Las manifestaciones de calle acontecidas recientemente en América del Sur tienen un  elemento en común; la responsabilidad  de los gobiernos de Cuba y Venezuela por la maniobra indebida de terroristas en las protestas demandantes de reivindicaciones  llevadas a cabo en Chile y Ecuador.

Estos gobiernos sureños son  miembros del Grupo de Lima conglomerado político en defensa de la democracia y los derechos humanos en Venezuela.

Revoltosos que accionaron violentamente en ciudades de ambas naciones al ser detenido un número indeterminado de actores y comprobar sus identidades; cerca de 600 resultaron ser extranjeros muchos de ellos provenientes recientemente de Venezuela, quienes se dedicaron a cometer destrozos variados tales como incendios, rotura de señales en vías comunitarias, daños a la propiedad privada, enfrentamiento armado con la autoridad ciudadana al infiltrarse en las marchas cívicas, denunció el mandatario Lenín Moreno de Ecuador.

Pesquisas y confesiones grabadas judicialmente revelaron que la presencia de ellos en la ciudad encumbrada era con fines políticos contrarios a la paz vecinal.

La inherencia de una nación en los asuntos internos de otro país con la identificación de actores violentos en manifestaciones pacíficas acontecidas en Chile desde mediados de octubre; fue delatada por el gobernante Sebastián Piñera al identificar y obtener la confidencia de quienes capturados infraganti confesaron venir para atentar contra la estabilidad política del territorio austral.

Si existiese duda de lo expresado, Diosdado Cabello, segundo hombre al mando en Venezuela al conocer las revelaciones indicó burlonamente que los hechos en referencia eran un “vientecito bolivariano”, lo cual por lo elocuente es una  aceptación de la relación gubernamental en la práctica precisa ejecutada en las naciones andinas, lo cual remató con la ocultada expresión de un venidero “huracán bolivariano”.

Evaluaciones hechas sobre la hambruna en Venezuela, partiendo de los ingresos fiscales proveniente de la renta petrolera, junto a la prohibición de producir o importar el sector privado bienes de consumo alimenticio y medicinas para el ser humano, expertos llegan a la conclusión que los ingresos monetarios para la adquisición de tales rubros son desviados hacia otras actividades y ejecución de políticas ajenas al ciudadano común.

Nada justifica lo que acontece en el país ya que en  los últimos 17 años ha recibido el instituto emisor 56.000 millones de dólares de promedio amén de préstamos por casi 170.000 millones de dólares, los cuales se desconoce adónde fueron a parar gran parte de los mismos.

En  los últimos años la nación suramericana recibe 19.000 a millones de dólares dinero que decrece notablemente con el tiempo pero suficiente para enfrentar los  rótulos  alimenticios y medicinales en general de la población, pero los montos no ingresan totalmente al erario.

Es tal el desamor de Maduro Moros que solo  da prioridad a la política radical y para ello lograr  ratifica  la prohibición  de importar comida reservándose ese privilegio para el estado, iniciativa que busca  incentivar con fines intervencionistas en otros países  el éxodo de venezolanos hacia territorio vecino en busca de alimentación y ulteriores oportunidades de empleo.

Maduro lleva al terruño a la quiebra técnica financiera, pero previamente ha sacado para dar a naciones de política extremista montos en miles de millones que ha debido dedicar a sus gobernados.

Expropiaciones arbitrarias sin contraprestación, persecución fiscal de las fuentes permanente de puestos de trabajo, desabastecimiento, inflación galopante e ineficientes servicios básicos como la electricidad, marcaron el desplazamiento en millones de seres hacia América del sur principalmente.

La planificada hambruna como política de Estado logra sus metas porque junto con estos viajantes se desplazan grupos terroristas que por puertos normales de entrada a países andinos no se les facilitaría.

Una vez estas tropas debidamente entrenadas para desestabilizar, mezclados entre la diáspora se activarán en llamadas callejeras de requerimientos sociales causando ruina indiscriminada cual robots a su paso por las vías públicas, incendiando instalaciones de servicio al ciudadano, enfrentamiento con la policía comunitaria y hasta muerte entre los vecinos que reclaman creando un caos que proyecte, no siendo verdad, la incapacidad de las autoridades para ejercer el mandato conferido.

Tales actuaciones  dirigidas tienen un tiempo finito para causar los efectos de crisis buscados , es por ello  que pudimos observar al ex presidente Rafael Correa de Ecuador presentarse ante los medios de comunicación e indicar que para controlar la situación debía renunciar Lenin Moreno, presidente constitucional ecuatoriano  y convocarse a elecciones de inmediato.

No haber hecho Correa un llamado a la concordia y la paz ante el desenfreno de grupúsculos es un claro indicativo de que era un militante por la crisis y corresponsable de 7 muertos, 1.340 heridos y 1.152 detenidos.

En Chile la cita común es igualmente penetrada por terroristas, a lo que la guardia responde con prontitud y firmeza.

Sebastián Piñera, al igual que su homólogo de Ecuador, Lenín Moreno, convocan a la sociedad civil, la cual acude en su torno ratificando sus liderazgos y autoridad  constitucional.

Los mismos responsables venidos de Cuba y Venezuela llegaron a Chile saliendo derrotados por el pueblo que hoy exige justicia por 13 fallecidos en la concentración, 5 más en mano de los carabineros, 102 heridos y 962 detenidos.

Chile y Ecuador, países hermanos que conforman el Grupo de Lima, son defensores de la democracia venezolana, los derechos humanos y una nación que se niega a claudicar ante el tirano que anhela esclavizarlos.