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Pablo Iglesias pierde juicio: sí recibió dinero del régimen de Venezuela por Sabrina Martín – Panampost – 19 de Diciembre 2019 

Una juez en España aseguró que OKDIARIO no mintió al publicar que Iglesias recibió 272 325 dólares del régimen de Nicolás Maduro

Según la abogada de Iglesias, los documentos eran falsos y para justificarlo se remitía a comunicados del chavismo y del banco involucrado. (Flickr)

El chavista Pablo Iglesias, quien asumirá el cargo de vicepresidente de España, perdió un juicio en su país luego de que se demostrara que efectivamente recibió dinero del régimen de Nicolás Maduro y lo depositó en cuentas offshore.

Iglesias no pudo demostrar que la información revelada por OKDIARIO es falsa. El medio español publicó un reportaje en el que se hace mención a un pago por 272 325 dólares que habría recibido del Gobierno chavista de Venezuela.

Nehomar A. Hernández@Neoadolfo

272mil dólares nada más en este depósito, comprobados. Aquí todo el mundo agarró su piñata…

Iglesias pierde el juicio contra Inda porque la noticia de su cuenta en un banco offshore es veraz https://okdiario.com/espana/iglesias-pierde-juicio-inda-noticia-cuenta-banco-offshore-veraz-920141?utm_source=share_twitter 

Pablo Iglesias pierde el juicio contra Inda porque la noticia de su cuenta en un banco offshore “es…

La información de OKDIARIO sobre el pago de 272.325 dólares del Gobierno de Venezuela a Pablo Iglesias en el banco Euro Pacific fue veraz.

La titular del Juzgado de Primera Instancia número 84 de Madrid desestimó la demanda del secretario general de Podemos contra OKDIARIO y lo condenó a pagar los costos del procedimiento judicial.

“La difusión de una investigación policial sobre la existencia de una cuenta a nombre del demandante en un banco offshore, con sede en un paraíso fiscal, y su relación con la orden de pago y autorización del mismo realizados por autoridades venezolanas no suponen sin más un ataque al honor del demandante”, señala la sentencia.

Se trata de un reportaje publicado en mayo de 2016, donde el medio de comunicación informó que “El Gobierno de Maduro pagó 272 000 dólares a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas en 2014”. En el artículo se hicieron públicos los documentos que demostraban dicha aseveración.

Según la abogada de Iglesias, los documentos eran falsos y para justificarlo se remitía a comunicados del chavismo y del banco involucrado.

La sentencia de la juez señala que «en el momento de publicarse la noticia su contenido y contraste con las fuentes eran suficientes… y, aunque la investigación policial no finalizara no significa que los hechos no tuvieran veracidad necesaria para justificar la publicación, una vez contrastados no con una sino con varias fuentes».

Para Venezuela, Iglesias no es un personaje sin importancia, por el contrario fue un aliado de Hugo Chávez y Maduro, al punto de estar vinculado en casos de lavado de dinero y corrupción en el país suramericano.

Iglesias habría recibido esa cifra en dólares en su cuenta bancaria en el paraíso fiscal de San Vicente y las Granadinas (islas caribeñas), bajo el concepto de pago por supuestas “asesorías para el desarrollo social” de Venezuela. La recepción de la elevada suma se efectuó dos meses después de la fundación del partido Podemos de España.

Por su parte, en 2016 Rafael Isea, exministro de Finanzas de Venezuela de Chávez, declaró a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de España, que el expresidente pagó siete millones de euros (7,6 millones de dólares) a la Fundación Podemos.

Isea ratificó ante agentes de la UDEF la veracidad de un documento en el que el exmandatario aprobó destinar dicho dinero para crear en España unas presuntas “fuerzas políticas y movimientos sociales” para propiciar “cambios políticos afines al Gobierno bolivariano”.

Según el diario español ABC, todo esto lo declaró Isea en el Consulado de España en Nueva York, a donde se desplazaron policías españoles que investigan la posible financiación ilegal de Podemos.

En 2017 también salió a la luz pública el presunto financiamiento ilícito del partido español Podemos con dinero de Irán y Venezuela. Enrique Riobóo, propietario de la televisión Canal 33, señaló que los principales miembros de Podemos «venían con los bolsillos dopados de Irán y Venezuela»; dinero con el que también intentaron comprar la planta televisiva.

Riobóo dijo ante el Senado que Iglesias y Juan Carlos Monedero financiaron la campaña política de Podemos y que tanto a Irán como a Venezuela les cobraban a veces en dinero en efectivo con billetes de 500 euros, y otras veces mediante transferencias bancarias.

Además de estar en la mira de España y EEUU, al general Carvajal lo quieren cazar sus ex compañeros de la Revolución chavista por Sebastiana Barráez – Infobae – 15 de Diciembre 2019

Es uno de los hombres que más conoce al chavismo, ya que ha estados en sus entrañas, y que guarda secretos que le pueden hacer daño al régimen

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El “Pollo” Carvajal pidió a sus camaradas de armas que se aparten del régimen chavista y permitan el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela (Reuters)

Durante muchos años, casi hasta el momento en que, siendo cónsul en el año 2014, fue retenido en Aruba por funcionarios de la DEA, Hugo Armando Carvajal Barrios era un hombre casi desconocido para el común de los venezolanos. Solo se hablaba de él como “el Pollo Carvajal”. En el poder político, pero principalmente en el militar, su nombre aparecía en todos los escenarios, no así su fotografía. Su rostro era casi un misterio. Pero los años que estuvo en Inteligencia Militar lo convirtieron en un hombre más temido que respetado, con amigos poderosos pero también con enemigos muy peligrosos.

Desde hace años, estando casado, aparece en su vida Angélica Flores, con quien se casa después del divorcio; con ella procrea dos hijos, que llegaron a conformar su numerosa familia, ya que durante la campaña para diputado adoptó dos niños.

El ex jefe de inteligencia venezolano Hugo Carvajal sale de prisión tras ser liberado en Estremera, España, el 16 de septiembre de 2019. (Reuters)

El ex jefe de inteligencia venezolano Hugo Carvajal sale de prisión tras ser liberado en Estremera, España, el 16 de septiembre de 2019. (Reuters)

No es que fuera un oficial que descollara en la carrera militar, luego de haberse graduado de número 59 en la promoción Pedro Camejo “Negro Primero” de la Academia Militar en el año 1981. Es uno de los Febreristas como se conoce a quienes participaron el 4 de Febrero de 1992 en el intento de golpe de Estado contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez.

Su último cargo propiamente militar fue en 1999 cuando comandó el Batallón de Armamento Capitán Manuel Toro, en el estado de Aragua.

Con Hugo Chávez lo unió una estrecha relación desde los primeros años en la Fuerza Armada, cuando fue su instructor, y él lo llevó a la Dirección de Inteligencia Militar cuando llegó a la presidencia.

Hugo Carvajal fue un hombre de extrema confianza de Hugo Chávez por dos décadas (Foto: Archivo)

Hugo Carvajal fue un hombre de extrema confianza de Hugo Chávez por dos décadas (Foto: Archivo)

Su primer cargo fue Director de Investigaciones de la Dirección de Inteligencia Militar, desde el 2000 hasta 2003, cuando es nombrado subdirector hasta el 2004 y luego asciende a Director, cargo del cual lo saca después del caso donde funcionarios militares habrían secuestrado y ajusticiado al comandante Moisés, de la guerrilla Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL)”.

Carvajal debió irse de la Fuerza Armada el 5 de julio 2011, pero Chávez lo dejó en condición activa; pasó a retiro seis meses después.

Gracias a su cercana relación con Diosdado Cabello logró ingresar, en un puesto salidor, como candidato para la Asamblea Nacional por el estado Monagas, resultando electo para el período 2016 al 2021.

Después de la muerte de Chávez, Nicolás Maduro lo nombra, en abril 2013, nuevamente en la dirección de Inteligencia, lo que demuestra que prefería tenerlo cerca al poder. Carvajal solo permanece ahí nueve meses.

Entre los casos más álgidos que enfrentó como director de Inteligencia está la Captura de Vladimiro Montesinos el 24 de junio de 2001. Fue el organismo a su mandó quien investigó el caso de Corrupción del General Raúl Isaías Baduel en abril 2009.

Lo que sí es indiscutible es que creó la más poderosa red de inteligencia policial en Venezuela, que manejó con mucho celo. Se permitió rechazar, no sin cierta diplomacia, la presencia de los cubanos en el organismo a su cargo, cuando los isleños ya aparecían en todas las instituciones claves del país. Los Castros presionaron, pero Chávez le permitió ese pequeño triunfo personal a El Pollo, considerando que el oficial de Inteligencia compensaba cualquier defecto con la labor que eficazmente llevaba a cabo detectando y desmontando cualquier protesta contra el Gobierno.

Rechaza a Maduro

Tratando de jugar a la política, rama en la cual no ha demostrado tanta destreza, como sí lo hizo en Inteligencia, el general, a través de un video,pidió el 21 de febrero 2019, que Nicolás Maduro abandone el poder, que la Fuerza Armada se rebele y que haya elecciones libres.

Dijo en voz alta lo que era un murmullo constante en al interior de la Fuerza Armada, manifestado en el rechazo contra la Asamblea Nacional Constituyente, la ilegal e ilegítima elección presidencial del 18 de mayo 2018 y “se terminó de echar por la borda el pasado 19 de enero con la usurpación del poder de Nicolás Maduro”, dijo el ex jefe de Inteligencia Militar.

Manifestó públicamente respaldo a Juan Guaidó Márquez, dejando muy claro que se colocaba en la acera contraria a la de Nicolás Maduro: “Aquí está un soldado más por las causas de la libertad y la democracia, para ser útil en la consecución del objetivo de restablecer el orden constitucional que nos permita convocar elecciones libres”.

Un mes después llegó a España, siendo recibido en la puerta del avión por Agentes del Centro Nacional de Inteligencia español (CNI); en Madrid viven sus hijos desde hace años. Un vehículo sin identificación que sería del servicio secreto lo llevó a casa de su hijo

.La DEA

A Carvajal Barrios lo relaciona la DEA con la protección que en Venezuela recibió Wilber Varela, alias Jabón, del Cartel del Norte del Valle, quien fue asesinado, en Mérida, el 30 de enero 2008, cuando enemigos del Cartel lo localizaron.

Por esa relación con alias Jabón, el fiscal Wilfredo Ferrer acusó al general, el 16 de mayo 2013, ante la Corte del Distrito Sur de la Florida; el caso 13-20345 contempla que permitió al narco la exportación de cocaína, brindarle protección y darle información para que burlara los controles de la Fuerza Armada. Uno de los principales testigos contra él es Beto Marín, un lugarteniente de alias Jabón.

También, en el 2010, Walid Makled García alias El Turco, actualmente preso en Venezuela por narcotráfico, lo mencionó en el negocio de la droga.

En el año 2008 EEUU lo incluye en la Lista Clinton porque habría protegido envíos de drogas y por suministrar armas a la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Tiene, así, dos autos de acusación en su contra; la de marzo 2011 en la Corte Federal del Sur de Nueva York y la de mayo 2013 en la Fiscalía Federal del Distrito Sur del Estado de Florida.

Hugo Carvajal durante una declaración ante la Justicia española (EFE)

Hugo Carvajal durante una declaración ante la Justicia española (EFE)

Juicio en España

El 12 abril 2019 lo detienen en España. Su abogado Ismael Oliver llegó a decir que a Carvajal no lo iban a extraditar de España hacia los Estados Unidos, por lo menos no de manera inmediata, a la vez que negó que él estuviera en conversaciones con funcionarios norteamericanos para develar información que poseía.

Una de las tres acusaciones públicas contra Carvajal alega que apoyó a miembros del Cártel del Norte del Valle para que movilizaran cientos de toneladas de droga que sabía tenían como destino final EEUU.

El 27 de junio, el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional se negó a darle libertad provisional, aun cuando la defensa alegó que con el general no había riesgo alguno de fuga por razones familiares y técnicas.

El 10 de mayo los Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, presentó los argumentos para solicitar la extradición del general venezolano, entre ellos que habría mucha información sobre delitos que supuestamente habría cometido.

La defensa se quejó porque la solicitud no cumplía con los requisitos necesarios. Extrañamente el Departamento de Estado no respondió de manera expedita.

Contra Hernández y Padrino

El Mayor General Carvajal Barrios ha atacado con duros señalamientos al también Mayor General Iván Hernández Dala, jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, como ahora se llama la DIM, “Los crímenes de Lesa Humanidad se han convertido en una constante en el régimen de Maduro. Designar a generales sin escrúpulos como jefes de los cuerpos de inteligencia y seguridad, le ha permitido desatar su naturaleza criminal en el intento de permanecer en el poder a cualquier costo”, dijo en julio 2019.

Calificó de vil el asesinato del Capitán de Corbeta Acosta Arévalo. “Un hecho como éste refleja lo que han vivido miles de secuestrados, incriminados, torturados y asesinados por la DGCIM de Hernández Dala”.

Denuncia que con la llegada del hoy jefe de DGCIM “lo primero que ocurrió fue el pase a retiro de gran parte de aquellos comisarios que habían estado en la institución desde los años 80 y 90. Lo mismo hizo con casi todo militar que hubiese trabajado durante mi gestión, es decir, casi 10 años de experiencia y formación tirados a la basura”.

Asegura que “al mismo tiempo, llenó espacios con personas semejantes a él, capaces de cualquier ilegalidad con tal de complacer a sus superiores… convirtieron a la DGCIM en el monstruo que es hoy. Su sola mención significa para el venezolano, atropello, vejación, tortura y terror”.

En cuanto al Ministro de Defensa, G/J Vladimir Padrino López dijo que tiene una “actitud acomodaticia, simplona y temerosa que ha estado presente en toda su carrera militar”.

A su juicio Maduro sabe quién es el titular castrense. “Precisamente por ser tan tibio lo nombró ministro, y gracias a esto lo usa a su antojo. Sin embargo, más allá de cuestionar al Ministro de Defensa más cobarde de la historia de Venezuela, quisiera saber lo que realmente piensan Suárez Chourio, Alessandrello Cimadevilla, Juliac Lartíguez, López Vargas y los comandantes de las REDI”.

El Pollo Carvajal huyó antes de que España lo extraditara a los Estados Unidos y permanece oculto. No solo quiere echarle guante los EEUU, también sus otrora amigos de la Revolución Bolivariana. Con el tiempo se sabrá si posee tanta habilidad para esconderse como la que tuvo para dirigir la Inteligencia Militar en Venezuela durante tantos años.

Disputas en Luxemburgo por Javier Ignacio Mayorca – TalCual – 31 de Octubre 2019

Tribunal de Justicia de la UE

Diez prominentes oficialistas adelantan litigios para revertir las sanciones impuestas en distintos momentos por la Unión Europea, debido a violaciones a derechos fundamentales de la población venezolana


Una parte del futuro de Venezuela se dirime en un juzgado de Luxemburgo, probablemente desconocido para la mayoría de la población del país.

En este pequeño país de Europa Central, denominado también Gran Ducado, opera el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una instancia creada en 1952 con la finalidad de interpretar las normas de la confederación y controlar la legalidad de los actos y las decisiones emanadas de ella.

Ante ese tribunal, y en absoluto sigilo, diez importantes operadores del régimen de Nicolás Maduro han recurrido con la finalidad de anular las sanciones que les han impuesto a través del Consejo Europeo, por considerarse que han contribuido a la violación de los derechos humanos de los venezolanos.

Los primeros litigios se iniciaron por los recursos interpuestos en abril de 2018 por Maikel Moreno, actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia; la presidenta del Poder Electoral Tibisay Lucena; el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello, y el fiscal general designado a través ese cuerpo y ex presidente del Poder Moral, Tarek William Saab. Moreno fue el primero que recurrió a la instancia judicial europea para revertir las sanciones.

El 18 de septiembre, el juzgado europeo recibió un segundo grupo de demandas de nulidad. La primera en acudir fue Sandra Oblitas, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, acompañada por Xavier Moreno Reyes, secretario general de la misma entidad; la rectora Socorro Hernández, y la actual Vicepresidenta Ejecutiva Delcy Eloína Rodríguez. Los nombres son mencionados en el orden en que fueron admitidas sus demandas, y les asignaron números a sus expedientes.

En enero de este año abordaron el mismo tren la ex vicefiscal Katherine Harrington y el ex comandante general de la Guardia Nacional, mayor general retirado Antonio Benavides Torres.

La documentación que se ha logrado revisar sobre estos litigios indica que los argumentos esgrimidos por estos diez demandantes son esencialmente los mismos. En el caso de Diosdado Cabello, por ejemplo, se indica que el Consejo de Europa supuestamente “vulneró el principio de buena administración, así como su derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva, al denegarle el acceso a las pruebas en las que supuestamente se basa su inclusión en la lista”. De igual forma, según el actual presidente de la ANC, “el Consejo incurrió en un error de apreciación al no haber demostrado que el demandante esté implicado en acciones que menoscaben la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela”.

Se debe recordar que Cabello fue sancionado por los países miembros de la Unión Europea el 22 de enero de 2018, específicamente por considerarse que “en menoscabo de la democracia y del Estado de Derecho en Venezuela, en particular utilizando los medios de comunicación para atacar públicamente y amenazar a la oposición política, a otros medios de comunicación y a la sociedad civil”.

El general Benavides Torres fue incorporado en la lista negra junto a Cabello.Sin embargo, el oficial retirado esperó casi un año para solicitar la anulación de esta decisión. Argumentó que para el momento en que fue sancionado ya no ejercía la comandancia general de la Guardia Nacional. Sin embargo, la razón que se tomó en cuenta en su caso no era si ejercía o no el cargo, sino que cuando estaba al mando se verificaron “graves violaciones a los derechos humanos”.

“Sus acciones y políticas como comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, como el hecho de que la Guardia Nacional Bolivariana asumiera el liderazgo de la presencia policial en las manifestaciones civiles y abogara públicamente por que los tribunales militares tuvieran jurisdicción sobre la población civil, han menoscabado el Estado de derecho en Venezuela”, es el punto central de la sanción al oficial.

Por su parte, la rectora del CNE Socorro Hernández argumentó que las sanciones “constituyen una restricción injustificada y desproporcionada del derecho fundamental de la propiedad”. Esto sugiere que la decisión adoptada por los países europeos le ha impedido disponer de sus activos.

Sobre estos litigios no se ha llegado a ninguna decisión. Cada expediente mantiene una numeración individual, lo que sugiere que hasta el momento no se ha producido una acumulación. Sin embargo, las decisiones que se tomen con respecto a las primeras solicitudes de nulidad tendrían un efecto sobre las demás.

Un factor en común en todos los juicios, además de los argumentos centrales, es la pareja de apoderados judiciales. Se trata de Fabrizio de Gianni (escritorio Van Bael & Bellis), asistido por otro litigante que solo se identifica como L. Giuliani.

Hasta ahora, ocho sancionados por la Unión Europea no han recurrido al tribunal de Luxemburgo: los ministros Jorge Rodríguez y Tarek el Aissami, los generales Gustavo González López (director del Sebin y del Cesspa), Iván Hernández Dala (director de la Dgcim), Jesús Suárez Chourio (comandancia en jefe de la FAN), Néstor Reverol (MRI), Sergio Rivero (ex comandante general de la GN) y el protector del Táchira Freddy Bernal.

Una fuente diplomática con conocimiento del tema explicó que durante cada uno de estos juicios los querellantes tendrán la oportunidad de acceder a los expedientes que fueron tomados en consideración para emitir las respectivas sanciones. Si el proceso finaliza con una decisión que los favorezca no solo revertirán las medidas de la Unión Europea, también podrán exigir el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios, y de las costas de todo el litigio.

 

 

Juez de NY fija audiencia previa al juicio para los acusados de violar sanciones impuestas por EE. UU. contra Tareck El Aissami por Maibort Petit – Venezuela Política – 22 de Octubre 2019

Este martes se fijó una nueva audiencia —previa al juicio— del caso de los tres ciudadanos, Alejandro Miguel León Maal, Víctor Mones Coro y Michols Orsini Quintero, acusados por el gobierno de los Estados Unidos de haber violado las sanciones impuestas bajo la Ley Kipping (dirigida a los narcotraficantes extranjeros que cometen delitos en los Estados Unidos) al facilitar vuelos charters al vicepresidente del área económica de Venezuela, Tareck El Aissami y a su socio, Samark López, (sancionados por el Departamento del Tesoro). La nueva cita será el 3 de enero de 2020 y en la misma se acordará el calendario del juicio.
Víctor Mones Caro, Alejandro Miguel León Maal y Michols Orsini Quintero se declararon No culpables ante un tribunal en Nueva York en agosto de 2019. Los tres individuos fueron arrestados en marzo de este año en el estado de la Florida.

La audiencia de este martes tuvo que ser prorrogada debido a que en el piso 34 de la Corte del Distrito Sur de Nueva York se presentó un conato de incendio que obligó a desalojar el edificio. Una vez controlado el incidente, los abogados de la defensa y el fiscal estadounidense, Emil Bove se hicieron presentes en la sala el juez de Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein para acordar la nueva fecha de la audiencia, que busca aclarar todos los pasos del proceso que implica la entrega del descubrimiento (evidencias), y la aprobación del calendario para la selección del jurado y fechas de inicio del juicio que podría ser para el segundo semestre del 2020.

Mones Caro y León Maal se declararon no culpables de cinco cargos y Orsini Quintero no admitió su responsabilidad en un cargo del cual está siendo acusado por el gobierno de los Estados Unidos.
En la demanda de la fiscalía, Tareck El Aissami, Samark López, Víctor Mones Caro, Alejandro Miguel León Maal están acusados de cinco cargos:
(1) conspirar para usar American Charter Services LLC y SVMI Solution, LLC para realizar transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas, y para evadir las sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas;(2) utilizando American Charter Services LLC para participar en transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y otras regulaciones relacionadas; (3) usando American Charter Services LLC para evadir e intentar evadir las sanciones impuestas por OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas; (4) usando SVMI Solution, LLC para participar en transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y regulaciones relacionadas, y (5) usar SVMI Solution, LLC para evadir e intentar evadir las sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas.
De ser hallados culpables, en cada uno de los cinco cargos representa una pena máxima de 30 años de prisión, recibirían un máximo total de sentencia de 150 años de cárcel.
Orsini Quintero y Quintavalle Yrady (Panamá) están acusados ​​de conspirar para usar las empresas registradas en Estados Unidos, American Charter Services LLC y SVMI Solution, LLC para realizar transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas, y para evadir las sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas con dicho instrumento.
Los fiscales sostienen que los acusados violaron las sanciones al usar aviones privados suministrados por empresas estadounidenses. Las sanciones prohíben a las empresas y ciudadanos norteamericanos hacer negocios y tener relaciones con personas designadas bajo la ley Kingpin.
De acuerdo al documento, que cita unos expedientes del Departamento de Seguridad Nacional, El Aissami y Samark López hicieron arreglos con empresas del Sur de la Florida propiedad de los detenidos. Víctor Mones Coro es el presidente de American Charter Services LLC, y Alejandro Miguel León Maal trabajó desde 2008 hasta 2019 con Mones.
Dice el documento que León Maal registró la compañía SVMI Solution LLC, que tiene las mismas siglas del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Dicha firma fue usada para la conspiración.
Los eventos
Entre febrero de 2017, fecha en al cual fue designado Tareck El Aissami y Samark López en la lista OFAC, y marzo de 2019, se realizó la conspiración que ocurrió en cinco países: EE. UU. (Nueva York), Venezuela, Turquía, Rusia y República Dominicana.
La fiscalía sostiene que Tareck El Aissami y Samark López Bello, violaron la ley al tomar los vuelos, incluido uno el 23 de febrero de 2019, desde Rusia a Venezuela.
El 28 de enero de 2018, León Maal usó una cuenta de correo asociada a American Charter Services LLC para enviar un mensaje relacionado a un vuelo charter privado fuera de Estados Unidos, describiendo la nave que sería usada por uno de los conspiradores, López Bello.
El 17 de Julio de 2018, León Maal hizo una transferencia de aproximadamente USD. 108.407.69. El dinero fue enviado de una cuenta en Manhattan, New York, a una cuenta a nombre de SVMI Solution LLC por el pago de los servicios de vuelos charter privados a López Bello.
El 6 de septiembre de 2018, Mones Coro usó una cuenta de un banco estadounidenses a nombre de American Charter Services LLC para transferir USD. 30.000 en conexión con un vuelo charter para López Bello.
El 9 de septiembre de 2018, López Bello tomó un vuelo privado en una avión con matrícula estadounidense desde República Dominicana a Venezuela. Mones Coro ayudó con los arreglos de dicho vuelo.
En febrero de 2019, El Aissami tomó un vuelo privado desde Rusia a Venezuela arreglado también por León Maal.
La demanda señala que Víctor Mones Coro es el presidente American Charter Services, una compañía de alquiler de aviones particulares que ofrece vuelos a destinos tan diversos como Bolivia, Brasil, México, Turquía, Cuba, España, Venezuela, China, República Dominicana o EEUU.
Los avances del caso en Nueva York
La fiscalía solicitó a la corte que dictara una orden de protección de los materiales que conforman el llamado descubrimiento, que de conformidad con la Regla 16 de las Reglas Federales de Procedimiento Penal, el gobierno debe entregar a los demandados para que se preparen para el juicio.
 Dice la petición que considerando que el Gobierno ha declarado que la producción de las evidencias incluirá grabaciones, comunicaciones electrónicas, datos y otros materiales “que revelan las identidades de las personas que actuaron bajo la dirección de la policía en relación con la investigación subyacente”, la fiscalía desea proteger las identidades de los participantes en las comunicaciones reflejadas en los materiales que deben estar bajo la orden de protección.
Los fiscales declararon que “si los materiales protegidos se difunden a terceros, dentro o fuera de los Estados Unidos, podrían, entre otras cosas, implicar la seguridad de testigos e impedir investigaciones en curso”, por ello reiteraron que los mismos reciban una orden de protección por parte del tribunal.
Los Materiales Protegidos sólo serán utilizados por los Demandados, sus abogados y los agentes de sus defensas con el propósito de defender los cargos, en relación con la sentencia y presentar cualquier apelación en la acción penal.
Los más buscados
Cabe destacar que esta semana el Departamento de Seguridad Nacional, Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos incluyó a El Aissami, el ex vicepresidente de Venezuela, y López Bello en la lista de los 10 más buscados, tras haber sido declarados fugitivos de la justicia norteamericana.
Los dos hombres, El Aissami y López Bello fueron sancionados en febrero de 2017 bajo la Ley de Designación de Narcotraficantes de Narcóticos Extranjeros, por cargos de narcotráfico y por estar vinculados a grupos terroristas islámicos.
El Aissami y López Bello fueron acusados ​​cada uno de cinco cargos de eludir sanciones y violar la Ley de Designación de Narcotraficantes de Narcóticos Extranjeros, que se dirige a personas que se cree amenazan los intereses de la política económica y exterior de Estados Unidos.
El Aissami y Samark López fueron los primeros sujetos de las sanciones de la OFAC en febrero de 2017, por su presunta participación en el tráfico de drogas. En ese momento, varios de sus activos estaban congelados y los ciudadanos y las empresas de EE. UU. estaban bloqueados para realizar actividades comerciales con ellos.
El Aissami ha estado vinculado a narcotraficantes y delincuentes como los Zetas en México y el narcotraficante colombiano, Daniel “El Loco” Barrera, desde 2008 cuando operaba como ministro de relaciones interiores de Hugo Chávez. También se le ha asociado con grupos terroristas como Hezbolá, aunque estas conexiones aún no se han verificado por completo.

Avanzan en EEUU las opciones judiciales para que Venezuela pierda Citgo por Sabrina Martín – PanamPost – 1 de Octubre 2019

Gobierno Guaidó se prepara para pedir un recurso de protección de activos en la ONU

Sin Citgo, Venezuela perdería la capacidad de poner y distribuir crudo venezolano en Estados Unidos. (Alba Ciudad)

Nuevamente un tribunal de Estados Unidos falló a favor de la corporación canadiense Crystallex y le dejó la vía abierta para que pueda apoderarse de las acciones de la refinería estatal Citgo, el mayor activo que tiene Venezuela en el exterior.

La decisión judicial levanta la suspensión que le impedía a la empresa canadiense apoderarse de las acciones de Citgo, en el marco de un laudo arbitral que condena a Venezuela a pagar mil docientos dos millones de dólares más intereses por la expropiación de sus activos bajo el mandato de Hugo Chávez.

Con la nueva medida del juez Thomas Ambro se anulan las decisiones de tribunales inferiores que habían suspendido temporalmente las acciones de Citgo, mientras que el Gobierno del presidente legítimo, Juan Guaidó, presentaba nuevos alegatos para la defensa de los activos de la empresa venezolana.

La minera canadiense reclama mil docientos millones de dólares por la estatización de un yacimiento de oro, realizada por Chávez en 2008. El chavismo no ha pagado la indemnización acordada tras el arbitraje internacional.

En agosto de 2018 una corte de Delaware determinó que Petróleos de Venezuela (PDVSA) actuó como un alter ego del Gobierno venezolano, y Citgo es una filial de la estatal petrolera. Por lo tanto, los activos de Citgo Holding, empresa valorada en cerca de ocho mil millones de dólares, podían ser confiscados para cumplir con las deudas.

Hay que recordar que un decreto emitido en agosto congela los activos del Estado venezolano en Estados Unidos y suspende los juicios contra Citgo, pero no elimina permanentemente los derechos de los acreedores a embargarla.

Guaidó se prepara para acudir a la ONU

El Gobierno del presidente Guaidó, que está a punto de perder Citgo tras los impagos y deudas del chavismo, se prepara para pedir un recurso de protección de activos en la ONU para evitar que los acreedores tomen control de dicha refinería.

La propuesta, que sería presentada en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), estaría en etapa inicial. Los economistas y abogados asesores de Guaidó buscan que el organismo internacional proteja los activos de Venezuela, tal y como lo hizo el Consejo de Seguridad cuando protegió los activos de Irak en el extranjero tras la invasión estadounidense en 2003.

De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, «la táctica del equipo de Guaidó se debe a que para finales de octubre se tienen que pagar 913 millones de dólares del bono de la petrolera estatal PDVSA que vence en 2020 y que tiene como garantía más de la mitad de las acciones de la filial estadounidense de la industria, Citgo».

Pero lograr que el Consejo de Seguridad apruebe la medida de protección de activos es prácticamente «misión imposible», debido a que está conformado por países como Rusia y China, que tienen poder de veto y son aliados del régimen Maduro.

¿Qué significa perder Citgo?

Sin Citgo, Venezuela perdería la capacidad de poner y distribuir crudo venezolano en Estados Unidos, debido a que este país es la principal nación que paga con divisas en efectivo. Sin embargo, tras las sanciones emitidas por el Gobierno de Donald Trump contra la tiranía, ese país ha reducido sus compras a Venezuela.

PDV Holding Inc., propiedad de PDVSA, es propietaria de Citgo Holding Inc., que a su vez posee Citgo Petroleum Corporation, que tiene tres refinerías y oleoductos en Estados Unidos. Citgo pueden refinar setecientos cuarenta y nueve mil barriles de crudo diarios y la refinería de Lake Charles es la sexta más grande en Estados Unidos.

Pero la situación se complica aún más, porque en 2016 se conoció que Maduro hipotecó en secreto la refinería Citgo a Rusia por un millonario préstamo. El régimen venezolano le habría entregado el 49,99 % de las acciones a Rusia a cambio de un préstamo de 1,5 billones de dólares.

La petrolera venezolana PDVSA adjudicó prácticamente el control de la refinería en Estados Unidos a la estatal rusa Rosneft, según un documento que dio a conocer el Latin American Herald Tribune, donde Rosneft admite que controla el 49,99 % de las acciones de Citgo.

Si Citgo o PDVSA incumplieran con el pago del millonario préstamo, la compañía estatal rusa Rosneft podría terminar siendo dueña de importantes refinerías de petróleo y oleoductos en Estados Unidos.

Hay que recordar además que recientemente, ante un posible default por parte del régimen de Maduro, el Gobierno de Estados Unidos decidió permitir que los tenedores de bonos de PDVSA 2020 puedan reclamar el cobro de su garantía en caso de que Venezuela incumpla con los pagos. Con ello podrían apropiarse de acciones de Citgo.

Conocer cuánto vale Citgo es una discusión constante entre los economistas, pero, según estimaciones, si Venezuela hoy decidiera vender Citgo para pagar sus deudas, no recibiría más de cuatro mil millones de dólares, de los cuales la mitad es de Rosneft y la otra mitad para pagar todas las deudas pendientes. A Venezuela le quedaría muy poco.

Un juzgado madrileño expulsa a Venezuela de la pieza sobre el lavado de dinero del petróleo por Pablo Gabilondo – El Confidencial – 28 de Septiembre 2019

Maduro ya no podrá ejercer como acusación en la pieza del Juzgado de Instrucción 41 que investiga el presunto blanqueo de dinero procedente de la petrolera estatal de Venezuela PDVSA

Foto: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. (EFE)
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. (EFE)

El Gobierno de Maduro ya no puede ejercer como acusación en la pieza que instruye un juzgado de Madrid sobre el lavado de dinero del petróleo venezolano. El Juzgado de Instrucción número 41 de Madridinvestiga a ex altos cargos chavistas por el presunto blanqueo que perpetraron en España, causa en la que se aceptó el pasado junio la personación de Venezuela como parte acusadora. La decisión, sin embargo, ha sido ahora anulada mediante un decreto al que ha tenido acceso El Confidencial: “Requiérase a la representación procesal del Estado de la República Bolivariana de Venezuela para que devuelva el soporte con el contenido de la causa que se le entregó“, ordena el letrado de la Administración de Justicia.

En la pieza se encuentran imputados el que fuera viceministro de Energía de Hugo Chávez, Nervis Villalobos, y su mujer, Milagros Coromoto, a los que se investiga por el presunto blanqueo de dinero proveniente de sobornos de la petrolera estatal PDVSA. Otro de los nombres que figuran en la lista de imputados es el del empresario venezolano, José Roberto Rincón Bravo, acusado de lavar en España parte de la fortuna que supuestamente amasó su familia a través de acuerdos irregulares con la petrolera. Tras aceptarse la personación del Gobierno de Maduro en la causa el pasado junio, los tres recurrieron la medida, postura a la que la propia Fiscalía terminó por sumarse.

Al apoyar la decisión en este razonamiento, el juzgado evita responder al resto de alegaciones, entre las que destaca uno de los argumentos esgrimidos por Rincón Bravo. El magnate venezolano, representado por el despacho Business & Law, presentó un escrito el 7 de julio en el que defiende que Maduro ya no tiene legitimidad en España: si el Gobierno de Pedro Sánchez ha reconocido a Juan Guaidó como “presidente encargado de Venezuela”, el chavismo ya no puede personarse entonces en un juicio que se celebra en Madrid. “Esta actuación procesal indebida podría conllevar una invasión de las competencias que, en política exterior, solo el Ejecutivo tiene atribuidas, con las consecuencias constitucionales que de ello se derivarían“, sostiene.

MARCOS GARCÍA REY

La Fiscalía, por su parte, se posiciona en contra de la personación de Venezuela porque considera que no está legitimada para ejercer ni como acusación popular ni como acusación particular. A la hora de rechazar la primera opción, apunta a que no cumple el principal requisito que exige la ley: “No se trata de un ciudadano español”. Respecto a la segunda, defiende que “carece de un interés legítimo que lo faculte” para presentarse como acusación particular porque “ni es perjudicado ni el procedimiento se dirige contra él mismo“. “En el supuesto de que el Estado de la República Bolivariana de Venezuela se sintiera perjudicado, deberá incoar un procedimiento ante los tribunales de Venezuela”, concluye el Ministerio Público.

Tras estudiar los escritos, el juzgado ha optado por expulsar al Gobierno de Maduro de la pieza, pero como lo justifica por un error de trámite, en ningún momento responde a las alegaciones de las partes. Pese a ello, los razonamientos de las partes quedan ahí para futuras piezas en las que Venezuela quiera ejercer como acusación. Como recuerda la Fiscalía en su escrito, esta ya es la segunda vez en lo que va de año que las autoridades chavistas quedan fuera de un procedimiento: “En contra de la personación del Estado de la República Bolivariana de Venezuela, ya se han pronunciado los juzgados españoles; en concreto, el Juzgado Central de Instrucción número 2, mediante auto del 1 de marzo de 2019”.

Se fuga un ex alto cargo de Chávez detenido en Madrid por corrupción por José Antonio Hernández / Josè María Irujo – El País – 20 de Julio 2019

Juan Carlos Márquez había sido detenido en Barajas el jueves por su implicación en la trama que salpica al exembajador español Raúl Morodo

Raúl Morodo, al salir de la Audiencia Nacional tras declarar ante el juez Pedraz.
Raúl Morodo, al salir de la Audiencia Nacional tras declarar ante el juez Pedraz. EFE

Juan Carlos Márquez Cabrera, ex alto cargo de la petrolera pública venezolana PDVSA, fue detenido el jueves en el aeropuerto de Madrid por su implicación en la trama de blanqueo de capitales que salpica al exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo. Márquez, residente en Venezuela y de nacionalidad española, era el secretario general de Entes Corporativos de PDVSA y es quien presuntamente firmó contratos por 4,5 millones con Alejo Morodo, hijo del exembajador, por supuestas asesorías.

El ex alto cargo de PDVSA rechazó ante el juez haber cobrado comisiones por la firma de los contratos de la petrolera

Márquez se hallaba en busca y captura desde que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional destapó el pasado 20 de mayo una trama de blanqueo de capitales que se saldó con la detención de Alejo Morodo, su socio Carlos Prada Gómez y las esposas de ambos. El también catedrático de Derecho Constitucional Raúl Morodo, embajador en Venezuela durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, no fue detenido debido a su avanzada edad —84 años— pero el juez le citó como investigado y figura como cabecilla de la trama.

Aseguró que, pese a figurar como firmante de los contratos, su cargo en PDVSA era simbólico y que actuó por delegación de otras personas

Sin embargo, nada más salir de la Audiencia Nacional, Márquez se dirigió al aeropuerto de Barajas, compró un billete de avión con destino a Chicago (EE UU) y logró pasar el control de viajeros sin que saltase la alarma. Horas después, con el avión en pleno vuelo, Interpol de Estados Unidos se puso en contacto con la policía española para informarle de que, al analizar la lista de viajeros, había localizado dentro de ese avión a una persona sobre la que pesaba una notificación roja, es decir, que tenía prohibido judicialmente salir de España. Se trataba de Márquez. Y también comunicó a los agentes españoles que en cuanto Márquez pisase el aeropuerto de Chicago sería detenido para su inmediata deportación a España en un vuelo de Iberia. Una vez en España tendrá que comparecer de nuevo ante el juez Pedraz. Esta vez, además, por haberse dado a la fuga.

Los investigadores han acreditado que Márquez, además de firmar los contratos en nombre de PDVSA, posee vínculos societarios con Carlos Prada, socio de Alejo Morodo en España, en otra sociedad radicada en Panamá y dedicada a la gestión de inmuebles. A preguntas de la Fiscalía, Márquez aseguró que, pese a figurar como firmante de los contratos, su cargo en PDVSA más que ejecutivo era de carácter simbólico y que los firmó por delegación de otras personas. Rechazó haber cobrado comisiones.

La policía cree que los contratos al hijo de Morodo como asesor jurídico de PDVSA son “una cortina de humo”. La sociedad panameña en la que Márquez figura junto a un socio de Alejo Morodo fue utilizada presuntamente por la trama como pantalla para camuflar el dinero que salió de la petrolera venezolana hacia cuentas en España del hijo del exembajador. Los investigadores sospechan que detrás de estas entregas de dinero sin justificar subyace el pago de favores a Raúl Morodo después de que este abandonase su destino diplomático en Caracas. La policía cree que el dinero se lo repartieron los cuatro implicados.

Uno de los contratos firmados entre Márquez Cabrera y Alejo Morodo.
Uno de los contratos firmados entre Márquez Cabrera y Alejo Morodo.

Una parte acabó en cuentas del exembajador Morodo merced a transferencias bancarias que le hizo su hijo con el dinero de los contratos. Hasta la fecha, los investigadores han descubierto trasvases del hijo al padre por importe de 180.000 euros. Un informe de Hacienda apunta la existencia de delitos fiscales, ya que los implicados no han declarado el dinero de los citados contratos. Anticorrupción investiga también delitos de falsedad, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares.

“Ciudadano ministro”

Todos los contratos entre la petrolera y Alejo Morodo fueron firmados en representación de la petrolera por Juan Carlos Márquez Cabrera, según documentación en poder de EL PAÍS. El ejecutivo de la compañía remitía al “ciudadano ministro”, según reza el texto, cartas oficiales en las que informaba de la relación contractual de la empresa con Morodo. Y en ellas se detallaba la renovación anual de “los contratos suscritos con las organizaciones Furnival-Aequitas y Marpa”, es decir, las sociedades con las que operó el hijo del diplomático.

Márquez era uno de los hombres de la máxima confianza de Rafael Ramírez, el entonces presidente de PDVSA, con Hugo Chávez en el poder, exembajador de Venezuela ante la ONU hasta su cese en 2017. Ramírez y Raúl Morodo labraron amistad durante los años en los que el exdiplomático socialista fue nombrado embajador en Caracas, entre 2004 y 2007. Los contratos se suscribieron entre 2008 y 2013.

Ramírez está siendo investigado por la Fiscalía de Venezuela por el saqueo de la petrolera durante su mandato. Dos primos suyos, Diego Salazar y Bastidas Ramírez, ocultaron en la Banca Privada de Andorra cantidades millonarias que provenían del pago de comisiones de compañías que contrataron con PDVSA.

Empresa pide a tribunal de EEUU la presencia de Rafael Ramírez en el juicio – Yo Soy Venezolano – 20 de Julio 2019

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¿SE PRESENTARÁ? Esta empresa pide a tribunal de EEUU la presencia de Rafael Ramírez en el juicio

Los abogados de la empresa Harvest Natural Resources introdujeron el 9 de julio en el Tribunal de Distrito Sur de Texas, en Houston, una solicitud de emergencia en contra del alegato de Rafael Ramírez que no fue informado adecuadamente del juicio en su contra por Harvest, que eventualmente falló por 1.400 millones de dólares en contra de Rafael Ramírez.

En su alegato la empresa Harvest sostiene que “Harvest ha establecido, y este Tribunal ha sostenido, que Harvest sirvió adecuadamente a Ramírez. Antes de tomar una decisión sobre la moción (petición) de Ramírez, el Tribunal debe permitir que Harvest realice un “descubrimiento” (obtencion de evidencia, interrogatorios, producción de documentos, etc.) limitado al servicio del proceso y la jurisdicción para confirmar los contactos de Ramírez con Texas y los Estados Unidos, y para probar sus falsedades y omisiones”.

“En consecuencia, Harvest respetuosamente solicita que el Tribunal permita que Harvest: 1. Tomar una declaración de Ramírez en los Estados Unidos limitada a las cuestiones que surjan de su moción y declaración; 2. Servir para “descubrimiento” por escrito a Ramírez limitado a las cuestiones que surjan en y a consecuencia de su moción y declaración».

Tribunal de la Florida ordenó nuevas confiscaciones vinculadas al caso de corrupción de PDVSA por  Maibort Petit – Diario 16 – 3 de Julio 2019

La decisión, firmada por la jueza Kathleen M. Williams, enmienda la orden que se había emitido en agosto de 2018 para incautar una gran variedad de bienes adquiridos por los acusados de haber participado en un esquema de corrupción a través del cual se malversaron millones de dólares del erario público venezolano

  

Lujosas propiedades en Panamá, Miami, cuentas bancarias y portafolios de inversiones en bancos suizos y norteamericanos fueron las nuevas propiedades añadidas a la orden de confiscación dictada por la corte del Distrito Sur de la Florida relacionadas con el caso de corrupción masiva donde fueron expoliados más de USD 1.200 millones de Petróleos de Venezuela y por el cual ahora hay más de nueve acusados.

La decisión, firmada por la jueza Kathleen M. Williams, enmienda la orden que se había emitido en agosto de 2018 para incautar una gran variedad de bienes adquiridos por los acusados de haber participado en un esquema de corrupción a través del cual se malversaron millones de dólares del erario público venezolano.
El documento dice que hay una corrección al fallo que había dictado ese tribunal en relación a este caso. La orden incluye otras propiedades que no aparecían en la decisión emitida el 16 de agosto de 2018. el dictamen de la jueza prohibe a representantes, agentes, familiares, empleados, abogados y asociados de los acusados de haber participado en un esquema y a los bancos, instituciones financieras y empresas inmobiliarias tomar acciones contrarias a la prohibición de incautar dichos los bienes.
Los acusados de haber formado parte de la conspiración son: Francisco Convit Guruceaga, contratista venezolano; Carmelo Urdaneta Aqui, ex asesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela; Abraham Eduardo Ortega, ex director de finanzas de Pdvsa; José Vicente Amparan Croquer, operador venezolano; Hugo Andrés Ramalho Gois, banquero portugués, Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara, banquero uruguayo; y Mario Bonilla Valera.
De acuerdo a la acusación del gobierno de los Estados Unidos, la conspiración  acusada comenzó en diciembre de 2014 con un plan de cambio para malversar alrededor de USD 600 millones de Pdvsa, obtenidos a través del pago de coimas y prácticas fraudulentas, y posteriormente haber lavado el capital en el sistema financiera norteamericano e internacional. El documento dice que para mayo de 2015, la conspiración se habría duplicado en USD 1.200 millones malversados por Pdvsa.
La decisión de la jueza Williams advierte que los asociados a los acusados están sujetos a las mismas prohibiciones y restricciones impuestos por el tribunal sobre propiedades, cuentas bancarias, portafolios de inversiones y otros bienes que la fiscalía ha terminado que se encuentren bajo la acto ordenado de congelación por las autoridades en el mes de agosto.
Queda entonces terminante prohibido la selección, la transferencia, asignación, compromiso, distribución, entrega u otras formas de participación en la disipación de los bienes que involucra la disposición de la corte.
El documento dice que antes de que la Corte aplique la efectividad de la restricción de la orden de protección de dichos bienes y activos deben tomarse una serie de procedimientos para ejecutar su decomiso con el fin de preservar su disponibilidad para evitar que los acusados puedan traspasarlos.
La decisión del juez se lee que las modificaciones a la orden de expropiación emitida en en agosto y ahora corregida incluye:
1) Todos los depósitos de las cuentas del la empresa Global Securities Trade Finance en el City National Bank y Deltee Bank & Trust Limited en Nassau, Bahamas.
2) Otros apartamentos en Panamá, incluyendo una propiedad en Vistamar Golf Village, y Costamare.
 Las propiedades aparecidas en la orden original son las siguientes:
Pulsando aquí puede ver la nota con las primeras propiedades incautadas por el tribunal estadounidense relacionado con este caso.
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