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Caso del capitán Acosta Arévalo no se cierra con su “inhumación controlada” por Orianny Granado – TalCual – 11 de Julio 2019

No solo será el abogado de Acosta quien lleve a cabo una investigación para dar con la verdad, la diputada de la Asamblea Nacional  Delsa Solórzano, aclaró luego del entierro, que las investigaciones sobre el caso no concluyen con lo que a su juicio fue un “sepelio hecho por sus propios asesinos”


El miércoles 10 de julio finalmente se llevó a cabo el entierro del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, en un proceso controlado en su totalidad por el Estado incumpliendo incluso los deseos de la familia y prohibiendo cualquier acto velatorio.

12 días después de conocer la muerte de Arévalo a manos de funcionarios de la Dirección Nacional de Contrainteligencia Militar (Dgcim), el Gobierno se dispuso a entregar el cuerpo sin aclarar los detalles de lo ocurrido.

El abogado de la víctima Alonso Media Roa, aseguró la “inhumación controlada” a la que fue sometido el cuerpo del Capitán, no solo es una violación a los derechos, sino un acto que podría interpretarse como “un acción de cobardía e irrespeto a la familia y a la sociedad en general”.

Alonso Medina Roa@medinaroaalonso

. La inhumación controlada, podría interpretarse como una acción de cobardía e irrespeto a la familia del Capitán Rafael Acosta Arevalo, y a la sociedad en general.

Pero más allá de cómo se produjo la sepultura de quien fuese durante sus últimos días un preso político de la administración de Nicolás Maduro, su familia y abogado claman por conocer qué ocurrió realmente con Arévalo, hechos que lo llevaron a la muerte.

Por lo que Roa ha anunciado que dará inicio a un proceso de investigación con el que se busca esclarecer lo que ocurrió en los calabozos del Dgcim en Boleíta.

Durante una entrevista para Globovisión, aseguró que hay mucho por aclarar en este caso para realmente hacer justicia, por lo que solicitarán a los organismos correspondientes llevar a cabo una serie de diligencias para que se investigue y se clarifique lo ocurrido.

“Cómo llegó el Capitán al hospital, cómo llega a los tribunales, qué pasó desde su detención del día 21 de julio hasta el 28, quién lo custodiaba, todo eso evidentemente desde el punto de vista jurídico lo vamos a solicitar”, dijo al hacer referencia a muchas de las preguntas que quedan sin responder en el caso del capitán.

Pero Roa y los familiares de Arevalo están conscientes de que el gobierno de Maduro no facilitará el proceso para esclarecer este hecho, “ya se dibuja de forma clara cuales son las intenciones de cómo va a ser el proceso… no hay intenciones de hacer justicia en el caso del capitán”.

Sin embargo, reiteró que desde su tribuna su rol será “insistir, ejercer todos los recursos y actuar de forma contundente a los fines de que se descubra la verdad”.

No solo será Medina Roa quien lleve a cabo una investigación para dar con la verdad, la diputada de la Asamblea Nacional y defensora de los derechos humanos Delsa Solórzano, aclaró luego del entierro de Acosta Arévalo, que las investigaciones sobre el caso no concluyen con lo que a su juicio fue un “sepelio hecho por sus propios asesinos”.

Delsa Solorzano

@delsasolorzano

Investigación del caso del Cap Acosta Arévalo no concluye con el terrible abuso cometido ayer con la “inhumación controlada”, o como yo lo llamo “el sepelio hecho por sus propios asesinos”. Al igual q todos las demás, vamos a instancias internacionales. Pronto habrá justicia

Reiterando que el caso será llevado a la comunidad internacional, al igual que otros casos en los que se presume fueron ajusticiamientos. A través de sus redes sociales hizo un llamado a la ciudadanía a no “acostumbrarnos al horror. No podemos “normalizar” la violación de DDHH”.

Solórzano dijo que casos como el de Arévalo deben encender las alarmar y empujar a los ciudadanos a levantar la voz.

“Oscar Pérez y los héroes caídos en El Junquito, Fernando Albán y todos lo demás casos, jamás deben ser olvidados” detalló la diputada.

Delsa Solorzano

@delsasolorzano

No podemos acostumbrarnos al horror. No podemos “normalizar” la violación de DDHH. Casos como el del Cap. Acosta Arévalo deben alarmarnos y obligarnos a levantar la voz. Oscar Pérez y los héroes caídos de El Junquito, Fdo Albán y TODOS los demás casos, jamás deben ser olvidados

Los presuntos responsables

El 30 de junio el fiscal designado por la impuesta Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, anunció la detención de dos funcionarios de la Dgcim, señalados como los presuntos autores de la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.

Para el lunes 1 de julio, se conoció que un teniente y un sargento segundo de la Guardia Nacional y adscritos a la Dgcim fueron acusados por un solo delito: homicidio preterintencional concausal.

Este delito hace que el Gobierno eluda los cargos sobre violaciones a los derechos humanos que recaen sobre toda la cadena de mando del cuerpo de seguridad.

Recordemos que Arévalo estuvo desaparecido durante siete días sin ser presentado a Tribunales. Familiares y su abogado detallaron que finalmente el 28 de junio llegó a un tribunal militar, llegó en silla de rueda, sin poder hablar y presentaba evidentes signos de tortura, al día siguiente habría muerto a consecuencia de las graves heridas causadas.

El acta post mortem del capitán de 50 años revela que el hombre tenía al menos 38 lesiones en su cuerpo, de las cuales 30 fueron por la parte frontal y ocho en la parte posterior.

Venezuela es el país de Suramérica con la tasa de homicidios más alta – El Nacional – 8 de Julio 2019

Según el informe publicado por Naciones Unidas, Venezuela registró casi 57 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes

Venezuela fue en el año 2017 el país de Suramérica con los niveles más altos de muertes violentas. Registró casi 57 homicidios intencionados por cada 100.000 habitantes, según el Estudio Mundial sobre el Homicidio de 2019 publicado este lunes por Naciones Unidas en Viena.

Por detrás de Venezuela se sitúa a mucha distancia en esta lista Brasil, que registró una tasa de 30,5.

En todo el continente americano, solo El Salvador tiene una tasa de homicidios más alta, de 62,1.

Según el estudio elaborado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Venezuela experimentó entre 1991 y 2017 “el incremento más dramático” de muertes violentas de toda América, al pasar de 13 a 56,8 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Caracas, la capital del país sumido desde hace años en una profunda crisis política, económica e institucional, en 2017 registró 122 muertes por 100.000 habitantes, multiplicando por más de dos las cifras de homicidios a nivel nacional.

El riesgo de morir asesinado en la nación petrolera es excepcionalmente alto para los varones de entre 15 y 29 años. La tasa de homicidios para esta franja de la población fue de 200 por cada 100.000 habitantes.

La situación en Venezuela en lo que a muertes violentas se refiere es similar a la de otros países de Latinoamérica como Brasil y México.

“Tienen una de las tasas de homicidios más altas del mundo, y todos se han visto afectados por la inestabilidad social y económica en las décadas recientes”, se lee en el informe.

Además, estos tres países tienen en común haber experimentado una caída de la población joven que, sin embargo, no se ha traducido en una bajada de la criminalidad, como ha ocurrido en sociedades más estables en las que también se ha reducido este segmento de la población.

Los 19 problemas de la seguridad ciudadana que debemos resolver – Alberto Ray – Junio 2019

En Venezuela, más tempano que tarde, llegarán los tiempos para encarar los más grandes retos que como nación tenemos. La reinstitucionalización del país, la estabilización económica y, por supuesto, la seguridad y el orden público son apenas la punta de un inmenso iceberg que habrá que comenzar a sacar bajo las aguas. Pero ¿Por dónde comenzar?, es evidente que si reconocemos cuáles son los problemas, podremos plantear mejores soluciones.

En un esfuerzo de síntesis sobre un tema de tantas complejidades, a continuación, resumimos en 19 puntos los temas de mayor urgencia y que tendrán que estar en la agenda de quienes pretendan conducir las impostergables políticas de seguridad para un país que reclama recuperar la paz en sus calles.

1- Venezuela tiene la tasa más elevada de homicidios del continente (seguido de Honduras) con 91 muertes violentas por cada 100 mil habitantes cada año. Durante el año 2017 alcanzamos la cifra de 300 mil homicidios acumulados desde 1999. Importante tener en cuenta que el 85% de estas muertes ocurren en la vía pública.

2- El número de armas de fuego ilegales que circulan por el país es incalculable, aunque existen cifras aproximadas creíbles que se ubican alrededor de 3.500.000. En Venezuela el 93% de los homicidios son producidos por estas armas.

3- El secuestro y la extorsión se han convertido en actividades criminales ampliamente extendidas por el territorio nacional afectando a la población de todos los estratos socioeconómicos del país. Son tareas muy lucrativas que permiten sostener a bandas que se especializan en este tipo de delitos. Es bien conocido que parte de las actividades criminales vinculadas con el secuestro y la extorsión operan en centros penitenciarios y en un número importante de casos se ha determinado la participación de funcionarios y exfuncionarios policiales y militares. Desde el 2012 la cifra de secuestros denunciados está alrededor de 450 casos por año. Se estima que existen una cifra negra de ocho a uno (8 secuestros no denunciados por cada denuncia). Esto arroja la cantidad 25000 secuestros en los últimos 7 años.

4- El robo y hurto de vehículos alcanza en Venezuela cifras astronómicas. En los primeros 9 meses del año 2017 fueron denunciados 8690 hurtos y 18.440 robos de vehículos. Esta actividad criminal se ha visto impulsada por los altos costos y escasez de repuestos automotores. A ella también se vinculan bandas criminales y delincuencia organizada con nexos internacionales. El impacto económico del robo y hurto de vehículos es significativo en el presupuesto familiar, que al verse afectado por la pérdida de su medio de transporte y sin posibilidades de recuperación a corto plazo, perjudica de manera significativa calidad de vida de la familia venezolana.

5- Venezuela se ha convertido en la ruta principal de extracción de droga desde Colombia al resto del mundo. A través del país circulan, en la mayoría de los casos con la anuencia de las más altas autoridades del Estado más de 70 toneladas de cocaína por año, que luego se distribuye a México, las islas del Caribe y Europa. El dominio del territorio por este modelo logístico de gran escala ha provocado que poblaciones enteras hoy se dediquen a colaborar con las redes del narcotráfico. Con el tráfico de drogas se anexan actividades paralelas como el blanqueo de capitales, la corrupción y en ocasiones la generación de subredes de microtráfico que se alimentan de estos canales de distribución.

6- La pérdida de la institucionalidad ha afectado gravemente el sistema de administración de justicia criminal, lo que se ha traducido en una impunidad casi absoluta en todos los delitos, alcanzando niveles de hasta un 96% en homicidios e índices aún más elevados en casos de robo, hurto, violaciones y lesiones personales. Aprovechando la impunidad como principal aliciente, políticas públicas equivocadas como las llamadas zonas de paz, el tráfico de estupefacientes y la cantidad de armas de fuego que circulan de manera ilegal por el territorio han estimulado la formación y desarrollo de bandas criminales dentro y en la periferia de las ciudades más grandes del país.

7- El déficit de funcionarios policiales en todos los niveles del Estado, el desmontaje de la meritocracia como vía de ascenso dentro de los cuerpos armados de prevención y protección, los bajos ingresos y beneficios sociales derivados del ejercicio de la profesión y las fallas severas en el equipamiento policial estrechan más aún las salidas al problema de la seguridad en el país. Para estar alineados a los promedios mundiales, en Venezuela serían necesarios alrededor de 83.000 funcionarios en labores de prevención y protección ciudadana, que representa 120% de la plantilla actual.

8- La policía de investigación criminal ha sido una de las instituciones más afectadas en el proceso de desinstitucionalización de la seguridad en el país. El déficit estimado de funcionarios de alrededor de 290% tomando en cuenta una plantilla actual de 13 mil funcionarios activos.

9- La centralización de la seguridad ciudadana producto de medidas de control político ha restringido las capacidades de las policías regionales y municipales. El gobierno nacional ha intervenido administrativa y operacionalmente prácticamente todos los cuerpos de orden público controlados por administraciones opositoras. De igual manera, les han limitado competencias y restringido o prohibido la utilización de determinados tipos de armamento.

10- La falta de oportunidades reales de empleo productivo a jóvenes y la desaparición de escuelas técnicas orientadas hacia la educación para el trabajo son el cultivo perfecto para que la delincuencia se ofrezca como la mejor alternativa para el “progreso” sobre todo en zonas populares y marginales en las que inclusive, se valora positivamente al “malandro” y se celebra su cultura. La mayoría de los delincuentes en Venezuela se inician en el oficio a partir de los 13 ó 14 años. En los planteles públicos la deserción escolar en los cinco años de bachillerato alcanza cifras impactantes. De cada 100 adolescentes que ingresan a la educación media, solo egresan 30 en 5to año.

11- El deterioro de las condiciones de vida, la pérdida de los espacios urbanos para el esparcimiento, la bajísima calidad de los servicios públicos y la incapacidad de las autoridades locales de resolver los problemas de convivencia ciudadana se han convertido en factores contribuyentes para el incremento de violencia y la ruptura del necesario tejido social para el sostenimiento de relaciones humanas dentro de los límites de la civilidad. Se estima que el 20% de los homicidios en el país tienen su raíz en problemas de convivencia no atendidos o resueltos en sus etapas tempranas.

12- La persecución y el delito político deben incluirse en el menú de crímenes que incrementan el clima de inseguridad del país. Sólo durante el 2017 se realizaron 5115 detenciones por protestas políticas en varias ciudades. Un número no conocido de ciudadanos han salido del país por causas políticas. Sólo en los Estados Unidos se han presentado entre enero y septiembre de 2017, 23.500 casos de asilo político. Se estima que mensualmente salen por la frontera colombo-venezolana alrededor de 25 mil ciudadanos venezolanos que no regresan luego al país.

13- Los colectivos armados se han constituido en fuerzas de choque parapoliciales que operan como herramientas de última de línea de defensa para el gobierno. Se estima que en el país existen alrededor de 25.000 personas afiliadas a organizaciones de esta naturaleza y que vienen siendo entrenados y armados por algunos sectores de las policías y la FAN. En las protestas acaecidas en Venezuela entre abril y julio del 2017 La Fiscalía General registró 38 muertes directamente vinculadas a grupos colectivos.

14- La explotación de recursos naturales controlados por grupos mafiosos vinculados al Estado es además de la droga, la otra fuente de recursos económicos que sustenta a organizaciones de delincuencia trasnacional con profundas ramificaciones en la Fuerza Armada Nacional y otras instancias del poder público. El estado Bolívar es uno de los espacios más afectados por actividades de explotación minera sin que se rinda cuentas al ciudadano, perjudicando no solo la economía de país, sino creando daños ambientales en algunos casos irreparables sobre una geografía altamente frágil.

15- El desarrollo de actividades subversivas en el territorio venezolano ha sido denunciado en instancias nacionales e internacionales, debido principalmente a la utilización de zonas fronterizas con Colombia como aliviaderos de grupos guerrilleros del país vecino. A esto se le agregan las reiteradas denuncias de los campos de entrenamiento de grupos radicales islámicos en el oriente de Venezuela y la Isla de Margarita, así como el despliegue del Frente Bolivariano en el Sur Occidente. Más recientemente, se ha hecho público en medios de escala global la emisión de pasaportes venezolanos a individuos vinculados con grupos terroristas y frentes de lucha islámica en Irán. Las complejidades detrás de estas denuncias ponen en evidencia que el espacio territorial venezolano ha venido siendo no solo utilizado, sino colonizado por grupos irregulares que se aprovechan de estas ventajas promovidas desde el mismo gobierno para operar con amplias libertades. De manera similar, la pérdida de territorio a manos de las bandas criminales en las ciudades viene reduciendo el espacio vital del ciudadano que observa cómo se reduce su radio de acción a espacios confinados dentro de ciudades y pueblos.

16- El ministerio público siendo el órgano impulsor de la política contra la delincuencia, se ha venido plegando históricamente a las líneas políticas del gobierno, convirtiéndose en el principal perseguidor de los opositores, actuando a través de inhabilitaciones políticas para el ejercicio de cargos públicos y la apertura de expedientes judiciales en tribunales que nunca deciden sobre las causas, pero mantienen a los ciudadanos en un permanente estado de zozobra jurídica. Paradójicamente, la Fiscalía no muestra la misma eficiencia en la investigación de delitos que azotan al ciudadano, acumulando miles de expedientes en un retardo procesal que perjudica a ciudadanos privados de libertad y a la vez, genera altas cifras de impunidad.

17- En el país existen alrededor de 800 jueces penales que a todas luces son insuficientes para agenciar diligentemente los miles de delitos denunciados en el territorio nacional. El déficit alcanza alrededor del 200% a nivel nacional.

18- Las cárceles y los recintos penitenciarios, como tanto se ha dicho, se han convertido en las universidades del delito. En los últimos años, además, son los cuarteles generales de bandas criminales organizadas desde dónde se trafica, se negocia y se extorsiona. Son espacios de impunidad y de extorsión desde dónde resulta prácticamente imposible esperar la debida regeneración del reo para su posterior inserción en la vida civil. En Venezuela existen 31 centros penitenciarios e internados judiciales con una población de 55.007 reclusos (año 2014) y un hacinamiento estimado en 190%. Otro aspecto relevante en relación con las cárceles venezolanas es el nivel de violencia presente. Entre 1999 y 2014 se han registrado 6.313 muertos y 16.318 heridos dentro de estos centros.

19- El modelo de Estado Criminal y la delincuencia organizada venezolana se inserta en la economía globalizada e interconectada como un espacio para negociarlo todo, inclusive la disponibilidad que tiene un Estado para ofertar su ciudadanía, soberanía, sistema bancario, espacio aéreo y hasta su Fuerza Armada. Es una especie de franquicia del crimen. Un sistema abierto para realizar los más extraordinarios negocios ilícitos a costos razonables y con bajísimo riesgo. Que Venezuela se haya convertido en un Estado Criminal (EC) que otorga pasaportes a terroristas y empela su principal industria petrolera para trasportar estupefacientes custodiados por efectivos del Ejército no es una novedad. Desde hace más de una década se acumulan casos en distintos tribunales del mundo sobre la participación directa de funcionarios en escandalosos delitos de corrupción, tráfico de drogas, violación de derechos humanos y apoyo a grupos irregulares; todos bajo la mirada cómplice de un sistema de justicia nacional adaptado para amparar y dejar impune a los responsables. Ahora, con la transformación de la estructura del Estado que abre la constituyente, las posibilidades de convertir a Venezuela en una plataforma sofisticada para delito internacional es de tal magnitud, que hasta el negocio petrolero quedaría subordinado a las redes del hampa globalizada.

Otros factores sociales como el embarazo adolescente, la prostitución, el consumo de drogas y alcohol se potencian para complejizar el problema de la seguridad. Las dificultades crecientes de la gente, aunadas al deterioro de las condiciones de vida en el país son elementos que contribuyen en la dinámica violenta de la sociedad venezolana. En este sentido vale resaltar que el alto costo y/o escasez de bienes de primera necesidad se suma al círculo vicioso del deterioro familiar, pues obliga a que padre y madres pasen la mayoría del tiempo en la búsqueda de recursos para subsistencia, redundando en hogares en los que no existe la presencia necesaria de adultos responsables en la formación de valores en niño y jóvenes.

Como conclusión estamos obligados a comprender que el problema de la inseguridad en Venezuela es materia de impostergable resolución. Cada día mueren en el país 74 venezolanos de manera violenta, por lo que no podemos seguir indolentes ante un drama que nos está extinguiendo como sociedad.

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