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Un aporte a los Nuremberg que vendrán en Venezuela por Gustavo Coronel – Blog Las Armas de Coronel – 28 de Abril 2018

gse_multipart55967La definición clásica de Justicia nos viene de Platón, Aristóteles, San Ambrosio y San Agustín. Está contenida en una simple frase: “Suum Cuique: A Cada quien lo suyo”.
Esta definición supone que la justicia debe honrar a quien hace lo correcto y castigar al criminal. Para la inmensa mayoría de los filósofos morales, la Justicia es la piedra fundamental de la civilización. Sin ella una sociedad estará condenada a chapotear en la anomia.

APLICACIÓN DE LA JUSTICIA A CRIMINALES DE GUERRA
Después de la segunda guerra mundial se llevaron a cabo varios juicios en contra de criminales de guerra nazis y japoneses. Los aliados enjuiciaron a 937 personas en Núremberg y varios otros sitios de Europa así como en Japón. De ellos, 667 fueron condenados, 230 a muerte y el resto a prisión de variada duración. La gran mayoría de quienes fueron sentenciados a prisión fueron liberados antes de cumplir su condena. Los juicios fueron muy formales, con jueces, abogados acusadores y defensores, con pleno derecho de los acusados a hablar en su descargo. Hay quienes piensan que, en general, se procedió con bastante moderación en contra de los criminales. Sin embargo, con todas sus deficiencias, se llevó a cabo un proceso de aplicación de justicia.

La actitud de los criminales de guerra nazis guardó una cierta similitud con lo que vemos hoy entre los criminales del régimen chavista. Aquellos llegaron a decir, como explicación de sus horribles crímenes: “Wenn Schon, den Schon”, es decir, si nos van a colgar por una oveja, que nos cuelguen por un cordero. En la Venezuela chavista esto pudiera traducirse, libremente, cómo: ¿“Que es una raya más para un tigre”?, ya que los criminales del régimen están casi convencidos de que, no importa cual haya sido la magnitud de sus crímenes, no serán castigados. De allí que Padrino López probablemente le diga a Maduro, con una sonrisa: “Nicolás, púyalo que vas en bajada. No te preocupes, porque este es un país de ovejas resignadas a ir al matadero”.

LOS CRIMINALES CHAVISTAS PIENSAN QUE SUS CRÍMENES QUEDARÁN IMPUNES
Los criminales chavistas basan su casi certeza de impunidad en la historia venezolana y latinoamericana, tan dada al borrón y cuenta nueva. Hoy en día, abundan en Venezuela quienes hablan de la necesidad de tenderle a los criminales chavistas “un puente de plata”. Personas que en otras décadas decidieron tomar el camino de la violencia armada en contra de la democracia hoy claman por el abandono del castigo en contra de los criminales chavistas. Al hablar de la necesidad de reconciliación entre los venezolanos, estos apaciguadores nunca mencionan la palabra “justicia” y consideran que cualquier pedido de castigo en contra de los criminales es “venganza”. Representan una tercera clase de venezolanos que si bien no son criminales como los chavistas tampoco se sienten indignados por los crímenes cometidos por aquellos, sino que han adoptado una actitud de “vivir y dejar vivir”. Piensan en términos de irse mezclando con los criminales a fin de que la mezcla “mejore” y abogan por una “transición” que conservaría componentes del chavismo “bueno”, para que el proceso no sea violento. Este grupo dejaría las células cancerosas adentro. Representa el equivalente de lo que fue la república de Vichy en la Francia ocupada por los nazis y “gobernada” por Pétain y Laval. Afortunadamente, así como un Pétain tuvo un De Gaulle, así, en Venezuela, por cada Falcón tenemos una María Corina, un Ledezma o un López.

CHÁVEZ FUE EL PRINCIPAL CRIMINAL
Para comprender la necesidad de la aplicación de justicia en Venezuela es necesario ver objetivamente el desastre humano que el chavismo ha llevado a cabo en Venezuela, de la misma forma como los aliados vieron al final de la II Guerra Mundial la realidad de los cadáveres en los crematorios, de los muertos en vida salidos de las cárceles y de los campos de concentración nazis. Los crímenes del chavismo – los cuales han causado la muerte a centenares de miles de venezolanos, han obligado a más de dos millones de compatriotas a huir del país y han sometido a quienes han permanecido en el país a un régimen de total carencia de servicios, seguridad, comida y medicinas – han sido cometidos con premeditación y sadismo, en gran parte inducidos por el tutelaje de los criminales cubanos del castrismo.

¿Qué clase de gente ha cometido estos abominables crímenes? El llamado chavismo, los seguidores de Chávez pertenecen, en gran medida, a una clase particular de venezolanos., la cual – en variadas dosis – combina complejos de inferioridad con la vulgaridad, la ignorancia, el sadismo y el deseo incontrolado de poder y de lujo.

Chávez fue depositario de todas esas características aunque probablemente ni siquiera se dio cuenta o quiso admitir que poseía algunas de ellas. No todas se manifestaron simultáneamente. Sus complejos de inferioridad, bastante bien estudiados por los psiquiatras venezolanos, entre ellos Franz Delgado Senior, lo llevaron a resentir la clase media profesional, a la cual culpaba por sus propios fracasos sociales. Su amor declarado por los pobres y desposeídos se confundía con la antipatía en contra de quienes tenían educación, profesión, empleo, bienes y estabilidad social. Era racista y hablaba despectivamente de los blancos oligarcas. A su llegada al poder fue reuniendo progresivamente a su alrededor a gente que poseía sus mismas o similares características. La ignorancia no le permitió a él y a su grupo de colaboradores resolver el problema de la pobreza sino acentuarla, a pesar de los inmensos ingresos petroleros.

Lo que hicieron fue un crimen, al estructurar programas de subsidios y dádivas que empeoraron la situación de los pobres porque eran apenas aspirinas para quien tiene un tumor cerebral. A pesar de ver que esas medidas eran inefectivas para resolver el problema estructural de la pobreza Chávez las mantuvo en vigencia porque advirtió que eran la manera más eficaz de obtener lealtades políticas para consolidarse en el poder. Esa codicia insaciable por el poder lo fue insensibilizando. Los halagos que le rodeaban le llevó a disfrutar de una vida imperial, con viajes acompañados por centenares de adulantes y hampones, utilizando relojes de $50.000 y llevando a cabo un uso carente de transparencia de los bienes de la Nación.

Desde el principio de su presidencia Chávez fue un autócrata, un dictador. Su intento de golpe en 1992 ya había revelado su naturaleza anti- democrática. En realidad, Chávez hubiese preferido ganar la presidencia mediante el golpe de 1992 que ser elegido y tener que ponerse una careta de demócrata. Como el personaje de Dostoievski en Crimen y Castigo, el estudiante asesino Raskolnikov, quien mostraba un patológico culto a Napoleón, Chávez mostró un patológico culto a Bolívar. Raskolnikov decía: “Maté porque yo quería ser un Napoleón”. Chávez decía: “Solo yo puedo gobernar a Venezuela”, sintiéndose un Bolívar redivivo. Así como Nietzsche expuso su concepción del superhombre libre de toda traba ética en la Europa napoleónica, Chávez encontró sus mini-Nietzsche de bolsillo en Norberto Ceresole, William Izarra, Marta Harnecker y Heyman El Trudi, quienes le adularon y le vendieron una imagen de “superhombre” que adoptó de manera grotesca.

EL DESEO DESENFRENADO DE PODER LLEVÓ AL CHAVISMO A UNA DICTADURA SIN CONTROLES, SIN ESCRÚPULOS MORALES.
Cualquiera buena intención que pudiera haber acompañado a Hugo Chávez en sus inicios (aunque yo nunca la advertí) se perdió en el frenesí de poder y de riqueza que rodeó su presidencia desde el momento mismo de su juramentación, la cual fue un insulto a la Constitución. Progresivamente desprovisto de todo escrúpulo moral Chávez creó un movimiento que fue degenerando en una pandilla de ladrones, narcotraficantes, traidores y adulantes. El paso clave en el afianzamiento del régimen criminal fue el apoyo de la Fuerza Armada. La pandilla de criminales cívico-militares procedió a saquear los activos de la Nación, a encarcelar a quienes se le oponían, a promover el exilio y a sitiar por hambre a los millones de venezolanos indefensos. Esta ha sido una pandilla de unos 500-600 cabecillas principales, quienes deberán ir a juicio y ser expuestos a la acción de la justicia. La lista parcial de estos cabecillas puede ya encontrarse entre los sancionados por corrupción y violación de derechos humanos por los gobiernos de los Estados Unidos, Canadá y de la Unión Europea, además de aquellos que figuran en los valiosos trabajos de denuncia de venezolanos como Joaquín Chafardett, Alek Boyd, César Batiz, Maibort Petit, Daniel Duquenal, Carlos Tablante, Casto Ocando, Antonio Delgado, Nelson Bocaranda, Thor Halvorssen hijo, Sergio Sáez, Allan Brewer Carías, Román Duque Corredor y bastantes otros investigadores de los crímenes de la pandilla. En mi blog, http://www.lasarmasdecoronel.blogspot.com se podrán encontrar centenares de denuncias en contra de los crímenes de esa pandilla. La cantidad de documentación existente sobre los crímenes es voluminosa y contundente. Esta pandilla de criminales incluye a chavistas miembros del gobierno, militares que participan de los desmanes en el gobierno, banqueros amigos, contratistas petroleros y de otras empresas del Estado, líderes extranjeros comprados por el dinero petrolero y familiares de los pandilleros. A diferencia de la corrupción existente en el siglo pasado entre los líderes latinoamericanos, gente como los Somoza, Trujillo, Stroesner, Velasco Alvarado, etc., estos criminales chavistas crearon una transnacional de la corrupción, en la cual figuraron o figuran Lula da Silva, los Kirchner, Evo Morales, Daniel Ortega, los hermanos Castro y otras figuras menores, a fin de perpetuarse en el poder en la región y ayudarse mutuamente. Esta figura de organización cleptocrática internacional le ha añadido una nueva y macabra dimensión a la pandilla chavista que la financió por años.

DEBE CREARSE YA UNA ALTA COMISIÓN PARA EL ENJUICIAMIENTO DE CRÍMENES CHAVISTAS QUE PROCEDA A ESTABLECER LOS MECANISMOS Y BASES DE LOS FUTUROS JUICIOS.
Idealmente esta debería ser una Comisión transnacional, debido a la naturaleza transnacional de los crímenes pero somos pesimistas sobre la capacidad de los organismos internacionales para llevar a cabo esta tarea. Debemos probablemente comenzar por un juicio en Venezuela en contra de los miembros principales de la pandilla chavista, los 100 más notorios criminales, ver, por ejemplo:
https://resistenciav58.wordpress.com/2014/12/29/la-casa-blanca-suelta-la-lista-de-los-sancionados-estos-son-los-39-primeros/
http://lasarmasdecoronel.blogspot.com/2018/03/nicolas-maduro-y-sus-54-ladrones-segun.html

La Alta Comisión deberá ocuparse del enjuiciamiento de los principales miembros de la pandilla y de los mecanismo de recuperación de los dineros robados a la Nación, robo que se estima conservadoramente en unos 100000-150000 millones de dólares (chavista Jorge Giordani habla de $300000 millones). La iniciativa para la creación de esta Alta Comisión debe partir de un grupo como María Corina Machado, Leopoldo López, Antonio Ledezma, David Smolansky, Diego Arria y Enrique Aristeguieta, asesorados por un grupo de trabajo en el cual figuren investigadores como los arriba señalados. Una vez esté lista la propuesta puede ser aprobada por la Asamblea Nacional.

¡Manos a la obra!

Periodistas demandados por reportaje sobre corrupción en la importación de alimentos – Instituto Prensa y Sociedad – 5 de Febrero 2018

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Tribunales de Caracas admitieron demanda por difamación contra el equipo de Armando.info, ante un reportaje de investigación en torno a hechos de corrupción en la importación de alimentos en Venezuela
Alex Saab, contratista del Estado, acusó a Roberto Deniz, Joseph Poliszuk, Alfredo Meza y Ewald Scharfenberg de afectar su labor empresarial en Venezuela, y también la reputación de su familia
IPYS Venezuela ha registrado 31 demandas por difamación, ejercidas por funcionarios públicos y contratistas del Estado en su mayoría, contra 40 periodistas y representante de medios de comunicación

En tiempo récord, los tribunales de Caracas engranaron la maquinaria judicial para silenciar las denuncias de corrupción por la importación de alimentos y admitir la demanda número 31 por difamación e injuria, que se dio en Venezuela entre 2002 y 2017. En menos de dos semanas, la justicia aceptó la solicitud de investigar a Roberto Deniz, Joseph Poliszuk, Alfredo Meza y Ewald Scharfenberg, reporteros y editores de Armando.info, portal especializado en periodismo de investigación. Fueron acusados por el empresario colombiano Alex Saab quien introdujo la demanda por los delitos “difamación agravada continuada” e “injuria agravada”, de acuerdo al expediente al que tuvo acceso IPYS Venezuela en enero de 2018. Leer más de esta entrada

Declaración de Enrique Aristiguieta Gramcko – 4 de Febrero 2018

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Mi agradecimiento a Venezuela, a la comunidad internacional y un planteamiento al país

Luego de la arbitraria detención de la que fuera objeto la madrugada del pasado 2 de febrero, quiero expresar mis más sinceras palabras de agradecimiento a todos quienes con su protesta, dentro y fuera del pais, hicieron posible mi liberacion:
– A las altas personalidades que abogaron por mí, como el Secretario General de la OEA, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU y los expresidentes y Secretario General de IDEA,
– A la Iglesia en general y en particular a mi amigo monseñor Ovidio Pérez Morales,
– A los jefes y dirigentes de los partidos políticos, Henrique Capriles, Henry Ramos Allup, Julio Borges, Luis Florido, Delsa Solórzano, por mencionar solo algunos,
– A los diputados de la fracción parlamentaria 16J,
– A mis compañeros de Soy Venezuela, María Corina Machado, Antonio Ledezma, Blanca Rosa Mármol, Cecilia Sosa, Julio Coco, Victor Maldonado y otros,
– A mis compañeros de GANA, Nitu Pérez Osuna, Alfredo Weil, el general Carlos
Julio Peñaloza, el Sr. Luis Monch entre otros,
– A las voces de la resistencia, que mostraron su indignación por las redes,
– A los “guerreros del teclado” que difundieron la noticia,
– A los medios de comunicación y periodistas que la cubrieron,
– A la talentosa Rayma por su extraordinaria caricatura,
– A mis amigos de toda la vida que se movieron rápidamente para gestionar
apoyos y pronunciamientos,
– A los abogados que me asistieron,
– A los funcionarios policiales y judiciales que me trataron con respeto, como debe
ser,
– Y muy especialmente a mi familia, que demostró su amor incondicional hacia mí
También quiero agradecer a Dios por la vida que me dio, al país que me vio nacer, y a la oportunidad inédita de luchar no solo contra una, sino contra dos dictaduras.

Cuestión de principios

Durante las horas que permanecí secuestrado mucho pensé y reflexioné sobre el drama venezolano, el nuestro, el de todos. Me llegaban esporádicas informaciones sobre las peticiones que se hacían exigiendo mi libertad, incluso de quienes me adversan ideológicamente, porque lo que estaba en juego era el principio de la justicia que compartimos todos como demócratas, más allá de la integridad de una persona.
Ahí está el centro de lo que nos debe unir como venezolanos, los valores de libertad y democracia que no se consiguen participando juntos en una elección, con una candidatura unitaria pero con un organismo electoral parcializado y manejado por el régimen.

La Conferencia Episcopal lo ha dicho, “no se puede ir a unos comicios convocados por una Constituyente ilegítima que no sirve a los intereses del pueblo venezolano ̈, y en su más reciente documento: “Es un despropósito ético y humano, un verdadero crimen que clama al cielo, que en medio de una situación de penuria, hambre, parálisis de servicios, muerte y colapso nacional, se privilegie (unas elecciones que constituyen de hecho) un espectáculo de distracción y alienación, en condiciones desiguales, contra todo sentido de equidad y servicio a la población. En Democracia la primera responsabilidad del gobernante es atender las necesidades básicas de la gente, que por desgracia hoy está condenada a pasar hambre, a no contar con los servicios mínimos indispensables para la vida, en ocasiones hasta morir, y en otras, a emigrar ante la necesidad de sobrevivir. ̈

La liberación de Venezuela está cerca

Queridos compatriotas, les quiero revelar que mientras estuve en las entrañas de El Helicoide y del Palacio de Justicia, palpé lo que sienten en su corazón algunos funcionarios policiales y judiciales, que rechazan estas prácticas totalitarias. Ellos también quieren un cambio, desean ser liberados de este yugo junto a sus familiares, que sufren las mismas penurias que todos nosotros.

Me atrevo a decir que hasta muchos altos funcionarios del régimen preferirían otro tipo de vida. Saben que nadie los quiere y son rechazados por la mayoría por no poder dar solución a la crisis que ellos mismos han creado, conscientes están que cada día que pasa se hunden más y más.

El liderazgo político que promueve el cambio, tiene la obligación de buscar una solución para todos, incluso para los chavistas que no han cometido delitos. Pero la solución no está en un diálogo hipócrita, ni en unas elecciones trampeadas. La verdadera respuesta consiste en lograr un gran consenso nacional, una verdadera unidad que promueva una transición de manera pacífica, democrática y constitucional más no necesariamente electoral, al menos por ahora, hasta que se logre depurar y reestructurar las instituciones. En la reunificación del país, en la conformación de alianzas hemos estado trabajando … y avanzamos.

Mi colaboración con Venezuela

A mis 84 años no tengo ambiciones personales, me siento satisfecho y realizado con la vida que he tenido. No busco cargos, ni reconocimientos, pero confieso que me gustaría, antes de partir, poder contribuir a dejar una Venezuela libre y encaminada hacia la democracia y el desarrollo. Siento además la necesidad de utilizar todas las fuerzas que me quedan para lograr abrir las rejas de los calabozos que encierran a tantos seres que no se parten ni se doblegan, porque sus ideales vuelan alto y sus espíritus nos convocan a seguir rebelándonos contra una tiranía que jamás logrará detener a este bravo pueblo que decidió ser libre. !Sigamos adelante!

Enrique Aristeguieta Gramcko

Venezuela ocupa el último lugar en Estado de Derecho – El Nacional – 2 de Febrero 2018

El informe publicado por World Justice Project destaca que por encima del país se encuentra Camboya y Afganistán

El Índice de Estado de Derecho 2017-2018, publicado por el World Justice Project, ubicó a Venezuela otra vez en el último lugar en el mundo y en la región. El estudio midió el desempeño de 113 países, utilizando como base los límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.

Por encima de Venezuela, se encuentran Camboya y Afganistán, mientras que los primeros lugares fueron ocupados por Dinamarca, Noruega y Finlandia. La organización señala que en los factores de aplicación a la normativa, justicia penal y restricciones a los poderes del gobierno, Venezuela ocupa el último lugar en la región y en justicia civil está en el penúltimo lugar de los 113 países evaluados.

En gobierno abierto, orden y seguridad se ubica en la posición 110 del ranking; en derechos fundamentales, en el lugar 105, y en ausencia de la corrupción, en el 103. El mejor de América Latina y el Caribe es Uruguay y se encuentra en el puesto 22 de los 113.

La directora de la ONG Acceso a la Justicia, Laura Louza, destacó que para cumplir con el Estado de Derecho debe existir separación de poderes, independencia judicial, principio de legalidad y respeto a los derechos humanos, porque las consecuencias de que ello no ocurra son el aumento de la criminalidad, la impunidad y la corrupción, como lo certifica el índice.

Considera que en Venezuela hay una confusión de poderes y la independencia del Judicial está comprometida, porque cuando se trata de una solicitud complaciente al gobierno la respuesta llega en promedio en 20 días, de lo contrario puede tardarse entre 3 y 5 años.

La abogada precisó que el principio de legalidad es usado a conveniencia y los cambios a las normas no son de acuerdo con los tratados y la Constitución de la República. “Por métodos incorrectos como la constituyente, por ejemplo, no se puede lograr el efecto que el derecho busca que es la paz”.

Para la investigación se utilizaron más de 110.000 encuestas en hogares y 3.000 a expertos, que registraron un deterioro en el cumplimiento de los derechos fundamentales, específicamente en 71 países. “Este factor mide ausencia de discriminación, derecho a la vida y la seguridad, debido proceso, libertad de expresión, libertad religiosa, libertad a la privacidad y libertad de asociación”, refleja el índice.

 

Justicia española investiga a ex cúpula de Pdvsa por blanqueo de capitales – Yo Soy Venezolano – 27 de Enero 2018

La antigua cúpula de la petrolera estatal venezolana PDVSA (Petróleos de Venezuela) está ahora bajo la lupa de la Justicia española. La Audiencia Nacional investiga una querella presentada por la actual dirección de la sociedad contra el que fuera su presidente en la época de Hugo Chávez, Rafael Ramírez, y otros ex directivos por un delito de blanqueo de capitales.

Reseña el diario El Mundo de España que la denuncia, presentada a mediados de 2017, advierte presuntas irregularidades en la administración de los fondos públicos manejados por esta empresa, así como transferencias de dinero realizadas a España por los implicados, algunas de ellas procedentes de Estados Unidos, según confirmaron fuentes jurídicas.

El procedimiento, que se encuentra bajo secreto de sumario, está en manos de la juez instructora Carmen Lamela.

Precisamente, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció hace apenas dos días su intención de solicitar una orden de busca y captura contra Rafael Ramírez por presuntos delitos de blanqueo.

Dicho esto, conviene advertir de que hay una guerra abierta entre el ex presidente de PDVSA -ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería entre 2002 y 2014 y embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas entre 2014 y 2017- y el presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quien Ramírez retó a elecciones primarias dentro del chavismo para optar a la candidatura al Gobierno de Venezuela en los próximos comicios.

La investigación abierta en la Audiencia Nacional implica también al que fuera presidente de Electricidad de Caracas -filial de PDVSA- en la época de Chávez, Javier Alvarado Ochoa, persona considerada del entorno más próximo a Ramírez, y a Rafael Reiter Muñoz, antiguo director de Seguridad y Prevención de Pérdidas de la petrolera.

Tanto Alvarado como Reiter tienen vínculos empresariales con España. El primero fue administrador único de una sociedad de promoción inmobiliaria hasta el año pasado. Se trata de Catalufa Inversiones Inmobiliarias, registrada en Madrid en septiembre de 2014 y extinguida en enero de 2017, según consta en el Registro Mercantil.

En cuanto a Reiter es administrador único de Inversiones Vasamer, una empresa registrada bajo la actividad económica de platos y comidas preparadas, fundada en agosto de 2017 y domiciliada en San Cugat del Vallés (Barcelona), según datos que obran en el Registro Mercantil.Reiter está implicado en un procedimiento de extradición abierto también en la Audiencia Nacional a petición del Departamento de Justicia estadounidense por su presunta participación en una trama de sobornos en torno a la oficina de compras de PDVSA en Estados Unidos.

En esta causa está investigado también el que fuera viceministro de Energía Eléctrica entre 2001 y 2006, Nervis Villalobos, implicado además en otros dos casos de blanqueo. Uno, en España -caso Banco Madrid-, y otro, en Portugal, caso Banco Espirito Santo.

Tras la orden de arresto emitida por Estados Unidos, Reiter fue detenido en Madrid el pasado mes de octubre y se encuentra en prisión preventiva junto con Villalobos y Luis Carlos León Pérez, ex director de Finanzas de Electricidad de Caracas. El otro detenido fue César Rincón Godoy, ex gerente de Bariven, filial de PDVSA, sobre el que España aprobó su extradición el pasado 12 de enero.Además de estos procedimientos, Alvarado y Villalobos también están imputados en un caso de cohecho internacional y blanqueo vinculado a una trama de sobornos en torno al grupo asturiano Duro Felguera.

La Asamblea Nacional venezolana, a través de la Comisión Permanente de Contraloría, ya inició una investigación contra Ramírez en abril de 2016 por presuntos desvíos de dinero público a la Banca Privada de Andorra (BPA), así como a la compra de productos financieros en Banco Espirito Santo.

La Audiencia Nacional investiga a la ex cúpula de Petróleos Venezuela por blanqueo de capitales por Marisa Recuero – El Mundo – 27 de Enero 2018

La antigua cúpula de la petrolera estatal venezolana PDVSA (Petróleos de Venezuela) está ahora bajo la lupa de la Justicia española. La Audiencia Nacional investiga una querella presentada por la actual dirección de la sociedad contra el que fuera su presidente en la época de Hugo Chávez, Rafael Ramírez, y otros ex directivos por un delito de blanqueo de capitales.

La denuncia, presentada a mediados de 2017, advierte presuntas irregularidades en la administración de los fondos públicos manejados por esta empresa, así como transferencias de dinero realizadas a España por los implicados, algunas de ellas procedentes de Estados Unidos, según confirmaron fuentes jurídicas.

El procedimiento, que se encuentra bajo secreto de sumario, está en manos de la juez instructora Carmen Lamela. Precisamente, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció hace apenas dos días su intención de solicitar una orden de busca y captura contra Rafael Ramírez por presuntos delitos de blanqueo. Dicho esto, conviene advertir de que hay una guerra abierta entre el ex presidente de PDVSA -ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería entre 2002 y 2014 y embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas entre 2014 y 2017- y el presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quien Ramírez retó a elecciones primarias dentro del chavismo para optar a la candidatura al Gobierno de Venezuela en los próximos comicios.

La investigación abierta en la Audiencia Nacional implica también al que fuera presidente de Electricidad de Caracas -filial de PDVSA- en la época de Chávez, Javier Alvarado Ochoa, persona considerada del entorno más próximo a Ramírez, y a Rafael Reiter Muñoz, antiguo director de Seguridad y Prevención de Pérdidas de la petrolera.

Tanto Alvarado como Reiter tienen vínculos empresariales con España. El primero fue administrador único de una sociedad de promoción inmobiliaria hasta el año pasado. Se trata de Catalufa Inversiones Inmobiliarias, registrada en Madrid en septiembre de 2014 y extinguida en enero de 2017, según consta en el Registro Mercantil.

En cuanto a Reiter es administrador único de Inversiones Vasamer, una empresa registrada bajo la actividad económica de platos y comidas preparadas, fundada en agosto de 2017 y domiciliada en San Cugat del Vallés (Barcelona), según datos que obran en el Registro Mercantil.

Reiter está implicado en un procedimiento de extradición abierto también en la Audiencia Nacional a petición del Departamento de Justicia estadounidense por su presunta participación en una trama de sobornos en torno a la oficina de compras de PDVSA en Estados Unidos.

En esta causa está investigado también el que fuera viceministro de Energía Eléctrica entre 2001 y 2006, Nervis Villalobos, implicado además en otros dos casos de blanqueo. Uno, en España -caso Banco Madrid-, y otro, en Portugal, caso Banco Espirito Santo.

Tras la orden de arresto emitida por Estados Unidos, Reiter fue detenido en Madrid el pasado mes de octubre y se encuentra en prisión preventiva junto con Villalobos y Luis Carlos León Pérez, ex director de Finanzas de Electricidad de Caracas. El otro detenido fue César Rincón Godoy, ex gerente de Bariven, filial de PDVSA, sobre el que España aprobó su extradición el pasado 12 de enero.

Además de estos procedimientos, Alvarado y Villalobos también están imputados en un caso de cohecho internacional y blanqueo vinculado a una trama de sobornos en torno al grupo asturiano Duro Felguera.

La Asamblea Nacional venezolana, a través de la Comisión Permanente de Contraloría, ya inició una investigación contra Ramírez en abril de 2016 por presuntos desvíos de dinero público a la Banca Privada de Andorra (BPA), así como a la compra de productos financieros en Banco Espirito Santo.

El extraño caso de la CPI y la hermana de El Aissami (I) por Carlos Ramírez López – El Nacional – 15 de Junio 2018

Carlos Ramírez López

Haifa Aissami Maddah fue nombrada por Nicolás Maduro como “embajadora” ante la Corte Penal Internacional, muy extraño caso de una persona señalada junto a su hermano, el vicepresidente Tareck el Aissami, de tener vínculos con el terrorismo islámico y al narcotráfico

Mis experiencias en Washington DC

He estado en la Facultad de Derecho de American University de Washington DC, cursando un diplomado sobre Derechos Humanos donde he recibido clases referidas a las Cortes Internacionales de Justicia; Impunidad y Justicia Internacional y el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Me motivó a participar en esta actividad tratar de mejorar mis habilidades profesionales para la denuncia contra Nicolás Maduro y su cohorte criminal la cual vengo preparando para llevarles ante la Corte Penal Internacional de La Haya, esto porque he visto la información de que 22 casos que en la misma dirección se han consignado ante ese Alto Tribunal y la mayoría han sido rechazados, hasta ahora ninguno admitido a trámite, ¿qué pasa?, ¿acaso no es obvio lo que ocurre en el país donde una camarilla infecta ha secuestrado al Estado para toda clase de fines delictivos?, ¿es que no ven la matanza de una fuerza militar está ejecutando contra ciudadanos inermes que solo piden democracia, comida, medicinas, paz? No quería que mi denuncia fuera la número 23 a parar al pote de la basura de ese juzgado internacional, voy a prepararme, voy a indagar –me dije– y volví a las aulas como en mis ya muy pasados años mozos. Les cuento lo que he conseguido.

La Corte Penal Internacional (CPI) entró en vigencia en el año 2002 y desde entonces solo ha conocido de unos pocos casos, el año pasado Vladimir Putin anunció el retiro de Rusia de la competencia de dicho juzgado para llevar casos contra ciudadanos de ese país, eso como reacción ante el pedido de Francia para que se juzgara el criminal bombardeo a la ciudad Siria de Alepo, entonces la Cancillería rusa emitió una dura reprimenda a dicho juzgado, en un comunicado oficial dijo que: “En 14 años de funcionamiento solo ha dictado cuatro sentencias y ha gastado más de 1.000 millones de dólares. Lamentablemente, el tribunal no ha justificado las esperanzas puestas en él y no se ha convertido en un órgano de justicia internacional independiente y de prestigio”, y seguidamente Putin firmó el retiro de su país del Tratado de creación de dicho tribunal excluyéndole competencia para juzgarle. Dictaduras africanas incursas en hechos de posible juzgamiento en esa instancia, tales como Gambia, Burundi y Sudáfrica, se han puesto fuera de los alcances del TPI como también lo han amenazado Kenia, Namibia y Uganda. Otros países donde no se ha admitido la actuación del TPI son Estados Unidos, China, India, Israel, Irak y Cuba.

Del trato especial de la CPI con el régimen venezolano

Respecto a Venezuela, la Fiscalía de la CPI ha recibido denuncias sustentadas contra Nicolás Maduro por graves hechos que se han alegado como constitutivos de delitos de su competencia y no se ha producido ni la más mínima señal de la apertura de una investigación; por el contrario, ha trascendido que el régimen dictatorial mantiene un intenso lobby en La Haya al punto de que ha nombrado como embajadora ante ese tribunal a Haifa el Aissami, hermana del vicepresidente de Venezuela, Tareck el Aissami, quien es una de las personas señaladas como incursa en hechos de narcotráfico y facilitador del terrorismo islámico, dicho nombramiento de esta embajadora fue publicado en Gaceta Oficial número 40823 del 7 de enero de 2016.

La CPI se apresuró a desmentir la información dada por Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, y su abogado de que estuvieron en ese tribunal para consignarle una denuncia sobre múltiples crímenes pero tal rapidez de esa Corte no se presenta ante las tantas denuncias que contra el régimen de Maduro se han formulado, luego, caben las siguientes preguntas: ¿Tiene algo que ver la designación de esa embajadora y su fuerte lobby con la inercia de la fiscalía de la CPI ante las tantas denuncias que se le han consignado sobre crímenes del régimen venezolano?

La eficacia como motivo

La creación de la Corte Penal Internacional fue motivado a la necesidad de atacar la impunidad en crímenes que por su trascendencia numérica, por su grado de horror, por la fuerza y poder de los autores, entre otras características, se suceden sin castigo en distintas regiones del mundo, de manera que la indiferencia ante hechos que se le denuncien niega su razón de ser. La inactividad de la Fiscalía ante denuncias fundamentadas es contraria al espíritu, propósito y razón de la existencia del organismo y estimula la ocurrencia de los crímenes que debe perseguir. Estamos pidiendo que se produzcan pronunciamientos formales y públicos donde se diga si se admiten o se rechazan nuestras denuncias y las razones que a bien se tenga para uno u otro pronunciamiento. La indiferencia respecto a los hechos que sobre el caso venezolano se le han denunciado es a su vez un crimen porque implícitamente es una autorización para la continuación de lo que se le ha denunciado, así como el castigo es disuasivo, la indiferencia es estímulo para la continuidad y repetición del mal.

La falta de actividad de la CPI, de su fiscal, sobre el caso venezolano no ha sido explicada, en ello hay una grave falta de la necesidad de transparencia que debe privar en órganos de esta naturaleza, y es que nada dicen, no es que se rechazan las denuncias, es que no hay ni siquiera una explicación y solo se escuchan rumores al respecto. Los ciudadanos tenemos derecho a saber qué está pasando, al fin y al cabo somos quienes además de ser nuestra protección el motivo para su existencia, somos quienes pagamos su funcionamiento, los gobiernos que les asignan partidas presupuestarias obtienen tales recursos de los dineros de todos, de los dineros públicos, de nuestros bolsillos, de nuestros impuestos, de nuestro trabajo.

Confieso mi decepción

En estas actividades he podido tener contacto con importantes actores de la justicia internacional, entre ellos con la propia presidenta de la Corte Penal Internacional, magistrada Silvia Fernández Gurmedi, y en público le hice una pregunta sobre el tema venezolano, quedó en un video que publicaré, también allí está su respuesta, muy diplomática, ustedes juzgarán por sí mismo.

Las reflexiones anteriores y otras que expondré en sucesivos escritos, me llevan a la decepción sobre la posible intervención de esa CPI en nuestra tragedia venezolana, me reafirmo en la tesis que he venido exponiendo 1) sobre la necesidad de una fuerza militar multinacional que nos ayude a enfrentar a la banda criminal de Fuerte Tiuna que actúa en conjunto con fuerzas militares cubanas, 2) de la creación de un Alto Tribunal de Justicia Transicional para juzgar a la pandilla de Miraflores/Fuerte Tiuna bajo el modelo del Tribunal de Nuremberg cuya historia recomiendo ir leyendo.

…continuará…

Venezuela Eventos de 2017 – Informe de Human Rights Watch – Enero 2018

logo.pngActualmente no quedan en Venezuela instituciones gubernamentales independientes en pie que puedan poner freno al poder ejecutivo. A través de una serie de medidas, el gobierno venezolano —con Maduro en la presidencia y, anteriormente, con Chávez— ha copado los tribunales de jueces que ni siquiera pretenden actuar de manera independiente. El gobierno ha arremetido contra críticos a través de represión en las calles, habitualmente violenta, el encarcelamiento de opositores y el juzgamiento de civiles en la justicia militar. También ha despojado de sus poderes a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.

Debido a la grave escasez de medicamentos, insumos médicos y comida, muchos venezolanos no pueden alimentar adecuadamente a sus familias ni acceder a la atención médica más básica. En respuesta a la crisis de derechos humanos y humanitaria, cientos de miles venezolanos están huyendo del país.

Otras preocupaciones que persisten son las condiciones deficitarias en los centros de detención, la impunidad de violaciones de derechos humanos y el hostigamiento a defensores de derechos humanos y medios de comunicación independientes por parte de las autoridades.

El gobierno venezolano ha empleado en forma sistemática fuerza brutal, incluidas torturas, contra manifestantes críticos del gobierno y opositores políticos.
Persecución de opositores políticos

El gobierno venezolano ha encarcelado a opositores políticos y los ha inhabilitado para postularse a cargos públicos. Al momento de elaboración de este documento, había más de 340 presos políticos en cárceles o sedes del servicio de inteligencia venezolano, según datos del Foro Penal, una red venezolana de abogados defensores penalistas que trabajan ad honórem.

A mediados de 2017, luego de procedimientos sumarios que no respetaron las normas internacionales sobre debido proceso, el Tribunal Supremo de Justicia condenó arbitrariamente a cinco alcaldes opositores a 15 meses de prisión y los inhabilitó para postularse a cargos públicos. Cuando se redactó este documento, uno de ellos estaba detenido en la sede del (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN) en Caracas y los demás habían huido del país. Al menos otros nueve alcaldes estaban sujetos a un mandamiento de amparo cautelar del Tribunal Supremo, que podría llevar a la imposición de similares penas de prisión si se determinara que los alcaldes violaron las disposiciones de esas medidas cautelares.

El dirigente opositor Leopoldo López cumple una condena de más de 13 años de prisión por haber presuntamente incitado a la violencia durante una manifestación en Caracas en febrero de 2014, a pesar de la falta de pruebas creíbles en su contra.

Luego de tres años y medio en prisión, se le concedió a López arresto domiciliario en julio de 2017, pero fue detenido nuevamente en medio de la noche algunas semanas después, tras haber criticado públicamente al gobierno. Esa misma noche, agentes de inteligencia detuvieron al exalcalde opositor Antonio Ledezma, que estaba en prisión domiciliaria desde 2015 y había publicado un video crítico del gobierno poco tiempo antes.

El Tribunal Supremo más tarde emitió una declaración indicando que López no tenía permitido realizar ningún tipo de “proselitismo político” y que Ledezma debía abstenerse “de emitir declaraciones ante cualquier medio”, y añadió además que “fuentes de inteligencia” informaron que tenían un plan de fuga. Ambos hombres obtuvieron nuevamente el arresto domiciliario algunos días después. En noviembre, Ledezma huyó de Venezuela.

Varias otras personas arrestadas en relación con las protestas contra el gobierno de 2014 o acciones posteriores de activismo político permanecen en arresto domiciliario o están detenidas a la espera de un juicio.

Represión de protestas

Entre abril y julio de 2017, miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, junto con grupos armados partidarios del gobierno llamados “colectivos”, han atacado con violencia manifestaciones contra el gobierno, en algunas de las cuales participaron decenas de miles de venezolanos. Miembros de las fuerzas de seguridad han disparado municiones antidisturbios a quemarropa contra manifestantes, arrollado con vehículo blindado a personas que se manifestaban, golpeado brutalmente a personas que no mostraron resistencia y llevado a cabo violentos allanamientos en edificios de departamentos.

Según el Ministerio Público, al 31 de julio al menos 124 personas habían muerto durante incidentes relacionados con las protestas. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indicó en agosto que más de la mitad de las muertes habían sido provocadas por agentes de seguridad o colectivos. El gobierno venezolano afirma que 10 miembros de las fuerzas de seguridad murieron en el contexto de manifestaciones, e informó sobre varias instancias de violencia contra simpatizantes del gobierno.

A fines de julio, antes de que la Asamblea Nacional Constituyente destituyera a la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, su institución estaba investigando casi 2.000 casos de personas heridas en el marco de las protestas. Si bien este número parece haber incluido casos en los cuales los presuntos autores fueron manifestantes y miembros de las fuerzas de seguridad, en más de la mitad de los casos, el Ministerio Público estaba investigando presuntas violaciones de derechos fundamentales.

Entre abril y noviembre, se detuvo a cerca de 5.400 personas en relación con protestas, incluidos manifestantes, transeúntes y personas que fueron llevadas de sus casas sin la orden judicial correspondiente, indicó el Foro Penal. Cuando se redactó este documento, cerca de 3.900 habían recibido la libertad condicional pero todavía enfrentaban causas penales.

Integrantes de las fuerzas de seguridad también han cometido graves abusos contra detenidos que, en algunos casos, constituyen torturas, como violentas golpizas, descargas eléctricas, asfixia y abusos sexuales. La justicia militar ha procesado a más de 750 civiles, en contravención a lo dispuesto por el derecho internacional.

A comienzos de 2014, las autoridades respondieron a manifestaciones masivas contra el gobierno con un uso excesivo de la fuerza. En muchos casos, los miembros de las fuerzas de seguridad mantuvieron a los manifestantes incomunicados en bases militares por 48 horas o períodos mayores, y algunos cometieron violaciones de derechos humanos aberrantes, como violentas golpizas, descargas eléctricas o quemaduras, y obligar a los detenidos a mantenerse en cuclillas o arrodillados, sin moverse, por varias horas.

Ninguna alta autoridad ha sido juzgada por estos abusos.

Asamblea Nacional Constituyente

En mayo, Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente por decreto presidencial, pese al requisito constitucional que exige, para reformar la constitución, celebrar antes una consulta popular. La asamblea está integrada exclusivamente por partidarios del gobierno, designados mediante una elección que tuvo lugar en julio y que Smartmatic, la empresa contratada por el gobierno para verificar los resultados, determinó posteriormente que había sido fraudulenta.

La Asamblea Nacional Constituyente tiene amplios poderes que van mucho más allá de redactar la constitución. En agosto, apenas empezó a funcionar, los miembros de la asamblea asumieron todas las facultades legislativas y destituyeron a la Fiscal General Ortega Díaz —que anteriormente había sido leal al gobierno y, a fines de marzo, empezó a criticarlo— y nombraron a un partidario del gobierno en el cargo. En noviembre, junto con el Tribunal Supremo, quitó la inmunidad parlamentaria al vicepresidente de la Asamblea Nacional Freddy Guevara.

Operación Liberación del Pueblo

A partir de julio de 2015, el Presidente Maduro movilizó a más de 80.000 integrantes de las fuerzas de seguridad en todo el país, en el marco de una iniciativa denominada la “Operación Liberación del Pueblo” (OLP), para hacer frente al agravamiento de la situación de inseguridad. Las redadas policiales y militares llevadas a cabo en comunidades populares y de inmigrantes dieron origen a señalamientos generalizados de abusos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias masivas, maltrato de detenidos, desalojos forzados, destrucción de viviendas y deportaciones arbitrarias.

En noviembre de 2017, la fiscal general indicó que más de 500 personas habían muerto durante redadas de la OLP entre 2015 y 2017. En reiteradas declaraciones, funcionarios del gobierno afirmaron que las muertes se produjeron durante “enfrentamientos” con delincuentes armados, algo que en muchos casos niegan los familiares de las víctimas o los testigos. En varios casos, las víctimas fueron vistas con vida por última vez cuando estaban bajo custodia policial.

Crisis humanitaria

Los venezolanos enfrentan una severa escasez de medicamentos, insumos médicos y alimentos que cercena gravemente su derecho a la salud y la alimentación. En 2017, la ministra de salud venezolana divulgó datos oficiales correspondientes a 2016 que indicaban que, en un año, la mortalidad materna aumentó un 65 %, la mortalidad infantil un 30 % y los casos de malaria un 76 %. Algunos días después, la ministra fue despedida. Según Cáritas Venezuela, los casos de desnutrición severa de niños y niñas menores de 5 años aumentaron del 10,2 % en febrero de 2017 al 14,5 % en septiembre de 2017, lo cual traspasó el umbral de crisis establecido por la Organización Mundial de la Salud.

Independencia judicial

Desde que el expresidente Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional llevaron a cabo en 2004 un copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia, el poder judicial ha dejado de actuar como un poder independiente del gobierno. Miembros del Tribunal Supremo han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes y han expresado de manera pública su compromiso con promover la agenda política del gobierno actual.

Desde que la oposición asumió la mayoría en la Asamblea Nacional en enero de 2016, el Tribunal Supremo ha invalidado casi todas las leyes que se aprobaron. En marzo de 2017, el Tribunal Supremo se arrogó todas las facultades legislativas y dio marcha atrás parcialmente recién cuando se expresaron fuertes críticas en Venezuela y el exterior.

Libertad de expresión

Durante más de una década, el gobierno ha ampliado y ejercido en forma abusiva su facultad de regular los medios de comunicación, y ha reducido la cantidad de medios críticos. La legislación vigente concede al gobierno la potestad de suspender o revocar licencias a medios privados cuando “lo juzgue conveniente a los intereses de la Nación”, permitir la suspensión arbitraria de sitios web en el supuesto de “incitación” —una infracción definida de manera muy vaga— y penalizar las expresiones “ofensivas” sobre funcionarios gubernamentales. Si bien algunos periódicos, páginas web y estaciones de radio critican al gobierno, la autocensura por temor a represalias gubernamentales es muy habitual.

Miembros de las fuerzas de seguridad detuvieron, interrogaron y confiscaron equipos a varios periodistas durante 2017. Se impidió que algunos periodistas internacionales ingresaran al país, o fueron detenidos por informar sobre las protestas contra el gobierno o la crisis de salud. Se quitó del aire a varios canales de noticias de cable y estaciones de radio.

En noviembre, la Asamblea Nacional Constituyente adoptó una “Ley contra el odio” que contiene expresiones imprecisas que socavan la libertad de expresión. Prohíbe a los partidos políticos que “promuevan el fascismo, la intolerancia o el odio” y prevé penas de prisión de hasta 20 años contra quienes publiquen “mensajes de intolerancia y odio” en medios de comunicación tradicionales y medios sociales.

Defensores de derechos humanos

Las medidas gubernamentales para restringir el financiamiento internacional de organizaciones no gubernamentales, sumadas a las reiteradas acusaciones infundadas —realizadas por funcionarios y partidarios del gobierno— de que los defensores de derechos humanos pretenden desestabilizar la democracia venezolana, generan un clima hostil que afecta la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil de promover los derechos humanos.

En 2010, el Tribunal Supremo determinó que las personas u organizaciones que reciban financiamiento del exterior podrían ser juzgadas por traición a la Patria. Ese año, la Asamblea Nacional promulgó una ley que impide a organizaciones dedicadas a la “defensa de los derechos políticos” o el “control sobre los poderes públicos” recibir financiamiento internacional.

Discriminación política

Según se indicó en medios de comunicación venezolanos, cientos de empleados públicos fueron despedidos en 2016 por haber apoyado el referéndum revocatorio del Presidente Maduro, y en 2017 muchos otros fueron amenazados con ser despedidos por apoyar la consulta pública organizada por la oposición contra la propuesta del gobierno de crear una Asamblea Nacional Constituyente. Otros informes indican que un programa gubernamental que distribuye alimentos y artículos básicos a precios controlados por el gobierno discrimina contra los críticos del gobierno.

Condiciones en centros de detención

La corrupción, la seguridad deficiente, el deterioro de la infraestructura, la sobrepoblación, la falta de personal suficiente y la capacitación inadecuada de guardias han permitido que pandillas armadas ejerzan el control efectivo de las cárceles. En agosto, murieron 37 internos —casi la mitad de los detenidos— en el Centro de Detención Judicial de Amazonas en Puerto Ayacucho, y 14 guardias de seguridad resultaron heridos cuando las fuerzas de seguridad habrían intentado tomar el control de la cárcel.

Actores internacionales clave

En marzo y julio, el Secretario General de la OEA Luis Almagro presentó dos informes integrales sobre la crisis humanitaria y de derechos humanos en Venezuela, en el marco de una discusión sobre el cumplimiento, por parte de Venezuela, de la Carta Democrática Interamericana, un acuerdo que tutela las garantías democráticas y de derechos humanos en los Estados Miembros de la OEA. Entre septiembre y noviembre, la OEA celebró una serie de audiencias públicas en las cuales víctimas brindaron su testimonio a tres expertos que evaluaron si los abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas podrían constituir delitos de lesa humanidad.

En agosto, el bloque de comercio regional Mercosur suspendió por tiempo indefinido a Venezuela, aplicando el Protocolo de Ushuaia, un acuerdo que permite al bloque suspender a un miembro cuando haya una “ruptura del […] orden constitucional”.

También en agosto, 17 ministros de Relaciones Exteriores de América se reunieron en Perú para analizar la crisis venezolana. Doce de ellos —11 gobiernos latinoamericanos y Canadá— firmaron la Declaración de Lima, un documento integral que condena la ruptura del orden democrático y la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela. Los 12 manifestaron que no reconocerían a la Asamblea Nacional Constituyente ni a sus resoluciones, se comprometieron a que cesara la transferencia de armas a Venezuela y expresaron preocupación por la crisis humanitaria y la negativa del gobierno a aceptar asistencia humanitaria internacional. También expresaron su voluntad de apoyar esfuerzos que faciliten negociaciones creíbles y de buena fe, orientadas a restablecer pacíficamente la democracia en el país.

El gobierno denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CIDH), y privó así a ciudadanos y residentes de la posibilidad de solicitar la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando no estén disponibles recursos locales o estos no sean efectivos para la reparación de abusos cometidos después de 2013. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sigue dando seguimiento a la situación en Venezuela, aplicando la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que no es un instrumento que esté sujeto a la ratificación por los Estados.

En agosto de 2017, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos difundió un informe que concluyó que las autoridades venezolanas habían cometido violaciones de derechos humanos y abusos extendidos en la respuesta a las manifestaciones contra el gobierno. El “uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva durante las manifestaciones y la detención arbitraria de manifestantes y presuntos opositores políticos denota que no se trata simplemente de actos ilegales o insubordinados de funcionarios aislados”, indicó el informe.

En septiembre, el alto comisionado presentó sus conclusiones al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, indicó que “es posible que se hayan cometido delitos de lesa humanidad” en Venezuela, e instó a que se lleve a cabo una investigación internacional. Numerosos Estados manifestaron preocupación por las violaciones de derechos humanos en el país.

En 2015, el Presidente de Estados Unidos Barack Obama aplicó por decreto sanciones específicas a siete funcionarios del gobierno venezolano. En julio de 2016, el Congreso estadounidense prorrogó hasta 2019 su facultad de inmovilizar activos y denegar visas a funcionarios acusados de abusos a participantes en las protestas contra el gobierno de 2014.

En 2017, el gobierno estadounidense emitió otras sanciones internacionales contra funcionarios venezolanos clave, incluido el Presidente Maduro, así como sanciones financieras que incluyen la prohibición de acuerdos sobre nuevas acciones y bonos emitidos por el gobierno venezolano y compañías petroleras estatales. La amenaza expresada por el Presidente Trump en agosto de usar la fuerza militar contra Venezuela recibió fuertes críticas en la región.

La Unión Europea ha manifestado reiteradamente consternación por el deterioro de la situación en Venezuela, y repudió la represión violenta de protestas pacíficas y la persecución de opositores políticos. En noviembre, aplicó un embargo de armas sobre Venezuela y anunció sanciones específicas a funcionarios venezolanos.

Los esfuerzos internacionales para mediar entre el gobierno y la oposición con el fin de restablecer el orden democrático en Venezuela no han derivado en resultados sustanciales.

Como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Venezuela ha votado reiteradamente contra la evaluación de violaciones de derechos humanos en otros países, y se opuso a resoluciones que alertaban sobre abusos en países como Siria, Bielorrusia, Burundi e Irán.

El Gobierno español aprueba extraditar a EE UU a un ex alto cargo de Venezuela – El País – 12 de Enero 2018

La Guardia Civil arrestó en Madrid a Rincón Godoy a petición de un tribunal de Texas que indaga el blanqueo de PDVSA

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la entrega a Estados Unidos de César David Rincón Godoy, exgerente de la firma subsidiaria de Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) Bariven. La Guardia Civil arrestó el pasado octubre en Madrid a este exdirectivo a petición de un tribunal de Texas que indaga una causa por blanqueo, corrupción y pertenecía a la organización criminal vinculada con la petrolera estatal venezolana.

La extradición de Rincón Godoy se ejecutará por el procedimiento de entrega inmediata, ya que el exdirectivo ha aceptado la solicitud de las autoridades estadounidenses, según el Ministerio de Justicia.

El Gobierno ha confirmado también que mantiene la extradición de los otros ex altos cargos venezolanos detenidos en Madrid a instancias de EE UU. Se trata del exviceministro de Energía de Venezuela Nervis Villalobos; del exdirector de Seguridad y Prevención de PDVSA Rafael Ernesto Reiter Muñoz; y del exdirector de Finanzas de Electricidad de Caracas Luis Carlos León Pérez.

La Audiencia Nacional debe decidir ahora si entrega a EE UU a estos tres ex altos cargos que permanecen en prisión provisional en España desde su arresto el pasado octubre.

Los detenidos forman parte de la denominada boli burguesía chavista, grupo de empresarios que se enriqueció al calor de la bonanza petrolera venezolana.

EL PAÍS reveló que el exministro de Energía de Venezuela Nervis Villalobos integró una red de una decena de exdirigentes y testaferros de políticos del Gobierno de este país durante la presidencia de Hugo Chávez (1999-2013) que cobró presuntamente 2.000 millones de euros en comisiones ilegales por intermediar para que compañías extranjeras consiguieran petróleos de PDVSA.

La magistrada andorrana Canòlic Mingorance indaga los manejos de este grupo de exdirigentes chavistas, empresarios y familiares en el marco de un presunto expolio de la petrolera estatal. El dinero de los supuestos sobornos se pagó entre 2007 y 2012 en la Banca Privada d’Andorra (BPA). Y circuló por una telaraña de 37 cuentas corrientes a nombre de sociedades panameñas.

“En Venezuela se puede dar plata a un juez” por José María Irujo/Joaquín Gil – El País – 16 de Diciembre 2017

La trama chavista planeó comprar en Europa a policías y magistrados para frenar la investigación, según ‘pinchazos’ telefónicos

Los presuntos saqueadores de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) planearon sobornar a policías y jueces en Europa para impedir la investigación por blanqueo contra ellos. La red integrada por los exviceministros de Venezuela Nervis Villlobos y Javier Alvarado, que ocuparon sus cargos durante el mandato del expresidente Hugo Chávez (1999-2013), barajó frustrar las pesquisas que desde 2012 desarrolla la juez de Andorra Canòlic Mingorance. El grupo desechó finalmente el soborno al entender que en Venezuela “se puede dar plata a un juez” a diferencia de Europa.

EL PAÍS ha tenido acceso a las conversaciones entre los integrantes de la trama y Pablo Laplana, exdirector de la Oficina Internacional de la Banca Privada d’Andorra (BPA). En esta entidad financiera, el grupo depositó 2.000 millones de euros supuestamente procedentes del cobro de comisiones de compañías que trabajaron para PDVSA.

Los pinchazos revelan que Diego Salazar, primo del expresidente de la petrolera estatal Rafael Ramírez, barajó sobornar a investigadores europeos.

El hombre de confianza de Salazar, Luis Mariano Rodríguez, confesó los planes de la red para comprar voluntades al exdirectivo de BPA Pablo Laplana. Y puso como ejemplo un soborno a policías que Salazar ejecutó en Venezuela. La conversación se desarrolló el 5 de diciembre de 2012.

“¿Qué hizo Diego (Salazar)? Llamó a unos policías y les dio 80.000 euros”

– Luis Mariano Rodríguez: Cuando nosotros cobramos una factura grande en bolívares en un banco de acá y nos vino la policía ¿Qué hizo Diego? (Salazar). Llamó a unos amigos policías y les dio en aquel entonces 80.000 dólares. Sí, los mandó, los 80.000 dólares. Vino la policía y cerró el caso.

Rodríguez ironiza después sobre la falta de diligencia del ministerio público venezolano. “Esta Fiscalía no es una Fiscalía de Alemania… ja, ja, ja”. Y añade: “Esto es como decimos aquí… un cogeculo”.

En otro momento de la charla, Rodríguez confiesa que Salazar barajó sobornar a agentes europeos cuando descubrió que estaba siendo investigado en Andorra en la denominada Operación Petróleo. El ejecutivo del banco le aconsejó no hacerlo.

“Esta Fiscalía no es una Fiscalía de Alemania. Ja, ja, ja. Esto es un cogeculo”, afirmó un miembro de la trama

– L.M.R.: Diego quiere hacer esto de la misma forma que en Venezuela y esa vaina no se hace…

-Pablo Laplana: No, no, no…

– L. M. R.: Europa tiene un procedimiento. Allá podrás arreglar a algún juez, podrás darle plata, podrás sobornar a alguien, puedes hacer lo que tú quieras, pero es muy…muy pocas veces ocurre, eso no es fácil.

– P. L. : No, no, no es fácil.

La red se refiere a Salazar en las grabaciones como El señor de los relojes, en alusión a la debilidad que sentía el primo del exministro Ramírez por estos complementos. Y es que Salazar se gastó 1,7 millones en 2011 en 93 relojes Rolex y Cartier de oro.

Las conversaciones revelan que Rodríguez, hombre de confianza de Salazar, maniobró para abrir cuentas en Suiza después de que la juez de Andorra ordenara el bloqueo de sus depósitos. La trama barajó cobrar en el país helvético el dinero de “unos chinos”. Las pesquisas apuntan a que la mayor parte de las empresas que abonaron comisiones para percibir contratos de PDVSA procedían del gigante asiático.

El exdirectivo de la BPA propuso a Rodríguez abrir una cuenta en Panamá para cobrar estos fondos.

– P. L: Nosotros ya conocemos la operativa de los chinos y a nivel de compliance [prevención del blanqueo], ya la tienes aprobada por el banco. Te lo digo por agilidad, los suizos que son muy suizos, se ponen cuadriculados, pues me lo dices y miro la posibilidad de abrírtelo en Panamá.

Los investigadores creen que este directivo de la BPA ideó la “planificación fiscal” de Salazar y Rodríguez, una madeja societaria en Panamá. Este periódico no ha logrado localizar a Laplana para recabar su versión.

La Policía de Andorra concluye en un informe que el dinero que manejó la trama -2.000 millones de euros-, proviene supuestamente de cobros de empresas chinas que ejecutaron obras públicas en Venezuela.

Las autoridades de Andorra, donde hasta el pasado año regía el secreto bancario, intervinieron en marzo de 2015 la BPA por un presunto caso de blanqueo de capitales.

LA PODEROSA FIRMA DE ‘EL ELÉCTRICO’
“Vamos a ser claros… que la firma mía, ayudó a que muchas de las personas que están aquí hicieran el dinero que están haciendo y por esta firma mía, yo estoy aquí recibiendo ciertas cosas, estoy recibiendo parte de la que tengo aquí, ¿OK?”. Esta frase aparece recogida en una conversación intervenida por la Policía de Andorra el 24 de febrero de 2013 entre Pablo Laplana, entonces alto ejecutivo de la Banca Privada d´Andorra (BPA) y Luis Alejandro, según la investigación supuestamente empleado de Diego Salazar y de su hombre de confianza Luis Mariano Rodríguez.

Alejandro se la atribuye a El eléctrico, a quien ha ido a buscar al aeropuerto de Panamá para asistir a una reunión con sus abogados y hablar de los problemas judiciales que tienen en Andorra.

El eléctrico es Javier Alvarado, exministro de Energía con Hugo Chávez, uno de los investigados en la trama de Andorra. Laplana, en la conversación intervenida por la Policía, destaca a Luis Alejandro que “no se han recibido pagos de las empresas donde El eléctrico ha tenido poder decisión y por lo tanto nunca te podrán acusar de que él ha influido en ninguna decisión”. Y este responde que “nunca se han recibido pagos….. pero coño, lo que nos dijo El eléctrico no puede decirlo delante de la juez”.

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