de Movistar, Digitel, P&G y Unilever, por citar casos importantes. Han aparecido nuevos clientes que aprovechan la oportunidad, como Clic. Productos desconocidos que están creciendo por la escasez en el mercado”.

Para Yosselyn Torres, experiodista de Tal Cual residenciada ahora en Argentina, la crisis económica empeoró desde que llegó Nicolás Maduro a la presidencia. “En Tal Cual se hizo más difícil captar anunciantes. De diario nos convertimos en semanario y ahora el periódico solo está en la web”, lamenta.

“Los medios impresos han desaparecido prácticamente del presupuesto -insiste. En los impresos, los grandes clientes solo pagan por obituarios, o los bancos que deben publicar sus balances. Ahora hay más confianza en los digitales”. Esto, a pesar de que en “Navegación a la mínima expresión” IPYS Venezuela y el laboratorio de datos de internet MLAB determinaron que  los venezolanos navegan a un promedio de 1,61 Mbps en la Banda Ancha fija (BAF), la cifra más baja de América Latina, luego de haber recogido más de 6 mil pruebas de velocidad en internet en los 23 estados del país.

El éxodo de venezolanos hace que las personas se conecten más a las redes y que las personas mayores, que normalmente son las más renuentes a las nuevas tecnologías, se familiaricen con los medios digitales, se involucren más con tabletas y computadoras, según vienen observando las publicidades que operan en Venezuela.

Muchos han sido testigos de cómo el parque automotor que movilizaba a los periodistas a sus pautas se fue convirtiendo en chatarra por falta de repuestos, por escasez de vehículos nuevos en el mercado (para acceder a un carro chino había que estar conectado con el gobierno), o simplemente por falta de capital para reinvertir en un negocio que dejaba de ser rentable. Eso es una variable constante en las crónicas que contiene este microsite, junto al deterioro paulatino del sistema de transporte público. La periodista Yosselyn Torres también acusa recibo de los problemas de movilidad como una traba para el trabajo, y advierte que los reporteros dedican más tiempo en resolver esos problemas que en lograr la eficiencia.

Se destruyeron equipos de trabajo, computadoras quedaron obsoletas, cámaras sin posibilidades de reparación, mucho menos de reposición, y la distribución y venta de ejemplares se convirtió en una quimera. Salir a transportar periódicos devino en un oficio de alto riesgo. Un caucho estallado en medio de una carretera baldía se convirtió en una tragedia anunciada.

Los quioscos de periódicos se fueron quedando vacíos de prensa, solo cigarrillos detallados y chucherías ocuparon las estanterías de esos pequeños espacios fantasmas anclados en ciudades muertas, en pueblos sin alma. Las carencias del servicio eléctrico y los cortes de internet fueron también factores invariables en esta historia de destrucción masiva del aparato productivo nacional, que llegó hasta la prensa con mala saña y buen viento.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), estimó que en 2017 Venezuela cumplió cuatro años con una economía en recesión y una caída de 31,9 % de su Producto Interno Bruto.

El Viernes Rojo fue el día en que el Presidente anunció las nuevas medidas económicas basadas en la creación de un criptoactivo nacional, nuevos controles de precios, y la reconversión de la moneda, que le restó cinco ceros al bolívar. Se elevó el salario mínimo en 3.365 % para dar la idea de que, de la noche a la mañana, todos fueron ricos.

En Venezuela hay un mercado en bolívares y otro en moneda extranjera. Un transcriptor de textos cobra dos dólares por cada hora de audio; una cita médica oscila entre 30 y 100 dólares; una prótesis dental cuesta cerca de 1.000 dólares. Un inmueble  puede estar entre 5 mil dólares en Valles del Tuy y un millón en La Lagunita. Los carros, los repuestos, incluso ciertos alimentos solo se consiguen en dólares. En un conocido supermercado de la calle 72 en Maracaibo hay una fila para los que pagan en dólares y otra para los que lo hacen en bolívares. Pero el gobierno se hace la vista gorda y mientras tanto cobra a los privados las consecuencias de unas decisiones económicas basadas en controles que estimulan los mercados paralelos.

Desde la entrada en vigencia de la famosa reconversión monetaria, para el 24 de agosto de 2018 un total de 37 establecimientos comerciales habían resultado sancionados con multas que varían entre 12 mil 500 y 60 mil unidades tributarias (UT) según Descifrado. Y en Carabobo el gobernador chavista Rafael Lacava mostró una jaula sobre un carro fúnebre para exhibir a los “acaparadores” en un país donde todo escasea, mientras el Estado es propietario de 576 empresas según un estudio realizado por Transparencia Venezuela y el portal de data abierta Vendata en 2018. En el socialismo del siglo XXI, donde se practica el escarnio y otras prácticas ejemplarizantes, según Tamara Herrera se hunde la economía en una ideología que la condena a muerte.

“Los controles económicos en Venezuela derivan de un diseño político ideológico según el cual la economía está intervenida por una presencia estatal omnisciente, que se está aplicando de una manera que más bien es extremadamente retrógrada, incluso comparado con  muchos modelos de gobiernos socialistas. Las autoridades del gobierno están dedicadas a ver cómo hacen los cambios de política económica cambiando lo menos posible –advierte Herrera- o manteniendo intacto el modelo político. Y esto sin duda resta coherencia, eficacia y coordinación a las medidas, porque son incompletas, porque están muy mal cifradas y no van a lograr la primera macro meta económica, que es la estabilización, porque estás preservando todos los elementos de sobre regulación que inhiben la recuperación, la inversión y el financiamiento externo”

Las causas económicas del cierre de medios impresos, sostiene la economista Herrera, son las mismas que sufren otros sectores, “porque, en el caso de los medios impresos, no hubo ni remotamente el interés de negociar, ni alargar la vida de esos medios. Dentro de este modelo de economía sobre regulada, no hay ningún interés de promover el periodismo ni la libertad de expresión”.

“El resto de la economía enfrenta los mismos problemas que la prensa. Problemas de costos, de acceso a las divisas bajo un régimen de control de cambio, donde se racionan las divisas para los bienes importados, donde también lo laboral está dirigido y afecta la productividad, donde hay controles de precios. Si haces el paralelismo, no ha habido ni siquiera las negociaciones tardías sino que han llevado un tránsito más acelerado de empobrecimiento, hasta el cierre por insostenibilidad” resalta la economista Tamara Herrera.

Este telón de fondo de casi quince años se agrava con la llegada de la hiperinflación, “que no es que sea un hecho sobrevenido, sino que es consecuencia del debilitamiento económico que ya se venía arrastrando, sobre el cual se exacerbó la monetización del déficit, el manejo indiscriminado o descomunal de la monetización del gasto fiscal, el financiamiento por parte del Banco Central, que hace inviable la empresa y que los lectores de periódicos no estén en capacidad de comprarse uno todos los días, como lo hacían antes”, explica Herrera.

“Quien tiene el enfoque de intervencionismo y sobre regulación –insiste Herrera- no está en condiciones de abundancia de caja para finiquitar esa recuperación económica como sí fue hace 15 años, pero se fue minando ese tejido, ese aparato productivo, industrial, agrícola, empresarial. Había una cantidad de recursos que fueron distribuidos, y se bañó a la población con ellos, y trajo un bienestar efímero porque no se sembró, y lo que estamos cosechando hoy es una economía raquítica, que no está en condiciones de dar de comer a sí misma ni a su gente, ni siquiera en lo esencial. Cuando llega la hiperinflación con todos estos defectos y fallas acumuladas, estás en un infierno”.

Entre los patrones de violaciones más frecuentes a la libertad de expresión en Venezuela están las detenciones arbitrarias, el impedimento de cobertura, el robo de equipos, la destrucción de material, el desalojo de espacios o instituciones públicas, agresiones contra periodistas, reporteros gráficos o infociudadanos por fuerzas del orden público o grupos armados, discursos agraviantes, amenazas, marcos legales que legitiman la censura, ataques contra sedes y equipos de medios de comunicación, decomiso de pasaportes, entre otros. A estoy hay que agregarle la censura financiera.

Antonio Rubio Campana, director del Máster en Periodismo de Investigación de El Mundo España, quien vino a Venezuela para participar como presidente del jurado del Premio de Periodismo de Investigación de IPYS Venezuela, declaró a efectos de este microsite, que tiene clarísimo que, de todas las presiones sobre la prensa que vienen de diferentes maneras, la más poderosa es la censura económica “que conlleva que te puedan reducir el papel, te quiten la publicidad, te hagan una investigación sobre las personas que pueden dirigir un periódico, o buscan otras alternativas como las presiones tributarias u otras imposiciones económicas”.

“Cuando el poder se encuentra molesto con un medio lo que hace es censurarlo. Pero no con leyes sino con otra dinámica. César Alierta, que era presidente de Telefónica Movistar, cuando fue presidente de Tabacalera, una empresa pública muy importante en España y luego se privatizó, le dio informaciones a su sobrino para que comprara acciones. Nosotros lo publicamos en El Mundo en el 2000, y durante casi tres años Telefónica retiró la publicidad del periódico. Al cabo de los tres años –dice- recuperamos la inversión de Telefónica, pero no de la misma manera. ¿Qué es lo que quería el señor Alierta? Que nosotros no siguiéramos investigando a Tabacalera”.

En 1997 Alierta ganó con la compraventa de acciones de Tabacalera 1,86 millones de euros. Como consecuencia, se sospechó de uso de información confidencial. Habían comprado las acciones poco antes de que Tabacalera comprara la compañía de tabacos norteamericana Havatampa, lo que elevó el valor de las acciones

Otra de las dinámicas que han empleado en España son los ataques personales, advierte Rubio. “Pedro J. Ramírez, junto con su equipo de investigación, en el que formaba yo parte, logró levantar las alfombras del poder socialista y sacamos todo el tema del terrorismo, de los Fondos Reservados del Ministerio del Interior, los servicios secretos, y demás. Cuando ellos no pudieron callarnos por la vía judicial (porque tuvimos juicios, demandas, querellas y otras muchas cuestiones), lo que hicieron fue establecer un ataque personal contra Pedro J. Ramírez. Y entonces le grabaron un video de sus relaciones sexuales con una señora, en la que él hacía de mujer y ella de hombre. Y ese video lo distribuyeron por la sociedad española con el objeto de desprestigiarlo, a él y al periódico. Y luego habían preparado una campaña para comprar el periódico”.

“Ese capital estaba preparado para comprarlo, pero nosotros lo que hicimos fue más periodismo de investigación. Investigamos quién estaba detrás de ese ataque personal y descubrimos que estaban los servicios secretos. Logramos que condenaran a ese grupo de gente, no a los más importantes, pero sí a los que habían participado en la trama más directamente –relata Rubio. El poder siempre utiliza todos los recursos que tiene a su alcance para que cuando tú estés levantando las alfombras y ellos no puedan taparte la boca, lo que hacen es cortarte la cabeza, y te la cortan económicamente”.

Rubio se pregunta qué hay detrás de una venta de periódico a una entidad financiera o a través de un “fondo buitre”. “Detrás de eso hay un solo interés: el control del medio, porque si el medio no es rentable, ¿tú por qué inviertes? Porque necesitas controlar la capacidad de ese medio”.

Este estrangulamiento, por cierto, es el que hace que algunos propietarios acaben vendiendo antes que perder todas sus inversiones, resultado a veces de una vida entera de trabajo. Compras a precios incomprensibles, confiscaciones, han dado paso a una cantidad de nuevos empresarios que lejos de capitalizar sus activos, han terminado de destruir el patrimonio para obtener beneficios inmediatos. Así ha pasado con fincas en plena producción, industrias, o medios como El Universal o el GrupoÚltimas Noticias, para citar solo dos empresas de medios impresos cuyos nuevos gerentes llegaron ofreciendo villas y castillos y ahora solo administran ruinas de lo que antes fueron emporios de la noticia. Y cuyos nombres aún se desconocen.

Los medios se fueron quedando desiertos. Periodistas buscando oportunidades de sobrevivencia abandonaron no solo sus puestos de trabajo sino el país. “Entre la inseguridad personal y los bajos salarios que se pueden pagar, retener el personal es prácticamente imposible”, alega Miguel Henrique Otero.

Presidente y director de El Nacional exiliado en España por una demanda de Diosdado Cabello, Primer vicepresidente del PSUV y Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, cuando se le pregunta si el marco legal influye en la independencia editorial de los medios, responde que habría que “empezar por decir que todo el comité editorial y la junta directiva de El Nacional tiene medidas cautelares de un juez desde hace cuatro años, lo cual mantiene a casi todos ellos en el exilio”. Y que además la ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Ley Resorte), “ley para el control del espectro radioeléctrico, es discrecional y punitiva, y así mantiene autocensura masiva en la radio y la televisión. La falta de suministro de papel acabó con los periódicos independientes en los quioscos. Dos de los periódicos más importantes, El Universal y Últimas Noticias fueron comprados en transacciones opacas y ahora son oficialistas”.

Yosselyn Torres trabajaba en Tal Cual cuando el teniente retirado y dirigente del partido oficialista PSUV, Diosdado Cabello, conductor de “Con el mazo dando”, un programa que se transmite en al menos dos canales del Estado, amenazó con demandar al periódico por replicar el 27 de enero de 2015 un trabajo publicado en el ABC, en el que se hablaba de su presunta vinculación con el narcotráfico. Demanda que pronto se hizo realidad. Son 22 las personas (editores y miembros de la junta directiva de los impresos El Nacional y Tal Cual, y el portal digital La Patilla) a quienes se les abrió juicio por el presunto delito de difamación agravada continuada.

Luego mientras era reportera de El Pitazo, tuvo un encuentro con el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. “El Sebin me interrogó para que delatara a quienes obtuvieron un video del joven que disparó a agentes de seguridad del Banco Central de Venezuela en 2016. Me obligaban a revelar mis fuentes, y yo me negué. Me liberaron luego de cuatro horas de interrogatorio”.

En realidad, no se fue del país por eso, como ocurre con otros colegas, que sí tuvieron que huir de procesos penales admitidos por un aparato jurídico sin independencia, acusados de delitos de desacato. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual de 2015 recomendó a Venezuela promover la derogación de las leyes que consagran este delito, cualquiera sea la forma en la que se presente, dado que estas normas son contrarias a los estándares interamericanos y restringen el debate público, elemento esencial del funcionamiento democrático.

No, Yosselyn tuvo que salir de Venezuela porque su vida “ya era insostenible en lo laboral, lo económico y lo social”. Desde hace dos años no ejerce el periodismo y está estudiando un posgrado en Comunicación Pública de la Ciencia y Tecnología en la Universidad de Buenos Aires. Hay colegas que ni siquiera tienen la posibilidad de estudiar.  Algunos de esos casos forman parte de las crónicas de este microsite.

Otra estrategia del Estado venezolano para quebrar el alma social ha sido el debilitamiento sindical independiente.

Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa, describe cómo las leyes laborales y el intervencionismo sobre el aparato sindical han desmejorado la calidad de vida de los afiliados, y cómo el Estado socialista, en su vocación controladora, ha ido desdibujando los gremios independientes que antes podían negociar con sus patronos en nombre de los trabajadores.

“En Venezuela hay una flagrante violación a la autonomía sindical -dice. Desde el proceso mismo de constitución de una organización sindical, con el decreto de modificación de la Ley Orgánica del Trabajo, el Estado se ha garantizado a sí mismo la potestad de decir este sindicato sí, este sindicato no, con la importancia que representa para el crecimiento profesional, económico y social de un trabajador poder actuar de manera organizada en el ejercicio de esos derechos”.

Un grupo sindical, explica Ruiz, no puede hacer elecciones si el Consejo Nacional Electoral no las convoca. El mismo órgano que rige  las elecciones presidenciales de un país tiene que participar en las elecciones de un sindicato, sea un sindicato de empresa o un sindicato nacional. “Si no, cuando ese sindicato va al Ministerio del Trabajo y dice que ha realizado las asambleas conforme a la ley, se han reunido, aquí están las convocatorias, las actas, las elecciones… te preguntan dónde está la gaceta del CNE.  El SNTP tiene una mora electoral, que precisamente surge de estos excesivos trámites burocráticos”.

Una norma que hoy está derogada por su inconstitucionalidad, según Marco Ruiz, obligaba a entregar un solo libro con las firmas de los afiliados de todo el país. Y aunque se hubiesen sindicalizado, se descartaba a quienes se hubiesen quedado sin firmar. Pero, además, solo el que firmaba el libro podía votar. Y por esta norma el SNTP tiene una mora electoral que hasta hoy no se ha podido saldar.

Ruiz cuenta que hacer ese tortuoso camino tomó mucho tiempo, y cuando se terminó, ya no hacía falta porque se había derogado la ley. Superado el tema, se reunió a la asamblea, y se presentó el cronograma electoral ante el CNE ya cumplidos 20 puntos previos.

“Entonces vino el elemento político”, relata Ruiz. “Se iban a postular tres grupos, pero el que estaba integrado por militantes del PSUV después de haber participado con más de 20 pasos en cronograma, fue a la sala electoral del TSJ argumentando que se le había violado su derecho a la participación en la selección de la comisión electoral. Metieron una medida cautelar contra la designación de la comisión electoral y se suspenden de inmediato las actuaciones de la comisión electoral. No había definición sobre el fondo, pero la vulneración de ese derecho deja sin efecto las actuaciones del sindicato hasta que el tribunal se pueda pronunciar sobre el fondo. Año y medio pasó para que fuésemos a juicio”.

Fuera de la ley, el SNTP apenas puede negociar con algunas empresas gracias a la buena voluntad de dueños de medios que quieren tener una mediación. “Pero según la ley el sindicato aún es representante de la administración, de la vocería, pero no ante la instancia del trabajo. Es decir, que está en un limbo jurídico”.

Año y medio después el sindicato va por la segunda convocatoria para la comisión electoral. Sin el 50% ni 20% de quórum en la primera y segunda convocatoria, está obligado a ir al CNE para que designe a la comisión electoral, pero desde hace ocho meses la solicitud reposa en alguna gaveta. “Es una trampa para que las organizaciones sindicales independientes y autónomas dejen de funcionar –dice Ruiz. Y eso se aplica a 90% de las organizaciones sindicales del país. Mineros, obreros, que no tienen la mínima posibilidad de llevar adelante estos procedimientos”.

El control sobre las condiciones salariales no solo mantuvo en desventaja a los trabajadores, produciendo un éxodo masivo de periodistas hacia medios digitales que podían pagar mejor, sino también ante la hiperinflación, que mermaba cada vez más la capacidad de maniobra de los medios impresos y de pagar mejores sueldos. Cada decreto de aumento, al tiempo que dejaba a los trabajadores de la prensa y periodistas ganando salario mínimo, desangraba también a las empresas ya bastante anémicas económicamente hablando.

El Impulso.com publicó el 27 de junio de 2018 que 1.328 periodistas se han ido del país como consecuencia de la censura y las restricciones para ejercer la profesión.

Los medios también se fueron quedando sin periodistas experimentados, sustituidos por estudiantes, personas sin experiencia y con una formación en la mayoría de los casos deficiente. Dispuestos a trabajar por nada, o casi nada, y sin tener a nadie que los defienda.

“Hay una ley que en principio está puesta al servicio del trabajador, pero quienes la administran lo hacen de manera discrecional y no se atiende a las demandas de los empleados. Antes ibas a la Inspectoría del Trabajo y al patrón lo sentaban”, argumenta el secretario general del SNTP. “Eso desapareció, la situación país te lleva a un punto en el que dices ‘me gusta lo que hago’, pero es más urgente la certeza de que yo en el corto, mediano y largo plazo pueda acceder a cosas. Esto ha impactado y detonado la salida de los periodistas de sus medios. El Estado ha destruido el poder adquisitivo, como ha destruido el valor del trabajo”.

“Cuando hablas con el periodista te lo dice, que se tiene que ir porque el patrono se niega a revisar los contratos. La Ley del Trabajo te ofrece ciertos beneficios, pero es a través del contrato colectivo que puedes escalar en la mejora de las condiciones. Cuando comparamos nuestros contratos colectivos vigentes aún, pero sin poder actualizarlos, son hermosísimos. Los beneficios en vacaciones, utilidades, prestaciones… Posibilidad de tener mejoramiento profesional, es sin duda una garantía de calidad de vida de la que hoy los trabajadores no gozan”.

El intento de sustituir la información por propaganda no es nuevo y sí propio de regímenes no democráticos; la historia revela esfuerzos consistentes por diseñar mecanismos, procesos, instancias y metodologías que garanticen su fiel cumplimiento, siempre bajo la justificación de un fin superior en cuyo altar la libertad es sacrificada.

Alfredo Álvarez, periodista larense formado en el Zulia, Director de Medios Impresos y entrevistador de espacios de opinión en radio y televisión,  según Sánchez refiere en su trabajo “La Década del Fascismo” tres formas a través de las cuales se logra la uniformidad de la prensa recogidas en el texto de David Welch El Tercer Reich: el control de los profesionales y los propietarios; el control de los contenidos y la prensa a través de directrices y reglas del lenguaje y, finalmente, la apropiación de la casa editora del partido de la inmensa mayoría de la prensa alemana.

Todos estos esfuerzos responden a una concepción que fusiona Estado-Partido-Gobierno, construyendo una versión oficial según la cual este vínculo perverso expresa el interés general, el bien común, el interés superior, el proceso, la revolución o la Patria Grande; da igual, siempre se utilizan a modo de justificación suprema.

El nazismo tuvo como una de sus primeras acciones la creación del Ministerio de Propaganda bajo la dirección de Joseph Goebbles; Benito Mussolini creó en 1922 la Oficina de Prensa para controlar la radio y televisión italianas, y fundó su propio periódico, Il Poppolo d’Italia, para construir su relato de la realidad. En Rusia durante el estalinismo, existió la llamada “Administración Principal para la Salvaguarda de los Secretos de Estado en la Prensa”, responsable de la censura de medios y contenidos; mientras que Pérez Jiménez en Venezuela instauró las Juntas de Censura.

Los dividendos del cierre de medios no son malos para el gobierno. Según Marcelino Bisbal, para junio de 2018 el número de unidades comunicacionales en manos del Estado había aumentado y diversificado con “cinco canales de televisión, el circuito de Radio Nacional de Venezuela con 11 estaciones que se escuchan en todo el territorio nacional, periódicos de gran circulación como Correo del Orinoco y Ciudad CCS, desarrollo en los medios alternativos (también llamados del tercer sector) con 244 radios comunitarias y unas 36 televisoras comunitarias”.

Estos hechos configuran un panorama de intento de desaparición, dominación y control progresivo de medios, así como un severo deterioro del derecho a la libertad de expresión e información, que la ONG Espacio Público retrata claramente en su Informe Anual 2017, en el que registra 708 casos que sumaron 1.002 denuncias de violaciones al derecho humano a la libertad de expresión, los datos más altos desde el año 2002.

En su Índice de libertades periodísticas 2017 IPYS Venezuela registró al menos 518 casos que acumularon 1.087 violaciones a la libertad de expresión. “Las órdenes de censura, el abuso de poder estatal, las restricciones a los derechos digitales y agresiones, así como el cierre y la reducción de espacios informativos y de opinión en los medios radioeléctricos marcaron un retroceso en la historia de la libertad de expresión en Venezuela”, decía el informe. Hechos que implicaron 507 agresiones y ataques contra periodistas y medios, 283 limitaciones de acceso a la información pública, 250 casos de uso abusivo del poder estatal en materia de comunicaciones, 22 acciones legales administrativas, 10 casos de censura interna, 8 casos de censura previa, 6 agresiones con el uso de normas que dificultan la libertad de expresión, y un caso de impunidad.

En este clima de inseguridad laboral y empresarial, en el que periodistas y medios son cotidianamente blanco de ataques, y la hiperinflación afecta a los medios tradicionales que no pueden sostener sus operaciones, el ecosistema de medios en Venezuela ha venido mutando a la web, cuyos costos operativos son mucho menores. No obstante, es también cuestión de tiempo que en un país donde la desinversión en las plataformas de telecomunicaciones y los desproporcionados controles económicos sobre las operadoras, el acceso a la navegación también deje de ser libre. Mientras tanto, para eso están los bloqueos.

No es de extrañar tampoco que en el gobierno de Maduro, a través del Ministerio para Interior, Justicia y Paz, se haya creado creado un “ejército de trolls” con 500 cuentas falsas, que incluye páginas web informativas para enfrentar la “guerra mediática” y construir posverdades. En un país polarizado, las noticias falsas y los discursos extremistas crecen como las zarzas en los bosques.

Sobre el mercado digital, la periodista Pola Del Giudice, del diario La Región, piensa que los lectores antes exigían más contenidos de profundidad, pero con la inmediatez que demanda y proporciona la red, esas preferencias cambiaron. “El papel del periodista es fundamental ante la gran cantidad de informaciones que transitan en las redes, no se puede olvidar la premisa de ‘dudar hasta de lo que dice tu mamá’”.

La investigación se ha convertido en un bien de culto, es verdad, pero le ha dado un nuevo aire al periodismo venezolano, y con el cierre de medios impresos ha migrado a la web.

La fractura de la memoria, la construcción de un relato revolucionario sobre el cadáver de la historia está en el corazón de este plan que anunció el ex ministro de Comunicación Andrés Izarra en 2008, cuando declaró a los cuatro vientos que el socialismo de Chávez necesitaba una hegemonía comunicacional y todas las comunicaciones tenían que depender del Estado como bien público.

Las ocho crónicas que componen este microsite dejan, cada una de ellas, una sensación de impunidad que forma parte de un plan de destrucción de las libertades civiles, políticas y económicas, pero sobre todo son consecuencia de unos niveles muy altos de corrupción, más obvios en los casos de Barinas, Monagas y Zulia.

Desde que Chávez llegó al poder con sus camaradas del 4 de Febrero, ejercer el periodismo se fue haciendo cada día más difícil, como imposible ha sido para muchos propietarios mantener las empresas en pie. Sin embargo al gobierno le ha tomado 18 años pulverizar a la prensa, y aún “los objetivos no han sido logrados”.

Hay periodistas. Hay periodismo.

Periodistas latinoamericanos advierten de riesgos para el oficio en la región – La Patilla – 3 de Noviembre 2018

download4.jpgLa periodista venezolana Sofía Nunes, del portal Urgente 24, participa en la jornada final del XIII Congreso Internacional de Periodismo organizado por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) hoy, sábado 3 de noviembre de 2018, en Buenos Aires (Argentina).  EFE/Natalia Kidd

Periodistas latinoamericanos advirtieron, en un congreso que concluye hoy en Buenos Aires, de los riesgos que afrontan los comunicadores en la región, desde el hostigamiento judicial y campañas de descrédito hasta la cárcel y crímenes perpetrados por gobiernos autoritarios y bandas criminales.

Es una situación que afecta en modo evidente a países como Venezuela pero también, de un modo más velado, a otros aparentemente sin problemas para los periodistas, como Uruguay, según se puso de manifiesto en la jornada final del XIII Congreso Internacional de Periodismo organizado por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA).

“El panorama en Venezuela es devastador. Desde el inicio del gobierno chavista ha venido creciendo la persecución al periodismo e incluso la autocensura”, dijo la periodista venezolana Sofía Nunes, que trabaja en Buenos Aires en el portal Urgente 24 y que en su país lo hizo en El Informador y en Diario Yaracuy al Día.

Nunes precisó que en los últimos cinco años han cerrado unos 200 periódicos en Venezuela, mientras muchos otros han pasado a manos gubernamentales.

La periodista, que desde 2016 reside en Argentina, aseveró que lo que hay en su país es “periodismo de guerra, aunque suene exagerado”.

“El gobierno ha instaurado el miedo y, si no ha ganado la batalla completa, ha ganado bastante territorio. Hay muchos periodistas en el exilio”, señaló.

Octavio Alfonso Enriquez Cabistán, periodista a cargo de investigaciones en el diario La Prensa, de Nicaragua, describió la situación de represión gubernamental que se vive en su país y cómo esto afecta al periodismo.

“El contexto es muy difícil para la ciudadanía en general. Se han recibido reportes de agresiones contra periodistas y se han quemado medios de comunicación”, señaló.

Enriquez Cabistán afirmó que “corre riesgos” pero no deja de denunciar y documentar las violaciones de derechos humanos en Nicaragua.

La periodista ecuatoriana Mónica Almeida, creadora de la unidad de investigación del periódico El Universo, de Quito, hizo un recuento de los hostigamientos a la prensa durante el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017).

Para ello, explicó, se montó toda una estructura de leyes que condicionaron la labor profesional, por ejemplo, ahogando económicamente a los medios con la aplicación de multas.

Ahora, advirtió, se suma una nueva amenaza, la del narcotráfico, responsable este año del asesinato de tres periodistas del diario ecuatoriano El Comercio.

“Perdimos a tres. Y eso nos ha empujado también a tratar de hacer nuestra profesión con mayor cuidado y de estar preparados para lo que se nos viene, que va a ser enfrentamientos de bandas”, señaló.

El periodista uruguayo Fabián Werner sostuvo que en Latinoamérica, en aquellos países donde no es el Estado el responsable de las agresiones a periodistas, los gobiernos tienen un “desinterés” por “perseguir los delitos” contra los periodistas y los medios.

“Lo que muestra esto es una especie de estrategia de descrédito permanente hacia los medios de comunicación. La consecuencia es una crisis de credibilidad de la prensa”, advirtió Werner, coordinador del área de Libertad de Expresión de la organización no gubernamental uruguaya Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo).

Werner observó que si bien se tiene la idea de que Uruguay es menos hostil con la prensa que otros países, también hay prácticas “preocupantes” de amenaza a los periodistas que tienen que ver con el hostigamiento judicial.

El periodista uruguayo anunció que organizaciones de periodistas de Uruguay, Argentina, Venezuela, Perú, Honduras, Bolivia y Ecuador se unirán en el proyecto Voces del Sur, para hacer un seguimiento conjunto de amenazas a la libertad de expresión en la región y elaborar un informe anual.

Entre ayer, viernes, y hoy, el Congreso Internacional de Periodismo reunió a expertos y comunicadores que debatieron y analizaron temas como la investigación periodística, la publicidad oficial, la información económica, el aporte de los datos abiertos, la producción de podcasts y el liderazgo femenino en las redacciones.

Constituido en 2002, FOPEA es un espacio de reflexión, diálogo y promoción de la calidad del periodismo, creado por un grupo de profesionales de medios de comunicación y docentes.

Libertad de Internet en Venezuela ha empeorado por restricciones de acceso, bloqueos y violaciones de DDHH por Freedom House – La Patilla – 1 de Noviembre 2018

La libertad de internet de Venezuela se deterioró aún más durante el año pasado debido a la disminución de la conectividad a internet, la censura en línea más audaz y las represalias contra los reporteros de noticias importantes y los usuarios de las redes sociales.

Los cambios políticos dirigidos a fortalecer el gobierno en el poder, como la instalación de una nueva Asamblea Nacional Constituyente en agosto de 2017, fueron acompañados por nuevas leyes que restringen la libertad de expresión y la privacidad. La Ley contra el Odio por la Paz, la Convivencia y la Tolerancia (Ley contra el Odio) impuso duras penas de prisión de hasta veinte años por incitar al odio, incluso en las redes sociales. Un reglamento emitido por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) amplió los requisitos de registro para los usuarios de teléfonos fijos y móviles, obligando a los operadores a mantener un registro de los datos de los usuarios y proporcionarlos a los agentes de seguridad del estado que lo soliciten, sin una orden judicial.

En el período previo a las elecciones presidenciales de mayo de 2018, las sospechas rodearon la implementación masiva del “Carnet de la Patria” ( Tarjeta de la  Patria ), un documento de identificación electrónica para canalizar la ayuda social, como declaraciones de funcionarios del gobierno (incluido el Presidente Maduro) implicaba que los datos recopilados a través del sistema se utilizarían para monitorear y presionar a los votantes. 1  El portal dedicado patria.org.ve se convirtió en el quinto sitio más consultado en Venezuela, según Alexa, 2  y un estudio mostró que la cuenta de Twitter @CarnetDLaPatria se usó como un canal para promover la candidatura de Maduro. 3

El deterioro y la baja calidad de los servicios de telecomunicaciones continuaron limitando severamente el acceso amplio e ilimitado a Internet en Venezuela. Las medidas proactivas para limitar el acceso a sitios críticos para el gobierno también han impactado la esfera en línea: los sitios web continuaron siendo bloqueados selectivamente durante eventos específicos y los medios digitales independientes y las cuentas de redes sociales continuaron experimentando ataques cibernéticos frecuentes.

Los reporteros de los medios digitales con frecuencia enfrentaron amenazas, ataques, detenciones arbitrarias y el robo y confiscación de sus equipos mientras cubrían eventos políticos o protestas. Tres editores y un periodista del  sitio  web de investigación Armando.Info abandonaron el país luego de recibir amenazas y ser demandados por publicar un informe que reveló un caso de corrupción. 4  Braulio Jatar, editor del sitio web de noticias  Confidential Report , fue incautado en septiembre de 2016 y permaneció bajo arresto domiciliario desde mayo de 2017. Aunque dos usuarios de Twitter encarcelados desde 2014 fueron liberados con medidas de precaución, 5  este tipo de detención arbitraria continúa. 6

Obstáculos para el acceso:

Las suscripciones a internet y móviles han disminuido con la crisis económica de Venezuela. Las fallas frecuentes del servicio de Internet y las conexiones de mala calidad también continuaron dificultando el acceso confiable a Internet. Durante el período de cobertura, los usuarios en diferentes estados informaron averías en el servicio que duraron varias horas. Los usuarios también informaron problemas para acceder a ciertos sitios de redes sociales en junio de 2017, y nuevamente en enero de 2018. En noviembre de 2017, los proveedores de servicios de Internet finalmente fueron autorizados para aumentar las tarifas, pero este aumento no fue suficiente para cubrir sus demandas y mantener la infraestructura.

Disponibilidad y facilidad de acceso

La crisis económica de Venezuela, marcada por los controles de moneda extranjera y la hiperinflación, ha obstaculizado la infraestructura de telecomunicaciones del país y la calidad del acceso a internet. La adopción de Internet en el país prácticamente se ha estancado durante los últimos cuatro años. 7

Por primera vez en 2016, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) registró una disminución en el porcentaje de personas que utilizan Internet, cayendo al 60 por ciento. 8  Según cifras oficiales, alrededor del 62 por ciento de los venezolanos usaron internet en 2017. Las cifras de penetración móvil también disminuyeron, pasando de 102 por ciento en 2012 a 81 por ciento en el tercer trimestre de 2017. 9  Diferencias en el acceso a internet entre la capital y las zonas rurales Las áreas han reforzado una importante brecha digital en Venezuela. Estados como Nueva Esparta han visto disminuir la penetración en al menos tres puntos porcentuales.

Las velocidades medias de conexión se mantuvieron estancadas. Según la CEPAL, los países con el porcentaje más bajo de conexiones de alta velocidad en América Latina son Paraguay y Venezuela con alrededor del 0.2 por ciento de las conexiones de más de 10 Mbps y alrededor del 0.1 por ciento de las conexiones por encima de los 15Mbps. 10 Algunos proveedores, como IPNet, ofrecen velocidades de hasta 100 Mbps en ciertas áreas de Caracas. Entre esta minoría de élite con acceso a conexiones superiores, pequeñas iniciativas de televisión en línea como Vivo Play y VPITv también han ganado usuarios. 11

Los usuarios continuaron denunciando problemas recurrentes de conectividad. 12 pequeñas ciudades provinciales han sido particularmente afectadas, con apagones que duraron varios días. 13  Dado que los materiales como el cable y el cobre se venden en el mercado internacional a altos costos, las compañías han enfrentado robos y vandalismo en sus estaciones con altos costos de reemplazo de equipos. 14  En agosto de 2017, la empresa estatal Movilnet informó que unos 7 millones de suscriptores móviles se vieron afectados por fallas en el transcurso de 36 horas. El presidente de Movilnet culpó de tales fracasos a actos de sabotaje que pretendían desestabilizar el país, aunque las agencias de seguridad aún no habían reportado ningún arresto por este caso. 15 En enero de 2018, se informó de una falla general de los servicios de teléfono e internet en al menos 12 estados simultáneamente. 16  En un período de solo 10 días durante marzo de 2018, el grupo de monitoreo de la libertad de prensa Ipys Venezuela recibió 198 informes de fallas de Internet y teléfonos móviles en 22 estados. El proveedor estatal de servicios de internet CANTV fue el operador con más fallas. 17

La crisis eléctrica del país también ha provocado cortes de energía y racionamiento que afectaron la conectividad a internet. 18  A principios de 2018, dos cortes de energía impactaron la ciudad capital de Caracas. 19  En abril, la segunda ciudad más grande de Venezuela, Maracaibo, sufrió fallas de hasta 14 horas durante varios días. 20  Mientras los críticos sostienen que provienen de una falta de inversión y una planificación deficiente, 21  el gobierno ha culpado a algunos de estos apagones por actos de sabotaje contra el sistema eléctrico. 22

Las redes públicas, como las de las universidades estatales, también enfrentaron dificultades para mantener los servicios de Internet debido a déficits presupuestarios. 23  Los desafíos de conectividad fueron particularmente agudos para las pequeñas universidades en las ciudades provinciales. Por ejemplo, una universidad pasó dos años sin servicios de electricidad e internet debido al robo de cableado subterráneo. 24

Aunque el ISP principal, el estatal CANTV, dejó de publicar sus tarifas en su sitio web, 25  en noviembre de 2017, anunció un alza de precios del 350 por ciento para su servicio de banda ancha fija (ABA) más popular de 1.5 Mbps ilimitados. Pasó de VEF 792.68 a VEF 3,462.00. El plan más caro de 10 Mbps tuvo un aumento de precio cercano al 100 por ciento, yendo de VEF 7,791.66 a VEF 15,702.40. 26  El plan más barato representaba el 3 por ciento del salario mínimo en ese momento (VEF 136,543.40), 27  mientras que el plan más caro excedía el 10 por ciento. El plan de datos y teléfono móvil más barato de Movilnet aumentó en más del 2,000 por ciento, de VEF 288.60 a 6,781.00. 28 A pesar de los aumentos, Digitel eliminó algunos planes de datos en marzo de 2018. Según un representante de la compañía, estaban vendiendo servicios a US $ 0,0006, lo que les cuesta $ 5 por mes. 29

Al considerar estas cifras en dólares, al tipo de cambio de ese momento, cuando ya se había eliminado la antigua tasa DICOM 30  y la única referencia era la del mercado negro a 44,347.76 VEF por dólar, 31  ambos planes representarían US $ 0.078 y US $ 0.35 mensuales respectivamente. Además de la tasa del mercado negro, a principios de 2018, la nueva tasa DICOM de Venezuela (conocida como “DICOM II”) se convirtió en la única tasa de cambio flotante “oficial”, con una tasa de cambio de aproximadamente 25,000 VEF por dólar en su primera subasta. 32  La brecha entre la nueva tasa y la tasa del mercado negro siguió siendo significativa. 33

Una disminución en el poder adquisitivo debido a la situación económica también había afectado el consumo de TIC. 34  Si bien es casi imposible realizar cálculos precisos en una economía con controles de intercambio  e hiperinflación, los teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, PC y otros dispositivos de TIC son prohibitivos para la mayoría de la población. El teléfono celular más barato cuesta tres salarios mínimos; los costos más caros 66. Se ha calculado que para comprar un iPhone, un venezolano necesita un salario mínimo de 12 años. 35 La escasez de dispositivos de TIC prevalece y los pocos productos que terminan en el mercado tienen un precio del dólar libre, que fue más de VEF 1.253.684,21 a US $ 1 en mayo de 2018. Por otro lado, a pesar de la escasez de equipos, funcionarios gubernamentales Han regalado treinta mil teléfonos inteligentes “para difundir información sobre la gestión social del presidente Nicolás Maduro”. 36

En octubre de 2017, China lanzó el tercer satélite venezolano “Antonio José de Sucre”, que se unió al “Simón Bolívar”, lanzado el 29 de octubre de 2008, y el “Francisco de Miranda”, lanzado el 28 de septiembre de 2012. Si bien el nuevo Las funciones supuestas de los satélites incluyen el monitoreo de desastres y la planificación urbana, los observadores han expresado su preocupación por la falta de transparencia y supervisión de tales proyectos. 37

Restricciones en la conectividad

El estado posee la mayoría de la infraestructura de la red troncal nacional a través de CANTV. 38  El gobierno discutió los planes para establecer un punto de intercambio de Internet (IXP) en 2015, pero no ha indicado si avanzará con este plan en el futuro. 39

Si bien los paros y la aceleración deliberados pueden parecer prácticamente innecesarios, dado el estado de la infraestructura del país y el robo del cableado de cobre y los cables de fibra óptica (consulte “Disponibilidad y facilidad de acceso”), los usuarios informaron problemas temporales para acceder a ciertas redes sociales y videos. Plataformas durante el periodo de cobertura de este informe. El 28 de junio de 2017, los usuarios de varias ciudades informaron que plataformas como Twitter, Facebook, Instagram, Periscope y YouTube estaban inaccesibles durante aproximadamente una hora. La ONG  Venezuela Inteligente  notó que los servidores DNS de CANTV no respondían a las solicitudes de DNS para estos sitios, y que Movistar también comenzó a bloquear Twitter brevemente. 40 También en enero de 2018, los usuarios de CANTV y Movilnet informaron problemas al acceder a Instagram y a ciertos sitios web de noticias (consulte también “Bloqueo y filtrado”). 41

Mercado de las TIC

Aunque hay proveedores privados, el estado domina el mercado de las TIC. Como política gubernamental, uno de los objetivos del Segundo Plan Socialista para el Desarrollo Económico y Social de la Nación (2013-2019) es que Venezuela alcance “niveles no vitales” de conexiones con las redes de comunicación e información “dominadas por neo -Colonial poderes.” 42

Las compañías de telecomunicaciones han luchado para mantenerse financieramente sostenibles durante la crisis económica, una situación que corre el riesgo de deteriorarse aún más, según representantes de la Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones (CASETEL). Los controles de moneda extranjera han impedido a las empresas privadas repatriar sus ganancias y acceder a la moneda extranjera necesaria para la inversión, lo que ha provocado un deterioro de sus servicios. También creó una barrera sustancial para las nuevas empresas que podrían buscar ingresar al mercado. Además, la falta de dólares para pagar las importaciones ha contribuido a la escasez de equipos. Los servicios de telecomunicaciones, a su vez, sufren precios altamente distorsionados. 43  En julio de 2016, el gobierno suspendió un aumento en las tarifas de los servicios de telecomunicaciones;44  lo mismo ocurrió en agosto de 2017. 45  Mientras que los PSI finalmente fueron autorizados a aumentar sus precios en noviembre de 2017, 46  expertos sostienen que estos aumentos son insuficientes para mejorar la infraestructura y el crecimiento. 47

Según cifras oficiales, casi el 69 por ciento de los usuarios accede a Internet a través de ABA (Acceso de banda ancha) de CANTV. El resto de la población accede a internet a través de uno de varios proveedores privados de telecomunicaciones. Inter, que representa casi el 9 por ciento del mercado, Inter es el segundo ISP más utilizado, aunque ofrece servicios solo en las principales ciudades. Tres grandes actores dominan el mercado de internet móvil del país: Movilnet, de propiedad estatal (29 por ciento), Movistar de Telefónica (54 por ciento) y Digitel, de propiedad local (17 por ciento). 48 Digitel y Movistar son los principales operadores de redes LTE, una tecnología que no se ha utilizado completamente debido a la escasez de teléfonos inteligentes. 49

Cuerpos reguladores

CONATEL es la entidad responsable de regular y otorgar licencias al sector de las telecomunicaciones y depende administrativamente del Ministerio de Información y Comunicación. La Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Digitales (Resorte-ME)  otorga al organismo regulador el poder de tomar decisiones sobre el bloqueo o la eliminación de contenido y sancionar a los proveedores de servicios, una capacidad que ha ejercido sin otorgar el debido proceso. a las partes afectadas (ver “Bloqueo y filtrado”). 50

Durante el período de cobertura del informe, el Presidente Maduro nombró a un nuevo Ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, quien se desempeñó como Alcalde de Caracas y anteriormente ocupó los cargos de Vicepresidente de la República y Presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE). Maduro también nombró a un militar, el coronel de la Guardia Nacional Bolivariana Jorge Elieser Márquez como nuevo director de CONATEL.

Mientras que el Artículo 35 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones establece la autonomía operativa y administrativa de CONATEL, el Artículo 40 establece que el presidente tiene el poder de nombrar y destituir al director de la agencia y a los otros cuatro miembros de su junta directiva, 51  destacando la falta de independencia de CONATEL de la Junta Directiva. ejecutivo.

Límites de contenido:

El estado de emergencia se extendió en mayo de 2017 y aumentó la preocupación por el aumento de las restricciones en el contenido en línea en medio de la agitación política. Una nueva ola de bloqueos apuntó a fuentes de noticias en línea durante el año pasado, y  las plataformas de medios sociales también fueron atacadas temporalmente Los procedimientos de bloqueo carecen de transparencia y las vías de apelación, y los grupos de derechos digitales sospechan que muchos más sitios están bloqueados. Mientras tanto, una nueva ley contra el discurso del odio hace que las plataformas intermedias y los sitios web sean responsables del contenido publicado por terceros, lo que requiere que eliminen el contenido que contenga el discurso del odio dentro de las seis horas posteriores a la publicación o las multas. 

Bloqueo y filtrado

Si bien los sitios web de varias organizaciones de defensa y de derechos humanos son en su mayoría accesibles,  una nueva ola de bloqueos se dirigió a las fuentes de noticias en línea durante el año pasado. Las organizaciones de derechos digitales, así como los diputados de la Asamblea Nacional, han denunciado la falta de transparencia de los procedimientos de bloqueo que no se hacen públicos ni ofrecen vías de apelación. El bloqueo ha sido implementado por los proveedores estatales CANTV y Movilnet, pero también por empresas privadas como Movistar y Digitel. 53

Los datos presentados por Venezuela Inteligente muestran que los sitios bloqueados incluyen los relacionados con las tasas de cambio (36 por ciento), los medios de comunicación (32 por ciento), los sitios de juego (16 por ciento), las redes sociales y las herramientas de comunicación (12 por ciento) y los blogs (4 por ciento). ). 54  En junio de 2018, también se bloquearon tres grandes sitios de pornografía, 55  una medida que, según algunos analistas, podría ser reducir el consumo de ancho de banda o probar bloques para otros sitios. 56  Como resultado de tales bloqueos, los usuarios han recurrido cada vez más a herramientas para ayudar a sortear la censura del gobierno. A fines de junio de 2018, sin embargo,  surgieron 57 informes de que CANTV había bloqueado el acceso a la red Tor, una herramienta que permite a los usuarios navegar de forma anónima. 58

El 15 de enero de 2018, los usuarios de las redes sociales informaron que medios digitales como  El Nacional, El Pitazo  y  La Patilla , eran inaccesibles a través de CANTV y Movilnet. 59  Este incidente coincidió con una operación policial contra el ex policía pícaro Oscar Pérez. 60  Durante la redada que terminó en un tiroteo mortal, Pérez estaba publicando los incidentes en Instagram, que al parecer también era inaccesible. 61  Pérez había sido buscado tras secuestrar un helicóptero y disparar contra la Corte Suprema de Justicia en junio, pidiendo un levantamiento contra el gobierno. 62

Algunos medios de comunicación como  El Pitazo  sufrieron casos recurrentes de bloqueo en algunas partes del país. El 10 de abril de 2018, IPYS Venezuela y OONI confirmaron que dos dominios asociados con  El Pitazo  estaban bloqueados por al menos cinco ISP en redes fijas y móviles, en al menos 15 estados del país. Anteriormente, en septiembre de 2017, CANTV y Digitel habían impedido el acceso al dominio original del sitio de noticias (elpitazo.com). Movistar se unió a la medida en noviembre de 2017. 63  En ambos casos, utilizaron el bloqueo de DNS sin ninguna orden judicial conocida ni un procedimiento administrativo. 64 Si bien se encontró que los sitios estaban bloqueados principalmente por medio de DNS, el 6 y 7 de junio, los monitores detectaron una nueva forma de censura, el bloqueo HTTP, que apuntaba a los puntos de venta de  La Patilla  y  El Nacional . sesenta y cinco

Las plataformas de medios sociales también fueron atacadas temporalmente el 28 de junio de 2017. Los usuarios de varias ciudades de Venezuela informaron que varias plataformas de medios sociales, incluidos Facebook, Twitter, YouTube y Periscope, estaban inaccesibles durante aproximadamente una hora. Pruebas realizadas por  IPYS Venezuela  y  Venezuela. Inteligente  confirmó el bloqueo de DNS que afecta tanto a los usuarios de CANTV como a los de Movistar. 66

Eliminación de contenido

Si bien los informes de transparencia producidos por Twitter, Facebook y Google no mostraron un número significativo de solicitudes de remoción por parte de entidades venezolanas durante este período de cobertura, varias leyes ofrecen vías para limitar el discurso al hacer que las plataformas intermedias y los sitios web sean responsables del contenido publicado por terceros. Este marco legal ha dado lugar a la autocensura y la censura preventiva (ver “Medios, Diversidad y Manipulación de Contenido”).

Promulgada en noviembre de 2017, la Ley contra el odio establece en particular que los intermediarios deben eliminar el contenido que contenga discursos de odio dentro de las seis horas de haberse publicado o enfrentar multas. La ley también faculta a las autoridades para bloquear sitios web cuando, en su opinión, promueven el odio o la intolerancia. 67  La Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (la ley Resorte-ME) también establece que los sitios web intermedios pueden ser considerados responsables por el contenido publicado por terceros, y otorga a CONATEL la capacidad discrecional de imponer sanciones severas por las infracciones. Sus disposiciones prohíben en particular los mensajes que promueven la ansiedad entre la población, alteran el orden público, ignoran a las autoridades legales o promueven la violación de las leyes existentes.

Medios, diversidad y manipulación de contenidos

En comparación con los medios tradicionales, la esfera digital presenta un espacio más vibrante para la expresión política y social. Los periódicos han migrado a la web debido a las restricciones de impresión, mientras que los medios de difusión también han forjado una presencia en línea. Las redes sociales como Twitter son plataformas populares para usuarios que buscan información en momentos cruciales. Los políticos y los líderes sociales también los utilizan activamente. 68  Ante la escasez de efectivo, los venezolanos también han recurrido cada vez más a las transferencias bancarias en línea, y han surgido aplicaciones de pago electrónico. 69  Como resultado, los servicios de banca en línea como Clavenet reciben incluso más visitas que Facebook en Venezuela. 70 Por otro lado, los problemas de conectividad y la mala calidad del servicio presentan serias restricciones para acceder a la información en línea.

Las restricciones legales sobre ciertas formas de expresión en línea han fomentado la autocensura y la censura preventiva, ya que los webmasters y editores podrían evitar publicar información que contradiga al gobierno. En una encuesta realizada a casi 400 periodistas de medios digitales, impresos, radiales y televisivos en las ocho principales ciudades del país, el 37.4 por ciento admitió recibir instrucciones para cambiar la redacción y dejar de cubrir temas específicos. Alrededor del 55 por ciento de los encuestados admitió que habían limitado su contenido, ya sea por autocensura o por autorregulación. 71  En un memorando filtrado, el periódico  El Universal  prohibió a sus periodistas difundir contenido político a través de las redes sociales, a menos que se haya aprobado previamente. 72

El gobierno ha tratado de expandir su influencia en línea, utilizando medios controlados por el estado y trolls de gobierno y alentando a los usuarios leales de las redes sociales para que hostiguen a quienes tienen puntos de vista opuestos. 73  Los medios de comunicación gubernamentales también han publicado información falsa para desacreditar a los medios digitales independientes, así como a las ONG que defienden la libertad de expresión. 74  Con un gran número de usuarios politizados, Twitter se ha utilizado con frecuencia para difundir la desinformación. 75

El gobierno utiliza regularmente cuentas y robots falsos para aumentar la popularidad del gobierno y promover opiniones favorables en las redes sociales.  Según el fundador de Trendinalia Venezuela, un sitio que rastrea las tendencias de Twitter, cuando el gobierno decide promover una palabra, frase o hashtag a los temas de tendencias de Twitter, transmite mensajes y etiquetas clave para difundir dentro de su red de operadores. 76  Esta estrategia de manipulación en línea se empleó ampliamente durante la elección de la Asamblea Constituyente de 2017. Un análisis encontró que el 51 por ciento de las cuentas que promocionaban el hashtag # SoluciónConstituyente (Solución Constitucional) en junio de 2017 se había creado ese mismo año. 77 En junio de 2017, el presidente Maduro afirmó que Twitter había desactivado las cuentas de miles de usuarios “por la única razón de ser chavistas”. 78  Según los analistas, Twitter habría descartado las cuentas que violaban las políticas de los usuarios de la compañía, 79  aunque Twitter no hizo comentarios sobre este caso. 80

Un estudio realizado por IPYS Venezuela también reveló el uso agresivo de Twitter por parte de los candidatos más influyentes en la Asamblea Constituyente en el período previo a la votación. 81  Un estudio similar, realizado después de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, observó que los promotores de la Asamblea Constituyente no comentaron sobre los temas ofrecidos a los votantes durante la campaña, sino que promovieron iniciativas como la aprobación de la nueva ley contra el discurso del odio. sin invitar al debate. 82

Los medios digitales enfrentan diversas dificultades en Venezuela, obstaculizados por el costo del equipo, la falta de financiamiento y el éxodo de profesionales que emigran en busca de mejores condiciones de vida. Según César Batiz, director de  El Pitazo TV , “muy pocos medios pueden sobrevivir con ingresos de publicidad”. 83  Los medios digitales han probado varios modelos comerciales y de financiamiento: campañas de financiación colectiva, apoyo internacional, pasarelas de pago, publicidad digital y alianzas con los medios. 84

Activismo digital

A pesar de los problemas de conectividad, los venezolanos son ávidos usuarios de internet y redes sociales. Según Tendencias Digitales, casi 16 millones de venezolanos usan YouTube, 15 millones están en Facebook, 13 millones están en Twitter y 11 millones están en Instagram. 85

Durante la crisis política y económica, los ciudadanos han usado Internet para expresar su disensión sobre el gobierno y para organizar protestas. Los usuarios también se han conectado para consultar precios e intercambiar o vender productos usados, 86  y hashtags como #ServicioPublico (“Servicio público”) se han utilizado ampliamente para encontrar productos escasos como medicamentos. 87

Algunos grupos han optado por estas plataformas para hacer declaraciones públicas contra el régimen. Dos mensajes se hicieron virales en las redes sociales durante este período de cobertura. El primero fue una transmisión de video a través de YouTube en agosto de 2017, antes de la instalación de la Asamblea Constituyente, y contó con un grupo militar (que luego fue detenido) con el objetivo de “restaurar el orden constitucional”. 88  El otro fue desarrollado por el piloto Oscar Pérez. quien usó YouTube y sus cuentas de Twitter e Instagram para pedir un levantamiento contra el gobierno, y luego narró y dejó testimonio sobre su rendición y muerte (ver “Bloqueo y filtrado”).

Las organizaciones de la sociedad civil han mantenido los esfuerzos para crear conciencia en línea y crear aplicaciones con usos cívicos. Por ejemplo, la ONG  Transparencia Venezuela  ha desarrollado estrategias para recopilar las quejas de los ciudadanos a través de una plataforma web, la aplicación “Dilo Aqui” y el correo electrónico. 89  Los medios digitales, como  El Pitazo , han forjado alianzas con organizaciones comunitarias para capacitar a los ciudadanos que informan a los ciudadanos, a fin de que puedan mejorar su cobertura de los problemas locales. 90 Algunos usuarios también se han movilizado en línea para protestar colectivamente contra fallas de internet. En septiembre de 2017, por ejemplo, un grupo de suscriptores en las afueras de Caracas usó las redes sociales para organizar una protesta en la sede de CANTV, alegando que no podían realizar sus trabajos debido a fallas en Internet. 91

Violaciones de los derechos del usuario:

Las violaciones de los derechos digitales se han intensificado en medio de la crisis social y política de Venezuela. El gobierno de Maduro continuó afianzando su control sobre el discurso en línea a través de una ley restrictiva contra el discurso del odio que  conlleva penas de prisión de hasta veinte años para quienes incitan al odio o la violencia por cualquier medio electrónico.  Los usuarios fueron  arrestados arbitrariamente por opiniones compartidas en línea, y los ataques cibernéticos se dirigieron a varios medios de comunicación y sitios web sin fines de lucro. Existe una creciente preocupación acerca de la capacidad del gobierno para hacer un mal uso de los datos personales como medio de control social y político, especialmente a la luz de la implementación masiva del “Carnet de la Patria”, un documento de identificación electrónica utilizado para el bienestar y programas públicos.

Entorno legal

Aunque la Constitución garantiza la libertad de expresión, 92  el gobierno ha aprobado leyes y reglamentos que restringen este derecho en línea. El prolongado estado de excepción y la emergencia económica incluye disposiciones para contrarrestar las amenazas cibernéticas, autorizar regulaciones para evitar “campañas de desestabilización”. 93  Una ley de discurso contra el odio redactada de manera vaga promulgada en noviembre de 2017 impone penas de prisión fuertes por incitar al odio, incluso en las redes sociales.

Actuando en contra de las disposiciones de la Constitución, Maduro convocó una Asamblea Nacional Constituyente por decreto presidencial en mayo de 2017. Instalado en agosto y compuesto exclusivamente por partidarios del gobierno, este nuevo cuerpo legislativo de facto recibió amplios poderes sobre otras instituciones estatales. El 8 de noviembre de 2017, la asamblea constituyente promulgó una “Ley Constitucional” contra el odio, por la tolerancia y la convivencia pacífica. 94 La ley impone penas de prisión de diez a veinte años para quienes incitan al odio o la violencia a través de cualquier medio electrónico, incluidas las redes sociales. También establece que los intermediarios pueden ser multados si no eliminan los mensajes sujetos a sanciones dentro de las seis horas posteriores a su difusión, con cantidades que oscilan entre cincuenta mil y cien mil unidades fiscales. La ley también faculta a las autoridades para bloquear los sitios web que consideran que promueven el odio o la intolerancia. Las organizaciones de derechos humanos y los expertos han criticado la amplitud de la ley y sus efectos perjudiciales sobre la libertad de expresión y la prensa. 95

Otras leyes proporcionan vías adicionales para limitar el habla. La ley Resorte-ME, que fue enmendada por la Asamblea Nacional en 2010, incluye prohibiciones vagas y severas sanciones que otorgan a las autoridades la discreción de restringir el discurso. 96 El  artículo 27, por ejemplo, prohíbe los mensajes que promueven la ansiedad entre la población, alteran el orden público, ignoran a las autoridades legales o promueven la violación de las leyes existentes. La ley también establece una responsabilidad intermedia para el contenido publicado por un tercero y exige que los medios en línea establezcan mecanismos para restringir el contenido prohibido. Los sitios web que infrinjan estas disposiciones pueden ser multados y los proveedores de servicios que no cumplan con los requisitos corren el riesgo de la suspensión temporal de las operaciones. 97

Además, la Ley de Seguridad Nacional, que se aprobó en enero de 2015, establece condenas de prisión para las personas que “comprometen la seguridad y la defensa de la nación”. 98  Activistas y periodistas también enfrentan cargos de difamación en virtud del código penal, que establece Penas de prisión por difamación contra funcionarios públicos y la publicación de información falsa. 99

Según el Índice de Estado de Derecho 2017-2018 del Proyecto de Justicia Mundial, que evalúa a 133 países, Venezuela ocupa el último lugar en el ranking mundial del Estado de Derecho. 100

Procesamientos y Detenciones por Actividades Online.

El año pasado estuvo marcado por frecuentes detenciones arbitrarias de reporteros, 101  , así como por los primeros arrestos de usuarios de redes sociales bajo la nueva “Ley contra el odio” adoptada en noviembre de 2017.

Varios usuarios de redes sociales fueron arrestados en base a sus actividades en línea:

  • En enero de 2018, tres adolescentes (Diego Gómez, Ender González y Dylan Canache) fueron detenidos por agentes de inteligencia, acusados ??de incitar al odio a través de grupos de chat y redes sociales al pedir protestas contra el gobierno. 102  Si se los encuentra culpables, enfrentaron hasta 20 años de prisión, de acuerdo con las disposiciones de la Ley contra el Odio. El Tribunal Supremo de Justicia anunció su puesta en libertad en junio. 103
  • En febrero, Enrique Aristeguieta Gramcko, abogado, historiador y político de 85 años de edad, estuvo detenido durante varias horas. 104  Aristeguieta es un opositor activo del gobierno de Maduro, y es especialmente activo en las redes sociales. Después de su liberación, informó que trataron de acusarlo por odio. 105 En un tweet, su hijo dijo que los funcionarios de SEBIN lo habían despojado del teléfono celular desde el que twiteaba. 106
  • En febrero, el sindicalista del sector eléctrico, Elio Palacios, fue detenido después de transmitir un mensaje de audio de WhatsApp, en el que denunció la crisis eléctrica, negando la afirmación del gobierno de presunto sabotaje. Palacios también convocó a una asamblea general de trabajadores. Según las autoridades, Palacios fue detenido porque el mensaje causó “pánico y ansiedad a la población”. 107
  • En mayo, el usuario de Twitter Pedro Jaimes Criollo fue detenido y recluido en régimen de aislamiento después de enfrentar cargos relacionados con sus tweets en línea sobre la ruta del avión presidencial. Ni sus abogados ni su familia pudieron comunicarse con él. 108

Los reporteros en línea, a su vez, han enfrentado juicios, a menudo en represalia por publicar artículos críticos del gobierno:

  • A principios de 2018, tres editores y un periodista del sitio web de periodismo de investigación  Armando.Info se  vieron obligados a abandonar el país después de que un tribunal de Caracas admitiera una demanda por difamación en su contra, basada en dos artículos publicados en abril y septiembre de 2017. 109  La queja Fue presentada por un empresario colombiano vinculado al gobierno venezolano. Una pieza reveló irregularidades en la importación estatal de alimentos en Venezuela, incluidas las negociaciones con el presidente Maduro. 110  Los cargos de difamación agravada e injuria (insulto) pueden resultar en hasta seis años de prisión. 111
  • Braulio Jatar, editor del sitio web de noticias  Confidential Report , detenido en septiembre de 2016 y puesto bajo arresto domiciliario en mayo de 2017, permaneció en la misma condición. Aunque oficialmente acusado de lavado de dinero, la detención de Braulio Jatar fue denunciada como represalia por la cobertura en línea sobre una protesta contra el presidente Maduro. 112
  • En mayo de 2018, después de las elecciones presidenciales, CONATEL abrió un proceso administrativo contra  El National Web,  por el presunto incumplimiento de las regulaciones establecidas en las leyes Resorte-ME y el discurso de odio. 113
  • El 14 de abril, funcionarios de la Dirección General de Inteligencia Militar arrestaron al propietario del sitio web DolarPro.com, Carlos Eduardo Marrón Colmenares. El Procurador General anunció que su oficina le cobraría por la falsa difusión del tipo de cambio, la legitimidad del capital y la asociación para cometer un delito. 114  Después de su arresto, tres sitios web que publicaron los precios del tipo de cambio paralelo fueron deshabilitados. 115

Vigilancia, privacidad y anonimato

Las actividades de vigilancia y contrainteligencia del gobierno han aumentado desde 2013, cuando el gobierno lanzó su “Plan de la Patria” 2013-2019, que enfatizó el fortalecimiento de la defensa nacional entre sus prioridades. 116  Los activistas digitales expresaron su alarma ante el creciente interés del gobierno por invertir en sistemas y operaciones de inteligencia. 117 También han surgido inquietudes con respecto a las iniciativas que buscan recopilar información personal de los ciudadanos, sin garantías con respecto a la privacidad y el tratamiento de estos datos. Durante el año pasado, los desarrollos preocupantes incluyeron la distribución masiva del Carnet de la Patria (“Tarjeta de la Patria”), así como un nuevo fallo destinado a obtener y retener datos personales de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, en particular la telefonía móvil.

La falta de supervisión independiente ha generado inquietudes acerca de la facilidad con la que se podría implementar el filtrado y la vigilancia sistemáticos del contenido. Aunque es difícil confirmar y determinar la escala completa de la vigilancia, los activistas han denunciado el rastreo y el espionaje por parte del gobierno. Periodistas independientes que han sido víctimas de piratería, como Milagros Socorro, han sospechado de posibles espionaje en sus conversaciones telefónicas. 118  A fines de agosto de 2017, una alerta advirtió sobre un malware diseñado para monitorear movimientos y comunicaciones en dispositivos Android, lo que habría afectado a varios activistas en el país. 119

La constitución prohíbe expresamente el anonimato. Para comprar un teléfono celular, una tarjeta SIM o un módem USB para acceder a la banda ancha móvil, la ley venezolana requiere que los clientes registren su número de identificación personal, dirección, firma y huellas digitales. 120  No se conocen restricciones gubernamentales sobre tecnologías de encriptación u otras herramientas de privacidad digital. Además, las leyes venezolanas, como la Ley contra el delito informático y la Ley de protección de la privacidad de las comunicaciones, garantizan la privacidad de las comunicaciones. 121  En la práctica, sin embargo, las autoridades no han aplicado estas leyes de manera uniforme en los casos en que los activistas han demandado protección bajo la ley. 122 Aunque la Constitución reconoce los principios aplicables a la protección de datos personales, como la protección del honor, la privacidad, la imagen pública, la confidencialidad y la reputación, así como el acceso a la información, no existen leyes o regulaciones de telecomunicaciones dedicadas a la protección de datos.

Los activistas han expresado su preocupación sobre la capacidad del gobierno para hacer un mal uso de los datos personales recopilados para los servicios de asistencia social y los programas públicos. 123  En ausencia de una legislación de protección de datos personales, el destino, el almacenamiento y el propósito final de esta información siguen siendo desconocidos. 124  El gobierno ha exigido cada vez más a los ciudadanos que tengan nuevas tarjetas de identificación electrónica, conocidas como “Carnet de la Patria” (Tarjeta de la Patria), para recibir los beneficios estatales. Durante las elecciones recientes, las tiendas del partido gobernante (“Puntos Rojos”) se desplegaron cerca de los centros de votación para escanear y renovar las tarjetas de los votantes, una estrategia que fue denunciada como un medio para rastrear la participación de los votantes en tiempo real y presionar a los votantes para que voten. favor del gobierno. 125

Presentado por primera vez en febrero de 2017, la Tarjeta de la Patria es un documento de identidad que recopila datos básicos, como la dirección y la fecha de nacimiento, pero también otro tipo de información personal, como la afiliación a un partido político. 126  Durante un período marcado por una grave escasez de alimentos, la tarjeta  comenzó a ser requerida para acceder a los beneficios de las llamadas “misiones sociales”, incluido el programa de alimentos controlado por los Comités Locales de Suministro y Producción (CLAP), compuesto por militares. Funcionarios y simpatizantes del gobierno.

La aplicación móvil “VeQR-Somos Venezuela” está asociada con la Tarjeta de la Patria. Para solicitar un beneficio, los ciudadanos deben escanear el código QR de su tarjeta y también activar el Sistema de posicionamiento global (GPS) del teléfono celular que se está utilizando, lo que permite al gobierno rastrear no solo los datos personales de los ciudadanos, sino también su ubicación. 127  A principios de 2018, la tarjeta también fue adaptada para servir como una herramienta de pago electrónico. 128  En enero de 2018, el gobierno informó que más de 16 millones de venezolanos tenían la tarjeta. 129 Sin embargo, los titulares de las tarjetas se quejan de que no pueden acceder a los teléfonos inteligentes para escanear el código QR, debido a la falta de conectividad y equipo personal. 130

En octubre de 2017, CONATEL emitió una nueva resolución administrativa que generó críticas por restringir aún más el derecho a la privacidad de las personas. 131  Con una redacción vaga, la nueva resolución establece que los operadores deben proporcionar la información recopilada a los órganos de seguridad a petición, sin especificar la necesidad de una orden judicial. Los datos que se recopilarán incluyen direcciones IP, fecha y hora de conexión, ubicación geográfica y detalles de las llamadas y mensajes de texto enviados o recibidos. La nueva Resolución administrativa también establece que para registrarse en un teléfono móvil, los clientes deben proporcionar datos como correo electrónico, huellas dactilares y una foto digital de su rostro tomada en el sitio de la transacción. 132

Un decreto emitido en octubre de 2013 creó el Centro Estratégico para la Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA), un organismo especial encargado del monitoreo y seguimiento de las redes sociales y otra información en línea.  Se informó que 133agentes de la Guardia Nacional también han sido capacitados por el Ministerio de Información y Comunicación en el manejo de las redes sociales para la “implementación de alertas tempranas” que pueden “mantener al pueblo venezolano informadamente informado y detectar cualquier amenaza para defender”. nuestra soberanía nacional ”. 134

Intimidación y violencia

El año pasado, continuaron los informes de hostigamiento, ataques y confiscación de equipos de trabajadores de los medios de comunicación por parte de oficiales de seguridad y pandillas armadas. 135

Los funcionarios de seguridad han obligado a los reporteros a borrar el material recopilado durante su cobertura de eventos políticos y sociales, o simples grabaciones de la vida cotidiana de los venezolanos, como las largas filas para comprar alimentos. 136  El robo de dispositivos móviles es especialmente dañino para las pequeñas publicaciones digitales con recursos limitados para reemplazarlos. Varios demostraron que los agentes de seguridad intentaron evitar la cobertura de la huelga cívica nacional de 24 horas en protesta contra la propuesta de la Asamblea Constituyente, celebrada el 20 de julio de 2017. Varios reporteros fueron asaltados, golpeados y heridos. 137 incidentes similares ocurrieron durante la elección para la nueva Asamblea Nacional, celebrada el 30 de julio de 2017. 138

El caso más grave registrado durante este período fue la desaparición del reportero gráfico Jesús Medina, quien trabajó para el sitio web de noticias  Dolar Today , bloqueado por CONATEL. 139  El fotógrafo, que ya había denunciado amenazas contra él, 140  logró enviar un tweet sobre su arresto por desconocidos el 3 de noviembre. 141 El periodista había estado publicando, a través de redes sociales, fotos y videos sobre la condición de los detenidos en El Tocorón. cárcel. El lunes 6 de noviembre, se encontró a Medina al costado de una carretera cerca de Caracas, medio desnudo y con rastros de violencia física. 142  Medina dijo a los medios internacionales que fue torturado y amenazado. 143 Las autoridades negaron haber participado en esta acción y algunos han implicado que podría haber sido una represalia por parte de algunos de los detenidos que controlan las pandillas dentro de la prisión. 144

Ataques técnicos

Los ataques técnicos con frecuencia se dirigen a críticos gubernamentales, medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos. Las cuentas de Twitter continuaron siendo hackeadas durante este período, como las de los periodistas Vladimir Villegas 145  y el ex gobernador Francisco Arias Cárdenas. 146  El sitio web de la caricaturista crítica Rayma Supriani también fue pirateado a principios de 2018. 147 El 8 de mayo de 2018, la página web de la organización de datos abiertos VENDATA sufrió un ataque que lo desconectó. La periodista Katherine Pennacchio, propietaria del dominio Vendata.org, también denunció un intento de clonar la tarjeta SIM de su teléfono celular. 148  Tras ser bloqueado por ISPs públicos y privados, el medio de comunicación digital  El Pitazo. Recibió varios ataques DDoS en abril y junio. 149  Otras víctimas de ataques incluyeron medios de comunicación independientes,  Tal Cual  y  Runrunes , el sitio web de la oposición Coalición para la Unidad Democrática, el canal de la Asamblea Nacional y sus cuentas de redes sociales, y ONG como Ipys Venezuela. 150

Los ataques cibernéticos también ocasionalmente se dirigen a instituciones gubernamentales y empresas como una forma de protesta. Después de la elección para instalar una nueva Asamblea Constituyente, un ataque cibernético coordinado por un grupo de piratas informáticos que se autodenominó  The Binary Guardians  afectó a al menos 40 sitios web del gobierno, incluido el Consejo Nacional Electoral (CNE). 151  El día después de la votación, los atacantes dejaron un mensaje en el portal de la CNE, acusándolos de cometer un fraude. 152 El grupo también tomó el control de la cuenta de Twitter del organismo electoral, de la que nuevamente calificó el voto de fraude. Otros sitios afectados por este ataque incluyen los de la Corte Suprema de Justicia (TSJ) y la Oficina de Identificación e Inmigración (SAIME). Incluso hubo ataques a los sitios web de los cuerpos de seguridad del estado, incluidos los de la policía científica (CICPC), la Policía Nacional (PNB), el Ejército y la Marina. Después del ataque cibernético, el presidente Maduro instó a las compañías privadas de telecomunicaciones a que tomen medidas en los planes del Estado para luchar contra lo que él considera un “ataque cibernético permanente” contra el país. 153  También se han producido ataques cibernéticos contra empresas privadas de aviación que a veces se han negado a transportar opositores políticos en sus aviones. 154

Tortura y muerte en Estambul y Caracas por Héctor E. Schamis – El País – 20 de Octubre 2018

Las similitudes del despotismo

Jamal Khashoggi fue al consulado de Arabia Saudita en Estambul el pasado 2 de octubre para realizar trámites personales. Nadie volvió a verlo con vida. Una cámara de seguridad grabó su ingreso a la sede diplomática, no así su salida. Agentes de la inteligencia saudita lo esperaban, con un médico entre ellos y equipados con una sierra para cortar huesos.

Mientras era brutalmente asesinado, el Post ya tenía su columna en la redacción, pieza póstuma. El argumento de la misma fue revelador, sino premonitorio, desde el título mismo: “Lo que el mundo árabe más necesita es libertad de expresión”. La cual practicaba regularmente, a menudo denunciando los abusos de la monarquía: censura, intimidación, encarcelamiento. Ello alcanzó para convertirlo en blanco.

Las explicaciones oficiales se propagaron, contradictorias entre sí. Primero que no sabían dónde estaba. Luego que lo ocurrido dentro del consulado no fue de conocimiento del gobierno de Riyhad, como si se tratara de un hecho privado en una dependencia oficial. Más tarde que fue un interrogatorio que salió mal—”botched”, en inglés, es la expresión usada que denota incompetencia o descuido—en una admisión de haber torturado a la víctima pero sin la intención de matarlo.

Finalmente, un comunicado de la fiscalía Saudí dice que Khashoggi murió en una “acalorada pelea” dentro del consulado, y que 18 funcionarios han sido arrestados por ello, iniciándose una investigación. Es sabido donde terminarán esas 18 personas. La ausencia del Estado de Derecho tiene consecuencias para propios y extraños.

El gobierno de Estados Unidos—aliado de Arabia Saudita y de Turquía, a su vez rivales entre sí—no parece acertar en sus respuestas, admitiendo dichas explicaciones mutuamente contradictorias a lo largo de estas semanas. Ello incluye haber aceptado las promesas del gobierno saudí de llevar a cabo su propia investigación. Quedar a dos fuegos es problemático aun en términos de una política exterior realista; es decir, prescindiendo de consideraciones normativas. Turquía ahora anuncia que mostrará toda la evidencia que posee.

En América Latina nada de esto sorprende demasiado, desgraciadamente. Por un lado porque la violencia contra periodistas se ha hecho costumbre. Sea por investigar al autoritarismo, la corrupción o el narcotráfico, y la confluencia de todo ello, el periodismo es víctima de una guerra sin reglas donde el objetivo es silenciar al mensajero. Pero además no sorprende por las similitudes de las autocracias en relación a sus críticos.

Tómese el caso de Fernando Albán. Abogado, dirigente político y concejal, también él estaba marcado. Después de asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas, lo esperaban en el aeropuerto a su llegada a Caracas. De Maiquetía al Helicoide, prisión administrada por el Sebin, hasta su muerte. El cuerpo de Albán cayó de un decimo piso.

El régimen argumentó suicidio, que Albán se había arrojado desde la ventana de un baño. Ex prisioneros políticos declararon de inmediato que ningún baño tiene ventana y que nadie va al baño solo. Hubo una autopsia oficial, pero las no oficiales aseguraron que el dirigente político tenía agua en sus pulmones.

También allí fue un caso de tortura “botched”. El régimen comunicó de inmediato que llevaría a cabo una investigación de los hechos. Aquí la idea que los que torturan y matan son capaces de averiguar la verdad y contarla solo pareció aceptable para Zapatero y pocos más.

En el mercado de vidas y muertes que es la Venezuela de Maduro, dejar de hablar del asesinato de Albán requirió hablar de otro preso político, y para eso se dispuso la excarcelación y destierro de Lorent Saleh. La dictadura chavista es tan abominable que la libertad de un inocente es consecuencia del asesinato de otro inocente, ambos de idéntica autoría. Es una sociedad victimizada por muchas tragedias, pero tal vez ninguna como la erosión de la más básica dignidad humana.

Ya que se trata de dignidad, el caso es relevante. Lorent Saleh residía en Colombia, pero el gobierno de Santos le negó la petición de asilo, desconociendo normas fundamentales del derecho internacional, y lo extraditó en septiembre de 2014. Las autoridades colombianas lo cruzaron en andas sobre el puente internacional Simón Bolívar, entregándolo al Sebin en mano en la frontera. Literalmente, el video está en Youtube. Su madre, Yamile Saleh, ha recorrido el mundo para mostrar semejante horror.

Es que todo esto tiene que ver con la libertad, como en la columna de Khashoggi. Para los periodistas y los opositores políticos, es la libertad de investigar al poder, contárselo al ciudadano, criticar, asignar responsabilidades y exigir rendición de cuentas, todo ello mientras son protegidos por garantías constitucionales. Garantías que el despotismo anula, el monárquico, como en Arabia Saudita, o el militar y de partido único, como en Venezuela.

Venezuela cierra un programa de radio que cuestionó la transparencia de las elecciones – El País – 12 de Octubre 2018

El espacio ‘Gente de palabra’ era copresentado por Alonso Moleiro, colaborador de EL PAÍS en Caracas

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, la semana pasada.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, la semana pasada. FELICIANO SEQUERA EFE

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel) ordenó el cierre del programa Gente de palabra,emitido hasta el pasado martes por la cadena privada Unión Radio, que desde la celebración de las elecciones presidenciales del 20 mayo mantuvo una postura crítica con la transparencia de esos comicios. El espacio de información y entrevistas, copresentado por el periodista Alonso Moleiro, colaborador de EL PAÍS en Caracas, junto a Esteninf Olivares, fue cancelado tras un requerimiento dirigido por el ente estatal de control de las comunicaciones a los dueños de la emisora.

Justo antes del cierre, Gente de palabra trató de concertar una entrevista con Henri Falcón, el único candidato opositor de peso que concurrió a las últimas presidenciales, según explicó él mismo en Twitter. “No saldrá al aire por otra medida arbitraria del Gobierno, que sigue obstaculizando el derecho a la información”, señaló. Un informe del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela denunció las coacciones del Ejecutivo: en 2017 Conatel interrumpió la transmisión de 40 emisoras y que, un año después, la mitad mantiene sus antenas apagadas.

Las elecciones del pasado 20 de mayo, que supusieron una victoria de Maduro con una abstención sin precedentes, fueron cuestionadas por la mayoría de las fuerzas de la oposición, que se negaron a participar por las trabas impuestas por el oficialismo y la falta de garantías democráticas. La práctica totalidad de la comunidad internacional tampoco reconoció el resultado al considerar que no se dieron las condiciones básicas de transparencia y observación durante la jornada electoral, que estuvo rodeada de acusaciones de fraude.

 Documento sobre Alex Saab aprobado por CONATEL – El Chigüire Bipolar – 12 de Septiembre 2018

Haciendo uso de disposiciones de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), el gobierno del presidente de Venezuela y vocal suplente del club de fans de BackYardigans, Nicolás Maduro, prohibió al portal de periodismo de investigaciónArmando.Info seguir publicando denuncias sobre casos de corrupción que mencionen al empresario colombiano Alex Saab. Usando a nuestro pasante subpagado como anzuelo para enamorar a una de las secretarias de CONATEL, logramos conseguir la exclusiva del documento aprobado por CONATEL sobre Alex Saab.

La caminata sobre vidrio molido de César Miguel Rondón por Mariángela Velásquez – Costa del Sol FM – 7 de Julio 2018

 

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“La situación es espantosa. No me siento rendido pero me siento derrotado. Me dejaron abandonado porque no tengo un estamento democrático del cual agarrarme”, lamentó el periodista venezolano César Miguel Rondón frente a un grupo de colegas en un restaurant de Madrid.

Y esa derrota resuena en la voz del comunicador que todavía acompaña a sus radioescuchas todas las mañanas en una emisora caraqueña aunque las presiones del régimen de Nicolás Maduro lo obligaron a salir de Venezuela hace ya más de un año.

En la tertulia con miembros de la Asociación de Periodistas Venezolanos en España, el pasado miércoles 4 de julio, Rondón se alejó del optimismo engañoso y desnudó una realidad que algunos se niegan a ver. No habló de sus nuevos proyectos, ni de la última edición El Libro de la Salsa que fue presentado esta semana en Madrid. Sólo conversó sobre Venezuela y la labor de los periodistas como observadores de esa trágica historia.

“La noche que estamos pasando es oscura y muy larga. Por eso me molesta que digan que mañana cae Maduro. Eso es mentira. Lo que hay que decir es la verdad”.

Su presencia permanente en la radio desde hace 29 años le ha permitido tener un panorama claro del proceso de deterioro de Venezuela “Soy un testigo de mi tiempo. Soy periodista, como somos todos. Por eso no creo que sea prudente engañarnos”. Leer más de esta entrada

Otra torta internacional – Editorial El Nacional – 7 de Junio 2018

Ya es un clamor que el partido gobernante emprenda una reorganización que modernice (si ello es posible, cosa que dudamos) y le insufle algo de vida a la dinámica partidista interna del socialismo del siglo XXI. Es, según sus militantes, una tarea que no puede esperar mucho porque el rancho está ardiendo y el incendio puede arrasar con todo lo que han logrado (¿?) en estos años.

No nos corresponde a los venezolanos sensatos darles consejos a quienes se han hecho dueños del poder y desprecian cualquier sugerencia que no provenga de la rosca que rodea a Nicolás Maduro y que, para mayor desgracia, filtra y desmerita cualquier iniciativa de los militantes jóvenes que tienen ganas de salir de viejos deshonestos, civiles y militares, que llevan al partido por el camino de la desgracia.

Salvando las distancias, que son muchas, no queda otra alternativa que referirnos a la profunda crisis moral que padece Venezuela provocada por quienes, proclamándose hijos de Hugo Chávez, hoy cometen tales desmanes y fechorías que no hacen otra cosa que enterrar en el olvido al héroe militar que, contradictoriamente, les dio a ellos cierta vida y vigencia política nacional e internacionalmente. Así paga el diablo.

Ahí está el caso de la OEA, un organismo interamericano que Chávez, con la tutoría de Fidel Castro, sometió a sus designios más perversos, al punto de domesticarla de acuerdo con sus deseos. Hoy, con el deficiente de meninges del canciller Arreaza, el reelecto Maduro se ve en el aprieto de salir como moza de taberna a recoger los vidrios rotos. Y es que si no existiera Maduro, todos sus compinches civiles y militares quedarían al descubierto en su monumental mediocridad.

Hace un par de días uno de los héroes bolivarianos, el “diputado” Carreño, ex militar para bienaventuranza de los oficiales que nunca asaltaron una cantina en un cuartel, exhibió una sentencia de un tribunal en la que, según él, El Nacional, diario decente y de larga trayectoria de respeto por los ciudadanos (cosa que no acostumbra el diputado Carreño), pasaría a manos del “honorable” capitán Diosdado Cabello como consecuencia, forzada, inevitable y provocada, de una decisión judicial.

Carreño cuenta los pollos antes de nacer. Si se cancela la suma que estima el tribunal, pues tanto Cabello como Carreño se quedan con un palmo de narices. Y estamos dispuestos a pagar aunque en ello dejemos el alma. A este diario lo va a defender el país entero. El Nacional es de Venezuela, no lo vamos a dejar en manos poco limpias.

El anuncio, falso como todos los de este gobierno, provocó una ola de indignación no solo entre los venezolanos, sino también en la opinión pública mundial. Y quienes pensaban utilizar esta medida judicial para ocultar el rotundo fracaso de los agentes bolivarianos en la OEA, ineptos tarifados por lo demás, ahora se encuentran prisioneros de los actos de su propia ignorancia porque la prensa latinoamericana y europea le han dado al caso una dimensión mundial, en defensa de la libertad de expresión y para peor, poniendo de relieve la calaña de quienes aspiran adueñarse de un diario de relevancia continental, fundado por el escritor Miguel Otero Silva y mantenido en alto, por encima de las dificultades, gracias a su hijo Miguel Henrique Otero.

El peor año para la libertad de expresión e información en Venezuela por Andrés Cañizález – ProDaVinci – 30 de Mayo 2018

La Guardia Nacional Bolivariana impidió el martes 15 de abril de 2018 el ingreso de los periodistas al Palacio Federal Legislativo.

Durante este mes de mayo, en coincidencia con las celebraciones internacionales para promover la expresión libre ya que la Unesco fijó el 3 de mayo como el Día Mundial de la Libertad de Prensa, en Venezuela se conocieron tres reportes que permiten comprender cabalmente las consecuencias que ha tenido en el país la política de “hegemonía comunicacional”, iniciada hace más de una década, pero cuyos resultados fácticos han terminado teniendo lugar en la etapa final de este primer período de Nicolás Maduro en el poder.

Al hacer un balance del año 2017, con la presentación de su informe anual sobre el estado de la libertad de expresión e información en Venezuela, la organización no gubernamental Espacio Público recogió la documentación de 708 casos que sumaron 1.002 denuncias de violaciones al derecho humano a la libertad de expresión e información. Lo más relevante, es que estos datos son los más altos desde el año 2002, cuando Espacio Público comenzó a hacer su monitoreo, y muestran un deterioro relevante de las garantías de este derecho en Venezuela.

Los 708 casos en los que se vulnera el derecho a la libre expresión en su mayoría corresponden al uso de la violencia física, la intimidación y ataques no solo a trabajadores de la prensa, sino también contra ciudadanos que buscaban registrar los hechos que sucedían al momento, según documentó la ONG venezolana. Si tales cifras no fuesen de por sí preocupantes, el año 2017 cerró con la salida del aire de ocho canales de televisión, 54 emisoras y 17 medios impresos que dejaron de circular por falta de papel prensa, seis de ellos indefinidamente.

El foco sobre las restricciones al ejercicio del periodismo, afectando por igual a medios de comunicación, periodistas y ciudadanos, no fue una preocupación exclusiva de organizaciones con sede en Venezuela. La muy prestigiosa red internacional de Reporteros Sin Fronteras (RSF), también en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Libertad de Prensa del 2018, llamó la atención del mundo en relación con las medidas del régimen de Maduro y su impacto negativo en las libertades de expresión e información.

En la clasificación mundial de RSF, Venezuela pasó a ocupar la casilla 143 y el país experimentó la mayor caída del continente, perdió 6 lugares en comparación con la edición anterior de esta evaluación anual (La Patilla, 2018). Durante 2017, de acuerdo con este informe internacional, el gobierno del presidente Nicolás Maduro siguió distinguiéndose por sus excesos autoritarios. La prensa independiente y la de oposición, al igual que los corresponsales de medios de comunicación extranjeros, son constantemente el blanco de la policía y de los servicios de inteligencia venezolanos. Los periodistas padecen cada vez más agresiones durante las manifestaciones, detenciones arbitrarias –durante las cuales pueden sufrir agresivos interrogatorios–, así como la destrucción de su equipo; también se hizo frecuente la expulsión de corresponsales extranjeros, una práctica no habitual en el pasado.

Reporteros Sin Fronteras, asimismo, constató que, durante 2017, en Venezuela, también aumentó la censura directa del Estado, ya que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) privó de frecuencia a numerosas radios y televisiones críticas; por otra parte, la escasez de papel golpeó a la prensa escrita de oposición. Todo este contexto colocó obstáculos para impedir la labor de los periodistas, dado que el gobierno busca que no se conozca la magnitud de la grave crisis política y económica que sacude al país desde inicios de 2016.

Otra arista, no menos preocupante, lo constituye el informe elaborado por el capítulo venezolano del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) sobre la libertad de expresión en Internet que llevó por título “Internet con la bota puesta”, también difundido en mayo de 2018. Según esta entidad dedicada a la promoción y defensa de la libertad de información, durante 2017 se vivieron en Venezuela desde la aprobación de una estructura jurídica regresiva, hasta la persecución policial y militar, junto a ataques a portales de organizaciones civiles y medios de comunicación, todo ello tuvo además como telón de fondo una deficiente conectividad. En Venezuela, asimismo, se registraron detenciones arbitrarias por expresión, blackouts en la red, y el discurso agraviante del Estado como una suerte de colofón.

En el período de los doce meses de 2017, de acuerdo con lo documentado por el Instituto Prensa y Sociedad, resultaron vulnerados los estándares internacionales establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que deberían garantizar un Internet abierto, libre y democrático. De forma específica, en Venezuela se vieron afectadas siete de las categorías fundamentales que convierten a la libertad de expresión en Internet. Al menos ocurrieron 50 casos que derivaron en 63 violaciones a los derechos digitales.

Volviendo sobre los datos históricos que nos permiten ver los informes anuales de Espacio Público, 2017 ha sido de lejos, en la década y media que esta organización lleva sus registros, el año más restrictivo y negativo para el ejercicio de la libertad de expresión, con claro impacto sobre medios de comunicación, periodistas y ciudadanos. Eso de por sí ya sería preocupante, en cualquier contexto.

Pero lo que resulta aún más alarmante es que el 2017 estuvo precedido de un 2016 que ya había batido, igualmente, los registros negativos y restrictivos en Venezuela. En el 2016, según Espacio Público, se registraron 366 violaciones del derecho a la libertad de expresión e información en Venezuela. Se trata de una por cada día. Con las bases metodológicas establecidas en 2002, y en las cuales tuvimos la oportunidad de participar como coautor de las mismas, el reporte de Espacio Público permite la mirada longitudinal y las comparaciones.

Con propiedad, entonces, se puede establecer cuál ha sido el año más perjudicial para la libre expresión e información en Venezuela. En este caso al mirar el conjunto, desde 2014 –ya con Maduro en el poder– se inicia una suerte de escalada en la conflictividad (porque en muchos casos hablamos de violencia directa) generada desde el poder para afectar al periodismo crítico e independiente.

 

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