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La autoridad electoral de Venezuela elimina la elección directa de los diputados indígenas por Florantonia Singer – El País – 31 de Julio 2020

El CNE deja en manos de asambleas y delegados comunitarios la designación de los tres escaños que corresponden a las 44 etnias del país cuando faltan cuatro meses para las legislativas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se persigna mientras ejerce su voto en las últimas presidenciales, en Caracas el 20 de mayo de 2018.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se persigna mientras ejerce su voto en las últimas presidenciales, en Caracas el 20 de mayo de 2018.ARIANA CUBILLOS / AP

La atropellada convocatoria de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre en Venezuela continúa. El Consejo Nacional Electoral (CNE), designado de forma unilateral por el Tribunal Supremo, afín al chavismo, inició los preparativos para celebrar contrarreloj los comicios en los que se renovará a la Asamblea Nacional, la piedra en el zapato de Nicolás Maduro desde hace cinco años, cuando la oposición logró quedarse con la mayoría de los escaños. El Parlamento es hoy la tribuna desde donde Juan Guaidó forcejea para lograr una transición política y la salida del Gobierno de Maduro. En medio de este proceso, de la apertura de la inscripción de nuevos candidatos en un país en cuarentena por el aumento de casos de la covid-19, el organismo sigue haciendo reformas de la ley que echan por la borda reivindicaciones como la elección directa de los indígenas y el derecho al voto universal y secreto que garantiza la Constitución venezolana.

El Consejo Nacional Electoral elaboró un nuevo reglamento para la elección de los diputados indígenas a la Asamblea Nacional. Ante testigos de organizaciones indígenas postulantes y del órgano electoral, el voto se realizará a mano alzada en asambleas comunitarias a través de un sistema de delegados, quienes después elegirán a los diputados en votaciones de segundo grado, en nombre de las comunidades. Este sistema de delegados por sectores ya se usó en la cuestionada elección de la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano que opera sin presencia opositora como brazo legislativo del Gobierno. El resto del país, en cambio, votará de forma directa y a través de máquinas.

La modificación de la norma viola la Ley de Procesos Electorales que establece que no debe haber modificaciones en los seis meses anteriores. Cuando faltan poco más de cuatro meses para la votación se están cambiando las reglas del juego. La nueva rectora de la autoridad electoral, Indira Alfonzo, ya había modificado la conformación del Parlamento incrementado el número de miembros de 167 a 277, en supuesta concordancia con las proyecciones del aumento de la población, aunque estudios recientes como la Encuesta de Condiciones de Vida de los Venezolanos señalan que se ha reducido. Frente al aumento de diputados, los escaños asignados a representantes indígenas siguen siendo tres, perdiendo así peso dentro del foro legislativo, con una adjudicación general que da mayor representación al voto en listas que al nominal. Los indígenas, según el último censo de 2011, son 2,8% de la población, unas 800.000 venezolanos pertenecientes a 44 etnias.

Alfonzo viene de ocupar la presidencia de la Sala Electoral del Supremo, desde donde impidió en 2016 la juramentación de los tres diputados indígenas del Estado Amazonas por impugnaciones al proceso que aún no ha resuelto ese tribunal y que han servido de argumento al chavismo para señalar el supuesto desacato de la Asamblea, luego de que decidió incorporarlos en 2017. Los cambios ya han generado el rechazo de algunas organizaciones indígenas. Desde el Comité de Derechos de la Guajira señalaron que el voto a mano alzada expone “a los hermanos y hermanas indígenas a revelar su posición de manera abierta y pública frente a los supuestos defensores de sus derechos colectivos, adscritos al Gobierno nacional, cercenando con ello el derecho a elegir a sus representantes sin ningún tipo de coacción ni intimidación”.

El camino hacia las parlamentarias ha seguido adelante pese a los cuestionamientos que se han hecho desde la oposición y la comunidad internacional, incluida la Unión Europea y el llamado Grupo Internacional de Contacto, conformado para mediar en la crisis política venezolana. El CNE fue renovado laminando la participación de la Asamblea, a quien corresponde esa facultad. Tampoco tiene una conformación equilibrada en sus miembros.

En el último mes, el chavismo ha enfilado contra los principales partidos de oposición sustituyendo sus directivas, a través de sentencias del Supremo, por dirigentes más afines al Gobierno. Este proceso ha sido respaldado por la Mesa de Diálogo Nacional, un pacto que agenció el año pasado el chavismo con un sector minoritario de la oposición, a la par que participaba en las negociaciones auspiciadas con Noruega con representantes de Juan Guaidó, unas conversaciones que están intentando retomarse.

El escenario luce como un déjà vu de las anticipadas elecciones presidenciales de mayo de 2018, que desataron la crisis de legitimidad de Maduro. Tal como avanza el proceso, el Parlamento que se elija en diciembre -y que debe instalarse el 5 de enero de 2021- tendría las mismas fallas de origen de la presidencia del líder del chavismo, escogido en un proceso viciado, que también dejó por fuera a la mayor parte de la oposición, y no reconocido internacionalmente. La continuidad más allá de diciembre del actual cuerpo de diputados al mando de Guaidó, reconocido todavía como presidente interino por casi 60 países, es una tesis que se ha planteado tímidamente, pero que en sí misma abre un nuevo bucle de conflicto en la ya enrevesada institucionalidad del país.

Lo que Zapatero calla sobre el régimen de Maduro por Susana Gaviña – ABC – 25 de Enero 2020

El expresidente socialista denuncia que el 90% de la información sobre Venezuela es sesgada y que él conoce la realidad del país después de 38 viajes

La entrevista que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero concedió ayer a la SER, centrada en buena parte en la visita del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, este sábado a España, no ha dejado a nadie indiferente. Sus declaraciones han sido criticadas por distintos sectores, incluso por otro expresidente socialista, Felipe González, que inmediatamente después de la entrevista publicó un comunicado cuestionando su posicionamiento respecto a Guaidó.

En su intervención, Zapatero denunció la desinformación existente en torno a lo que está sucediendo en Venezuela, «el 90% de la información que se publica está sesgada, y siempre del mismo lado», afirmó, subrayando que él conocía la realidad del país al que había viajado 38 veces en los últimos cuatro, en su condición de mediador entre el Gobierno de Maduro y la oposición.

Lo cierto es que, en algunos de sus afirmaciones, el expresidente también cayó en la desinformación o también en el sesgo. Algunas fueron excesivamente graves, lo que no contribuye, por mucho que lo intente, a mejor el clima de diálogo y de paz en Venezuela y con sus interlocutores internacionales, como él tanto pregona.

Zapatero, en el último tramo de la entrevista, apoyó claramente la postura del  presidente Pedro Sánchez de no recibir a Guaidó. Fue entonces cuando llegó la última pregunta sobre si consideraba que el líder del Ejecutivo español «se equivocó reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino» hace ahora un año. El expresidente quiso arrojar luz, desde su perspectiva posiblemente condicionada por esos 38 viajes a Venezuela, sobre la situación política de un país con dos gobiernos. «Para que los ciudadanos comprendan, hay un gobierno que es el que gobierna en Venezuela [el de Nicolás Maduro], que es el que da los visados, es el que tiene el control de la autoridad y demás… Y resulta que llega un Gobierno, que es el de EE.UU., que los bienes y los activos que el Gobierno de Venezuela tiene se los da a unos señores que no tienen ningún título más que se reconocieron… [en referencia a Juan Guaidó y su equipo] Por tanto hay miles de millones por ahí que nadie controla. Para el derecho internacional es una situación insólita», indicó.

Gobierno ilegítimo

En esta afirmación, el expresidente Zapatero no cuenta, porque sí debe de saberlo, que el actual presidente interino, Juan Guaidó, fue elegido presidente de la Asamblea Nacional (la legítima, que fue votada democráticamente el 6 de diciembre de 2015 y en la que ganó la oposición) el 5 de enero de 2019. Esta elección se producía meses después de los comicios presidenciales del 20 de mayo, convocados por la Asamblea Nacional Constituyente (un Parlamento paralelo puesto en marcha por Maduro para quitar funciones al legítimo). El proceso electoral incluyó varias irregularidades, como la inhabilitación de candidatos de la oposición. La falta de transparencia motivó que sus resultados no fueran reconocidos por gran parte de la comunidad internacional, que no aceptó la reelección de Maduro, que había creado un proceso electoral a su medida para continuar en el poder. Ya dos años antes, el Ejecutivo de Maduro había nombrado un nuevo Tribunal Supremo, en sustitución del legítimo (que incluía críticos con el régimen) que tuvo que exiliarse tras haber cursado el gobierno órdenes de detención contra algunos de sus miembros.

El no reconocimiento de Maduro como presidente del país dejaba por tanto un vacío de poder que, según el artículo 233 de la Constitución -aprobada por Hugo Chávez en 1999-, se resolvía de manera transitoria con el nombramiento en su lugar del presidente de la Asamblea Nacional. «Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional», reza dicho artículo.

La versión del Zapatero no se ajusta, por tanto a la realidad, y cae en lo que tanto criticó ayer: la desinformación.

Buen conocedor de la verdadera realidad de Venezuela, gracias a su puente aéreo con Venezuela, no dudó en calificar de «sesgada» el «90% de las informaciones que se producen sobre Venezuela. Información que se inclina siempre «del mismo lado», apostilló. Un lado que, evidentemente, no le gusta al régimen de Maduro ni a sus simpatizantes.

Violaciones de DD.HH.

Por sesgada debemos entender aquellas informaciones que denuncian las violaciones constantes de los derechos humanos en Venezuela, sobre la crisis económica y social que sufre el país desde hace años, del índice de peligrosidad y de corrupción que organismos nacionales e internacionales han reflejado a través de la recogida de datos y testimonios. ABC y otros medios de comunicación se han hecho eco de muchas de ellas.

Zapatero no realizó ayer mención alguna en su intervención a estas violaciones ni a las dramáticas condiciones de vida que existen en Venezuela. La realidad que conoce el expresidente parece obviar a los4,5 millones de desplazados fuera de sus fronteras desde 2015, según un informe del pasado mes de octubre de la ONU, organismo al que el propio Zapatero otorga total legitimidad -pues reconoce al Gobierno de Maduro y no a los representantes de Guaidó-, y por lo tanto estaría fuera de toda sospecha sobre un posible sesgo.

Igual de legítimo debe parecerle entonces el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas para los DD.HH. sobre Venezuela, publicado el pasado mes de julio y elaborado a petición del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Un texto que indica que en el último decenio -y especialmente desde 2016- el Gobierno venezolano y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia «orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno». Algo que ha llevado a cabo a través de «un conjunto de leyes, políticas y prácticas que ha reducido el ámbito democrático, ha desmontado el sistema de control institucional sobre el poder ejecutivo y ha permitido la reiteración de graves violaciones de derechos humanos», explica.

El informe, que comprende desde enero de 2018 hasta mayo de 2019 y que se hizo público días después de la visita a Venezuela de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DD.HH., Michelle Bachelet, se refiere a la «paulatina militarización» de las instituciones del Estado durante la última década. «Tanto a fuerzas civiles como militares se les atribuye la responsabilidad de detenciones arbitrariasmalos tratos y torturas a críticos del Gobierno y a sus familiares, violencia sexual y de género perpetrada durante los periodos de detención y las visitas, y uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones».

En cuanto a los colectivos, grupos armados civiles progubernamentales, considera que estos han contribuido al deterioro de la situación y documenta «66 muertes durante las protestas realizadas de enero a mayo de 2019, de las cuales 52 son atribuibles a las fuerzas de seguridad del Gobierno o a los colectivos.»

Asimismo, hace mención de las «ejecuciones extrajudiciales»cometidas por las fuerzas de seguridad, «en particular por las Fuerzas Especiales (FAES), en el contexto de las operaciones policiales», que según el informe, «ha sido sorprendentemente elevada».

Detenciones arbitrarias, censura, represión

Siguiendo con la vulneración de derechos de los ciudadanos venezolanos, en especial contra aquellos que son críticos con el Gobierno de Maduro, el texto recoge que, hasta el 31 de mayo de 2019, había 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, entre ellas 58 mujeres, «y en lo que va de año 22 diputados de la Asamblea Nacional, incluido su Presidente, han sido despojados de su inmunidad parlamentaria».

Hace hincapié, además, en que «la mayoría de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos no han tenido acceso real a la justicia ni a una reparación adecuada».

Denuncia también el constante ataque a libertad de expresión, mediante la prohibición o la clausura de medios de comunicación, y la detención de periodistas independientes. «En los últimos años el Gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes».

También acusa al Gobierno de Maduro de «incumplir su obligación de garantizar los derechos a la alimentación y a la atención sanitaria». Un aspecto que, según,Zapatero, sería consecuencia de las sanciones internacionales, punto que también aborda el informe de la ONU al afirmar que se han agravado, «en el caso de las sanciones vinculadas a la exportación de petróleo», aunque «la economía de Venezuela estaba en crisis mucho antes de que se les impusieran sanciones a algunos de sus sectores».

La lista de violación de DD.HH. en Venezuela es extensa, como reconoció la Bachelet que exhortó al Gobierno de Maduro a tomar medidas. «Espero sinceramente que las autoridades examinen con detenimiento toda la información contenida en este documento y apliquen sus recomendaciones. Todos deberíamos estar de acuerdo en que todos los venezolanos merecen una vida mejor, sin miedo y con acceso a los alimentos, el agua, la atención médica y la vivienda adecuados, así como a otras necesidades básicas», afirmó la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los DD.HH.

 

Ten things keeping Maduro in power revisited – Latin American Risk Report – 17 de Diciembre 2019

Venezuela’s de facto president continues to have cash, foreign allies and loyal security forces

About one year ago I published an article about ten things keeping Maduro in power. While I’ve written several articles during the year about the threats to Maduro’s stability and still believe he remains quite vulnerable to losing power in 2020, that article in December 2018 remains among my most accurate as Venezuela’s de facto president remains in power as 2019 closes. Many of the same factors that were keeping Maduro in power at the end of 2018 remain at the end of 2019. In spite of a major push by Juan Guaido and the international community, they haven’t managed to undermine these factors.

1) Legitimacy of the status quo – Maduro lacks democratic legitimacy and popular support. There is almost no chance he could win a free and fair election. Over 50 countries recognize a different president of Venezuela. But the fact that he started the year in charge remains the key reason he is able to remain in charge. Momentum and incumbent advantage are powerful forces in politics for both democracies and authoritarian regimes. The two decades of Chavista rule have included numerous institutional maneuvers that make change difficult.

2) Balance of power based on fear of the unknown – The vast majority of Venezuelans want Maduro gone. Rumors suggest that many in his own coalition want him removed. But there remains significant fear (and rightly so!) about what comes next. Many of the individuals who have the access and ability to remove Maduro from power are afraid that they would lose power, influence and wealth in the ensuing power struggle and they very well might be correct in that assumption.

3) The security forces – There were defections in 2019. Several thousand soldiers, sailors, airmen and national guardsmen left their posts and never returned. A few key generals including the head of Sebin defected as well. And yet, the vast majority of the leadership and the lower level forces remained with Maduro. That continued support from the security forces comes from a combination of duty, corruption, and fear as well as the knowledge that those who have tried to turn against Maduro so far have failed and faced severe consequences.

4) Repression, surveillance and counter-intelligence – The government continues to shoot, torture and illegally detain political opponents. The FAES raid poor neighborhoods and execute young men. Military counter-intelligence ensures the top generals and the rank and file feel a climate of fear and do not dare to actively plot a coup. Sanctions and threat of prosecution does not appear to have slowed the levels of repression. Though there were indications that some military and police units refused to engage in brutal tactics in 2019, others including FAES and DGCIM have more than filled the gap.

5) Cuba – The Diaz-Canel regime continues to support Maduro and neither the international community nor the Guaido coalition has given Cuba a good reason to stop doing so. Cuba provides political advice and intelligence personnel who help Maduro keep his own security forces in line and undermine plots to oust him.

6) China, Russia, Turkey, Iran – Of the four, Russia has been the most important for keeping Maduro in power during 2019. Russian military forces and security contractors have an active presence in Venezuela. Russian financial ties and Rosneft oil trades have been among the most critical factors in assisting Maduro in evading sanctions. The other three still matter in terms of providing support and financing, but Russia is the Black Knight who protects Maduro more than any other.

7) Lack of regional options and will – Most of the region supports Juan Guaido. The Lima Group publishes regular statements. The OAS has discussed Venezuela. TIAR has been invoked. Unfortunately, outside of strongly worded statements and some limited individual sanctions, very little has actually been done. This has gotten worse since the wave of protests and anti-incumbent sentiment hit the region starting in September. Macri lost his reelection. Chile, Colombia and Ecuador all experienced destabilizing protests. Bolsonaro has shown himself not eager to involve Brazil. There is little reason to believe the region will be more focused on Venezuela’s need for a transition in 2020 than they have been this past year.

8) Food as a political weapon – On one hand, compared to 2018, there is an increasing amount of dollars, importation of food has been smoothed out, and there are fewer shortages. If you have dollars, you can generally get what you want in Caracas. On the other hand, most Venezuelans don’t have dollars and don’t live in Caracas. That means a majority of Venezuelans in December 2019 still fail to eat three meals per day. Children go hungry and malnourishment remains a stark problem in the country. The government continues to use its leverage over food supplies and prices to manipulate the public.

9) Refugees – The exodus of people leaving Venezuela now numbers around five million. By encouraging people to flee the country, the government gets rid of a portion of the population that would otherwise stay and protest. The mass migration also increases the amount of remittances returning to the country.

10) Cash – Sanctions evasion, corruption, and the firesale of gold have given Maduro just enough cash to hold on. The full dollarization of the economy to take advantage of remittance money has extended his rule by a few more months, though it will exacerbate tensions with those still being paid in Bolivars including government workers and police. While Maduro and his inner circle have probably not had their best year in terms of personal finances, most of the Venezuelan population is suffering far more.

Analysis: Cash, Allies and Loyalty
Maduro’s removal is almost certainly contingent on a change of three factors:

his cash flow,

his international alliances,

and the views of his inner circle and the security forces.

Those three factors are interdependent. His international alliances are key to his cash flow and the money has a direct impact on the loyalty of those around him.

The regime is running out of gold and cannot mine more fast enough out of the Orinoco belt to replace what is being strip mined out of the Central Bank. The oil industry – while exports increased in November – provides far fewer cash-producing barrels than it did at the end of 2018. Russia helps the sanctions evasion and ships pallets of hard currency in exchange for gold and oil, but as I’ve argued previously, Russia is likely pulling more resources from Venezuela than it is providing Maduro.

None of the above ten points I’ve listed are dependent on Juan Guaido, others within the coalition of Maduro opponents, or the population at large. That’s not to say that opposition cohesiveness, infighting and strategy don’t matter. They certainly play a role in keeping pressure on Maduro both domestically and internationally. The opposition’s recent infighting helps keep Maduro in power, and the Maduro regime’s attempts to repress and break apart the Guaido coalition shows that the de facto president understands that his opponents matter.

The big shift, as of the end of 2019, is the dollarization of the economy. This reversal of a long-held Chavista policy of currency controls has provided relief to the top levels of the economic pyramid. This includes many who are among the sectors who led protests in 2007, 2014 and 2017. However, dollarization has increased inequality and made life more difficult for the poorest as well as government workers. If a protest wave hits Venezuela in 2020, it very well might be led by the sectors that have been left out by the dollarization of the economy rather than the traditional opposition. That would present a different public pressure threat than the Chavistas have faced in the past two decades. It could potentially shake the loyalty of those around Maduro.

Maduro wants new legislative elections and Guaido has long insisted that new presidential elections are necessary, but with Maduro leaving power as a precondition. Any new election process, whether or not the opposition participates, is a risk to Maduro and his hold on the legitimacy of the status quo. Elections are often a key moment of pressure, even for authoritarian regimes that manipulate and abuse the process.

El alto mando de la FAN compañía anónima por Trino Márquez – Noticiero Digital – 2 de Mayo 2019

Aunque los hechos del lunes 30 de abril revelaron que existen fisuras en la FAN -de otra manera no se explica la participación del exdirector del Sebin, general Cristopher Figuera, en la fuga de Leopoldo López- la respuesta del Alto Mando en contra del movimiento rebelde fue categórica.  En su alocución al país, Vladimir Padrino López estuvo acompañado de sus generales. Su intervención no tuvo matices: apoyó a Nicolás Maduro sin atenuantes.
¿Qué hace falta para que el Alto Mando, único sostén realmente importante sobre el que se apoya Maduro, se coloque del lado de los venezolanos? Los ciudadanos se han extenuado en su lucha por recuperar la libertad y el bienestar. La gente ha marchado, ha participado en miles de protestas exigiendo mejoras en los servicios públicos, ha intentado salir de Maduro por las vías  previstas en la Constitución (referendo revocatorio), le concedió a la oposición la mayoría parlamentaria en 2015 para que balancease el gigantesco poder del Ejecutivo y del Estado construido por el chavismo-madurismo. Nada ha servido. El régimen ha bloqueado todas las salidas legales y democráticas. Maduro se atornilló a Miraflores. Ignora la Constitución y reprime tanto a la oposición como a quienes protestan. Carece de legitimidad de origen porque las elecciones del 20 de mayo fueron cuestionadas hasta por Henri Falcón. Tampoco posee legitimidad de desempeño porque su gestión al frente del Gobierno ha sido desastrosa. El país se ha hundido en la miseria y la catástrofe. Los militares saben que la solución de la crisis pasa por remover a Maduro, el obstáculo más pesado que impide realizar elecciones libres y normalizar la nación. En vez de pedirle que se mantenga apegado a la legalidad, avala sus desafueros.
La rebelión del 30 de junio trató de modificar el cuadro congelado que fue formándose en las recientes semanas, luego del meteórico ascenso Juan Guaidó a partir del 5 de enero, cuando fue elegido Presidente de la Asamblea Nacional. El movimiento fue improvisado. No contaron con diez años para preparar la revuelta, como tuvieron Hugo Chávez y los conjurados del 4-F. El movimiento, aunque logró la liberación de Leopoldo López, el preso político más emblemático de la nación, careció de las repercusiones que sus organizadores esperaban. Al comienzo la dirigencia opositora no se vio unida. Ningún cuartel de Caracas ni del interior se sublevó. Ningún avión sobrevoló Miraflores, ni Fuerte Tiuna. No fue tomada ninguna repetidora, ni emisora de radio o televisión. El régimen pudo mantener el control informativo casi total a lo largo de la jornada. Conatel afiló el alicate. Provocó un bloqueo informativo casi completo. Sacó del aire a CNN Internacional, a la BBC de Londres y cerró Radio Caracas Radio. Los circuitos radiales más importantes no pudieron difundir las informaciones veraces. Venevisión, Televen y la mayoría de las emisoras de radio, se colocaron en modo ausente. Durante todo el día estuvieron en Babia. Solo las redes, con muchas limitaciones, se mantuvieron activas informando lo que ocurría.
A pesar de los errores y deficiencias inocultables, el episodio del 30 de junio no fue evaluado negativamente por la gente. Ese mismo día, muchas personas atendieron el llamado de Guaidó a retornar a las calles en la noche. El 1 de mayo la gente volvió a desbordar las vías de Caracas e importantes ciudades de la provincia. El deseo salir de Maduro no decae, aunque algunas veces las esperanzas parpadeen. Esto ocurre con el ánimo de la gente.
Con el Alto Mando sucede algo totalmente distinto. Habla de apego a la Constitución y lealtad a Nicolás Maduro. ¿A cuál Constitución?  Será a una distinta a la de 1999, que se refiere a elecciones libres y justas, a Poderes Públicos autónomos y equilibrados, a gobiernos alternativos, a una Fuerza Armada profesional al servicio de la Nación y de ninguna parcialidad política. A esa Carta Magna el Alto Mando no le es leal. Al contrario, permite que el régimen la viole de forma continua. ¿Por qué esa complicidad? Porque el Alto Mando ha desvirtuado el objetivo de la institución armada. La FAN ya no está para servirle al país, sino para beneficiarse del país. Para aprovecharse de la administración de Pdvsa, de la CVG, del Arco Minero, de la distribución de la gasolina y los alimentos, de los varios centenares de empresas que fueron estatizadas y que hoy son dirigidas por militares activos o retirados, de bancos, estaciones de televisión y otros activos públicos que han sido colocados en sus manos. Los militares se convirtieron en capitanes de empresas, muchas de ellas quebradas.
La institución se transformó en una gran corporación, en una inmensa compañía anónima. Por eso al Alto Mando no le interesa defender la Constitución  ni el bienestar de la gente, cada día más empobrecida y menos empoderada. El argumento de la lealtad a la Carta del 99, esgrimido por Padrino López para defender este régimen decadente, en realidad constituye una excusa que le permite proteger los enormes beneficios que obtiene la compañía anónima que dirige. El pueblo que siga padeciendo y la democracia que continúe extinguiéndose.

Venezuela: la guerra no solo es de minitecas por Keymer Ávila – Nueva Sociedad – Febrero 2019

En la ausencia de «pueblo» como actor protagónico coinciden actualmente en Venezuela tanto la dirigencia opositora como la cúpula gobernante: ambos polos están invisibilizando a los sectores populares. Ahí reside parte de la debilidad opositora, que espera que los militares, venezolanos o extranjeros, vengan al rescate. Pero incluso en momentos como estos es necesario mantener la cordura.

Venezuela: la guerra no solo es de minitecas

La miniteca es un venezolanismo con el que se denomina, según el Diccionario de la Real Academia, al «grupo de personas cuyo trabajo consiste en amenizar una fiesta con música grabada» o el «conjunto de aparatos de sonido, casetes, discos y luces que utilizan los integrantes de la miniteca»Sería algo como una discoteca itinerante, una especie de versión venezolana de los sound system jamaiquinos. En la Venezuela de los años 80 y 90, las guerras de minitecas fueron muy populares y en las fiestas callejeras los DJ se desafiaban y competían entre sí por las preferencias musicales del público. Ganaba el que tenía los equipos de sonido más potentes y hacía bailar más a la gente con los éxitos del momento.

Si algo caracteriza la política venezolana del siglo XXI, es la propaganda y el espectáculo. Hugo Chávez era un gran comunicador; uno de sus legados para toda la clase política venezolana es que política sin espectáculo no es política. Esta lógica ha llegado a unos niveles en los que el qué se dice y el cómo se dice son mucho más importantes que las acciones políticas en sí mismas. El discurso y las puestas en escena lo son todo, el espectáculo se convierte así en la política misma; la sustituye. Pero la vida real continúa, la precariedad cotidiana, el ejercicio ilimitado de la fuerza y el control institucional se mantienen intactos.

Así se van construyendo grandes sucesos, días en los que se llevarán a cabo las madres de todas las batallas: 10 de enero, 23 de enero, 23 de febrero, etc. La última fecha mágica, el 23F, se desarrolló en el marco de un gran despliegue publicitario, un apoteósico concierto en la frontera entre Colombia y Venezuela con reconocidos artistas. El gobierno respondió al show con otro show y propaganda oficial, aunque no logró las mismas magnitudes, alcance y calidad. Algunos llegaron a calificar esta competencia por el rating como «guerra de minitecas». Todo esto sirve para poner un velo a una gran cantidad de cosas que no se ven en las pantallas de la televisión ni en las redes sociales.

Mientras tanto la guerra que las fuerzas de seguridad del Estado llevan contra los barrios pobres de Venezuela sigue su curso. La oposición, por su parte, no encuentra cómo quebrar el apoyo militar que aún posee el gobierno y celebra la deserción de cada soldado y policía humilde que se pasa de bando. Y así terminó el «Venezuela Aid Live»: se incendiaron camiones con comida y medicinas, hubo entre cuatro y 14 muertos en el sur del país, donde las cámaras no llegaron, decenas de heridos de bala y todo pareció una puesta en escena requerida para solicitar la intervención militar del país, como lo confirmaría el propio Juan Guaidó poco después. El pedido de intervención se hizo tendencia en Twitter, la propaganda bélica alimentada por ambos bandos extremos ha triunfado. Así, como para el amor, para la guerra hacen falta dos.

Para refrescar la memoria

Las discusiones jurídicas en este tiempo también forman parte de la propaganda. Durante los últimos tres años, la precaria institucionalidad venezolana parece haberse esfumado. El país está inmerso en una superposición de crisis: económica, política, social e institucional, que son anteriores a las sanciones del gobierno de Estados Unidos.

Es evidente la poca claridad y cohesión en los liderazgos políticos, en especial a partir de la muerte del presidente Chávez en 2013, que trajo como consecuencia una disminución de la hegemonía del Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV), cuya expresión más evidente fue su derrota electoral del 6 de diciembre de 2015, cuando, después de 18 años, la oposición retomó el dominio del Poder Legislativo. Antes del triunfo electoral de la oposición, la Asamblea Nacional (AN) saliente –controlada por el Poder Ejecutivo–, designó a nuevos magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a través de un procedimiento que ha sido cuestionado tanto en su forma como en su fondo. Estos últimos dos hechos han traído una serie de desconocimientos recíprocos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo que han profundizado la crisis política e institucional del país. Entre los sucesos más relevantes se encuentran: la desincorporación de diputados de la AN, la declaración del desacato de la AN por parte del TSJ y la declaratoria de «abandono del cargo» del presidente de la república por parte de la AN.

El gobierno aprovechó este escenario convulso para llevar a cabo acuerdos comerciales que comprometen la biodiversidad de casi 12% del territorio nacional y colocó la explotación minera en manos de industrias militares y extranjeras. Por su parte, el Poder Electoral hizo prácticamente inviable el referendo revocatorio presidencial habilitado por la Constitución y postergó, sin fechas, las elecciones de gobernadores que correspondían en diciembre de 2016.

Así se llegó a marzo de 2017, cuando el TSJ dictó las sentencias 155 y 156, en las que se desconoce a la AN y se otorga al Ejecutivo parte de sus competencias, lo cual fue cuestionado por diversos sectores del país. La entonces fiscal general Luisa Ortega rechazó públicamente la constitucionalidad de esas sentencias y señaló que constituían una «ruptura del orden constitucional», posiciones críticas que más adelante la obligarán a salir del país para no ser detenida.

Toda esta situación generó una serie de protestas y manifestaciones entre abril y julio de 2017, en las que murieron 124 personas; en al menos 21% de estos casos hubo responsabilidad de las fuerzas de seguridad del Estado. Posteriormente se impuso una ilegítima e inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Fue este ente –autoproclamado por encima de todos los poderes constituidos– el que convocó y organizó las cuestionadas elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018, fuera de los lapsos y en las que no hubo participación real de la oposición por carecer de garantías institucionales para ello (ilegalización de partidos políticosopositores inhabilitados o presosdetenciones arbitrarias). Incluso el contrincante de Maduroen ese simulacro electoral, Henri Falcón, denunció como fraudulento el proceso. ¿Y para qué hacer todo este recuento?

Para comprender que el periodo presidencial que se inició en 2014 legalmente se venció el 10 de enero de 2019, que con la ANC se dio una especie de autogolpe con el que el gobierno se apropió sin límite alguno de todas las instituciones del Estado, excepto de la AN. No obstante, esta última se mantiene sitiada nacionalmente desde todo punto de vista. El autogolpe se extiendió con el simulacro de las elecciones presidenciales del 20 de mayo. A este ejercicio de facto por parte del gobierno, que cerró las vías institucionales y electorales para dirimir los conflictos, respondió un sector de la oposición con la autoproclamación del presidente de la AN, el hasta entonces poco conocido Guaidó, como presidente encargado de la República el 23 de enero de 2019. Desde el punto de vista legal, esta investidura es tan irregular como la otra. En cuanto a la legitimidad como órganos del Poder Público, la del Poder Ejecutivo es la que se encuentra bajo mayor cuestionamiento.

Un gobierno autoritario e ilegítimo

El gobierno ha dilapidado el capital político que había heredado de Chávez, ha llevado al país a una de sus más severas crisis y a la escasez general de alimentos y medicinas, lo que tiene como correlato la aparición de enfermedades que se consideraban erradicadas como malaria, difteria, sarampión, dengue, mal de Chagas, meningitis, tétanos y tuberculosis. Una inflación estimada en más de 1.000.000%, semejante a la de Alemania en 1923 o la de Zimbabue de la década de 2000; durante los últimos 12 años la moneda ha perdido 100.000.000 veces su valor. Entre 2014 y 2017 se pasó de un porcentaje de pobreza por ingreso de 48,4% a 87%, la pobreza extrema creció de 23,6% a 61,2% y los no pobres pasaron de 51,6% a 13%.

En el último informe anual del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre el índice de desarrollo humano (IDH), solo Siria, Libia y Yemen, tres países con guerras prolongadas, han perdido más puestos en el IDH que Venezuela, que ha retrocedido 16 puestos en el ranking mundial durante el periodo 2012-2017. El deterioro de los servicios públicos básicos como agua, electricidad, salud, transporte e internet es cada vez más grande. Aproximadamente 9% de la población ha decidido migrar. Venezuela padece una tasa de homicidios de 62 por cada 100.00 habitantes; 26% de estas muertes son consecuencia de la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado. Se estima que al menos 350.000 millones de dólares han sido sacados del país por actos de corrupción.

Estos son algunos de los saldos que caracterizan al actual gobierno, pero que lejos de debilitarlo lo fortalecen, porque este opera con una lógica necropolítica: en la medida en que se deterioran las condiciones materiales de vida, la vida misma parece también perder su valor y se ejercen mayores y más efectivos controles sobre la población. Cuanto más se lo acusa de autoritario y dictatorial, como generador de terror, más se envilece, pero ese es su principal capital político: su legitimidad no se encuentra en los votos ni en la voluntad popular, sino en el ejercicio ilimitado del poder y de la fuerza. El miedo es una de sus principales herramientas.

Una oposición que solo mira hacia afuera

Del otro lado tenemos una oposición elitista, clasista, que durante las últimas décadas ha sido, en los hechos, funcional al gobierno y ha contribuido torpemente a su empoderamiento progresivo. En 2002 participó en el golpe de Estado contra Chávez, en 2003 en el paro petrolero, y con estas acciones le puso en bandeja de plata al gobierno el control total sobre las Fuerzas Armadas y sobre la principal empresa estatal del país: Petróleos de Venezuela (PDVSA). Posteriormente, en 2005, la oposición decidió no participar en las elecciones legislativas y de esta manera le regaló el Poder Legislativo a Chávez. Entre 1998 y 2005 podría hablarse de un gobierno asediado, con una lógica de estado de excepción, que luego se extendería gradualmente hasta la actualidad. En este proceso, la oposición tiene su cuota de responsabilidad. Luego de esa fecha, el gobierno ha tenido plenos poderes y la oposición ha sido prácticamente desmantelada, perseguida y mermada hasta su casi inexistencia. Pero a partir de 2015 la táctica de la oposición cambió: aprovechó el descontento contra el gobierno y obtuvo la victoria electoral más importante en las dos décadas de chavismo.

A comienzos de 2019, tras varios golpes, la oposición tomó la iniciativa y logró movilizar y generar esperanza en sus filas y en parte también en la mayoría del país que rechaza de manera cada vez más generalizada al gobierno. Algo que no han hecho los sectores más progresistas, que se han ido quedando inmóviles, chantajeados por la lógica de la Guerra Fría e incapacitados para oponerse efectivamente al gobierno para que no los acusen de ser funcionales a la derecha, lo que los ha dejado fuera del juego político.

El discurso opositor en 2019 tiene dos núcleos principales: Estados Unidos y los militares. Para la oposición, estos dos actores son el sujeto político para promover los cambios en el país, en detrimento de los sectores populares, la sociedad civil, los gremios, los sindicatos o las ONG. En todo caso, estos sectores son tomados en cuenta para una foto eventual o para el relleno en actividades o concentraciones, pero nada más. La oposición no promueve una rebelión de carácter popular, que en estos momentos sería más que legítima; y hay de hecho muchas expresiones de descontento y protesta en los barrios populares. Tampoco parecen estar interesados en un trabajo político de más largo aliento, que trascienda la coyuntura actual. Esta parece ser, hasta ahora, una de las grandes fallas de la oposición para acumular poder internamente y explica su dependencia del exterior.

Llama la atención que, en esta ausencia de «pueblo» como actor protagónico, coinciden actualmente tanto la dirigencia opositora como la cúpula gobernante; ambos polos están invisibilizando a los sectores populares. Podría afirmarse que los partidos políticos no están realmente en el juego y que la sociedad civil organizada ni siquiera existe.

¿Qué hacer?

El primer ejercicio que debe hacerse es comprender que el mundo no es binario y que lo que ocurre en Venezuela forma parte de intereses geoestratégicos de Estados Unidos, Rusia y China. Que no hay imperialismos buenos e imperialismos malos y que el ejercicio de gobierno de las últimas dos décadas en Venezuela ha expuesto cada vez más al país a estos intereses, en detrimento de la capacidad política e institucional de los venezolanos para forjar su propio destino.

En Venezuela existen condiciones objetivas para una rebelión popular, pero lamentablemente la dirigencia opositora no maneja esos códigos ni tiene interés en ella. Más bien, parece girar exclusivamente en torno de la agenda internacional, en desmedro de la organización y cohesión de fuerzas internas que claman por un cambio en el país. El tablero internacional es sin duda importante, pero hay que jugar ambas partidas.

Es fundamental presionar y exigir un acuerdo político para la elección de un órgano electoral (CNE) de consenso, confiable para todas las partes, para unas posteriores elecciones presidenciales competitivas, en condiciones de igualdad y transparencia. Todo lo demás son intereses grupales, crematísticos, potes de humo, propaganda y estrategias bélicas.

Los halcones quieren guerra y, paradójicamente, el gobierno también. Para este último, sería su gran cierre con broche de oro, los líderes bolivarianos se convertirían en una especie de mártires, podrían compararse errónea y forzadamente con Salvador Allende, dejarían una estela de balas y sangre mientras huyen a alguna isla o país remoto para disfrutar de sus riquezas mal habidas, mientras el pueblo traga humo con fondo musical de metralla. Sería su gran victoria política desde el punto de vista simbólico.

La mayoría de los venezolanos están angustiados con este escenario. De hecho, hablar de la posibilidad de un acuerdo político no significa ennoblecer al gobierno, ni adjudicarle una racionalidad política formal convencional, acorde con lo que debe ser un Estado signado por la lógica de las promesas de la modernidad. Evidentemente, para que haya negociación hay que tener con qué, y hasta ahora el gobierno, desde su racionalidad «malandra», no ha tenido, ni tiene, motivos para acaptarla.

Las oposiciones tendrán que hacer lo suyo para crear esas condiciones, constituirse en fuerza para ello, hacer presión, no mirar solo hacia afuera, tener al pueblo como objeto y sujeto de su política y no sólo esperar a que los militares vengan al rescate (sean extranjeros o nacionales). En algún momento hay que pactar; esto puede hacerse con muchos más muertos de los que hay hasta ahora o con los que ya tiene el país encima. Hay que hacer esfuerzos para reducir daños y evitar más muertes, pedir una intervención militar extranjera con la ligereza con la que se hizo al finalizar la jornada del 23F no parece ser es el mejor camino; parece más bien un acto desesperado, y en este contexto la desesperación y las emociones no son buenas consejeras. Esos remedios suelen ser peores que las enfermedades que pretenden curar.

Por otro lado, existe una oposición progresista que promueve un referéndum, pero a esta altura, como señalan varios analistas, el tiempo opera a favor del gobierno, y por lo tanto la propuesta no sería más que un tubo de oxígeno para el madurismo.

En momentos de locura y arrebatos pasionales, no está de más tratar de mantener la cordura. Hay dos escenarios posibles: muchos más muertos o los que ya se tienen hasta ahora, que son también muchos. Aun con una intervención militar o una guerra, en ese nefasto escenario, la petición debería ser exactamente la misma: nueva institucionalidad electoral y elecciones limpias. Se puede mantener la presión y la crítica al gobierno sin legitimar una intervención militar extranjera; estar en contra de la guerra no significa estar a favor del gobierno. La realidad no se presenta en formas tan sencillas y binarias. Lo que está en juego en Venezuela es mucho más serio que una guerra de minitecas.

 

La estrategia de Juan Guaidó comienza a dar frutos políticos por Orlando Zamora – KonZapata – 14 de Enero 2019

Quien sólo contempló el teatro de la juramentación de Nicolás Maduro ante el TSJ podría concluir que se aferra y prolonga su dominio político sobre Venezuela. Pero mirando el bosque completo, los acontecimientos no lucen nada tranquilizadores para el régimen.
Juan Guaidó genera sorpresas. / Twitter: @jguaido

Juan Guaidó genera sorpresas. / Twitter: @jguaido

La continuidad chavista en el Palacio de Miraflores se realizó sin pasión ni pueblo. Por el contrario, el cerco represivo de policías y colectivos fue más que elocuente en barriadas y urbanizaciones.

En lo económico el cuadro hiperinflacionario es desgarrador. A escasas 12 horas del 10 de enero, el dólar paralelo rompe records y se sitúa en 2.026,19 bolívares nuevos. En minutos salta a 2.189,47 bolívares soberanos.

Es el reflejo altamente negativo sobre el devenir inmediato, de un país que ha perdido toda la confianza en un Presidente sin respaldo político suficiente y sin nada nuevo que ofrecer.

Recordemos que la política es también la ciencia de lo inesperado. Lo apreciamos en lo que fue hasta ahora una debilitada Asamblea Nacional. Maniatada arbitrariamente por un TSJ partidizado, que le secuestró al Parlamento su función legislativa, pero jamás logro arrebatarle el poder político. Este reaparece en la vorágine del desconocimiento mundial al segundo gobierno de Nicolás Maduro. La AN y su joven presidente han cobrado un vigor político extraordinario, que si es conducido con sabiduría podría consolidar una transición democrática del poder constituido.

En el escenario internacional las primeras medidas de rechazo a las pretensiones continuistas del ilegitimo y usurpador mandatario venezolano fueron veloces y contundentes.

La lista es demasiado larga, hasta el Partido Socialista Obrero Español lo desconoce, sólo sorprende la asistencia al TSJ de Irlanda y el enviado del Papa, cuya presencia desdice a la Iglesia local que desconoció tal acto en el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal.

No pudieron el chavismo ni sus socios o amigos cercanos contrarrestar, con unos supuestos enviados de 83 naciones, tan colosal rechazo del mundo Occidental, y de Japón e Israel.

Aunque escasas ciudades protestaron ese día, fue en el 11 de enero que una sorpresiva asistencia a la convocatoria a un cabildo con los parlamentarios de la Asamblea Nacional realizado en Chacao, frente a la Oficina de la ONU, generó un impacto inesperado. El presidente de la AN, Juan Guaidó, marcó la hoja de ruta. Pero, al redactar esta nota se produce la ilegal detención de Guaidó, un hecho sin precedentes que acarreará repercusiones. La contraorden de liberarlo revela debilidad y contradicción en el Poder Ejecutivo.

La estrategia de Juan Guaidó

Para algunos sectores radicales el pronunciamiento inicial de Guaidó fue ambiguo. No tiene para éstos el sabor de “choques de trenes”. No obstante, a nuestro criterio, son posiciones que no contemplan elementales principios de la política como: el número de fuerzas favorables en el momento; el sentido de la oportunidad coyuntural o manejo estratégico del conflicto; y el necesario viento de cola del hecho político decisivo, consumado bajo el calor de un gran apoyo popular.

Recordemos que la política es también la ciencia de lo inesperado. Lo apreciamos en lo que fue hasta ahora una debilitada Asamblea Nacional. Maniatada arbitrariamente por un TSJ partidizado, que le secuestró al Parlamento su función legislativa, pero jamás logro arrebatarle el poder político. Este reaparece en la vorágine del desconocimiento mundial al segundo gobierno de Nicolás Maduro.

La AN y su joven presidente han cobrado un vigor político extraordinario, que si es conducido con sabiduría podría consolidar una transición democrática del poder constituido. El plan trazado para la realización de cabildos abiertos se extiende por varias regiones del país.

Hasta este momento la Asamblea Nacional ha manejado con habilidad la nueva situación. Hay que impedir que los minúsculos radicales sin gran experticia política, desvíen el foco de la nueva estrategia ensayada por las fuerzas mayoritarias del Parlamento.

En este sentido es bueno recordar que en el mundo que estamos, las medidas que puedan asumir los más importantes países del planeta, van mucho más allá de la ruptura de relaciones diplomáticas. Abarcan el campo económico y financiero y los efectos pueden ser devastadores. Entes multilaterales, bancos centrales y empresas multinacionales coordinando acciones conjuntas son imbatibles y eso lo sabe el chavismo.

Comunicado de Gente del Petróleo y Unapetrol – 12 de Enero 2019

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Gente del Petróleo y Unapetrol en respaldo a la Asamblea Nacional

Ante las horas aciagas que vive la patria, por la pretensión de Nicolás Maduro Moros de perpetuarse en el poder al asumir un nuevo mandato a partir del 10 de enero de 2019, luego de unas elecciones fraudulentas que ilegitiman su permanencia en la Presidencia de la República, a pesar de la firme posición de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Grupo de Lima y la Comunidad Europea, de desconocerlo como Presidente de Venezuela, nosotros, la Asociación Civil Gente del Petróleo y el sindicato Unapetrol, manifestamos nuestro total apoyo a la Asamblea Nacional y a su presidente, Ingeniero Juan Gerardo Guaidó Márquez, como único poder legítimamente constituido y electo soberanamente por la mayoría abrumadora de los venezolanos en 2015.

En consecuencia, de conformidad con los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución Nacional, respaldamos y exhortamos al pueblo venezolano, a sus instituciones apoyar la declaratoria por parte de la Asamblea Nacional de la usurpación de la Presidencia de la República por Nicolás Maduro Moros; y la decisión de la Asamblea Nacional y su Presidente de asumir las responsabilidades del Poder Ejecutivo, conforme al artículo 233 de nuestra Carta Magna, y, el llamado a una nueva elección universal, libre, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes, única vía constitucional, pacífica y democrática para restablecer la institucionalidad del país.

Reconocemos el esfuerzo del Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, y demás integrantes de esa institución para establecer la hoja de ruta que permita la recuperación del hilo constitucional, tras la usurpación del poder ejecutada por Nicolás Maduro Moros. El diputado Juan Guaidó asume con valentía una importante responsabilidad con el respaldo y legitimidad que le confiere la Constitución.

En estas horas, el país necesita con urgencia un cambio político conducido por personas honestas, responsables y capaces de atender, en primera instancia, la grave crisis humanitaria de alimentación, salud y transporte que sufren millones de venezolanos y por otra parte, que se establezcan las bases de un proyecto de reconstrucción nacional que propicie la reactivación industrial, la generación de empleo, el estado de derecho, la asistencia social y la prestación de mejores servicios públicos en electricidad, seguridad, agua y vivienda.

La historia ha demostrado que los cambios y el progreso que favorecen a un pueblo, solo pueden hacerse en democracia y en naciones donde funcionen los poderes públicos legítimos e independientes ajenos a toda subordinación ideológica. Y ésta es una oportunidad histórica para unirnos por el bien común, antes de que el régimen termine de destruir al país y profundizar esta tragedia jamás conocida en los anales históricos del mundo. En Gente del Petróleo y Unapetrol tenemos la disposición de nuestra gente y su experiencia profesional para contribuir a sacar al país de la miseria. Estamos preparados con planes y proyectos para salir adelante, con la convicción que Venezuela se recuperará gracias al esfuerzo de sus ciudadanos.

Los integrantes de la Asociación Civil Gente del Petróleo y Unapetrol vemos con optimismo este difícil momento histórico. Es alentador constatar que por cuatro años consecutivos la Asamblea Nacional nombre a su directiva con el apoyo unánime de sus diputados, donde nuevas generaciones comparten con experimentados políticos la dirección del único poder legalmente constituido. En consecuencia abogamos porque esta unidad prevalezca para superar esta difícil coyuntura, adheridos a los mejores propósitos para que se restablezca el orden constitucional de la república, con un cambio positivo y en paz para beneficio de todos sus habitantes.

Caracas 12 de enero de 2019

La pregunta sobre el final del régimen por Miguel Henrique Otero – El Nacional – 13 de Enero 2019

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La inmensa mayoría de las preguntas sobre el estado de la política en Venezuela han sido aplastadas por los hechos. La ilegalidad acumulada, la ilegitimidad sin retorno, los miles de expedientes de violaciones a los Derechos Humanos, la devastación de las condiciones de vida de millones de familia, la destrucción de la industria petrolera, el desconocimiento programático de la Constitución y el marco legal, la vinculación abierta del poder con la delincuencia organizada dentro y fuera del territorio, han derivado en una conclusión: la dictadura debe acabarse de inmediato. El régimen de Maduro es inviable y no debe continuar destruyendo a una Venezuela ya destruida.

Una pregunta se ha impuesto a todas las demás: cómo se producirá el final del régimen. Qué tendría que ocurrir para dar paso a una fase de transición, que instale las bases de un régimen democrático, de libertades y progreso económico. Ya nadie, ni siquiera los tibios que cierran los ojos y los oídos, guardan esperanza alguna en que Maduro y el grupo que lo rodea, podrían cambiar de rumbo, tomar medidas para responder a la crisis humanitaria, permitir el libre ejercicio de la política y la disidencia, dar las garantías suficientes para el funcionamiento del Estado de Derecho.

Una cuestión esencial pasa desapercibida: que en el PSUV, en el Gran Polo Patriótico, entre los altos cargos de ministerios y empresas del Estado, en los poderes públicos y entre ciudadanos que invirtieron sus ilusiones en las promesas de Chávez, predomina el mismo sentimiento: que el régimen se agotó. Que ha perdido apoyos sustantivos, que se encuentra sin recursos políticos y económicos para atender las necesidades del país hambriento, que la corrupción, la incompetencia y las guerras internas liquidaron al país. Repito: en el mundo que, en apariencia, mantiene su apoyo al poder, la mayoría cree que Maduro debe irse. La mayoría presiente que el final está cerca. Y, sobre todo, sienten miedo. Miedo porque observan de cerca el empecinamiento de un grupo que no tiene sino la represión para mantenerse en el poder. Miedo porque han sido testigos de la disposición de Maduro al uso de la violencia. Miedo porque no saben cómo será el desenlace. Miedo porque no se imaginan qué vendrá después de la caída del régimen.

Lo he escrito en otras oportunidades y vuelvo a repetirlo aquí: este masivo sentimiento de rechazo, esta mezcla de hartazgo y humillación, esta sensación de que el régimen no debe continuar es también predominante en las fuerzas armadas. Esto lo sabe el ministro de la Defensa y lo saben las autoridades del Alto Mando Militar. Salvo los algunos fanáticos -muchos de ellos concentrados en las FAES- los militares venezolanos no son distintos al resto de los venezolanos: viven bajo padecimientos reales, son testigos impotentes del sufrimiento de sus familias, saben que el poder se mantiene al margen de las leyes. También los uniformados se preguntan a diario cuándo sucederá, de una vez por todas, el final del régimen.

¿Por qué tantos se formulan, dentro y fuera de Venezuela, la misma pregunta sobre el cómo y el cuándo ocurrirá el final del régimen? Porque todos sabemos que el régimen no entregará el poder a través de mecanismos democráticos como el diálogo, la renuncia de Maduro o un proceso electoral. Todos sabemos que la banda es inmune a presiones diplomáticas, económicas y legales. Todos sabemos que no les importa ni la muerte, ni el sufrimiento, ni la ruina de la Nación. Lo que todos sabemos es que Maduro y sus secuaces han cruzado el umbral del no retorno. No retrocederán ni negociarán. Lo han demostrado una y otra vez: desconocen las leyes, el respeto por la vida humana, los criterios esenciales de la política democrática. Prefieren disparar, detener y torturar. No se irán, a menos que se les obligue. Entre otras razones, porque las opciones que tienen, una vez perdido el poder, son pocas y nada atractivas: exilio en Cuba, en Nicaragua, en China, en Rusia o en Irán. No más.

Este escenario de callejón sin salida es, en mi criterio, fuente de un amplio abanico de fantasías. Algunas que se repiten: que Maduro terminará renunciando a cambio de impunidad. Que, presionado por el cerco financiero, tendrá que llamar a un gobierno con factores de oposición. Que la sumatoria de presiones diplomáticas, sanciones y dificultades financieras lo conducirán a una mesa de negociación. Que la acción combinada de caída de la producción y caída de los precios del petróleo crearán una crisis dentro del propio gobierno. Otra fantasía recurrente es la de una intervención militar extranjera. Lo digo con respeto hacia quienes detentan estas posiciones: ninguna de las anteriores me luce factible.

Lo primordial: creo que sacar a Maduro será tarea exclusiva de los venezolanos. Creo, además, que será necesario obligarle. Y que eso solo es posible si una gran movilización civil y militar se produjera con la contundencia necesaria. Cuando uso la palabra ‘contundencia’ no me refiero a violencia, sino a que sea el producto de la confluencia de la mayor cantidad de factores que sea posible. Esto no significa que los múltiples esfuerzos que están en curso sean inútiles, especialmente el de los valientes parlamentarios opositores a la Asamblea Nacional y el anuncio que ha hecho Juan Guaidó de que asumirán las tareas del Ejecutivo, así como los apoyos fundamentales que, desde fuera de Venezuela, no se cansan de condenar y denunciar a la dictadura. Pero, tal como los entiendo, se trata acciones que preparan el camino, que debilitan al gobierno, que reducen sus apoyos, que estimulan a los que tienen dudas, a atreverse y sumarse al objetivo prioritario del cambio en Venezuela. Allanan los caminos para la movilización que, tarde o temprano, cambiará el destino de Venezuela.

Sobre la situación en Venezuela – Comunicado del Gobierno argentino – 10 de Enero 2019

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El Gobierno argentino desconoce la legitimidad del mandato iniciado en el día de la fecha por Nicolás Maduro,  el cual resulta del proceso electoral  del 20 de mayo de 2018 cuya legitimidad  fuera oportunamente desconocida por la República Argentina.

Al tiempo de condenar la ruptura  del orden constitucional y el estado de derecho en Venezuela, la República Argentina ratifica su pleno reconocimiento de la Asamblea Nacional como único órgano democráticamente electo en dicho país.

El Gobierno argentino, en el día de la fecha, comunicó al Gobierno de Venezuela la suspensión del Acuerdo de Exención de Visas en Pasaportes Diplomáticos y Oficiales con dicho país, prohibiendo el ingreso a la República de integrantes de alto nivel del régimen venezolano.

La Unidad de Información Financiera (UIF) emitirá un alerta al sector financiero y bancario sobre los riesgos de realizar operaciones con empresas públicas venezolanas o controladas por el Estado venezolano.

La República Argentina continuará denunciando las violaciones de derechos humanos y condenando la ruptura del orden democrático en Venezuela tal como se ha venido haciendo desde la asunción del Gobierno por parte del Presidente Mauricio Macri.

Consecuente con esta posición, el Gobierno argentino solicitó a la Fiscalía General de la Corte Penal Internacional, junto a otros países, el inicio de una investigación sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en ese país y promovió la suspensión de Venezuela en el MERCOSUR en virtud del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático.

En el ámbito de la Organización de los Estados Americanos, la Argentina sostiene la necesidad de aplicar a Venezuela la Carta Democrática Interamericana.

En el plano bilateral, la Representación de la República Argentina en Caracas cuenta desde octubre de 2015 sólo con Encargado de Negocios y se han suspendido las negociaciones comerciales y los mecanismos de diálogo político.

La Embajada Argentina en Venezuela continuará trabajando para brindar asistencia a los connacionales residentes en dicho país, defendiendo los intereses de empresas argentinas, y manteniéndose en contacto con las organizaciones y movimientos democráticos que consultan a nuestro país.

Singularmente importante es la acogida que, con brazos abiertos, la Argentina ha brindado a más de 130.000 migrantes y refugiados venezolanos que escapan de crisis política, económica y humanitaria que vive su país, retribuyendo el apoyo que Venezuela diera a los exiliados argentinos durante la última dictadura militar.

 

 

Comunicado del Gobierno de Chile – 10 de Enero 2019

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