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Anomia y Sala Constitucional por Alberto Arteaga Sánchez – El Nacional – 9 de Mayo 2016

Alberto-Arteaga-Raul-Romero-Archivo_NACIMA20150829_0071_6-180x180La Sala Constitucional, el 11 de abril de 2016, como parte de la secuencia de decisiones que sistemáticamente desconocen atribuciones de la Asamblea, a partir de su nueva integración, reflejo de la voluntad popular, ha declarado la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía sancionada el 29 de marzo, entre otras cosas, por considerar que no se ajusta a la naturaleza de esa medida, por expresas y concretas consideraciones sobre su alcance, por su extensión a hechos que estima ajenos a su finalidad y, aunque ello parezca extraño, porque fomentaría la impunidad, el irrespeto a la ley y, en definitiva, la anomia que degenera en el caos social. La Sala, apunta la sentencia, “no puede permitir otorgar la constitucionalidad de una ley que propenda a la anomia de la sociedad venezolana, en franco desconocimiento de sus valores y los principios y garantías que conforman el texto fundamental”.

La verdad es que faltan palabras para expresar la extrañeza y asombro ante esta afirmación de la Sala que sin duda desconoce, de una parte, la tradición de las leyes o decretos de amnistía en Venezuela desde 1811, sus bondades como instrumento de reconciliación o pacificación, las características de la ley sancionada en 2016 y, sobre todo, la realidad que estamos viviendo en Venezuela de absoluta carencia de sanciones por graves delitos, de “ajustes de cuenta” a la luz del día y de linchamientos por pobladas que toman la “justicia” en sus manos.

Esta, en realidad, es la anomia que nos ha invadido y se ha posesionado de la sociedad venezolana ante la indiferencia del Estado, incapaz de dar una respuesta coherente y justa, con manifiestas señales de la más descarada impunidad y por las políticas erradas de la creación de “zonas de paz” que no son otra cosa que territorios de guerra en los cuales el Estado ha renunciado a sus funciones de resguardar, velar por los derechos ciudadanos y sancionar penalmente, todo lo cual queda en manos de bandas criminales que imponen sus propias normas.

La anomia o el caos social generado por la ausencia total de Estado y de garantías ha desatado una ola de violencia que nos agobia, quedando arrinconados los órganos formales de administración de justicia y los procedimientos legales, todo ello sustituido por vías de hecho, actuaciones de franco abuso y atropello llevadas a cabo por representantes de la “autoridad” que siempre alegan actuar en defensa propia o por multitudes enardecidas que fuera de sí incurren en hechos absolutamente condenables de ajusticiamientos por simples sospechas, todo esto unido a manifestaciones, que nos eran extrañas, de crueldad, frialdad y manifiesto desprecio por la vida y la dignidad de seres humanos, de franca degradación de nuestra condición de sociedad organizada, solidaria y respetuosa de los valores de la vida, la paz y la justicia.

Si la ley, como anotó la sentencia, en cita impertinente de San Pablo, no se hizo para los justos, sino para los malhechores -se supone que el Apóstol hace referencia a las leyes que describen hechos delictivos- ¿por qué se persigue con ella a los disidentes políticos que no han cometido delitos ni han sido sometidos a un proceso justo y no se aplica a quienes mantienen azotada, con extrema violencia, a toda la colectividad?

Ciertamente, la anomia y la impunidad que, a juicio de la Sala Constitucional, patrocinaría la ley de amnistía es un mero pretexto para amparar la más grosera violación de los derechos ciudadanos que se esconde en los expedientes de nuestros presos políticos, investigados, imputados, acusados o condenados no por hechos punibles, sino por sostener posiciones políticas que no son compartidas por el gobierno.

Prohibido olvidar quienes son, por Tamara Suju Roa – La Patilla – 2 de Mayo 2016

thumbnailtamarasujuComo doliente de la Amnistía, no solo por haber colaborado en una que otra cosa en su redacción, sino como posible beneficiaria, debo confesar que me siento entristecida por la forma en como el régimen de Maduro está tratando de engavetarla para sacar del fondo del saco una Comisión de la Verdad “de ellos” y llevar a quienes están desesperados por sus familiares presos, a posiblemente verla como el ultimo tren que pasará por el caso de sus seres queridos, dolientes, injustamente presos y maltratados.

Es importante recalcarle a mis lectores, que enfrentamos a un régimen malandro, sin reglas ni principios, sin moral, y que siempre, a pesar del color del disfraz de cordero que se pongan, serán lo que son: unos envilecidos del poder. Quienes por años trabajamos defendiendo a victimas de este régimen, sabemos como han evolucionado, como han diseñado su propia estructura e inteligencia represiva, para lograr lo que algunos han sentido antes y muchos sienten ahora…la desesperanza y la inamovilidad.

El régimen ha aprendido a utilizar el miedo como mecanismo de control, y ahora, lo mas sofisticado, el hambre, la sed y las necesidades básicas, como método para conseguir un fin que les beneficie. La repartición de bolsas de comida a cambio de firmas en contra de la ley de Amnistía fue tan miserable, como lo son, quienes piensan que el pueblo venezolano es desmemoriado y no sabe que quienes han desfalcado las arcas públicas, quienes controlaron las divisas, la renta petrolera, el Banco Central de Venezuela, el oro de las reservas internacionales, los impuestos de la gente, las industrias básicas, las minas y riquezas naturales, son ellos mismos, que llegaron al poder para apropiarse de Venezuela, para someter al pueblo a una ideologíaretrograda y discriminatoria, y tratar de imponer un sistema que ha arruinado al país y ha empobrecido a su gente.

El uso del poder para infligir dolor al venezolano, ha sido extremo. Y no hablo solo del dolor físico, sino del psicológico, del moral, del dolor que da cuando tratan de destruir la dignidad. Sus métodos varían dependiendo de hacia quien va dirigido. A sus seguidores le aplicaron el método de la provocación, de la inculcación del odio hacia quienes se oponían a ellos, además de resaltar la miseria y las dádivas por encima del progreso y la buena educación para crecer como seres humanos. Hoy en día,algunos continúan a merced de la bolsa de comida, de la promesa de una vivienda mal terminada, o de un taxi que obtuvieron para votar por alguno del gobierno. A ellos ahora, el régimen los ha mandado a sembrar conucos en sus casas, a criar pollos en sus salas, y hasta a hacer cervezas artesanales, alegando que la oposición les ha quitado la comida de la boca con la guerra económica.

Al lado contrario, a la oposición democrática, le ha aplicado la persecución judicial para aplacar las ideas y callar sus voces, les quitó bienes productivos, empresas, fincas, con el ansia de apropiarse de lo que si servía para convertirlo en el mismo rancho que tienen ellos en la cabeza, y los ha sometido a la fragilidad de sentirse desprotegidos ante el hampa organizada y al hampa improvisada, a la que alentó con la impunidad, con la permisividad de los colectivos que funcionan como cuerpos paramilitares, y con el empobrecimiento y la carencia de planes de crecimiento económico que produjera empleos dignos. Por la misma desidia, inacción e impunidad, el régimen fomentó que se incrementaran delitos como el secuestro y la extorsión, como herramientas para obtener dinero fácil y rápido. De hecho, miembros de sus propios organismos de seguridad, pertenecían o siguen perteneciendo a bandas delincuenciales. La oposición ha pagado con cárcel, intimidación, conculcación de derechos y exilio, su disidencia.

A Franklin Brito no lo mató únicamente la huelga de hambre, también lo llevó a la muerte el pisoteo del régimen a su dignidad. A Geraldine Moreno y a Bassil Da Costa no los mató una simple bala, los mató el odio, el abuso de autoridad de estos hombres “nuevos”, formados para tratar al venezolano que manifiesta por sus derechos, como el enemigo de guerra, aunque su arma sea una bandera y su juventud. A Mónica Spear la mataron aquellos que nacieron en estos 17 años de impunidad y permisividad, y que hoy son pequeños estados dentro del Estado, armados hasta los dientes, y actuando durante muchos años con el silencio absoluto y cómplice de quienes pensaron que estos grupos podían ser parte de la defensa de la “revolución”.

Yo quizás podría pensar que algunos de los que están hoy en el poder, podrían quizás salvarse de las pailas del infierno, cuando Dios los llame a botón en algún momento de la vida, como nos pasa a todos. Pero estoy segura que hay unos cuantos que tendrán que rendir cuentas de su maldad, de la energía que pusieron para lastimar, para dañar, para hacer sufrir a su prójimo aquí en la tierra, ante el sistema de justicia nacional o internacional. Espero estar sentada del lado de las victimas, para poder señalarlos. A mi, nunca me han engañado.

El Alto Mando es bajito por Carlos Blanco – El Nacional – 20 de Abril 2016

Unknown-1Los más importantes jefes militares no pueden invocar la obediencia debida para hacer lo que hacen. Después de las brutales dictaduras del Cono Sur, en especial la Argentina, y con el Estatuto de Roma en vigencia, el concepto de “obediencia debida” quedó en el baúl de la ignominia.

Un oficial del rango que sea no está obligado a ejecutar órdenes ilegales. Si lo hace, es personalmente responsable de los delitos que comete, así sea porque se lo ordenaron.

En el caso del general Vladimir Padrino López y de otros locuaces jefes, no sólo actúan de manera inconstitucional e ilegal, sino que no hay sospecha de que reciban órdenes con las que no comulguen. Lo que dicen y hacen pareciera que lo disfrutan. Es el gozo perverso de los opresores que creen que no hay final. Y, caballeros o lo que ustedes sean, hay final. Nunca olviden que la máquina de terror genocida de aquel cabo austríaco que prometía un milenio para su Reich, duró 12 años. Ustedes han durado más en el poder, pero ya la fermentación ambiental apesta en el Caribe y en los Andes.

La Asamblea Nacional, en uso de sus atribuciones claras, expresas, constitucionales, aprueba una Ley de Amnistía. Su aplicación permitiría descomprimir la atmósfera política e incluso, señores generales, con ustedes dando vueltas en el poder, podría crear una zona neutral para la inevitable transición que sería bonito –y conveniente también para ustedes– facilitar. Pero, no. El ministro de la Defensa, como vocero de los jefes militares, se atreve a actuar como un militante ensoberbecido de la Célula Padrecito Stalin asentada en San Agustín.

Así ha ocurrido con las sistemáticas intervenciones políticas de esos personajes, apartados letra a letra de sus obligaciones constitucionales. ¿A nombre de qué o de quién, con qué autoridad legal, política o moral, el general Padrino López pretende enmendarle la plana a la expresión más legítima, más reciente y más autorizada de la voluntad popular? ¿Quién le dio derecho a enfrentar la amnistía que desde todos los lugares del planeta exigen al régimen opresivo que él representa?

Tengo una hipótesis de por qué actúan estos personajes como lo hacen: el poder se les desmorona. Nicolás Maduro se dedica a exigir más incondicionalidad, más lealtad y más apoyo, a una comparsa en la que abundan los venenos y las intrigas precisamente porque se les deslíe entre sus manos la maquinaria y el sueño que fueron.

No es de dudar que los oficiales altos, medios y bajos, ajenos a la macolla que confiscó la institución, estén también por la salida democrática.

Como en la peor dictadura africana por Marta Colomina – El Nacional – 17 de Abril 2016

marta-colombina-1450632933A fines de 2013, parte de la prensa internacional ya calificaba el régimen de Maduro como una dictadura . En febrero de 2015, The Wall Street Journal editorializaba así: “ya es hora de hablar de tiranía en Venezuela”.

Con la gran derrota electoral en las parlamentarias del 6D, la conducta dictatorial de Maduro y de su brazo político (tsj), han estallado tan ostensiblemente, que ya no hay demócrata que no califique de dictadura el desconocimiento que el régimen ha hecho de la soberanía popular, al usurpar las atribuciones constitucionales de la AN ; su acoso y censura a los medios de comunicación y su negativa a liberar a los presos políticos , cerrando así todas las vías democráticas, como denunciase el también acosado presidente de la AN, Henry Ramos Allup.

Al declarar “inconstitucional” la Ley de Amnistía, Maduro y su tsj han desoído la exhortación del Secretario General de la OEA, Luis Almagro de que “en Venezuela es necesaria una ley de amnistía que devuelva a los presos políticos a sus familias”. Y aún peor: el Alto Comisionado para los DDHH, en su condición de portavoz de la ONU, declaró esta semana que “estamos muy ,muy decepcionados y sorprendidos por la decisión del Tribunal Supremo de declarar como inconstitucional a la Ley de Amnistía aprobada por el Parlamento, sobre todo teniendo en cuenta que el Gobierno venezolano nos solicitó nuestra opinión legal y nosotros respondimos que estaba en conformidad con los estándares internacionales de los derechos humanos”. Es decir, que el gobierno envió la Ley de Amnistía a la ONU en la convicción de que iba a ser rechazada. Como Naciones Unidas certificó que el texto estaba “en conformidad con los estándares internacionales de DDHH “, Maduro y su combo vergonzante decidieron apostillarla con la inconstitucionalidad que define sus actos .

La portavoz de la ONU cuestionó la “falta de independencia del estamento judicial venezolano” , clamó por “una reforma profunda del sistema judicial para garantizar su independencia del Gobierno”, y recordó al Estado que “debe asegurar el respeto de los derechos y libertades de todos los venezolanos, incluidos los defensores de DDHH” .

El repudio a la decisión del tsj , ha sido general: el Congreso español apoyó la Amnistía y rechazó los denigrantes insultos de Maduro contra Rajoy, con los votos mayoritarios del PP, Psoe, Ciudadanos ,PNV, y los anti-separatistas catalanes. Quien se abstuvo (cuidando los generosos cheques de Chávez y de Maduro ) fue” Podemos “ .

La Internacional Socialista y otras organizaciones mundiales han declarado que el “TSJ venezolano incurre el usurpación de poderes y desconoce la voluntad del pueblo”, al ir en contra de las decisiones democráticas del Parlamento venezolano”. También EEUU acusó a Maduro de utilizar la judicatura (tsj) y usar indiscriminadamente a la Policía” para juzgar y detener de forma arbitraria a sus opositores”. Expresó, además, su “seria preocupación por la impunidad en el seno de las fuerzas de seguridad ” y apuntó que “se tomaron medidas para castigar a funcionarios de bajo rango por lo abusos, pero pocas se adoptaron contra altos cargos oficiales” y cuestionó el acoso contra los medios. A la misma tarea golpista está dedicada Tibisay, al negarse a cumplir con la entrega de la planilla a través de la cual millones de venezolanos solicitaremos el referéndum revocatorio de Maduro.

Ocho semanas consecutivas ha venido prometiendo a la dirigencia opositora la entrega , sin que la haya cumplido, a sabiendas de que el indecente retraso del CNE impide la salida de Maduro, vía referéndum.

La de Venezuela no es cualquier dictadura en la que solo hay represión y presos políticos , que ya es mucho. No. La hiperinflación, hambre, escasez, violencia y corrupción “siguen la senda de la peor dictadura africana “, como publicase “The Economist”, al comparar los indicadores del régimen de Maduro con los del Zimbabue del dictador Mugabe.

El FMI calcula una caída del PIB cercana al 10%, e inflación entre 1.700 y 2.200% para 2017 .Con Maduro la inflación en alimentos ya superó el 1000% . El desastre es tal, que Caracas tampoco puede imprimir más dinero ( a pesar de la impunidad para delinquir otorgada por el tsj) ,porque “hasta el mes pasado el BCV debía más de $ 250 millones por la impresión de billetes a la casa inglesa “De la Rue” .

Pdvsa debe a las 4 grandes empresas de servicios petroleros más de $ 2.300 millones, así que la Schlumberger está haciendo las maletas, El incumplimiento de pagos con Uruguay, Panamá, Brasil y Argentina y otros, nos cierra el crédito para alimentos .Trato distinto le da a su pana de Nicaragua:“Media deuda nicaragüense de $ 3.500 millones manejada como alcancía, pasará a Pdvsa (publica “El Confidencial” de ese país).

La pobreza en Venezuela aumentó no con la caída de los precios del crudo, como miente Maduro, si no en los años de mayor ingreso petrolero :La Cepal reporta que entre 2010 y 2013— con el barril por encima de 100$ –la tasa de pobreza subió 4,9% para ubicarse en 31,2%.

La encuesta de la UCAB, UCV y SB señala que “mientras en 2014, 48,4% de los hogares y 52,6% de las personas estaban en situación de pobreza, en el año 2015 la cifra ascendió a 73% y 76%. El Cendas informa que “por primera vez el salario mínimo sólo cubre 7,9% de la canasta básica y que en 13 años de control de precios, 9 han sido de escasez de productos básicos.

El informe de Encovi revela que el 50% de los venezolanos “descartaron” leche y huevos de su menú , que 3,5 millones de personas consumen solo 2 comidas al día y que el 81% de la población presenta en 2016 algún grado de pobreza.

Si añadimos que los hospitales venezolanos operan solo con el 5% de insumos y equipos y que 46 bebés han muerto en el HUC en 3 meses ¿ qué deberíamos decirle en su cara al Maduro empecinado en negarse a recibir ayuda humanitaria internacional, cuando desvergonzadamente dice que “En Venezuela la gente está rozagante y bonita? ¿Y qué decirle cuando cada día vemos a los boliburgueses en Miami con caballerizas y aviones, o las juergas y blanqueo de los vástagos de los enchufados en pleno despilfarro, o se descubren cuentas de maletín en Andorra o Panamá mientras Maduro nos dice que “yo sufro mucho cuando veo a alguien pudrirse en corrupción?, mientras Julio Borges, denuncia que Maduro acaba de aprobar $ 1,4 millardos para “agricultura urbana en Cuba”, mientras millones de venezolanos empobrecidos se mueren de hambre y de enfermedades curables, por falta de alimentos y fármacos? Las pruebas son irrefutables: el despilfarro, la ineptitud y la corrupción chavista destruyeron el país.

Una infausta sentencia del TSJ por Alberto Arteaga Sánchez – El Nacional – 18 de Abril 2016

Alberto-Arteaga-Raul-Romero-Archivo_NACIMA20150829_0071_6-180x180Con estupor y profunda indignación he leído la sentencia de la Sala Constitucional, en ponencia conjunta, que oculta a su proponente, en la cual se declara la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional sancionada por la Asamblea el 29 de marzo de 2016.

Esto ha ocurrido bajo el alegato de la preservación de un sistema de garantías que resguardan los derechos humanos y -óigase bien- por cuanto la amnistía “puede representar un hito que arruine la esfera pública, debilite la institucionalidad democrática y destruya el Estado de Derecho y de Justicia consagrado en la Constitución, no siendo un medio para lograr la paz social, sino una razón para imponer la violencia y la impunidad en la sociedad, incluso a los fines de lograr un marco jurídico que habilite o propenda a una verdadera anomia que permita la ejecución de planes de desestabilización o desconocimiento del Estado Democrático” (p.54).

Esta consideración, unida a pretendidos argumentos de que no se trata de amnistiar delitos políticos, ya que estos son los que atentan contra el Estado, sino pretendidos delitos comunes como el de instigación a delinquir, desobediencia a la autoridad, ultrajes a funcionarios, obstaculización de la vía pública, desacato a mandamientos de amparo, ofensas al Presidente y otros altos funcionarios públicos, generación de zozobra por informaciones falsas, pretendida difamación e injuria contra altos funcionarios y hasta corrupción y enriquecimiento ilícito, la Sala Constitucional, garante de la Carta Magna y la legalidad, tomando además en cuenta -según lo afirman y contra la realidad-que nuestra tradición no avala leyes de amnistía como esta –lo cual no es cierto–, ni puede tolerarse la arbitrariedad del legislador (p.41), sostienen –a mi juicio con razón– que la amnistía un instrumento de corrección del derecho más que la manifestación de una potestad de gracia (p.25).

Y para colmo, la inefable decisión invoca la autoridad de notables pensadores garantistas como Ferrajoli y cita, entre otros, en su supuesto apoyo, a Juan Pablo II y Benedicto XVI, denunciantes de todo género de autoritarismos, en oscura decisión que quedará en los anales de la justicia venezolana como evidencia incontrastable de un tribunal que responde, sin duda alguna, a los intereses del gobierno.

Resulta difícil entender esta sentencia que, a partir de afirmaciones que deben ser compartidas, como la defensa y garantía de los derechos humanos y los límites de la no extensión de la amnistía a crímenes de guerra, de lesa humanidad y violaciones graves a los derechos humanos, en aras de la paz social, concluye en el rechazo a una ley emanada de quien tiene la potestad para dictarla a los fines, precisamente, de la corrección del derecho más que a la concesión de una potestad de gracia (p.29).

Esta ley no viola los límites impuestos por la Constitución en el artículo 29, referido a los delitos contra los derechos humanos cometidos por las autoridades del Estado o grupos actuantes en su nombre; y la enumeración de los pretendidos delitos cometidos, es la prueba más contundente del carácter político de estos o de las motivaciones políticas de la persecución penal emprendida contra disidentes u opositores al régimen, motivaciones que precisamente sirven para definir el concepto amplio de delito político, recogido por la Convención sobre Asilo Territorial (art. 4) y que Luigi Ferrajoli, uno de los autores profusamente citado por la sentencia en lo que no se puede estar en desacuerdo, como es la defensa de los derechos humanos, afirma, al criticar el concepto de delito político, que ello “tampoco excluye que se le de relevancia a las motivaciones políticas del delito a los efectos de la prohibición de extradición o de esos procedimientos extraordinarios por su naturaleza que son las amnistías y los indultos” (Derecho y Razón, p. 833).

Esta ley de amnistía no está viciada de inconstitucionalidad alguna. Sencillamente, tiene por objeto rectificar el rumbo seguido por la justicia penal, ajena a sus fines, para amedrentar y perseguir a la disidencia política por la posición que ha asumido y que se corresponde con un sistema de libertades. Y en forma alguna puede sostenerse la aseveración absurda de que esta ley favorece la anomia y la impunidad, siendo así, como lo sabemos, que estos gravísimos males son fomentados por un sistema cuyos órganos sencillamente no funcionan, a tal punto que hemos llegado a peligrosas manifestaciones de “justicia por propia mano” que deben ser atajadas a tiempo y a los que debe atender el sistema de justicia con el TSJ a la cabeza.

El sesgo político de la decisión queda en evidencia por las numerosas citas de juristas con las cuales se pretende apuntalar o justificar lo injustificable, aunque no existe duda alguna en que esos autores condenan los remedos de procesos amnistiados, marcados por la evidente violación de los derechos de los imputados, sobre la base de actas policiales que se inician con declaraciones anónimas de “patriotas cooperantes”, detenciones sin orden judicial que se convierten en penas anticipadas, castigo de meras intenciones o por la supuesta peligrosidad de disidentes políticos que simplemente han ejercido sus derechos como el de la libertad de expresión, sustrato de todos los casos de persecución política.

El Papa Francisco, no citado entre los Pontífices, cuyos nombres avalan la reconciliación, pero no la venganza y la injusticia, entre otras cosas, ha abogado por el diálogo en Venezuela y, en sus alocuciones, con referencia al tema de la justicia penal ha criticado la prisión preventiva como pena oculta, los presos sin condena y la selectividad de la prisión; y Ferrajoli –en párrafos ignorados por la Sala– pone énfasis en la responsabilidad jurídica de los jueces: penal, civil y disciplinaria (Derecho y Razón, p. 597).

En síntesis, la sentencia de la Sala Constitucional sobre la Ley de Amnistía, una vez más, contra nuestra tradición, sin fundamento legal alguno, sin que exista asomo de duda sobre la constitucionalidad de un instrumento para la rectificación y la paz social, se coloca de espaldas al derecho y al servicio de los intereses del Gobierno.

Amnistía pateada por Carlos Nieto Palma – El Nacional – 15 de Abril 2016

Creo que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia declarando el pasado lunes la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional no fue una sorpresa para nadie. El TSJ se ha convertido en el bufete particular del gobierno de Maduro, con esta, son diez sentencias de esta instancia judicial que han acabado totalmente con la voluntad del pueblo que se dio en los resultados de las elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre y nombró un nuevo Poder Legislativo.

Esta decisión de la cual ya se habían pronunciado con anterioridad no solo el presidente Nicolás Maduro sino los principales jerarcas del régimen incluyendo al defensor del pueblo, el contralor general y el mismísimo ministro de la Defensa, nos habían dado señales de lo que después sucedería en el TSJ, como en efecto fue.

Es claro que el diálogo y la reconciliación es un tema que no le interesa al régimen, ni siquiera la intervención del papa Francisco cuando el Domingo de Resurrección desde el Vaticano donde pidió que el mensaje de amor de Jesús “se proyecte cada vez más sobre el pueblo venezolano, en las difíciles condiciones en las que vive, así como sobre los que tienen en sus manos el destino del país, para que se trabaje en pos del bien común, buscando formas de diálogo y colaboración entre todos”. Nada de esto importó.

Estamos ante un gobierno que ya con sus acciones se declaró en dictadura, donde solo se hace lo que ellos quieran y donde el pueblo no es escuchado ni tomado en cuenta, lo único que se busca es cumplir con los designios de un presidente que pareciera estar desesperado al ver que no puede salvar el país de la crisis en que la metió.

La Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional aprobada por la gran mayoría de la Asamblea Nacional el pasado 29 de marzo tenía por objeto sentar las bases para la reconciliación nacional y la paz social mediante la amnistía de los hechos considerados delitos, faltas o infracciones que se señalan en esta ley y otras medidas aquí contempladas.

Nada más noble para iniciar un diálogo de paz como dejar el libertad a los más de 70 presos políticos que tenemos actualmente en Venezuela, muchos de ellos estudiantes, cuyo principal delito ha sido oponerse a un régimen opresor y violador de derechos humanos.

Los siete miembros de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de manera unánime pateó el perdón a los opositores, condenándolos a continuar en las inmundas prisiones venezolanas y otros viviendo el destierro, en un gobierno donde el derecho de pensar diferente está prohibido, un pueblo pusilánime y que aplauda los desastres que vivimos día a día los venezolanos es lo que el régimen quiere de nosotros.

Estamos ante un gobierno que poco le importa que estemos pasando hambre porque no hay comida, o que la gente muera por falta de medicamentos o que la inseguridad y la delincuencia sea la que manda en el país pues no hay ningún plan para hacerlo.

Recientemente Luis Almagro, secretario general de la OEA, intervino en la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Allí hizo referencia: “En Venezuela es necesaria una ley de amnistía que devuelva a presos políticos a sus familias (…) la reinserción de los combatientes y reparación de las víctimas, esos mismos valores no significan nada si no hacemos nuestra la prisión de los presos políticos del continente, sea López, Ceballos o Ledezma”, dijo el ex canciller uruguayo. Almagro pidió a los presentes estar a la vanguardia de la lucha por la democracia. “No busquemos la estética de la política sino la ética política. Debemos estar siempre en la vanguardia de la lucha por la democracia”.

Es claro que este tipo de declaraciones no les gusta al gobierno nacional, para ellos cualquier persona que opine algo diferente a lo que ellos quieren, lo acusan de intromisión en los asuntos internos del país, imperialistas, agentes de la CIA, etc., para ellos la única opinión que cuenta es la suya o la de los pocos aliados internacionales que le quedan aún.

Llama la atención que la sentencia que declara la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional hace referencia en varios de sus puntos a la Convención Americana de Derechos Humanos y cita sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual paradójicamente denuncié el ex presidente Hugo Chávez en septiembre de 2012 y se hizo efectiva en septiembre de 2013, es decir desde hace más de tres años no formamos parte de la Convención Americana de Derechos Humanos ni de la Corte Interamericana de DDHH.

Igualmente el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos declaro estar “sorprendido” y “decepcionado” por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de declarar inconstitucional la Ley de amnistía aprobada en el Parlamento nacional: “Estamos muy, muy decepcionados por la decisión del Tribunal Supremo, sobre todo teniendo en cuenta que el gobierno venezolano nos solicitó nuestra opinión legal y nosotros respondimos que en general estaba en conformidad con los estándares de derechos humanos”, explicó en rueda de prensa la portavoz del Alto Comisionado, Ravina Shamdasani. La portavoz insistió en que para el Alto Comisionado, la ley cumplía con todos los requisitos de los estándares internacionales, y volvió a recordar al gobierno y a todas las entidades del Estado que deben “asegurar” el respeto de los derechos y libertades “de todos los venezolanos”, incluidos los defensores de los derechos humanos. “Para nosotros fue un movimiento enorme hacia el diálogo y la reconciliación. Estamos muy decepcionados de lo que pasó”, reiteró.

Ahora el régimen convoca a una Comisión por la Verdad que hasta el momento de escribir estas líneas no sabemos de qué se trata, ni quiénes la conforman, pero que con seguridad solo será una ópera bufa que no tendrá ningún resultado favorable.

La lucha sigue y el objetivo claro es rescatar la democracia y la institucionalidad en Venezuela, el país necesita retomar la democracia, y los venezolanos la paz; tenemos que trabajar en eso sin descanso.

Director de Human Rights Watch criticó decisión del TSJ por ley de Amnistía – TalCual Digital – 15 de Abri 2016

28246jose-miguel-vivancoJosé Miguel Vivanco calificó de disparate que la sentencia diga que la ley viola el derecho a proteger el honor y la reputación de funcionarios públicos
Con la Ley de Amnistía se pretende otorgar un indulto a todos los venezolanos que han sido enjuiciados e investigados penalmente por motivos políticos desde 2002; sin embargo, el pasado 11 de abril el Tribunal Supremo de Justicia declaró inconstitucional la ley promulgada por la Asamblea Nacional.

“La amnistía también se hubiera aplicado a personas condenadas penalmente por difamación, a jueces acusados por delitos tras dictar sentencias que disgustaron al Gobierno y a abogados o defensores de derechos humanos imputados como represalia por realizar su trabajo”, expresó José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), en un artículo publicado en el portal web de El País de España.

Vivanco sentenció que “Otro disparate de la sentencia es que sostiene que la ley viola el derecho a proteger el honor y la reputación de funcionarios públicos, al permitir la amnistía en casos penales de difamación, cuando de hecho existe amplio consenso de que los delitos de calumnias e injurias contra funcionarios públicos son intrínsecamente incompatibles con estándares de derechos humanos”.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene la potestad de responder a las amenazas de orden democrático de los estados miembros a través de la Carta Democrática.

“El pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la ley de amnistía otorga a los gobiernos latinoamericanos y al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, otra razón más para iniciar un debate sincero sobre la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela. Ha llegado el momento de que ese debate ocurra”, recalcó el director de HRW.

Un paso en falso por Marianella Salazar – El Nacional – 13 de Abril 2016

1007_20130330PnhpdlEl régimen propinó otra patada cruel, indigna e inaceptable al ponerle un paredón de fusilamiento a la Ley de Amnistía sancionada por la Asamblea Nacional, en una muestra más de la intolerancia demencial con la que Nicolás Maduro conduce su gobierno. No hace más que caldear los ánimos de la sociedad, humillar al país y ahorcar aún más a la población hambreada y desesperada, intentando provocar un autogolpe que le permita disolver al Parlamento y prolongar su inevitable salida. El paso dado, declarando la inconstitucionalidad de la ley, confirma la ilegitimidad de este régimen. Es un paso en falso. El gobierno de Maduro teme a la oposición y reprime las expresiones disidentes de quienes luchan por un sistema abierto al pluralismo, al ejercicio irrestricto de las libertades de pensamiento y expresión, en el marco de un verdadero sistema democrático. Todas las tiranías sufren de los mismos temores y se resisten a acatar el ordenamiento constitucional. Hasta ahora, Maduro ha hecho grandes méritos para entrar, de pleno derecho, en la galería de los dictadores infames, donde figura por ejemplo, un Noriega o un Somoza y, pasará a la historia como el peor jefe de estado, en el cual, su nacionalidad venezolana no ha sido aclarada como ordena la Constitución. Tarde o temprano será juzgado y condenado, él y todos sus cómplices, en La Haya. ¡Sin Ley de Amnistía que puedan implorar!

El trasnochado argumento del enemigo imperial y de las conspiraciones para desestabilizar su gobierno ya no sirven de coartada para sostenerse en el poder; debería tener el valor de reconocer su responsabilidad en la mala vida que sufre el ciudadano común, con grandes privaciones, que son violaciones permanentes a los derechos humanos y la causa del creciente descontento en la población, que siente la imperiosa necesidad de sustituirlo para que se dé un viraje total en la conducción del país. En nada se siente culpable de la corrupción, ni de un modelo de economía ineficiente, obsoleto en la productividad, dedicado a la supervivencia, en medio de un amplio mercado negro y hasta de una creciente prostitución que compite con Cuba en la jinetería de alta factura. Tampoco es el responsable de que las colas y las morgues sean hoy los verdaderos sitios de encuentro de los venezolanos. En estas circunstancias de su errática carrera, a Maduro le valdría más renunciar, para facilitar y propiciar una transición ordenada y pacífica hacia una sociedad verdaderamente pluralista donde quepamos todos, en vez de sofocar a los opositores y desconocer el poder constituido en la Asamblea Nacional.

La comunidad internacional está pendiente de sus actuaciones, las Naciones Unidas manifestó decepción por la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, la Organización de Estados Americanos dejo atrás su indiferencia cómplice y su secretario general, Luis Almagro, no solo ha hecho pronunciamientos trascendentes sobre la situación de los presos políticos y la necesidad de ejecutar la Ley de Amnistía, también espera por la Asamblea Nacional, que aprobó en plenaria –hace más de un mes– la solicitud de aplicación de la Carta Interamericana Democrática para que haga la solicitud formal: “Tenemos que recibir el pedido, la solicitud de la Asamblea Nacional, es algo que ha sido largamente anunciado”, dijo hace dos días en República Dominicana, en una velada crítica a la dirigencia opositora representada en el Parlamento, por su inexplicable demora. Preocupa que la prioridad para algunos partidos políticos sea la escogencia de sus candidatos a gobernadores. Sinceramente, ¡no mejora nada el enfermo!

El Congreso español apoya la Ley de Amnistía y rechaza insultos de Maduro a Rajoy – La Patilla – 13 de Abril 2016

congresodiputadosespana-768x576El Congreso de los Diputados español aprobó hoy, con la abstención o el rechazo de grupos de izquierda, una proposición no de ley de apoyo a la Ley de Amnistía y Reconciliación de Venezuela.

Además, la proposición expresa su repulsa por los últimos insultos del presidente venezolano Nicolás Maduro al jefe del Ejecutivo español en funciones, Mariano Rajoy.

El texto aprobado por la Comisión de Exteriores fue consensuado por el gobernante PP (centroderecha), PSOE (socialista) y Ciudadanos (liberales), apoyado por nacionalistas vascos y catalanes.

La abstención fue de Podemos (izquierda) y el rechazo procedió los independentistas catalanes de ERC y de Izquierda Unida. La supuesta financiación por parte del régimen venezolano a Podemos centró un fuerte debate entre los portavoces del PP, José Ramón García Hernández, y Podemos, Pablo Bustinduy. García Hernández dio por hecha esa financiación y pidió a Podemos que denuncie la situación de Leopoldo López y otros opositores a Maduro presos. El portavoz de Podemos, Pablo Bustinduy, replicó que el interés de algunas fuerzas políticas con Venezuela no es la defensa de los derechos humanos sino la utilización política.

El texto aprobado expresa la honda preocupación por la situación en Venezuela y defiende la democracia, el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos. Apela a fomentar el diálogo, expresa su repulsa por los insultos de Maduro a Rajoy y apoya la respuesta de España, con la llamada a consultas al embajador en Caracas. La semana pasada Maduro tildó a Mariano Rajoy de “basura corrupta”, entre otras expresiones, palabras que provocaron que España, por segunda vez desde que Rajoy gobierna (2011), retirara a su embajador de Venezuela. EFE

General, seudolegislador y embustero por Eddie A. Ramírez S. – RunRunes – 12 de Abril 2016

El general Padrino López, ministro de la Defensa, asumió un nuevo papel. Además de manejar empresas de servicios petroleros y mineros, así como de producción agropecuaria, ahora pretende actuar como legislador para oponerse a la Ley de Amnistía, la cual critica valiéndose de embustes. Por incursionar en política partidista descuida nuestras fronteras, permitiendo que la guerrilla colombiana y los contrabandistas actúen libremente. Paralelamente, militares, policías y miles de ciudadanos caen diariamente abatidos por el hampa.
Sin ningún pudor, el centurión mayor de la guardia pretoriana declaró que ¨la ley de amnistía atenta contra la paz y estabilidad de las instituciones democráticas, con violación de la Constitución y de los derechos humanos ..¨. Lo instamos a que sustente su temeraria acusación. Sobre las alteraciones de la paz puede consultar fotos y videos de los medios de comunicación en los que rutinariamente aparecen afectos al régimen disparando y agrediendo a gente de la alternativa democrática. Con respecto a las violaciones a la Constitución, Padrino debe leer la ¨Historia inconstitucional de Venezuela¨, de Asdrúbal Aguiar y en relación con los asesinatos del 11 de abril del 2002 y de febrero-marzo del 2014, lo instamos a que desmienta los hechos que resumimos a continuación.
El 11 de abril del 2002, fueron asesinados 19 ciudadanos durante la marcha para exigir la renuncia del presidente. Nueve fueron identificados como opositores y nueve como simpatizantes del régimen. No existe ninguna foto, ni video de que algún participante opositor disparara o estuviese armado. Sí existen de un policía municipal disparando hacia donde se encontraban armados partidarios del régimen, pero en los tribunales quedó demostrado que los proyectiles en los cuerpos de los asesinados no correspondían con las armas de los policías y según la trayectoria era imposible que hubiesen sido disparados por ellos. Sin embargo siguen presos.
Por el contrario, existen infinidad de fotos y videos de paramilitares rojos disparando hacia los manifestantes. El tribunal no investigó la responsabilidad de los mismos y posteriormente fueron amnistiados. ¿Es posible que estos gatillos alegres no solo dispararan contra los opositores sino que también, por imprudencia o confusión, impactaran a otros rojos? Aunque el general Eugenio Gutiérrez declaró que no hubo disparos por parte de la Guardia, las pruebas obligaron a imputar a cuatro efectivos de la Guardia Nacional.
En febrero-marzo del 2014 fueron asesinados 31 ciudadanos y no los 43 que señala el régimen. Veintiocho lo fueron con armas de fuego, uno por golpes y dos atropellados exprofeso. Quince asesinados fueron identificados como opositores : Guardias presuntamente asesinaron a Geraldine Moreno y a José Alejandro Márquez; funcionario del Sebin presuntamente asesinó a Bassil Da Costa y a Juan. C. Montoya, este último miembro de un colectivo rojo ; un funcionario del CICPC presuntamente asesinó a Jesús Acosta y los paramilitares rojos presuntamente asesinaron a Roberto Redman, Génesis Carmona, Wilmer Carballo, Daniel Tinoco, Guillermo Alfonzo Sánchez, Anthony Rojas, Argenis Hernández, Jesús Orlando Labrador y Gabriel Daza. Decimos presuntamente porque no han sido sentenciados, pero hay suficientes pruebas que atestiguan los hechos. Fueron atropellados exprofeso José E. Méndez, por un contratista de Pdvsa, y Mariana Ceballos, por un funcionario del Ministerio de Agricultura.
Lamentablemente también fueron asesinados dos ciudadanos no identificados políticamente, uno de ellos la joven Adriana Urquiola, señalándose como responsable un expolicía con influencia en el gobierno. También fueron asesinados catorce ciudadanos identificados con el régimen, incluidos seis de la Guardia Nacional, dos policías y un funcionario del CICPC. ¿Acaso los asesinos eran paramilitares rojos cuya misión era crear caos a costa inclusive de disparar en contra de los militares y policías? No lo sabemos porque extrañamente en ninguno de estos casos el régimen ha señalado posibles culpables. Además, hubo siete fallecidos en accidentes supuestamente relacionados con barricadas, de los cuales solo el joven motorizado que tropezó con una guaya puede imputarse como homicidio culposo, ya que no hubo intención de matarlo. El resto ´parecieran simples accidentes por exceso de velocidad.
Entonces, general Padrino, ¿Quiénes son los que alteran la paz, violan la Constitución y los derechos humanos? Usted es un general activo, no un legislador. En privado usted puede mentir y opinar sobre su rechazo a la Ley de amnistía, pero al arengar públicamente a sus subordinados instándolos a desconocerla usted violó la Constitución y le hizo daño a la Fuerza Armada, por lo que debe renunciar.
Como (había)en botica: En abril 2002 el principal factor desencadenante fue el paro petrolero iniciado el día 4 en defensa de la meritocracia, a la cual se sumaron el 9 Fedecámaras, CTV y Sociedad Civil, quienes también tenían razones para protestar y convocaron la marcha del 11 en apoyo a los petroleros. El difunto promovió la masacre, renunció, suplicó, lloró, regresó, pidió perdón y volvió a las andadas ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

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