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Venezuela: ¿Justicia, Venganza y Reconciliación? por Gustavo Gonzalez Urdaneta – Factotum Ignacianos – 8 de Mayo 2019

Noticias recientes en las redes sociales han venido reflejando algunas opiniones sugiriendo la posibilidad de permitir la participación del partido oficial del actual régimen y de sus miembros en las próximas elecciones generales que se convocarían una vez destituido el usurpador y transcurrido el gobierno de transición. Comparto un comentario leído recientemente ¿Imaginable un Konrad Adenauer o un Willy Brandt invitando a Goebbels y a Hitler a participar en la primera elección que se celebrase en Alemania después de abril de 1945?
De acuerdo con esas sugerencias no habrá tampoco un Nuremberg venezolano, juicio que me imagino esperaría con agrado la mayoría de los venezolanos. Ambas inquietudes me llevaron a conversar con ustedes sobre el título de este artículo.

La tragedia de Hamlet, príncipe de Dinamarca, escrita por Shakespeare entre 1599 y 1601 y ambientada en la Dinamarca medieval, aborda el tema de la venganza. Hamlet y esa Dinamarca medieval tienen mucho que enseñarnos sobre la necesidad de un sistema de administración de justicia independiente.

El chavismo empezó un ciclo de violencia en Venezuela, como el que Claudio empezó en Dinamarca. Esta violencia se concretó en utilizar el poder para perseguir a los adversarios políticos y desgraciarles la vida, y en disfrazar a unos gánsteres en empresarios y hacerlos millonarios. Esto fue posible porque se le metió las manos a la justicia. Los jueces estaban sometidos al poder político y los chavistas, como Claudio, estaban por encima de la ley. Hamlet nos enseña que en un país donde la administración de justicia está en manos de criminales, todo está perdido.
¿Cuál es la diferencia entre venganza y justicia?

Primeramente, encontramos una diferencia etimológica, en tanto la palabra venganza proviene del latín vindicare (‘vindicar’), que guarda relación con vindex, vindic (‘vengador’), mientras la palabra justicia proviene del latín iustitia (pues los romanos no poseían el concepto de las letras j y c). Es así como el Diccionario de la Lengua Española (DLE) les define de la siguiente manera: Venganza es la satisfacción que se toma del agravio o daño recibidos y Justicia es un principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. En pocas palabras, la justicia es más amplia que la venganza y la venganza es considerada una forma más primitiva de búsqueda de compensación.

Otros argumentos, en torno a la temática justicia versus venganza nos dicen que la justicia es impersonal, imparcial y social, puesto que busca establecer un balance dentro de la sociedad mediante la aplicación de castigos o penas a quienes infringen la ley. En cambio, la venganza es personal y parcial, motivada por emociones que buscan una satisfacción personal de la(s) persona(s) afectada(s).

Con toda seguridad, tras conocer varias sentencias muchos pensarán que se ha hecho justicia y otros que todo se ha tratado de una gran venganza. Entonces, ¿no será que la venganza es un deseo humano por impartir justicia? Hay una ligera y delicada línea entre ser justos o vengativos; entre tomar venganza y movernos incitados por una conducta primitiva que nos invita a dañar a alguien que nos hizo daño o hacer justicia y actuar buscando el Bien que es un derecho: “dar a cada uno lo que le corresponde”. El punto por destacar aquí es que la “reparación” adjudicable a la Justicia es imposible. Lógicamente imposible. El daño que el crimen produce no puede ser compensado. La pretensión de que la Justicia sostenga esa equivalencia degrada a la propia Justicia a la lógica de la venganza.

¿Existe la venganza justa? Como sabemos el ansia de venganza (¿o justicia?) inició la célebre Guerra de Troya por el rapto de Helena, la mujer de Menelao, por Paris y la violación, por parte de este último, de principios fundamentales dentro del mundo griego: la amistad y la hospitalidad. Tenemos también que la venganza constituye el motor de Hamlet cuyo padre, asesinado por su hermano Claudio, exige a su hijo que lo vengue. ¿Sería justo ese proceder de Hamlet, esto es, venganza por honor? Tenemos el caso del protagonista de la novela El Conde de Montecristo, Edmundo Dantés, quien inicia un plan de venganza que, a la larga, no logra completar puesto que consigue hacer las paces consigo mismo y sus enemigos. De igual forma podemos preguntarnos sí, de haber perseverado en su plan de venganza, ¿habría estado actuando justamente Edmundo Dantés?

En cierta forma, esta clase de venganza no es una mera reacción visceral e irracional puesto que, si bien es obsesiva, está muy cuidadosamente planificada y el odio bien gestionado.  Así, tenemos distintas clases de venganza, esto es, motivadas por distintas causas y, claro está, no todas deben terminar con alguien fallecido, de manera que la venganza busca una suerte de reestablecer el equilibrio por medio de una pena retributiva. Por ende, la venganza no es necesariamente irracional, visceral, no necesita terminar con la muerte de alguien y no es equivalente a la Ley del Talión.

Respecto a la Ley del Talión, tenemos el caso de sí los violadores de DD. HH. durante la dictadura de Chávez y Maduro podrían tener el derecho a un indulto por razones humanitarias. Con toda seguridad, las víctimas de estas personas se niegan a este beneficio. A partir de este caso, ¿podemos decir que las víctimas de estos violadores de DD.HH.  estarían actuando vengativamente? O, por el contrario ¿es un mínimo de justicia lo que estas personas piden? El 98% de las denuncias por violaciones de los derechos humanos de jóvenes manifestantes contra el régimen de Nicolas Maduro en Venezuela quedan sin investigar y no llegan a ser juzgadas, según declaró recientemente Liliana Ortega, directora del Comité de Familiares de Víctimas. La impunidad no es tolerable.

Pocas cosas hay más estimulantes que las preguntas: ¿Qué es y qué busca la venganza? ¿Qué características tiene la justicia y qué busca? ¿Puede haber una venganza justa? ¿Puede haber una justicia vengativa? ¿Acaso la justicia no es venganza? ¿Acaso el derecho penal no justifica la misma? ¿La justicia es justicia desde siempre o sólo ha sido venganza?

Algunas explicaciones habituales nos señalan que la venganza es emocional e irracional, que opera al margen de la ley y busca la “justicia” equilibrando la balanza. Al operar al margen de la ley, puede convertirse en un círculo vicioso de violencia.  Por otro lado, tenemos que la justicia sería racional, legal y lógica, y busca “darle a cada cual lo que le corresponde”. La justicia busca, por medio de la aplicación de la ley, juzgar y castigar a una persona. La venganza, en cambio, busca dañar y perjudicar a una persona para así quedar “iguales” (ojo por ojo diente por diente). La pena de muerte, por ejemplo, sería considerada como un acto de venganza y una reliquia bárbara del pasado y es por ello por lo que en la mayor parte de los países se ha abolido.

“No queremos venganza, pedimos que se haga justicia”. Esta expresión, y muchas equivalentes, se han escuchado a menudo, pero muchos filósofos creen que esta descalificación de la venganza se basa en un doble equívoco. En primer lugar, desconoce el hecho de que la justicia que se pide ya incluye la venganza. En segundo lugar, presupone una valoración moralmente negativa de la venganza como tal, que conviene matizar.

¿Deberíamos considerar como un acto de venganza el castigo a los responsables de los sucesos de Puente Llaguno, la masacre de El Silencio, del 11 de abril de 2002 donde hubo 19 muertos y 127 heridos, ciudadanos venezolanos en su mayoría opositores a Hugo Chávez? ¿Acaso las 124 autopsias practicadas en Venezuela a los estudiantes muertos que dejaron los 128 días de protestas pacíficas desde el primero de abril de 2017 deben quedar impunes? En esa oportunidad Luis Almagro aseguró que lo que estaba ocurriendo en Venezuela era una “masacre” a manos del “dictador Maduro”.

¿Debemos considerar como venganza el deseo de que no queden impunes las muertes producto de la escasez de alimentos y medicinas, así como en los hospitales por los apagones en los últimos años?  ¿Puede considerarse como venganza el querer se castigue y recuperen los dineros sustraídos por personeros del gobierno en todos los casos de corrupción y, en especial, los que han originado la caída de las dos empresas mas grandes del sector energía (PDVSA y Corpoelec)? ¿Puede considerarse venganza el que no quede impune el asesinato de Oscar Perez y su equipo?

Originariamente, el castigo al autor de un acto criminal respondió al sentimiento primordial de la venganza que anidó en los agredidos y sus allegados. Pero el deseo de vengar la ofensa recibida cambió de naturaleza cuando ellos, en lugar de satisfacerlo directamente, reclamaron ante un juez. Cuando esta reclamación se volvió obligatoria, nació el Estado.

En nuestros días, la justicia va de la mano con la ley, en otras palabras, la justicia es siempre y en todas partes justicia legal. Desde el punto de vista del Estado no puede haber justicia al margen de la ley, de manera que no existiría la justicia subjetiva o el hacer “justicia con la propia mano”. En suma, la justicia es un monopolio del Estado.

La aplicación de castigos por parte del Estado se muestra como un acto de impartir justicia, mientras que conductas similares llevadas a cabo por particulares se consideran crímenes. La venganza es desterrada al descampado de la barbarie, a estadios primitivos de la evolución humana, pero sin embargo siempre está presente en la mente de los individuos civilizados en los reclamos que como víctimas de delitos formulan a las instituciones democráticas.

¿Por qué ocurre esto? Porque el castigo, entendido como la retribución merecida por un mal producido, comparte la misma estructura que la venganza. En ambos casos se inflige un daño a quien ha realizado un acto incorrecto o cometido una injuria, con el deseo de que sepa la razón por lo que está sufriendo. Para muchos autores estas similitudes no pueden borrar la radical diferencia conceptual que separa la venganza del castigo, que constituye el principal presupuesto para poder considerar moralmente injustificable la venganza mientras se mantiene abierto el debate sobre las distintas vías por las que se podría justificar el castigo.

No obstante, se dan casos como en Venezuela, de situaciones de “justicia legal injusta”, es decir, sistemas legales corruptos o que violan los DDHH y que se sirven de la “justicia” (o venganza por medios legales) para eliminar a cualquier persona que amenace el orden existente. En pocas palabras, legalidad no es sinónimo de legitimidad, de manera que no existiría justicia en estos casos, sino que, más bien, es un acto de venganza disfrazada de justicia. Bajo el manto de legalidad pueden cometerse los más atroces crímenes.

Es imperativo para el gobierno de transición, enfrentar las encrucijadas que plantean los dilemas propios entre justicia, venganza y reconciliación por los crímenes cometidos por el Estado y las organizaciones políticas durante el régimen chavista-madurista, así como un posible privilegio en el corazón de las lógicas de perdón y reconciliación dentro esa zona gris de colapso entre víctimas y victimarios cuyas figuras principales son los colaboradores y los vengadores.

Partiendo de la premisa de que la Justicia transicional implica siempre un compromiso entre el castigo, la verdad y la reconciliación, deben establecer un modelo de justicia transicional, edificado sobre el primado de la verdad y del perdón en lo que atañe a los habitantes de las zonas grises, pero así mismo, sobre la justicia (el castigo) a aplicar a los planificadores y gerentes de la barbarie y crisis que vive el pueblo venezolano. Confiamos que, como en el Crimen y Castigo de Dostoievski, la justicia actúe en Venezuela y no se quede con las manos cruzadas.

¡Cero a la impunidad y a la amnistía y completa inhabilitación política a los personeros del régimen desde 1999!

 

Bibliografía

  1. Pablo Bonornino, ¿Existe una diferencia conceptual entre venganza y castigo?, Universidad de Vigo, Proyecto DER2016-74898-C22-R, 2016
  2. Jan Doxrud, “¿Justicia o Venganza?” Liberty and Knowledge, July 15, 2018
  3. Agnes Heller, Beyond Justice, March 1990
  4. John Rawls, A Theory of Justice, September 1999.
  5. Augusto Klappenbach, “Apología de la venganza”, El País-Opinión, Marzo 1999
  6. Ivan Orozco, “La postguerra colombiana: Divagaciones sobre la venganza, la justicia y la reconciliación”, Kellogg Institute, Working Paper#306,

                       May 2003

  1. Oscar del Brutto, “Hamlet, venganza y manos en la justicia”, elcato.org, Agosto 2018
  2. Victor Ibarra, “La condena de la venganza privada tras la justicia punitiva-Contraste y continuidad entre La Orestíada de Esquilo y el derecho hegeliano”, Ideas y Valores,Abril 2015

 

Hugo Carvajal colaborará sin reservas con la Justicia española – La Patilla – 7 de Mayo 2019

El exgeneral chavista Hugo Carvajal. (Foto FERNANDO LLANO / AP)

El exgeneral chavista Hugo Carvajal, en prisión provisional en España tras ser detenido en abril en Madrid, aseguró este martes que colaborará “sin reservas” con la Justicia española, asistido por su abogado y “en cuantos planos sean razonables y estén motivados”.

En un comunicado, Carvajal expresa su confianza en los jueces españoles, “independientes y profesionales”, después de que ayer se suspendiera su declaración en la Audiencia Nacional al haber cambiado de letrado.

Carvajal, que fue jefe de la contrainteligencia militar de Venezuela en tiempos de Hugo Chávez, está reclamado por Estados Unidos por participar supuestamente en el envío de 5.600 kilos de cocaína, un cargamento que no llegó a entrar en ese país al quedarse en México por un problema técnico de un avión.

Tras ser detenido en España, compareció ante el juez Alejandro Abascal y afirmó que la reclamación de EEUU se basaba en acusaciones falsas y respondía a motivos políticos.

Carvajal indica en el comunicado que está valorando y analizando el fundamento de los motivos por los que se pide su extradición “en colaboración activa y plena” con su actual equipo de abogados, encabezado por el letrado Antonio José Cabrera, que también defiende a José Villarejo, un antiguo importante jefe policial que se encuentra en prisión preventiva desde hace 18 meses acusado de distintos cargos relacionados con la corrupción.

“Como diputado de la legítima Asamblea Nacional de Venezuela y como persona con privilegiados conocimientos (en muchos casos, únicos) sobre la estructura y los engranajes del funcionamiento criminal del gobierno usurpado por Nicolás Maduro, reitero mi apoyo al legítimo presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó”, dice en su misiva.

Asimismo, afirma que seguirá cooperando para impulsar la transición en su país y expresa su deseo de que las acciones para acabar “con la dictadura criminal que ha secuestrado a Venezuela” no produzcan “un innecesario derramamiento de sangre”.

Por el contrario, aboga por fórmulas que permitan una etapa de estabilidad política y la recuperación social y económica que “el pueblo venezolano merece”.

“Con la vista puesta en el restablecimiento de la democracia en Venezuela y con la plena intención de contribuir a los altos intereses nacionales de la que considero mi segunda patria, España, deposito mi confianza en los jueces españoles, independientes y profesionales, con los que colaboraré sin reservas asistido de mi abogado en cuantos planos sean razonables y estén motivados”, concluye el comunicado.

COMUNICADO DE HUGO CARVAJAL… by on Scribd

Corrupción espiritual – Revista Microfilosofía – 27 de Marzo 2019

Tortura populista

Es público y notorio el caso de la jueza María Lourdes Afiuni, conocida también como “la presa de Chávez”, después de que, en el año 2009, ante los medios de comunicación, la llamara “bandida”, ordenara su “detención inmediata” y la condenara a “treinta años de prisión”. Él, el “supremo”, el “galáctico”, fiscal, juez y verdugo de la “causa”. Todo de un plumazo, o más bien, de un bayonetazo. Ese día acusó, responsabilizó y condenó a la jueza por haber liberado al banquero Eligio Cedeño enemigo personal del autócrata, pero señalado de cometer un fraude financiero-, a pesar de que el tirano le había dado “instrucciones precisas” para encarcelarlo. Pero la jueza no prestó la debida atención, o no quiso prestarse para ello, y, asumiendo el desafío, ejerció, no sin valentía, el compromiso con su sacerdocio, asistida más por la convicción en la majestad del estado de derecho que por los arrogantes ímpetus del terror. Pero lo que en tiempos de normalidad es labor cotidiana en tiempos de anormalidad resulta temerario. Asumir riesgos frente a un tirano tiene consecuencias. Y la jueza pagó muy caro el precio. Seis días después de la alocución del déspota, fue encarcelada y casi de inmediato sometida a agravios, torturas y violaciones por los impíos esbirros de un régimen que ha hecho del oprobio su santo y seña.

La “presa de Chávez” fue, en efecto, detenida y enviada a una cárcel de mujeres a las afueras de Caracas durante un año y dos meses. En ese centro de reclusión fue objeto de toda clase de torturas y abusos sexuales. De continuo, la rociaban con gasolina y la amenazaban con quemarla viva; la violaron hasta destruirle la vagina, la vejiga y el ano. Quedó embarazada y tuvo un aborto. Finalmente, tuvieron que someterla a una cirugía para vaciarle el útero. Y sólo entonces le otorgaron el “beneficio” del arresto domiciliario. Durante tres años y nueve meses fue víctima de los horrores de un régimen que decidió transmutar la política en brutal salvajismo. Después de semejante experiencia, ver a la doctora Bachelet leyendo aquél informe acerca de la constatación de la violación de los Derechos Humanos en Venezuela, en un tono más bien flemático, para no decir apático, hace recordar las irreverentes palabras de Don Miguel Bosé, salidas de la más honda de las vergüenzas ajenas y de la indignación franca y abierta.

Pero ahí no queda todo. El chavismo -esa suerte de maldición del populismo extremo que le ha caído encima cual plaga al país potencialmente más rico de latinoamérica-, intenta reaccionar ante su inminente fin echando mano de los únicos medios que aún le quedan disponibles y que maneja muy bien: el psico-terror y la violencia. Al secuestro de Roberto Marrero y de otros dirigentes políticos opositores, pertenecientes al equipo de trabajo del Presidente encargado Juan Guaidó, se suma la reapertura del caso de la jueza María Afiuni. Los primeros, en el mejor estilo del G-2 cubano, son acusados de ser los cabecillas de una “banda terrorista”. La segunda es acusada nada menos que de “corrupción espiritual”.

Lo que llama la atención de semejantes argumentaciones -si es que eventualmente se pueden calificar de ese modo- es la facilidad con la cual el gansterato que usurpa el poder en Venezuela acostumbra manipular y torcer el discurso, proyectando sobre quienes se oponen a sus intereses los defectos que les son propios. Sorprende cómo un grupo de bandidos, consustancialmente vinculados con la subversión armada, el tráfico de drogas y el terrorismo internacional, quienes históricamente han forjado sus tristísimas y muy lamentables existencias en los lodazales del odio, el resentimiento, la conspiración clandestina y la violencia, como suprema expresión de sus instintos primitivos, puedatener el descaro de acusar a gente de comprobada trayectoria democrática -gente decente, bien formada y civilista- endilgándoles los pesados fardos propios de sus almas retorcidas. Aquello del “ladrón que juzga por su propia condición” es, acá, un axioma. Torcer la verdad es un modo de comerse la muerte para venerarla. Mortífago significa “el que se come la muerte”, el morsmordre. Ellos son los herederos de los cultores de la muerte, los come-muerte. Lo aprendieron de los castristas y éstos de los stalinistas y éstos de los nazis. No hay un alma más corrompida que la que tributa y sirve a la muerte.

Para la representación del analfabeta funcional promedio, con cargos de dirección en el narcorégimen, “espíritu” significa, más o menos, una entidad abstracta e inmaterial. Y como la santería afrocubana -ese culto a la muerte- les resulta tan familiar, tan cercana, imaginan que una persona acusada de ‘corrupción espiritual’ es aquella que tiene un ‘santo’ que ha incurrido en corrupción o que obliga a su devoto a cometer actos corruptos. Pero, en todo caso, suponga el lector, otorgéndole a la narco-usurpación el beneficio de la duda, que cabe la remota posibilidad de que algunos de ellos -los menos ignorantes- llegaran a intuir, siguiendo los trazos del manido materialismo dialéctico (el diamat ), que el espíritu es una creación del idealismo para confundir al proletariado y, engañándolo, someterlo a la dominación material. Entonces, la llamada “corrupción del espíritu” debería ser celebrada en grande, lejos de imputarla, porque ello implicaría “la toma de conciencia revolucionaria”, atea y antijudeocristiana, según la cual sólo la materia cuenta, pues corromper el espíritu es la premisa de su destrucción.

En última instancia, la acusación que se le hace a la jueza es que su espíritu está corrompido. Quienes se han inventado la sentencia deben contar con algún instrumento capáz de medir los niveles de corrupción espiritual, porque, de resto, sería como acusar de asesinato a quien tomó la decisión de acabar con la vida de un fantasma. De no contar con tan sofisticado instrumento de medición, sólo cabe hacer la advertencia de que, en primer lugar, no conviene confundir el alma con el espíritu, que la primera atañe a lo individual y lo segundo a la sociedad -¡nada menos que al muy concreto ser social!-, y que no hay mayor fuerza objetiva en la historia que el espíritu de un pueblo que se ha decidido liberar del yugo de sus secuestradores, de ese gang de almas corrompidas y cada vez más solitarias, esas ánimas de purgatorio, que suelen expiar sobre el resto de la humanidad, como en el Dorian Grey de Wilde, el lienzo de sus propias felonías.

La acusación penal contra Guaidó por Carlos Ramírez López – NotiActual – 20 de Marzo 2019

CARLOS RAMIREZ LOPEZ DR LEY

Un abogado particular presentó un escrito ante la oficina de asuntos jurídicos de Nicolás Maduro, autodenominado TSJ, por medio del cual solicitó la apertura de un antejuicio de mérito contra Juan Guaidó. Vamos a abordar el tema jurídico-político que lo envuelve.

 

Qué es el antejuicio

Entendiendo que la función asignada a los altos funcionarios públicos no debe ser sometida a denuncias y procesos penales cotidianos que entorpecerían tales actividades, doctrinariamente se determinó la conveniencia de fijar procedimientos especiales que extremaran requisitos para ello. Se trata, pues, de un medio de protección a la actividad más que a la persona. En la legislación actualmente vigente en Venezuela se programa este mecanismo, en cuanto al presidente, en el artículo 266.2 constitucional en el que se asigna al TSJ la atribución de “Declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del presidente de la República o quien haga sus veces, y en caso afirmativo, continuar conociendo de la causa previa autorización de la Asamblea Nacional, hasta sentencia definitiva”.

La ley desarrolla la norma constitucional

Bajando en la estructura normativa encontramos el desarrollo del precepto constitucional; en primer lugar, anotamos que en el artículo 110 de la Ley Orgánica del TSJ se atribuye específicamente a su Sala Plena la competencia para tramitar el antejuicio al presidente: “Corresponde a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del presidente o presidenta de la República o de quien haga sus veces…”.

Una vez que la Sala Plena recibe la solicitud del antejuicio, debe calificar los elementos que se le presentan como base del proceso, si son lo suficientemente serios, fuertes, fundados y soportados como para permitirlo y esto es lo que se denomina el “antejuicio de mérito”. La sala puede determinar que concuerda en la calificación de la denuncia y le da el pase correspondiente a la siguiente etapa del procedimiento, o si por el contrario la considera infundada y, en tal caso, allí termina todo.

En caso de que la Sala Plena sentencie que la denuncia es lo suficientemente fundada, debe ordenar remitir el expediente a la Asamblea Nacional para que ejerza las funciones de control institucional y declare si concuerda o no con el dictamen del TSJ. En esta hipótesis, el proceso debe proseguir y en consecuencia ha de regresarse el expediente a la Sala Plena para que esta continúe el conocimiento de la causa hasta la sentencia definitiva. Así lo manda el antes citado artículo 266.2 de la CRBV.

Quién puede instar el antejuicio

De acuerdo con la ley que rige el proceso penal venezolano, el COPP, en su artículo 111, dice: “Corresponde al Ministerio Público en el proceso penal: 1. Dirigir la investigación de los hechos punibles para establecer la identidad plena de sus autores o autoras y partícipes”.

Solo el Ministerio Público tiene atribuida legalmente la facultad para iniciar este procedimiento de antejuicio, de manera que si un particular tiene razones para proceder contra el presidente debe pedirlo a Fiscalía, y esta ha de valorar la pertinencia de dicha solicitud para darle curso. La ley no da lugar a las interpretaciones que cualquier persona pueda hacer para enjuiciar al presidente, precisamente porque eso atentaría contra el principio que da lugar al procedimiento de antejuicio, que es el de no facilitar el entorpecimiento de las labores del alto mandatario.

Un símil lo tenemos en la Corte Penal Internacional a la que las víctimas no pueden ir a acusar directamente a los autores de genocidio, sino que hay que dirigirse a la Fiscalía para que esta evalúe los elementos del caso y determine si lo lleva a juzgamiento o no. De lo contrario, los venezolanos ya habríamos saltado por encima de la incompetente fiscal Fatou Bensouda para acusar directamente a Maduro y compañía por los crímenes que vienen cometiendo años ha.

En el caso planteado contra Guaidó

Como antes dijimos, un particular fue directamente a instar un antejuicio contra el presidente Juan Guaidó, pero solo en su condición de diputado a la Asamblea Nacional, no como presidente encargado que es, y esto plantea varias consideraciones. La primera de ellas es que el denunciante no tiene cualidad para instar el antejuicio, pues ello es potestad exclusiva del Ministerio Público como titular de la acción penal que le asigna el artículo 285 de la CRBV desde su inicio en fase de investigación hasta la de intentar las acciones que deriven de esta.

Juan Guaidó ostenta una doble representación que además comporta doble inmunidad, primero como diputado a la Asamblea Nacional y luego como presidente encargado de la Presidencia de la República. En el caso bajo análisis, la denuncia solo le ataca la inmunidad como parlamentario, pero esta igualmente tiene la protección del antejuicio: 1. Solo puede ser instada por el Ministerio Público y no por particulares. 2. El levantamiento de tal inmunidad requiere autorización del Parlamento, todo según expresa disposición del artículo 200 constitucional.

Se observa que el denunciante trata de simular cualidad para ejercer la acción invocando varias sentencias del TSJ, las cuales provienen de la manipulación política que en estos años del chavo-madurismo se ha ejecutado usando al tribunal, no como prescriben las normas legales, sino a su libre antojo de acuerdo con su conveniencia, todo lo cual carece de fundamento jurídico serio y solo sirve para calificar el estado dictatorial a que se nos viene sometiendo en un país sin ley.

Definitivamente, solo el Ministerio Público tiene la facultad de procesar cualquier denuncia de naturaleza criminal y, específicamente en este caso, nadie más está legitimado para tal actuación por lo que, tanto el pretendido denunciante como quienes se presten a tal exabrupto, lo que están es incursionando en delitos por los que en alguna oportunidad responderán.

¡Cuidadito!

Y les guste o no, Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez comprobadamente es venezolano, nacido en La Guaira, ingeniero con estudios en la Universidad George Washington de Washington D.C.; es diputado elegido por votación popular con 14 millones de votos y, además, es presidente encargado de la República por mandato constitucional, y como tal cuenta con doble inmunidad y también con el respaldo del pueblo venezolano y con 54 países que advierten sobre su integridad y libertad personal.

Borrachos peleando por una botella vacia por Alfredo García Deffendíni – Frente Patriótico – 7 de Diciembre 2018

(Con ocasión a las declaraciones del Cardenal Baltazar Porras a proposito de las elecciones de concejales “la participación aun en condiciones adversas, es necesaria”)

Al final de libro intitulado, El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad (escrita entre1898 y 1899), Marlow, el narrador,  regresa a Europa desde Africa y su tía, al verlo tan agotado, se preocupa por su salud y él le expresa: <<No era mi fortaleza la que necesitaba cuidado-, sino mi imaginación la que deseaba sosiego>>

Un país como Venezuela, donde la justicia ha perdido su cualidad fundamental, como es la majestad que representa la imparcialidad e independencia de los poderes públicos muy en particular la majestad de la justicia, por el arropamiento ideológico del ejecutivo, se está preparando para los peores desórdenes y su hundimiento como país civilizado. Más, cuando quienes deberían de ser los contrapesos al secuestro institucional, la oposición tradicional- partidos y líderes políticos- no lo son. No terminan de entender, que quienes gobiernan representan una dictadura comunista que afortunadamente perdió el disfraz de democracia; no como dicen muchos de los lideres de la oposición cuando se le pregunta: qué tipo de sistema impera en Venezuela? y al unísono responden: “Bueno, esto no es una democracia pero tampoco es una dictadura y/o quienes de ellos se refieren que sí es una dictadura, pero todos terminan participando en elecciones”, que contradicción. Mientras mantengan tan absurdo criterio político y jurídico, confunden y se hacen complices, ya que una de la principales fuentes, entre otras de las bondades del sistema democrático, son las elecciones, que le otorgan la legitimidad de origen -la gente- pero entendiéndose que para poder concurrir a un proceso electoral tanto el administrador de las mismas (CNE), imperativamente tiene que ser un árbitro imparcial y autonomo del poder ejecutivo y muy en particular que su base fundamental el registro electoral (REP), y el registro civil, sean confiables y no estén adulterados. En caso contrario, cuando ha sido demostrado una y otra vez por estudios de técnicos electorales, matemáticos y estadísticos de nuestras mejores universidades, y en el mes de agosto de este año por la misma empresa privada –Smartmatic- encargado por el estados de la inspección y confiabilidad del procedimiento electoral, quién sorpresivamente declara mediante comunicado público, que las elecciones del 30 de julio pasado para la elección de los constituyentistas fueron manipuladas, y a pesar de todo ello los partidos y dirigentes de la oposición continúan participando en nuevas elecciones, actitud que le otorgan al régimen, lo que tanto la dictadura comunista requiere: legitimidad de origen. Ese es el meollo, que los políticos y los partidos se niegan a enfrentar y, por ello tozudamente les permiten al régimen, paulatinamente ir desbancando todos los demás controles de una verdadera democracia, la división e independencia de los poderes, en particular del poder judicial, legislativo y el electoral, que constituyen requisitos sine qua non, para su calificación y aceptación como estado democrático e indudablemente lo oxigenan para continuar corrompiendo, socabando e ideologizando a la fuerza armada. Cuando éstos son secuestrados, queda una sola calificación, se vive en dictadura y en nuestro caso en una comunista. De ese secuestro institucional, fundamentalmente son corresponsables, por participar en elecciones totalmente amañadas los partidos y dirigentes que con su participación dejan inexistente el necesario contrapeso a todo gobierno, al concurrir a procesos electorales viciados y manipulados, colaborando con su participación al gran engaño al colectivo nacional. Terminando todos -engañados y engañadores-, por no estar a la altura de la tragedia que vivimos, suicidándose colectivamente con cada proceso electoral al cohonestar el fraude.

El régimen tiene su medio  “electoral” muy claro,  éste –las elecciones- le permiten que con cada interregno, entre uno y el próximo proceso electoral, el de continuar con su andar de involución y de destrucción. Proceso que  ensambla y ejecuta con precisión matemática de uno a dos por año, -van 21 elecciones en casi 19 años-, y  la oposición sigue sin entender, que aún triunfando, cuando imprevista y excepcional lo ha hecho, el régimen gana, porque terminan legitimándolo ante el país y el mundo. Las elecciones, que originan a toda democracia, cuando se hacen como mascaradas electorales les permiten a la dictadura comunista afianzarse e ir destruyendo todos los valores republicanos y Judeo cristianos. Aún, cuando el status quo de los partidos y dirigencia opositora participacionista, y parte del país no lo quieran entender, basándose en una metáfora y en un chataje como son los “espacios” que no se pueden perder. Con su concurrencia, le están permitiendo al régimen ejecutar un genocidio a los valores más arraigados del gentilicio venezolano. Indiferencia insisto, por parte de los partidos y de los líderes colaboracionistas en el circo electoral, que los convierten en cómplices voluntarios o involuntarios de la tragedia nacional. Ignoran que ellos tambien están a punto de ser destruidos, porque del genocidio de los valores se avanza al genocidio como jurídicamente es aceptado por la declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 11 de diciembre de 1946, al declarar al genocidio como un crimen, según la ley internacional.

Sin duda alguna, esa falta de contrapeso, es la que ocasiona a muchos “el desosiego a la imaginación y al espíritu”. Cuesta comprender, como una sociedad a la que se le están destruyendo todos sus valores morales y materiales, -la gente- no termina de entender que con el aval que les dan a sus líderes políticos y partidos, participando en procesos electorales fraudulentos, se hacen también cómplices de su propia destrucción.

A pesar de ello, todavía quedan hombres, unos presos, otros asilados y muchos luchando en el país a pesar de los riesgos que cada dia corren, que edifican su vida sobre el estricto valor de la dignidad, de la ética y el deber, de allí saldrá el Lucio Quincio Cincinato. Éstos, conseguirán salir enteros en sus valores de la tragedia nacional, aún cuando los otros traten de empujarlos al tenebroso círculo de la mentira y del engaño, como son los procesos electorales manipulados. Hoy, ya ni siquiera hay alegría en el resplandor del sol; por el lado de quienes gobiernan el mal está escondido en las profundas tinieblas del corazón, por el otro lado, la de mayoría de la gente, no sé, cuánto sentimiento acumulan de agravio y de ira. El magma del volcan se acumula para una guerra civil.

Ojalá, después de la próxima “gran estafa electoral con las elecciones de concejales”, esa escasa población electoral de la oposición que participará, reaccione, cuando el CNE declare que solamente lograron unas cuantas alcaldias y felicite a los partidos opositores por ello, logrando en esta forma el CNE como apendice del ejecutivo nacional su tan anciada necesidad de un baño de legalidad como arbitro imparcial. El daño estará hecho y nuevamente el regimen se arropará con la legitimidad necesaria, mientras tanto la oposición que participó como si fuesen borrachos peleando por una botella vacía, se sentirá complacida por ganar “espacios vitales”, espacios éstos, que no son otra cosa que un chantaje para que la gente asistan a esa parodia del acto electoral, lamentablemente el cardenal Baltazar Porras se hizo eco del chataje electoral.

Quienes participen se sumaran al festejo de bufones de los presuntos líderes de la oposición, quienes festejarán, que con estos resultados, ahora sí vencerán a la ignominia en las próximas elecciones presidenciales, continuarán corriendo la arruga. El colectivo tiene que entender, después de la una vez más de la nueva “gran estafa electoral”, que no se les puede continuar engañando porque ya no podrán decir que se les “engaña”, se harán entonces cómplices de la tragedia. Cito las reflexiones de Octavio Paz (escritor y diplomático mexicano, premio Cervantes y premio Nobel), cuando escribió sobre el engaño: << Y aquellos que se auto engañen, hasta qué punto el mentiroso de verdad miente, de veras se propone a engañar, y se preguntaba ¿no es la primera víctima de sus engaños y no es a sí mismo a quien engaña?>> La historia juzgará.

Por donde andará Lucio Quincio Cincinato.

Es la banda de los enanos, estúpido por Luis Velázquez Alvaray – La Patilla – 24 de Noviembre 2018

Desde el año 2002 comencé a investigar el entramado de la mafia judicial más grande del mundo. Venezuela tiene esos curiosos récords.
Denuncié hasta el cansancio, como está plataforma delictiva terminaría por destruir el país; la armazón incluía todas las esferas del poder, desde la vice presidencia de la República, hasta el último tribunal municipal. Allí, de una lista de más de cien connotados jerarcas del régimen, figuraban un señor llamado Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo, quienes vendían sentencias junto con Maikel Moreno y tenían campo abierto en la fiscalía, donde mandaban a sus anchas.

Le presenté personalmente la denuncia a Hugo Chávez, cuyo anillo de seguridad era parte de la banda. Al presidente del TSJ y de la sala constitucional Omar Mora y Luisa Estela Morales, quienes a los pocos minutos se lo hicieron saber a los enanos, a quienes rendían pleitesía, junto al Fiscal Isaías Rodríguez, quien como falso decente, escurrió el bulto, entregándoselo a la fiscal sexta nacional Luisa Ortega Díaz. De la denuncia hoy, década y media después, todavía no se ha dado respuesta.

El negocio de los enanos se fue extendiendo al narcotráfico, al contrabando, al crimen organizado. El Presidente del tribunal, por ejemplo, firmó una credencial a Makled, para que recibiera trato preferencial en todas las instancias judiciales. Gorrín y Perdomo, junto a los hermanos Chacón, decidieron incursionar en la banca. De allí viene este desfalco del cual todavía no se conoce ni una cuarta parte. José Vicente Rangel e Isaías Rodríguez, participaron Junto a Maikel Moreno, Gorrín y el conjunto enano, en la muerte del fiscal Anderson, precisamente por una disputa bancaria, que Rodríguez sabiamente, con testigos falsos, desdibujó con creciente impunidad.

De los enanos se deriva el saqueo a Pdvsa, los soles, crímenes a rivales en el negocio, como el caso de Aguilarte y el General Wilmer Moreno; los colectivos al mando de Freddy Bernal y toda una infraestructura hamponil donde es difícil conseguir un hueso sano.

Esta camorra gubernamental siempre la ha coordinado Nicolás Maduro; primero desde la asamblea nacional, después desde el ministerio de relaciones exteriores y ahora desde Miraflores. Chávez conocía todo el andamiaje y ordenaba los envíos a cuba para necesidades apremiantes de la isla. A sus hijos y hermanos, bajo el embozo de supuesta honestidad, que profesaba de palabra. Allí están sus pupilos, su familia y sucesores.

La banda de los enanos también derivó hacia los medios. La mejor explicación de esta invasión mediática, fue suscrita por él periodista Juan Carlos Zapata, en Konzapata, de enero de 2016. Allí describe como el canal Globovisión sirve para comprar conciencias y difamar a quien se les opone. Es importante este trabajo de indudable inteligencia periodística.

Esta peligrosa organización, por su manipulación de la libertad de expresión, constituye una gran maquinaria donde participan supuestos comunicadores independientes, artistas y conquistadores de almas, para que la tiranía acentúe su dominio y demuestre al mundo que existe un periodismo abierto y plural, cuando en realidad, es una gigantesca manipulación de la opinión pública. Es una inmensa y perversa maquinaria que se esconde en los faroles y movimiento de las cámaras, diseñada con falsos independientes y disfrazados opositores, para mediatizar las actividades contra el crimen organizado.

“Globovisiocracia”, es un fenómeno a estudiar, para conocer las verdaderas historias, de un periodismo asesino. En los crímenes de la “globovisiocracia”, Gorrin es la cara, tras ella se esconden las principales figuras de la tiranía: el propio Maduro, José Vicente Rangel, los banqueros Chacón, que ocultan allí gran parte de su fortuna. Es una larga lista, que mezcla entre sus intereses tráfico de drogas, saqueo del oro, robó del petróleo, el aluminio, asalto a las arcas y por supuesto mucho dinero para repartir. De allí que las principales anclas del canal son poseedores de inmensas fortunas en todo el mundo. Será un trabajo milimétrico para desentrañar ese monstruo que se esconde en el búnker de la florida. Dinero o amenazas, así funciona la extensa red comunicacional del Chavismo.

Quien suscribe pasó por el pelotón de fusilamiento moral de la banda de los enanos, donde Gorrín es apenas uno y Andrade Otro. Faltan miles que conforman esta mafia. Allí el gran capo es Maduro quien ordena la muerte de personas como fue enseñado en La Habana. De allá vienen estos lodos

La CIDH condena a Venezuela por un caso de violación y tortura por Maolis Castro – El País – 18 de Noviembre 2018

El tribunal sanciona la negligencia judicial frente al secuestro y los abusos que sufrió Linda Loaiza López

Linda Loaiza López, en una imagen de 2004, cuando hacía una huelga de hambre para exigir justicia en su caso.
Linda Loaiza López, en una imagen de 2004, cuando hacía una huelga de hambre para exigir justicia en su caso. L. ACOSTA GETTY

Linda Loaiza López Soto, una abogada víctima de torturas y abuso sexual, no ha visto justicia en Venezuela. De ahí que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en San José de Costa Rica, haya declarado este viernes responsable al Estado presidido por Nicolás Maduro por violar varias disposiciones de convenciones internacionales. “Es un logro muy importante para el avance de los derechos de las mujeres. Para mí y mi familia es significativo y (un) reconocimiento. Todos estos años hemos sido revictimizados por diferentes instituciones del sistema judicial”, valora en una entrevista telefónica con EL PAÍS.

La historia es bien conocida en el país sudamericano. El 27 de marzo de 2001, López fue secuestrada, violada y torturada durante casi cuatro meses por Luis Carrera Almoina -hijo de un exrector de la Universidad Nacional Abierta de Venezuela y sobrino de un influyente historiador- en un departamento de la acomodada urbanización Los Palos Grandes, en el este de Caracas. La mujer, entonces de 18 años de edad, había permanecido amarrada, golpeada salvajemente, quemada con cigarrillos, mordida, abusada sexualmente, privada de alimentos y sometida a otros actos crueles. Las secuelas de tal atrocidad provocaron que estuviera un año hospitalizada y se sometiera a 15 cirugías, incluyendo una reconstrucción de los labios, nariz, pabellón auricular y vaginal.

Durante su ausencia, su hermana, Ana Secilia López, denunció seis veces la desaparición ante la policía. El cuerpo de seguridad negó esa versión. De ahí siguió una lucha contra la impunidad y los estereotipos. En 2004, la joven emprendió durante 13 días una huelga de hambre frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, para exigir que Carrera Almoina fuese llevado a juicio. Pero su agresor solo fue condenado por los delitos de privación de la libertad y lesiones gravísimas, pero absuelto del crimen de violación. En 2008, la pena del hombre, conocido como el “Monstruo de los Palos Grandes”, se declaró cumplida y solo permanece pendiente una revisión del proceso por haber abusado de López. “El caso continúa en impunidad porque los hechos de violencia sexual cometidos en mi contra no han sido sancionados por el Estado venezolano… Él cumplió su irrisoria pena, otorgada por el tribunal séptimo de juicio, y está en libertad desde ese momento. No sé dónde está, ni a qué se dedica o qué hace. Yo me he dedicado a mi recuperación física y psicológica, y a la búsqueda de justicia”, agrega la joven.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), asentado en Estados Unidos, confirma que López fue “revictimizada” a través de un proceso judicial que estuvo “plagado de estereotipos de género, irregularidades, retrasos y hasta destrucción de evidencia”. En total, la organización cuenta 37 diferimientos de audiencias y 10 “inhibiciones” por parte de los funcionarios judiciales. En solo tres años el proceso fue rechazado por 59 jueces.

La denuncia ingresó en el sistema interamericano el 11 de noviembre de 2007. La sentencia de la CIDH especifica que Venezuela violó los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, integridad personal, prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, prohibición de la esclavitud, libertad personal, garantías judiciales, dignidad, autonomía y vida privada, circulación y residencia, igualdad ante la ley y protección judicial. También determina que incumplió con las obligaciones derivadas de artículos de varias convenciones internacionales, y además declara la responsabilidad del Estado por la vulneración del derecho a la integridad personal de la familia de López Soto.

Hasta ahora las instituciones judiciales venezolanas no se han pronunciado sobre el dictamen. Desde la sentencia del caso de “El Caracazo”, un levantamiento social contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez que devino en el asesinato de decenas de personas en 1989, no se han acatado decisiones de la corte. “Ese es el único. En ese caso se ha cumplido con sus fases de reparación pecuniaria (económica), en la publicación de la sentencia y otras medidas de reparación. Pero el Estado aún no ha acatado ninguna sentencia sucesiva de la Corte Interamericana. Todavía están pendientes muchas”, detalla Liliana Ortega, directora de la ONG Comité de Familiares de las Víctimas, que acompañó a López en su acusación en el sistema interamericano.

El tribunal ha ordenado que, entre las medidas de reparación, se investigue y sancione a los responsables por los delitos de tortura y violación, determinar responsabilidades de funcionarios que no investigaron desde un primer momento lo sucedido a López y que se le conceda una beca de estudios para que pueda concluir con su formación profesional. “Cuando el Estado venezolano ejecute el contenido íntegro de la sentencia, podré hablar de justicia. Entretanto, persiste la impunidad”, asegura.

Así empezó Venezuela: destrozando el poder judicial por Eduardo Inda – okdiario – 27 de Octubre 2018

Así empezó Venezuela: destrozando el poder judicial
Pedro Sánchez, Hugo Chávez y Pablo Iglesias.
 
Una mujer con español impecable, ése que ya sólo se habla al otro lado del charco, se aproximó y me susurró al oído mirando a norte, sur, este y oeste: “Señor Inda, ¿puedo hablar con usted un minuto?”. Iba ataviada con un mandil, debía superar los 50, su acento era inequívocamente venezolano y se le notaba una categoría intelectual superior a la media. “Claro”, respondí sin titubear. “Acompáñeme”, me rogó llevándome a un puesto en un mercado capitalino de cuyo nombre prefiero no acordarme para no poner en riesgo su seguridad. Más que nada, para que la gentuza podemita no le dé un susto el día menos pensado.

Quince metros más allá estábamos ante su negocio. Humilde negocio. Un puesto de croquetas de todo tipo de sabores y colores. Rosadas, blanquecinas, verdosas y negruzcas. De jamón, pollo, espinacas y hasta chipirones. Me contó que llevaba dos décadas en la madre patria. “¿Se dedicaba usted allá al mundo culinario?”, cuestioné echando mano de lo obvio. “No”, terció rápidamente casi sin dejarme terminar, “yo era fiscal en Venezuela y al poco de llegar Chávez al poder, en el ecuador de los siglos XX y XXI, me destituyeron y me tuve que exiliar. Y aquí me tiene dedicándome a algo que no es lo mío pero bueno…”. Mi cara era, como se podrán imaginar, todo un poema. Estupefacción pura. Y dura. La suya, de una tristeza indescriptible.

Me desveló que en los 90 era una de las fiscales más importantes de la nación con las mayores reservas petrolíferas del mundo. Pero que tuvo que tomar las de Villadiego cuando los medios vendidos a la dictadura (a la fuerza ahorcan), que entonces debían ser el 80% y ahora no bajan del 95%, la empezaron a poner en la diana, a injuriarla, a calumniarla y a difamarla. Como a cientos de garantes de la legalidad. “Los escraches a mí y a mis compañeros se hicieron insoportables por lo rutinarios y lo feroces que eran”, apostilló.

El sátrapa Chávez tuvo claro desde el minuto 1 que la perpetuidad de su satánico proyecto pasaba por convertir al Legislativo y al Judicial en un apéndice del Ejecutivo.

Hugo Chávez, un narcoasesino con todas las letras, un ladrón con todos los números, lo tenía claro: una verdadera democracia es aquella en la que hay un sistema de contrapesos en el que unos poderes se controlan los unos a los otros en una suerte de círculo virtuoso. Como quiera que nació y murió sátrapa, este malnacido al que Satanás tenga en su gloria tuvo claro desde el minuto 1 que la perpetuidad de su satánico proyecto pasaba por convertir al Legislativo y al Judicial en un apéndice del Ejecutivo.

No había pasado ni un año y con la excusa de limpiar la Justicia puso en la calle a cientos de magistrados y fiscales. Casualmente, todos los miembros del poder judicial sucios eran aquéllos y aquéllas que, como nuestra exiliada amiga, habían expresado su malestar con la invasión chavista de los tribunales. Y si encima eras ideológicamente un liberal o te situabas en la derecha democrática tus posibilidades de trabajar en lo que tanto te había costado conseguir y de seguir con vida se reducían a la mínima expresión.

Chávez tardó seis años en tocar el Tribunal Supremo porque aquello eran palabras mayores. Pero como quiera que era tan malo como tenaz consiguió en 2004 ponerlo bajo su bota matonil. Quien controla la máxima magistratura de un país lo controla todo. La Asamblea Nacional tardaría un poco más pero resulta perogrullesco recordarles que hoy día es un órgano sin poder real por cuanto éste se halla residenciado en el Palacio de Miraflores, sede de la Presidencia de la República, y en la servil Asamblea Constituyente. El Legislativo y el Judicial son tan sólo un recuerdo de un tiempo pasado que fue infinitamente mejor. Económica y democráticamente.

España no es Venezuela. En eso estamos todos de acuerdo. Pero cada vez somos más los que puntualizamos un inquietante… “de momento”. Qué casualidad que, como por arte de birlibirloque, se haya desatado de repente una cacería contra el Tribunal Supremo de España, en el que están los mejores de la carrera. Los cristiano ronaldos y los messis de la judicatura. Los mejores de los mejores. Tipos de una brillantez superlativa. Y de una independencia a prueba de presiones, extorsiones y manipulaciones en el 95% de los casos.

La sentencia sobre el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y la posterior reacción del presidente de la Sala de lo Contencioso fue la tormenta perfecta que sirvió en bandeja al fascio podemita la excusa para poner caldo a nuestra más alta magistratura. El objetivo podemita era obvio: dejar en la opinión pública la sensación de que los jueces del Supremo eran poco menos que unos tipos malignos a la par que peseteros al servicio de los bancos, los cuales les habían sobornado como el diablo manda para que fueran “buenos chicos”.

Casualidad o no, lo cierto es que tanto el ponente como uno de los miembros del tribunal de lo Contencioso que dictó el fallo que puede generar un agujero de hasta 20.000 millones de euros a las entidades bancarias son magistrados próximos a la izquierda extrema. Ni quito ni pongo. Sólo aporto el dato. Nunca he creído en las casualidades, en las coincidencias o en el cruce de astros. Mi única fe es la estadística y la estadística indica que las cosas son normalmente lo que parecen. Empirismo puro.

La segunda andanada al Tribunal de la Plaza de la Villa de París juega directamente con las cosas de comer. Con la España constitucional. Con el Estado de Derecho. Con la división de poderes. Con la democracia en suma. Contemplar a socialistas y podemitas todos a una advertir de manera concertada al Supremo que no hay rebelión en el golpe de Estado del 1 de octubre del año pasado supone efectuar un viaje en el tiempo a esa Venezuela en la que todo terminó quién sabe si para siempre el día en que se empezó a linchar mediática y políticamente al Tribunal Supremo.

Otra afrenta al poder judicial, ésta de libro, de manual de golpes de Estado más bien, fue la visita de ese diablo vestido de guarro que es Pablo Iglesias al jefe del golpe, Oriol Junqueras. Un desafío, una burla y una desautorización en toda regla de los poderes Ejecutivo y Legislativo. No imagino yo a Leopoldo Calvo-Sotelo ni a Felipe González remitiendo a su socio parlamentario Paco Ordóñez a la prisión militar del Castillo de la Palma en Coruña a negociar el silencio de Antonio Tejero. Básicamente, porque les hubieran montado el pollo del siglo y se hubieran tenido que ir por donde habían venido.

Lo que vienen a colarnos entre líneas es que el 1-O fue una expresión democrática, más o menos afortunada, pero expresión democrática al fin y al cabo

Han salido todos en tromba para desautorizar la calificación penal que tanto el juez Llarena, como la Fiscalía y la Abogacía del Estado han hecho de lo acaecido entre el 6 de septiembre y ese 27 de octubre en el que se proclamó la República Catalana. Carmen Calvo, el pinochesco presidente Sánchez que dice “Diego” donde hace cinco meses decía “digo”, el  infausto Pascualone Sala, sobrecogedor amigo de Jesús Polanco, obviamente Pablo Iglesias, Dolores Delgado y el que faltaba, José Luis Rodríguez Zapatero, el hombre que transportó España de 1978 a 1936. La todavía ministra de Justicia llegó a asegurar allá por el mes de junio que había que modificar el delito de rebelión “a la nueva realidad”. Lo que vienen a colarnos entre líneas es que el 1-O fue una expresión democrática, más o menos afortunada, pero expresión democrática al fin y al cabo.

En resumidas cuentas, nos quieren vender una moto muy concreta: que no se puede encarcelar a nadie por sus ideas. Eso es lo que subyace de toda esta controversia. A todos ellos les invitaría a dedicar dos segundos de su augusto tiempo y leer lo que manifestó un tal Fernando Grande-Marlaska, cuando aún era el excelente magistrado que siempre fue: “En España no hay nadie en la cárcel por sus ideas o por sus opiniones políticas”.

Desprestigiar el Supremo para luego controlarlo es lo que se consumó en Venezuela con las terribles consecuencias por todos conocidas. Y es lo que tiene toda la pinta que se va a intentar perpetrar en España. Pedro Sánchez quiere un Tribunal al estilo González: cómodo y que no ponga pegas ni peros a su indisimulado deseo de perpetuarse en el poder. Y si hay que eliminar la tipificación del 1-O como rebelión (hasta 30 años de reclusión) para contentar a los que te transportaron a La Moncloa, pues se elimina. Estoy convencido de que es un firme creyente en la división de poderes pero más aún lo estoy (a los hechos me remito) de que el fin, morir dentro de 40 años en Moncloa, justifica para él cualquier medio. Y aquí paz y después gloria. Pablo Iglesias va más allá. Su objetivo último es desnaturalizarlo, destrozar lo que los anglosajones denominan check and balances y mandar a paseo a los magistrados indomables (la inmensísima mayoría) para convertirlo en un apéndice de la satrapía venezolano-iraní que quiere instaurar. Malos tiempos para Montesquieu y peores para nuestra democracia. Estas cosas siempre acaban igual: con menos libertad. En dictadura o en dictablanda, en democracia vigilada o en pseudodemocracia. Es la historia del mundo.

PD: las croquetas de nuestra amiga venezolana estaban buenísimas. Pero preferiría que estuviera en Venezuela haciendo Justicia, sancionando el terrorismo de Estado y a su narcopresidente que deleintándonos el paladar y el estómago a los españoles.

Justicia española aceptó entregar a Venezuela a la enfermera de Chávez – NTN24 – 26 de Octubre 2018

Contra esta decisión cabe recurso y, de mantenerse la entrega, el Gobierno español estará obligado a ejecutar la extradición
enfermera de Chávez a la justicia

La Audiencia Nacional española aprobó este viernes la extradición a Venezuela de Claudia Patricia Díaz Guillén, enfermera personal del fallecido presidente Hugo Chávez, reclamada por las autoridades de su país por presuntos delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita y malversación.

Patricia Díaz Guillen, arrestada en España el pasado 25 de abril, aparecía en la investigación de los “papeles de Panamá” por, supuestamente, haber recibido ayuda del bufete panameño Mossack Fonseca para “blindar” una fortuna no declarada, según informó el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, en Twitter.

Contra esta decisión cabe recurso y, de mantenerse la entrega, el Gobierno español estará obligado a ejecutar la extradición.

Díaz Guillén había alegado persecución política, pero la Justicia española cree que se trata de un argumento absolutamente genérico, que “no acredita, ni siquiera a modo de sospecha fundada”, que sea reclamada por tener ideas contrarias al gobierno o que haya un peligro concreto de que se vayan a anular sus derechos.

No obstante, el tribunal español no obvia que existe “un clima de convulsión e inestabilidad político y social en Venezuela”.

Los magistrados del caso consideran que concurren los requisitos de doble incriminación (delitos análogos) y no “una motivación espuria” en la petición de extradición.

Díaz Guillén está acusada de “presuntas irregularidades realizadas durante su ejercicio en la Administración Pública”, donde fue secretaria ejecutiva del Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN) y administradora del Despacho de la República Bolivariana de Venezuela.

Dichos cargos fueron utilizados para obtener “beneficios económicos propios”, lo que le permitió “adquirir bienes muebles e inmuebles” en Venezuela y en el extranjero, “constituyendo empresas en la República de Panamá con dinero obtenido de las presuntas actividades ilícitas durante su desempeño en la Administración Pública Nacional”.

La enfermera salió de Venezuela en 2013, poco después de la muerte de Chávez, y detenida en España este año junto a su marido, Adrián José Velásquez, aunque fueron puestos en libertad provisional.

Velásquez fue jefe de seguridad de Chávez y también está reclamado por los mismos delitos, si bien su extradición se tramita en un procedimiento aparte y sin fecha aún para la vista judicial.

Jueza que imputó ocho delitos a Juan Requesens se fue de Venezuela por Andrea Tosta – TalCual – 7 de Septiembre 2018


Se desconoce qué juez asumirá ahora el caso de Requesens, que se remitió a un tribunal especializado en terrorismo

 

La jueza Carol Padilla, quien está a la cabeza del Tribunal Especial Primero de Primera Instancia en Funciones de Control, se fue de Venezuela como emigrante y se encuentra actualmente en Bilbao, España, corroboró este 7 de septiembre una fuente independiente a El Pitazo.

Padilla imputó al diputado Juan Requesens por el cargo de terrorismo y otros siete delitos más el 14 de agosto, por su presunta implicación en el “atentado” al mandatario Nicolás Maduro, ocurrido el pasado 4 de ese mes durante un acto de la Guardia Nacional en la avenida Bolívar de Caracas.

Después de retrasar la audiencia preliminar de ese martes más de siete horas, la defensa del parlamentario aseguró que Padilla había seguido al pie de la letra las declaraciones que emitió el fiscal impuesto por la Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, en la mañana de ese día.

“No sé si fue el fiscal general que le envió la decisión a la juez, o si fue la juez que se la envió al fiscal, porque es una copia al carbón”, indicó el abogado defensor Joel García a las afueras del Palacio de Justicia.

A Requesens se le imputaron los delitos de instigación pública continuada, homicidio calificado en grado de frustración contra el presidente Nicolás Maduro, homicidio calificado en grado de frustración contra los militares de la Guardia Nacional, uso de artefactos explosivos, asociación para delinquir, financiamiento al terrorismo, daños a la propiedad privada y traición a la patria.

Padilla determinó que el centro de reclusión del parlamentario sería la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide, sitio donde se encuentra hasta la fecha.

Hasta la fecha, se desconoce qué juez asumirá ahora el caso de Requesens, que se remitió a un tribunal especializado en terrorismo.

A 30 días de su detención arbitraria, su familia no ha podido constatar su estado de salud ni las condiciones en las que está recluido.

Su madre Paula Martínez rogó a los funcionarios del Sebin que permitieran las visitas familiares. “Juan es inocente. Mi hijo es inocente. Pido que me dejen verlo para saber cómo está”, dijo desde Las Mercedes, acompañada de Juan Requesens padre, su hija Rafaela, Lilian Tintori —esposa del dirigente político Leopoldo López—, estudiantes y sociedad civil.

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