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Por el lado de la oferta, entre la economía y la política: ¡privatización total! por Alexander Guerrero E. – La Patilla – 24 de Noviembre 2019

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La solución económica para Venezuela depende de las características que marcan el ejercicio de la política y la cultura del poder de los intereses partidistas por encima de la capacidad de hacer economía del ciudadano venezolano. Así encontramos que, para priorizar institucionalmente el ordenamiento económico, es fundamental que el uso del conocimiento económico en la sociedad, parafraseo de Hayek, acople el diagnóstico en un análisis de costo beneficio con las soluciones proyectadas para alcanzar rápidamente un crecimiento sostenido.

El conocimiento económico mantiene una estructura cognitiva racional, simple, en medio de la complejidad que expresan la aplicación de políticas dirigidas a eliminar los vicios de la intervención del gobierno hacia lo que precisa la economía requiriendo orgánicamente libertad, derechos de propiedad, mercados libres competitivos e instituciones que permitan el desarrollo basado en emprendimiento del individuo buscando el crecimiento.

Solo de esa manera se podrá reducir en el menor espacio de tiempo el empobrecimiento crónico que domina una sociedad como la Venezuela de hoy. Ese conocimiento está constituido en la base de un acervo teórico y técnico que puede seleccionar un camino dirigido a cumplir las metas del crecimiento sostenido en el tiempo.

Alertamos que este no ocurrirá si el ejercicio de la política se orienta al control de las cosas que el mercado libremente ordena. En un análisis de costo beneficio, en medio de su natural complejidad, es posible divisar con sentido práctico una única ruta de crecimiento, particularmente en un ambiente socio económico que está convencido que el país ha topado el fondo.

Sabemos que un universo de este tipo es complejo para la política porque privaran desde sus asuntos del poder público los resabios económicos y políticos que la economía fue cultivado por largos 60 años, el dominio de lo económico por parte de todo el aparato administrativo del Estado que ha logrado en 60 años mover al sector público, estatal las dos terceras parte del aparato productivo incluido capital humano, y dejar al sector privado en algunas áreas minoritarias, con un 12% del PIB.

El resto del sector privado depende de los precios y de la presencia subordinada del Estado en uno 20%. Esa estructura económico institucional es el marco de la actual acelerado empobrecimiento; hay que desmontarla. El sector que captura al Estado por votos o por plomo considera sus intereses rentistas como prioritarios, y en las últimas décadas ha apurado la ruta a un Estado con una sociedad que vive en un régimen instituido y constituido de marca neo – patrimonialista.

La matriz de decisiones es sencilla; en primer lugar, aunque no establezco prioridades temporales, en economía se opera de manera conjunta las decisiones destinadas al cambio y reordenamiento institucional, que nos coloque en caminos seguros y eficientes de gobernabilidad, equilibrar el gasto del Estado.

Es acá donde encontramos el nudo gordiano, porque detrás del gasto público se esconden la corrupción, la ineficiencia del gasto, irracionalidad en inversiones, pago de la factura del Estado para pagar salarios a un universo de individuos a los cuales se les llevo al servilismo para tender su vida el gasto público en su salarios de sobrevivencia.

En ese sentido, apartar el Estado de la economía es conditio sine qua non para que emerjan las políticas del lado de la oferta, y no de la demanda del gasto público, cual se adosa para incrementar el tamaño y financiar la ineficiencia del Estado como agente económico, tanto en la producción de bienes como de servicios.

El cambio vendría de alejar la demanda del crecimiento, el gasto púbico no podrá por razones físicas, además de las económicas “promover el crecimiento” a los Keynes y Marx, Esa demanda no tiene fuerza, el ingreso fiscal no paga el 50% del actual gasto público, su estructura gasto y financiamiento es hiperinflacionaria, ha alcanzado enorme costos para el ciudadano, hay que entregar la prioridad al mercado.

Eficiencia y competitividad como es ampliamente conocido, traerá nuevos pequeños, medianos y grandes inversionistas, fijémonos entonces en dejar la oferta, soluciones de oferta, y políticas del lado de la oferta como ejes de un incremento sostenido que no debe ser menos del doble de la inflación, una inflación de 2% una tasa de crecimiento sobre 5%, así se ira reduciendo el empobrecimiento extremos que las políticas desde el lado de la demanda han provocado.

Las políticas de incentivos del lado de la oferta requieren como decisión definitiva comenzar la retirada del Estado de sus viejas costumbres de producir, distribuir bienes y servicios. Con el énfasis en eliminar las regulaciones y el marco jurídico que restringe propiedad y derechos de propiedad, además de eliminar el marco jurídico que se impuesto para penalizar la actividad económica privada.

Es por ello crucial para dar cabida masiva a la generación de una oferta creada por el sector privado, y para ello es inevitable el fomento de la confianza, la variable confianza es vital en el sistema de reestructuración de la economía venezolana, sus instituciones, políticas como las que regulan la actividad económica y llegan hasta su penalización.

De esta manera, todo ese aparato político económico debe desecharse totalmente, independizar del aparato político que controla al Estado las instituciones que velan por los derechos de propiedad, recompuesto con las libertades en los precios y en el mercado como las instituciones básicas de todo crecimiento económico hacia el largo plazo.

En otras palabras, la actividad del legislador debe orientarse a desatar los nexos constitucionales redistributivos para darle seguridad y protección jurídica a los derechos de propiedad, es decir, la política del día-día debe alejarse del presupuesto de gastos del gobierno.

Creen Uds. que una matriz de decisiones políticos e institucionales y económicas como las mencionadas arriba puede ser materia de discusión en la actual Asamblea Nacional y en el Gobierno; ¿Es decir, en las del presidente interino J Guaidó y el presidente efectivo ilegitimo, Maduro?

Piense que, si estas consideraciones se mantienen en el largo plazo, Venezuela le espera una secular contracción y una fuerte velocidad de migración hacia mundos más seguros, aunque inciertos del cual los venezolanos hoy tienen, y que se sostienen del discurso político, según el cual Venezuela es un país rico, cosa que ya nadie debe estar dispuesto a creer.

Ranking of Doing Business 2018 – Banco Mundial – Abril 2019

A un paso del abismo por Ramón Peña – La Patilla – 12 de Marzo 2018

Terrible la sombra que se proyecta sobre el futuro de nuestra economía, si consentimos la prórroga en el poder de la banda gobernante y su modelo económico, el único que conocen y continuarían aplicando. A partir del examen del mismo por destacados economistas venezolanos, la perspectiva no puede ser más funesta.

El déficit fiscal en 2017, equivalente al 26% del Producto Interno Bruto (PIB), es el más alto en toda nuestra historia. Entre 2014 y 2017, una pérdida acumulada de 35% del PIB, constituye el ciclo recesivo más agudo sufrido por país alguno, salvo por naciones en circunstancias de guerra. Al cierre del presente año se sumará una nueva caída de 15% y así, en un lustro, nuestra economía habrá perdido la mitad de su tamaño. Los indicadores de producción industrial no son menos perturbadores. El ensamblaje automotor, que en 2007 sumaba 170 mil vehículos anuales, alcanzó apenas unas dos mil unidades en 2017, el performance más miserable desde el inicio de nuestra producción automotriz en 1948.

En estos 19 años de inseguridad jurídica, la inversión extranjera ha sido la más baja de Sur América: 26 millardos de dólares –fundamentalmente concentrada en el sector petrolero- cinco veces inferior a la de Colombia y veinticinco veces a la registrada en Brasil.

En materia de precios al consumidor somos imbatibles: no solo padecemos la mayor inflación mundial, sino que Venezuela es la primera economía petrolera del planeta que incurre en estado de hiperinflación. El salario mínimo de los venezolanos, pese a la cadena de incrementos, es el más pobre del continente, inferior al de las arruinadas economías de Cuba y Haití.

Bajo este populismo de marxistas marginales, el salario ha perdido 90% de su poder de compra. Luego de tanta promesa socialista, el trabajo de obreros y empleados ha terminado como la mercancía más barata y envilecida en este modelo económico revolucionario…

 

La manipulación que condenó a Leopoldo López por Alfredo Meza – El Pais – 19 de Febrero 2017

La catedrática Rosa Amelia Asuaje denuncia que su informe sobre los discursos del opositor venezolano fue tergiversado

Primero hay que presentarla: se llama Rosa Amelia Asuaje, tiene 45 años y es doctora en Lingüística por la Universidad de los Andes en Mérida, en el oeste de Venezuela, donde también es catedrática titular. Lamentó la agonía y la muerte del presidente Hugo Chávez en marzo de 2013. Apoyó a su sucesor designado, Nicolás Maduro, en los comicios en abril de ese año porque suponía que la revolución debía continuar. Y era chavista cuando la llamaron a declarar como experta lingüista en el sonado juicio al dirigente opositor Leopoldo López.

En ese momento, dice hoy, tres años después del día en que el líder de Voluntad Popular entró en la cárcel, comenzó su desencanto con el proceso bolivariano. “Esto que quiere hacer el Gobierno no puede ser, no es ético”, pensaba al advertir que la fiscalía, para no darle argumentos a la defensa, no contrastó su análisis con el de otros expertos, ni buscó a un psicólogo que determinara si las arengas de López habían provocado los destrozos en el Ministerio Público en Caracas y el incendio de vehículos de la policía en febrero de 2014. Solo su opinión como perito fue el testimonio clave utilizado por la fiscalía para que la juez Susana Barreiros condenara al político a 13 años y nueve meses de prisión.

El informe que preparó Asuaje decía, entre otras cosas, que los mensajes de López eran “coléricos y rabiosos”, y que los destinatarios “cargados de ira” pudieron “sentir la necesidad de decodificar eso en la realidad” en unas protestas.

Desde que leyó la sentencia supo que su comparecencia había sido manipulada para obtener la prueba que necesitaba la justicia chavista. “La jueza descontextualizó todo lo que dije”, explica en conversación telefónica con este diario. Pudo haberse quedado callada, dice, pero la losa del remordimiento la habría aplastado. Hoy vive aterrada en su apartamento, pero tras denunciar que su testimonio fue manipulado para avalar la condena manifiesta sentirse aliviada. “La ideología termina donde empieza mi trabajo”, dice. “Y en rigor”, agrega, “jamás creí que López fuese el responsable de provocar con su discurso los desórdenes que ocurrieron hace tres años en Caracas”.

La prensa local reportó en diciembre de 2015 un atraco a Rosa Amelia Asuaje. Un hombre le introdujo el cañón de un arma en la boca, le quitó el móvil y la cartera. En el forcejeo sufrió patadas hasta fracturarle la costilla. La docente está convencida de que aquel hombre simuló ser un ladrón para amedrentarla. Al día siguiente, otro le devolvió todos sus documentos y el dinero de su cartera.

La profesora ha contado su experiencia a quien desee escucharla y en el portal chavista Aporrea, donde ha revelado los increíbles detalles de su comparecencia. Después de analizar 24 vídeos donde López arengaba a los suyos fue llamada a declarar en enero de 2015. Antes de eso, dice, exigió a los fiscales que su opinión no se convirtiera en la prueba incriminatoria. “Me había limitado a describir las características del habla. Yo no estudié la recepción del discurso de López y mal podría decir que es un discurso incendiario”, afirma. “Ellos me dijeron que mi testimonio no sería usado para condenar a una persona”. Del engaño se enteraría el día que leyó la sentencia. Hoy Asuaje ya no es chavista.

La pandilla judicial roja: maquinaria de tortura – Editorial El Nacional – 11 de Diciembre 2016

La pandilla judicial roja opera como una gigantesca maquinaria de tortura. Uso la palabra maquinaria porque de eso se trata: de un conjunto de entidades dedicadas a torturar, a causar dolor de forma permanente a cada ciudadano, a cada familia venezolana. Magistrados sin credenciales ni decencia, jueces ímprobos, tribunales especializados en el terror, fiscales que trabajan con guiones previamente establecidos, falsos testigos armados de falsedades, organismos policiales expertos en la violación de los derechos humanos y el debido proceso, carceleros feroces e impunes, y un grupo de voceros dotados de impunidad que acusan desde los medios del Estado –Cabello, Rodríguez y Rangel se disputan la Medalla de Oro de la Infamia–, son piezas, activos engranajes de esta maquinaria.

Torturan a la sociedad entera. Propagan el miedo. El máximo tribunal es el epicentro de la atrocidad con que se castiga a Venezuela. En sus despachos se fabrican decisiones que contravienen la Constitución, las leyes, la realidad y el sentido común. Una revisión de sus sentencias lo hace evidente: los venezolanos carecemos de derechos. La maquinaria desconoce resultados electorales. La maquinaria nos impide hacer uso del derecho constitucional al referéndum revocatorio. La maquinaria se propone destruir un poder público, la Asamblea Nacional, producto de nuestros votos. La maquinaria otorga impunidad a los funcionarios del Sebin, cuerpo invadido por el odio en contra de personas y familias. La maquinaria decreta una nacionalidad para Nicolás Maduro. La maquinaria abre expedientes. La maquinaria dicta sentencias en contra de personas inocentes. La maquinaria autoriza la existencia de centros de reclusión que son tumbas donde se tortura a los detenidos. La maquinaria ordena el traslado de los detenidos. Juega con las vidas de los presos. Impide a las familias reunirse con sus víctimas. Bloquea la acción de los abogados defensores. Nada hace ante los métodos abusivos y humillantes que los carceleros practican en contra de los presos y sus familiares.

La maquinaria roja de tortura es garante del poder sin restricciones. Un poder ilimitado. Sin contrapeso, sin control. Poder que otorga impunidad al régimen y se otorga impunidad a sí mismo.

Dos son sus procedimientos fundamentales. Cuando se trata de expedientes políticos, la maquinaria actúa al unísono con el Ejecutivo: la maquinaria acosa, rodea al acusado, le cierra todas las posibilidades hasta conducirlo a una condena sin remedio. Implacable y que convierte al detenido en una persona sin derechos. Sometida a los vaivenes de quien haya dictado la orden: Raúl Castro, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello o Adán Chávez. Nadie debe olvidar la confesión de Aponte Aponte: en la oficina de Elías Jaua, en la esquina de Carmelitas, los viernes en la tarde, tenían lugar las reuniones en las que se transmitían al máximo tribunal las instrucciones del máximo pervertidor de la justicia: Hugo Chávez. Sentencias dictadas a priori: en eso consiste uno de los legados concretos del teniente coronel.

El anterior no es el único procedimiento. Hay otro, que incluye los expedientes no políticos, que tiene esta característica: opera como una caja registradora. Funciona como un cuantioso mercado donde se subastan las sentencias, donde hay jueces que actúan como martilladores: preguntan a las partes quién da más. Y han cambiado de moneda. Desdeñan los bolívares y se niegan a escuchar ofertas que no sean en dólares.

Sentencias dictadas a priori o subastas en dólares al mejor postor: estos son los procedimientos de la maquinaria de tortura que opera la pandilla judicial roja.

Las 41 decisiones inconstitucionales del TSJ contra la Asamblea Nacional

El Abogado y Profesor. Especialista en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Ciencia Política. Profesor de la Universidad Central de Venezuela. Defensor de Derechos Humanos. Presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional, José Vicente Haro, recapitula en su blog las decisiones inconstitucionales del TSJ en contra de la Asamblea Nacional, los partidos políticos y la soberanía del pueblo.

1) Decisión Nro. 260/2015 de la Sala Electoral del TSJ, de 30-12-2015, que suspendió los efectos de las proclamaciones de Diputados del Estado Amazonas violando su inmunidad parlamentaria.

2) Decisión Nro. 1/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, de fecha 5-1-2016, que con el claro objeto de deslegitimar a partidos políticos y de dividir la MUD, ordena que pasen a una etapa de renovación o legalización, lo cual pone en riesgo a varios partidos políticos que tienen representación en la AN y que integran la MUD.

3) Decisión Nro. 1/2016 de Sala Electoral del TSJ, del 11-1-2016, que ordenó a la AN desincorporar a los Diputados del Estado Amazonas a pesar que poseen inmunidad parlamentaria.

4) Decisión Nro. 3/2016 de Sala Constitucional del TSJ, de 14-1-2016, que convalidó las inconstitucionales decisiones de la Sala Electoral sobre los Diputados de Amazonas.

5) Decisión Nro. 4/2016 de Sala Constitucional del TSJ, del 20-1-16, que declaró constitucional Emergencia Económica y ordenó a poderes públicos cumplirlo, a pesar de la clara inconstitucionalidad del Decreto.

6) Decisión Nro. 7/2016 de Sala Constitucional del TSJ, de 11-2-2016, que puso en vigencia Decreto de Emergencia Económica a pesar de su no aprobación por la AN.

7) Decisión Nro. 9/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, de 1-3-2016, que eliminó inconstitucionalmente facultades de control político de la Asamblea Nacional.

8) Decisión Nro. 184/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, del 17-3-2016, que prorrogó el Decreto de Emergencia Económica a pesar de no aprobación de la AN.

9) Decisión Nro. 185/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, de fecha 18-3-2016, mediante la cual se ordena al CNE comenzar los trámites para el proceso de renovación/ legalización de los partidos políticos, lo cual incluye a casi todos los que integran la MUD, decisión que permitiría eventualmente al CNE y al TSJ declarar la ilegalidad de alguno de los partidos de la MUD que no hagan la renovación que impone la Sala Constitucional en su decisión, lo cual pone en riesgo a varios partidos políticos que tienen representación en la AN y que integran la MUD, y que además tiene por objeto dividir electoralmente a la MUD.

10) Decisión Nro. 225/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, de 29-3-2016, que declaró que la AN no puede revocar ni anular designaciones de Magistrados del TSJ, en contra de lo previsto en el Reglamento Interior y de Debates de la AN.

11) Decisión Nro. 259/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, de 31-3-2016, que declaró inconstitucional la Reforma de la Ley del BCV e impidió a la AN garantizar autonomía del BCV y el ejercicio del control político parlamentario sobre ese Instituto Emisor.

12) Decisión Nro. 264/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, de 11-4-2016, que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional.

13) Decisión Nro. 274/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, del 21-4-2016, que señaló que Proyecto de Enmienda que estaba siendo aprobado por la AN, para recortar el período presidencial, no podría aplicarse al presente periodo constitucional.

14) Decisión Nro. 269/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, del 22-4-2016, que suspende los efectos de artículos de Reglamento Interior y Debates de la AN relacionados con sus atribuciones privativas en materia de control político y que, además, pretende regular su funcionamiento interno, régimen de convocatoria de sesiones, derechos de palabra, entre otros, con un detalle tal, que viola su garantía constitucional institucional de autonomía como Parlamento y Poder Público electo por el pueblo.

15) Decisión Nro. 327/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, de 28-4-16, que señaló que Ley de Bono de Alimentación para Pensionados queda sujeta en su implementación y vigencia, a la aprobación del Presidente (y la deja en un limbo jurídico).

16) Decisión Nro. 341/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, del 5-5-16, que señaló que Ley de Reforma de la Ley Orgánica del TSJ es inconstitucional.

17) Decisión Nro. 343/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, del 6-5-16, que señaló que Ley que otorga propiedad a Beneficiarios de GMVV es inconstitucional.

18) Sentencia Nro. 411/2016 dictada por la Sala Constitucional del TSJ, del 20-5-2016, que declara “constitucional” Decreto de Estado de Excepción NO APROBADO por la AN.

19) Decisión Nro. 415/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, del 24-5-2016, volviendo a referirse a la obligación de renovación/legalización de partidos políticos y que en su motivación hace referencia a la posibilidad de disolver partidos políticos que no se sometan al proceso de renovación, lo cual pone en riesgo a varios partidos políticos que tienen representación en la AN y que integran la MUD.

20) Decisión Nro. 460/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, del 9-6-2016, que declaró inconstitucional la LEY ESPECIAL PARA ATENDER LA CRISIS NACIONAL DE SALUD y que, además, le otorgó una amplia Ley Habilitante a Nicolás Maduro, de manera ilegitima e inconstitucional.

21) Decisión Nro. 473/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, del 14-6-2017, en contra de la Asamblea Nacional, sobre el asunto del Reglamento Interior y de Debates de la AN, que le ordena al Parlamento acatar fallo inconstitucional Nro. 269/2016 en esa materia, ya antes aquí citado.

22) Decisión Nro. 478/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, del 14-6-2016, que suspendió (inconstitucionalmente) los efectos de Acuerdos aprobados por la AN en fecha 10 y 31 de Mayo de 2016 y abre un procedimiento por supuesta controversia constitucional entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo por supuesta usurpación de funciones por parte del Poder Legislativo en materia de relaciones internacionales.

23) Decisión Nro. 612/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, del 15-7-2016, que desconoció la inmunidad parlamentaria que conforme a la Constitución tienen los Diputados Rosmit Mantilla, Gilberto Sojo y Renzo Prieto, Diputados Suplentes de la AN.

24) Decisión Nro. 614/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, del 19-7-2016, que declaró inconstitucional la revocación que hizo la Plenaria de la AN, del Acto de Designación de los Magistrados “Express” nombrados el 23-12-2015 por la anterior AN.

25) Decisión Nro. 615/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, del 19-7-2016, que declaró constitucional, la ilegitima e inconstitucional prórroga del Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica NO APROBADO por la AN.

26) Decisión Nro. 618/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, del 20-7-2016, que limita severamente las facultades contraloras que tiene la AN sobre las operaciones que realice el Banco Central de Venezuela.

27) Decisión Nro. 108/2016 de la Sala Electoral del TSJ, del 1-8-2016, que consideró y declaró desacato de la AN por haber incorporado en sus curules a los Disputados del Estado Amazonas.

28) Decisión Nro. 126/2016 de la Sala Electoral del TSJ, del 11-8-2016, en la que se ratifica la medida de suspensión a los diputados de Amazonas y la región sur indígena e indica, nuevamente, que la AN está en desacato.

29) Decisión Nro. 797/2016 de Sala Constitucional del TSJ, del 19-8-16, que anuló sesiones y decisiones de mayo y junio de la AN por haber estado presentes en esas sesiones los Diputados del Estado Amazonas.

30) Decisión Nro. 808/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, de fecha 4-9-2016, que declaró NULA la Ley de Reforma Parcial del Decreto N° 2.165 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro, así como las Conexas y Auxiliares a estas, y también, nulos absolutamente todos los actos jurídicos de la AN que se hayan adoptado y se adopten mientras permanezca en supuesto desacato.

31) Decisión Nro. 810/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, del 21-9-2016 que puso en vigencia el inconstitucional Decreto de Estado de Excepción Decretado el 13-9-2016, NO APROBADO por la AN.

32) Decisión Nro. 814/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, del 11-10-2016, que ratifica supuesto desacato de la AN, declara que sus actos son nulos e inválidos y dispone que el Presidente puede dictar un Decreto Ley de Presupuesto para el año 2017, ratificando que el Estado de Excepción, inconstitucionalmente, le permitiría dictar Leyes Habilitantes al Presidente (sin que se le haya otorgado una Ley Habilitante por la AN).

33) Decisión Nro. 147/2016 de la Sala Electoral del TSJ, de fecha 17-10-2016, que declara que para que se pueda considerar convocado el Referendo Revocatorio, debe haberse alcanzado en todos los Estados y en el Distrito Capital, un numero de manifestaciones de voluntad del 20% de Electores inscritos en el Registro Electoral, en cada entidad, con la consecuencia que, de no alcanzarse en alguno de los Estados, no se consideraría convocado el Referendo Revocatorio.

34) Decisión Nro. 878/2016 que emitió la Sala Constitucional del TSJ, el 21-10-2016, volviendo a referirse a la obligación de renovación/legalización de partidos políticos y que en su motivación hace referencia a la posibilidad de disolver partidos políticos que no se sometan al proceso de renovación (que debe incluir verificación barométrica de sus militantes, entre otros requisitos), lo cual pone en riesgo a varios partidos políticos que tienen representación en la AN y que integran la MUD, pues la Sala Constitucional los menciona expresamente.

35) Decisión Nro. 893/2016 de fecha 25-10-2016 de la Sala Constitucional del TSJ, que prohíbe a la AN realizar investigaciones sobre supuestos actos de corrupción realizados en PDVSA por su Ex-Presidente Rafael Ramirez, desconociendo absolutamente las facultades constitucionales de control político y para la determinación de Responsabilidad Política que tiene la AN según los artículos 187.3 y 222, 223 y 224 de la Constitución.

36) Decisión Nro. 907/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, del 28-10-2016, dictada sobre el debate de la supuesta doble nacionalidad de Nicolas Maduro y con la cual se pretende evitar que la Asamblea Nacional ejerza su función de control político concluyendo la investigación que ha iniciado sobre el tema en febrero de 2016, de acuerdo con lo establecido en el Art. 222 de la Constitución y las denuncias que ante el Parlamento se han hecho al respecto.

37) Decisión Nro. 938/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, de fecha 4-11-2016, que declaró nula la Reforma de la Ley Orgánica de Contraloría General de la República sancionada por la AN y que insiste, una vez más, que la AN estaría en desacato y que todos sus actos son nulos y sin validez alguna.

38) Decisión Nro. 939/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, de fecha 4-11-2016, que declaró nula la Reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones sancionada por la AN y que insiste, también, una vez más, que la AN estaría en desacato y que todos sus actos son nulos y sin validez alguna.

39) Decisión Nro. 153/2016 de la Sala Electoral del TSJ, de fecha 10-11-2016, mediante la cual declara inadmisible una acción de amparo que trataba de restablecer o reactivar Referendo Revocatorio.

40) Decisión Nro. 948/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, de fecha 15-11-2016, que a solicitud del Procurador General de la República declaró, nuevamente, que la Asamblea Nacional está en desacató y que sus actos son nulos y sin validez jurídica alguna y que, además, ordenó expresamente, entre otros puntos (resumiendo): (i) que la Asamblea Nacional se abstenga de seguir tramitando un juicio político para la determinación de la Responsabilidad Política del Presidente de la República; y (ii) prohibió convocar y realizar actos de calle que alteren el orden público, instigaciones a las autoridades y Poderes Públicos. Esta decisión también sugiere (realiza una argumentación), según la cual se cuestiona que los medios de comunicación transmitan en vivo o en diferido las convocatorias a acciones de calle realizadas por Diputados de la Oposición y actores políticos que tendrían por objeto “despojar al actual Gobierno Constitucional del Poder”, todo lo cual, según la Sala Constitucional, perturbaría el diálogo que ha sido convocado desde el Poder Ejecutivo.

41) Decisión Nro. 952/2016 de la Sala Constitucional del TSJ, de fecha 21-11-2016, que declaró “constitucional” y puso en vigencia la nueva prórroga del Decreto de Estado de Excepción Decretada por N. Maduro en fecha 13 de noviembre de 2016, no obstante que la Asamblea Nacional en uso de sus atribuciones constitucionales NO aprobó dicha prórroga en sesión de fecha 15 de noviembre de 2016, con lo cual la Sala Constitucional viola, nuevamente, la Constitución y la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, en esta materia.

 

Sin legalidad no hay libertad por Asdrúbal Aguiar – El Nacional – 18 de Octubre 2016

 

Unknown

Hasta un tiempo reciente podía discutirse acerca de la naturaleza del régimen instalado en Venezuela, luego de la elección, en 1998, de un militar que, previamente, atentara contra el orden constitucional y democrático. Ahora no.

Sus desvaríos dictatoriales sitúan a Hugo Chávez sobre zonas grises, entre la legalidad y la ilegalidad constitucional. De allí que se hable de la presencia de un gobierno populista con falencias democráticas, pero democrático al fin; mientras algunos aprecian el advenimiento de una dictadura inédita, propia del siglo XXI, acaso en los odres de la “posdemocracia” –relación mediática y carismática entre el líder y la audiencia, ajena a las instituciones– no faltan otros quienes califican tal fenómeno, por extraño e indefinido y, en el caso, mediar la simbiosis de un militarismo electivo con desviaciones marxistas cubanas, de autoritarismo competitivo. Leer más de esta entrada

Sobrevivir por Laureano Márquez – El Nacional – 6 de Mayo 2016

Laureano-Marquez-politologo-Foto-Archivo_NACIMA20160402_0034_6La Real Academia nos ofrece varias acepciones del término “sobrevivir”: i) “vivir después de un determinado suceso” (es decir seguir vivo después del suceso, digamos una calamidad, una hecatombe, etc.), ii) “vivir con escasos medios o en condiciones adversas” y iii) “permanecer en el tiempo, perdurar”. A los venezolanos de este momento nos toca insistir en la supervivencia en todas las acepciones de la palabra.

Tenemos que sobrevivir al hampa, que es una de esas desgracias que no dependen de uno (me refiero no a la que uno elige, sino a la que lo elige a uno). Hay que cuidarse más: no salga de noche y de día lo menos que pueda. Aproveche que el trabajo está prohibido en Venezuela para quedarse en casa. Les diría que pongan rejas mejores, pero hierro tampoco hay. Los muchachos adolescentes que vayan a fiestas deben quedarse en las casas del convocante o no hay fiesta (mejor si no la hay). Atento siempre a si lo están siguiendo, ponga los vidrios lo más oscuros posibles, los vidrios arriba, los seguros abajo. Desempolve el celular viejo, guarde el bueno en la casa. No lo use en el carro. No agarre caminos verdes de noche.

Tenemos que sobrevivir a la calamidad alimentaria que se avecina. Todos los que saben de la materia aseguran que en pocas semanas el desabastecimiento va a ser brutal. Lo poco que se consiga, además, será muy costoso. Sea prójimo, comparta su pan (es un decir, pan no hay: su comida, se entiende) con el que no anda bien. Almacene lo que pueda, lo que la hiperinflación le permita. Si tiene familia fuera, pídales que le manden comida puerta a puerta. Haga las arepas más finitas y más grandes, para que den la sensación de abundancia (mientras tenga harina).

Hay que sobrevivir a la crisis eléctrica. Especialmente la gente del interior que es la más castigada. Cuide y proteja su nevera que es el sanctasanctórum de la casa (imagine que es la caja fuerte que contiene sus joyas preciadas). Tenga agua, porque si no hay luz se va el agua y si no hay agua se va la luz. Ahorre electricidad porque El Niño insiste en quedarse a pesar de las firmas.

Hay que sobrevivir a la crisis sanitaria. Pídale a los que aun viajan fuera que le traigan las medicinas que necesita si tiene tratamientos que no puede suspender. Sea solidario, comparta medicinas que no usa o las que quedaron de la gente que lamentablemente se nos fue. Use las redes para ayudar a los que necesitan, pero por encima de todo, trate de no enfermarse. Cuídese, deje el cigarrillo si fuma, controle la ansiedad, duerma. Haga ejercicio (pero no en la calle, recuerde la inseguridad. Suba y baje las escaleras de su edificio…solo de día).

Tenemos que sobrevivir a la debacle institucional, insistir en las leyes, en la justicia, en el ejercicio de nuestros derechos, por más inútil que parezca. Pero sobre todo, trate de que su alma sobreviva a este “suceso”. Por más que la destrucción de Venezuela sea un extraordinario negocio, no se sume a la corrupción, no sea usted uno más de los que arruinan al país (diga: “etiamsi omnes ego non”, “aunque todos lo hagan, yo no”), sea un constructor, que es la única forma de perdurar en la memoria colectiva. Recuerde que si el país que usted sueña no nace de su corazón y de su práctica cotidiana, nunca vendrá. Mantenga su conciencia transparente. Pero sobre todo sobreviva a la indignación, a la rabia que le produce lo que está contemplando.

Destierre el odio, pues como dijo el inigualable Charles Chaplin en el Gran Dictador (sin alusiones personales): “ustedes tienen el amor de la humanidad en sus corazones, no odiéis. Solo aquellos que no son amados odian, los que no son amados y los inhumanos”.

La tarea de cara al futuro para las personas, las familias, las empresas y –naturalmente- el país, será la de sobrevivir. Ya lo dijo Andrés Eloy Blanco en tiempos que creíamos superados:

Viviendo estas los años más sucios de la historia
pero si sobrevives, será tu tiempo el tiempo
de la bondad triunfante, de la justicia erguida,
donde la voz alcance la libertad del sueño…

Destrúyase por Gustavo Roosen – El Nacional – 14 de marzo 2016

UnknownLa historia de las expropiaciones en Venezuela tiene la marca del fracaso. La expresión que el gobierno ha utilizado es “exprópiese”, pero, a juzgar por los resultados, su aplicación ha resultado en el equivalente a “destrúyase”. Este ha sido, de hecho, el resultado de una política que, lejos de inspirarse en la consecución de beneficios para el ciudadano, parece haber obedecido a una fiebre de poder y a una presunción doblemente equivocada: calificar al empresario como egoísta amasador de fortuna y considerar el funcionario como vengador todopoderoso.

El resultado, en la mayoría de los casos, reviste la forma de manejo ineficiente y equivocado de la actividad, reducción de su producción, incremento de costos, desvalorización de las instalaciones y equipos, estancamiento, desinversión, acumulación de deudas, falta de mantenimiento, aumento de capacidad ociosa.

Es un cuadro de perdedores: el empresario que ve la destrucción de su empresa, el consumidor que ve reducida la oferta de bienes, el trabajador que ve alteradas sus relaciones profesionales de trabajo por la presión ideológica y partidista, el Estado que acumula pérdidas y ve reducirse el aporte fiscal y, por último, las propias empresas estatizadas, penetradas por la corrupción y la pérdida de los valores del trabajo, la responsabilidad y la productividad. Lo ha dicho incluso recientemente un exministro de Industria de este gobierno, Víctor Álvarez: “Las expropiaciones no rindieron los resultados que el Gobierno esperaba y las empresas estatizadas terminaron quebradas por el burocratismo y el pseudo sindicalismo que se aliaron para sabotear e impedir la participación de los trabajadores en la dirección y gerencia”. Leer más de esta entrada

La amenaza penal y los “operativos policiales” por Alberto Arteaga Sánchez – El Nacional – 17 de Agosto 2015

No tiene precedentes en Venezuela el recurso permanente al sistema de justicia penal para resolver cualquier asunto extraño a las exigencias legales, lo que antes solo ocurría en pleitos civiles o mercantiles transformados en denuncia o acusaciones penales, como fórmula denominada de “terrorismo judicial”.

Pero, ahora, este mecanismo de atropello judicial ha encontrado amplio campo de aplicación ante cualquier manifestación de disidencia política, ante cualquier comportamiento considerado “peligroso” para el régimen o ante cualquier expresión que de alguna manera ofenda la sensibilidad del poder y se estime deba ser reprimido en forma “ejemplarizante”.

Un tuit enviado, una opinión crítica difundida o, simplemente, la actitud considerada hostil o sospechosa de alguien, puede dar lugar a una acción penal carente de todo fundamento y que se erige como amenaza ante un ciudadano indefenso y desprotegido, a pesar de todos los argumentos legales que pueda esgrimir contando con el más adecuado asesoramiento legal.

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