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Criminales venezolanos denunciados por el TIAR por Gustavo Coronel – Blog Las Armas de Coronel – 16 de Enero 2020

LISTA DE CRIMINALES VENEZOLANOS DENUNCIADOS INTERNACIONALMENTE, A  SER OBJETO DE OBJETO DE SANCIONES Y BUSQUEDA . ESTA LISTA ES PRODUCTO DE LA REUNIÓN DEL TRATADO INTERAMERICANO DE ASISTENCIA RECIPROCA. 

Listado consolidado de personas objeto de designación en función de la resolución RC.30/RES. 1/19 rev. 1 aprobada por la Trigésima Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores actuando como Órgano de Consulta en Aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR)

1. Arreaza Montserrat, Jorge Alberto Presentada por: Argentina, Brasil, Estados Unidos, Venezuela ARREAZA MONTSERRAT, Jorge Alberto (también conocido como ARREAZA, Jorge), Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 6 de junio de 1973. Sexo: masculino. Cédula N.º 11945178 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Venezuela. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción.
2. Cabello Rondón, Diosdado Presentada por: Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela CABELLO RONDÓN, DIOSDADO, Monagas, Venezuela. Fecha de nacimiento: 15 de abril de 1963. Ciudadano venezolano. Sexo: Masculino. Cédula N.º 8370825 (Venezuela). Pasaporte A0237802 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. Primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), partido político del presidente venezolano Nicolás Maduro Moros (Maduro). Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos, corrupción y lavado de activos.
3. Cabello Rondón, José David Presentada por: Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela CABELLO RONDÓN, José David, Monagas, Venezuela. Fecha de nacimiento: 11 de septiembre de 1969. Ciudadano venezolano. Sexo: Masculino. Cédula N.º 10300226 (Venezuela). Pasaporte B0133819 (Venezuela) vence el 8 de abril de 2013 (individuo) [VENEZUELA]. Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción.
4. Contreras Hernández de Cabello, Marleny Josefina Presentada por: Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela CONTRERAS HERNANDEZ, Marleny Josefina (también conocida como CONTRERAS DE CABELLO, Marleny; también conocida como CONTRERAS DE CABELLO, Marleny Josefina; también conocida como CONTRERAS, Marleny), Monagas, Venezuela. Fecha de nacimiento 14 de junio de 1963. Ciudadana venezolano. Sexo: femenino. Cédula N.º 6437804 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. Contreras Hernández está casada con Cabello y es Ministra del Poder Popular para el Turismo y Presidenta del Instituto Nacional de Turismo de Venezuela. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos y corrupción.
5. Damiani Bustillos, Luis Fernando Presentada por: Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela DAMIANI BUSTILLOS, Luis Fernando. Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 27 de abril de 1946. Centro de actividad: Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Ciudadano venezolano. Sexo: masculino. Cédula N.º 2940803 (Venezuela). Pasaporte 103679620 (Venezuela). Magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (individuo) [VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos y corrupción.
6. Delgado Rosales, Arcadio de Jesús Presentado por Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela DELGADO ROSALES, Arcadio de Jesús, Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento 23 de septiembre de 1954. Centro de actividad: Maracaibo, Zulia, Venezuela. Ciudadano venezolano. Sexo: masculino. Cédula N.º 4159158 (Venezuela). Pasaporte 001875223. (Venezuela). Vicepresidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (individuo) [VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos y corrupción.
7. El Aissami Maddah, Tareck Zaidan Presentado por Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela EL AISSAMI, Tarek, Venezuela. Fecha de nacimiento 12 de noviembre de 1974. Centro de actividad: El Vigía, Mérida, Venezuela. Ciudadano venezolano. Sexo: masculino. Pasaporte C1668015 (Venezuela). Cédula N.º 12.354.211 (Venezuela). Vicepresidente Ejecutivo; ex gobernador del Estado de Aragua (individuo). Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos y corrupción.
8. Franco Quintero, Rafael Antonio Presentada por: Brasil, Colombia, Estados Unidos, Venezuela FRANCO QUINTERO, Rafael Antonio, Miranda, Venezuela. Fecha de nacimiento: 14 de septiembre de 1973. Sexo: masculino. Cédula N.º 11.311.672. Pasaporte 146186743 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. Antiguo Director de Investigaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), antes estuvo al frente de la sede de la DGCIM en Boleíta. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y violación de derechos humanos.
9. Gavidia Flores De Maduro, Cilia Adela Presentado por Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela FLORES DE MADURO, Cilia Adela (también conocida como FLORES, Cilia), Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 15 de octubre de 1956. Centro de actividad: Tinaquillo, Cojedes, Venezuela. Ciudadana venezolana. Sexo: femenino. Cédula N.º 5315632 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. Esposa del Presidente Nicolás Maduro. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción.
10. Granko Arteaga, Alexander Enrique Presentada por: Brasil, Colombia, Estados Unidos, Venezuela GRANKO ARTEAGA, Alexander Enrique, Miranda, Venezuela. Fecha de nacimiento: 25 de marzo de 1981. Sexo: masculino. Cédula N.º 14.970.215 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. El Mayor Granko es Jefe de la Unidad de Asuntos Especiales de la DGCIM Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y violación de derechos humanos.
11. Guerrero Mijares, Hannover Esteban Presentada por: Brasil, Colombia, Estados Unidos, Venezuela GUERRERO MIJARES, Hannover Esteban. Caracas, Distrito Capital. Fecha de nacimiento: 14 de enero de 1971. Sexo: masculino. Cédula N.º 10.537.738 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. El Coronel Guerrero es Director de Investigaciones de la DGCIM, en donde supervisa la sede de la DGCIM en Boleíta. Guerrero trabaja bajo la supervisión del Director de la DGCIM, Iván Rafael Hernández Dala, quien ha sido designado por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros —Office of Foreign Assets Control (OFAC)— conforme a la Orden Ejecutiva 13692, enmendada el 15 de febrero de 2019. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y violación de derechos humanos.
12. Gutiérrez Alvarado, Gladys María Presentada por: Argentina, Brasil, Estados Unidos, Perú, Venezuela GUTIÉRREZ ALVARADO, Gladys María, Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 16 de abril de 1962. Centro de actividad: Punto Fijo, Falcón, Venezuela. Ciudadana venezolana. Sexo: femenino. Cédula N.º 7525777 (Venezuela). Pasaporte 1122011 (Venezuela); pasaporte alternativo 4532006 (Venezuela). Magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela; ex Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (individuo) [VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos y corrupción.
13. Hernández Dala, Iván Rafael Presentada por: Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela HERNANDEZ DALA, Iván Rafael, Caracas, Distrito Capital. Fecha de nacimiento: 18 de mayo de 1966. Sexo: masculino. Cédula N.º 6.961.149 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. Comandante de la Guardia de Honor Presidencial del ex presidente ilegítimo Nicolás Maduro. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos.
14. Lucena Ramírez, Tibisay Presentado por Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela LUCENA RAMÍREZ, Tibisay, El Recreo, Libertador, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 26 de abril de 1959. Centro de actividad: Barquisimeto, Lara, Venezuela. Ciudadana venezolana. Sexo: femenino. Cédula N.º 5224732 (Venezuela). Pasaporte 3802006 (Venezuela). Presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela; Presidente de la Junta Nacional Electoral (individuo) [VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción.
15. Maduro Moros, Nicolás Presentado por Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela MADURO MOROS, Nicolás, Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 23 de noviembre de 1962. Centro de actividad: Caracas, Venezuela. Ciudadano venezolano. Sexo: masculino. Cédula N.º 5892464 (Venezuela). Presidente de la República Bolivariana de Venezuela (individuo). [VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos y corrupción.
16. Malpica Flores, Carlos Erik Presentado por Argentina, Colombia, Perú, Venezuela MALPICA FLORES, Carlos Erik, Naguanagua, Carabobo, Venezuela. Fecha de nacimiento: 17 de septiembre de 1972. Sexo: masculino. Cédula N.º 11810943; ex Tesorero Nacional de Venezuela; ex Vicepresidente de Finanzas de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA); ex Comisionado Presidencial para Asuntos Económicos y Financieros (individuo) [VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y violación de derechos humanos.
17. Mendoza Jover, Juan José Presentada por: Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela MENDOZA JOVER, Juan José, Valera, Trujillo, Venezuela. Fecha de nacimiento: 11 de marzo de 1969. Centro de actividad: Trujillo, Venezuela. Ciudadano venezolano. Sexo: masculino. Cédula N.º 9499372 (Venezuela). Segundo Vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela; Presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (individuo) [VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos.
18. Moreno Pérez, Maikel José Presentado por Argentina, Brasil, Estados Unidos, Perú, Venezuela MORENO PÉREZ, Maikel José, Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 31 de diciembre de 1965. Centro de actividad: Tigre, Anzoátegui, Venezuela. Ciudadano venezolano. Sexo: masculino. Cédula N.º 6652632 (Venezuela). Pasaporte 104063109 (Venezuela), pasaporte alternativo 040471125 (Venezuela). Presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela; Presidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (individuo) [VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y violación de derechos humanos.
19. Ortega Ríos, Calixto Antonio Presentada por: Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela ORTEGA RÍOS, Calixto Antonio, Maracaibo, Zulia, Venezuela. Fecha de nacimiento: 12 de octubre de 1950. Centro de actividad: San Rafael del Moján, Zulia, Venezuela. Ciudadano venezolano. Sexo: masculino. Cédula N.º 3264031 (Venezuela), Magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (individuo) [VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos.
20. Padrino López, Vladimir Presentada por Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela PADRINO LÓPEZ, Vladimir, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 30 de mayo de 1963. Nacionalidad: venezolana. Sexo: masculino. Cédula N.º 6122963 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz (Ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela). Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos y corrupción.
21. Quevedo Fernández, Manuel Salvador Presentada por: Argentina, Brasil, Estados Unidos, Venezuela QUEVEDO FERNÁNDEZ, Manuel Salvador, Caracas, Distrito Capital. Fecha de nacimiento: 1 de marzo de 1967. Sexo: masculino. Cédula N.º 9.705.800 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. Presidente de la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción.
22. Rodríguez Gómez, Delcy Eloína Presentada por Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela, RODRÍGUEZ GÓMEZ, Delcy Eloína (también conocida como RODRÍGUEZ, Delcy), Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 18 de mayo de 1969. Ciudadana venezolana. Sexo: femenino. Cédula N.º 10353667 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. Vicepresidenta Ejecutivo de Venezuela, 14 de junio de 2018. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y violación de derechos humanos.
23. Rodríguez Gómez, Jorge Jesús Presentado por Argentina, Brasil, Estados Unidos, Perú, Venezuela RODRÍGUEZ GÓMEZ, Jorge Jesús (también conocido como JORGE J., Rodríguez Gómez; también conocido como JORGE JESÚS Rodríguez Gómez; también conocido como RODRÍGUEZ GÓMEZ, Jorge J.; también conocido como RODRÍGUEZ, Jorge). El Valle, Libertador, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 9 de noviembre de 1965. Ciudadano venezolano. Sexo: masculino. Cédula N.º 6823952 (Venezuela) (individuo) [VENEZUELA]. Ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y violación de derechos humanos.
24. Saab Halabi, Tarek William Presentada por: Argentina, Brasil, Estados Unidos, Perú, Venezuela SAAB HALABI, Tarek William. Anzoátegui, Venezuela. Fecha de nacimiento: 10 de septiembre de 1962. Ciudadano venezolano. Sexo: masculino. Cédula N.º 8459301 (Venezuela): Defensor del Pueblo de Venezuela; Presidente de Consejo Moral Republicano de Venezuela. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos y corrupción.
25. Suárez Anderson, Lourdes Benicia Presentado por Argentina, Brasil, Estados Unidos, Perú, Venezuela SUÁREZ ANDERSON, Lourdes Benicia, Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 7 de marzo de 1965. Ciudadana venezolana. Sexo: femenino. Cédula N.º 6726793 (Venezuela), Magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (individuo) [VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y violación de derechos humanos.
26. Varela Rangel, María Iris Presentado por Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela VARELA RANGEL, María Iris, Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Fecha de nacimiento: 9 de marzo de 1967. Centro de actividad: San Cristóbal, Táchira, Venezuela. Ciudadana venezolana. Sexo: femenino. Cédula N.º 9242760 (Venezuela). Pasaporte 8882000 (Venezuela). Miembro de la Comisión Presidencial para la Asamblea Constituyente de Venezuela; ex Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (individuo) [VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y violación de derechos humanos.
27. Zuleta de Merchan, Carmen Auxiliadora Presentada por: Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela ZULETA DE MERCHAN, Carmen Auxiliadora, Sucre, Miranda, Venezuela. Fecha de nacimiento: 13 de diciembre de 1947. Centro de actividad: Zulia, Venezuela. Ciudadana venezolana. Sexo: femenino. Cédula N.º 3507807 (Venezuela). Pasaporte 045729072 (Venezuela). Magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (individuo) [Venezuela]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y violación de derechos humanos.
28. Gorrín Belisario, Raúl Presentada por: Estados Unidos, Venezuela GORRÍN BELISARIO, Raúl (también conocido como GORRÍN BELISARIO, Raúl Antonio; también conocido como GORRÍN BELISARIO, Raúl Antonio De La Santísima Trinidad; también conocido como GORRÍN, Raúl; GORRÍN, Raúl Ai; también conocido como GORRÍN, Raúl Antonio; GORRÍN-BELISARIO, Raúl Antonio De La Santísima), Caracas, Venezuela. Fecha de nacimiento: 22 de noviembre de 1968, Venezuela. Ciudadano venezolano. Sexo: masculino. Cédula N.° 8682996 (Venezuela). Pasaporte 129603081 (Venezuela), vence el 14 de octubre de 2020; pasaporte alternativo 066936455 (Venezuela), vence el 10 de enero de 2018; pasaporte alternativo 007931220 (Venezuela), vence el 24 de enero de 2013 (individuo) [VENEZUELA-EO13850]. 4100 calle Salzedo, Apt. 1010, Miami, FL 33146, Estados Unidos; 4100 Salzedo St., Unidad 804, Coral Gables, FL 33146, Estados Unidos; 144 Isla Dorada Blvd., Coral Gables, FL 33143, Estados Unidos. Delitos denunciados por Venezuela: violación de la Ley de prácticas corruptas en el extranjero, lavado de activos.
29. Saab Morán, Alex Nain Presentada por: Venezuela SAAB MORÁN, ALEX NAINSAAB MORÁN, Alex Nain (también conocido como SAAB MORÁN, Alex; también conocido como SAAB, Alex). Fecha de nacimiento: 21 de diciembre de 1971. Sexo: masculino. Cédula N.º 72180017 (Colombia). Pasaporte PE085897 (Colombia); pasaporte alternativo 085635076 (Venezuela); pasaporte alternativo D010302 (Antigua y Barbuda) (individuo) [VENEZUELA-EO13850]. Saab es un ciudadano colombiano quien, junto con su socio de negocios, Pulido, supervisa una sofisticada red de testaferros y compañías ficticias que utilizan para adquirir, recopilar y enviar alimentos a Venezuela en apoyo a los contratos con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), quedándose para ellos la tasa más rentable. Saab utilizó las ganancias generadas de las cajas de alimentos enviados a las CLAP para sobornar a funcionarios del gobierno a fin de conservar los contratos. Saab sobornó a varias personas, entre ellas Vielma Mora y Marco Torres.

Seguridad Nacional incauta $250 millones a ex tesorero venezolano por Jay Weaver – El Nuevo Herald – 13 de Diciembre 2019

Alejandro-Andrade
Agentes federales incautaron $250 millones al ex tesorero venezolano Alejandro Andrade, quien cumple una sentencia de 10 años de prisión por su papel clave en un esquema de lavado de dinero de $1,000 millones que le permitió ocultar una fortuna en bancos extranjeros y comprar propiedades de lujo en el sur de la Florida.

Autoridades de Investigaciones de Seguridad Nacional revelaron el jueves en Miami el decomiso, que se realizó en semanas recientes como parte de una incautación de $1,000 millones contra el alto funcionario del gobierno del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez. El gobierno federal se quedará con los fondos decomisados.

Durante los últimos 12 meses, agentes de HSI han decomisado unos $50 millones a Andrade, incluidas cuentas bancarias en el extranjero, una granja de caballos en la exclusiva zona Wellington del Condado Palm Beach, 14 caballos finos y una flotilla de autos de lujo, como un Bentley Continental convertible de 2015. Los caballos, con nombres como Bonjovi, Hardrock Z y Tinker Bell, fueron importados de varias partes de Europa, según registros judiciales.

En una entrevista el jueves, Anthony Salisbury, agente especial de HSI, calificó el robo de Andrade “un desfalco significativo de un país”, indicativo de miles de millones de dólares que han robado al erario venezolano cleptócratas bien conectados y ex altos funcionarios a la tesorería y a la empresa petrolera estatal PDVSA.

Agentes de HSI han asistido a la fiscalía federal en presentar casos de confabulación para lavar dinero contra Andrade y otros 11 acusados de malversar miles de millones al estado venezolano a través de esquemas de sobornos y manipulación del cambio de divisas. Kevin Tyrrell, agente especial del HSI a cargo de la oficina de la entidad en Miami, dijo: “Anticipamos que se presenten cargos adicionales”.

Autoridades de HSI en Miami destacaron el caso de Andrade como parte de un amplio abanico de investigaciones que la entidad ha realizado durante los últimos meses, que han llevado a más de 1,100 arrestos en el sur de la Florida en relación con actividades de lavado de dinero, tráfico de armas, fraude financiero y tráfico de personas, entre otros delitos.

Andrade se declaró culpable a finales de 2017 de vender acceso a los lucrativos mercados de cambio de divisas del gobierno venezolano, enriqueciéndose él mismo y un círculo de otros altos funcionarios y prominentes hombres de negocios antes y después de la muerte de Chávez en 2013, según registros judiciales. Andrade, quien era guardaespaldas de Chávez, fue tesorero nacional de Venezuela entre 2007 y principios de 2011.

A Andrade, de 55 años, le permitieron entregarse en la prisión en febrero después de su sentencia porque asistió a las autoridades federales en el caso. La Fiscalía Federal dijo que Andrade se confabuló con otras tres personas clave en el esquema de lavado de dinero dándoles acceso al favorable mercado de cambio de bolívares por dólares del gobierno de Caracas. Los fiscales dijeron que el esquema dejó ganancias ilícitas de $2,400 millones para los tres coconfabulados de Andrade, y todos acordaron compartir la mitad de su parte con Andrade a la vez que lo mantenían en bancos europeos y estadounidenses.

Sin embargo, los abogados defensores de Andrade, Curtis Miner y Bob Martínez, impugnaron la aseveración del gobierno, diciendo que los coconfabulados controlaban las cuentas bancarias y que su cliente en realidad recibió unos $70 millones en sobornos, no $1,000 millones.

Como parte de su negociación de cargos, Andrade asistió a los fiscales Michael Nadler y Vanessa Snyder en el desarrollo de enorme caso contra algunas de las personas más acaudaladas de Venezuela. Entre ellos el magnate televisivo Raúl Gorrín, de 51 años, quien fue encausado hace un año pero sigue en Venezuela. Un encausamiento acusa a Gorrín, de confabularse para sobornar a funcionarios venezolanos y lavar dinero ocultando fondos malversados en bienes raíces en el sur de la Florida y Nueva York durante los últimos 10 años.

El supuesto esquema internacional de lavado de dinero liderado por Gorrín ocurrió durante un período de grandes problemas económicos para los venezolanos de a pie. Venezuela, un país petrolero y hasta no hace mucho muy rico, trastabilla bajo un colapso económico que ha llevado a hiperinflación y a falta de alimentos y medicinas. Más de cuatro millones de venezolanos han huido en años recientes, según las Naciones Unidas.

Gorrín está acusado de pagar sobornos a Andrade y a otro ex alto funcionario de la tesorería canalizando dinero hacia ellos a través de un banquero venezolano en República Dominicana. Gabriel Arturo Jiménez Aray controlaba el Banco Peravia, establecido por Gorrín para lavar dinero robado al estado venezolano, dijeron los fiscales. Jiménez se declaró culpable y fue sentenciado a tres años de prisión.

Investigan a vendedores de Globovision por Luis Felipe Colina- La Razòn – 3 de Diciembre 2019

El seguimiento al dinero lavado por el teniente Alejndro Andrade y el magnate madurista Raúl Gorrín, llevó a las autoridades de Estados Unidos, hasta los beneficiarios de la venta del canal Globovisión, todos domiciliados fuera de Venezuela

Cien millones de dólares pagaron Gorrín y Andrade a los anteriores dueños del canal de noticias: Guillermo Zuloaga Núñez, la Sucesión Núñez y Alberto Federico Ravell

El día 14 de mayo de 2013 se hizo efectiva la venta de la empresa televisiva Globovisión al magnate madurista Raúl Gorrín Belisario y a su socio, el teniente Alejandro Andrade Cedeño, extesorero nacional y hombre de confianza del finado Hugo Chávez.

La negociación, en representación de los compradores, la encabezó el asegurador y banquero fallido Juan Domingo Cordero junto  al abogado Gustavo Perdomo, ex integrante de la banda “Los Enanos”, que opera en los tribunales penales venezolanos y cuñado de Gorrín.

Guillermo Zuloaga Núñez, accionista principal, representó a los socios vendedores: los herederos de Luis Teófilo Núñez Arismendi y Alberto Federico Ravell Arreaza. El paquete accionario propiedad del socio Nelson Mezerhane Gosen, expresidente del Banco Federal, había quedado, en el año 2010, en manos de del Estado venezolano, a raíz de la intervención de dicha entidad bancaria

El monto recibido: cien millones de dólares, provenientes de una operación de lavado de dinero por 2.400 millones de dólares encabezada por Andrade y Gorrín, causa que actualmente cursa en los tribunales de Estados Unidos y en la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), dependencia que ahora investiga también a los beneficiarios de dicho dinero, entre otros a los mencionados vendedores de “Globovisión”.

El seguimiento del dinero proveniente de la corrupción ha llevado a las autoridades norteamericanas a las cuentas bancarias de Andrade y de Gorrín, en Estados UnidosEuropa y Asia. El mismo hilo conductor los ha llevado a numerosos bienes inmuebles, especialmente en el sur de La Florida, en Estados Unidos, así como  también a los beneficiarios de la venta del canal Globovisión, quienes se encuentran domiciliados fuera de Venezuela.

DESPUÉS DE SEIS AÑOS de la venta de «Globo», las autoridades norteamericanas dan con el origen del dinero usado para adquirir el canal de noticias venezolano.

 ZULOAGA

Guillermo Zuloaga Núñez reside en Miami, aunque el Reino de España le concedió la nacionalidad española, en el año 2016. Con parte del dinero recibido por el magnate Gorrín y el teniente Andrade, fundó en Estados Unidos  “TV Venezuela” , así como “Vivo Play TV” en Caracas. Trabajó en una firma de abogados de la familia Zuloaga, cuyos primeros miembros llegaron a Venezuela con la compañía Guipuzcoana, en el año 1600.  A partir de 1963 hizo carrera en agencias de publicidad. Primero en McCann-Erickson, luego en 1967 en Marketing & Advertising, en sociedad con el publicista Alfredo López Méndez y finalmente en ARS, junto a Guillermo Betancourt Oteyza Fernán Frías Palacios. A partir de 1995 se dedicó a Globovisión.

LA SUCESIÓN NÚÑEZ

También residen en el exterior los sucesores de Luis Teófilo Núñez Arismendi (1916-2007), quien fue editor del diario El Universal, entre los años 1971 y 1992,   presidente fundador del Bloque Venezolano de Prensa y de la Sociedad Interamericana de Prensa. También presidió el Consejo Venezolano de la Publicidad. Era hijo del abogado y periodista Luis Teófilo Núñez Gómez (1883-1980), editor de El Universal a la muerte del poeta y fundador Andrés Mata, en 1931, hasta 1971. Núñez Arismendi estudió en  la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard y firmaba sus editoriales en El Universal con el seudónimo Amadís. Desde mediados de los 90, incursionó en el ámbito de la televisión como accionista y miembro de la junta directiva de Globovisión.

RAVELL

RAVELL, jefe de comunicaciones de CAP, Lusinchi y Guaidó.

Alberto Federico Ravell Arreaza, hijo del periodista, locutor, escritor, concejal y parlamentario Alberto Ravell Cariño (1901-1960) es periodista, abogado y radiodifusor. A finales de los años sesenta fundó las emisoras Radio Angostura y Radio Canaima, en el estado Bolívar, en sociedad con su primo Carlos Arreaza Almenar, hijo de la compositora y pianista venezolana Josefa Almenar de Arreaza. En 1973, bajo la dirección de Diego Arria Salicetti,  fue el director de medios de la campaña electoral de Carlos Andrés Pérez, quien lo designó director de la Oficina Central de Información (OCI) a partir de 1974. En 1978 fue designado director de medios de la campaña electoral de Luis Piñerúa Ordaz. En 1983 participó en la campaña electoral de Jaime Lusinchi, quien en 1984  lo designó presidente de Venezolana de Televisión. A partir de 1985 participa en la fundación de Televen, junto a Omar Camero ZamoraGilberto Correa Romero y Guillermo González Regalado, teniendo a su cargo la tramitación de los permisos para la concesión de esa planta de TV. En 1991, durante el segundo gobierno de Pérez, tramita la concesión del Canal 33-Globovisión y participa en la organización fundacional junto a Núñez, Zuloaga y Mezerhane. En el año 2010 sale de la dirección general del canal y funda el sitio web La Patilla. En 2013 vende sus acciones en el diario Versión Final, en Maracaibo, en sociedad con el asegurador Tobías Carrero Nácar y el exgobernador Manuel Rosales Guerrero. Ese mismo año, junto a Zuloaga y la sucesión Núñez, vendió sus acciones en Globovisión al magnate Raúl Gorrín Belisario y al teniente Alejandro Amndrade Cedeño, representados por el asegurador Juan Domingo Cordero.

Asociado al asegurador Carrero Nácar, ex operador financiero de las campañas electorales de Hugo Chávez, Ravell adquirió por 17 millones de dólares, en Bogotá, la empresa “Cable Noticias”, una televisora que era propiedad de Juan Gonzalo Ángel Restrepo, exdirectivo de la “Fundación Medellín Sin Tugurios”, que presidía Pablo Escobar Gaviria, según reporte del sitio especializado “Monitoreo de Medios” (http://www.monitoreodemedios.co/cable-noticias/https://www.elespectador.com/noticias/investigacion/articulo165265-hizo-mi-hermano-fue-loable).

Desde el mes de abril de 2019 Ravell es el director (ministro) del Centro Nacional de Comunicaciones (CNC) del gobierno interno del Presidente encargado Juan Guaidó Márquez y administra junto a Tobías Carrero, la multimillonaria partida de recursos aportada por la Administración Trump, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), para apoyar a los periodistas y medios “independientes”  afines a Guaidó.

MEZERHANE

Por su parte Nelson Mezerhane Gosen, expresidente del Grupo Fiannciero Federal, cuyas acciones en Globovisión incautó el gobierno de Chávez en el año 2010, es ahora el propietario de “Diario Las Américas”, un periódico en idioma español fundado en Miami, en el año 1953, por el periodista nicaragüense  Horacio Aguirre Baca (1925-2017), pionero de la prensa hispana en Estados Unidos. El lote accionario de Mezerhane en Globovisión estaría actualmente en posesión del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (FOGADE) aunque una versión no confirmada señala que fueron vendidas en el año 2013 a la sociedad Gorrín-Andrade.

GORRÍN

RAÚL GORRÍN, le pagó cien millones de dólares a Zuloaga, la sucesión Núñez y Ravell por las acciones en Globovisión.

Raúl Gorrín Belisario, actual presidente Globovisión, tiene orden de captura por parte de las autoridades de Estados Unidos, con alerta roja de Interpol, por los delitos de conspiración para violar la ley contra actos de corrupción, conspiración para cometer lavado de dinero, lavado de dinero a través de instrumentos monetarios y pago de más de mil millones de dólares en sobornos a quien resultó ser posteriormente su socio, en Globovisión y otro negocios, el teniente Alejando Andrade Cedeño, exguardaespaldas del finado Hugo Chávez.

Reside en su “bunker” de la urbanización “Cerro Verde”, en Caracas, una fortaleza integrada por varias casas, a partir de la mansión adquirida en el año 2011 a la familia Brillembourg, donde es visitado por altos jerarcas de la dictadura madurista, incluyendo ministros, diputados, del gobierno y de la oposición, militares de alto rango, magistrados, el Tribunal Supremo de Justicia, el Fiscal General y el Contralor General designado por la ANC, entre muchos otros.  Cuenta con protección oficial y en su “nómina” figuran personajes del espectáculo, los medios de comunicación social y la política.  En noviembre de 2019, la agencia estadounidense de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), lo incluyó en la lista de los fugitivos más buscados por Estados Unidos.

El 8 de enero de 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) le impuso sanciones junto  y otros cuatro venezolanos, a los que se pretende castigar como parte de «una trama significativa de corrupción» por el aprovechamiento del sistema de cambios de divisas: Gustavo Perdomo Rosales, su cuñado; Leonardo González Dellán, expresidente del Banco Industrial de Venezuela y hermano del diputado del partido Primero JusticiaEudoro González DellánClaudia Patricia Díaz Guillén, ex enfermera del difunto Hugo Chávez y ex Tesorera Nacional y su esposo, el capitán Adrián José Velásquez Figueroa, alias “Guarapiche”, ex escolta presidencial, ambos actualmente bajo proceso judicial en España.

ANDRADE

EL TENIENTE ANDRADE, ex escolta de Chávez, en solo diez
años se convirtió en el hombre más rico de Venezuela.

Alejandro Andrade Cedeño, teniente del Ejército venezolano egresado de la Academia Militar de Venezuela en el año 1987, guardaespaldas y miembro del círculo íntimo de Hugo Chávez, fue subsecretario de la Asamblea Nacional Constituyente junto al difunto Luis Miquilena, luego presidió el Fondo Único Social, el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) y finalmente se desempeñó como Tesorero Nacional.  En menos de diez años se convirtió en uno de los hombres más ricos de Venezuela. A la muerte de Chávez se residenció, en el sur de la Florida, en Estados Unidos, y suscribió un acuerdo de culpabilidad con las autoridades de ese país, mediante el cual admitió haber recibido más de un mil millones de dólares de Gorrín a cambio de usar su posición como jefe de la Tesorería de Venezuela. También aceptó entregar todos los activos obtenidos a través de los actos de corrupción, incluyendo propiedades, vehículos, caballos, relojes, aviones y cuentas bancarias. Desde febrero de 2019 el teniente Andrade, de 54 años, presunto copropietario de la estación Globovisión, junto a su socio Raúl Gorrín Belisario, paga condena de diez años en el instituto correccional federal Loretto, una prisión de baja seguridad para reclusos varones, operada por la Oficina Federal de Prisiones, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ubicada en el condado de condado de Cambria, en el estado Pennsylvania.

Comisión de Contraloría de la AN dio “cartas de buena conducta” a Alejandro Ceballos Jiménez por Maibort Petit – Venezuela Política – 5 de Diciembre 2019

La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional entregó cartas que exoneran a Alejandro Jesús Ceballos Jiménez, cabeza principal del Grupo 7C C.A. y otras empresas, de supuestos hechos de corrupción denunciados en el ente parlamentario por  los diputados  Richard Arteaga y Conrado Pérez. Ceballos Jiménez aparece mencionado en varios casos de corrupción y lavado de dinero, incluyendo, el informe del Banco Central de Curazao y San Martín relacionado con la intervención del Banco del Orinoco, N.V, propiedad del banquero Víctor Vargas.
Alejandro Ceballos Jiménez es señalado de haber participado en diversos casos de corrupción, incluyendo una trama de lavado de dinero con empresas vinculadas al expresidente fallecido, Néstor Kirchner, su viuda, Cristina Fernández, Diego Marynberg en el Banco del Orinoco N.V. , propiedad del banquero Víctor Vargas, intervenido por las autoridades de Curazao por violación de normas de Lavado de dinero y financiamiento de terrorismo.
La investigación de la Comisión de Contraloría
  Hace un año — específicamente el 2 de diciembre de 2018— se produjo una declaración del diputado de Primero Justicia, Richard Arteaga, miembro de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, donde anunciaba que se había abierto una investigación sobre la venta de unos terrenos en Barcelona, estado Anzoátegui, donde habría supuestas irregularidades.
   Arteaga es uno de los 12 diputados que aparecen involucrados en la trama de corrupción vinculada al empresario colombiano, Alex Saab, y a su asociado, Carlos Lizcano. Los parlamentarios entregaron a Saab su socio unas misivas donde se establece que fueron exonerados de las investigaciones supuestamente realizadas por los parlamentarios. Las cartas de buena conducta son utilizadas por sus portadores como escudo protector ante las denuncias y acusaciones judiciales en su contra. El escándalo llevó a que el presidente de la Asamblea Nacional, y reconocido como presidente interino por más de 50 países, Juan Guaidó, anunciará la intervención de la Comisión de Contraloría y la separación temporal de sus cargos de los parlamentarios involucrados.

Ceballos Jiménez pasó de acusado a exonerado

   El parlamentario explicó que este caso “es un entramado de corrupción” en el que empresarios, en complicidad con el ex alcalde  de Barcelona, Guillermo Martínez y una la representación de la empresa Kamacuto, adquirieron terrenos del ejido municipal “a precios de regalía para comerciarlos en  250.000 dólares por hectárea, y que en su totalidad se calculan 3.000 hectáreas vendidas”.
  Arteaga declaró que la Comisión de Contraloría llamó a comparecer al empresario Alejandro Ceballos “para que explique sus vínculos con la firma Kamacuto, así como para aclarar alianzas de la empresa Inversiones Alfamaq, propiedad de un familiar de Ceballos, con el empresario Franklin Durán, vinculado con Antonini Wilson y Gold Reserved”.
  El parlamentario dijo que Ceballos Jiménez ya tenía un expediente por presuntas irregularidades en sectores económicos de la CVG, relacionado con la empresa Grupo 7C, responsable del saneamiento del río Guaire, por 430 millones de dólares, en la gestión de Jacqueline Farías.
    A principios de 2019, se informó que la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN), continuaba con las investigaciones de corrupción que afectan a instituciones del país, entre ellas la que forma parte del caso que se ha identificado como “Acapulco Venezolano”.
    El 6 de mayo de 2019, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional envió una comunicación a la empresa Grupo 7C, C.A. donde se informa que ese ente parlamentario inició una investigación sobre la empresa KAMACUTO, C.A. en virtud de los señalamientos hechos por el diputado Richard Arteaga donde se presume irregularidades administrativas en la concesión de terrenos ejidos municipales para la ejecución de un complejo recreacional del Caribe denominado “La Gran Barcelona”. En la misma se señala al Grupo 7C. C.A como acreedora de los terrenos, y careciendo de evidencias reales que permitan demostrar la veracidad de los señalamientos. Por ello se determinó la IMPROCEDENCIA del caso y se decidió no continuar con la investigación al respecto.
   El mismo 6 de mayo de 2019, la Comisión de Contraloría envió una carta firmada por el diputado Freddy Superlano en la cual se informa a Alejandro Ceballos, presidente de la empresa Grupo 7C, C.A., que “sobre la investigación sobre presupuestas irregularidades administrativas cometidas en el extravío de 500 millones de dólares destinados para potenciar las plataformas de las Empresas Básicas de Aluminio y para ventas a futuro de aluminio, por parte del ciudadano Rodolfo Sanz, expresidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y ex ministro de Industrias Básicas y Minería y por la ciudadana Lina Marcano, ex gerente de administración y finanzas de la (CVG), en la misma se pudo establecer una vez consignados y verificados los elementos presentados ante la Comisión, que los mismos desvirtúan cualquier relación o indicios que le puedan relacionar con la investigación en cuestión. Por tales motivos, se determinó la  IMPROCEDENCIA  del caso, y a su vez vez, hemos decidido que tanto su persona como su empresa, nada tiene que ver con la investigación que se lleva respecto al caso”.

  El 13 de mayo de 2019, el entonces presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, Freddy Superlano, emitió otra carta donde se le informa a Ceballos Jiménez que “la investigación realizada sobre el Saneamiento del Río Guaire, una obra adelantada por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente por un monto de 430 mil dólares”. Al respecto señaló que ese ente parlamentario “no pudo establecer, una vez consignados y verificados los elementos presentados ante la Comisión, que los mismos desvirtúan cualquier relación o indicios que le puedan relacionar con la investigación en cuestión y por tanto se determinó la IMPROCEDENCIA del caso, y se decidió que tanto Ceballos Jiménez como  la empresa Grupo 7C, C.A. nada tienen que ver con el caso señalado”.

El caso de los 500 millones de $ de la CVG

Una denuncia consignada el 29 de abril de 2010, ante el Fiscal Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar con sede en Ciudad Guayana, interpuesta por el presidente del Sindicato Único de Trabajadores Profesionales Universitarios de la Industria Venezolana de Aluminio (SUTRAPUVAL), Manuel F. Díaz señala que  Alejandro Ceballos participó en la operación de depósito de 500 millones de dólares de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en el Gazprom Bank en Líbano. En esta denuncia también se menciona al bolichicho (señalado del gigantesco caso de corrupción en el sector eléctrico de Venezuela),  Leopoldo Alejandro Betancourt López.

Los compradores a futuro transfirieron los fondos a la cuenta bancaria establecida previa orden enviada por un fax… Es así como se apertura en Líbano la cuenta (… ), que era manejada por el ex ministro Rodolfo Sanz, un pariente de éste, Jorge Rojas Montero, y un operador financiero, Alejandro Ceballos”, señala la denuncia.

Una nota del portal Principas24.com hace referencia a que supuestamente la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN), aprobó el día 19 de junio un acuerdo en donde solicitan la cooperación de organismos internacionales, y parlamentos  de otros países para que conllevara a la detención y enjuiciamiento de los ciudadanos  Rodolfo Sanz, Joel Orta Moros, Jorge Rojas Montero, Carlos Morán y Alejandro Ceballos por daños causados al patrimonio público y otras actividades contrarias al orden público, entre ellas: Peculado, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y  legitimación de capitales, entre otros.

El dueño del Portal, Carlos Herrera aparece entre las personas mencionadas en el reportaje del Armando.info que destapó la crisis  e intervención de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Ver detalles aquí.

Conrado Pérez pidió enjuiciar a Alejandro Ceballos y repatriar los capitales robados.

Pérez declaró que la Asamblea Nacional “solicitó la congelación de las cuentas bancarias de los mismos, así como títulos, valores e inversiones que mantengan los ciudadanos y la confiscación de los bienes muebles e inmuebles de su propiedad” del caso.

El diputado dijo que “el Parlamento venezolano autorizó a esta Comisión para que hiciera la denuncia ante los órganos jurisdiccionales de Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, China y países que conforman la Unidad Económica Europea”.

Recordó que “la actuación de la Comisión de Contraloría estaba basada en lo dispuesto del numeral 3 del artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se establece que es un deber ineludible de los Miembros de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, el control sobre el Gobierno y la administración Pública Nacional”.

Asimismo, dijo que “la acción se realizaba dentro de las atribuciones conferidas en el artículo 64 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional que le otorga la función de la vigilancia, Control y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y bienes nacionales, así como de las entidades Públicas Sujetas a su Control”.

Pérez sostuvo que “el artículo 65 del Reglamento faculta a la Comisión a dar inicio a las investigaciones, sustanciar y emitir un informe definitivo sobre las denuncias que se propongan ante su seno”.

Explicó el parlamentario que “la denuncia presentada en contra de Rodolfo Sanz, en su condición de ex Ministro de Empresas Básicas y Minería de la República Bolivariana de Venezuela y Johel Orta Moros, es por estar relacionados con la presunta emisión y negociación de bonos emitidos por la empresa CVG, colocación de oro de la también empresa Nacional Minerven y negociación fraudulenta de cabillas, todo ello en perjuicio del Estado venezolano”.

Argumentó que “debido a la gravedad de los hechos denunciados que involucran el interés público y patrimonio de la Nación se había dado inicio a la apertura del procedimiento correspondiente para la determinación de la responsabilidad política, administrativa de los funcionarios públicos y terceros que aparezcan relacionados con esos hechos e incluso la solicitud de apertura de la averiguación penal ante los órganos jurisdiccionales, de ser procedente”.

Caso “Acapulco Venezolano”
  En el año 2018 la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela anunció el inicio de investigaciones al llamado “Acapulco Venezolano” por presuntos hechos de corrupción.
   En ese sentido, el parlamentario Richard Arteaga, miembro de la delegación permanente, explicó que el caso del “Acapulco Venezolano” fue una estructura de presunta corrupción entre funcionarios públicos de la provincia de Anzoátegui y empresarios vinculados al gobierno chavista.
  El diputado Arteaga declaró sobre la consignación de un informe ante la Comisión de Contraloría, donde se destaca la creación de una empresa municipal en el año 2014, por parte de autoridades de la Alcaldía de Simón Bolívar en la provincia de Anzoátegui, denominada KAMACUTO C.A., donde aparecían como directores Zelim Avendaño y Luis Medrano, quienes les cedían terrenos, que pertenecían al ejido municipal, a otras empresas privadas y que a su vez, éstas, vendían a un precio que oscilaba los 250 mil dólares (USD 250.000$), retornando al erario público solo los aranceles, establecidos por la misma alcaldía.
    Arteaga denunció ventas con un 10.000% de sobreprecio”. Detalló que estos hechos ocurrieron en la gestión del ex-alcalde Guillermo Martinez, con la presunta complicidad de los empresarios Alejandro Ceballos, Carlos Kauffman y Franklin Durán. Otro vinculado al caso, por el que todavía no se han impuesto sanciones, sería un abogado de nombre Augusto Adolfo Calzadilla. La trama de corrupción conllevó la repartición, saqueo y venta de terrenos en una zona donde se construiría una «ciudad hospitalaria» y dónde se desarrollaría un proyecto turístico llamado «Acapulco venezolano».
 
Alejandro Ceballos publicó las cartas de buena conducta de la Comisión de Finanzas

  En la página web de  sus empresas, Alejandro Ceballos público las cartas  con la siguiente información:
A Manera de Aclaratoria
  El Grupo 7C, corporación de empresas de la familia Ceballos que durante 40 años ha venido desarrollando actividades en la industria de la construcción y sus extensiones, ha sido víctima de acusaciones infundadas producto de la ignominia de intereses malsanos que pretendían vilipendiar el prestigio ganado gracias al trabajo y honestidad que el consorcio ha mantenido a lo largo de su trayectoria.
   En el mes de noviembre de 2018 Alejandro Ceballos, Presidente del Grupo 7C, fue citado a comparecer ante la Asamblea Nacional, totalmente opositora, para responder antes las acusaciones que sobre su persona y el grupo que preside, hiciera por diferentes medios digitales: Richard Arteaga, Diputado a la Asamblea Nacional por el partido político MUD (Mesa del Unidad). La convocatoria fue hecha por el Diputado por el partido Voluntad Popular: Freddy Superlano, Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional.
Las investigaciones que llevó a cabo la comisión fueron:
1 – Presunto entramado de corrupción en complicidad con el exalcalde del Municipio “Simón Bolívar” del estado Anzoátegui: Guillermo Martínez y bajo la representación de la empresa Kamacuto, por adquisición de terrenos del ejido municipal a precios de regalía para comerciarlos en un costo de doscientos cincuenta mil dólares (USD 250.000$) por hectárea.
2 – Presunta irregularidad en la adjudicación de cuatrocientos treinta millones de dólares (USD 430.000.000) para la obra “Saneamiento del Río Guaire” sin que esta fuera ejecutada.
3 – Presuntas irregularidades administrativas en el extravío de quinientos millones de dólares (USD 500.000.000) destinados a potenciar las plataformas de las empresas básicas de aluminio.
En mayo de 2019, una vez que Grupo 7C presentara a la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional elementos y documentos en su defensa, dicha Comisión emanó los resultados de las investigaciones en documentos separados dejando claro que Grupo 7C, sus empresas y su Presidente: Alejandro Ceballos, no tuvieron relación alguna con los casos mencionados declarando IMPROCEDENTES las denuncias hechas por el Diputado Opositor: Richard Arteaga; los documentos resultantes fueron firmados por el Diputado Freddy Superlano, Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional.

    Denuncias de lavado de dinero por autoridades de las islas de Curazao y San Martín.

Alejandro Ceballos Jiménez aparece mencionado en una investigación de blanqueo de capitales a nivel internacional, según un informe presentado por las autoridades del Banco Central de Curazao y San Martín que se realizó antes de la intervención del Banco del Orinoco N.V. propiedad del banquero Víctor Vargas, dueño del Grupo Banco Occidental de Descuento en Venezuela.

El informe de las autoridades de Curazao sostiene que el Banco del Orinoco N.V. — Grupo Financiero BOD- Venezuela — incurrió en una conducta comercial violatoria de las regulaciones relativas al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo aplicables en Curazao y en las irregularidades aparece transacciones con empresas relacionadas con el fallecido presidente argentino Néstor Kirchner, su viuda y actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, el operador venezolano Alejandro Ceballos Jiménez y el multimillonario de origen israelí, Diego Marynberg. Ver informe  completo aquí.

A wealthy Venezuelan hosted Giuliani as he pursued Ukraine campaign by Rosalind S. Helderman, Devlin Barrett,  Matt Zapotosky and Tom Hamburger – The Washington Post – 26 de Noviembre 2019

Presidential candidate Donald Trump talks with Rudolph W. Giuliani at a fundraising event in New York in July 2015. (Seth Wenig/AP)
Presidential candidate Donald Trump talks with Rudolph W. Giuliani at a fundraising event in New York in July 2015. (Seth Wenig/AP)

When Rudolph W. Giuliani went to Madrid in August to confer with a top aide to the Ukrainian president and press for political investigations sought by President Trump, he also met with a previously unidentified client with very different interests.

While in Spain, Giuliani stayed at a historic estate belonging to Venezuelan energy executive Alejandro Betancourt López, who had hired Trump’s personal attorney to help him contend with a Justice Department investigation of alleged money laundering and bribery, according to people familiar with the situation.

A month later, Giuliani was one of several lawyers representing Betancourt in Washington. The lawyers met with the chief of the Justice Department’s criminal division and other government attorneys to argue that the wealthy Venezuelan should not face criminal charges as part of a $1.2 billion money-laundering case filed in Florida last year, said the people, who, like others in this report, spoke on the condition of anonymity because of the ongoing investigation.

The criminal complaint alleges that top officials of the Venezuela’s state-owned oil company, elite business leaders and bankers conspired to steal money from the company and then launder it through Miami real estate purchases and other investment schemes.

Betancourt is not one of the eight men charged in the case, a group that includes his cousin. But two people familiar with the matter said that he is referred to in the criminal complaint as a uncharged co-conspirator, as previously reported by the Miami Herald.

Giuliani’s representation of Betancourt — which has not been previously disclosed — is a striking example of how Trump’s lawyer has continued to offer his services to foreign clients with interests before the U.S. government while working on behalf of the president. And it shows how Giuliani — who says he was serving as Trump’s attorney pro bono — has used his work for paying clients to help underwrite his efforts to find political ammunition in Ukraine to benefit the president.

In response to questions about his relationship with Betancourt, Giuliani wrote in a text, “This is attorney client privilege so I will withstand whatever malicious lies or spin you put on it.”

Eric Creizman, an attorney for Giuliani, declined to comment.

Jon Sale, an attorney for Betancourt, said his client denies any wrongdoing. He declined to comment on Betancourt’s relationship with Giuliani.

A spokeswoman for the Justice Department declined to comment on the meeting. Justice Department officials were unaware of the Madrid meeting when Giuliani came to meet them, according to a senior Justice Department official who said the topic of Ukraine did not come up in the discussion.

‘The whole package’

Giuliani, a former New York mayor and top federal prosecutor in Manhattan, is now under scrutiny by the U.S. attorney’s office he once led, which has filed campaign finance charges against two of his associates, Lev Parnas and Igor Fruman. Investigators are examining Giuliani’s consulting business as part of a broad probe in a raft of possible crimes, including wire fraud and foreign lobbying violations, according to people familiar with the matter.

Giuliani is also a key figure in the ongoing House impeachment inquiry into Trump, in which top government officials have testified that the president’s lawyer led a shadow effort to pressure Ukraine to announce investigations of Trump’s rivals in exchange for a White House meeting.

Trump had urged U.S. officials hoping to broker a good relationship between him and newly elected Ukrainian president Volodymyr Zelensky to work with Giuliani, according to congressional testimony.

On July 25, Trump asked Zelensky to pursue the investigations of Democrats. Days later, Giuliani headed to Madrid to meet with Andriy Yermak, a top aide to Zelensky, to cement the deal, according to Giuliani and congressional testimony.

Giuliani told The Washington Post in September that Yermak had offered to come to the United States, but he suggested Spain. “I told him I was already going to be in Madrid for something else the first weekend in August, so why don’t we just meet there?” he said.

The purpose of the Aug. 2 sit-down: to spell out two specific cases Trump wanted Ukraine to pursue, Giuliani told The Post in September.

One was a probe of a Ukrainian gas tycoon who had former vice president Joe Biden’s son Hunter Biden on his board. Another was a claim that Democrats colluded with Ukraine to release information on former Trump campaign chairman Paul Manafort during the 2016 election.

Yermak, according to Giuliani, indicated that the Ukrainians were open to pursuing the investigations. The aide reiterated the Ukrainians’ plea for a meeting with Trump, a summit that would be an important signal to Russia of Washington’s support for Ukraine.

“I talked to him about the whole package,” Giuliani said.

After the meeting, Yermak began circulating a draft of a statement the Ukrainians were considering issuing regarding their commitment to investigating corruption, according to text messages released as part of the House inquiry.

A private client

One of the main purposes of Giuliani’s travel to Spain was to meet with Betancourt, who has made a fortune in work for the Venezuelan government, according to people familiar with the trip.

Betancourt, a young member of Venezuela’s elite who attended Suffolk University in Boston, co-founded a company that was awarded $1.8 billion in government contracts to build power plants under Venezuela’s former socialist president Hugo Chávez, leading to allegations the company bilked the government, the Wall Street Journal has reported.

The company, Derwick Associates, has denied paying bribes to win its contracts and said the contracts reflected the high cost of doing business in the socialist country.

Sale, Betancourt’s attorney, is a longtime friend of Giuliani’s who attended law school with him. He also briefly represented Giuliani as he responded to congressional inquiries regarding Ukraine, sending a letter to House committees explaining that Giuliani would not comply with a subpoena for documents.

Giuliani has defended his work for foreign clients, arguing that their identities and interests are “irrelevant” to his uncompensated efforts for Trump. “My other clients are paying me for the work I do for them. Nobody is paying me for a single thing I’m doing for Donald J. Trump,” he told The Post earlier this year.

He told the Daily Beast in October that he met Yermak in Madrid because he already planned to be in the Spanish capital for “business and vacation.”

He said it was an example of how the costs of his travel for Trump were covered by separate work he did for private clients.

“That particular trip has not been reimbursed, but about three-fourths of it would be business and one-fourth would be personal,” he said. “The Trump part would be considered personal because I don’t get paid for representing the president.”

He told Reuters in September that his expenses “were paid by I assume one client. Since I took two days off I think I paid some of that personally as well.”

During the trip, Giuliani met with Yermak at a hotel in Madrid, according to people familiar with the trip.

But he — along with Parnas and Fruman — stayed at an expansive estate belonging to Betancourt on the grounds of an ancient castle once used by Spanish royalty, the people said.

A Betancourt company purchased El Castillo del Alamín in 2011 for nearly 23 million euros, according to the Spanish news outlet El Mundo. It is about an hour southwest of Madrid.

On Aug. 3, the day after his meeting with Yermak, Giuliani tweetedimages of a Spanish village, writing, “South of Madrid are beautiful small towns and lovely countryside and very wonderful people.”

Rudy Giuliani

@RudyGiuliani

South of Madrid are beautiful small towns and lovely countryside and very wonderful people.

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Joseph A. Bondy, an attorney for Parnas, declined to comment. Todd Blanche, an attorney for Fruman, did not respond to a request for comment.

The Justice Department meeting

A month later, Giuliani joined a number of lawyers representing Betancourt at a meeting at Justice Department headquarters with Brian Benczkowski, the head of the criminal division, according to people familiar with the session.

At the time, federal prosecutors in Manhattan were pursuing the case against Giuliani’s associates, Parnas and Fruman.

When the New York Times reported in October that Giuliani met with the criminal-division chief about one of his clients, the Justice Department said Benczkowski was not aware of the New York case at the time.

“When Mr. Benczkowski and fraud section lawyers met with Mr. Giuliani, they were not aware of any investigation of Mr. Giuliani’s associates in the Southern District of New York and would not have met with him had they known,” Peter Carr, a department spokesman, said at the time.

The client who was the subject of the meeting has not been previously reported.

Giuliani has cast his efforts to dig up damaging information about Democrats in Ukraine as a strategy to assist his client, Trump, but also motivated by a lifelong commitment to fighting corruption.

“I’ve been doing this for 50 years of my life,” he told conservative broadcaster Glenn Beck on Nov. 20. “I’ve never had a complaint. I think people understand that I have a very, very great passion for corruption, and I’ve probably uncovered some of the biggest crimes and disrupted some of the biggest crime organizations in our history.”

However, his involvement with the Betancourt case puts him at odds with a long-running effort by federal prosecutors to crack down on corruption in Venezuela.

The United States has been aggressively pursuing bribery, embezzlement and money laundering cases against Venezuela’s elite, arguing the corruption has helped collapse the country’s economy and caused civil unrest.

Federal prosecutors in Miami have said in court filings that billions have been looted from Venezuela’s state-owned energy company, Petróleos de Venezuela S.A., or PDVSA, which has faced particularly dire economic consequences.

Betancourt was not named in the July 2018 criminal complaint, but the case’s lead defendant, Francisco Convit Guruceaga, is his cousin and sat on the board of Betancourt’s company. Convit is considered a fugitive by the U.S. government, according to court records.

While Giuliani’s representation of Betancourt had not been previously disclosed, Venezuela has surfaced as a topic in the House impeachment inquiry.

In a closed-door deposition given to congressional investigators on Oct. 14, former National Security Council official Fiona Hill alluded to the possibility of a Venezuela tie to the ongoing Ukraine saga.

“I was told that by the directors working on the Western Hemisphere. I didn’t have a chance to look into this in any way. I was told that the same individuals who had been indicted had been interested at different points in energy investments in Venezuela and that this was quite well known,” she said, referring to Parnas and Fruman, according to a transcript later released.

She did not detail the information she had been given, only that she had learned the two were “notorious in Florida” and involved with “strange things in Venezuela.”

“Well, I was extremely concerned that whatever it was that Mr. Giuliani was doing might not be legal, especially after, you know, people had raised with me these two gentlemen, Parnas and Fruman,” she said.

 

Josh Dawsey, Aaron Davis, Anne Gearan and Alice Crites contributed to this report.

EEUU coloca entre los más buscados a Raúl Antonio Gorrín Belisario, dueño de Globovisión – alberto news – 20 de Noviembre 2019

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Gorrín está acusado por las autoridades de Estados Unidos por haber pagado presuntamente unos US$159 millones en sobornos a dos ex altos funcionarios venezolanos y haberles ayudado a lavar esos fondos ilícitos.

La acusación contra el magnate venezolano fue presentada en agosto pasado en una corte del Distrito Sur de Florida pero, a petición de la Fiscalía, permaneció bajo reserva hasta el lunes pasado con el fin de proteger la investigación.

En ese documento se asegura que entre 2008 y 2017, Gorrín ofreció y efectivamente pagó sobornos a dos altos funcionarios “con autoridad para tomar decisiones” en la Oficina Nacional del Tesoro para que le permitieran realizar operaciones de cambio de divisas para el gobierno de Venezuela, de las cuales él sacaba una beneficio “indebido”.

En el año 2003, el gobierno de Hugo Chávez estableció un sistema de control cambiario a través del cual las autoridades fijan la tasa y la cantidad de divisas que los ciudadanos y las empresas pueden adquirir. En ese sistema, que se ha mantenido con ligeras variaciones hasta la actualidad, existe una tasa oficial que con frecuencia es varias veces menor que la que se utiliza en el mercado paralelo (informal).

Durante muchos años, distintos analistas han denunciado que ese mecanismo ha permitido que miembros de la elite empresarial con conexiones con el gobierno se enriquezcan al conseguir dólares a una pequeña fracción de la tasa vigente en el mercado paralelo.

Feds target Venezuelan brothers in new $4.5 billion laundering probe – Miami Herald – 9 de Noviembre 2019

The Justice Department is building a new money-laundering case against two politically connected Venezuelan bankers with financial and real estate investments in South Florida who are suspected of stealing more than $4.5 billion from Venezuela’s socialist government, the Miami Herald has learned.
The investigation is the third massive U.S. money-laundering case targeting members of Venezuela’s young business elites who allegedly paid millions in bribes to government officials for access to billions in oil income, according to sources familiar with the probe. The allegedly illicit funds were then secreted away to Swiss bank accounts before being moved again into the United States..
In the latest case — the biggest of the three so far — federal prosecutors are zeroing in on Venezuelan bankers Luis and Ignacio Oberto. The brothers are suspected of making fortunes by using shell companies to provide “sham” loans to Venezuela’s state-owned oil company, which in turn sent billions in inflated payments to their Swiss bank accounts with the help of a rogue banker, according to sources.
Since last year, federal prosecutors have reached out to their Swiss counterparts for assistance because the embezzled Venezuelan funds were transferred to numerous Swiss banks holding dozens of accounts allegedly linked to the Oberto brothers, the sources told the Herald. The brothers’ principal Swiss banker was Charles Henry De Beaumont, with CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA in Geneva, where the Obertos kept most of their accounts.
The Oberto brothers, who have not been charged in the U.S. investigation, are represented by two of the most prominent criminal defense attorneys in South Florida. In a joint statement, Ed Shohat, representing Luis Oberto Jr., and David O. Markus, representing Ignacio Oberto, said their clients have done nothing wrong.
“Luis and Ignacio Oberto are both highly respected businessmen who have never been accused in any country of any crime.,” their lawyers said. “And for good reason — they are honorable, ethical, and transparent. They have committed no crime. Any suggestion to the contrary will be met with a full-court-press defense.”
On Friday, a spokesman for CBH Compagnie Bancaire Helvetique, said De Beaumont resigned from the private wealth management bank in 2012, without providing an explanation.
Asked about De Beaumont’s key role in allegedly assisting the Oberto brothers, the bank said in a statement: “Although CBH cannot comment on the existence or non-existence of any clients, CBH has never engaged in or facilitated money laundering or unlawful banking transactions, and neither CBH nor its employees have ever been accused of any wrongdoing.”
De Beaumont, 43, could not be reached for comment for this story. The U.S. Attorney’s Office and Homeland Security Investigations in Miami declined to comment.
Of the two Oberto brothers, Luis, who is older, has the higher profile. Luis Oberto Jr. is considered a Venezuelan wheeler-dealer, traveling regularly between South America, the United States and Europe. At 43, he has established a formidable reputation in banking and securities trading, including lucrative loan and bond deals with the Venezuelan government. His wife, Maria Graciela Gill, is the daughter of one of Venezuela’s major bankers. Oberto Jr. owns luxury high-rise apartments on Manhattan’s East Side and at a wellness resort in Miami Beach.
Oberto Jr. also has a passion for art collecting, like his father, Luis Oberto Sr, a banker himself who donated a collection of 1960s-era Venezuelan artworks, posters and photographs to the Museum of Modern Art Library in New York. “I think a collector would like to have inexhaustible resources to be able to have everything he wants,” Oberto Jr. once said.
But all is not perfect in the rarefied world of Oberto Jr. and his younger brother, Ignacio, 36, who also owns a condo at the Carillon Miami Wellness Resort in Miami Beach.
Both brothers have been under investigation over the past two years by federal authorities. Homeland Security investigators are gathering troves of emails, bank records and cooperating witness statements showing the Obertos allegedly embezzled billions from Venezuela’s government by paying bribes to officials and then moving the funds to Europe and eventually to the United States, according to sources familiar with the investigation.
Justice Department prosecutors have asked Swiss authorities to obtain bank records reflecting transfers of illicit funds from the Venezuelan national oil company’s accounts with Banco Espirito Santo to the Oberto brothers’ accounts at CBH Compagnie Bancaire Helvetique and several other Swiss banks.
The crux of the federal probe is that the Oberto brothers operated two main shell companies, Violet Advisors SA and Welka Holdings Limited, that allegedly made sham loans to Venezuela’s state-owned oil company, PDVSA, in 2012. In exchange for bribes, PDVSA officials approved the brothers’ loan contracts and then processed the loan payments through the government’s favorable bolivar-dollar exchange system to boost their profits exponentially, according to sources familiar with the probe.
PDVSA officials wired the loan payments through Banco Espirito Santo to the brothers’ various Swiss accounts between 2012 and 2014, sources familiar with the U.S. investigation said. (Espirito Santo, Portugal’s biggest bank, collapsed in 2014 amid allegations of fraud and money laundering. Espirito Santo operated a branch in downtown Miami that is now known as Brickell Bank.)
The Oberto brothers’ main banker was CBH’s De Beaumont, though they also had accounts in other shell companies at other Swiss banks that received tainted Venezuelan funds, according to sources.
De Beaumont also assisted the Oberto brothers in moving the illicit PDVSA funds from Switzerland to banks in the United States, including Miami, as well as to offshore accounts in the Caribbean. Among the brothers’ biggest transfers was $367 million from their CBH account to an offshore company called Bagnet Capital Ltd., sources said.
The alleged purpose of the wire transfers was not only to enrich the Oberto brothers but also to pay kickbacks to Venezuela government officials who initially approved the brothers’ loans and currency-exchange schemes, according to sources.
Other unnamed conspirators in Venezuela, Europe and the United States were also paid as part of the brothers’ alleged bribery, embezzlement and money laundering schemes, sources said.
In total, billions of PDVSA dollars were transferred from Venezuela to Switzerland and then with De Beaumont’s assistance to the United States, including millions into the Oberto brothers’ personal bank accounts and real estate investments in Miami and New York, sources said.
In a statement, CBH Compagnie Bancaire Helvetique said “strict Swiss laws prohibit” the private banker from confirming whether the Oberto brothers are clients. But the bank said it “has always responded promptly and thoroughly to all international assistance requests relating to clients” and has “always maintained rigorous internal anti-money laundering safeguards,” according to the statement issued by spokesman Christoper Robinson.
Earlier this year, Swiss news media reported that the Justice Department sent a request for legal assistance in March 2018 to Switzerland “in connection with the PDVSA scandal.” The Swiss Federal Supreme Court revealed in May of this year that the U.S. investigation covered the misappropriation of more than $4.5 billion, “mainly through accounts opened in Switzerland.”
The Justice Department memo only identified De Beaumont by name and referenced “other conspirators,” though the Oberto brothers were not mentioned. The Herald has learned from sources familiar with the U.S. investigation that both Luis and Ignacio Oberto are among De Beaumont’s alleged conspirators.
“According to information and documents provided by several cooperating conspirators, De Beaumont, a Swiss banker with Compagnie Bancaire Helvetique (CBH), knowingly conspired with the other conspirators to defraud CBH and launder the proceeds of the fraud and embezzlement scheme through CBH and through other means, including banks and real estate in Miami, Florida,” according to the March 13, 2018 Justice Department memo to the Central Authority of Switzerland.
“More specifically, De Beaumont arranged for several shell companies to be created to receive the embezzled U.S. dollars from PDVSA accounts into CBH accounts arranged for by De Beaumont,” the Justice Department memo says. “De Beaumont used numerous shell companies so as to not attract negative attention by way of any single company receiving too much money. The total amount in U.S. dollars embezzled through the scheme is approximately $4.5 billion, with the majority of that amount routed through CBH.”
As a Swiss banker, De Beaumont enjoyed the reputation of attracting wealthy Venezuelans like the Oberto brothers, who deposited their millions at CBH Compagnie Bancaire Helvetique in Geneva. It was a highly lucrative business for De Beaumont, who charged a .75 percent fee for each wire transfer in and out of the bank.
The Swiss banker made about $22 million in fees from receiving and transferring the PDVSA funds for the Obertos and others, according to the Justice Department memo. In early 2014, the Swiss banker used $4.6 million of those fees to buy a condominium at the exclusive Continuum high-rise on the southern tip of Miami Beach and another $1.3 million to buy real estate in the Dominican Republic.
A former Venezuelan prosecutor told Bloomberg in a recent article that politically connected Venezuelan business people who made millions doing deals with the socialist regimes of the late President Hugo Chavez and his successor, Nicolas Maduro, were steady customers at CBH.
“This is the go-to bank for Venezuelans to hide money,” said Zair Mundaray, who handled financial crimes cases for the Venezuelan attorney general’s office until mid-2017 and now lives in Colombia. “They all banked at CBH.”
Swiss prosecutors are also conducting a parallel investigation, according to sources familiar with the mutual assistance between Switzerland and the United States.
The Oberto brothers are only the latest members of Venezuela’s young elites — known as “boliburgueses” — who have done business deals with one another and the Venezuelan government and who are now in the cross-hairs of U.S. prosecutors in Miami and Washington, D.C.
Former Venezuelan national treasurer Alejandro Andrade, TV network mogul Raul Gorrin and wealthy businessman Francisco Convit Guruceaga are among those close to Chavez and Maduro. Andrade, Gorrin and Convit are the most prominent of a dozen defendants who have been charged in two Venezuelan money laundering cases in South Florida, totaling more than $1 billion each. The cases involved bond, loan and currency-exchange schemes approved by Venezuelan officials, including Andrade and PDVSA officials. More than half of the defendants are still at large.
So far, the biggest Venezuelan defendant in U.S. custody is Andrade, who served as national treasurer from 2007 to early 2011. Soon after his resignation, Andrade moved to an equestrian farm he bought in the super-rich community of Wellington in Palm Beach Country.
Andrade lived off $80 million in funds stolen from Venezuela’s national treasury that he kept in his Swiss bank account at CBH, according to a statement filed with his plea agreement. He used some of that money to buy private planes and take care of his show horses. In late 2017, Andrade pleaded guilty to money laundering while he cooperated with U.S. authorities. He was sentenced to 10 years in prison.
Since 2010, the international money-laundering schemes led by Andrade, Gorrin and the others have caused extreme economic hardship for everyday Venezuelans, say federal authorities, who have imposed sanctions on the state-owned oil company, PDVSA. Oil rich and once wealthy, Venezuela has deteriorated into an impoverished country suffering from hyperinflation as well as food and medicine shortages. More than four million people have fled the country in recent years, according to the United Nations.
Tobias Roche, a former federal agent who for 30 years worked with U.S. Immigration and Customs Enforcement and the U.S. Marshals Service, said the rampant Venezuelan corruption now under investigation has contributed significantly to Venezuela’s economic dramatic downfall.
“The impact of these actions are horrible because right now the country is devastated with high crime and poverty,” Roche said. “Some of those responsible are living here [in Miami and New York] like kings with money that not only they did not earn legitimately but that was obtained in a way that condemned millions to the utmost poverty.”.
“The riches they enjoy were stolen, either from PDVSA or other government entities, through programs that in some cases were specifically designed to funnel money out,” said Roche, who co-founded the U.S. Department of Homeland Security’s Foreign Corruption Investigations Group.
Another person familiar with the U.S. probes of Venezuelan kleptocracy agreed.
“These are huge fortunes,” said the investigator. “To put it all in perspective, you have to ask yourself, how large is Bill Gates’ fortune or the fortune of Steve Jobs’ family?
“These are people who worked a lifetime to build their empires, and these people [in Venezuela] now rival them through graft, bankrupting a whole country and creating a human crisis in the process.”

Get Betancourt DoJ: he’ll bring Ramirez, PDVSA, Ivanov, Anisimov & Gazprom 2 hours ago by Alek Boyd – Infodio.com – 4 de Noviembre 2019

Further to news reported by Miami Herald today, about involvement of Alejandro Betancourt in Operation Money Flight and how the loot was divided among cartel members, sources have told this site that the U.S. Department of Justice allegedly leaked detailed information, seeking to force Betancourt out of his “I’m Venezuela’s Steve Jobs” delusion and get him to cut a deal. High officials of the Trump administration, speaking on condition of anonimity, confirmed to this site that Betancourt has been a person of interest for quite some time.

DoJ’s Michael Nadler, conducting criminal probes into Venezuelan corruption, is sitting on a mountain of evidence linking Betancourt, and already indicted partner Francisco Convit, with vast money laudering schemes centered at PDVSA. Sealed indictments are waiting at the ready, according to people familiar with ongoing investigations. Pedro Binaggia, a key collaborator in the probe, was also involved in a previous $4+ billion scheme (2012), involving same set of characters. Betancourt’s role was instrumental in both cases to get Rafael Ramirez’s approval. Brothers Ignacio and Luis Oberto Anselmi are said to be collaborating with Nadler’s probe into the $4+ billion deal. Crucially, Charles Henry de Beaumont, a Compagnie Bancaire Helvetique banker at the core of much of this corruption, has also been tapped by investigating DoJ prosecutors.

In Venezuela’s corruption leagues, Betancourt is a better catch than either the Oberto brothers, or Matthias Krull. Betancourt, more than either his cousin and associate Pedro Trebbau, or Francisco Convit, seems to be the chief orchestrator of much of Derwick Associates’ corruption. It was Betancourt -through Nervis Villalobos’ longtime relation with Rafael Ramirez- who got the $4 billion plus deal for the Oberto brothers. In fact, this site has reported how EFG Bank internal documents show that just the first billion-dollar tranche received from PDVSA by the Obertos resulted in transfers totalling $100 million to accounts controlled by Betancourt and Convit. Operation Money Flight was a $1.2 billion encore, less than a third of first scheme.

While these money laundering schemes were taking place, Betancourt established a partnership with Gazprom’s Boris Ivanov, and got into a joint venture with PDVSA called Petrozamora. Internal emails from Petrozamora leaked to this site show Vladimir Anisimov, former Deputy Head of Internal Affairs at FSB, as an associate. The originator of said emails is Orlando Alvarado, CFO of Derwick and conspirator no 4 in Operation Money Flight.

In addition to Money Flight, Betancourt is believed to be associated with Maikel Moreno and Raul Gorrin in a yet-to-start joint venture with PDVSA, called Petrosur. In that one, Betancourt’s partners are former executives from Spain’s REPSOL.

Betancourt knows exactly where Rafael Ramirez is, as he was personally involved in setting up a meeting between Ramirez and Erik Prince, when Prince was pitching to different parties his plan for regime change in Venezuela earlier this year.

Betancourt is also privy to Juan Guaidó’s innermost plans and strategies, as he has fetted and entertained Guaido’s brother in his Spanish castle near Madrid. Sources have informed this site that Guaidó has offered amnesty to Betancourt, in exchange for financial support.

Betancourt has exposure in probes in Venezuela, Spain, Portugal, Andorra, Malta, Switzerland, and the U.S. This site has chronicled and catalogued, like no other, Betancourt’s criminal activities around the world, which in addition to misappropriation of billions of dollars, include almost certain involvement in breaking and entering, theft, illegal surveillance, and threats of sexual abuse to minors.

Sources have informed this site that Betancourt, who travels on either his Italian or (multiple) Venezuelan passports, keeps a residence and spends considerable time in London. The UK is another jurisdiction where Betancourt is involved in criminal activity.

It’s going to be interesting to see how Betancourt, who loves to threaten, sue and silence journalists and media, deals with the Miami Herald piece. Relatives of his -likely assisting in money laundering- grouped in Stambul LLC, are currently suing one of Venezuela’s best investigative journalist in Miami, due to an expose into their dodgy affairs.

If it gets Betancourt, the DoJ could very well disrupt an international criminal gang that includes corrupt Russian, Spanish, American, and Venezuelan actors. The question is: why has it not done it already? While Betancourt is no Raul Gorrin, in the sense of ascendancy over current chavista establishment, he navigates like very few internal Venezuelan politics, Russian interests -both commercial and political-, Spanish powerful circles, sophisticated international finance, and the very best U.S. legal, political, media and PR circles for hire. Remember: Al Cardenas, Hans Hertell, Fusion GPS and Adam Kaufmann have all been on Betancourt’s dime.

Venezuela’s business elite face scrutiny in $1.2 billion money laundering case by Jay Weaver and Antonio Maria Delgado – Miami Herald – 3 de Noviembre 2019

U.S. hits Venezuelan oil company with sanctions

The Trump administration imposed sanctions on Jan. 28, 2019, on the state-owned oil company of Venezuela, a potentially critical economic move aimed at increasing pressure on President Nicolas Maduro to cede power to the opposition.

As Venezuela’s oil-based economy continues to crumble, a politically connected class of businessmen with financial ties to Miami has grown fabulously wealthy from energy deals with the socialist government. Among the Venezuelan upper crust who have made fortunes during the Bolivarian revolution: Alejandro Betancourt.

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Without any experience in the energy industry, Betancourt co-founded a power company called Derwick Associates a decade ago that has reaped billions of dollars in government contracts for a string of new plants in Venezuela — drawing barbs about being overpaid for the projects and having cozy relationships with top politicians.

With his windfall, Betancourt not only expanded his business into the United States but also bought a penthouse apartment in Manhattan’s Olympic Tower, along with a castle estate and other luxury properties in Spain, according to court documents.

In Miami, Betancourt has surfaced in a massive money laundering case that charges his cousin and several of the so-called Boliburgueses — young , well-educated entrepreneurs close to the Venezuelan regime — with conspiring to bribe government officials to approve a loan scheme to embezzle $1.2 billion from the country’s national oil company during the presidency of Nicolas Maduro.

Although Betancourt is not identified by name in the federal case filed in Miami, several sources familiar with the widening investigation say that he is “Conspirator 2” among the dozen unnamed Venezuelan conspirators and officials listed in a criminal complaint that details the alleged international racket.

Betancourt, 39, and some of the other unidentified conspirators and officials could be added as defendants to an indictment, according to sources familiar with the federal case. So far, nine defendants have been charged in the Miami case, with two pleading guilty and one awaiting trial. The remaining six defendants, including Betancourt’s cousin, Francisco Convit Guruceaga, are considered fugitives by the U.S. Attorney’s Office in Miami.

Betancourt’s attorney, prominent Miami lawyer Jon Sale, issued a statement Friday denying his involvement. “My client denies any wrongdoing,” Sale said.

In Miami, Houston and New York, several corruption cases have been pursued by the Justice Department alleging bribery, embezzlement and money laundering activities in Venezuela and the United States that have taken a devastating toll on Venezuela’s economy. The country has suffered the loss of billions of dollars embezzled from its state-owned oil company, Petroleos de Venezuela S.A, or PDVSA, mainly because of green-palming between government officials and the country’s elite business class, federal authorities say.

Russell Dallen, a lawyer and investment manager, spoke about foreign corruption at the Latin America Summit on Friday in Miami, spotlighting the prosecution of the PDVSA money-laundering case and others. Dallen, head of Caracas Capital in Miami, said Venezuela’s rampant corruption has caused dramatic declines in oil production and income over the past two decades,fueling hyperinflation, widespread poverty and the exodus of more than four million people.

“Instead of reinvesting the money and rebuilding the country, it was all stolen through these currency-exchange and loan schemes,” said Dallen, pointing out that Venezuela was once among the biggest oil producers in the world.

“The Venezuelan people are starving,” he added. “The [minimum wage] is $5 a month, up from $2. That’s all they make — it’s less than Haiti, less than Cuba. That’s why people are voting with their feet and leaving the country.”

In the Miami case, federal court records say that “Conspirator 2” was among the ring of Boliburgueses and government officials who received hundreds of million of dollars in late 2014 from PDVSA as payment for a loan that they made to the state-owned oil company. A criminal affidavit alleges the ring used a shell company to loan $42 million worth of bolivars and then got repaid in euros at the government’s favorable exchange rate. That currency exchange transaction instantly multiplied the loan repayment to the equivalent of $600 million.

Betancourt’s cousin, Convit, who also sits on the board of directors of Derwick’s Oil and Gas Corp., is the lead defendant mentioned with Conspirator 2 in the introduction to the complaint affidavit.

Betancourt’s chief financial officer at Derwick, Orlando Alvarado, is listed as “Conspirator 4” in the Miami case and also as an associate of his cousin, Convit. According to the affidavit, Conspirator 4 discussed a plan in 2016 with one of the ring’s leaders to create “fake” foreign currency exchange contracts to make the embezzlement of the national oil company’s funds look legitimate so the proceeds could be transferred to Convit and several others, including Conspirator 2 and Venezuelan officials accused of accepting bribes.

“Conspirator 4 [Alvarado] suggested a meeting with everyone who has ‘an interest’ to sort things out and fix ‘the papers’ before things get bad when it is too late,” the affidavit says.

The close relationship between Convit, Betancourt and Alvarado raises questions about what Betancourt knew of the alleged loan scheme at Venezuela’s state-owned oil company and the flow of laundered money. The detailed affidavit, however, does not provide evidence of Betancourt’s knowledge of the illicit PDVSA loan scheme. Nor does it provide proof, such as a bank record or wire transfer, showing he was aware of the source of the laundered money he allegedly received.

According to the affidavit filed in July of last year, PDVSA repaid the ring’s loan to a shell company called Rantor Capital, transferring the $600 million to Portmann Capital Management in Malta. The oil company’s loan repayment was eventually turned over to another shell company, Eaton Global Services Limited, set up in Hong Kong, which was controlled by the Venezuelan leaders of the money-laundering conspiracy, federal prosecutors say.

The $600 million windfall was then divided up among the group of wealthy Venezuelan businessmen, the three stepsons of Maduro and PDVSA officials, according to an email obtained by agents with Homeland Security Investigations and sources familiar with the criminal case. The president and his stepsons — Yosser Gavídia Flores, Walter Gavídia Flores and Yoswal Gavídia Flores — are under investigation in the Miami case, sources said.

According to the affidavit, here is how the government funds were distributed in in late 2014 and early 2015:

▪ $272.5 million went to Raul Gorrín, the Venezuelan tycoon who owns a Caracas TV network, insurance company and other businesses. He has not been charged in the Miami case, but is considered a main suspect in the federal investigation. In turn, Gorrín kept about $72.5 million for himself — wiring some money to pay for aviation, yacht and brokerage services in Miami — and gave the balance, $200 million, to Portmann Capital Management for the benefit of Maduro’s three grown stepsons from his marriage to Cilia Flores.

▪ That account was set up for the stepsons in the name of a “straw” representative, Mario Enrique Bonilla Vallera, a Venezuelan businessman who owns a handful of Florida companies with addresses linked to four multimillion-dollar homes in the exclusive Cocoplum neighborhood of Coral Gables. Bonilla has been charged in the money-laundering indictment, but remains at large.

▪ $272.5 million also went to Convit and Conspirator 2. Of that total, $94 million was distributed to Pedro Binaggia, an attorney and businessman who was tasked to launder millions of dollars from Venezuela to Europe and the United States. (In 2016, Binaggia became a confidential source for Homeland Security Investigations out of fear that he would get caught laundering funds.)

▪ Binaggia, using Deltec Bank in the Bahamas, redistributed about $20 million to: Carmelo Urdaneta Aqui, former legal counsel for the Venezuelan Ministry of Oil and Mining; Abraham Edgardo Ortega, a former director of finance at PDVSA; Jose Vicente Amparan Croquer, described as a professional money launderer, and three other unnamed Venezuelan conspirators with ties to the state-owned oil company.

Those three are Victor Eduardo Aular Blanco, a former PDVSA vice president of finance who authorized the state-owned oil company’s loan with the ring; Alvaro Ledo Nass, a former PDVSA general counsel, and his lawyer-brother, Adolfo Ledo Nass, according to sources familiar with the investigation.

The remaining funds were absorbed by the cost of the initial loan to the oil company and Portmann Capital’s charges related to the transaction.

Significantly, some of Venezuela’s embezzled money was funneled through shell companies into fabricated investment funds, U.S. banks and South Florida luxury real estate, forming the foundation for the federal money-laundering case in Miami. Gorrin, who was close to the late Venezuelan President Hugo Chavez as well as Maduro, invested tens of millions of dollars in Cocoplum and in luxury condominiums in Miami and Manhattan.

The news media in Venezuela and the United States have focused on Gorrin because of his high profile in business and political circles. Although he has not been charged in the Maduro-era money laundering case, Gorrin has been indicted in a similar $1 billion bribery and embezzlement scheme involving the former Venezuelan treasurer, Alejandro Andrade, in the Chavez administration. Andrade, who cooperated with federal authorities, has already pleaded and begun a 10-year prison sentence..

Betancourt, though less well known, exerts tremendous influence in Venezuela as well. A graduate of Suffolk University in Boston, Betancourt founded Derwick a decade ago with Pedro Trebbau Lopez, the energy company’s vice president. (Trebbau has not been implicated in the ongoing Venezuelan kleptocracy case in Miami.) Betancourt and Trebbau made immediate inroads with the Chavez administration as it looked for private partners in the oil and energy industries.

Ever since, Derwick has been surrounded by controversy. At times, the company has been accused of corruption for obtaining huge energy construction contracts from the Venezuelan government without having the required know-how. The company has also been accused of overcharging for the installation of used and inadequate equipment.

According to a 128-page report on the energy sector written by ONG Transparencia Venezuela, the local chapter of Transparency International, Derwick was awarded 11 construction contracts worth $2.9 billion, which was overpriced by an average of 162 percent.

José Aguilar, an engineer who was tasked with investigating Derwick for the Wall Street Journal, said the company records he reviewed suggests that it charged the Venezuelan government between $2 billion and $2.2 billion for the 11 projects — work that could have been done for between $1.3 billion and $1.4 billion.

“There was at least $800 million in overbilling,” Aguilar told el Nuevo Herald, noting the company hired inexpensive contractors to do much of its work.

But a study written by a professor at the Simon Bolivar University in Caracas commended Derwick’s work, saying it was one of the few government energy contractors that actually completed their plants within budgets.

But not all of Derwick’s plants came online, and at least one never produced electricity, Aguilar said. “The output of all these plants has been traditionally poor,” he said.

Derwick’s rapid rise led to confrontations with a leading financial institution, Banco Venezolano de Credito, which adopted an anti-Chavez stand and accused the energy company of being in league with the president. The rivals’ accusations sparked defamation lawsuits, with Derwick firing the first salvo with a libel suit in Miami.

Then, Otto J. Reich, a former ambassador to Venezuela and diplomat in three Republican administrations, was hired by the Venezuelan bank to take on Derwick in a public relations war. Reich himself ended up suing Betancourt and other Derwick officials in a libel case filed in New York federal court, accusing them of paying bribes to Venezuelan government officials. Reich’s suit against Betancourt, Derwick’s CEO, and its vice president, Trebbau, was dismissed. After the dismissal, Reich reached a confidential settlement with a third defendant in 2016.

Derwick’s Betancourt and Alvarado have been collaborating on energy- and oil-related business deals for years.

Betancourt and Alvarado made headlines in 2015, when they became major shareholders in a Panama-based company called O’Hara that sought to take control of a Canadian oil company, Pacific Rubiales, which ran some of Colombia’s largest oil fields.

According to press reports, O’Hara joined with other investors to acquire about 20 percent of Pacific Rubiales’s shares, establishing the group as the company’s largest shareholders. But Betancourt’s investment push — along with his becoming a member of Pacific Rubiales’ board — led to strained relations with the company’s original shareholders.

Facing imminent bankruptcy amid falling oil prices, the Canadian oil company was sold to another investment group in an emergency transaction — but Betancourt, Alvarado and other investors lost millions in the end.

Betancourt and Alvarado continue to face potential trouble as they come under scrutiny in the Miami money-laundering case. It is moving along, despite the absence of six defendants who are at large in Venezuela and possibly elsewhere.

Matthias Krull, an international banker who catered to mega-rich Venezuelans including Gorrin, pleaded guilty soon after his arrest in July of last year and was sentenced to 10 years in prison. Krull admitted that he was retained by Gorrin to help launder some of the Venezuelan ring’s $600 million from Europe to the United States in 2016, including efforts to move $200 million through straw representatives for Maduro’s three stepsons..

But Krull has been allowed to remain free on a bond in Miami because of the value of his cooperation with the U.S. Attorney’s Office, according to his lawyer, Oscar S. Rodriguez.

Krull, the German-born son of a Lutheran pastor who was raised in Venezuela and educated in Switzerland, was based in Panama as a banker for the Swiss bank Julius Baer before his arrest. According to court records, he has helped investigators understand the complex web of relationships between the defendants and other suspects in the huge money laundering case.

“Mr. Krull’s value actually comes from the fact that he has been a banker in Venezuela … for a long time,” prosecutor Michael Nadler said in September while alerting a federal judge that he would be recommending a sentence reduction for Krull when he surrenders in March. “The amount of people that he has put us in contact with … is large.”

Abraham Edgardo Ortega, a former executive director of financial planning at PDVSA, also pleaded guilty a year ago to accepting millions of dollars in bribes that were secretly wired to U.S. and other financial institutions with the assistance of a Miami investment manager and others.

Ortega, who worked at PDVSA for more than a decade, admitted he used his official role to give “priority” status to Venezuelan companies that did business with the government so they could tap into its vast oil income to make overnight fortunes through loan and currency exchange schemes. He has been free on bond while cooperating with authorities and still awaits sentencing.

In February, Miami investment manager Gustavo Hernandez Frieri faces trial on charges of helping launder at least $12 million in bribery payments to Ortega. Hernandez’s alleged role was to put that money into a fake mutual fund so that it looked legitimate and then launder it into U.S. banks for a fee.

Hernandez, who lives in the exclusive Bay Point neighborhood of Miami and ran his business from a Brickell Avenue office, remains free on bond. Nadler, the prosecutor, indicated in court that Hernandez may not go to trial because he and his attorney Michael Pasano, are “in discussions about pleas” and that “the terms are still being worked out.”

La Guerra Silenciosa de Estados Unidos y la “Paciencia Estratégica” por Casto Ocando – Primer Informe – 7 de Julio 2019

En su esfuerzo por acabar con la dictadura de Nicolás Maduro, Estados Unidos está empleando sanciones abiertas, y operaciones encubiertas que están golpeando con ferocidad al régimen, gracias al trabajo de más de una docena de agencias federales y de inteligencia, y al apoyo internacional. Estos son los escenarios de la guerra silenciosa contra Nicolás Maduro.

En Noviembre de 2017 el presidente norteamericano Donald Trump hizo referencia por primera vez al concepto de “paciencia estratégica”, una doctrina que caracterizó la política de seguridad nacional de la Administración Obama. Trump declaró que esta doctrina era un fracaso de Estados Unidos frente a las amenazas del mundo, especialmente Corea del Norte.

Tiempo después, en marzo de este año, el Secretario de Estado Mike Pompeo también se refirió al tópico, particularmente para cuestionar los efectos de la paciencia estratégica obamista en Venezuela, asegurando que había empeorado la situación del país.

Básicamente la idea transmitida por Trump y Pompeo era: “basta de esperar por soluciones pacíficas, hay que actuar con fuerza y decisión”.

El concepto de la paciencia estratégica ha vuelto a relucir estos últimos días en Estados Unidos, pero en un sentido completamente distinto al expresado por Trump y Pompeo.

El Jefe del Comando Sur, con sede en Miami, el almirante Craig Faller, por ejemplo, declaró que Venezuela requiere ahora “una cierta paciencia estratégica” para alcanzar los objetivos, posiblemente en respuesta a los clamores dentro y fuera de Venezuela de que Estados Unidos actúe militarmente contra la dictadura de Maduro lo más pronto posible. La situación en el país está “estancada”, dijo Faller, por lo cual recomendaba esperar.

Otra personaje clave, el diplomático William Brownfield, ex embajador en Caracas y Bogotá, y ex Zar Antidrogas del Departamento de Estado, fue aún más específico: hay que tener paciencia estratégica para dar tiempo a que las sanciones y medidas de Washington contra el régimen hagan su efecto devastador.

”Hay que tener la paciencia para permitir a la estrategia producir el resultado positivo”, dijo Brownfield en una entrevista reciente.

Es bien sabido que Trump ha demostrado que no tiene mucha paciencia él mismo: ha criticado personalmente a sus asesores por la tardanza en producir resultados efectivos y sacar a Maduro del poder, según reportamos en esta columna. Pero tras lo que aparenta ser un abandono de interés por parte de la Casa Blanca, el nuevo discurso de la “paciencia estratégica” es ahora considerada por Washington el mejor curso de acción. Estas son algunas de las razones del por qué.

Los efectos de las sanciones de Estados Unidos no sólo están a la vista, sino que están golpeando con ferocidad al régimen.

Como ya se sabe, gracias a las sanciones el sistema financiero occidental ha sido prácticamente cerrado a los operadores del alto chavismo, el más reciente de los cuales es el propio hijo de Maduro, Nicolasito.

Es cierto que el régimen ha acudido a sistemas financieros alternos, tratando de hacer operaciones en rublos, yuanes y liras turcas, entre otras monedas. También es conocido que está tratando de vender crudo y oro como contrabando, a escondidas, y a grandes descuentos por los riesgos que implica para el comprador.

Pero el proceso de transferir esas operaciones al sistema financiero internacional para poder cubrir una amplia gama de necesidades y compromisos es increíblemente complicado para el régimen de Maduro, especialmente a la hora de darle legitimidad y monetizar tales operaciones y contrabandos, y usarlos para pago de deudas, bienes y servicios.

“Las sanciones han desbancarizado completamente a los chavistas”, me comenta un banquero venezolano que conoce de cerca los mecanismos usados por el chavismo para mover fondos.

Incluso para aquellas cuentas mantenidas por testaferros que pasaron los estrictos controles de la banca internacional, el problema no se detiene. Cada transacción, sea por transferencia electrónica o de tarjetas de crédito para uso de terceros, está sometida a un apabullante escrutinio de compliance, si las personas, empresas o beneficiarios son venezolanos o están relacionados con Venezuela.

Esa fue la razón por la cual la firma Caribbean Overseas LTD, el mayor proveedor en Aruba de alimentos al mayor, especialmente carne de primera, suspendió envíos de $100,000 semanales a Caracas, destinados a mantener bien provista la alacena de Nicolás Maduro y su entorno familiar.

La lista de afectados es larga: la flotilla de aviones del tuerto Andrade y su socio Gorrín, decomisada en Miami; los más de $500 millones congelados a Samark López, el testaferro de El Aissami; los centenares de millones congelados a empresas de lavado de dinero vinculadas a Delsy Rodríguez; y los miles de millones inmovilizados a operadores como Roberto Rincón y Alex Saab, entre otros.

Pero quizá más importante sean las acciones encubiertas que actualmente se despliegan en varios frentes claves, utilizando el enorme potencial de recursos y herramientas con que cuenta el gobierno norteamericano, incluyendo assets militares, que están causando un gran desasosiego entre los maduristas.

Considérese la decisión de cinco departamentos -Justicia, Tesoro, Estado, Seguridad Nacional y Defensa-, de concentrar recursos y esfuerzos para atacar desde diversos ángulos la organización criminal madurista.

Al menos 17 agencias de inteligencia –desde las más conocidas como el FBI, la DEA y la CIA, hasta las menos familiares como la National Reconnaissance Office, que controla los satélites espías de Estados Unidos—tienen sus recursos enfocados, en parte o en mucho, en la actividades de la organización criminal de Maduro-Cabello-Cuba.

La capacidad de escucha electrónica, lo mismo a través de intervenciones a distancia como a través de aeronaves tecnológicamente avanzadas, mantiene un flujo de información en tiempo real que permite a Estados Unidos y sus aliados estar al tanto de lo que se discute en los chats y las conversaciones chavistas al más alto nivel.

No por casualidad entre los soldados de fuerzas especiales enviados por Rusia a Venezuela recientemente, se encuentran especialistas de guerra y espionaje electrónico del ejército ruso, presuntamente para contrarrestar la penetración de las comunicaciones por parte de Estados Unidos y sus aliados.

Lo mismo los hackers chinos, que operan sigilosamente en varios edificios de Caracas, aunque ya no de manera anónima.

Desde hace más de 6 meses opera en Venezuela un pequeño ejército de agentes e informantes infiltrados a diversas instancias, incluso dentro de importantes organismos de decisión del régimen, según me informaron fuentes en tres agencias de inteligencia.

Según estas fuentes, en las últimas semanas, la infiltración de assets en Venezuela ha adquirido proporciones hercúleas, en proporción a las crecientes operaciones para contener el tráfico de drogas y los operativos de traslado de dinero en efectivo, producto de la venta de cocaína, controladas por los capos de Maduro.

El trabajo de interdicción, por ejemplo, con la ayuda de un número creciente de informantes venezolanos que desertaron, ha contribuido enormemente a dibujar con precisión el mapa de las redes criminales del régimen: laboratorios, aeronaves, casas donde guardan dinero en efectivo, rutas, cooperadores en varios países, conexiones con Cuba, Honduras, México. “Todo está mapeado”, me dice uno de los informantes que llegó hace un par de meses a Estados Unidos tras un periplo de varias semanas que lo llevó desde Apure hasta Perú y de ahí a Puerto Rico y Washington, donde coopera con las autoridades.

La otra cara de la moneda de esta ofensiva son las investigaciones criminales contra aliados del régimen, actualmente desarrolladas en una decena de fiscalías federales a lo largo de Estados Unidos.

Estos procedimientos no se detienen simplemente en la acusación formal. Incluyen también órdenes de búsqueda y captura, congelamiento de bienes y cuentas, investigación de entornos familiares y profesionales.

Dicho de otro modo: una cacería internacional en combinación con gobiernos de tres continentes, vigilando entradas y salidas por avión o embarcaciones, visitando propiedades y realizando allanamientos con autorizaciones judiciales tan válidas en Miami como en Santo Domingo, Madrid o Zurich, Suiza. O Dubai y Sudáfrica, por no hablar de toda Latinoamérica.

“Se trata de una guerra global en todos los frentes pero sin balas ni misiles”, me dijo esta semana un diplomático norteamericano. “Es una estrategia más efectiva, sin el costo político de invadir”, apuntó.

¿Conoce el presidente interino Juan Guaidó, o la Asamblea Nacional controlada por la oposición, los detalles de estas masivas operaciones encubiertas en la que participan también otros países de América Latina y Europa?

Una pregunta más adecuada sería: ¿Tienen Guaidó y sus aliados opositores el poder de controlar esta maquinaria letal que, inexorablemente, llevará a la salida de Nicolás Maduro del poder?

Los que piensan que Estados Unidos no invadirá formalmente a Venezuela, probablemente estén en lo cierto. Pero quizá una pregunta más apropiada sería: ¿es necesaria una invasión?

Notas:

Tras la pista del dinero

El Task Force de Fincen-Departamento del Tesoro que opera desde Nueva York con agentes de varias agencias como el FBI, el IRS, la DEA y de Homeland Security Investigations, está avanzando en una tarea particular: identificar los banqueros y operadores financieros que diseñaron y construyeron complejas estructuras como hedge fundsholdings y empresas de fachada a nivel mundial para esconder para esconder decenas de miles de millones robadas al fisco de Venezuela. Las pesquisas, según las fuentes, apuntan a un grupo de banqueros de origen judío en Nueva York, asesores financieros venezolanos que operaban desde España y militares retirados que manejan cuentas de generales chavistas en Hong Kong y China continental. Muchas de las pistas de las investigaciones han salido de operadores financieros que están bajo investigación criminal en Estados Unidos y que han decidido cooperar. Otros datos claves fueron proporcionados por chavistas que saltaron la talanquera, incluyendo los operadores vinculados al empresario venezolano Roberto Rincón, y los casos investigados en España como Nervis Villalobos y César Rincón. Otra fuente clave ha sido el ex jefe de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) Hugo Carvajal, alias El Pollo. Carvajal mantenía un registro detallado de las cuentas en el extranjero mantenidas por connotados chavistas, incluyendo Nicolás Maduro, Cilia Flores, Rafael Ramírez, Jorge Arreaza y los hermanitos Rodríguez. Otro informante ofreció dar detalles para identificar la ubicación de una fabulosa fortuna controlada por Rafael Ramírez, pero la cooperación no ha sido posible hasta ahora por desacuerdos en los porcentajes de la recompensa.

Así opera la maquinaria de lavado

El Task Force de Fincen-Tesoro están prestando particular atención a empresas y operadores vinculados directa o indirectamente a Nicolás Maduro y su entorno. El tipo de operaciones y empresas sospechosas que están investigando de cerca en Estados Unidos, tienen estas características: 1, subsidiarias con nombres similares en Venezuela; 2, exportan a Venezuela equipo pesado, partes automotrices y equipo electrónico. Este modelo criminal ha sido catalogado como TBML: Trade Based Money Laundering. O lo que es igual: lavado de dinero a través de operaciones comerciales. Las áreas de operaciones bajo la lupa van desde el Sur de la Florida –Miami, Fort Lauderdale, Weston, Boca Ratón, Palm Beach-, el área metropolitana de Houston, Texas; todo el Caribe –República Dominicana en particular-, y el sur de Europa, según fuentes. El dinero típicamente se mueve desde este tipo de empresas a otras ubicadas en Hong Kong, España, Portugal, Panamá, Florida y Delaware. Pese a que los pagos de contratos con el gobierno se hacían en dólares, debido a las sanciones, las transferencias comenzaron a hacerse en euros. Pero muchas empresas han sido atrapadas cuando cambiaron los euros a cuentas en dólares, mediante empresas y bancos ubicados en Estados Unidos, a través de las llamadas nested accounts, cuentas bancarias abiertas en el sistema financiero norteamericano a través de bancos corresponsales, pero en realidad controladas por entidades foráneas. Muchas empresas que hacen o han hecho negocios con el régimen madurista operan usando este sistema de cuentas bancarias porque proveen del preciado anonimato. Pero Fincen está chequeando cuáles de estas instituciones están haciendo transferencias a lugares donde no tienen normalmente actividad financiera.

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