Desde el momento en que Hugo Chávez definió su plan golpista contra el orden democrático, tuvo clara la importancia de Petróleos de Venezuela como proveedor de dinero para su proyecto revolucionario. Eso explica en parte que al hacer el juramento de rigor, en el momento de asumir su función como presidente de la República, calificara a la Constitución entonces vigente de “moribunda”. De allí en adelante su accionar será a trompicones, con todo y en contra de todos.

El alto nivel de agresividad acumulada lo puso de manifiesto su más importante mentor: Luis Miquilena. En la entrevista que le hizo el escritor mexicano Enrique Krauze, la cual fue publicada en su libro El poder y el delirio, Miquilena le dice: “Es un hombre despótico con sus subalternos, un autómata, autoritario, brutal: el poder se lo tragó”.

A diferencia de Chávez, el presidente Carlos Andrés Pérez y los demócratas que le sucedieron actuaron con particular prudencia y no politizaron la estructura interna de Pdvsa. Había entonces clara consciencia de su rol, así como del riesgo que implicaba su manejo no ajustados a los estándares y prácticas que correspondían conforme a su elevado propósito. Tan rigurosa fue su conducción que sus críticos y enemigos pusieron a circular la especie de que era un Estado dentro del Estado, algo que por supuesto no se ajustaba a la realidad. Lo cierto es que gracias a esa administración escrupulosa y técnica, nuestra joya de la corona se ubicó en el ranking de las empresas petroleras más importantes y mejor manejadas a nivel mundial.

Pero Chávez no requería de justificaciones para sus arremetidas. Él sencillamente tenía necesidad de controlarlo todo para actuar conforme a su visión descuadrada y proyectos revolucionarios. Así, pocas semanas después de asumir el mando, el prócer de Sabaneta hizo su primera movida en la empresa: designó en la presidencia a un ejecutivo de carrera (Roberto Mandini) y nombró como director a un ex funcionario (Héctor Ciavaldini) que había sido despedido de la organización. Meses más tarde Hugo salió de Mandini y puso a Ciavaldini a la cabeza de la empresa. La respuesta fue inmediata y calamitosa: salieron 124 funcionarios de la nómina ejecutiva y 1.323 de la nómina mayor. Un grupo de ellos decidió adelantar sus jubilaciones y el resto sintió la presión para solicitar las mismas. Con la designación de Gastón Parra, en febrero de 2002, vinieron las confrontaciones extremas que abrieron las puertas a la “renuncia” de Hugo Chávez a la Presidencia de la República (madrugada del 12 de abril de 2002) y al paro petrolero.

Ayudado por los errores que cometió Pedro Carmona durante los hechos de abril, Chávez ingeniosamente proyectó su imagen como víctima de una conspiración de derecha, dirigida por adinerados hombres de negocios y generales antipatriotas, quienes estaban deseando instaurar un régimen dictatorial con el fin de administrar directamente y en provecho propio la riqueza petrolera venezolana; adicionalmente, subió los decibelios al proceso de politización de la industria petrolera.

Inevitablemente, a comienzos de diciembre de 2002 comenzó el paro petrolero. El objetivo del mismo tuvo un componente político: presionar para que se acordara realizar el referéndum consultivo, se conformara la Comisión de la Verdad para que evaluara los crímenes cometidos el 11 de abril y se adelantaran las elecciones presidenciales para así resolver la crisis política. En el curso de las semanas siguientes, de los 35.000 trabajadores de la industria, fueron despedidos 20.000, algunos de los cuales se encontraban disfrutando de sus vacaciones o de permisos de ley.

En ese momento comenzó el proceso de corrupción y debacle de tan vital ente que hoy es casi un cascarón vacío que ha enriquecido a bolichicos, revolucionarios criollos y al resto del mundo izquierdista, tal como es el caso de las “pulcras” empresas rusas, chinas y cubanas, entre otras. Según Russ Dallen, Maduro le pagó 1.800 millones de dólares a la empresa petrolera rusa Rosneft el pasado año. Mientras esos negociados se realizan en provecho también de nuestros revolucionarios rojitos, los venezolanos de a pie languidecen por el hambre y la crisis en todos los órdenes.

El entorno de Chávez, en su momento, y ahora el de Maduro se han enriquecido de manera pantagruélica; y lo insólito es que el festín no para a pesar del drama social, económico y político de los últimos años. La data de producción petrolera antes de la llegada del comandante supremo al poder y a la fecha de hoy dice mucho: en 1998, la producción de Venezuela fue de 3.300.000 barriles diarios de petróleo crudo; en 2011, durante la presidencia de Chávez, la extracción bajó a 2.380.000 barriles diarios: y, de acuerdo con el informe de la OPEP de septiembre de 2019, en la actual gestión de Maduro, el promedio mensual cayó a 680.000 barriles diarios, una cifra cercana a la que se producía en 1941.

La anterior realidad ha llevado al conductor de Miraflores a plantearse la privatización de la vital industria. En lo inmediato ha actuado con más de lo mismo: creó una comisión presidencial para reestructurar Pdvsa y adoptar las medidas urgentes y necesarias para garantizar la seguridad energética del país, presidida por Tareck el Aissami, abogado y experto en criminología, quien está sancionado por Estados Unidos. Los otros integrantes de la comisión son los militares Vladimir Padrino López, Néstor Reverol y Manuel Quevedo. Ningún revolucionario hoy duda que “así, así, así es que se gobierna”.

Esa patética decisión se toma cuando ya la revolución ha arrasado con la agricultura, el comercio y la industria del país; y cuando los muchos años de vida loca que hemos vivido tienen al pueblo contra la pared.

Llegó pues la hora de enderezar y levantar en alto.