elecciones7Oenbilbao

Punto de encuentro de Venezolanos votantes en Bilbao

Archivos por Etiqueta: Foro Penal

Bachelet es la ONU, no solo la socialista chilena por Iñaki Anasagasti – Blogs Deia – 19 de Junio 2019

Viaja a Venezuela la dudosa dirigente, amiga de Chávez, Michelle Bachelet.

Según se desprende de las declaraciones de María Alejandra Aristeguieta, representante de Juan Guaidó en Suiza que sostiene que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, no atenderá una agenda que pudiera imponerle Nicolás Maduro, durante su visita pautada desde el 19 al 21 de junio. “Ella no va a atender una agenda que le haya impuesto el presidente usurpador Maduro, ella tiene que seguir una línea trazada por la oficina del Alto Comisionado” expresó. Ver para creer.

Destacó que la también ex presidenta de Chile debe responder a un mandato “más grande” en las Naciones Unidas”, por lo que tendrá que regirse por una serie de condiciones “que ella misma se planteó”. “Por lo tanto no es una agenda que obedece al régimen, es una agenda que obedece al mandato de Naciones Unidas y como tal se debe ver”, reiteró la representante diplomática venezolana del presidente legítimo Guaidó.

A la Comisionada Bachelet:

Para su conocimiento le presento aquí la represión en Venezuela en cifras según los datos de la ONG Foro Penal que ha llevado minuciosa cuenta de las detenciones en estos tiempos aciagos para la democracia venezolana.

Solamente en este año 2019, del 1 de enero al 16 de junio: 2093 presos.

Excarcelados al 16/06/2019: 1464

En Libertad Plena: 42

En Libertad Sin Restricciones: 7

Liberados Sin Presentación: 210

Liberados con Cautelares: 1.105

Libertad Con Admisión de Hechos: 96

Liberado Bajo Cautelares/ Por Medida Humanitaria: 2

Libertados con Suspensión Condicional del Proceso: 2.

Aún detenidos al 16/06/2019: 629

Privados de Libertad, (neo lenguaje de la robolución para decir presos): 485

Presos en Espera de Fiador: 20

Pendientes por Presentación: 124.

Los arrestos acumulados al 16/06/2019: 15.065

8.680 medidas cautelares

845 civiles presentados ante tribunales militares

Los presos políticos al 16/06/2019: son 715.

De ellos 51 son mujeres y 1 adolescente (quien por cierto cumplió la mayoría de edad en prisión)

106 militares de los cuales solo 21 han sido condenados.

El Estatus al presente: Presos del gobierno de Nicolás Maduro alcanzan a 700.

En espera de fiador 12

Pendientes por Presentación + con Probable Desaparición Forzosa: 3 .

Nelson Bocaranda.

Limpieza étnica en Venezuela por Héctor Schamis – Infobae – 27 de Abril 2019

Dicha ayuda jamás ingresó. Las escenas vividas en los puentes Simón Bolívar, Tienditas y Francisco Paula de Santander fueron elocuentes. Los camiones con la ayuda fueron incendiados por la represión de la fuerza de choque de Nicolás Maduro, en lo que fue una batalla campal de paramilitares con gases, perdigones y balas contra civiles equipados con piedras y bombas molotov.

La desazón fue generalizada. Al caer la noche hubo una conferencia de prensa en la cual Juan Guaidó acusó al régimen de Maduro de cometer “un crimen de exterminio”. Lo cual la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, corroboró al día siguiente con una verdadera confesión de parte: “Solo han visto un pedacito de lo que somos capaces de hacer”, le dijo al mundo con la habitual obscenidad chavista.

Solo un pedacito, pues. Es que si lo visto en Cúcuta había sido horrible, las imágenes que llegaban desde la frontera de Venezuela con Brasil era especialmente perturbadoras. Allí sí había podido ingresar un camión con ayuda humanitaria, y se informaba de una auténtica masacre contra quienes se acercaron a procurar alimentos y medicinas. Se dijo entonces que el blanco específico de la represión habría sido la comunidad indígena pemón que habita en la zona.

Ello se confirma hoy gracias a dos estudios, uno del Foro Penal venezolano y el otro en elaboración por la misión OEA-Casla Institute de Praga. Con relevamiento en la zona y de manera independiente, ambos equipos de trabajo coinciden en que se trató de un ataque sistemático por parte de los cuerpos de seguridad y de grupos de civiles armados, llevado a cabo entre el 22 y el 28 de febrero, contra ciudadanos de diversos municipios de la zona de Gran Sabana, estado Bolívar.

Las víctimas se encuentran desproporcionadamente entre la comunidad aborigen pemón. Foro Penal reporta que, en dichos seis días, 7 personas fueron asesinadas por impactos de bala, 4 de ellas pertenecían a la etnia pemón; 57 personas fueron heridas, 22 de ellas indígenas; y cientos de arrestos arbitrarios ocurrieron, en su mayoría de pemones.

Muchos de los heridos tuvieron que ser trasladados al hospital general de Boa Vista, en el estado de Roraima, Brasil, que cuenta con los insumos y las condiciones mínimas necesarias. Al día de hoy más de novecientas personas de dicha comunidad aborigen han debido huir y desplazarse a territorio brasileño a raíz de haber sido perseguidos y amenazados de muerte.

El Estatuto de Roma califica dichos ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil como crímenes de lesa humanidad. Se incluyen entre ellos el crimen de exterminio, la deportación o el traslado forzoso y la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales y étnicos, entre otros.

Limpieza étnica, “ethnic cleansing”, es un termino de significación política, no estrictamente legal, si bien describe aspectos del crimen de genocidio y del de deportación forzada. Su uso y ocurrencia evoca la experiencia de la Guerra de los Balcanes, pues el término se generalizó a partir de entonces. Durante dicha guerra, a comienzos de los 90, millones de personas fueron desplazados: por ejemplo, los bosnios por parte de las fuerzas serbobosnias de la República Srpska y luego, entre 1998 y 1999, 800 mil kosovares fueron forzados a abandonar sus hogares por las fuerzas serbias.

Dicho concepto trata del intento de remover o eliminar a una población específica de un cierto territorio, ello a efectos de homogeneizarlo étnicamente, o bien con el objetivo de expulsar a un grupo indeseable, dada una concepción basada en una supremacía étnica o religiosa —pero siempre política— del grupo que ejecuta el crimen.

Más allá de la menor cantidad de víctimas que en la ex Yugoslavia, los informes del Foro Penal y de la Misión OEA-Casla Institute van en la misma dirección: documentan un tipo de crimen similar a los cometidos en Bosnia y en Kosovo.

Lo cual es lo que verdaderamente importa. El régimen de Maduro ya cuenta con varias denuncias en su contra por crímenes de lesa humanidad radicadas en la Corte Penal Internacional. Lo ocurrido en la frontera de Venezuela con Brasil agrega una nueva categoría de abuso, seguramente la evidencia pertinente será remitida a La Haya.

Y esto también para descubrir otra falsedad, la de un relato tramposo. La llamada Revolución Bolivariana era por los pobres, hoy más del 87% de los venezolanos. Era por la igualdad social, en el que hoy es el segundo país más desigual del continente. Era por la soberanía, en lo que hoy es un protectorado del G2 y los militares cubanos.

Y era también por los derechos históricos de los pueblos originarios, sometidos por la conquista española y explotados por el capitalismo dependiente para beneficio del imperio. O eso nos decían, pero que hoy son aniquilados por una organización criminal que controla los instrumentos represivos de (lo poco que queda de) un Estado: Venezuela.

 

A 60 días del juramento de Guaidó: ¿Qué ha pasado y qué se espera en lo inmediato? por Zenaida Amador – ALnavío – 22 de Marzo 2019

Juan Guaidó ha ido abonando el terreno para conectar el malestar social con la protesta política e ir desmoronando las bases sobre las que Maduro sostiene operativamente su régimen en las distintas instituciones públicas, incluyendo la castrense, intentando así que se produzca la salida de Maduro por una vía menos costosa y dolorosa, lo que permitiría avanzar más rápidamente hacia la gobernabilidad del país y hacia una elección libre que abra paso a la restauración del hilo constitucional en Venezuela. La apuesta de Guaidó es al quiebre interno del régimen.
Juan Guaidó se juramentó el 23 de enero / Foto: @jguaido
Juan Guaidó se juramentó el 23 de enero / Foto: @jguaido

Este sábado se cumplen dos meses desde que Juan Guaidó juró asumir formalmente “las competencias del Ejecutivo Nacional como el Presidente encargado de Venezuela para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres”. Aunque a lo largo de este período han ocurrido muchas cosas tanto a escala local como internacional en favor de ese objetivo, Nicolás Maduro sigue aferrado al poder y radicalizándose más cada día.

Nicolás Maduro, cuya presidencia es desconocida por buen parte de la comunidad internacional y que enfrenta un fuerte rechazo por parte de los venezolanos, intenta mostrar normalidad operativa. Incluso simula que gobierna, aunque en verdad lo único que hace a diario es resistir su salida del poder. En línea con esta decisión la violencia y el amedrentamiento han sido una constante de su gestión desde enero.

Este sábado se cumplen dos meses desde que Juan Guaidó juró asumir formalmente “las competencias del Ejecutivo Nacional como el Presidente encargado de Venezuela para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres”. Aunque a lo largo de este período han ocurrido muchas cosas tanto a escala local como internacional en favor de ese objetivo, Nicolás Maduro sigue aferrado al poder y radicalizándose más cada día

A través de la red de medios públicos dirigentes como Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, hacen señalamientos intimidatorios directos hacia líderes de diversos sectores, comenzando por el propio Juan Guaidó, que luego se traducen en persecuciones y detenciones.

Sólo esta semana fue detenido de forma violenta Roberto Marrero, diputado de la Asamblea Nacional y jefe de Despacho de Guaidó, a quien se le señala de presunta promoción del terrorismo e intento de magnicidio. Pero no es el único. La arremetida alcanza a periodistas, médicos, sindicalistas y a cualquier voz crítica que exponga los desmanes del régimen.

Las oleadas de detenciones por razones políticas han llegado a picos de 1.000 personas en una sola semana, según datos del Foro Penal Venezolano. Aunque muchos de los casos terminan en liberaciones, son reiterados los detenidos que sufren tratos cueles y vejaciones. En todo caso, hasta el 14 de marzo se contabilizaban 911 presos políticos en el país.

En la sede de la OEA se conocieron esta semana evidencias de las torturas que aplica el régimen a los presos políticos, que incluyen agresiones psicológicas y físicas sádicas, brutales golpizas, descargas eléctricas, asfixias y violaciones sexuales, según detalló Luis Almagro, secretario general de la organización.

En el país se han reportado 178 incidentes de violaciones a la libertad de expresión en los primeros 76 días del año, según el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). Sólo en los primeros 18 días de marzo iban 50 casos. Vale destacar que en todo el primer trimestre de 2018 se acumularon 53 incidentes.

Los ataques incluyen actos intimidatorios, detenciones y hasta agresiones físicas, como en el caso del periodista polaco Tomasz Surdel, corresponsal en Caracas de Gazeta Wyborcza, a quien efectivos policiales interceptaron en la vía pública, golpearon y amenazaron con un arma que le pusieron en el rostro.

La intimidación ha sido permanente en las barriadas populares, donde grupos de exterminio conformados por comandos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y colectivos paramilitares intentan silenciar cualquier brote de protesta contra Maduro, según ha documentado el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.

Este jueves fue detenido el diputado Roberto Marrero / Foto: @RobertoMarrero

El informe de actualización sobre la situación de Venezuela presentado por Michelle Bachelet, alta comisionada de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, señala que por esta vía unas 37 personas fueron presuntamente asesinadas en enero de 2019 en Caracas. “Al parecer, algunos de estos asesinatos se han producido según un patrón similar: ocurren durante allanamientos ilegales de domicilio realizados por las FAES, y posteriormente estos órganos notifican el fallecimiento como resultado de una confrontación armada, aunque los testigos declaran que las víctimas no portaban armamento alguno”.

Y todo esto ha ocurrido aun cuando Venezuela ha estado en el radar internacional.

La mirada del mundo

Desde inicios del año Venezuela ha sido punto obligado en la agenda diplomática de Estados Unidos, de Rusia, de China y de la Unión Europea, entre muchos otros países, y ha concentrado la atención de la ONU y de la OEA, pues sus implicaciones tienen un alcance global.

El resultado concreto han sido sanciones económicas y petroleras sobre el régimen de Maduro, así como sanciones particulares sobre sus funcionarios y allegados, incluso sobre su cuerpo diplomático, y acciones a favor de Guaidó que le han permitido aumentar su control sobre activos externos de la nación que antes manejaba Maduro.

Por ello Maduro ha movido fichas con sus grandes aliados en Moscú, Pekín, La Habana y Estambul, buscando vías para evadir el cerco internacional y levantar algunos recursos con los cuales oxigenarse, pero esto resulta cuesta arriba no sólo por las acciones desplegadas en su contra desde Washington sino por el nivel de deterioro al que condujo las finanzas del país en los últimos años.

Guaidó cuenta con más de 50 países que lo reconocen como presidente interino y es ese respaldo el que ha impedido que el régimen de Maduro haya neutralizado su liderazgo. Con este músculo Guaidó viene armando desde el exterior hacia dentro de Venezuela una agenda de reconstrucción nacional, que incluye respaldo financiero y que ha logrado despertar el interés de potenciales inversionistas, lo que le brinda un piso para responder a las múltiples necesidades del país en una eventual transición política.

El desprestigio y el rechazo

Muchos de los hechos registrados en este primer tramo del año también han evidenciado que la actual crisis que vive Venezuela ha sido consecuencia de las decisiones adoptadas por el chavismo -a lo largo de sus 20 años de gobierno- en función de la estrategia de conservar el poder por encima de cualquier otro interés nacional, lo que acentúa el rechazo a la gestión de Maduro y el desprestigio de todo el liderazgo del chavismo que sigue a su lado.

Sólo esta semana fue detenido de forma violenta Roberto Marrero, diputado de la Asamblea Nacional y jefe de Despacho de Guaidó, a quien se le señala de presunta promoción del terrorismo e intento de magnicidio. Pero no es el único. La arremetida alcanza a periodistas, médicos, sindicalistas y a cualquier voz crítica que exponga los desmanes del régimen

El megapagón nacional que se inició el 7 de marzo, y que se prolongó por más de 100 horas, desnudó décadas de desinversión y actos de corrupción por más de 30.000 millones de dólares.

La industria petrolera que fue usada para financiar el modelo político, hoy opera con un bombeo precario de menos de un millón de barriles por día, provee ingresos mínimos a la nación y ya prácticamente no puede garantizar el suministro interno de gasolina y gas que la población requiere.

El general Carlos Rotondaro, quien ocupó varios cargos públicos desde el gobierno de Hugo Chávez y presidió el sistema público de seguridad social del país con Maduro, reveló desde Colombia que, aunque había recursos para adquirir medicamentos, el suministro fallaba por indolencia y por razones políticas, algo grave en un país que atravesaba una crisis humanitaria. “Nos decían que era preferible que muriera un paciente en el interior (del país), porque había que guardar medicamentos para épocas electorales”.

Por su parte las evidencias de exterminio y de torturas a manos de efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado, sobre civiles e incluso sobre militares disidentes, tienen un alto costo para la reputación de estas instituciones, comenzando por la Fuerza Armada Nacional.

Muchas de las acciones de altos funcionarios que han ejercido el poder en Venezuela en los últimos años entran en la categoría de crímenes de lesa humanidad, por lo que entre los venezolanos crece la expectativa de que los responsables deberán pagar pronto porsus actos.Donald Trump: “No hemos aplicado las sanciones más duras” / Foto: Casa Blanca

Lo que viene

Aunque el tema de una eventual intervención extranjera en Venezuela sube y baja de volumen en los discursos de los diversos líderes mundiales, todo indica que en lo inmediato la comunidad internacional apostará por una radicalización de las sanciones, aun con el impacto indirecto que estas puedan tener en la población.

“Hemos impuesto sanciones justo en el medio, pero podemos ser mucho más duros si necesitamos hacerlo (…) No hemos aplicado las sanciones más duras”, dijo la semana pasada el mandatario estadounidense, Donald Trump.

Guaidó ha ido abonando el terreno para conectar el malestar social con la protesta política e ir desmoronando las bases sobre las que Maduro sostiene operativamente su régimen en las distintas instituciones públicas, incluyendo la castrense, intentando así que se produzca la salida de Maduro por una vía menos costosa y dolorosa, lo que permitiría avanzar más rápidamente hacia la gobernabilidad del país y hacia una elección libre que abra paso a la restauración del hilo constitucional en Venezuela. Su apuesta es al quiebre interno del régimen.

Pero Maduro juega a la permanencia en el poder tratando de ganar tiempo para recomponerse y amurallarse. Sin embargo, en este juego de pulso es poco el margen de resistencia de los venezolanos, ya que los días de esa permanencia que Maduro suma son días que se le descuentan al país en términos de calidad de vida.

Elliot Abrams, comisionado especial de EEUU para Venezuela, dijo recientemente en entrevista con el diario El País de España que la política de Maduro es “‘Me quedo aquí, soy El Asad, me quedo y todos se cansarán, la oposición se dividirá, los americanos se aburrirán y se centrarán en otras prioridades…’ Creo que es de los pocos que quedan en el régimen que piensan que esa política funcionará”.

Reporte sobre la represión en Venezuela – Foro Penal – Febrero 2019

Represion-Febrero.png

RESUMEN EJECUTIVO

Se ha venido documentando y denunciando cómo el Estado utiliza diversos mecanismos de represión, para criminalizar a los ciudadanos que discrepan o realizan alguna labor, que pueda ser considerada como contraria a sus políticas gubernamentales.

Este es un reporte especial sobre la represión política entre el 22 de febrero al 23 de febrero de 2019, como consecuencia del intento de ingresar ayuda humanitaria a Venezuela.

  • 107 personas personas arrestadas arbitrariamente en todo el país y se reportaron, además, un número importante de personas desaparecidas.
  • 7 es el número de personas asesinadas confirmadas, específicamente en el estado Bolívar, 4 de ellas pertenecientes a la etnia indígena Pemón.
  • 58 es la cifra nacional reportada de personas heridas de bala

Reporte completo en el siguiente enlace :

REPORTE-FEBRERO-2019-1

Represionpolitica en el intento de entrada de ayuda humanitaria – Foro Penal – 25 de Febrero 2019

Foro Penal registra 966 presos políticos, “la cifra más alta en la historia de Venezuela” – El Estimulo – 4 de Febrero 2019

170518 Alfredo Romero  FOTO Harold Escalona

La organización no gubernamental Foro Penal Venezolano denunció este lunes que el número de personas detenidas por razones políticas aumentó esta semana a 966, “la cifra más alta” en la historia del país.

La mayor cantidad de detenciones con fines políticos y de manifestantes que ha ocurrido en la historia que conocemos como Foro Penal ocurrió esta semana y el día con mayor represión fue el 23 de enero“, cuando el jefe del Parlamento, Juan Guaidó se juramentó como presidente interino de Venezuela.

Romero explicó además que entre esas 700 personas “47 son estudiantes, en su mayoría entre 17 y 22 años, de un total que fueron detenidos, y algunos ya liberados, de 95 estudiantes”.

Además hasta la fecha el Foro Penal registra “11 desapariciones forzosas” y que de cuatro de esas 11 personas “no sabemos su paradero después de la denuncia de su detención”, dijo Romero.

Del total de detenidos también cuentan 82 militares “y se mantiene un sistema de detención selectiva de militares y familiares de militares entre los cuales están los que ha desaparecido forzosamente” detalló Romero.

El abogado destacó que la mayor parte de las detenciones, así como violaciones a los Derechos Humanos han estado “focalizadas en sectores más humildes de la sociedad” y en el entorno familiar de militares.

Igualmente indicó que el Foro Penal “ya envió la lista de los presos políticos a la Organización de Estados Americanos (OEA) para su certificación y verificación, a las Naciones Unidas y la comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo”.

Durante los primeros días de las protestas dejaron un saldo de 35 personas fallecidas según el balance del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) junto al Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).

El Foro Penal, que lidera la defensa de los considerados presos políticos en el país, ha reiterado que vigilará de cerca el desarrollo de las manifestaciones que se desarrollen en Venezuela

Arrestosdel 21 al 26 de Enero – Foro Penal -26 de Enero 2019

Foro Penal constituye el Consejo de la Sociedad Civil para el Respeto de los Derechos Humanos y la Democracia – Foro Penal – 18 de Enero 2019

img

Venezuela atraviesa un momento histórico en el cual es importante que la sociedad civil no vea defraudadas sus expectativas y pueda participar y controlar la actuación de los factores políticos de cara a la defensa de la Democracia y los Derechos Humanos.

“Entendemos los momentos que vive el país y respetamos las estrategias y acciones políticas que se puedan llevar a cabo, sin embargo, queremos dejar claro que tanto la sociedad civil, como las organizaciones de Derechos Humanos y las organizaciones sociales tenemos la obligación y el derecho de ser garantes y contralores de las acciones de los actores políticos, participando en las decisiones de carácter político sobre todo cuando se trata del respeto a los DDHH y la Democracia”, dijo el director presidente de Foro Penal, Alfredo Romero.

En este sentido, anunció la creación del “Consejo de la Sociedad Civil para el Respeto de los Derechos Humanos y la Democracia”, acción apoyada por la secretaria general de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Sabemos, y eso es algo que no tenemos por qué dejar de decirlo, que los ciudadanos en ocasiones anteriores se han sentido defraudados por algunas actuaciones políticas. Por ello, hemos creado este canal de comunicación directa con la sociedad civil que ya está disponible en nuestra página web para recibir las inquietudes y observaciones de la sociedad civil en general al respecto del desempeño de los factores políticos en resguardo de la democracia y de los DDHH. Semanalmente estaremos realizando reportes a los efectos de comunicar a la comunidad internacional y los actores políticos nacionales lo que pueda estar ocurriendo y que pueda estar desviándose de lo que es el respeto a los Derechos Humanos y la Democracia”, explicó Romero al tiempo que adelantó que para este lunes se espera una primera reunión de activistas para arrancar la jornada del Consejo de la Sociedad Civil.

Alertó Romero que en este momento no se trata de hablar de una unidad a ciegas, sino de coincidencia y para ello, “se requiere establecer mensajes claros de lo que va ocurriendo a los efectos de que la sociedad civil esté absolutamente informada y que se lleve una ruta Democrática y de respeto a los Derechos Humanos. En un segundo punto hablamos de transición pacífica, pero más que eso, es un avance hacía el respeto a los Derechos Humanos que no ha existido durante mucho tiempo en el país y que requiere de la participación obligatoria de la sociedad civil. Aasí ha sido en la historia de las transiciones políticas de nuestro país. Y por último le decimos un no rotundo a una amnistía que pueda promover la impunidad sobre todo lo que respecta a quienes violan gravemente los Derechos Humanos”, señaló.

Sobre la movilización convocada por la Asamblea Nacional para el próximo 23 de enero, Romero recordó que Foro Penal está en operativo permanente en virtud de las diferentes manifestaciones que también están ocurriendo en el país a los efectos de resguardar el derecho a la manifestación pacífica contemplado en la Constitución.

“Nuestro centro de denuncias, los abogados y activistas que tenemos desplegados en todo el país están monitoreando constantemente cada una de estas manifestaciones, pero también estamos alertas en lo que respecta a la movilización que se espera bastante voluminosa de este 23 de enero. La ciudadanía en general cuenta, como siempre lo ha hecho, con la asistencia gratuita de Foro Penal, sobre todo en los casos de quienes vean vulnerados a us derechos. Nuestro numero del centro de denuncias es el  0414.264.42.87 y está activo permanentemente, al igual que todos nuestros abogados en estos días particularmente”, dijo en rueda de prensa de este viernes.

Romero hizo un llamado a las autoridades nacionales, policiales y militares. “Ustedes deben respetar el derecho a la manifestación pacífica tal y como lo establece nuestra Constitución”.

“LA AMINISTÍA NO ES PARA QUIENES COMETIERON DELITOS DE LESA HUMANIDAD”

Por su parte, el también director de Foro Penal, Gonzalo Himiob Santomé se refirió al mecanismo de la ley de amnistía acordado recientemente por la Asamblea Nacional. “Debemos aclarar primero que la amnistía debe sustentarse en criterios técnicos y facticos aceptados tanto por la comunidad internacional como por nuestras normas constitucionales. Ninguna amnistía puede concederse a quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad o violado los Derechos Humanos, por eso hacemos un llamado al Parlamento a incluir en su proyecto de ley de amnistía que está en discusión una cláusula expresa de exclusión de la misma de quienes hayan violado los DDHH, con base a lo establecido en el artículo 29 de nuestra Carta Magna”, solicitó.

Himiob exhortó a la AN a no mezclar dentro de un mismo cuerpo normativo lo que es una amnistía que está dirigida a reconocer situaciones de prisión y persecución política injustas, con otros mecanismos de justicia transicional que tienen que ver con la concesión de incentivos o de beneficios procesales o jurídicos para quienes, habiendo violado los derechos humanos o habiendo cometido crímenes así lo acepten y contribuyan con el restablecimiento de la continuidad democrática y del Estado de Derecho.

“La amnistía concede a sus destinatarios impunidad total, pues reconoce que jamás han debido ser perseguidos o encarcelados. Esto no es aplicable a quienes hayan violado DDHH o hayan cometido crímenes de lesa humanidad. Estos últimos en todo caso, si aceptan sus culpas, y se pliegan a mecanismos de justicia transicional que les reinserten en la sociedad democrática, sobre la base de su colaboración en el restablecimiento de la democracia y el Estado de Derecho, pueden ser, dentro de la justicia transicional, receptores de incentivos o beneficios procesales o jurídicos que pueden incluir reducciones de pena, pero nunca su impunidad”, señaló.

Por otra parte, Himiob Santomé solicitó a la AN que sustente los criterios facticos, los hechos, sobre los que se decidirán quienes serán los eventuales destinatarios de una amnistía en informaciones validadas y verificadas no solo por organizaciones de DDHH nacionales sino también por los organismos internacionales. “De la revisión que hemos hecho de la lista de presos políticos a disposición de la Asamblea Nacional hemos encontrado que 117 personas de esas listas ya han sido desde hace tiempo excarcelados y, consecuentemente, ya no pueden ser tenidos como presos políticos sino como perseguidos políticos. Hoy hacemos pública esta lista de excarcelados para que el Parlamento venezolano cuente con la información precisa y adecuada que se necesita para la promulgación de una amnistía que objetiva y verdaderamente tome en cuenta a quienes en efecto siguen siendo presos políticos, a los perseguidos políticos y a los exiliados. De nuevo nos ponemos a la orden de los diputados para colaborar con este objetivo”, insistió.

En el año 2016 Foro Penal entregó a la AN una propuesta de ley de amnistía que fue avalada por al menos 50 organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras y con participación de más de 100 expertos jurídicos.

Himiob Santomé también se refirió a la iniciativa propuesta de crear una comisión de la verdad. “No están dadas las condiciones y pautas que desde el punto de vista internacional deben cumplirse para que se pueda constituir dicha comisión. De hecho, una de esas condiciones es que el conflicto, los abusos o la situación de represión que la motiva haya finalizado y esto no ha ocurrido, por lo cual, de acuerdo con los criterios del Alto Comisionado de DDHH de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), esto no sería posible ni adecuado en este momento”, alertó.

Por último, Himiob Santomé advirtió que la constitución de una comisión de la verdad puede conducir a que se suspendan o se finalicen las actuaciones que desde el año pasado (2018) comenzó la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

“Si el mensaje que se envía es que las graves violaciones a los DDHH y los crímenes de lesa humanidad eventualmente cometidos serán investigadas por una instancia interna, distinta de la Fiscalía ante el TPI, se corre el riesgo de que esta instancia deje de intervenir”.

En el adjunto,  lista de ciudadanos ya excarcelados que aparecen en listas de Presos Políticos distintas a la del Foro Penal (actualizada al 16/01/2019).

No se puede conceder amnistía a quienes incurrieron en violaciones de Derechos Humanos – La Patilla – 18 de Enero 2019

El director ejecutivo del Foro Penal, Alfredo Romero advirtió que no puede haber impunidad con una ley de amnistía cuando se inicie el gobierno de transición en el país, que termine favoreciendo a aquellos quienes cometieron violaciones de Derechos Humanos en Venezuela.

En ese sentido, el abogado de la ONG Gonzalo Himiob señaló que la amnistía propuesta por la Asamblea Nacional debe ajustarse a pautas internacionales.

“No se puede conceder la amnistía a quienes incurrieron en crímenes de guerra o de lesa humanidad”, explicó.

Aclaró que una cosa es la amnistía y otra cosa es el otorgamiento de beneficios procesales como parte de una transición, destacando que se suele caer en confusión con las medidas pero haciendo énfasis en que son dos mecanismos distintos.

También mencionó que el Foro Penal presentó una propuesta de amnistía a la AN que no fue tomada en cuenta, por lo cual hizo un llamado a los parlamentarios a que el contenido de la ley se discuta con los expertos y la sociedad civil antes de que sea promulgada.

Venezuela: Tortura de acusados de conspiración – Human Rights Watch – 9 de Enero 2019

Detención y abuso de militares y sus familiares

A %d blogueros les gusta esto: