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Reforma tributaria: ¿qué implica pagar una sobretasa por la venta de inmuebles? por Eileen García – El Nacional – 8 de Febrero 2020

La asamblea nacional constituyente aprobó las reformas del Código Orgánico Tributario, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley de Aduanas, con el fin de reducir el déficit en las cuentas públicas. Especialistas en el tema afirman que eso generará más corrupción

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“Pareciese que todos estos cambios son simplemente para obligar a usar el petro”, dijo Francisco López, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela | Luis Robayo / AFP

Las recientes medidas impositivas del régimen de Nicolás Maduro de cobrar una sobretasa a la compra y venta de inmuebles en divisas o criptomonedas incrementará el monto final de la adquisición, en un mercado altamente deprimido. Especialistas en el tema califican de inconstitucionales las reformas a la normativa y afirman que generarán más corrupción.

La asamblea nacional constituyente aprobó en días pasados las reformas del Código Orgánico Tributario, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley de Aduanas, con el fin de reducir el déficit en las cuentas públicas.

Dentro de las modificaciones está la inclusión de una alícuota adicional para todos los pagos realizados en divisas o criptomonedas, que no sea el petro.

Hasta el momento, se desconoce la sobretasa entre 5% y 25% que se fijará en dichas operaciones que incluyen bienes muebles corporales e inmuebles.

Francisco López, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, aseguró a El Nacional que esta ley solo deprimirá más el mercado ya que, a su juicio, no genera confianza.

“Sacan esta ley para resolver un problema. Pareciese que todos estos cambios son simplemente para obligar a usar el petro, pero y ¿todos los daños colaterales que eso conlleva? ¿Cómo me vas a obligar a un tema con petros? ¿Qué eso eso? No genera confianza, más bien desconfianza”, expresó.

Afirmó que el sector inmobiliario en el país logró estabilizarse en los últimos dos meses, pero que con esta nueva imposición del régimen, se podría generar una disminución en términos de dólares por la incertidumbre que genera.

“Están empujando a la gente a hacer algo ilícito. Efectivamente, tienes una necesidad de vender o comprar, pero como el petro no te genera la confianza, entonces, vas a tener que firmar por una cantidad y recibir algo por fuera… Las leyes deberían generar que la ilegalidad pase a ser legal. Esta ley pareciera que lo hace todo al revés”, agregó.

¿Qué dice la reforma?

El artículo 62 indica de manera textual que se pagará la cuota extra de entre 5% y 25% “cuando se realice la venta de bienes inmuebles que sean pactadas y pagadas en moneda distinta a la de curso legal en el país, criptomoneda o criptoactivo diferente a los emitidos y respaldados por la República Bolivariana de Venezuela”.

En esos casos, el registrador ante el Servicio Autónomo de Registros y Notarías exigirá el comprobante del pago para determinar la sobretasa que hasta el momento se desconoce de cuánto será y en qué moneda se cancelará; es decir, si en petros o en divisas.

“Algo no está claro: si yo hice la compra en dólares porque no tengo petro, ¿la sobretasa será en petros o en dólares? Me estás obligando a hacer algo y me multas por no hacerlo. Entonces, ¿la multa se pagará con lo que debí hacerlo?”, se preguntó López.

El régimen tiene, sin embargo, hasta el 27 de febrero para responder todas estas interrogantes. Para esa fecha, Maduro deberá presentar el reglamento en el que fije la tasa entre 5% y 25% para los pagos realizados en divisas o criptomonedas.

De acuerdo con el artículo 27, estas tasas pueden ser diferentes para cada tipo de producto o servicio.

“Lo único claro hasta el momento es que alguien lo paga y que se cancela con anticipación en el registro. ¿Cómo lo armas? Eso es complicado”, dijo por su parte a El Nacional Aquíles Martini Prieti, experto inmobiliario.

Coincidió con López al asegurar que esta reforma solo genera desconfianza, pero también más corrupción.

“Si compras un apartamento de 30.000 dólares y te cobran 20% de sobretasa, serían 6.000 en impuestos. A eso le sumas los derechos patrimoniales y los derechos de registro que son una macolla. Entonces, esto no solo aumenta la inflación, no solo te hace más inviable la valoraciones del mercado inmobiliario, no solo afecta tu propiedad privada sino que también estimula la corrupción”, señaló.

“La anarquía te deja las puertas abiertas para la corrupción. Esta es una ley buenísima que va a estimular a todo el mundo”, ironizó.

“Todo dependerá del ánimo de Maduro”

López rechazó que esta reforma no se haya discutido con los distintos sectores involucrados, incluso el inmobiliario. Aseguró que esperarán a que sea publicado el reglamento definitivo para fijar una estrategia de respuesta.

“Está un poco confuso. Una cosa es la política y otra la economía. Una sobretasa de lo que sea lo que hará es frenar las operaciones. Al comprador le va a costar 25% más. ¿Quién paga los platos rotos? Soy yo. Un error detrás de otro error”, dijo.

Martini Prieti, por su parte, acusó al régimen de imponer una vez más una ley para resolver una coyuntura económica generada por ellos mismos. Aseguró que el hecho de aplicar un impuesto adicional a todas las tracciones generará más problemas para los venezolanos.

“Eso tiene toda una connotación. Todo dependerá el ánimo de Maduro, de sí amanece con la pierna derecha o izquierda. Estas leyes no tiene ninguna sostenibilidad o viabilidad a futuro”, afirmó sobre el reglamento.

Se espera que la ley entre en vigencia de 30 a 60 días después de la publicación del decreto que fije la tasa, en Gaceta Oficial.

Régimen cobrará impuesto de hasta 25% sobre pagos en dólares – El Nacional – 1 de Febrero 2020

El impuesto abarcará las transacciones con criptomonedas, exceptuando al petro, ante las sanciones de Estados Unidos

Dólares

El régimen de Nicoás Maduro cobrará un impuesto de hasta 25% sobre las transacciones en dólares de bienes y servicios, que ganan cada vez más terreno ante la incontrolable devaluación del bolívar, de acuerdo con un decreto publicado este viernes en la Gaceta Oficial.

Como parte de una reforma tributaria aprobada el miércoles por la asamblea nacional constituyente, la norma fija un rango de 5% a 25% para este gravamen, que se aplicará a los «bienes y prestaciones de servicios pagados en moneda extranjera».

El impuesto también abarcará las transacciones con criptomonedas, exceptuando al petro, ante las sanciones de Estados Unidos que han secado más las arcas estatales.

Sin embargo, la ANC, que rige al país con poderes absolutos, no ha ofrecido detalles sobre el mecanismo para cobrar este impuesto.

Dolarización informal

Sumida en una debacle por seis años de recesión, hiperinflación y una depreciación del bolívar de 98,6% en 2019, Venezuela experimenta una dolarización informaldesde hace cerca de un año.

El uso del billete verde se ha extendido además en un contexto de flexibilización cambiaria, tras años de férreos controles.

De acuerdo con la firma Ecoanalítica, 53,8% de las transacciones en el país se realizan en dólares. Sin embargo, destaca que solamente 15% de la población tiene acceso regular a la divisa y 35% sobrevive con acceso ocasional.

«Es un golpe duro tanto para el consumidor como para el comercio, en especial para las grandes cadenas de supermercados», dijo el economista Henkel García.

Para el director de Ecoanalítica, la medida busca incentivar el uso del petro, que según Maduro se cotiza en 60 dólares la unidad. Esta criptomoneda también está respaldada en las reservas de crudo.

No obstante, analistas cuestionan la viabilidad de la criptomoneda lanzada en 2018 ante la falta de confianza en la política económica del régimen.

Además, como parte de su batería de sanciones para expulsar a Maduro del poder, en marzo de 2018 Washington prohibió a los estadounidenses negociar con el petro.

Su uso aún es limitado, pese a que el Ejecutivo multiplica las iniciativas para promoverlo. En diciembre, Maduro aprobó un aguinaldo en petros para empleados públicos y pensionados, que hicieron largas filas en comercios para comprar alimentos y otros bienes.

Pero, de acuerdo con expertos, los petros fueron rápidamente cambiados por bolívares y después por divisas, lo que impulsó al alza la tasa de cambio.

Paquetazo tributario arrancando 2020 – Acceso a la Justicia – 31 de Enero 2020

 

Paquetazo tributario arrancando 2020

Ya circula en los medios de comunicación la Gaceta Oficial n.º 6.507 Extraordinario del 29 de  enero de 2020, la cual contiene una serie de instrumentos normativos que buscan generar impacto en el presupuesto nacional (hasta ahora desconocido), específicamente por el lado de los ingresos públicos que dimanan del poder tributario del Estado y cuyo cumplimiento o no de los llamados principios de imposición previstos en la Constitución está por verse.

En todo caso, la aprobación de estos instrumentos bajo la forma de “decretos constituyentes” de entrada generan polémica por desviarse del principio de reserva legal que, en materia tributaria, le compete al Poder Legislativo Nacional, pues estas normas  no fueron sancionadas por la Asamblea Nacional sino por la Asamblea Nacional Constituyente, carente de legitimidad.

Así las cosas,  a la espera de que los expertos tributaristas hagan un análisis sosegado sobre cada una de las normas, dictadas además de manera inconsulta con los sectores involucrados, podemos adelantar lo siguiente:

1. Ha sido derogado el Código Orgánico Tributario publicado en Gaceta Oficial n.º 6.152 extraordinario del 18 de noviembre de 2014 (es decir, no se trata de una reforma) y el aquí publicado entrará en vigencia a los treinta días siguientes a su publicación.

2. La Ley Orgánica de Aduanas ha sido reformada, al menos nominalmente, en veinte artículos, vale decir, artículos 1, 3, 4, 117, 118, 159, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 177, 178, 180 y 181, se incorpora el 194 y el anterior  pasa a ser el 195.

3. Se aprobó una reforma parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado, modificando los artículos 16 y 18, se incorpora el 62 y el anterior pasa a ser el 63. También se modifica el  68, se incorpora el 71 y se modifica el 70 (ahora 72).

Consulta aquí la Gaceta Oficial n.º 6.507.

 

Publicada en Gaceta Oficial la reforma tributaria aprobada por la ANC – El Nacional – 31 de Enero 2020

La reforma al Código Orgánico Tributario presenta cuatro modificaciones principales: reforma de la unidad de sanción de los ilícitos tributarios, una sobrealícuota para pago en divisas y criptomonedas, la reducción de beneficios fiscales de exoneración fiscal y el aumento de penas privativas de libertad

Reforma tributaria

Gaceta Oficial número 6507 con fecha de 29 de enero de 2020 | Captura de pantalla

Una reforma tributaria que establece modificaciones a la Ley Orgánica de Aduanas y a la Ley del Impuesto de Valor Agregado se aprobó este martes. Ocurrió en el seno de la asamblea nacional constituyente.

Desde este viernes comenzó a circular la Gaceta Oficial N° 6507 con fecha 29 de enero que estipula las modificaciones.

La modificación observa cuatro movimientos principales: reforma de la unidad de sanción de los ilícitos tributarios; una sobrealícuota para pago en divisas y criptomonedas; la reducción de beneficios fiscales de exoneración fiscal, y presenta además un aumento de penas privativas.

La reforma aumentará precios

En declaraciones a El Nacional, el presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Juan Carlos Castillo, dijo que la primera modificación se refiere a un cambio en la manera de sancionar los ilícitos tributarios.

Esta ya no será en función de la unidad tributaria, sino del tipo de cambio más alto emitido por el Banco Central de Venezuela.

En esta modificación, destacó la variación alarmante de 50 bolívares a 82.000 bolívares por unidad para la sanción.

Resaltó también que como la variación del tipo de cambio fluctúa regularmente, hay falta de garantía para los contribuyentes.

 

Así podría Venezuela volver a ser una potencia económica mundial por Emmanuel Rincón – PanamPost – 3 de Enero 2020

Reformas tributarias, laborales, políticas e ideológicas son el punto de partida para iniciar el camino de la recuperación económica en el país

Venezuela cuenta con recursos humanos, minerales, tierras e infraestructura, para recuperar su economía en tiempo record de aplicarse las políticas económicas y tributarias adecuadas. (Foto: Caracas, Venezuela. Emmanuel Rincón)

Este 1 de enero se cumplieron 44 años desde que a Carlos Andrés Pérez y al partido Acción Democrática se le ocurrió la maniobra política que un par de décadas más tarde asesinaría la democracia venezolana: nacionalizar el petróleo.

Los destinos de los venezolanos de la última generación están profundamente ligados al oro negro, el petróleo está en nuestras venas. Casi resultaría verosímil que un venezolano se corte y en vez de sangre, tenga petróleo. Ser el país con la mayor cantidad de este poderoso recurso, lejos de ser una bendición, se ha convertido en una pesada carga, en una maldición. Desde que los políticos descubrieron que ese dinero enterrado podía absorberlo el Estado, se olvidaron de gobernar, de gerencia y administrar. Ya no había más razones para procurar innovar, formar planes sustentables de autoabastecimiento, y un largo etcétera. Todos los problemas de la vida cotidiana del venezolana serían resueltos por el petróleo, y el político solo debía procurar “repartirlo bien”, meterse un buen pedazo a los bolsillos, pero “ser justo” en las migajas.

Evidentemente, esto fue una bomba de tiempo que no terminó nada bien, Carlos Andrés Pérez se dio cuenta de la estupidez que cometió en el año 76 y trató de remediarlo años después en una segunda presidencia, pero ya los venezolanos estaban hechizados de ese mal facilista, acomplejado, socialista y enfermizo. Ya daban por sentado que el Estado debía encargarse de ellos, y que no podían dejar de chupar la sangre del petróleo. La sociedad venezolana se había transformado en una sociedad parasitaria.

A Carlos Andrés Pérez el futuro presidente Hugo Chávez trató de derrocarlo, no una, sino dos veces a la fuerza en 1992, y aun así, desde el extinto Senado, los parlamentarios aplaudían al Chávez golpista y abrieron la puerta para que entrase al país, ya no el socialismo vegetariano, sino el carnívoro, que iba por todas a apropiarse hasta de la voluntad de los venezolanos.

Pasa que, 44 años después de esta enorme y compleja catástrofe, que ha expulsado a más de cinco millones de venezolanos de su tierra, y que además ha sumido al país en la peor crisis humanitaria y económica jamás recordada por una nación que no se encuentre en una guerra, muchos venezolanos siguen sin comprender el porqué Venezuela está como está, y esto se debe, en gran parte, a los partidos políticos.

El discurso populista en Venezuela no solo no se ha reducido como consecuencia del chavismo, sino que se ha incrementado, pues los partidos políticos que dicen oponerse al régimen, lejos de criticar sus políticas sociales y económicas, las aplauden, y prometen exactamente lo mismo que el chavismo, solo que dicen que “ellos si lo harán bien”.

A lo que se refieren es al modelo fracasado de “repartición de riquezas”. Los partidos que hoy encarnan a través de Juan Guaidó la presidencia interina, que el próximo 5 de enero puede pasar a convertirse en una dictadura interina al irrespetar los acuerdos de gobernabilidad de la Asamblea firmados en 2016, tienen como única “propuesta” para sacar adelante a Venezuela, mantener el petróleo estatizado y seguir otorgando dádivas y subsidios a los venezolanos. Así lo hicieron saber al anunciar que para “combatir” las cajas CLAP del chavismo, les entregarán a los venezolanos tarjetas prepagadas para que “compren lo que quieren”, lo cual hace muy evidente por qué tras 20 años el chavismo sigue en el poder.

La estupidez colectiva propiciada por la clase política no ha permitido que la renta venezolana se diversifique. Hoy Venezuela es un país enteramente dependiente del petróleo, y el resto de riquezas de la nación han sido sistemáticamente obviadas.

El campo venezolano ha sido destruido por el aparato socialista. En el Estado Táchira se producía la mayor cantidad de vegetales en el país (Foto: Emmanuel Rincón).

Lo cierto es que un Estado eficiente que deje atrás el modelo de subsidios y sepa apuntalar la empresa privada otorgando los beneficios necesarios al emprendedor y al capitalista, puede sacar a Venezuela adelante, y convertirla de nuevo en uno de los países más ricos del mundo, incluso hasta cerrando todos los pozos petroleros del país. Sí, los venezolanos nos podríamos dar el lujo de cerrar todos los campos petroleros y aun así alcanzaríamos niveles de prosperidad elevados si cambiamos de sistema político y económico.

El país necesita urgentemente de reformas de fondo, corregir todas las fallas de origen, y no solo sustituir franelas rojas por franelas naranja. Solo en un mundo muy maniqueo se puede concebir que este cambio de franelas podría generar un verdadero cambio.

En ese sentido, lo primero que debe asegurarse en Venezuela es la seguridad jurídica en el país. Ninguna reforma tributaria, laboral, política o económica surtirá efecto si en primer lugar no se asegura a los inversionistas que el país volverá a ser un lugar serio y legítimo para hacer negocios, es decir, si no se recupera la confianza del inversionista.

Siguiendo este objetivo, el discurso populista y socialista no es un buen incentivo para meter el dinero al sistema económico venezolano. Para esto, evidentemente se deben hacer las reformas tributarias y económicas necesarias. Además, el discurso político y los lobistas deben acompañar esta agenda de recuperación económica, afirmando y demostrando con acciones que no se implementarán subsidios distorsionadores de mercado, que no se regularán precios y que no habrá un proteccionismo económico que devalúe las proyecciones empresariales. Unas reformas que nos ubiquen en la parte más baja de recaudación de impuestos en la región podría incentivar el cambio de eje de operaciones de grandes empresas a Venezuela, atrayendo grandes capitales y abriendo cientos de miles de nuevos puestos de trabajo para iniciar la recuperación del país y derrotar la tasa de desempleo más elevada del mundo.

Venezuela, Potencia mundial
El aeropuerto Internacional Simón Bolívar decorado con el arte cinético del fallecido ilustre venezolano, Carlos Cruz-Diez (Foto: Wikipedia)

Venezuela también cuenta con condiciones sumamente favorables para todo imperio empresarial. La privilegiada ubicación geográfica es uno de los más importantes, pues cuenta con una larga costa al Mar Caribe, está a menos de cuatro horas en avión a Estados Unidos, y a ocho horas de Europa, razones que lo convierten en un lugar estratégico de ensueño para la instalación de cualquier empresa que se valga de la importación y exportación.

Las reformas tributarias se deben acompañar de reformas laborales. La actual ley del trabajo en Venezuela es opresiva con el emprendedor y quien arriesga el capital. La misma blinda al empleado con recursos que pueden facultarlo de desobedecer infinitamente las órdenes de sus superiores una vez contratado de manera fija, e imposibilita el reemplazo de empleados deficientes o el despido de estos, a pesar de cometer faltas graves. Esto propició una caída vertiginosa no solo de la productividad en las empresas, sino también en el número de los puestos de trabajo, pues con estas leyes opresoras el inversionista no tiene incentivos para expandir su negocio; por lo que esto en vez de convertirse en una “defensa” al empleado, se convirtió en un sacrilegio, pues lo privó de obtener un empleo. No en vano, en la actualidad Venezuela cuenta con un 47,2 % de tasa de desempleo, la más alta del mundo, y una tasa salarial completamente destrozada (dos a seis dólares fue el sueldo mínimo oficial de Venezuela en promedio durante el 2019).

Eliminar las restricciones arancelarias, generar acuerdos de libre mercado con los principales socios de Venezuela, permitir el flujo de capitales, poner en práctica favores tributarios como los realizados por Colombia en la economía naranja y reacondicionar el sistema jurídico y financiero para atraer capitales, es el paso inicial para configurar una nación prospera. Además, es urgente comprender que Venezuela tiene mucho más recursos extremadamente valiosos, más allá del petróleo.

El Salto Ángel es la caída de agua más grande del mundo, con casi un kilómetro de altura. (Foto: Emmanuel Rincón)

El turismo debería ser el nuevo oro venezolano, generar planes turísticos y realizar una asertiva campaña en el mundo para visitar Venezuela. Deberá ser uno de los enfoques primordiales del cambio no solo de imagen del país, sino del cambio político, sistemático y económico. Desde el gobierno se pueden impulsar campañas para realizar algo único en el mundo: visitar desierto, selva, nieve y volcán debe ser la consigna principal. Un plan turístico con alianzas de diversos sectores de servicio privados: transporte, hospedaje y comida para visitar, por ejemplo, Los Roques, Mérida, Médanos de Coro y Canaima, en dos semanas. Abaratando precios con alianzas, pueden propiciar un flujo bastante elevado de ingresos de divisas, que a su vez se distribuye a los venezolanos a través del flujo de la economía.

Por ejemplo, Tucacas debería ser un punto central del reacomodo de la industria del turismo. Es menester desarrollar un aeropuerto en Tucacas y reacondicionar el pueblo playero con centros comerciales, centros de recreación, plazas, parques, casinos, hoteles de las principales cadenas hoteleras, y una fuerte inversión en los muelles y sistema de transporte marítimo para el atractivo turístico. Tucacas tiene todo el potencial y además el espacio para ser un destino más codiciado que Punta Cana, Cancún o Cartagena, y su olvido sistemático solo se explica desde la ineficiencia del socialismo y los gobernantes de las últimas décadas, quienes solo han pretendido tomar el poder para apoderarse del petróleo y financiar misiones populistas.

Tucacas es un paraíso turístico poco conocido en el mundo y completamente olvidado por los gobiernos venezolanos. (Foto: Emmanuel Rincón).

Urge no solo reacomodar el Estado venezolano, sino empequeñecerlo, librarlo de responsabilidades y a la vez de recursos y herramientas para manipular y pisotear a la ciudadanía. Las empresas estatales deben privatizarse, incluyendo a Pdvsa, no solo para recobrar su funcionalidad y operatividad, sino para evitar que vuelvan a instaurarse nuevas tiranías en el país gracias al chantaje y el populismo derivado del gasto público.

Practicando un cambio radical del discurso populista, afianzando las modificaciones urgentes del sistema tributario y laboral, además de apuntando a la diversificación de la economía para abrir paso a las empresas de innovación, haciendo del turismo un eje primordial, acompañado de la recuperación del campo, se podría recuperar la economía venezolana en tiempo record, incluso, sin la necesidad del petróleo.

Ahora, evidentemente el petróleo está allí y sencillamente no lo vamos a sepultar, entonces ¿qué hacer con él? Privatizar, se debe privatizar. El petróleo es de los negocios más rentables del mundo y debería ser la única industria del país en imponer una tasa tributaria elevada por otorgar el beneficio de extracción y procesamiento; así, sin que el Estado tenga la necesidad de ser el dueño de las empresas que le trabajen, puede recibir un importe elevado de ingresos para el mantenimiento del Estado y el financiamiento de las políticas públicas de turno.

A los venezolanos les quiero insistir: sí es posible cambiar a Venezuela, sí es posible tener no solo un mejor país, sino convertirnos en una potencia mundial con todas las letras. Pero para ello es menester cambiarlo todo, acabar de raíz con el sistema socialista iniciado hace 60 años y que el chavismo agravó; acabar con las dádivas, el populismo, los subsidios y toda la manipulación del Estado a través de recursos públicos. Necesitamos y podemos cambiar, pero necesitamos del aporte, la concientización y el trabajo de todos.

Ex banquero pide al TSJ en el exilio declarar nula ley de impuestos a grandes patrimonios por Sammy Paola Martínez – El Pitazo – 6 de Agosto 2019

El ex presidente del Banco Venezolano de Crédito, Oscar García Mendoza, destaca que la Asamblea Nacional Constituyente no tiene ninguna facultad para legislar, y mucho menos para sancionar una ley que considera expropiatoria

El ex presidente del Banco Venezolano de Crédito, Oscar García Mendoza, denunció que la Ley de Impuestos a Grandes Patrimonios es un instrumento expropiatorio | Foto: Cortesía Oscar García Mendoza
El ex presidente del Banco Venezolano de Crédito, Oscar García Mendoza, introdujo el pasado 5 de agosto un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio para que se declare nula e ilegal la Ley de Impuestos a los Grandes Patrimonios, sancionada por la Asamblea Nacional Constituyente el pasado 2 de julio.

De acuerdo con esta ley, publicada en Gaceta Oficial n° 41.667 el 10 de julio, el gobierno de Nicolás Maduro crea un impuesto para aquellas personas naturales que tengan un patrimonio superior a 36 millones de unidades tributarias (1,8 millardos de bolívares) y para las personas jurídicas que posean bienes valorados en más de 100 millones de unidades tributarias (5 millardos de bolívares). Quedarían exentos de pagarlo el Ejecutivo Nacional, el Banco Central de Venezuela, gobernaciones y alcaldías, quienes hayan recibido prestaciones sociales y los que han invertido en actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas, piscícolas y pesqueras.

A juicio del ex banquero, el objetivo de la ANC es hacer ver que expropiarán las propiedades de los venezolanos, política que inició Hugo Chávez en el año 2007.

“En Venezuela, el gobierno está matando a los ciudadanos y esta ley es una manera de seguirlos matando. El amparo es una forma de contribuir a que no se aplique este monumento a la inconstitucionalidad”, apuntó García Mendoza, quien reside en Estados Unidos.

Desde su conformación, las decisiones del TSJ en el exilio no son vinculantes en Venezuela. No obstante, el ex banquero considera que hay que crear un precedente y los magistrados están en el deber de ratificar la poca legalidad de esta ANC, que llegó a dos años de funcionamiento el pasado 4 de agosto y aún no ha presentado el primer borrador de Carta Magna, sino que se ha dedicado a dictar medidas en detrimento de la Asamblea Nacional y sus diputados.

El Pitazo consultó a Consecomercio cuál era su posición frente a la intención de la ANC, y su presidente, Felipe Capozzolo, respondió que aún evalúan el impacto en el patrimonio de los venezolanos.

Impuesto al patrimonio: ¿ nueva arma de persecución selectiva ? – Venezuela al día – 26 de Julio 2019

de los Ríos
El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, asiste a una sesión en Caracas, Venezuela, el 2 de abril de 2019. REUTERS / Manaure Quintero

Con la aprobación del nuevo impuesto al patrimonio de ciudadanos y empresas, la írrita Asamblea Nacional Constituyente (ANC), órgano usurpador de las funciones legislativas de la legítima Asamblea Nacional (AN), puede estar creando una nueva arma de persecución selectiva en Venezuela.
El impuesto obliga a los contribuyentes calificados por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) como sujetos pasivos especiales, bien sea personas jurídicas que sean propietarios o posean activos patrimoniales por más de 100 mil unidades tributarias (UT) o personas naturales por más de 36 mil UT, a pagar desde el 0,25 hasta el 1,5% de su patrimonio, en los términos previstos en la “ley constitucional” creadora de dicho tributo.

Este nuevo tributo se causará anualmente sobre el valor del patrimonio neto al cierre de cada período, y su pago deberá efectuarse en el plazo y bajo las formas y modalidades que establezca el Seniat. Las personas naturales y jurídicas cuyos activos tengan un valor igual o superior a 150 millones de UT también están obligados a declararlos.

Quedan exceptuados de este impuesto los inmuebles declarados como viviendaprincipal (hasta por un valor de 64 millones de UT, equivalentes en la actualidad a 3.200 millones de bolívares o poco más de 396 mil dólares a la tasa oficial), así como los bienes destinados a actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas, piscícolas y pesqueras.

Cabe destacar que los bienes sujetos al impuesto no son solo aquellos que estén ubicados en el país, sino también aquellos que tengan en el exterior las personas naturales y empresas calificadas como sujetos pasivos especiales que sean residentes en Venezuela.

Dados los montos involucrados, este tributo afecta fundamentalmente al sector productivo y, en tal sentido, las pocas empresas en el país que aún tengan activos con los valores antes mencionados trasladarán el costo del impuesto a los precios de sus productos, por lo que una vez más son los ciudadanos comunes y corrientes quienes terminarán pagando este impuesto vendido como “sólo para los ricos”, cuando en realidad afecta a todos los ciudadanos al desincentivar la inversión, creando nuevos riesgos y costos (entre estos, la ley no permite la deducción de este impuesto respecto del impuesto sobre la renta).

Falsa ley constitucional

Acceso a la Justicia está en la obligación de recordar que la única autoridad legítimamente electa para dictar leyes nacionales es el Poder Legislativo. El 6 de diciembre de 2015, mediante el voto universal y secreto, los venezolanos eligieron a un Parlamento de mayoría opositora y es el único órgano con potestad para aprobar leyes tributarias como el impuesto al patrimonio de ciudadanos y empresas que pretende imponer la Constituyente.

La usurpadora ANC, aun cuando fuese legítima,–que no lo es por no haber sido convocada por el pueblo como establece la Constitución–, no tiene esas atribuciones en la Carta Magna de 1999, como tampoco existe en la misma algo denominado “leyes constitucionales”.

Adicionalmente, debemos destacar la manera en que fue dictada esta “ley constitucional”, pues no consta la consulta previa a las comunidades, rasgo fundamental de la democracia participativa, tan cacareada y nunca realmente practicada por el régimen político imperante, así como tampoco una discusión pública del texto del proyecto o al menos su difusión por los medios de comunicación social, lo que pone en evidencia que la Constituyente no atiende a los procedimientos democráticos, siquiera mínimos, que se exigen para dictar una ley, lo que demuestra una vez más su carácter autocrático.

Para incrementar la persecución selectiva a los ciudadanos, en las normas aprobadas por la ilegítima constituyente, se indica que los jueces, registradores, notarios, instituciones financieras, empresas de seguros y reaseguros, casas de bolsa y de cambio, depositarias, museos, galerías, joyerías y demás entidades públicas o privadas, deberán remitir a la administración tributaria la información que se requiera a los efectos de recaudar el impuesto correspondiente.

Así, tenemos que la ANC, a casi dos años de su instalación el 4 de agosto de 2017, no ha llevado a cabo su cometido, esto es, elaborar un proyecto de Constitución, sino que ha servido de medio para reprimir donde al Ejecutivo le convenga: nombrar a un nuevo fiscal cuando la anterior dejó de ser útil, allanar la inmunidad parlamentaria de miembros de la AN, dictar leyes para la persecución de la libertad de expresión como la Ley Contra el Odio, convocar elecciones y un largo etcétera que pone en evidencia, por los hechos, que la verdadera razón de ser de este organismo es servir a los propósitos de un régimen que ha perdido toda legitimidad.

En ese sentido, la ANC es otra máscara “institucional”, como lo son en la actualidad prácticamente todos los demás poderes del Estado que están a las órdenes del Ejecutivo y cuyas autoridades no han sido nombradas como establece la Constitución, por lo que solo sirven para decir en el exterior que las decisiones no las toma el Poder Ejecutivo, cuando aquí sabemos que este es precisamente, el único que toma las decisiones en este país.

¿Quién fija el valor de los activos?

Otro aspecto alarmante del Impuesto al patrimonio de ciudadanos y empresas es la fijación del valor de los inmuebles o de otro bien en un entorno de hiperinflación e inseguridad social como el que vive Venezuela. En el país hasta se reconoce una mal llamada “inflación en dólares”, lo que dificulta precisar el valor real a declarar de un bien.

¿Debe irse a preguntar el valor asignado en el catastro municipal ? ¿Quién determina el valor de mercado de un bien en hiperinflación? ¿ Acaso bastará con actualizar el precio de adquisición ?

En ese sentido la “ley constitucional” le otorga al Seniat (artículo 16) la potestad de establecer las reglas de determinación del valor de bien, lo cual es lo mismo que decir que queda a su discreción, lo que da pie a la arbitrariedad, algo que en la administración pública, como es por todos conocidos, ya es parte de nuestra lamentable cotidianidad, además de constituir una flagrante violación al principio de reserva legal tributaria.

Siendo esto así, no será la primera vez que el Seniat pueda ser utilizado como una herramienta de represión, pues ya ha ocurrido con personalidades como los humoristas Emilio Lovera y Laureano Márquez, por nombrar dos personas muy conocidas en el país, que muchas veces cuando han querido presentar sus actuaciones, “casualmente” los teatros en los que se han ido a presentar, en diferentes ciudades del país, han sido cerrados por dicha institución, como una clara demostración que cualquier institución pública puede ser un medio de persecución con independencia de su carácter “técnico”.

Asimismo, la competencia para calificar en forma individualizada a una persona natural o jurídica como sujeto pasivo especial le corresponde al Seniat, lo que podría prestarse a su utilización como herramienta de persecución, además de constituir una flagrante violación al principio de igualdad en materia tributaria debido al tratamiento discriminatorio dado a quienes sean calificados como sujetos pasivos especiales, en comparación con quienes no se califiquen como tales.

Pero como señalamos inicialmente, serán los ciudadanos los que finalmente terminarán cargando con este nuevo impuesto: en nuestra empobrecida Venezuela quedan pocas personas naturales con altos patrimonios, por lo que no es de extrañar que en realidad este impuesto esté dirigido fundamentalmente a las empresas.

No es un impuesto para los ricos, y al afectar a las pocas fuentes de trabajo y producción que quedan nos afectará a todos, visto que su costo será trasladado a los bienes producidos y servicios prestados por las empresas sujetas a dicho tributo.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta ?

La “ley constitucional” sobre impuesto al patrimonio representa una norma de facto y un acto de desprecio a la real participación ciudadana y a la soberanía popular, por ser una “ley” de la ANC, y no la AN, órgano de facto que además no tiene potestad para legislar. En la práctica se trata de una normativa inconsulta e inconstitucional, que puede ser usada como otro medio más para justificar el ataque y arrebato de sus bienes a las personas en un país donde la ley es lo que determina en realidad el funcionario de turno.

De este modo, cuando, a causa del pago de este írrito impuesto aumente aún más la fuga de empresas y la desinversión, así como la ya gigantesca inflación, tendremos la evidencia objetiva que el propósito de tal “ley” no son los grandes patrimonios, sino el de todos los ciudadanos.

ANC aprueba impuesto de entre 0,25% y 1,50% anual a patrimonios sobre 250.000 euros – Banca y Negocios – 2 de Julio 2019

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La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), aprobó este martes 2 de julio una Ley Constitucional que crea un impuestos a los grandes patrimonios, que tiene como objetivo contribuir al equilibrio fiscal de la nación y va dirigida a personas jurídicas que tengan activos por más de 250.000 euros, informó la agencia gubernamental AVN.

En pleno debate dentro del hemiciclo el presidente de la Comisión de Economía de la ANC, Andrés Eloy Mendez, explicó que el texto con rango de ley contiene 30 artículos y seis disposiciones transitorias recopilados en cinco capítulos. «Esta ley representa un paso modesto, pero importante en la dirección correcta para atender el déficit fiscal, uno de los grandes problemas que nos ha generado esta guerra económica».

Indicó que las medianas industrias y la economía comunal están exoneradas de este impuesto que blindará al Estado venezolano, el cual lleva como bandera política distribuir el 70% del presupuesto nacional en inversión social. Sin embargo, tendrán que pagar el impuesto quienes tengan en posesión vehículos de alta gama, motos de alta cilindrada, yates, joyas, obras de arte, piedras preciosas, minerales entre otros bienes suntuarios.

«Este tributo se calculará mediante el valor del bien, que determine cada Dirección de Catastro de las 335 alcaldías del país, a través del precio del valor en el mercado (donde se producen las transacciones a diario como páginas web), todas por el valor de actualización del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat)».

Lo anterior parece sugerir que la medida cambiaria no será el tipo de cambio promedio de las mesas de cambio de la banca, sino el dólar «criminal», que ahora parece convertirse en referente para la determinación de impuestos, por lo que debería servir a otros fines contables.

«La tasa progresiva será del 0.25% anual hasta el 1.50% anual», indicó el constituyente Orlando Camacho.

Refirió que entre los bienes exentos de esta ley cuentan: la vivienda principal de cada ciudadano si esta no pasa del valor de 472.000 euros, las prestaciones sociales de los trabajadores, los bienes de propiedad comunal, aquellos activos de los bienes de agricultura y los que determine el Presidente de la República, quien cuenta con la facultad de exonerar algunos bienes de este tributo.

La ANC no ha aprobado un solo artículo de la nueva Constitución, pero legisla de manera ordinaria con su carácter «supraconstitucional». Seguramente, la Asamblea Nacional suprimirá la vigencia de este tributo, mientras el TSJ lo avalará.

En principio, parece un impuesto difícil de cobrar, porque la determinación de los activos sujetos a gravamen dependerá de los catastros municipales, y la determinación de valor es un proceso complicado; sin embargo, lo medular es que se busca una manera muy poco prudente de sofocar un déficit fiscal que supera 15% del PIB.

Venezuela’s Economic Collapse Explained in Nine Charts by Santiago Pérez – The Wall Street Journal – 25 de Marzo 2019

Venezuela’s decline is now deeper than that of the Soviet Union after its breakup, and comparable only to Zimbabwe’s in the late 1990s, economists say

The Petare neighborhood, one of the poorest Caracas neighborhoods, is plagued by hunger, crime, blackouts, dry taps and barren store shelves.
The Petare neighborhood, one of the poorest Caracas neighborhoods, is plagued by hunger, crime, blackouts, dry taps and barren store shelves. PHOTO: IGNACIO MARIN/BLOOMBERG NEWS

Venezuela’s economic collapse is among the world’s worst in recent history. The decline is now deeper than that of the Soviet Union after its breakup, and comparable only to Zimbabwe’s in the late 1990s, according to estimates from the Institute of International Finance, a Washington-based association of financial institutions.

The scale of the decline, resulting from poor policy decisions, economic mismanagement, and political turmoil, is like something one would only expect from extreme natural disasters or military confrontations, said Sergi Lanau, the IIF’s deputy chief economist.

Output has contracted by half over the past three years. Venezuelan consultancy Ecoanalítica expects gross domestic product to fall another 30% in 2019 amid hyperinflation, political instability, and recent U.S. economic sanctions.

President Nicolás Maduro’s government hasn’t released economic and social development indicators since 2016, when the country’s situation became dire. Most estimates and surveys since then are from consulting firms, universities and multilateral organizations.

Venezuela’s GDPSource: International Monetary Fund
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Gross domestic product shrank from about $196 billion in 2013 to some $80 billion last year, smaller than that of Guatemala or Ethiopia, according to calculations from AGPV Asesores Económicos, a Caracas-based consulting firm, and the International Monetary Fund. The economy is on track to mark 14 consecutive quarters of contraction.

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GDP contractions, last year of positive growth

Hyperinflation is destroying the economy. Consumer prices have risen more than 50% per month since November 2017, including a jump of about 465% in the first 10 weeks of 2019, according to estimates from Ecoanalítica.

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Consumer prices, change from the previous monthSource: BCV, Ecoanalítica

The main cause of hyperinflation is the central bank printing money to fund gaping public spending deficits. IIF estimates based on the balance sheet of the central bank point to a fiscal deficit above 30% of GDP last year.

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Estimated fiscal deficit, % of GDPSource: National Assembly, IIF

The pace of inflation in Venezuela is among the fastest recorded in recent world history, according to the IIF. Prices rise as much in just a couple of hours as they do in a year in neighboring countries, said Mr. Oliveros.

 

Wages have become worthless. Some basic goods, like food and nonalcoholic beverages, rose almost 350% just in January, according to Ecoanalítica estimates. The monthly salary of a schoolteacher is enough to buy a dozen eggs and about 2 pounds of cheese.

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Inflation, change from previous monthSource: National Assembly, IIF

Tax collection has plummeted as a result of falling production and hyperinflation, as the value of the revenue is highly diluted by the time taxes are paid.

The government is insolvent and lacks sources of foreign funding. It has missed payments of about $18.7 billion in foreign debt, and close to $8 billion in dollar-denominated debt is due this year.

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Tax income (excluding oil), change from a year earlier*Source: Seniat, EcoanalíticaNote: September 2018 numbers weren’t published by Seniat

Oil output, the only real source of stable foreign currency, is plummeting due to lack of investment, poor maintenance and neglect. U.S. sanctions could push production to lows not seen since 1945, according to Ecoanalítica estimates. It will take 12 years for the Venezuelan oil industry to recover, said consultant Eduardo Fortuny.

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Venezuela oil productionSources: Baptista; PdVSA and EcoanalíticaNote: 2019 is an estimate

Economic and political turmoil sparked an exodus. More than 3.4 million Venezuelans have left the country in recent years, and most of them send money to relatives back home. Remittances rose by almost 57% last year. Millions of Venezuelans depend on such transfers, which average some $80 per month per family, to survive.

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RemittancesSource: World Bank/CEMLA (2015-2017); Ecoanalítica (2018, 2019)Note: 2018 and 2019 are estimates

The number of Venezuelans living in poverty has doubled since 2014. Almost nine out of 10 don’t have enough money to cover their nutritional needs, according to Venezuelan sociologist María Gabriela Ponce. A survey on poverty conducted by UCAB university showed that more than eight million Venezuelans don’t get enough to eat.

The fight against poverty and income disparity, a key facet of the socialist policies of late President Hugo Chávez, has been shattered. Income distribution in Venezuela was similar in 2014 to that of Argentina and Uruguay. Now it’s more extreme than Haiti’s, Ms. Ponce said.

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The richest 10% of households now receive more than 60% of Venezuela’s totalincome.Source: Encuesta sobre condiciones de vida en Venezuela (ENCOVI)Note: 10 is the wealthiest income division

 

Costos de tramites – Septiembre 2018

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