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La falta de efectivo en Venezuela fuerza a comprar un helado con una transferencia bancaria por Alonso Moleiro – El País – 10 de Febrero 2018

El Gobierno de Maduro alienta el pago digital de servicios y cifra parte de sus esperanzas en la aparición del Petro, la criptomoneda venezolana

El adulterado entorno económico venezolano ha consolidado un hecho insólito: la ausencia casi total de dinero en efectivo. En una nación que sufre los efectos de una altísima inflación y que presenta embates cíclicos de escasez de productos, la falta de dinero líquido para pagar aquello que ya de por sí puede tener un enorme valor está convirtiendo cualquier gestión cotidiana en una titánica tarea que exige un inusual despliegue logístico.

La falta de billetes es tan notoria que, con mucha frecuencia, los bancos admiten retiros que no sobrepasan los 20.000 bolívares al día (apenas unos centavos de dólar) por usuario. La circunstancia convierte transacciones cotidianas elementales en operaciones de complejidad: en la Venezuela actual, el propietario de un carrito ambulante de helados puede admitir un pago a posteriori por transferencias digitales acordado con el comprador.

El uso de los puntos electrónicos de venta es condición sine qua non para cualquier comerciante que quiera sobrevivir. Los cajeros automáticos permanecen precedidos de enormes colas en demanda de efectivo. Las monedas de metal, devoradas por el caos económico, tampoco existen. Aparcar un coche en un estacionamiento público puede requerir una intrincada operación previa para obtener los billetes que se necesitan para pagar el costo.

En la evaporación del dinero en efectivo concurren algunas de las mismas causas que han puesto en vigor el reino de la escasez en la Venezuela de Nicolás Maduro. La primera de ellas, un poderoso punto de fuga activado por bandas de contrabandistas y traficantes de productos que operan en la frontera con Colombia, que suelen aprovecharse del artificio que ofrece el sistema de subsidios y las asimetrías cambiarias promovidas por el Gobierno. Al ejercer operaciones ilegales, estos grupos precisan de efectivo para no dejar rastro bancario de sus coimas. Suelen contar con la colaboración o la anuencia de funcionarios militares y civiles corrompidos.

El economista Víctor Álvarez, premio nacional de Ciencias, opina que, además de este factor, también se debe tener en cuenta el voluminoso trafico de emigrantes que se desplaza hacia Colombia huyendo de la crisis, que saca los bolívares que tiene en las manos, devorados por la devaluación, en la ciudad colombiana fronteriza de Cúcuta, para poder cambiarlo en pesos colombianos. Álvarez no tiene dudas de que “hay una jugada para dejar sin medios de pago a la economía venezolana” conjurada contra el Gobierno de Maduro.

El brutal e inédito crecimiento de los precios ha hecho posible que las medidas anunciadas por el Banco Central de Venezuela para emitir un cono monetario (conjunto de monedas que existen en un país) actualizado con los niveles de inflación, con el objeto de paliar la situación, envejezcan a enorme velocidad.

Hace poco más de un año, una vez que la inflación convirtió en obsoletos los billetes que circulaban, el Gobierno de Maduro anunció la emisión de un nuevo cono monetario. La gestión para lanzar nueva moneda quedó empantanada en uno de los trámites administrativos de la Venezuela chavista. Maduro denunció la existencia de un complot para impedir el plan. La tardanza de los nuevos billetes generó disturbios callejeros en algunos poblados del interior del país y su llegada a la calle se produjo en un momento en el cual el aumento de los precios había rebasado por completo su capacidad de pago.

A estas alturas, en lugar de emitir nuevos billetes, el Gobierno de Maduro parece decidido a forzar el paso de toda la sociedad a adelantar el uso de transacciones digitales. El economista José Guerra, diputado de la Asamblea Nacional, comentaba en su cuenta de Twitter que el billete de 100.000 bolívares, que fue anunciado en noviembre y que casi no es visto en la calle, ha perdido ya el 70% de su valor nominal. Con 100.000 bolívares un usuario cualquiera apenas podrá pedir un café con leche sentado en una mesa.

Hace poco, Maduro formalizó el anuncio de la denominada “billetera virtual”, que busca estimular y masificar el uso de pagos electrónicos. El carnet de la patria, la herramienta actual para la transferencia de recursos y la inversión en programas sociales que maneja el Gobierno chavista, tiene código digital y centraliza la prestación de varios servicios estatales con su uso.

Álvarez opina que detrás del comentado anuncio de la criptomoneda del Gobierno de Venezuela, bautizada como el petro, se desarrolla una estrategia progresiva para desarrollar una reforma monetaria que termine desplazando al bolívar como moneda de uso legal en el medio plazo. “No hay forma de concretar ejercicios presupuestarios estables ni de hacer cálculos económicos con un bolívar que tenga esos niveles de inestabilidad”

Las modalidades de instrumentación y verdaderos fines del petro siguen siendo un misterio entre los entendidos. Algunos economistas opinan que, con su lanzamiento, el régimen de Maduro persigue obtener algunos recursos adicionales, que ofrezcan oxígeno fiscal y alivien las cuentas de la República, asediadas por las sanciones internacionales.

“El petro puede ser la punta de lanza para ensayar una total reconversión monetaria”, afirma. “El bolívar en este momento no tiene ninguna utilidad como instrumento de ahorro o como reserva de pago”. De hecho, Álvarez, apunta que, dentro del proyecto de la criptomoneda venezolana, ya está contemplado que los usuarios puedan cancelar servicios tributarios y bienes ofrecidos por el Estado usando el petro. El economista, sin embargo, tiene dudas sobre la eficacia y credibilidad con las que este proyecto puede ser emprendido por los funcionarios de Maduro.

De momento, de no tener punto electrónico de venta, un vendedor ambulante de perritos calientes tendrá que convenir con un cliente el pago posterior de la ingesta con una transferencia electrónica y resignarse a confiar en su buena voluntad.

 

La mar de las veces, acertado por Luis Vicente León – 10 de Febrero 2018

1505317186703Esta crisis es quizás la peor de nuestra historia. No sólo por la magnitud del deterioro, que ya es bastante, sino porque esta ocurriendo sin necesidad. Es una crisis inducida, por la ideología, por la ignorancia o por las dos, el resultado es igual. Ver la situación en la que se encuentra el país da rabia, frustración, asombro, miedo, pero sobre todo, mucha tristeza.

Venezuela sin medicinas. Con la infraestructura en el piso. Con la inflación más alta del mundo. Sin billetes ni monedas para pagar. Con escasez galopante. Mendigando una caja de comida del gobierno que puede o no puede llegar y de la que dependen familias completas que no pueden protestar a riesgo de perder lo que les dan.

Y entonces entiendes a los que se fueron y a los que se van. Primero lo hicieron muchos de los que más tenían. Llevaron sus familias y patrimonios lejos para protegerlos de lo que temían que pasaría y pasó. La pulverización del valor de sus inversiones en Venezuela.

Después se fueron muchos de los más educados y formados. El país se les volvió hostil y cavernícola. Su desarrollo profesional estaba comprometido. Mientras la tecnología, la ciencia, la medicina, la educación avanzaba en el mundo a pasos agigantados, en un mundo globalizado, su país retrocedía hacia una primitivización inimaginable en el siglo XXI. En un focus group nos decían: “Venezuela es Macondo. Y Macondo es bello y sabroso, pero ahí no se puede vivir”. Se fueron entonces los doctores más preparados…y los más jóvenes. Los ingenieros más audaces…y los más jóvenes. Se fueron los economistas más internacionales…y los más jóvenes, los administradores, los periodistas, los músicos (incluyendo los cuatristas), siempre los más dispuestos a asumir riesgos…y los más jóvenes.

Y entonces comenzó lo que tenía que comenzar. Se están yendo los demás. Los que no tienen patrimonio que perder, pero si familias que mantener, en el medio de una hiperinflación espantosa que no saben como enfrentar ni entender. Es María sin compañía. Es Richard para Panamá. Es Linda para Madrid, Juan para Bogotá, Francisquito para Quito y Johnny para donde lo deje el autobús rumbo a Lima.

Y las despedidas de cada día ponen esa tristeza en el alma y en el corazón de la población que se queda y la que se va y deja el país más prometedor de América Latina, convertido en fabricas moribundas, constructoras en terapia intensiva, medios de comunicación con bombonas de oxígeno, colegios sin maestros, universidades sin PhD’s, ni internet, hospitales sin especialistas, teatros sin artistas…pueblos, calles y casas muertas.

Y ¿saben qué? Que nadie puede parar este desangre con discursitos, amenazas, prohibiciones, ni mensajitos de autoayuda. Sólo logrando que la población entienda el reto: participar en todos los tableros para defender el regreso a la racionalidad económica y a la democracia real. Unirnos alrededor de un ideal y de un sueño y articularnos para lograrlo. Sólo así podremos poner el torniquete, operar, coser la herida y volver a empezar. ¿Qué cuál es la palabra mágica? La de siempre: Unión, y todo aquello y aquellos que la estimulen serán la llave del éxito…y viceversa.

 

Justicia sin fronteras para Venezuela por Ricardo Hausmann – Project Syndicate – 7 de Febrero 2018

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TIRANA – Mientras la catástrofe humanitaria de Venezuela empeora día tras día, los gobiernos de la región y de otros continentes se preguntan cómo responder. Quizás haya llegado el momento para que la sociedad civil invente nuevas formas de intervenir.
De acuerdo a las estimaciones del “Billion Prices Project” de MIT, la inflación en alimentos en el mes de enero alcanzó el 117,6%, o el equivalente a 1.130.000% al año. Al mismo tiempo, el tipo de cambio se depreció a una tasa anual de más del 700.000%, mientras que el poder de compra real de los salarios –el cual apenas representaba 1.400 calorías diarias en diciembre– se decimó aún más. Una encuesta publicada a principios de enero estimó la emigración reciente en cuatro millones de personas, casi igual al número de personas que se han ido de Siria.

Los gobiernos de Las Américas y de Europa se encuentran en terra incognita. Si el problema se tratara simplemente de violaciones flagrantes a la Carta Democrática de la Organización de los Estados Americanos –certificadas de manera convincente por el Secretario General de OEA, Luis Almagro– se podrían considerar soluciones a ser implementadas en meses o años. Pero Venezuela no representa un simple problema político; es una catástrofe humanitaria cuyas proporciones no tienen precedentes.
Es cierto que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ejerce el poder de modo inconstitucional, basándose en decretos de emergencia y en una asamblea constituyente todopoderosa, monopartidista, establecida ilegalmente, mientras ignora a la Asamblea Nacional legítimamente elegida y prohíbe los partidos políticos de oposición. Pero las consecuencias de este desgobierno son tales que los venezolanos se están muriendo de hambre, el sistema de salud ha colapsado, y la violencia y las enfermedades contagiosas están ahora prácticamente fuera de control.

Bajo estas circunstancias, el tiempo –medido en vidas humanas– tiene un costo intolerablemente alto, motivo por el cual hace poco tiempo propuse una solución política que involucraba la asistencia militar internacional para consolidar a un nuevo gobierno nombrado por la Asamblea Nacional. Algunos países latinoamericanos, comenzando por Brasil, rápidamente emitieron declaraciones indicando que esta opción está fuera de juego. Algunos académicos y medios de comunicación también expresaron su oposición a esta idea.

Sin embargo, nadie ha propuesto una solución mejor, salvo la esperanza de que las sanciones individuales lideradas por Estados Unidos o un embargo petrolero tengan éxito. A medida que la situación empeora, todos tendrán que reconsiderar sus opciones. Sencillamente, no han logrado formular una alternativa efectiva que sea más aceptable.

Quizás ha llegado la hora de que la sociedad civil internacional actúe. De hecho, las soluciones que se desarrollen para enfrentar esta crisis quizás se constituyan en un ejemplo a seguir para enfrentar crisis semejantes en otras naciones.

En su excelente libro The Internationalists, Oona Hathaway y Scott Shapiro describen cómo el pacto Briand-Kellog de 1928 y los que lo sucedieron redujeron de manera notable las guerras de conquista, no mediante el enfrentamiento militar a los agresores, sino sencillamente negándoles el reconocimiento de su soberanía sobre los territorios ilícitamente obtenidos por ellos. Hathaway y Shapiro van incluso más lejos, argumentando que la cooperación internacional en ámbitos como el comercio, la protección ambiental, y la coordinación tributaria, ha progresado notablemente aún en ausencia de mecanismos internacionales de imposición de obligaciones. Otra vez, la clave ha sido negar reconocimiento a los actores que incumplen.

La base intelectual de Hathaway y Shapiro es la antigua tradición islandesa de la expulsión u ostracismo de quienes violan las normas sociales. Dado que la vida es intrínsecamente social, desconectar a los individuos de las redes que todos usamos para sobrevivir y desarrollarnos puede ser un castigo muy duro –y se puede aplicar de manera descentralizada–.

Todos dependemos de personas dispuestas a vendernos, comprarnos, prestarnos, administrar nuestros ahorros, educar a nuestros hijos, alojarnos en sus hoteles, alimentarnos en sus restaurantes, conectarnos al internet, permitirnos viajar a sus países, pagar con tarjetas de crédito, y tratarnos con el respeto al que normalmente tienen derecho los seres humanos. La vida sin acceso a estos vínculos debe ser un infierno.

Si el amenazar con ostracismo a los potenciales tiranos y a sus esbirros es un arma suficientemente disuasiva, es una pregunta empírica. Pero ciertamente vale la pena averiguar silo es.

Entonces, he aquí otra propuesta. Instituciones de la sociedad civil venezolana, como el premiado Foro Penal, deberían preparar, usando sus propios datos y el crowdsourcing, una lista cuidadosamente curada y documentada de los esbirros del régimen. Esta lista debería incluir a todos los que hayan violado flagrantemente los derechos humanos abusando de la autoridad del Estado, o que hayan actuado para contribuir al ejercicio inconstitucional del poder. En ella deberían estar ex officio los ministros de gobierno, los miembros del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Supremo y de la Asamblea Constituyente, como también el fiscal general, el alto mando militar y los jefes de la Guardia Nacional y de los servicios de inteligencia civil y militar, entre otros.

Pero un estado dictatorial depende también de muchos otros secuaces. Fiscales, jueces civiles y militares, policías, miembros de la Guardia Nacional, agentes de seguridad, y otros que han inventado cargos penales, abusado de los reos, y dilatado o denegado justicia, también deberían ser incluidos en la lista. Al igual que los integrantes de los colectivos que hayan aterrorizado a la población, y quienes hayan coaccionado a los empleados públicos amenazándolos con el despido a menos que votaran o actuaran políticamente según lo ordenado.

Instituciones respetadas, como Human Rights Watch, deberían auditar la lista para certificar la exactitud de la información y dar a los acusados la oportunidad de refutar los cargos. Pero este no es un tribunal penal. La lista ha de emplearse precisamente porque en Venezuela no existe el imperio de la ley. Esta, en vez de limitar a quienes deben administrar su ejercicio, los envalentona. Bajo estas circunstancias, todos los que contribuyan a mantener el régimen merecen ser castigados.

A medida que la lista se haga pública, los gobiernos, empresas y otras organizaciones del mundo deberían negarse a interactuar con las personas que aparecen en ella, y así evitar mancillar de colaboracionismo a su reputación. El Grupo de Lima, integrado por 12 países latinoamericanos, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y otros, deberían negar visas y acceso a servicios prestados por las empresas de sus países. Asimismo, deberían participar bancos, líneas aéreas, compañías de tarjetas de crédito, redes sociales, cadenas de hoteles, clubes sociales y otras organizaciones, a fin de evitar la percepción de que se están beneficiando al prestarles servicios a tales delincuentes. Y la lista debería darse a conocer de manera gradual (y tal vez aleatoria), para así dar tiempo a que los esbirros deserten y a que el régimen se desmorone.

La meta de esta estrategia no es la venganza. Es imponer un tipo de castigo descentralizado que haga pagar muy caro a los regímenes dictatoriales por violar impunemente los derechos humanos y hacerles más difícil el mantenimiento de un ejército disciplinado de secuaces que “solo cumplen órdenes”, como si esto los eximiera de responsabilidad moral. De hecho, la mayoría de los esbirros del régimen han enviado a sus familias al exterior, protegiéndolas así del caos que han creado en el país. Colocar a sus cónyuges e hijos en la lista haría que el ostracismo fuera potencialmente mucho más efectivo.

En países democráticos, se espera que la justicia la administre el Estado. Pero en casos como el de Venezuela, el mundo necesita modos efectivos y de bajo costo para disuadir a los tiranos y sus secuaces. Al fin y al cabo, ¿no somos todos los guardianes de nuestros hermanos?

Traducción del inglés por Ana María Velasco

15 años del actual control de precios en Venezuela: un balance por Anabella Abadi y Carlos García Soto – ProDaVinci – 6 de Febrero 2018

Con ocasión de la crisis económica derivada de la huelga general de empresarios y trabajadores de diciembre de 2002 y enero de 2003, en febrero de 2003 el Ejecutivo Nacional decidió establecer controles de cambios y de precios. Si bien se suponía que tales controles serían temporales, a partir de ese momento, y hasta ahora, la libertad económica y el derecho de propiedad en Venezuela se encuentran severamente restringidos. Conforme a ambos regímenes, no hay libertad de cambio y tampoco libertad de fijación del precio en la comercialización de bienes y servicios.

Evolución del régimen del actual control de precios

El 6 de febrero de 2003 se publicó la primera lista de 45 bienes y 7 servicios que serían declarados de “primera necesidad” y cuyos precios máximos de ventas al público serían fijados por el Ejecutivo Nacional (Gaceta Oficial Nro. 37.626 de 6 de febrero de 2003). Menos de una semana después, el 11 de febrero de 2003, el para entonces Ministerio de la Producción y el Comercio publicó los primeros precios máximos de venta (Gaceta Oficial Nro. 37.629 de 11 de febrero de 2003).

El 4 de mayo de 2004 se dictó la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario (Gaceta Oficial Nro. 37.930) la cual derogaría la Ley de 1995. De esta Ley se derivaba la competencia al Presidente de la República para declarar bienes y servicios como de primera necesidad, pero no se le otorgó competencia alguna para la fijación de sus precios. Es decir: si bien con la promulgación de esta Ley de 2004 se dejó sin base legal al régimen de control de precios, dichos controles se mantuvieron vigentes.

En 2008, 2009 y 2010, se derogarían y promulgarían nuevas Leyes en materia de protección al consumidor (Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios), pero siempre manteniendo el mismo régimen previsto en la Ley de 2004.

El 18 de julio de 2011 se inicia una etapa de significativa ampliación del ámbito del sistema de control de precios, con ocasión de la promulgación de la Ley de Costos y Precios Justos (Gaceta Oficial Nro. 39.715). Con la aprobación de esta Ley, se creó la Superintendencia Nacional de Costos y Precios (SUNDECOP) para la revisión y control de los costos de producción, con el supuesto objeto de garantizar una ganancia justa y evitar la especulación. La actuación de SUNDECOP sería regulada por el Reglamento Parcial sobre la Superintendencia Nacional de Costos y Precios y el Sistema Nacional Integrado de Administración y Control de Precios (Gaceta Oficial Nro. 39.802 de 17 de noviembre de 2011).

Bajo el marco de una Ley Habilitante, el 23 de enero de 2014 se deroga la Ley de Costos y Precios Justos mediante el Decreto-Ley N° 600 que dictó Ley Orgánica de Precios Justos (Gaceta Oficial Nro. 40.340 de 23 de enero de 2014). Este decreto estuvo precedido por la aplicación de controles de precios por vías de hecho en noviembre y diciembre de 2013.

La Ley Orgánica de Precios Justos estableció un margen máximo de ganancia de 30% para cualquier actor de la cadena de comercialización, y sustituyó a SUNDECOP por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (SUNDDE), dándole un amplio conjunto de facultades para el seguimiento y control de todos los procesos de producción, distribución y comercialización del país.

La Ley Orgánica de Precios Justos fue posteriormente reformada el 19 de noviembre de 2014 (Gaceta Oficial Nro. 6.156) y el 12 de noviembre de 2015 (Gaceta Oficial Nro. 40.787). Ambas reformas se hicieron bajo la aplicación de una Ley Habilitante.

Más recientemente, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó la anunciada Ley Constitucional de Precios Acordados (Gaceta Oficial Nro. 6.342 extraordinario de 22 de noviembre de 2017). Este instrumento, dictado por una ANC convocada al margen de la Constitución, mantiene una política de controles que perpetuará las distorsiones generadas por las leyes previas.

El control de precios: implementación e impacto

Es inevitable que los precios suban cuando la oferta de bienes y servicios no logra responder a una creciente demanda impulsada por un atropellado gasto público y unos precios artificialmente bajos. Y si bien entre 2002 y 2014, los recursos del boom petrolero se usaron para cubrir el exceso de demanda con importaciones, el control cambiario generó importantes distorsiones de precios y focos de corrupción que hicieron más rentable importar que producir localmente. Las divisas eventualmente se tornaron insuficientes para un gasto externo creciente y desordenado, situación que se agravó ante la caída del precio del barril venezolano a mediados del año 2014.

Entre 2003 y 2012 se mantuvieron controlados los precios de casi un centenar de bienes y servicios de primera necesidad. Desde 2005, los ajustes de precios se hicieron menos frecuentes y de manera selectiva (ver Tabla 1), obligando a los productores a asumir los crecientes costos en un contexto inflacionario.

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Más allá de los rezagos y de la poca transparencia en los procesos de revisión y ajuste de los precios controlados, las propias cifras del BCV reflejan que las regulaciones de precios no sirvieron para controlar y, mucho menos, disminuir la inflación. Incluso, al discriminar entre los productos con precios controlados y no controlados, los niveles de inflación anual de ambos grupos se mantuvieron por encima de 10% entre 2003 y 2012 (ver Gráfico 1).

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Fuente: gráfico de elaboración propia a partir de BCV, Informes Económicos, años 2003 a 2012.

Resulta bastante ilustrativo lo ocurrido en abril de 2012 cuando entraron en vigencia los primeros precios fijados por la SUNDECOP. La lista de precios (Gaceta Oficial Nro. 39.871 de 27 de febrero de 2012) incluía 19 productos en sus diferentes presentaciones, de los cuales 16 eran de limpieza del hogar e higiene personal. El impacto fue fugaz y, en el mejor de los casos, se represó sólo momentáneamente la inflación al obligar al comerciante a asumir los aumentos de costos (ver Gráfico 2).

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Incluso con una importante cantidad de productos de primera necesidad con precios controlados, en 2013 Venezuela pasó a ser la economía con mayor inflación del mundo, superando a economías como Sudán, Malawi, Irán y Bielorrusia.

Frente a este panorama y bajo la premisa de que las fallidas políticas de los controles de precios radicaban en su implementación, a finales de 2013 el Gobierno Central comenzó a impulsar fiscalizaciones masivas a través de SUNDECOP y llegando a un total de 26.000 fiscalizaciones en todo 2014, lo que equivale a más de 70 inspecciones por día.

Tras 8 trimestres consecutivos de recesión económica, hacia finales de 2015 la inflación siguió acelerando y llegó a 180.9%, la más alta del mundo por tercer año consecutivo. Más aún, cifras del BCV muestran que desde el inicio de la implementación de los actuales controles de precios en febrero de 2003 y hasta diciembre de 2015 la inflación general acumuló 4.804,4% y la de alimentos acumuló 16.917,1%.

Sin embargo, el Gobierno Central decidió abstenerse de realizar reformas en su política económica y mantuvo los controles de precios, pero bajo dos categorías: un “Precio Máximo de Venta” –del Importador o Prestador Intermediario, y al Público- y los “Precios Justos”. Este es, en última instancia, un intento por perfeccionar un mecanismo fallido de control de precios, mientras que se reniegan los problemas de fondo de la economía. No sorprende, pues, que se siguiera acelerando la inflación. Según el Reporte Anual entregado por el Gobierno Central de Venezuela a la Securities and Exchange Comission de los Estados Unidos, se conoció que Venezuela registró una inflación de 274,4% en 2016, una cifra bastante inferior respecto a la mayoría de los estimados, pero la más alta de su historia hasta la fecha. Además, según el Índice de Precios estimado por la Asamblea Nacional, la inflación llegó a 2.616% en 2017.

En septiembre de 2017, tras reconocer que “los sistemas de control de precios que hemos usado en el pasado se han agotado, no son efectivos, no son eficientes, no han sido eficaces”, el Presidente Maduro propuso a la ANC una “Ley de Abastecimiento Soberano y Precios Acordados”. Se estima que la Ley Constitucional de Precios Acordados (Gaceta Oficial Nro. 6.342 extraordinario de 22 de noviembre de 2017) seguirá promoviendo el control del Ejecutivo Nacional sobre la economía y no será más que la continuación de un fallido sistema de fijación de precios que en Venezuela cumplió 78 años el 9 de septiembre de 2017.

Enero 2018: un pésimo precedente

Aunque fue particularmente alarmante el recrudecimiento de la inflación y la escasez en 2017, la realidad es que ambos son producto de distorsiones económicas que se han mantenido por tres quinquenios. Los intensos controles que el Gobierno Central ha impuesto sobre el aparato productivo nacional –resaltando los controles de cambio y de precios- no sólo han provocado inflación, sino que también han generado importantes niveles de escasez.

Sin embargo, bajo la ya conocida excusa de la “Guerra Económica”, el Gobierno Central impulsó fiscalizaciones y ajustes de precios en decenas de supermercados en la primera quincena de enero de 2018. El resultado fue supermercados con estantes vacíos y ninguna intención de reabastecerlos.

Mientras que la SUNDDE se comprometió a otorgar las garantías necesarias para que los supermercados puedan reponer sus inventarios sin temor a otras fiscalizaciones, el 16 de enero el vicepresidente Ejecutivo Tareck El Aissami le instruyó al ente que “a partir de mañana se debe retomar esquema de precios de diciembre” y para ello “vamos a enfrentar con todo el peso de la ley, cualquier empresa que se someta a estas medidas de guerra económicas”.

Si la intención es que los venezolanos puedan acceder a los productos en condiciones regulares y accesibles, el control cambiario y el control de precios han logrado exactamente lo contrario. Y aunque 15 años de fallidos controles de precios exigen, sin duda, un replanteamiento del sistema, el Gobierno Central parece tener plena intención de mantenerlos a toda costa.

El secuestro como política de Estado: venezolanos atrapados en su país por Sabrina Martin – Panampost – 6 de Febrero 2018

El régimen de Nicolás Maduro impone intencionalmente todos los obstáculos posibles para dejar a los viajeros sin opciones de salida.

Nicolás Maduro ha decidido poner todos los obstáculos posibles, no solo para quienes desean migrar, sino para todos aquellos que deseen viajar a cualquier país del mundo; ya sea por aire, por tierra o por mar. (Venezuela Awareness)

El régimen de Nicolás Maduro no solo ha ahogado a Venezuela en una crisis sin precedentes; sino que además con su dictadura cruel ha logrado atrapar a los venezolanos y dejarlos sin escapatoria.

El país sudamericano enfrenta la mayor inflación del mundo, los salarios más bajos de la región, una escasez de alimentos y medicamentos única en su historia; a esto, se suma la imposibilidad de salir del país y de cómo la dictadura va cercando a quienes desean huir de la crisis.

Mientras países como Perú, Brasil y Colombia se han mostrado dispuestos a recibir venezolanos; Nicolás Maduro ha decidido poner todos los obstáculos posibles, no solo para quienes desean migrar, sino para todos aquellos que deseen viajar a cualquier país del mundo; ya sea por aire, por tierra o por mar.

Vemos pues cómo poco a poco Venezuela se convierte en otra Cuba del continente, con miles de ciudadanos comiendo de la basura, muriendo por falta de medicamentos; y por otros que fallecen como “balseros” intentando llegar por mar a otras tierras.

Sin pasaporte

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que “toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar “; esta, justamente es otra de las violaciones al derecho internacional por parte de la dictadura que tiene a miles de venezolanos esperando renovar su pasaporte, y que mantiene a otros miles varados en cualquier parte del mundo.

En principio, la excusa del régimen era que “no había material” para imprimir el pasaporte; sin embargo, ya no hay alegatos; simplemente le cobran a los venezolanos un monto para adquirir el documento, pero puede pasar más de un año sin que el mismo sea impreso; entre tanto, el usuario está atrapado.

Y es que los innumerables inconvenientes que dificultan el proceso de renovación son dignos de contar y plasmar en un libro.

La escasez de material, el pago a mafias o, en su defecto, la espera de una página web que está en constante “mantenimiento” son parte de las trabas que cada ciudadano debe pasar para poder contar con un pasaporte y movilizarse así por cualquier país de forma legal.

Pero si un venezolano “afortunado” logró obtener el pasaporte ya sea por la vía del “mercado negro” a través de mafias, o porque “por suerte” logró que le imprimeran el pasaporte, no escapa de las otras innumerables dificultades para poder salir de Venezuela.

Sin aerolíneas y con las fronteras cerradas

Nicolás Maduro no ha sabido esconder su crueldad hacia los venezolanos y recientemente con sus acciones ha dejado claro que su intención es dejarlos lo más aislados posible; voy a explicar por qué:

El pasado 9 de enero el régimen anunció que mantendrá cerrada la frontera aérea y marítima con Aruba, Curazao y Bonaire.

Para esa oportunidad, informó que sería por 72 horas mientras se buscaba una supuesta solución que frenara el “contrabando” de alimentos.

El 12 de enero el gobierno de Curazao se reunió con el de Venezuela donde se firmaron ciertos acuerdos; sin embargo un mes después, Nicolás Maduro no ha hecho nada dejando a los venezolanos plantados en tierra criolla.

Si la solución del régimen fuera acabar con el contrabando de manera radical hubiese tomado, entre otras medidas, mayor seguridad en los puertos y aeropuertos así como mayor patrullaje marítimo. Pero, la verdad, es que su intención es dejar a los venezolanos sin poder viajar.

Quienes viajarían a las islas por Carnaval o por cualquier otra razón, no pueden llegar a sus destinos solo por ser venezolanos; por órden del régimen, aerolíneas como Avior o Air Aruba continúan viajando a las islas pero solo pueden trasladar a “pasajeros de nacionalidad extranjera, o venezolanos con residencia física y vigente en dichas naciones insulares”.

Esto solo deja en evidencia que la finalidad de Maduro no es acabar con el contrabando, sino perjudicar a los venezolanos que desean viajar.

Además, aerolíneas como Aeropostal, Delta Air, Avianca, United Airlines, Lufthansa, Gol Airlines, Tame,entre otras, se vieron resignadas por no poder negociar con el régimen de Nicolás Maduro, que no paga las millonarias deudas pendientes, sino que además no ofrece las condiciones necesarias para que estas empresas ofrezcan vuelos seguros y de calidad en Venezuela. Estas aerolíneas que conectaban a los venezolanos con el mundo decidieron abandonar el país suramericano.

Pero otra novedad perjudicará aún más el flujo de los venezolanos por la frontera terrestre; de “la noche a la mañana” Maduro anunció la instalación de una policía de Control Migratorio en el estado Táchira, estado fronterizo con Colombia.

“En los próximos días estaremos instalando la Policía de Control Migratorio en el estado Táchira y todo el eje fronterizo”, dijo Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia.

Indicó que además, se conformará el Estado Mayor Cívico-Militar en la entidad para reforzar la seguridad de la ciudad. Aseguró que se están ajustando los detalles para la elaboración de la tarjeta de movilidad fronteriza.

Esta información puede traducirse en más controles y obstáculos para quienes desean salir de Venezuela a través de la frontera.

Ahora, los emigrantes no solo deben lidiar con las “mafias de carretera” que asaltan a los viajeros para robarles sus pertenencias, sino también con estos policías de “Control migratorio”.

A esto se suma, que quienes llegan a la frontera en Táchira se ven obligados a hacer una fila que dura aproximadamente dos días, pues el SAIME, que es el organismo que controla la migración en Venezuela, alega que ” no hay sistema” para sellar los pasaportes.

Imposible acceso a dólares

Pero como si todo lo anterior no se asemejara a una “película de terror”, el panorama empeora cuando un venezolano quiere salir de su país pero no puede acceder a dólares.

Es de conocimiento general que el dólar es una divisa universal aceptada en casi todos los países del mundo; sin embargo, en Venezuela la situación es peculiar, pues con la llegada de Hugo Chávez al poder se instaló un control de cambio en el cual los venezolanos deben pedir una especie de “permiso” al Estado para que le dé dólares a cambio de bolívares.

Lea más: Venezuela: a falta de divisas régimen busca apropiarse de remesas con una “trampa cazabobos”
El Estado decide a qué persona aprobarle las divisas y a qué monto; convirtiéndose así en un sistema perverso y discriminatorio.

Esa es la razón principal por la que el venezolano común decide comprar divisas en el mercado negro pero a precios inalcanzables.

Cada dólar en Venezuela cuesta 220.000 bolívares y el salario integral de los ciudadanos es de 2 dólares, por lo que si para salir del país por tierra y caminando un emigrante necesita mínimo 500 dólares; necesitaría mínimo 20 años de ahorro para poder emigrar.

Pero si eso sucede con los venezolanos que desean emigrar por tierra, imaginen lo que sucede con los viajeros que desean salir por vía aérea.

Quienes aspiran salir del territorio a través de un vuelo, tienen que confrontar altos precios que llegan a costar hasta más de doscientos sueldos mínimos. Es difícil conseguir un vuelo inferior a los USD $1000.

Con el salario mínimo, para que un venezolano pueda adquirir un boleto de avión económico (entre USD $300 y $500), tendría que ahorrar entre 60 y 100 salarios mínimos.

No hay cómo apostillar

Como si todo esto no fuera suficiente, continúa el drama de legalizar y apostillar documentos. Los emigrantes pernoctan en las calles de Venezuela para obtener documentación legal.

Para migrar al extranjero y que los los documentos sean legales deben ser apostillados; esto sucede con partidas de nacimiento, títulos universitarios, actas de matrimonio; etc.

La situación es que en Venezuela para apostillar hay que pedir una cita por internet; sin embargo, el régimen mantiene esta opción bloqueada o con meses de retraso.

Una persona que desee realizar dicho procedimiento debe esperar a que la página esté en funcionamiento. Pero como la dictadura decide complicarlo todo, no habilita esta opción sino cada cierto tiempo; y ante las constantes fallas de internet obliga a que los usuarios se conecten en la madrugada para “con suerte” puedan obtener la cita.

Además, luego de ello hay que introducir los documentos en los diferentes registros de las ciudades en donde la pernocta en las oficinas del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) se ha vuelto una práctica común.

En resumidas cuentas, los venezolanos que viven alrededor de trasnochos, inseguridad y burocracia; se encuentran intencionalmente atrapados por un régimen cruel que ha instaurado el secuestro como política de Estado.

¿Quién se queda aquí? por Luis Vicente León – Panorama – 4 de Febrero 2018

1505317186703Esta crisis es quizás la peor de nuestra historia. No sólo por la magnitud del deterioro, que ya es bastante, sino porque esta ocurriendo sin necesidad. Es una crisis inducida, por la ideología, por la ignorancia o por las dos, el resultado es igual. Ver la situación en la que se encuentra el país da rabia, frustración, asombro, miedo, pero sobre todo, mucha tristeza.

Venezuela sin medicinas. Con la infraestructura en el piso. Con la inflación más alta del mundo. Sin billetes ni monedas para pagar. Con escasez galopante. Mendigando una caja de comida del gobierno que puede o no puede llegar y de la que dependen familias completas que no pueden protestar a riesgo de perder lo que les dan.

Y entonces entiendes a los que se fueron y a los que se van. Primero lo hicieron muchos de los que más tenían. Llevaron sus familias y patrimonios lejos para protegerlos de lo que temían que pasaría y pasó. La pulverización del valor de sus inversiones en Venezuela.

Después se fueron muchos de los más educados y formados. El país se les volvió hostil y cavernícola. Su desarrollo profesional estaba comprometido. Mientras la tecnología, la ciencia, la medicina, la educación avanzaba en el mundo a pasos agigantados, en un mundo globalizado, su país retrocedía hacia una primitivización inimaginable en el siglo XXI. En un focus group nos decían: “Venezuela es Macondo. Y Macondo es bello y sabroso, pero ahí no se puede vivir”. Se fueron entonces los doctores más preparados…y los más jóvenes. Los ingenieros más audaces…y los más jóvenes. Se fueron los economistas más internacionales…y los más jóvenes, los administradores, los periodistas, los músicos (incluyendo los cuatristas), siempre los más dispuestos a asumir riesgos…y los más jóvenes.

Y entonces comenzó lo que tenía que comenzar. Se están yendo los demás. Los que no tienen patrimonio que perder, pero si familias que mantener, en el medio de una hiperinflación espantosa que no saben como enfrentar ni entender. Es María sin compañía. Es Richard para Panamá. Es Linda para Madrid, Juan para Bogotá, Francisquito para Quito y Johnny para donde lo deje el autobús rumbo a Lima.

Y las despedidas de cada día ponen esa tristeza en el alma y en el corazón de la población que se queda y la que se va y deja el país más prometedor de América Latina, convertido en fabricas moribundas, constructoras en terapia intensiva, medios de comunicación con bombonas de oxígeno, colegios sin maestros, universidades sin PhD’s, ni internet, hospitales sin especialistas, teatros sin artistas…pueblos, calles y casas muertas.

Y ¿saben qué? Que nadie puede parar este desangre con discursitos, amenazas, prohibiciones, ni mensajitos de autoayuda. Sólo logrando que la población entienda el reto: participar en todos los tableros para defender el regreso a la racionalidad económica y a la democracia real. Unirnos alrededor de un ideal y de un sueño y articularnos para lograrlo. Sólo así podremos poner el torniquete, operar, coser la herida y volver a empezar. ¿Qué cuál es la palabra mágica? La de siempre: Unión, y todo aquello y aquellos que la estimulen serán la llave del éxito…y viceversa.

 

Inflacion mensual 2017 canasta básica familiar – Cendas – Enero 2018

Venezuela: de la crisis económica a la crisis humanitaria por Tomás Straka – Nueva Sociedad – Enero 2018

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La falta de perniles entre los alimentos a precios subsidiados originó protestas de Navidad entre las propias bases chavistas. Pero esos hechos, que parecen folclóricos, encubren una situación social de características posbélicas. Para Nicolás Maduro, se trata solo de los efectos de la «guerra económica», pero lo que existe es un desgobierno de la economía luego del boom petrolero.
Dentro de las muchas aristas que se consignarán para la historia de estos últimos meses de la vida venezolana, es muy probable que las protestas escenificadas durante las festividades navideñas (entre otras causas, por la no entrega de perniles a precios subsidiados) reciban una especial atención de los investigadores. Ni en momentos tan conflictivos como los de la Independencia y la Guerra Federal, ni siquiera en los disturbios que siguieron a la muerte del dictador Juan Vicente Gómez en diciembre de 1935, se había visto que en las navidades la gente no hiciera un alto para celebrar. Por lo tanto, los saqueos y trancones ocurridos en Caracas y otras localidades del país en las últimas fiestas son una prueba del nivel de rabia y desesperación excepcional al que se ha llegado, sobre todo en los sectores populares, tanto o más patética que los emigrantes venezolanos que duermen en carpas en Cúcuta y Boa Vista. Todo esto demuestra que ya se está colmando vaso.
La carestía en Navidad es mucho más dramática que en otra época, sobre todo cuando se trata de una sociedad acostumbrada desde hace décadas a aumentar de forma espectacular sus ingresos (y gastos) durante las fiestas de fin de año. Aunque se trata de una tradición que viene de muy lejos, desde la década de 1970, durante el primer gran boom petrolero, la participación de los empleados en las utilidades de las empresas y el pago de «aguinaldos» (bonos de fin de año) han inyectado un flujo de dinero que hacía de la Navidad venezolana una de las más bulliciosas de la región.
Aunque la crisis que empezó a despuntar en los años 80 las afectó, no por eso desapareció la aspiración a comprar el estreno (ropa nueva para la Nochebuena o Noche Vieja), juguetes de moda para los niños y abundante whisky, pintar la casa y preparar una mesa engrandecida por la inmigración (los criollos hallacas y pernil, panetones, jamón planchado, nueces, turrón, roscón de Reyes, etc.).
Tras los muy duros años 90, la liberalidad con la que Hugo Chávez manejó la bonanza del segundo gran boom revivió la llama. No solo decretó el equivalente al sueldo de tres meses como aguinaldo para todos los trabajadores y organizó ferias para ofrecer perniles y productos para las hallacas importados por el gobierno y vendidos a precios muy por debajo de los de mercado, sino que la clase media pudo traer con dólares subsidiados lo que quisiera del exterior a través de compras por internet, para las cuales el dólar se cotizaba la mitad que en la calle. Fueron los años (de 2004 a 2011, más o menos) en los que los niños recibían cuantos adminículos tecnológicos aparecieron, Venezuela se transformó en el quinto consumidor per cápita mundial de whisky, los bancos daban créditos blandos para ponerse prótesis mamarias de silicón, se vendía el doble de BlackBerrys que en Brasil y las transnacionales repatriaban ganancias superiores o iguales a las que obtenían en países mucho más poblados, como México. Los más pobres duplicaron su capacidad de consumo, según un estudio de la Universidad Católica Andrés Bello. La clase media hacía viajes y financiaba con dólares subsidiados el envío de sus hijos al exterior.
Muchas voces advirtieron el riesgo del despilfarro, pero no fueron escuchadas y la popularidad de Chávez se mantuvo en más de 70%. Tal es el telón de fondo que hay que ubicar detrás de los venezolanos macilentos de Cúcuta o los que protestaban en Navidad. El colapso de la moneda nacional frente al dólar, que pasó de 18 a más de 100.000 bolívares en cinco años, junto a la constante expansión del gasto público, generó la inflación más alta del mundo (encima de 1.369% en 2017, según datos de la Asamblea Nacional) y pulverizó los ingresos de los venezolanos. Por otra parte, las estatizaciones que Chávez hacía mientras repartía pródigamente el dinero paralizaron la producción.
Según la Federación de Productores Agropecuarios, para 2016 la producción de alimentos había caído en 70%, cosa que los altos precios petroleros permitían compensar con importaciones. Pero después de 2008 esto dejó de ser así. El Estado, que es el que tiene el monopolio de las divisas, simplemente redujo drásticamente las destinadas a las importaciones, lo que a un mismo tiempo genera escasez de bienes y de divisas, y esto provoca aumentos de precios. Para compensar, el gobierno reparte bonos, como el llamado Niño Jesús, con bolívares sin respaldo que solo presionan sobre la inflación. El resultado es que hoy el salario mínimo es de 797.510 bolívares y un pernil de seis kilos cuesta alrededor de un millón y medio de bolívares. Es una disparidad entre los ingresos y los precios que viene ocurriendo desde hace un par de años, pero que en el último trimestre se ha salido de todo control.
Así, lo que comenzó a llamarse la «dieta de Maduro», por la que en promedio los venezolanos bajaron ocho kilos en 2016 según la Encuesta de Condiciones de Vida realizada por las universidades Central de Venezuela, Simón Bolívar y Católica Andrés Bello, se convirtió en hambre pura y dura. Como durante el segundo boomVenezuela pasó a ser un país de obesos (en 2014, 38,4% de la población tenía sobrepeso, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Nutrición), la «dieta de Maduro» agarró a unos ciudadanos gordos a los que rebajar no les vino mal. Pero después de tres años de adelgazar sin control, ya las cosas son preocupantes.
Cáritas ha señalado que 70% de los habitantes tienen déficit nutricional y 15% de la población come una sola vez al día. A eso hay que sumarle la situación sanitaria, con una escasez de 90% en algunos medicamentos según un informe de la Federación Médica. La Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida habla de un millón de casos de paludismo. La ONG Acción Solidaria señala que solo 77.000 de los infectados por HIV reciben retrovirales (aunque a veces no llegan en meses) y calculan que hay al menos otros 200.000 sin medicación. No es extraño que entre los venezolanos que huyen a Brasil, las autoridades hayan encontrado muchos enfermos de tuberculosis y malaria o portadores de HIV que no suelen tener conciencia de ello, según un informe de Human Rights Watch.
En suma, una crisis humanitaria en toda ley, que tiene efectos en toda la región y para el gobierno es solo el resultado de la «guerra económica» de las elites y el Imperio. Es en ese contexto donde después de sortear las protestas de mediados del año pasado, Maduro prometió a sus electores que les entregaría perniles en diciembre si votaban por sus candidatos en las elecciones municipales. El asunto tiene mucho de simple compra de votos. Además demostró que Maduro posee mucha más gente que le cree de lo que se piensa. Pero llegó el 24 de diciembre y los perniles no aparecieron. Fue la gota que derramó el vaso. Lo último que quedaba de los viejos sueños y de las navidades muníficas se fue al traste. Ya no hay más espejismos de riqueza ni excusas que valgan: estamos arruinados, vivimos en una crisis como las que antes solo veíamos en la televisión y tenemos tanta rabia que no dejamos de protestar ni en víspera de Navidad.

The world’s most miserable countries – The Economist – 18 de enero 2018

Forget happiness. Where will be the most miserable place in the year ahead? The World in 2018 asked the country analysts at The Economist Intelligence Unit (EIU), a sister company to The Economist, for their pick. Sadly, they found plenty of competition.

Americans enraged by President Donald Trump and Britons in despair about Brexit will keep arguing over which country has it worse. Yet neither comes close to winning the global gloom contest. Among rich countries, a case can be made for Greece, still suffering after a catastrophic slump in the euro crisis; Greeks were the most stressed people in the world in a recent Gallup survey. But in 2018 their economy should be growing again.

North Korea could experience a double whammy in 2018. Not only will it suffer under the ghastly dictatorship of Kim Jong Un, but it could face physical destruction if its war of words with Mr Trump turns into a real war. That prospect is scary, but still unlikely.

Venezuela has a strong claim, too, despite being a middle-income country sitting on the world’s largest oil reserves. Thanks to chronic mismanagement, its economy has shrunk by a quarter since 2014, and the EIU forecasts a further painful fall, of 6%, in 2018. Inflation is on course to exceed 1,000%. Foreign-exchange constraints will mean extreme shortages of food and medicine will continue. Debt default, and a virtual economic collapse, are all too likely. Instead of tackling these woes, President Nicolás Maduro seems more interested in trampling over the opposition, often violently. The presidential election due in 2018 will not be fair, if it happens at all.

Still, you might rather be there than in Yemen. It was already the poorest country in the Arab world even before its current civil war. But since early 2015 more than 10,000 civilians have been killed and 3m-4m internally displaced (closed borders make leaving the country difficult). Yemen is now on the brink of famine and is suffering from the largest cholera outbreak in modern history (over 750,000 suspected cases, and rising). The worst is probably yet to come.

That is hard to beat, you might think. Alas, several countries in sub-Saharan Africa will give Yemen a run for its misery. They include Burundi (one of the world’s poorest countries, slipping into a deepening dictatorship); the Central African Republic (where sectarian violence is pushing out aid groups and refugee flows are increasing the risk of the country splitting into a Muslim north and a Christian south); and the Democratic Republic of Congo (where an intensifying political crisis risks destabilising its whole region, amid violence that displaced nearly 1m people in the first half of 2017).

Newest and saddest of them all
However, the unfortunate winner of the EIU’s non-prize is the world’s newest country, South Sudan. It gained independence in 2011 and has been in a state of crisis for almost all of its existence. Inflation has been above 150% since early 2016. The presidential and parliamentary terms run until July 2018, but there will either be no elections or at best a flawed one. Either could herald a deeper disaster. The UN is warning that persistent tribal conflict could lead to genocide.

The country has fallen apart in all but name. Conflict between the army and tribal militias has led to widespread ethnic cleansing. Unpaid troops loot aid convoys with impunity. A third of South Sudanese have fled their smouldering homes to avoid being killed. Many huddle in UN camps, and women are raped if they venture out for firewood. Some 6m people face acute hunger, and 1.7m are on the brink of famine. If security remains poor, and the rains are meagre (again), the country could easily tip further into crisis. Nowhere will be more miserable in 2018.

 

Vandalismo de estado por Trino Márquez – La Patilla – 10 de Enero 2018

UnknownEl terrorismo de Estado aplicado por el régimen durante años, desde hace cierto tiempo se combina con el vandalismo de Estado, novedosa fórmula aplicada para “empoderar” al pueblo llevándolo al pantanoso terreno del delito. El asalto a los supermercados constituye una pieza más de ese mecano, cuya composición final será, si se les deja, la demolición material y moral del país. Ya no es posible pensar que los saqueos son obra solamente de gentes acorraladas por el hambre. Detrás de estas expresiones de desesperación está un gobierno que quiere devastar al país, para que todo el mundo pase a depender de los favores y privilegios que el gobierno quiera conceder a través de los Clap y el Carné de la Patria.

El gobierno intenta ocultar sus graves y persistentes errores económicos responsabilizando de la hiperinflación a los dueños de los supermercados. Esos empresarios son también víctimas de un régimen que destruyó la agricultura, la industria y la agroindustria, con su política de controles absurdos, confiscaciones, expropiaciones y estatizaciones. Además, debido a que despilfarró la inmensa riqueza petrolera en regalos a países como Cuba y Nicaragua, y contrajo deudas millonarias y sin control de ningún tipo con China, ahora no cuenta con divisas para importar en los volúmenes que Venezuela necesita para su normal funcionamiento. La verdad es que el país carece de insumos, materias primas y maquinarias para impulsar la producción y abastecer la demanda interna. Tampoco posee dólares para importar. El socialismo del siglo XXI fracasó de forma estruendosa y el país sufre las consecuencias de ese descalabro.

Mientras el gobierno siga pensando que la raíz de la inflación se ubica en el acaparamiento y la especulación, y no en la falta de producción interna por el aniquilamiento de la economía nacional, los problemas se mantendrán y profundizarán. Mientras el principal consejero económico del régimen sea un dinosauro como Alfredo Serrano Mancilla, los problemas se agudizarán. Ese señor, que dice ser economista, es uno de los personajes más nefastos que ha pasado por estas tierras. Su ignorancia y pedantería causan ruina.

La respuesta de la gente durante estos episodios fue lamentable, aunque comprensible. El régimen a lo largo de dos décadas ha clientelizado a un inmenso sector de la población. Esta forma brutal de populismo y demagogia ha deteriorado la fibra moral de numerosos venezolanos. En la actitud de la gente vemos el fracaso del sistema educativo socialista y del intento por construir el “hombre nuevo” y el reino de la felicidad prometidos en el Primer Plan Socialista (2007-201) y en el Plan de la Patria (2013-2019).
Resulta deplorable ver la eclosión de grupos empobrecidos violentos, que luchan por la sobrevivencia. Sin embargo, no hay que ser duro con la gente que se mueve impulsada por instintos y pulsiones atávicas, que la llevan a saquear y aprovecharse de bienes que no les pertenecen. Contra quien hay que cargar la mano es contra el régimen, conducido por un grupo de dirigentes sin escrúpulos, de una ignorancia supina y de un nivel de maldad pocas veces visto en la historia nacional. Es a esos destructores a quienes hay que condenar sin atenuantes. Representan lo peor del populismo autoritario latinoamericano. Desprecian la propiedad privada y la libre iniciativa con el único fin de mantener sometida a la gente más humilde.

No tengo dudas de que esas acciones traerán mayor inflación, mayor escasez y ruina para la población. En el mundo globalizado de hoy, la seguridad jurídica constituye uno de los criterios fundamentales a partir de los cuales una corporación o un inversionista particular deciden invertir en un país. Prefieren, incluso, la seguridad jurídica sobre el volumen de ganancia. Lo que hace Nicolás Maduro todos los días es socavar la confianza en el Estado de Derecho. Los empresarios afectados por esas medidas arbitrarias e irresponsables no tienen ningún tribunal independiente donde acudir para reclamar sus derechos vulnerados.

Las decisiones del régimen debilitan aún más a una nación que requiere con urgencia que fluyan inversiones masivas para crear nuevos empleos y animar la producción interna, de modo que se satisfaga la demanda creciente. Esa política caprichosa hay que repudiarla porque en vez de resolver los graves problemas existentes, lo que hace es convertirlos en insoportables. El gobierno no se ocupa de controlar la inflación y la escases que su política producen, sino que los fomenta. Ahora costará más abastecer los mercados con abundantes productos baratos y de buena calidad. La vida de los venezolanos será aún más difícil. El venezolano promedio tendrá que obtener el Carné de la Patria y refugiarse en los Clap. Dependerá más de las migajas que le entregue el Gobierno a través de esos instrumetos perverso. Maduro destruye a la nación para someterla a los intereses de su burocracia inepta y corrompida.

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