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Por qué es mentira que Guaidó se autoproclamó presidente de Venezuela – El Estimulo – 4 de Febrero 2019

VENEZUELA-CRISIS-OPPOSITION-DEMO

La ONG de derechos civiles Acceso a la Justicia señaló en un reciente informe que es equivocado afirmar que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (parlamento), hoy reconocido como presidente interino por unos 50 países, se “autoproclamó” cuando se juramentó  el 23 de enero ante  una multitud como “presidente interino de Venezuela. El término es una interpretación errónea,  empleada especialmente por medios internacionales cuando hablan sobre la actual crisis política, dice la organización al explicar por otra parte por qué el actual mandato de Maduro es ilegítimo.

¿Por qué Juan Guaidó no se autoproclamó?”, titula su informe la ONG también llamada Observatorio Venezolano de la Justicia”.

“El pasado 23 de enero, el diputado por el estado Vargas y actual presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó Márquez, en medio de una multitudinaria concentración de ciudadanos y ante la presencia de los diputados e integrantes de la junta directiva del Parlamento, se juramentó y asumió de forma interina el cargo de presidente de la República, tras la usurpación por parte de Nicolás Maduro Moros, declarada por el órgano parlamentario mediante acuerdo del 15 de enero de este año, en una sesión formal”, destaca el texto.

La juramentación  fue calificada por muchos medios de comunicación social internacionales como “autoproclamación”, e incluso por las Naciones Unidas en su nota de prensa sobre la sesión de emergencia del Consejo de Seguridad del pasado 26 de enero.

Acceso a la Justicia considera pertinente aclarar que el uso de la palabra “proclamación” o “autoproclamación” no resulta adecuado en cuanto tiene un significado y alcance jurídico distinto a lo realmente ocurrido el 23 de enero, por las siguientes razones:

Según el derecho venezolano, en concreto el artículo 153 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Gaceta Oficial n.° 5.928 Extraordinario del 12 de agosto de 2009), el acto de proclamación consiste en declarar los resultados del escrutinio de un proceso electoral por medio del cual se reconoce a los candidatos que han sido electos en una contienda y en consecuencia, es el acto que pone fin a los comicios.

Por su parte, la juramentación, es un acto solemne que implica el acatamiento o promesa de fidelidad a la Constitución y las leyes para el acceso a los cargos públicos, tal como lo consagra el artículo 1 de la Ley de Juramento (Gaceta Oficial n.° 21.799 de fecha 30 de agosto de 1945), cuyo texto reza: “Ningún empleado podrá entrar en ejercicio de sus funciones sin prestar antes juramento de sostener y defender la Constitución y Leyes de la República y de cumplir fiel y exactamente los deberes de su empleo”.

En este sentido, las palabras “proclamación” y “juramentación” no son lo mismo. La primera implica la declaratoria de vencedor de un candidato en un proceso electoral, y la segunda expresa la lealtad a la Constitución y las leyes, que fue lo que hizo el diputado Juan Guaidó el 23 de enero.

Por tanto, es erróneo sostener que Guaidó se “autoproclamó”, pues él no se declaró a sí mismo ganador de una elección, ni siquiera fue elegido como presidente de la República, sino que fue designado como tal de manera temporal por la AN por la usurpación del cargo por parte de Maduro al no haber sido, técnicamente hablando, electo el 20 de mayo de 2018.

Preocupación

Por otro lado, nos preocupa que la nota de prensa de la ONU se refiere a Maduro como “presidente constitucional”, cuando este no cumple con los requisitos para ejercer el cargo. Nos basamos en que:

– Las elecciones presidenciales para el periodo 2019-2025 no se celebraron en la fecha constitucional establecida, que era diciembre de 2018 (por ser la más próxima a la culminación del mandato que es el 10 de enero), sino que se realizaron en mayo de 2018, sin ninguna justificación.

– En los comicios de mayo no participó la oposición, ya que fue anulada progresivamente desde 2016, mediante múltiples sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y actos del CNE y la ANC, sino una constituida ad hoc y autorizada para ello a última hora por el órgano electoral.

– A lo anterior se añade que en esos comicios electorales el voto no fue secreto, universal y menos aún democrático, y tampoco hubo observación internacional imparcial ni control durante su celebración, además de muchas otras irregularidades que denunciamos incluso en un recurso introducido ante el TSJ por varias ONG y que fue declarado inadmisible por la Sala Electoral. Vale recordar que un magistrado de esa sala, Christian Zerpa, desertó recientemente a Estados Unidos y dijo públicamente que fue nombrado por su lealtad al Gobierno en diciembre de 2015, así como los otros doce magistrados que fueron designados por la AN saliente y no la actual que era la competente, en un procedimiento que rompió toda regla.

– A  todo lo anterior debe añadirse que la ilegitimidad e inconstitucionalidad de Maduro es sólo el colofón de un camino que empezó el Gobierno desde la elección de la AN en diciembre de 2015 hacia la toma absoluta del poder para lograrlo por medio de formas jurídicas (más de 160 sentencias del TSJ violatorias de la Constitución y de los derechos humanos), lo que se ha constituido en un verdadero golpe de Estado.

Tampoco son legítimos los miembros del CNE al haber sido designados por ese TSJ, y no por la AN como prevé la Carta Magna. Por último, no olvidemos la existencia de la ANC.

En consecuencia, el único órgano legítimo y constitucional en Venezuela es el legislativo, quien no es de extrañar que en el contexto antes descrito haya sido desconocido por los demás poderes desde su elección y en especial, por el TSJ mediante 87 sentencias hasta la fecha, entre las que destaca la n.° 3 de este año de la Sala Constitucional que anula el acuerdo mediante el cual la AN declaró la usurpación de Maduro y designó a Guaidó como presidente interino de la República.

El Gobierno de Maduro no ha sido reconocido por su apego a los derechos humanos y a los organismos internacionales que los protegen.

En 2013, se salió de la Convención Interamericana de DD. HH., lo que se hizo efectivo en 2015, privando a los venezolanos de acudir ante la Corte Interamericana de DD. HH. para denunciar las violaciones a sus derechos. En abril de 2016 se salió de la Organización de Estados Americanos (OEA) y en 2019 se cumple el lapso de dos años para que se haga efectivo, con lo cual de llevarse a cabo podría perderse el acceso también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha sido un instrumento fundamental para los venezolanos.

Reiteramos además que el Ejecutivo es el responsable de la emergencia humanitaria que vivimos en Venezuela y su situación de colapso total, con un estado de excepción continuado y sin límites vigente en todo el país desde enero de 2016, con el que ha tomado control de todo el presupuesto nacional, del rol legislativo a través de decretos-leyes, y ha profundizado el ejercicio del poder.

Control de daños por Luis Manuel Aguana – TIC’s y Derechos Humanos – 27 de Enero 2019

Caricatura LMA 1990 - Con Nombre

Primero el concepto. Lo tomo de un excelente artículo del periodista Oscar Mario Beteta del El Universal de México: “La Teoría del Control de daños señala que ante una tragedia, la primeras medidas que se han de aplicar deben estar enfocadas a estabilizar las áreas afectadas mediante aislamiento y bloqueo. En una especie de terapia intensiva, se debe buscar que los efectos cesen de inmediato. Con ello se impiden daños colaterales” (ver El Universal De la Crisis al Control de Daños, en https://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/oscar-mario-beteta/nacion/2015/07/17/de-la-crisis-al-control-de-danos).

Y eso fue lo que hicieron y continúan haciendo desde el G4 de la antigua MUD al ver atónitos que el 23E Juan Guaidó hizo lo que el pueblo de Venezuela le pedía. No sé si con acuerdo con su jefe político Leopoldo López o no, lo cierto fue que Guaidó obedeció lo que el soberano le pedía a gritos en esa fecha, ahora doblemente histórica. Y eso es lo que no acaban de entender los partidos del G4 quienes integran esa coalición que dirige la Directiva de la Asamblea Nacional, que ni siquiera se dignaron a aplaudir la valentía de su Presidente de afrontar ese mandato popular que no sería y no sigue siendo fácil: que es el pueblo quien decide, no ellos.

Imagino que esos partidos se reunirían después de ese Cabildo y decidirían hacer Control de Daños para aislar y bloquear cualquier decisión trascendente que pudiera tomar Juan Guaidó como Presidente Encargado para encausar de nuevo las decisiones que ya habían tomado conjuntamente en materia de política con ese Acuerdo de la Asamblea Nacional para una transición “a lo Henry Ramos Allup” con negociaciones con el gobierno, que incluyen dejar las estructuras del régimen intactas como lo señalara el mismísimo Henry Ramos Allup en entrevista del año 2017: “…el régimen transicional significa: leyes de perdón y olvido, ley de punto final, comisiones de la verdad, reparación de victimas, procesos especiales –mediatización de la justicia- que es la justicia transicional, y soportamiento y aceptación de lo que se denominan enclaves autoritario, que son las instituciones del antiguo régimen, para señalarlos de alguna manera, que uno se calaría en un régimen nuevo. Es decir Altos Mandos militares, Tribunal Supremo, etc., etc., etc..” (ver Ramos Allup habla sobre la “transición”, en https://youtu.be/zzudMxJGnVU, min 0:52).

Y yo le preguntaría a esa coalición que decidió imponernos esa transición a lo Acuerdo de la Asamblea del 15 de Enero ¿por qué tenemos que “calarnos” esa transición con “enclaves autoritarios” si ya el mundo entero democrático, incluyendo la principal potencia del planeta, reconoció a Juan Guaidó como Presidente Encargado Constitucional, con plenos poderes para desalojar al usurpador de Miraflores y tomar las decisiones que deba tomar para aliviar de inmediato el sufrimiento del pueblo venezolano? Buena pregunta…

Pues la respuesta es que si lo hace, no solo el régimen saldría desalojado sino a todo el colaboracionismo opositor que lo sostuvo, incluidos los partidos de esa Directiva de la Asamblea Nacional, salvo tal vez de la excepción honrosa del partido del Presidente Encargado. Esto es duro decirlo pero hay que hacerlo porque si no reconocemos que el enemigo está en casa no lo podremos sacar. Y esa es la respuesta a la pregunta que yo me hice y media Venezuela también del porque ayer el régimen tuvo voz en ese Consejo de Seguridad con el “Ministro” Arreaza. ¿Por qué pudo entrar al edificio de la ONU en primer lugar?

Si Arreaza habló en la ONU no fue para defender al pueblo venezolano sino a los delincuentes quienes como el pretenden seguir acabando con el pueblo de Venezuela. Y entró con la autorización tácita de la oposición, aunque me duela decirlo ¿Por qué no había allí alguien que hablara por el pueblo venezolano que salió a las calles el 23E? Porque Juan Guaidó no lo nombró porque los partidos del G4-MUD son los que por encima de él tienen ese privilegio, en atención a ese Acuerdo de la Asamblea Nacional. El único nombrado hasta ahora con ese Acuerdo es Gustavo Tarre Briceño en la OEA.

¿De cuando acá Arreaza es Ministro de algo en Venezuela si ni siquiera Maduro es Presidente? Mi insistencia al Presidente Encargado y al resto de la Directiva de la Asamblea Nacional: Rompan ese Acuerdo del 15 de Enero y dejen gobernar a Juan Guaidó para que en nombre de la República designe a quien tenga que designar, comenzando por el Alto Mando Militar y al resto de los principales Embajadores fuera del país. Eso es lo que están esperando los Estados Unidos y el resto de los países que como nosotros los venezolanos estamos desesperados al ver que el delincuente aun hace cadenas desde el poder para joder a los venezolanos.

Nadie entiende porque Maduro sigue en Miraflores. Pero viendo como se desenvuelven las cosas con el grupo de la Directiva de la Asamblea Nacional, se puede entender porque aun sigue allí. Y que por favor no me digan que es para evitar “masacres” del régimen. Esa es la misma excusa que dio Capriles el 2013 al mandarnos a bailar salsa. Que cuente los muertos que si ha habido desde esa lamentable fecha. Cada día que pase  Maduro en Miraflores contabiliza muertos. Si no que lo digan las madres de los niños muertos en las maternidades de todo el país o los enfermos renales. Que no le hablen de masacres al pueblo venezolano.

El Presidente Guaidó debe deslastrarse absolutamente de esa influencia nefasta del G4-MUD y tomar decisiones. ¿Qué serán duras? ¡Claro que lo serán! ¿Qué se va a equivocar? ¡Claro que lo hará! Pero si no se toman decisiones AHORA se pierde la República. Lamentablemente veo que todavía habla como si fuera Presidente de la Asamblea Nacional y YA NO LO ES. Es Presidente Encargado de la República. Si las naciones del planeta no vieron a un Embajador de él en ese Consejo de Seguridad de la ONU, no fue porque Maduro no se lo permitió. Y no puede decir para la historia que había “un Acuerdo” que tenía que respetar. El UNICO ACUERDO QUE PUEDE TENER JUAN GUAIDÓ ES CON EL PUEBLO DE VENEZUELA QUE LO ACLAMO EL 23 DE ENERO DE 2019. Todavía esperamos que no lo defraude…

Guaidó se juramentó como presidente interino, no se autoproclamó por Román Duque Corredor – NDtitulares – 24 de Enero 2019

El constitucionalista explicó que la Asamblea Nacional, a través de su presidente, es el órgano que tiene la facultad para resolver el vacío constitucional de la presidencia

El abogado constitucionalista y exmagistrado de la antigua Corte Suprema de Justicia venezolana, Dr. Román Duque Corredor, aclaró que el acto ocurrido ayer 23 de enero, en la plaza Juan Pablo II, donde diputados de la Asamblea Nacional, dirigentes políticos, gremios, sindicatos, estudiantes y sociedad civil se congregaron, no fue una autoproclamación de la máxima autoridad del parlamento, Juan Guaidó, sino que fue su juramentación como presidente interino. Hecho que responde y cumple con lo establecido en la Constitución de Venezuela en sus artículos: 201, 233, 333 y 350.

“Juan Guadió cumplió con llenar un vacío institucional al asumir la presidencia de Venezuela, por la inexistencia que había de un presidente legítimo para el nuevo período presidencial, por la usurpación de Nicolás Maduro. Conforme al principio que se extrae del artículo 233 de la Carta Magna y no porque exista falta absoluta”.

El constitucionalista explicó que la Asamblea Nacional, a través de su presidente, es el órgano que tiene la facultad para resolver el vacío constitucional de la presidencia, precisando que el Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Ciudadano y el Poder Electoral, por su carácter no representativo de la soberanía popular, carecen de la legitimidad necesaria, para resolver vacíos de los titulares de los poderes públicos, hecho amparado en el artículo 201 de la Constitución.

“Por aplicación de ese principio constitucional a Juan Guaidó, le corresponde ser presidente, y es por ello que se juramentó ante la Directiva de la Asamblea Nacional, que por aplicación del 333 de la Carta Magna, estableció como marco jurídico el cese de usurpación y establecer un Gobierno de transición, para llevar a cabo un proceso electoral libre y finalmente restablecer la institucionalidad quebrantada en Venezuela”.

Duque Corredor rechazó la estrategia de algunos Gobiernos cómplices, para deslegitimar a Juan Guaidó, usando como base la errónea interpretación de que se autoproclamó, así como la falsa realidad de que Nicolás Maduro es presidente y no un usurpador del cargo.

Finalmente expresó “Ha habido un desarrollo del artículo 333, para restablecer la vigencia de la Constitución, desconociendo a Nicolás Maduro, con base al 350, por parte de la Asamblea Nacional, designando a Juan Guaidó presidente interino. No ha habido autoproclamación de Juan Guaidó, sino su juramentación como presidente interino por ser, por derecho, a quien corresponde asumir la las presidencia en los casos en los cuales no exista presidente electo”.

Se abre nuevo horizonte en Venezuela por Jorge López – Yoinfluyo – 24 de Enero 2019

 

Militares sublevados, ciudadanos protestando son el contexto de la juramentación de Juan Guaidó y la crisis del gobierno de Maduro.


México aún identifica a Maduro como presidente de Venezuela


Juan Guaidó juró como presidente encargado Venezuela ante una multitud de ciudadanos congregados en las calle de Caracas. En su calidad de presidente de la Asamblea Nacional realizó el juramento en cumplimiento de la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el hecho ha generado una ola de apoyo internacional a este nuevo gobierno.

“Ante Dios Todopoderoso, Venezuela, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como presidente encargado de Venezuela para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres”, dijo Guiadó.

Los comicios en las que resultó “electo” Nicolás Maduro se consideran como antidemocráticos por lo que no se le reconoce legitimidad al supuesto segundo periodo presidencial que diera inicio el pasado 10 de enero, ante lo cual se le reputa como usurpador.

Miles de venezolanos salieron a las calles este 23 de enero (23E) a manifestarse e inundaron las calles de la capital Caracas y otras ciudades del país. Se registraron enfrentamientos a lo largo del día y se contabilizan, al momento, 26 muertos.

Cabe mencionar que durante la semana un grupo de militares de la Guardia Nacional Bolivariana se rebelaron contra el régimen de Maduro aunque más tarde fueron aprehendidos, además durante las protestas de este 23 se publicó en redes sociales un video de la policía de Carabobo apoyando a los ciudadanos.

Reconocimiento internacional

Una de las reacciones más importantes de la juramentación de Guaidó fue el reconocimiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump al presidente encargado de Venezuela. Muchos otros gobiernos han manifestado ese reconocimiento a la administración de Guaidó.

Nicolás Maduro salió a dar un discurso en el balcón del Palacio de Miraflores, la residencia oficial, con su retórica habitual contra el imperialismo y contra Estados Unidos. No obstante el desmoronamiento de su régimen parece imparable.

Incluso el embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA) fue “sacado” de las reuniones por ya no ser considerado como representante de aquel país.

Ante el amago de Maduro de romper relaciones con Estados Unidos, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo señaló que Maduro carece ya facultades para ordenar ese rompimiento, por su parte Juan Guaidó invitó a todos los gobiernos a mantener sus embajadas en Venezuela.

Países como Canadá, Brasil, Argentina, Paraguay, Perú, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Costa Rica mostraron su apoyo a la juramentación de Guaidó; integrantes del Grupo de Lima, del cual forma parte México, firmaron una declaración, no así nuestro país. En un primero momento el vocero de la presidencia Jesús Martínez Cuevas señaló que no se romperían relaciones con el gobierno legítimamente electo de Venezuela que preside Nicolás Maduro.

Más tarde la cancillería emitió un comunicado en el que se expresó que en apego a los principios constitucionales “México no participará en el desconocimiento del gobierno de un país con el que mantiene relaciones diplomáticas” e hicieron un llamado a que se rechace la violencia política y se busque una salida política a la situación en Venezuela”. Dicho comunicado lo publicó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón.

Este 24 de enero en la conferencia matutina el presidente López Obrador expresó que “no queremos confrontación ni pleito, queremos una relación de amistad con todos los pueblos y gobiernos del mundo” y agregó que de la conjunción de los principios constitucionales se desprende la actitud del gobierno.

“Puede ser que a grupos, personas, gobiernos, no les guste, pero eso es lo que establece nuestra Constitución y hemos protestado respetarla en sus principios”, señaló.

Entre los países que apoyan a Maduro se encuentran Rusia, Bolivia, Turquía y Cuba. Las protestas ciudadanas continúan hasta el momento.

¿Por qué Guaidó es considerado legítimo presidente encargado de Venezuela? por Rodrigo Cruz – El Nacional – 24 de Enero 2019

La juramentación de Juan Guaidó, diputado de 35 años, es considerada como un punto de inflexión en los continuos enfrentamientos entre opositores y fieles al régimen chavista

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El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el líder opositor Juan Guaidó, acaparó la atención internacional al jurar como presidente encargado de su país en una masiva manifestación en la ciudad de Caracas. Un acto que cuenta con un amplio respaldo de la comunidad internacional pero que ha sido duramente condenado por los seguidores de Nicolás Maduro.

Frente a esta polémica, tres reputados constitucionalistas venezolanos explicaron si la acción de Guaidó es legítima y bajo qué argumentos legales se basaron.

Los expertos coinciden en que el inicio del segundo gobierno de Nicolás Maduro (periodo 2019-2025), quien juró ante el Tribunal Supremo de Justicia de su país, organismo que tiene una fuerte influencia del régimen, fue lo que desencadenó la disputa que hoy vemos.

El constitucionalista Ruben Ortíz Córdova remarca que Maduro salió elegido en un fraudulento proceso electoral, realizado el pasado 20 de mayo, el cual fue convocado por una Asamblea Nacional Constituyente controlada por el régimen y no por un organismo electoral, como ordena la Constitución.

“Ese acto no solo lo convierte en un presidente ilegítimo: hace las elecciones desconocidas universalmente”, dijo Ortíz. Por tal razón, considera que lo hecho por Guiadó se ajusta a derecho pues el artículo 233 de la Constitución establece que, ante la falta absoluta de un presidente electo, el presidente de la Asamblea Nacional toma posesión del cargo y convoca a nuevas elecciones en un plazo de 30 días.

“Ante la ausencia de un presidente designado legítimamente por el pueblo venezolano, este señor Juan Guaidó, quien sí fue elegido de manera legítima, debe encargarse de la presidencia pues el periodo constitucional de gobierno de Nicolás Maduro feneció el 10 de enero”, dijo Ortíz. El 10 de enero es el día en que asumen los presidentes electos de acuerdo al artículo 231 de la Constitución venezolana.

De la misma opinión es el abogado José Vicente Haro. “El periodo constitucional del gobierno de Maduro terminó el 9 de enero del 2019 a la medianoche. El 10 de enero debió juramentar en Venezuela un presidente legítimamente electo, es decir, electo en elecciones auténticas, libres, universales y transparentes”, dijo.

De acuerdo a Vicente, la legitimidad del gobierno de Guaidó reside en el artículo 233 de la Constitución. Este, según el experto, es claro al señalar que si un presidente electo no puede juramentar para iniciar su mandato, la presidencia debe encargarse al presidente de la Asamblea Nacional hasta que se designe a un nuevo mandatario que culmine el periodo constitucional de gobierno de seis años.

Es más, el constitucionalista indica que el líder opositor pudo jurar como presidente encargado el 11 de enero e igual hubiera sido un acto legítimo. Sin embargo, dijo que Guiadó habría evaluado si contaba con el necesario apoyo ciudadano e internacional para realizar esa acción. “Yo creo que esperaba estos elementos para proceder con la juramentación”, indica Vicente.

En tanto, Ortíz Córdova dice que la formalidad es que el presidente encargado juramente al cargo ante la Asamblea Nacional, “pero la dinámica política que está viviendo Venezuela hace que lo haga ante la ciudadanía, que es, a fin de cuentas, la representación de la asamblea”.

El abogado constitucionalista Pedro Afonso Del Pino, por su parte, resume lo ocurrido en las últimas horas en su país como una crisis de gobernabilidad y que la autoproclamación del líder opositor Guaidó no le dará una solución al corto plazo a la crisis política, pero que sí servirá como un mecanismo de presión para el régimen.

De acuerdo a Del Pino, el artículo 233 no es aplicable en las actuales circunstancias, pues no hay una falta absoluta del presidente como sostienen sus colegas.

“Si uno analiza lo que viene ocurriendo en Venezuela en este momento no es por una falta absoluta del presidente. Lo que hay es una elección presidencial que no ha sido reconocida por una parte importante del país y de la comunidad internacional”, dijo.

El experto indica que por más impopular que sea el régimen de Maduro, este aún sigue en el poder.

“Sería muy ingenuo creer que el presidente de la República es ahora Juan Guaidó y el gobierno de Maduro ha desparecido. Esto lo que puede conducir es a un proceso de precisiones con factores internos y externos, que haga que el gobierno se siente y pueda renegociar algunas cosas importantes como la celebración de unas nuevas elecciones en condiciones justas”, indica.

El artículo 233 de la Constitución venezolana dice lo siguiente: 

“Serán faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la República: la muerte, su renuncia, la destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo, declarado éste por la Asamblea Nacional, así como la revocatoria popular de su mandato.

Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreto dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional.

Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente o Presidenta de la República durante los primeros cuatro años del período constitucional, se procederá a una nueva elección universal y directa dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva.

En los casos anteriores, el nuevo Presidente o Presidenta completará el período constitucional correspondiente.

Si la falta absoluta se produce durante los últimos dos años del período constitucional, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva asumirá la Presidencia de la República hasta completar el mismo”.

Comunicado Causa R sobre juramentación de Juan Guaidó – 23 de Enero 2019

¿Qué aprobó la Asamblea Nacional? por José Ignacio Hernández – ProDaVinci – 17 de Enero 2019

¿Qué aprobó la Asamblea Nacional?

La sesión del 15 de enero de 2019 ha sido, probablemente, una de las más comentadas de la Asamblea Nacional. Ese día se aprobó el Acuerdoconforme al cual se declaró la usurpación de la Presidencia de la República y se definieron las líneas para recuperar el ejercicio legítimo de la presidencia, con base en los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución.

¿Qué significa eso exactamente?

Para poder analizar qué decidió la Asamblea Nacional, primero debemos comprender la naturaleza del problema que la Asamblea intentó resolver. Como ya expliqué aquí en Prodavinci, el 10 de enero de 2019 inició un nuevo período presidencial, correspondiéndole al presidente electo asumir la presidencia mediante juramento prestado ante la Asamblea. Sin embargo, como el evento del 20 de mayo de 2018 no fue reconocido como una elección válida por la Asamblea Nacional y buena parte de la comunidad internacional, no había presidente electo con capacidad de asumir la presidencia ese día. Al mismo tiempo, Nicolás Maduro fue “juramentado” ante el Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de intentar justificar su permanencia al frente del Ejecutivo.

En realidad, son dos los problemas que la Asamblea Nacional procuró resolver con el acuerdo: 1. El ejercicio de la Presidencia de la República por quien no es presidente electo; y 2. la ausencia de un presidente electo que pueda asumir la presidencia conforme a la Constitución.

La usurpación

Para resolver el primer problema, la Asamblea Nacional declaró la usurpación de la Presidencia de la República. Esto quiere decir que, para la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro ocupa la Presidencia de la República sin tener derecho a ello, con lo cual su ejercicio se basa en actuaciones de facto. Como consecuencia, todas las decisiones del Poder Ejecutivo, desde el 10 de enero de 2019, se tendrían por inexistentes, como indica el artículo 138 de la Constitución.

¿Quién suple la ausencia de presidente electo?

El segundo problema al cual se enfrentó la Asamblea Nacional es quién debe suplir la ausencia de presidente electo. Una posible interpretación sería que, con base en el artículo 233 de la Constitución, el presidente de la Asamblea Nacional debe asumir temporalmente la Presidencia de la República mientras se convocan elecciones en treinta días.

En realidad, esa es tan solo una media verdad. Como dijimos acá en Prodavinci, el artículo 233 no regula qué hacer cuando la Presidencia es usurpada por quien dice ser presidente electo, que fue el problema señalado en el Acuerdo.

Además, el artículo 233 tampoco fue previsto para casos en los cuales la Constitución, por actos de fuerza, ha dejado de aplicarse. Esto es lo que sucede actualmente, pues como se afirma en el Acuerdo, desde la instalación de la ilegítima Asamblea Constituyente la Constitución ha dejado de tener vigencia real.

Es por esto que la aplicación del artículo 233 no puede solucionar este segundo problema: el presidente de la Asamblea Nacional no puede asumir realmente la presidencia, pues la misma está siendo ocupada por la vía de los hechos, como resultado de un proceso de desmantelamiento del Estado de derecho.

La solución que la Asamblea Nacional dio a este problema es, probablemente, el punto más importante del Acuerdo.

La Asamblea Nacional asume progresivamente la titularidad de las competencias del Poder Ejecutivo

Según el Acuerdo, se implementará un proceso progresivo y temporal de transferencia de las competencias del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, mientras dura la usurpación. Tal decisión ha generado dudas: ¿hay ahora tantos presidentes como diputados? ¿Esa solución viola el artículo 233?

Las dudas son comprensibles. Para poder despejarlas, hay que recordar que la crisis política de Venezuela es única: tanto, que no fue prevista expresamente en la Constitución. En esos casos, y con base en el artículo 333 de la Constitución, la Asamblea Nacional como representante del pueblo puede implementar soluciones especiales para atender los problemas no previstos en la Constitución.

Precisamente eso fue lo que decidió la Asamblea Nacional, al declarar que ella asume temporalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. ¿Y en la práctica eso que significa? Según el Acuerdo, esto significa dos cosas. Primero, que Maduro no puede ejercer las competencias de la Presidencia, pues la Asamblea Nacional ha reclamado para sí su titularidad. Segundo, que la Asamblea Nacional dictará las reglas especiales a través de las cuales se ejercerán, excepcionalmente, competencias del Poder Ejecutivo hasta el cese de la usurpación

¿Esa solución está prevista en la Constitución? Ya vimos que la crisis política actual en Venezuela no encuentra una solución específica en la Constitución. Luego, el fundamento constitucional de la decisión de la Asamblea Nacional es el citado artículo 333 de la Constitución, el cual sería la norma constitucional rectora de la transición a la democracia, y que según el Acuerdo permitiría aplicar el artículo 233.

¿Y el presidente de la Asamblea Nacional?

Una vez explicada cuál fue la decisión asumida por la Asamblea Nacional, queda entonces por resolver cuál es el rol de su presidente de conformidad con el Acuerdo.

La Asamblea Nacional, al ser un congreso de personas, no puede llevar a cabo ninguna actividad directamente: los jefes de Estado no pueden llamar o reunirse con la Asamblea Nacional. Precisamente para sortear ese obstáculo es que existe la figura del presidente de la Asamblea Nacional, quien de acuerdo con su Reglamento Interno representa a la Asamblea, incluso, para llevar a cabo sus actuaciones administrativas.

Es por lo anterior que el diputado Juan Guaidó, como presidente de la Asamblea Nacional, puede representarla a los fines de ejecutar las decisiones adoptadas en el marco del Acuerdo. Por ejemplo, y como ha venido pasando, los Jefes de Estado, al reconocer  a la Asamblea Nacional, pueden interactuar con su presidente.

Pero además, el Acuerdo interpretó el artículo 233, a los fines de sostener que esa norma, ajustada a nuestra situación actual, debe implementarse una vez cese la usurpación, con lo cual, según el Acuerdo, Juan Guidó sería además la persona designada para actuar como presidente encargado de la República.

Lo que se desprende entonces del Acuerdo, es que para la Asamblea Nacional es preciso ordenar la sucesión de la Presidencia de la República, entre quien hoy la ocupa ilegítimamente y quien deberá ocuparla de manera legítima una vez cese la usurpación. Los abogados llaman a esto una “condición suspensiva”: Juan Guaidó es el designado para actuar como presidente encargado, pero la implementación efectiva de tal título está suspendida hasta tanto cese la usurpación, de acuerdo con las reglas que dicte la Asamblea Nacional en el marco del artículo 333.

¿Y el artículo 233? ¿Y la juramentación?

Llegado a este punto, algunos preguntarán qué pasó con el artículo 233. ¿El presidente de la Asamblea Nacional está encargado de la Presidencia de la República con base en esa norma? ¿Qué pasó con la juramentación? ¿Debe el diputado Guaidó separarse de la presidencia de la Asamblea?

Una posible interpretación es que Juan Guaidó debe asumir la Presidencia de la República mediante juramento, en el marco de una ceremonia de traspaso de cargo, como sucedió por ejemplo con Octavio Lepage.

Sin embargo, esa interpretación no se ajusta a los dos problemas tratados en el Acuerdo, los cuales, además, no encuentran una directa solución en la Constitución. En especial, la usurpación de la Presidencia impide, por ahora, ejercer efectivamente la Presidencia de la República, tal y como afirma el Acuerdo.

Cabe recordar que la juramentación está asociada con lo que se conoce como “toma de posesión”, esto es, el acto por el cual se asume materialmente el ejercicio de la Presidencia de la República. Tal es el supuesto jurídico de la juramentación, según el artículo 1 de la Ley de Juramento: el juramento es una formalidad necesaria para “entrar en ejercicio” de funciones públicas. La expresión “entrar en ejercicio” implica la posesión material del cargo que es ejercido.

Sin embargo, el Acuerdo sostiene que el presidente de la Asamblea no puede entrar en ejercicio de la Presidencia debido a que ésta es ocupada actualmente por los hechos. Por lo tanto, es necesario adoptar las medidas que permitan cesar esa usurpación para -ahora sí- proceder a la toma de posesión.

Es también por ello que el diputado Guaidó no debe separarse de la Presidencia de la Asamblea: es ese cargo el que le da la cualidad para invocar la aplicación del artículo 233, y el que le otorga el apoyo administrativo necesario para ejecutar las decisiones de la Asamblea Nacional relacionadas con la transición, muy especialmente respecto de la representación internacional del Estado venezolano.

¿Y Juan Guaidó va a dictar actos de Gobierno?

La interpretación en torno a la juramentación también está asociada al ejercicio de actos de Gobierno. Quizás algunos esperen que el diputado Guaidó actúe plenamente como presidente de la República, nombrando ministros, removiendo funcionarios y dictando decretos.

Sin embargo, y como vimos, el Acuerdo señala que debido a la usurpacion, no es posible tomar posesión de la Presidencia de la República ni tampoco ejercer efectivamente sus competencias con decisiones vinculantes. Por ejemplo, es muy fácil dictar un decreto presidencial derogando el inconstitucional régimen de excepción en vigor desde enero de 2016, pero ese decreto será claramente insuficiente para hacer cesar, en los hechos, tal régimen.

Según el Acuerdo, el rol de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea designado para actuar como presidente encargado de la República, se orienta más bien a la representación de la Asamblea Nacional a los fines de implementar las decisiones por ésta adoptadas para promover el proceso de transición.

Ese proceso de transición, según el Acuerdo, debe cumplir los tres objetivos enunciados en el Acuerdo: el cese de la usurpación, la conformación efectiva del gobierno de transición y la celebración de elecciones.  Solo podrá conformarse efectivamente el gobierno de transición una vez se creen las condiciones necesarias para la efectiva implementación del tantas veces citado artículo 233.

Vaticano justificó presencia de un enviado en la toma de posesión de Maduro – El Nacional – 14 de Enero 2019

Alessandro Gisotti, portavoz del país europeo, aseguró que su actividad diplomática promueve el bien común

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El Vaticano justificó hoy la presencia de un enviado en la toma de posesión del segundo mandato de Nicolás Maduro en lo que sería su segundo periodo en Venezuela debido a que “la Santa Sede tiene como finalidad promover el bien común, tutelar la paz y garantizar el respeto de la dignidad humana”.

Por esto, agrega el comunicado, “la Santa Sede ha decidido estar representada en la ceremonia de inauguración de la Presidencia, por el encargado de negocios ad interim de la Nunciatura Apostólica de Caracas (George Koovakod)”.

Añade además que el Vaticano y los obispos del país “continúan trabajando juntos para ayudar al pueblo venezolano, que sufre las implicaciones humanitarias y sociales de la grave situación en la que se encuentra la Nación”.

Maduro tomó el pasado jueves posesión para un segundo período en Venezuela en medio de críticas internacionales, lideradas por Estados Unidos y varios países latinoamericanos, sobre la legitimidad de su nuevo mandato.

A su juramento del cargo únicamente acudieron cuatro presidentes de los 19 países latinoamericanos: el de Bolivia, Evo Morales; el de Cuba, Miguel Díaz-Canel; el de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén; y el de Nicaragua, Daniel Ortega.

Así te hemos contado la toma de posesión de Nicolás Maduro – El País – 11 de Enero 2019

La juramentación del presidente de Venezuela se celebra sin representantes de la UE, Estados Unidos o el Grupo de Lima, con la excepción de México

El presidente del Supremo venezolano, Maikel Moreno, inviste presidente a Nicolás Maduro, este jueves en Caracas. FOTO: REUTERS | VÍDEO: ATLAS

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha asumido este jueves un segundo mandato de seis años, considerado ilegítimo por gran parte de la comunidad internacional, con un país en la ruina y cada vez más aislado. Maduro, de 56 años, ha jurado ante el Tribunal Supremo de Justicia y no en el Congreso, único poder no oficialista, en un acto que ha arrancado a las 10.00 en Caracas (15.00, en la España peninsular). “Juro por el legado de nuestro amado comandante [Hugo] Chávez, por los niños de Venezuela: no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma para defender a la patria”, ha dicho el mandatario ante el presidente del Supremo, Maikel Moreno. “El mundo es más grande que el imperio estadounidense y sus satélites. Aquí está presente ese mundo”, manifestó después el líder chavista ante las delegaciones internacionales que asisten a la ceremonia.

¿Qué fue lo que pasó con la “juramentación” de Nicolás Maduro ante la ANC? por José Ignacio Hernández – ProDaVinci – 24 de Mayo 2018

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Sin mayor anuncio previo, el 24 de mayo de 2018 Nicolás Maduro informó que ese día acudiría a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para juramentarse “como Presidente Reelecto de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2019-2025, por voluntad del pueblo libre y soberano”.

Hacía días que el tema de la “juramentación” de Maduro había sido objetivo de diversas noticias informales, especialmente, luego de que pasadas las siete de la noche del 21 de mayo de 2018, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de cuenta twitter, informara que Nicolás Maduro había interpuesto una “demanda de interpretación” ante la Sala Constitucional.

Al menos para el momento de la “juramentación” ante la ANC, el TSJ no había anunciado ninguna decisión en torno a la “demanda de interpretación” presentada.

¿Qué conclusiones pueden extraerse de todo esto?

Lo que dice la Constitución y lo que dijo en 2013 la Sala Constitucional

No está de más recordar lo que dice la Constitución acerca de la juramentación del Presidente electo. De acuerdo con su artículo 231, el candidato electo tomará posesión del cargo de Presidente el 10 de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Es decir, que la toma de posesión debería realizarse mediante juramento ante la Asamblea Nacional el 10 de enero de 2019.

Pero en 2013 la Sala Constitucional “reescribió” este artículo para aclarar que en caso de reelección, la juramentación y toma de posesión era una mera formalidad pues en suma, había una suerte de “continuidad” del mandato presidencial.

Aplicando esa tesis, por ello, la fecha del 10 de enero de 2019 no es relevante, pues Maduro, como “Presidente reelecto”, se mantendría en ejercicio del cargo de manera continua, entre el período que finaliza y el período que inicia en 2019. De allí que no tenía mayor sentido, como fue asomado, señalar que la ilegitimidad de Maduro derivada de su fraudulenta elección solo comenzaba a regir a partir de 2019.

Lo que pasó

No era de extrañar que la ANC asumiese la competencia para tomar “juramento” a Maduro, invocando la falsa tesis del desacato de la Asamblea Nacional y, además, reeditando su decisión en torno a la “juramentación” de los gobernadores.

Lo que sí extraña es que esa “juramentación” se haya efectuado en mayo de 2018, y no en enero de 2019. Tanto más, acoto, luego de que el TSJ anunciara de una “demanda interpretación” presentada por Maduro, de la cual no se tiene mayor noticia.

Así, en un “Decreto Constituyente” anunciado el mismo 24 de mayo, la ANC informó que había recibido la “certificación” de la elección del 20 de mayo, y por ello, Maduro debía asumir el cargo y tomar juramento en enero de 2019. Pero acto seguido, la ANC tomó juramento a Maduro.

Es decir: la ANC aclaró que la juramentación se realizaría el 10 de enero de 2019, pero procedió a “juramentar” a Nicolás Maduro como Presidente por el período 2019-2025.

Un fraude continuado

La “juramentación” ante la ANC realizada el 24 de mayo de 2018 no es siquiera un acto jurídico. Así, no solo la “reelección” de Nicolás Maduro fue resultado de un proceso conducido completamente al margen de la Constitución, sino que además, la ANC, que es un órgano ilegítimo, no tiene competencia para tomar juramento a ningún funcionario. Y mucho menos la juramentación del Presidente electo –si lo hubiere- podría hacerse antes del 10 de enero de 2019, y por una instancia distinta a la Asamblea Nacional.

Con lo cual, en sentido estricto, lo realizado en la ANC el 24 de mayo de 2018 no debería ser calificado como “juramentación”.

Con todo, el acto político realizado por la ANC demuestra que todo el proceso de las elecciones presidenciales forma parte de un fraude continuado, es decir, de un conjunto de decisiones concatenadas entre sí que pretenden tener apariencia de un proceso electoral pero que, en el fondo, no son más que actuaciones políticas orientadas a violentar la Constitución y muy en especial, los derechos políticos de los venezolanos.

 

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