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Teodoro Petkoff (85 años) es visitado por un Juez sorpresivamente en su casa para verificar su estado de salud por Fran Tovar – El Pitazo – 1 de Septiembre 2017

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El juez, Aris José La Rosa visitó al director del diario Tal Cual acompañado de efectivos de la GN y un médico forense para “verificar” el estado de salud de Petkoff

El director del diario Tal Cual, Teodoro Petkoff fue sorprendido en su vivienda al recibir una visita del juez, Aris José La Rosa, quien tenía como objeto confirmar por qué Petkoff no asistía a los tribunales.

Tales medidas de presentación habían sido impuestas por el tribunal, luego de que Diosdado Cabello emitiera dos denuncias hacia el director del medio.

Aproximadamente a las seis de la tarde del día martes, La Rosa se presentó en compañía de la Guardia Nacional (GN), quienes tomaron las áreas comunes del edifico en el que vive Petkoff.

La familia y la hija del director atendieron al juez y a los funcionarios de la GN. También los acompañaba un medico forense para “verificar el estado de salud de Petkoff”.

Por otro lado, La Rosa afirmó que tal visita se realizó porque el abogado de Petkoff, no remitió los exámenes médicos sobre el estado de salud del director, ni hizo acto de presencia en el tribunal durante los últimos meses. Sin embargo, el mismo abogado defensor, Humberto Mendoza D´Paola desmintió esos argumentos, así lo reseñó el mismo diario Tal Cual.

No obstante, a Mendoza le llamó la atención no haber sido notificado de la visita que realizaría el juez, debido a que su concurrencia en los tribunales es significativa.

Petkoff, fue demandado por Cabello en conjunto de Manuel Puyana, Juan Antonio Golía y Francisco Layrisse, integrantes de su junta directiva.

La demanda se basó en un artículo de opinión escrito por Carlos Genatios, agregado también en la denuncia, además de la replica de una información en la que, Leasmy Salazar, ex guardespaldas de Cabello, declaró que el político tenía relaciones con el narcotráfico, la noticia era original de ABC, diario de España.

Ha transcurrido más de un año desde aquellas denuncias.

Según, Mendoza “es clarísimo que ha operado la prescripción procesal de ambas acusaciones”, quien además reiteró al juez encargado que “está incurriendo en denegación de justicia, pues llega al extremo de no responder las peticiones”, lo que calificó como un “comportamiento fuera de ley”.

 

Fiscalía de NY y Oficina de Libertad Condicional exigen cadena perpetua para narcosobrinos por Maibort Petit – La Patilla – 27 de Agosto 2017

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la Oficina de Libertad Condicional, órgano adscrito al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, exigieron al tribunal sentenciar a cadena perpetua a los dos sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas acusados de conspirar para traficar 800 kilos de cocaína desde Venezuela a los Estados Unidos, vía Honduras, publica Venezuela al Día.

En sendos informes el gobierno de los EEUU argumenta que los acusados cometieron el delito de conspiración para traficar narcóticos, para lo cual cometieron una serie de faltas a la ley que en su totalidad se convierten en una base para que sean condenado a permanecer en la cárcel de por vida.

La defensa considera que una sentencia de cadena perpetua “es desproporcionadamente grande para castigar la conducta ofensiva real de los demandados que el gobierno logró probar durante el juicio que concluyó con un veredicto de culpabilidad el 18 de noviembre de 2016”.

Los acusados recibirán sentencia el 12 y 13 de septiembre de 2017, según lo estipulado por el calendario procesal de la corte federal de Manhattan. Leer más de esta entrada

Mar de leva por Ramón Peña – La Patilla – 20 de Agosto 2017

La justicia se hizo a la mar huyendo de la injusticia. La Fiscal General de la República logró evadir el asedio de los sabuesos del hampa oficial. Se salvó, como esos testigos que saben mucho y buscan protección para no ser decapitados por la mafia. El cabo de San Román, el punto más septentrional de nuestra tierra firme, desde donde en las noches claras se atisban las luces de la isla de Aruba, se convirtió para la Fiscal en cabo de Buena Esperanza. Ya no la alcanzan las amenazas de esa perturbadora fémina del aquelarre revolucionario, musa de los pranes, quien con su odio espontáneo le había ofrecido un traje fucsia para su enrejado destino. Para provocar mayor ansiedad en los predios revolucionarios de Alí Baba, la Fiscal no viaja sola, además de su esposo el diputado, la acompaña también un fiscal anti corrupción, probablemente con un pen drive bien documentado.

Este régimen pasará a la historia, más como un escandaloso caso judicial que como un fenómeno político por la suma y dimensión de sus delitos: corrupción, cuantificada en más de 350 mil millones de dólares, participación activa en narcotráfico, asociación con bandas forajidas como las Farc y otras organizaciones terroristas, acumulación de fraudes y trampas electorales, y muchos otros. Su huella moral –o inmoral- será superior a todo su despropósito en el plano político.

Por eso es significativa la fuga de la Fiscal, como lo ha sido la de testigos de cargo que ya han solicitado refugio en Estados Unidos y otros países, a cambio de evidenciar fechorías de todo orden. Vivimos una dictadura, pero de tan bajo pelaje, que comparada con las tiranías militares de la segunda mitad del siglo XX en Argentina, Brasil, Chile, Perú o Uruguay, éstas se nos antojan cada vez mas presentables.

Venezuela: ¿una Justicia a medida? por José Gayarre – Deutche Welle – 18 de Agosto 2017

Los cambios propuestos por las autoridades de Justicia venezolanas apuntan a endurecer las penas contra los “traidores a la patria”. ¿Hay legitimidad para esos cambios?

El curso del cambio en Venezuela continuó esta semana con el acto que ratificó en el cargo al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, ante la Asamblea Nacional Constituyente. Moreno aprovechó la sesión para esbozar reformas en la administración de Justicia, apelando incluso a “revolucionar el sistema judicial”.

Entre otras cosas, el presidente del TSJ propuso un aumento del límite de las penas en casos de delitos graves como homicidio, traición a la patria o terrorismo, llegando a pedir hasta 50 años de prisión. “Las penas de los delitos graves que más daño le hacen a la sociedad nos parece que no corresponden a la magnitud del daño causado. Se requiere que se revise el tope de 30 años previsto en nuestra Constitución”, aclaró Moreno. Leer más de esta entrada

Cómo son los procesos militares en contra de civiles detenidos en Venezuela – BBC Mundo – 6 de Junio 201

A través de los testimonios de tres detenidas en la ciudad de Valencia, BBC Mundo reconstruye cómo son los procesos militares a civiles que la oposición, ONGs y hasta la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, han criticado por “inconstitucional”

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Civiles están siendo puestos a disposición de la justicia militar, algo que muchos consideran inconstitucional

Cristina, Laura y Ana ya no pueden protestar. Si acuden a una marcha de la oposición contra el gobierno de Venezuela, serán detenidas. Sopesan ir el fin de semana a la playa en una “operación encubierta”, porque tampoco pueden salir del estado Carabobo. Y eso significa que un baño en el mar también podría llevarlas a la cárcel. Las tres jóvenes -cuya identidades reales prefieren proteger por temor a represalias- apenas superan los 20 años.

El 15 de mayo fueron detenidas en Valencia, a unas dos horas en auto desde Caracas. Su delito: participar en una de las miles de protestas en contra del gobierno que desde hace más de dos meses se suceden en Venezuela. Son apenas tres de las más de 200 personas que han sido detenidas y puestas a disposición de la justicia militar en el estado Carabobo.

Esta medida fue la primera en aumentar el nivel del Plan Zamora, con el que el gobierno quiere contener las manifestaciones. En hechos vinculados con la actual ola de protestas se registraron ya más de 60 muertes. Y el Plan Zamora -que el presidente Nicolás Maduro activó el 18 de abril, y que pasó a segunda fase en Carabobo y luego en Táchira y Barinas, entre otros estados- se ha plasmado en que civiles han debido responder ante tribunales militares.

La oposición, ONGs, organismos internacionales, la fiscal general, Luisa Ortega, y el defensor del pueblo, Tarek William Saab, han criticado estos procedimientos. “Nosotros creemos que es contrario a los mandatos y principios emanados de la Constitución”, dijo el 24 de mayo la fiscal, la voz más crítica desde el Estado en contra el gobierno, en este momento. “Viola el principio del juez natural. Así como también los instrumentos suscritos y ratificados por la República en materia de derechos humanos”, aseguró Ortega.

Con el testimonio en Valencia de Cristina, Laura y Ana reconstruimos cómo es el polémico proceso.

1. La detención

Como era costumbre, Cristina salió con un amigo el lunes 15 de mayo para participar en el plantón de protesta en contra del gobierno. Lo hizo con su capucha y con el guante con el que recoge bombas lacrimógenas que lanza de vuelta a la Guardia Nacional.

El gobierno cataloga como violentas la mayor parte de las protestas. La oposición, a su vez, critica la fuerte represión.

“Cien motos en hilera con dos guardias en cada una arrancaron. Me quedé paralizada, rodeada por la policía. Corrí hacia un comercio”, recuerda Cristina. “Entré y al poco lo hizo un guardia. ‘Se me sale todo el mundo de aquí’, gritó. Y lanzó una bomba lacrimógena en el interior”, relata la joven, quien afirma que agarró el artefacto humeante y lo expulsó a la calle.

“Por el celular pude avisar a mi novio. Le dije: ‘Me están llevando presa. Me agarraron, no sé a dónde me llevan”, cuenta. En el comercio se refugiaron siete manifestantes. Entre ellos también Ana y Laura, que acudieron juntas a la protesta. Todos fueron subidos en un camión.

2. “Bienvenidos a su nueva casa”

Al sur de Valencia se encuentra Ciudad Chávez, una urbanización planificada con unos 4.000 nuevos apartamentos que fueron entregados desde julio de 2005 a familias en condición de pobreza extrema o situación de riesgo, según las autoridades.

“Ciudad Chávez es un sueño de nuestro líder eterno, Hugo Chávez”, dijo entonces el gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach, un exmilitar cercano al comandante que dirigió Venezuela de 1999 hasta su muerte en 2013. Cuando uno pasa la verja de entrada al complejo, lo primero que encuentra a la derecha es un destacamento de la Guardia Nacional, la policía militarizada.

“En este comando Chávez vive”, se lee en un gran cartel a la entrada.

“Bienvenidos a su nueva casa, bienvenidos a Ciudad Chávez”, dice Cristina que fue el mensaje de uno de los guardias al llegar a ese destacamento.

“Nos tomaron los datos, nos metieron en la celda a 19 personas juntas”, cuenta.

“Había guardias buenos y malos. Uno me dijo: ‘Tú no vas a salir y si sales, te agarramos y te volvemos a meter'”, recuerda Laura, mientras rememora el suceso ya con una tranquilidad que le faltó entonces.

Ana recuerda cómo la insultaron en el camión y cómo durante el trayecto a uno de sus compañeros le pasaban continuamente por la cara y el cuello un guante con gas pimienta, que provoca un gran escozor. Las 19 personas estuvieron dos días y medio en el destacamento. En ese tiempo, sus familiares, apostados en la verja, preocupados, les suministraban la comida, que no siempre llegó a sus manos. No hubo aseo y en ese tiempo durmieron en el piso.

“Los guardias preguntaban: ‘¿Quién se ofrece a limpiar el baño?’ Agarraban a una persona y le hacían limpiar el baño. A las mujeres nos tratan mejor que a los hombres”, constata Laura. “No nos tratan mal, pero tampoco la pasamos bien”, acota Ana.

3. La audiencia

Tras más de 24 horas en el destacamento, la noche del martes 16 de mayo comenzó la audiencia en el comedor, adonde llegaron en fila, sujetando los hombros de quien les antecedía.

“Un guardia me dijo: ‘Eres guarimbera (manifestante), no vas a salir de aquí'”, recuerda Cristina.

En dos filas, los 19 detenidos se presentaron ante la jueza militar Luz María Santafé Acevedo. Esa vez no hubo guardias armados con fusiles, como sí sucedió en las primeras visitas, según cuenta Luis Armando Betancourt, coordinador en Carabobo de la ONG Foro Penal Venezolano, que ha defendido a los manifestantes en estas audiencias.

Los tres fiscales les imputaron a los 19 los mismos cargos: vilipendio, instigación a la rebelión y ultraje al centinela. “Cuando hay una agresión sobre el centinela, o sobre un efecto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, perfectamente se incurre en un delito militar y puede conocer la jurisdicción militar”, dijo el ministro de Defensa, Vladimir Padrino para justificar que los civiles sean juzgados en tribunales militares.

Y el Código Orgánico de Justicia Militar, anterior a la Constitución vigente, sí permite que esa jurisdicción penal se aplique a delitos de naturaleza militar cometidos por civiles.

“La derecha terrorista ha instigado a la rebelión, que es un delito penal militar, así como también ha cometido delitos de ultraje al centinela y destrucción de bienes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, dijo en mayo el ministro del Interior, Néstor Reverol, para defender el Plan Zamora en el estado Carabobo.

Pero el artículo 261 de la Constitución de 1999 dice que la jurisdicción militar sólo es válida para los militares.

Una vez leídos los cargos en Ciudad Chávez, cada uno de los 19 fue entrando de nuevo en la sala para responder a las preguntas de fiscales y abogados. Pero la luz se fue y la audiencia se aplazó. Y lo que en principio generó desesperación terminó siendo una ventaja. El grupo se favoreció de que era gente muy conocida en redes sociales y de que contaban con familias influyentes en Valencia. Mientras los 19 pernoctaban en un cuarto aún más pequeño que el primero, y sin saber cuánto más tiempo estarían detenidos o si la juez decretaría una privación de libertad de 45 días, se sucedían las llamadas.

“Ese día nos dijeron que salíamos”, recuerda Cristina. Era ya miércoles 17 de mayo.

“El comandante dijo: ‘Todos ustedes van a salir, ya me tienen harto, me ha llamado gente que ni puta idea conozco'”, recuerda con detalle.

Por la noche se reanudó la visita y al final, ya en la madrugada del jueves 18, la jueza ordenó medidas cautelares y la libertad.

4. Las consecuencias

Ahora las tres jóvenes y sus 16 compañeros se deben presentar cada cinco días en un cuartel militar, no pueden salir del país ni del estado Carabobo ni participar en manifestaciones. Cristina recuerda haber visto hace unos días una camioneta del servicio de inteligencia a su espalda. Cree que la siguen.

“Ese terror queda sembrado en ellos. El terror está ahí”, lamenta Betancourt.

Pese a todo, Ana, Laura y Cristina tuvieron suerte. En la verja del destacamento de la Guardia Nacional de Ciudad Chávez el miércoles 31 de mayo había tres madres. Sandra, serena, le llevó comida a su hijo, que llevaba detenido en el retén 25 días. Lo acusan de participar en saqueos y de robar dos cajas de cervezas. “Mi hijo dice que ni se las bebió”, bromea su madre. A su lado, una señora mucho más mayor, llora. Dice que a su hijo lo golpearon cuando denunció que no pudo verla el Día de la Madre. Otra grita desconsolada. Ha escuchado que su hijo será trasladado a una cárcel.

“Uribana”, le grita el guardia nacional que conduce la camioneta que lo traslada. Es el nombre de una prisión en Barquisimeto, a 220 kilómetros de Ciudad Chávez. Allí, como muchos otros, esperará una nueva audiencia militar que determinará si hay o no juicio.

“Entrar a una prisión de esas es como perder la vida”, dice el abogado Betancourt.

Esa perspectiva genera temor. “A mis amigas sus padres les prohíben salir a las marchas”, afirma Laura. “Carabobo se apagó después de esto”, añade apenada Cristina.

 

General Motors confirma que cesa operaciones en Venezuela – Yo Soy Venezolano – 2 de Junio 2017

Estes viernes General Motors confirmó su decisión de cesar operaciones en Venezuela, luego de que una medida del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de embargo de la planta de ensamblaje en Valencia, Carabobo.

La empresa emitió un comunicado en que explican que no recibieron respuesta a sus esfuerzos de diálogo con las autoridades.

A continuación el comunicado completo de la automotriz:

Como ha sido del conocimiento de las autoridades y de la opinión pública, General Motors se vio forzada a cesar sus operaciones en Venezuela tras la medida de “amplio embargo” contra sus bienes, la cual fue emitida el pasado 18 de Abril en total desconocimiento al derecho a la defensa y al debido proceso, causando un daño irreparable a la compañía, a sus trabajadores y ocasionando la terminación de las relaciones laborales.

A pesar de las numerosas peticiones de General Motors para reunirse con las autoridades Venezolanas, discutir la situación y encontrar una solución, la empresa no recibió ninguna respuesta afirmativa.

El pasado 25 de mayo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció declarando como inadmisible la solicitud de avocamiento presentada por General Motors, luego de la medida de amplio embargo judicial contra sus bienes, con seis votos de los siete magistrados que integran la sala. El voto salvado corresponde a la posición de la magistrada Carmen Zuleta de Merchán.

La compañía ratifica que ejercerá vigorosamente todas las acciones legales a su alcance dentro y fuera de Venezuela, en busca del resarcimiento de todos los daños injustamente originados en su contra.

Empleo de Justicia Militar contra civiles – Boletin Provea – 15 de Mayo 2017

Sobre la inconstitucional aplicación, de manera sistemática y generalizada, de la jus- ticia militar contra civiles en el país, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) expresa las siguientes consideraciones:

1.- Desde el año 2005 Provea alertó sobre el inicio de un proceso de criminalización de la protesta en el país. Además de la descalificación desde el alto gobierno a la protesta pacífica, que incluyó la lamentable frase del ex presidente Hugo Chávez de ordenar “lanzar gas del bueno” a los mani- festantes, se empezó a procesar en tribunales a quienes ejercían el derecho a la protesta.

2.- Como antecedente destacamos que, según los regis- tros de Provea, durante las grandes manifestaciones por motivos políticos que se realizaron entre los años 2002- 2003, muy pocas personas fueron detenidas, y las que eran privadas de libertad fueron liberadas a las pocas horas o días.

3.- A partir del 2005 hubo un incremento de la protesta so- cial, vinculada principalmente a reclamos laborales y de- mandas de las comunidades por malos servicios públicos. Ese año se inició el proceso creciente de criminalización de la protesta social. La reforma de Código Penal Venezola- no (CPV) introdujo nuevos tipos penales para sancionar mecanismos de protestas empleados históricamente por diversos sectores de la sociedad, propiciando con ello un aumento en la judicialización de las luchas y la penalización de sus protagonistas.

4.- Muchas personas detenidas en protestas, desde los años 2005 hasta el 2014, eran presentadas por el Ministe-

rio Público ante tribunales. Cerca del 50% de las personas detenidas y procesadas penalmente, eran objeto de medi- das cautelares y sometidas a regímenes de presentación periódica. En pocos casos registrados en este período los manifestantes fueron privados de libertad. El caso más emblemático fue el dirigente sindical Rubén González, encarcelado por más de un año por dirigir una huelga, pro- cesado durante cinco años hasta su libertad plena.

5.- Antes del ciclo de protestas registrado entre los meses de febrero y junio de 2014, cerca de 3.000 personas esta- ban sometidas a regímenes de presentación en distintos tribunales civiles del país. Algunas de estas estuvieron en esta situación por más de siete años y no podían salir de la ciudad donde vivían.

6.- Sólo durante las protestas de 2014 se detuvo de mane- ra arbitraria a por lo menos 3.127 personas. De ellas, 2.026 fueron presentadas en tribunales quedando privadas de libertad 114 y 1912 bajo régimen de presentación, sem- anal, quincenal o mensual.

7.- En 2012 se empezó a aplicar la justicia militar contra la protesta social. Ese año cinco sindicalistas y cinco indí- genas, además de un estudiante, fueron procesados por los delitos de “ultraje al centinela” y “violación de zonas de seguridad”.

8.- Entre 2012 y 2016 aproximadamente 100 civiles se encontraban procesados en la justicia militar. Entre ellas amas de casa que discutieron con guardias nacionales en las colas por comprar comidas y algunas personas detenidas en Operativos de Liberación del Pueblo (OLP) en una clara aplicación de la justicia militar a los más pobres. Igualmente se aplicó a dos activistas políticos entre ellos el Diputado Gilber Caro.

9.- Con la Rebelión Popular que se inició la primera semana de abril del 2017, el gobierno aplicó el denominado “Plan Zamora” y como parte de él una mayor militarización de la sociedad venezolana. En la ejecución del Plan y ante la ac- titud del Ministerio Público de no imputar a manifestantes o no solicitar la privativa de libertad como aspira el gobierno, se recurre a un uso más intenso de la Justicia militar para juzgar a civiles detenidos en el marco de las protestas.

10.- Al 12 de mayo de 2017, según cifras del Foro Penal Venezolano, un total de 237 civiles detenidos en el contexto de protestas habían sido presentados en los tribunales mil- itares de los cuales a 155 se les había privado de libertad, muchos de ellos enviados a la cárcel de Ramo Verde en el estado Miranda y a la cárcel 26 de Julio en San Juan de los Morros estado Guárico.

11.- La aplicación arbitraria e inconstitucional de la justicia militar a civiles es una escalada de la criminalización de la protesta, pero también de la violación de los derechos humanos en el país. Encuadra dentro de la estrategia defin- ida por el gobierno de considerar a los sectores críticos al gobierno -delineada en el decreto de estado de excepción y emergencia económica-, como un “enemigo interno” que hay que derrotar, violando así los derechos y garantías con- stitucionales.

12.- La justicia militar no es para civiles. Es una abierta violación del derecho a ser juzgado por el juez natural: ci- viles deben ser procesados por jueces civiles. Es una vio- lación al debido proceso porque no es un tribunal indepen-

diente quien juzga, artículos 49 y 261 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los jueces y fiscales mili- tares son designados por el Ejecutivo Nacional y responden de manera obediente a las órdenes que les impartan.

13.- Advertimos que de continuarse por este camino, la justicia militar no solo se seguirá aplicando a quienes pro- testen cuestionando la dictadura. Se extenderá a sectores que aun simpatizando con el gobierno, reclamen derechos. Es una política gubernamental contra el descontento y la protesta social. Las cárceles lamentablemente se seguirán llenando de pobres que reclaman derechos y de activistas políticos que luchan por la democracia.

14.- Otro de los objetivos de la aplicación de justicia mili- tar contra civiles es anular, por la vía de los hechos, las competencias del Ministerio Público, titular de la acción penal en el país. La Fiscalía, a raíz de la protesta popular ha iniciado un proceso de reinstitucionalización, que difiere del actual copamiento de la mayoría de las instituciones públi- cas por parte del Ejecutivo.

A pesar de este escenario de abierta represión y graves amenazas para los derechos humanos, recordamos que la historia ha demostrado que los pueblos unidos y decididos pueden derrotar a los gobiernos más represivos y arbitra- rios. Las dictaduras del Cono Sur; la de Somoza en Nicara- gua; la de Pinochet en Chile y la de Fujimori en Perú fueron derrotadas por la perseverancia del pueblo en luchar por la democracia, resistir a la represión y tomar las calles en for- ma masiva reivindicando derechos. La dictadura en Vene- zuela también puede ser derrotada. Sigamos adelante con la primera Rebelión Popular del Siglo XXI en Venezuela.

El general Padrino por Oswaldo Páez-Pumar – 10 de Mayo 2017

 

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¿Acaso el general Padrino habrá oído alguna vez la frase: ‘la justicia militar es a la justicia lo que la música militar es a la música’? Es posible, pero no probable, aunque si llega a leer este artículo o se lo cuentan quedará familiarizado con ella. Me atrevo a conjeturar que no la ha oído por su reciente justificación del enjuiciamiento de los civiles por los militares.

Su declaración refleja ignorancia, no de la frase sino del concepto de justicia, pues de ella puede colegirse que para Padrino la justicia está en el punto donde él la sitúa y no en ‘la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo’; y como quiera que cuando la justicia se coloca en el lugar que le conviene a quien dice que va a administrarla, esta pasa de ser una institución pública al servicio del pueblo a ser una institución privada al servicio de quien la administra.

Es la misma justicia que administró Don Vito, porque sepa usted lector que todas esas cosas que se cuentan del padrino él nunca las consideró arbitrariedades, ni crímenes, sino actos de justicia, mirada desde luego desde su propio punto de vista, que no es otro, para volver a lo de la música que: pran pan pan pan pran pan pan pran pa pa pa pa papá.

Los dos padrinos sitúan la justicia en el mismo punto. Y la forma más sencilla de operarla para que cumpla con su cometido es administrarla directamente por el interesado. Es por eso que Marx formuló la frase con la que inicio este pequeño artículo, porque su intención fue señalar cuán lejos se encuentra la justicia militar de la verdadera justicia, tan lejos como lo puede estar el citado “pran pan pan…” de una tocata y fuga del Juan Sebastián.

Como si no fuera suficiente esta administración de justicia por quien es parte interesada, institucionaliza la pena de muerte proscrita en la constitución aplicable a quien proteste y previa al juicio, donde el más grave de los delitos imputados es “traición a la patria”, a sabiendas de que fueron Chávez, Maduro y los generales de su compañía quienes han conspirado aliados con una nación extranjera, Cuba, para cambiar la forma republicana que se ha dado la nación (Código Penal: dixit) y lo siguen haciendo, rodilla en tierra, no para resistir sino en señal de rendición, de la cual el proyecto de “constituyente comunal” no es señal sino prueba inequívoca.

General no pierda tiempo en leer “Das Kapital” para ubicar la frase, es muy tarde para que usted se dé un toque ideológico, ni acuda al Juan Sebastián Bar, creyendo que ahí se trama la fuga de los presos. El Juan Sebastián es Bach; y la frase no es Karl, es de Groucho.

 

 

 

Derechos, presos y exiliados en Navidad por Alberto Arteaga Sánchez – El Nacional – 20 de Diciembre 2016

Arteaga-apropiarselo-Foto-Archivo-Nacional_NACIMA20141205_0198_6Según nuestra Constitución, una y otra vez invocada y permanentemente desconocida, la vida debe ser respetada y ninguna autoridad podrá aplicar pena de muerte (artículo 43); la libertad es inviolable y hay derecho a ser juzgado en libertad como regla (Artículo 44); no hay pena de extrañamiento (Artículo 50); toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario (Artículo 49); y, para no seguir con el enunciado de normas de la Ley Fundamental, el Estado se ha comprometido con un sistema penitenciario rehabilitador y respetuoso de los derechos humanos, descentralizado y de preferencia por fórmulas abiertas o no reclusorias de cumplimiento de penas (artículo 272).

Evidentemente, se trata de dispositivos absolutamente extraños a nuestra realidad y del contraste con hechos del dominio público que nada tienen que ver con la letra y el espíritu de la ley.

Las “zonas de paz” y las denominadas “OLP” son operativos que se llevan a cabo al margen de toda legalidad y con efectiva aplicación de ejecuciones de hecho; la detención sin orden judicial, sin flagrancia y amparadas en un pretendido carácter preventivo que se prolonga sine die, es la regla; cualquier ciudadano puede ser declarado sospechoso y quedar encarcelado sin más, bajo cargos de supuestos delitos no acreditados en forma alguna; y el régimen penitenciario se presenta con la cruda realidad de un sistema que para resolver el caos carcelario y el hacinamiento “no permite el ingreso de nuevos presos, que ya alcanzan el número de 40.000, alojados en celdas de retenes policiales por tiempo indeterminado”, según investigación de Una Ventana a la Libertad.

Y, para completar este tétrico panorama, a la violencia exacerbada se une la impunidad por los más graves delitos y la persecución abierta contra toda forma de expresión disidente, bajo los cargos de desacato, resistencia a la autoridad, asociación para delinquir, conspiración o graves ofensas a los “altos dignatarios públicos”.

En esta época de Navidad, ante la realidad descrita que nos golpea en la cara y se coloca de espaldas a nuestra Constitución, norma fundamental y pacto de convivencia democrática, se impone la más seria reflexión y el justo reclamo por la satisfacción de estas exigencias de justicia que se unen al clamor de condiciones mínimas de subsistencia, ajustadas a la dignidad humana.

Los presos políticos, recluidos en las cárceles de la crueldad negados por el régimen, deben ser puestos en libertad sin condiciones; los exiliados, cumpliendo penas de extrañamiento de hecho, deben regresar al país en pleno disfrute de sus derechos; los que sufren restricciones indebidas en su libertad de movimiento deben incorporarse de lleno a la vida ciudadana; y los encarcelados en retenes policiales, en condiciones infrahumanas o en establecimientos con régimen militarizado, sujetos a procesos o cumpliendo penas que pueden ser sustituidas por fórmulas alternativas a la prisión, deben recuperar sus derechos en el concierto de una Venezuela que responda a la exigencia fundamental del respeto irrestricto a los derechos humanos.

La Navidad, con mesa de diálogo o sin ella, debe tener el aliento de un país que exhiba señales de reconciliación, ambiente propio del Dios que se hizo como nosotros con un mensaje de paz, de concordia, de entendimiento de buena voluntad y de justicia.

¿Juicio político al presidente? por Alberto Arteaga Sánchez – El Nacional – 19 de Diciembre 2016

Alberto-Arteaga-Raul-Romero-Archivo_NACIMA20150829_0071_6-180x180En Venezuela, “Estado torcido” y no de Derecho –a pesar de que la Constitución proclama que tenemos un Estado de Derecho y de Justicia, imponiéndose la voluntad de un hombre y no la de la ley– brilla por su ausencia la forma de hacer efectiva la voluntad contenida en las normas; esto es: un verdadero proceso con un juez imparcial e igualdad entre las partes.

La justicia penal, en particular, se ha convertido en un instrumento político, escenario para resolver conflictos de poder con la máxima efectividad de la amenaza para el bien más importante después de la vida, como es la libertad.

La lucha por el poder se ha servido del más perverso de los recursos, como es la utilización de la justicia, como instrumento de venganza y retaliación política. Leer más de esta entrada

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