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La inhumación de Acosta Arévalo o el entierro de la evidencia por Jesús Alejandro Loreto C. – ProDaVinci – 11 de Julio 2019

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El deceso del capitán de corbeta (R) Rafael Acosta Arévalo estuvo marcado por gravísimas acusaciones de tortura, tratos crueles, degradantes e inhumanos. La imputación del Ministerio Público contra los presuntos responsables generó enorme polémica, ya que los militares presuntamente responsables fueron imputados por el delito de homicidio y no el de tortura. Ahora el sepulcro ha ocasionado aún más revuelo, pues según informó el propio abogado del capitán de corbeta, una vez practicada la autopsia, se ordenó que el cadáver fuese enterrado en las condiciones impuestas por un tribunal, dejando a un lado la voluntad de los familiares de Acosta Arévalo, tal y como ocurriera meses antes con el cuerpo de Óscar Pérez. Veamos cuáles son las implicaciones legales asociadas a la investigación de un homicidio respecto del cuerpo de la víctima.

La autopsia

Cuando existen motivos para suponer que una persona ha fallecido de forma violenta o como resultado de un delito, como sucedió con Pérez y Acosta Arévalo, debe realizarse una autopsia para saber con certeza cómo y por qué murió. Así lo señala el Código Orgánico Procesal Penal, COPP. Se trata de un procedimiento complejo que comienza idealmente desde el lugar donde ocurrió el deceso e implica dejar constancia de la posición y ubicación del cadáver, así como del levantamiento y la recolección de evidencias físicas, además de la medición de factores ambientales como la temperatura y la humedad. Una vez en la morgue y a cargo de un médico forense, sigue un examen anatómico del cuerpo, toma de muestras de la vestimenta, piel, cabello y uñas, así como impresiones dactilares y dentales para finalmente iniciar el procedimiento quirúrgico de apertura del cadáver, durante el cual se toman muestras adicionales de fluidos corporales y tejidos blandos. Luego de esto han de realizarse distintos análisis de laboratorio. Se trata de un procedimiento fundamentalmente científico en el que los protagonistas son médicos forenses y patólogos. No obstante, dependiendo de las circunstancias, pueden intervenir otros especialistas, tales como odontólogos, biólogos, químicos y expertos en ciencias criminalísticas.

La prueba

Durante una autopsia confluyen la medicina y el derecho, disciplinas que se complementan, pues la rigurosidad en el cumplimiento de los protocolos de cada área le asigna credibilidad y valor probatorio a las conclusiones de los expertos. Todo esto está establecido en normas legales y en los manuales que regulan dichos procesos. Ahora bien, en casos como los de Acosta Arévalo u Óscar Pérez, en los que se teme la participación de funcionarios militares o policiales, la objetividad y confiabilidad de la autopsia está comprometida, de llevarse a cabo de la forma usual. Por ello fue creado el Protocolo de Minnesota, sobre el cual hace poco Prodavinci publicó recientemente un esclarecedor trabajo. Al respecto, basta con decir que una autopsia sólo surte efectos probatorios en juicio cuando se lleva a cabo por personal autónomo e independiente, con la debida formación profesional y en cumplimiento de las directrices que garanticen la integridad y veracidad de los hallazgos de los peritos. Estos estándares son aún más estrictos en casos de torturas o ajusticiamientos, y así debe procederse en las investigaciones acerca de las muertes de Oscar Pérez y Rafael Acosta Arévalo.

Entierro y exhumación

Las normas legales que regulan la autopsia, están destinadas a preservar evidencias que, de otra forma, pudieren alterarse o incluso desaparecer, bien por el efecto que tiene el paso del tiempo en el cuerpo humano, o por la indebida disposición o manipulación del cadáver. En ese sentido, la Ley obliga a que antes de sepultar a una persona fallecida violentamente o a consecuencia de un hecho punible, se realice una autopsia. De allí que un Juez Penal en funciones de Control, pueda a petición de un fiscal del Ministerio Público, ordenar la exhumación -más no el entierro- de un cadáver, y ello sólo en caso de que no se haya realizado ya la autopsia y únicamente cuando tal diligencia sea verdaderamente útil. Dicho de otra forma, el juez puede proteger las pruebas que provengan de una autopsia retrasando la inhumación, lo que no puede es ordenar y controlar un sepulcro después de hecha la autopsia.

Como puede verse, la potestad del juez es la de impedir que se disponga del cuerpo del occiso sin antes realizar una autopsia, lo que excepcionalmente puede permitir desenterrar el cadáver si no se ha hecho previamente. Realizada la autopsia y cualquier análisis de rigor sobre el cuerpo, no existe razón para controlar o restringir los ritos o costumbres de los familiares respecto de la disposición del cadáver. Pero además la ley no lo permite.

La prueba anticipada

La potestad del juez de preservar evidencias le permite adelantar la recepción de una prueba cuando haya riesgos de que desaparezca o se modifique al momento de un hipotético juicio. De allí que si durante la investigación, la fiscalía, el imputado o la víctima se percata de que alguna evidencia está en riesgo, baste con requerir al juez de control que la practique anticipadamente. Esto aplica por supuesto para cualquier examen, experticia o inspección que sea imprescindible llevar a cabo sobre un cadáver, a fin de conocer cómo y porqué murió. En contraste, resulta ilógico que un juez impida un sepelio e imponga con prontitud la inhumación, cuando en realidad eso sólo puede acelerar la descomposición del cuerpo, y con ello provocar la alteración o desaparición de evidencias.

Realizada una autopsia debidamente, no existe razón procesal o probatoria que justifique ignorar las creencias religiosas de las víctimas de un homicidio, imponiéndoles condiciones de sepulcro que le son ajenas. El trato digno y decoroso que merece la memoria de los fallecidos y el respeto a la dignidad humana de sus familiares, obliga a que una vez entregado el cuerpo del occiso, cese la intervención del Estado y sean ellos quienes decidan cómo honrar y tratar a sus muertos.

Caso del capitán Acosta Arévalo no se cierra con su “inhumación controlada” por Orianny Granado – TalCual – 11 de Julio 2019

No solo será el abogado de Acosta quien lleve a cabo una investigación para dar con la verdad, la diputada de la Asamblea Nacional  Delsa Solórzano, aclaró luego del entierro, que las investigaciones sobre el caso no concluyen con lo que a su juicio fue un “sepelio hecho por sus propios asesinos”


El miércoles 10 de julio finalmente se llevó a cabo el entierro del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, en un proceso controlado en su totalidad por el Estado incumpliendo incluso los deseos de la familia y prohibiendo cualquier acto velatorio.

12 días después de conocer la muerte de Arévalo a manos de funcionarios de la Dirección Nacional de Contrainteligencia Militar (Dgcim), el Gobierno se dispuso a entregar el cuerpo sin aclarar los detalles de lo ocurrido.

El abogado de la víctima Alonso Media Roa, aseguró la “inhumación controlada” a la que fue sometido el cuerpo del Capitán, no solo es una violación a los derechos, sino un acto que podría interpretarse como “un acción de cobardía e irrespeto a la familia y a la sociedad en general”.

Alonso Medina Roa@medinaroaalonso

. La inhumación controlada, podría interpretarse como una acción de cobardía e irrespeto a la familia del Capitán Rafael Acosta Arevalo, y a la sociedad en general.

Pero más allá de cómo se produjo la sepultura de quien fuese durante sus últimos días un preso político de la administración de Nicolás Maduro, su familia y abogado claman por conocer qué ocurrió realmente con Arévalo, hechos que lo llevaron a la muerte.

Por lo que Roa ha anunciado que dará inicio a un proceso de investigación con el que se busca esclarecer lo que ocurrió en los calabozos del Dgcim en Boleíta.

Durante una entrevista para Globovisión, aseguró que hay mucho por aclarar en este caso para realmente hacer justicia, por lo que solicitarán a los organismos correspondientes llevar a cabo una serie de diligencias para que se investigue y se clarifique lo ocurrido.

“Cómo llegó el Capitán al hospital, cómo llega a los tribunales, qué pasó desde su detención del día 21 de julio hasta el 28, quién lo custodiaba, todo eso evidentemente desde el punto de vista jurídico lo vamos a solicitar”, dijo al hacer referencia a muchas de las preguntas que quedan sin responder en el caso del capitán.

Pero Roa y los familiares de Arevalo están conscientes de que el gobierno de Maduro no facilitará el proceso para esclarecer este hecho, “ya se dibuja de forma clara cuales son las intenciones de cómo va a ser el proceso… no hay intenciones de hacer justicia en el caso del capitán”.

Sin embargo, reiteró que desde su tribuna su rol será “insistir, ejercer todos los recursos y actuar de forma contundente a los fines de que se descubra la verdad”.

No solo será Medina Roa quien lleve a cabo una investigación para dar con la verdad, la diputada de la Asamblea Nacional y defensora de los derechos humanos Delsa Solórzano, aclaró luego del entierro de Acosta Arévalo, que las investigaciones sobre el caso no concluyen con lo que a su juicio fue un “sepelio hecho por sus propios asesinos”.

Delsa Solorzano

@delsasolorzano

Investigación del caso del Cap Acosta Arévalo no concluye con el terrible abuso cometido ayer con la “inhumación controlada”, o como yo lo llamo “el sepelio hecho por sus propios asesinos”. Al igual q todos las demás, vamos a instancias internacionales. Pronto habrá justicia

Reiterando que el caso será llevado a la comunidad internacional, al igual que otros casos en los que se presume fueron ajusticiamientos. A través de sus redes sociales hizo un llamado a la ciudadanía a no “acostumbrarnos al horror. No podemos “normalizar” la violación de DDHH”.

Solórzano dijo que casos como el de Arévalo deben encender las alarmar y empujar a los ciudadanos a levantar la voz.

“Oscar Pérez y los héroes caídos en El Junquito, Fernando Albán y todos lo demás casos, jamás deben ser olvidados” detalló la diputada.

Delsa Solorzano

@delsasolorzano

No podemos acostumbrarnos al horror. No podemos “normalizar” la violación de DDHH. Casos como el del Cap. Acosta Arévalo deben alarmarnos y obligarnos a levantar la voz. Oscar Pérez y los héroes caídos de El Junquito, Fdo Albán y TODOS los demás casos, jamás deben ser olvidados

Los presuntos responsables

El 30 de junio el fiscal designado por la impuesta Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, anunció la detención de dos funcionarios de la Dgcim, señalados como los presuntos autores de la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.

Para el lunes 1 de julio, se conoció que un teniente y un sargento segundo de la Guardia Nacional y adscritos a la Dgcim fueron acusados por un solo delito: homicidio preterintencional concausal.

Este delito hace que el Gobierno eluda los cargos sobre violaciones a los derechos humanos que recaen sobre toda la cadena de mando del cuerpo de seguridad.

Recordemos que Arévalo estuvo desaparecido durante siete días sin ser presentado a Tribunales. Familiares y su abogado detallaron que finalmente el 28 de junio llegó a un tribunal militar, llegó en silla de rueda, sin poder hablar y presentaba evidentes signos de tortura, al día siguiente habría muerto a consecuencia de las graves heridas causadas.

El acta post mortem del capitán de 50 años revela que el hombre tenía al menos 38 lesiones en su cuerpo, de las cuales 30 fueron por la parte frontal y ocho en la parte posterior.

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