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Alfredo Romero: “A la hora de defender los Derechos Humanos Zapatero ha dejado mucho que desear” – Libertad Digital – 8 de Mayo 2018

alfredo-romero-esradio-2-08052018.jpgEl director ejecutivo del Foro Penal Venezolano ha descrito la dramática situación de su país en los micrófonos de Es la Mañana de Federico.

“Más de 12.300 personas han pasado por la cárcel sólo desde el año 2014”, ha explicado Alfredo Romero en esRadio. “A día de hoy hay 336 presos políticos encarcelados, algunos de ellos para justificar un fracaso en las políticas públicas del gobierno, ya que se culpa de la escasez a empresarios o farmacéuticos y se les manda a prisión por ello”. Además, “la represión ha venido incrementándose en 2018”.

El Foro Penal Venezolano es una ONG de abogados que reúne a “más de 4.000 activistas” –la mayor parte abogados que trabajan gratuitamente– y, tal y como ha contado Romero, representa “a la mayoría de presos políticos” y a sus familiares en Venezuela. Por eso resulta tan sorprendente que Zapatero, “que decía estar muy preocupado por los presos políticos jamás ha querido reunirse con una organización como la nuestra”.

Una actuación que lleva a Romero a asegurar con rotundidad que “en lo que respecta a la defensa de los derechos humanos Zapatero ha dejado mucho que desear, yo he intentado reunirme con él porque siempre digo que, si tengo que reunirme con el diablo para liberar presos, lo haré, pero el diablo no me recibió”.

El “beneficio” de la represión

Alfredo Romero ha explicado que “para entender la situación venezolana hay que recordar que la represión tiene un beneficio político, también un coste, pero ese beneficio es muy importante: la intimidación, la destrucción de la sociedad, el miedo que quebranta a la oposición”.

En su opinión, en Venezuela “hay definitivamente un régimen que tiene como objetivo que no exista oposición y, de hecho, mucha de la oposición se ha tenido que ir del país”. Así, tal y como recordaba, “los candidatos que participaron en las elecciones de Maduro han tenido que huir o están inhabilitados, los partidos políticos más importantes están también inhabilitados, ¿qué elecciones son esas?”, ha dicho refiriéndose a las presidenciales que están a punto de celebrarse.

Romero ha explicado que “Venezuela y Cuba es básicamente el mismo régimen”y que, de hecho, actualmente “desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de los DDHH la situación es peor en Venezuela que en Cuba”.

Una situación de crisis que no es, para Romero, sólo un problema de políticas fallidas: “Destrozar la economía es parte de un plan para lograr que las personas dependan del gobierno. Es un sistema –ha dicho del chavismo– que busca esclavizar”, porque “la escasez hace que la gente dependa del gobierno”.

 

 

Jorge Rodríguez: «Oficiales conspiraron con la derecha en Venezuela» por Carmen Muñoz – ABC – 23 de Marzo 2018

El ministro de Comunicación y jefe de la Comisión de Diálogo del Gobierno de Maduro afirma que «más temprano que tarde se le reconocerá al expresidente Zapatero su inmenso papel»

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Jorge Rodríguez (Barquisimeto, 1965) hizo este jueves una visita relámpago a Madrid solo para contar «la verdad» del chavismo sobre la crisis generalizada que vive Venezuela. El ministro de Comunicación e Información, miembro del partido oficialista PSUV, jefe de la Comisión de Diálogo del Gobierno y jefe de campaña de Nicolás Maduro afirma en una entrevista a ABC que «es una barbaridad» la acusación de que su país se ha convertido en una «narcodictadura».

Al menos 34 militares han sido detenidos en las últimas semanas, según ha denunciado el abogado Alonso Medina Roa y diversas ONG, por una supuesta conspiración. Los analistas perciben una pérdida del apoyo de las FF.AA. al Gobierno de Maduro. ¿El ruido de sables es real?

Hay una unidad monolítica en este momento en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), alrededor de la Constitución y del comandante en jefe, que es el presidente constitucional Nicolás Maduro. En efecto, por razón de un oficial que fue abordado por otro y que de inmediato lo comunicó a sus superiores apareció una situación de unos pocos oficiales subalternos que estaban en contacto con factores de la derecha política venezolana a los efectos de promover acciones de complot y conspiración militar, ya completamente desactivado.

¿Son legítimas las elecciones del 20 de mayo cuando no participa la mayoría de la oposición y algunos de sus políticos más emblemáticos están inhabilitados para ocupar cargos públicos, como Leopoldo López o Henrique Capriles?

No es cierto que no participe la mayoría de la oposición. En Venezuela hay 18 partidos y en este momento 15 de ellos están participando en el evento electoral. Hay también una elección de diputados de los consejos legislativos estatales y ahí están participando todos los factores políticos de la oposición. De los cinco candidatos en liza al menos uno es de la oposición. Sería muy mezquino por parte de la extinta MUD (Mesa de la Unidad Democrática) señalar que Henri Falcón no pertenece a la oposición. Fue jefe de campaña de Capriles en los comicios de 2013, yo era el de Maduro.

Pero no han dejado presentarse a la MUD como marca.
La MUD ya ha dejado de existir. No, falso, les dimos todas las garantías, para eso estuvimos en República Dominicana, para firmar un acuerdo. No les han dejado participar otros. Hubo una llamada telefónica desde Colombia a Julio Borges (diputado opositor) para que no se firmara el acuerdo.

¿Quién estaba al otro lado del teléfono?
Factores de poder. El entonces secretario de Estado de EE.UU. Rex Tillerson curiosamente estaba en ese momento en Colombia reunido con el presidente Juan Manuel Santos.

¿Cómo valora la candidatura del exchavista, hoy opositor, Henri Falcón?
Es muy curioso que ahora digan que es exchavista. Henri Falcón, en efecto, así como otras muchas personas que ahora participan en la oposición, se inició en la vida política con el comandante Chávez, pero rápidamente abandonó la opción.

¿Molestó en el chavismo la fuga del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, el pasado noviembre?
No, es un prófugo de la justicia. Ocupa más espacio en los medios internacionales que el conocimiento que de él tienen los venezolanos. Prácticamente nulo.

¿No temen que por la ausencia de la oposición la mayoría de los países no reconozcan los resultados y la Unión Europea y Estados Unidos aprueben nuevas sanciones?
Las elecciones se van a celebrar con completa libertad, que venga a observarlas quien quiera. Algún día se sabrá cuál era la verdadera posición de Henry Ramos Allup y Henrique Capriles Radonski. Ambos estaban dispuestos a participar y presiones como la que mencioné antes lo impidieron.

¿Pero temen nuevas sanciones?
Son acciones unilaterales, de países que de manera grosera intentan agredir a Venezuela. Mientras más agresiones de este tipo haya, más mecanismos de consulta al pueblo vamos a seguir imponiendo. Hemos tenido 24 elecciones y vamos por la número 25 en 19 años de revolución bolivariana.

¿Figura en alguna lista de sancionados por la Administración Trump?
Creo que no, estoy en una lista de agresión del Gobierno de Canadá, país que por cierto ni conozco.

Su hermana Delcy Rodríguez preside la Asamblea Constituyente, tachada de ilegítima por una mayoría de países.
El artículo 247 de la Constitución dice con claridad que el presidente puede convocar en Consejo de Ministros una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), y eso fue lo que hicimos. Después estuvimos en arduas negociaciones con la oposición para que participara. La primera reunión fue en la residencia del embajador de España, en presencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Estuvimos a punto de acordar con la oposición su participación en la ANC, pero otra vez el poder de veto de los factores más extremistas de la oposición impidieron un acuerdo.

Como jefe de la Comisión de Diálogo del Gobierno, ¿que le parece el criticado papel de José Luis Rodríguez Zapatero?
Más temprano que tarde se le reconocerá el inmenso papel del expresidente Rodríguez Zapatero para lograr lo que ahora es una realidad en Venezuela, el país está en paz, no hay violencia como la que vivimos en algunos meses del año pasado.

¿Cuándo piensan restablecer las relaciones con España? El embajador Jesús Silva fue declarado «persona no grata» por su Gobierno y expulsado de Venezuela el pasado enero. No ayuda precisamente que Nicolás Maduro llame «fascista» a Mariano Rajoy.
El país europeo que más comunicados ha emitido contra el Gobierno de Venezuela ha sido el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Las acciones agresivas unilaterales de España y de otros países de Europa son agresiones reales contra el pueblo y su Gobierno legítimamente electo. Siempre hemos sido muy respetuosos con lo que ocurre en otros países. A veces nos preguntamos será que en España no hay problemas.

¿Qué responde a las acusaciones de que su país es una «narcodictadura»? Entre los sancionados por la Administración Trump figura el vicepresidente Tareck El Aissami, acusado de tráfico de drogas.
Es una barbaridad, un completo absurdo, uno de esos falsos positivos que les encanta montar a los distintos gobiernos de EE.UU. Cuando se desclasifiquen esos documentos se verá que era mentira, como las armas de destrucción masiva en Irak o el acorazado Maine. Es muy curioso que el principal consumidor de droga del mundo, EE.UU., y el principal productor, Colombia, hablen del narcotráfico en Venezuela. Cuando no es un país ni que produzca ni que consuma.

Pero se ha denunciado que Venezuela sería un país intermediario.
Los organismos que más saben de droga en el mundo señalan que la droga que va principalmente de Colombia a EE.UU. no va por Venezuela y el Caribe, sino por el Pacífico principalmente.

¿Por qué no permiten la entrada de ayuda humanitaria en Venezuela? Se han visto imágenes de ciudadanos buscando alimentos entre la basura o a bebés abandonados en el metro de Caracas porque sus madres no podían alimentarlos.
Eso de los bebés es una cosa que de manera recurrente se publica en forma de falsas noticias y luego no conseguimos la prueba. En cuanto a la ayuda, la diplomacia humanitaria se refiere a dos eventos: situaciones de guerra y catástrofe natural. Venezuela no cumple ninguna de las dos condiciones. Tenemos problemas, sí, pero ya hemos venido solventando la gran mayoría en materia de provisión de alimentos y medicinas.

¿Ve a Maduro sentado en el banquillo de los acusados de la Corte Penal Internacional por violaciones a los derechos humanos? La exfiscal Luisa Ortega denunció el pasado viernes al presidente y dos altos cargos de su Gobierno por «masacrar» al agente de Policía Oscar Pérez y su grupo el pasado 15 de enero.
Por la Constitución, el fiscal general tiene el monopolio de la acción penal. Eso quiere decir que cualquier acción judicial que se haya tomado en Venezuela después de que se aprobó la Constitución en 1999 es responsabilidad directa de la Fiscalía General de la República. Quien imputa a Leopoldo López por los hechos violentos de 2014 es la fiscal Luisa Ortega Díaz. Está descubierto por el fiscal general Tarek William Saab una red de extorsión donde participaron fiscales cercanos a Luisa Ortega y su propio esposo, quienes en México y Panamá convocaban a gerentes petroleros para cobrarles comisiones. Esa es la razón por la que no se pudo avanzar más mientras ella fue fiscal en la lucha contra la corrupción. Apenas es destituida del cargo por la Asamblea Nacional Constituyente aparecen todas estas acciones contra la corrupción, que ocurría cuando era fiscal, ella cobraba millones de dólares para amparar a corruptos y delincuentes que pululaban en la empresa petrolera (Pdvsa).

Organizaciones como Foro Penal aseguran que en Venezuela hay más de 200 presos políticos, muchos de los cuales han denunciado torturas.
Foro Penal no es una organización de derechos humanos sino política que participa activamente en las reuniones de la llamada MUD. Una cosa es que haya presos políticos, como se ha intentado vender en el exterior, y otra cosa es que un político incurra en violaciones a la Constitución y por tanto tenga que atender un llamado de los organismos de justicia en Venezuela.

Usted es médico con un postgrado en Psiquiatría. ¿Qué le parecen los salarios que perciben sus colegas de profesión, la situación de los hospitales venezolanos y la escasez de medicinas?
Hay un situación real respecto a los salarios. El presidente Maduro ha hecho todo lo posible por defender los salarios en contra de la inflación inducida. Hemos tenido más de 20 incrementos salariales y una serie de sistemas de bonos que han venido protegiendo a la población. En este momento, casi el 100% de la población tiene acceso a la salud gratuita en Venezuela. Estamos corrigiendo los problemas con los medicamentos.

¿A qué se debe la escasez de bolívares?
Tiene que ver con una acción agresiva sobre todo desde un país vecino como es Colombia. Un bolívar cuesta diez veces menos en Cúcuta que en Bogotá, entonces se convierte en un recurso para el contrabando. En los próximos días van a tener noticias nuestras para corregir eso.

¿No le parece dramática la situación de los miles de venezolanos desplazados en Cúcuta?
Las migraciones en países como México, Colombia, República Dominicana, Perú, Haití o Ecuador no es un fenómeno que viviéramos en Venezuela. Y lo hemos empezado a ver, sobre todo en los últimos años, pero de ninguna manera con las cifras que opiniones interesadas han venido señalando en el extranjero. En Venezuela viven 5.800.000 colombianos. La población de Colombia son 40 millones de habitantes, es decir, más del 11% de la población de Colombia vive en Venezuela. Muchos de los que se están yendo son colombianos que se están repatriando, que prefieren volver a pesar de que los atendimos sin ningún tipo de xenofobia.

¿Que le parece la retirada de la invitación para que Nicolás Maduro para que asista a la Cumbre de las Américas, que se celebra en Lima el 13 y 14 de abril?
Creo que el único mandatario hasta ahora que no va a poder asistir a la Cumbre de las Américas es el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Maduro dijo que iba, el que no puede es Kuczynski.

 

Justicia sin fronteras para Venezuela por Ricardo Hausmann – Project Syndicate – 7 de Febrero 2018

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TIRANA – Mientras la catástrofe humanitaria de Venezuela empeora día tras día, los gobiernos de la región y de otros continentes se preguntan cómo responder. Quizás haya llegado el momento para que la sociedad civil invente nuevas formas de intervenir.
De acuerdo a las estimaciones del “Billion Prices Project” de MIT, la inflación en alimentos en el mes de enero alcanzó el 117,6%, o el equivalente a 1.130.000% al año. Al mismo tiempo, el tipo de cambio se depreció a una tasa anual de más del 700.000%, mientras que el poder de compra real de los salarios –el cual apenas representaba 1.400 calorías diarias en diciembre– se decimó aún más. Una encuesta publicada a principios de enero estimó la emigración reciente en cuatro millones de personas, casi igual al número de personas que se han ido de Siria.

Los gobiernos de Las Américas y de Europa se encuentran en terra incognita. Si el problema se tratara simplemente de violaciones flagrantes a la Carta Democrática de la Organización de los Estados Americanos –certificadas de manera convincente por el Secretario General de OEA, Luis Almagro– se podrían considerar soluciones a ser implementadas en meses o años. Pero Venezuela no representa un simple problema político; es una catástrofe humanitaria cuyas proporciones no tienen precedentes.
Es cierto que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ejerce el poder de modo inconstitucional, basándose en decretos de emergencia y en una asamblea constituyente todopoderosa, monopartidista, establecida ilegalmente, mientras ignora a la Asamblea Nacional legítimamente elegida y prohíbe los partidos políticos de oposición. Pero las consecuencias de este desgobierno son tales que los venezolanos se están muriendo de hambre, el sistema de salud ha colapsado, y la violencia y las enfermedades contagiosas están ahora prácticamente fuera de control.

Bajo estas circunstancias, el tiempo –medido en vidas humanas– tiene un costo intolerablemente alto, motivo por el cual hace poco tiempo propuse una solución política que involucraba la asistencia militar internacional para consolidar a un nuevo gobierno nombrado por la Asamblea Nacional. Algunos países latinoamericanos, comenzando por Brasil, rápidamente emitieron declaraciones indicando que esta opción está fuera de juego. Algunos académicos y medios de comunicación también expresaron su oposición a esta idea.

Sin embargo, nadie ha propuesto una solución mejor, salvo la esperanza de que las sanciones individuales lideradas por Estados Unidos o un embargo petrolero tengan éxito. A medida que la situación empeora, todos tendrán que reconsiderar sus opciones. Sencillamente, no han logrado formular una alternativa efectiva que sea más aceptable.

Quizás ha llegado la hora de que la sociedad civil internacional actúe. De hecho, las soluciones que se desarrollen para enfrentar esta crisis quizás se constituyan en un ejemplo a seguir para enfrentar crisis semejantes en otras naciones.

En su excelente libro The Internationalists, Oona Hathaway y Scott Shapiro describen cómo el pacto Briand-Kellog de 1928 y los que lo sucedieron redujeron de manera notable las guerras de conquista, no mediante el enfrentamiento militar a los agresores, sino sencillamente negándoles el reconocimiento de su soberanía sobre los territorios ilícitamente obtenidos por ellos. Hathaway y Shapiro van incluso más lejos, argumentando que la cooperación internacional en ámbitos como el comercio, la protección ambiental, y la coordinación tributaria, ha progresado notablemente aún en ausencia de mecanismos internacionales de imposición de obligaciones. Otra vez, la clave ha sido negar reconocimiento a los actores que incumplen.

La base intelectual de Hathaway y Shapiro es la antigua tradición islandesa de la expulsión u ostracismo de quienes violan las normas sociales. Dado que la vida es intrínsecamente social, desconectar a los individuos de las redes que todos usamos para sobrevivir y desarrollarnos puede ser un castigo muy duro –y se puede aplicar de manera descentralizada–.

Todos dependemos de personas dispuestas a vendernos, comprarnos, prestarnos, administrar nuestros ahorros, educar a nuestros hijos, alojarnos en sus hoteles, alimentarnos en sus restaurantes, conectarnos al internet, permitirnos viajar a sus países, pagar con tarjetas de crédito, y tratarnos con el respeto al que normalmente tienen derecho los seres humanos. La vida sin acceso a estos vínculos debe ser un infierno.

Si el amenazar con ostracismo a los potenciales tiranos y a sus esbirros es un arma suficientemente disuasiva, es una pregunta empírica. Pero ciertamente vale la pena averiguar silo es.

Entonces, he aquí otra propuesta. Instituciones de la sociedad civil venezolana, como el premiado Foro Penal, deberían preparar, usando sus propios datos y el crowdsourcing, una lista cuidadosamente curada y documentada de los esbirros del régimen. Esta lista debería incluir a todos los que hayan violado flagrantemente los derechos humanos abusando de la autoridad del Estado, o que hayan actuado para contribuir al ejercicio inconstitucional del poder. En ella deberían estar ex officio los ministros de gobierno, los miembros del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Supremo y de la Asamblea Constituyente, como también el fiscal general, el alto mando militar y los jefes de la Guardia Nacional y de los servicios de inteligencia civil y militar, entre otros.

Pero un estado dictatorial depende también de muchos otros secuaces. Fiscales, jueces civiles y militares, policías, miembros de la Guardia Nacional, agentes de seguridad, y otros que han inventado cargos penales, abusado de los reos, y dilatado o denegado justicia, también deberían ser incluidos en la lista. Al igual que los integrantes de los colectivos que hayan aterrorizado a la población, y quienes hayan coaccionado a los empleados públicos amenazándolos con el despido a menos que votaran o actuaran políticamente según lo ordenado.

Instituciones respetadas, como Human Rights Watch, deberían auditar la lista para certificar la exactitud de la información y dar a los acusados la oportunidad de refutar los cargos. Pero este no es un tribunal penal. La lista ha de emplearse precisamente porque en Venezuela no existe el imperio de la ley. Esta, en vez de limitar a quienes deben administrar su ejercicio, los envalentona. Bajo estas circunstancias, todos los que contribuyan a mantener el régimen merecen ser castigados.

A medida que la lista se haga pública, los gobiernos, empresas y otras organizaciones del mundo deberían negarse a interactuar con las personas que aparecen en ella, y así evitar mancillar de colaboracionismo a su reputación. El Grupo de Lima, integrado por 12 países latinoamericanos, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y otros, deberían negar visas y acceso a servicios prestados por las empresas de sus países. Asimismo, deberían participar bancos, líneas aéreas, compañías de tarjetas de crédito, redes sociales, cadenas de hoteles, clubes sociales y otras organizaciones, a fin de evitar la percepción de que se están beneficiando al prestarles servicios a tales delincuentes. Y la lista debería darse a conocer de manera gradual (y tal vez aleatoria), para así dar tiempo a que los esbirros deserten y a que el régimen se desmorone.

La meta de esta estrategia no es la venganza. Es imponer un tipo de castigo descentralizado que haga pagar muy caro a los regímenes dictatoriales por violar impunemente los derechos humanos y hacerles más difícil el mantenimiento de un ejército disciplinado de secuaces que “solo cumplen órdenes”, como si esto los eximiera de responsabilidad moral. De hecho, la mayoría de los esbirros del régimen han enviado a sus familias al exterior, protegiéndolas así del caos que han creado en el país. Colocar a sus cónyuges e hijos en la lista haría que el ostracismo fuera potencialmente mucho más efectivo.

En países democráticos, se espera que la justicia la administre el Estado. Pero en casos como el de Venezuela, el mundo necesita modos efectivos y de bajo costo para disuadir a los tiranos y sus secuaces. Al fin y al cabo, ¿no somos todos los guardianes de nuestros hermanos?

Traducción del inglés por Ana María Velasco

Foro Penal ante los hechos que condujeron a la muerte violenta de Oscar Pérez y 8 personas más – 17 de Enero 2018

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El Foro Penal, ante los sucesos ocurridos el día 15 de enero de 2018 en El Junquito, en los que de manera violenta perdieron la vida Oscar Pérez y al menos ocho personas más, expresa a los venezolanos y a la comunidad internacional cuanto sigue:

PRIMERO: Repudiamos cualquier acto de violencia o cualquier atentado contra la vida, sin distinciones. El derecho a la vida es inviolable, así lo establecen de manera clara el artículo 43 de la Constitución y múltiples Tratados Internacionales vigentes en Venezuela. Además, de acuerdo a los PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE EL EMPLEO DE LA FUERZA Y DE ARMAS DE FUEGO POR LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY, adoptados en el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, en La Habana, Cuba, el 07 de septiembre de 1990, es deber del Estado, incluso cuando cumple funciones policiales o de control del orden público, garantizar la vida y la integridad física de todos los ciudadanos, incluso la de aquellos que hayan sido señalados como autores o partícipes en hechos punibles, procurando en los operativos policiales y de seguridad, siempre que sea posible, el uso de armas no letales o incapacitantes con el fin de causar el menor daño posible a quienes se desea neutralizar o incluso a terceros inocentes, ajenos a los hechos; respetando el derecho de las personas a ser tenidas y tratadas como inocentes hasta que una sentencia definitiva y firme no disponga lo contrario y a ser sometidas, si corresponde, a la justicia formal, sin incurrir en prácticas que puedan ser consideradas como ajusticiamientos o ejecuciones informales o como la aplicación informal de la pena de muerte, expresamente prohibida en Venezuela por la Constitución.

SEGUNDO: Incluso en situaciones extremas es obligación del Estado, representado en los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, utilizar y agotar en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de las armas de fuego. Solo se pueden utilizar la fuerza y armas de fuego cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto, e incluso en estos casos los funcionarios actuantes deben actuar con moderación, tomando en cuenta objetivamente la gravedad de la situación de acuerdo al fin que se persiga, y reduciendo al mínimo posible los riesgos de daños a la vida e integridad física de las personas involucradas.

En consecuencia, aún en el supuesto de que, en los hechos acaecidos en fecha 15 de enero de 2018, se hubiese tratado de algún operativo legítimo que autorizara, de acuerdo a las normas vigentes, el uso diferenciado y progresivo de la fuerza pública y de las armas, en el contexto de una investigación penal legítima adelantada conforme a la normas respectivas, no se justifica en ningún caso, y es un craso contrasentido, que en un acto de pretendida “lucha contra la delincuencia” el Estado mismo y sus funcionarios violen las reglas nacionales e internacionales que están obligados a cumplir en estas situaciones y se coloque, también, al margen de la ley.

TERCERO: De acuerdo al principio 8 del antes mencionado conjunto de PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE EL EMPLEO DE LA FUERZA Y DE ARMAS DE FUEGO POR LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY, no se podrán invocar circunstancias excepcionales tales como la inestabilidad política interna o cualquier otra situación pública de emergencia para justificar el quebrantamiento de los principios básicos que rigen el uso de la fuerza por parte de los funcionarios de seguridad del Estado.

CUARTO: Según al artículo 324 de la Constitución vigente en Venezuela, el monopolio en el uso de las armas lo tiene el Estado, representado en estos casos por los componentes regulares de las Fuerzas Armadas Nacionales y los cuerpos de policía, su uso está limitado por normas dirigidas a la protección los Derechos Humanos (Art. 332, segundo párrafo, de la CRBV) y especialmente de la vida e integridad física de las personas. Es absolutamente inaceptable, y constituye incluso una gravísima violación a los DDHH, que se permita, promueva o avale la participación de individuos o grupos civiles irregulares o paramilitares, sin competencia legal ni entrenamiento, en operaciones policiales o militares o, en general, en funciones de seguridad o de control del orden público.

QUINTO: El uso de armas de guerra, como lanzacohetes (RPG-7) y otras de altísimo potencial letal, contra ciudadanos que públicamente habían manifestado su intención de deponer las armas y de entregarse a las autoridades, constituye un grave delito y una flagrante violación a los Derechos Humanos.

SEXTO: En virtud de todo lo antes expresado exigimos, del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo, una investigación independiente, exhaustiva, objetiva e imparcial sobre los hechos, no solo con el objeto de determinar la verdad de los hechos en cuanto a quienes han sido estigmatizados por el gobierno, sin haber sido jamás sometidos a la justicia formal, como “terroristas” o “criminales”, sino también dirigida a establecer, en los funcionarios policiales y militares actuantes, así como en los civiles involucrados, sus eventuales responsabilidades legales por el eventual uso ilegal, indebido y desproporcionado de la fuerza letal.

En Caracas a los diecisiete (17) días del mes de enero de Dos Mil Dieciocho (2018).-

Foro Penal

Alfredo Romero – Director Ejecutivo

Gonzalo Himiob Santomé – Director

Robiro Terán – Director

Mariela Suárez – Coordinadora Operativa Nacional

Dimas Rivas – Coordinador Estado Aragua

Luis Armando Betancourt – Coordinador Estado Carabobo

Laura Valbuena – Coordinadora Estado Zulia

Patricia Borges – Coordinador Estado Bolívar

Raquel Sánchez – Coordinadora Estado Táchira

José Armando Sosa – Coordinador Estado Monagas

Lucía Quintero – Coordinadora Estado Barinas

José Reyes – Coordinador Estado Falcón

Abraham Cantillo – Coordinador Estado Lara

Fernando Cermeño – Coordinador Estado Mérida

Alberto Iturbe – Coordinador Estado Miranda (Altos Mirandinos)

Adriana Nápoles – Coordinador Estado Miranda (Valles del Tuy)

Rossana Carreño – Coordinadora Estado Anzoátegui

Olnar Ortiz – Coordinador Estado Amazonas

Néstor Gutiérrez – Coordinador Estado Cojedes

Pedro Arévalo – Coordinador Estado Nueva Esparta

José Torres Leal – Coordinador Estado Portuguesa

Daniel Salazar – Coordinador Estado Sucre

Rafael Maldonado – Coordinador Estado Trujillo

Gabriel Gallo – Coordinador Estado Yaracuy

Wiecza Santos – Coordinadora Estado Apure

Gobierno sólo liberó 16% de los presos políticos – La Patilla – 27 de Diciembre 2017

alfredoromero-768x512.jpgAlfredo Romero, director ejecutivo de Foro Penal, denunció que la liberación de los 44 presos políticos que se llevó a cabo desde el 23 hasta el 26 de diciembre solo representa el 16% del total de todos los presos políticos.

“216 personas siguen tras las rejas, porque los 44 presos políticos que han sido liberados solo representan el 16% de todos las que se encuentran actualmente tras las rejas”, dijo el abogado.

También aseveró hay 167 nuevos presos políticos desde agosto del año 2016, y que a pesar de dichas liberaciones 800 personas se encuentran tras las rejas por motivos políticos.

“Cuando se liberan personas se encarcelan otras. Por ejemplo, el día de ayer se encarceló a una persona, lo que da como resultado que lo que está sucediendo no es una real solución para acabar con la persecución política”.

Sobre el futuro de las personas que fueron liberados estas navidades, Romero indicó que los expresos no saben que medidas cautelares tendrán y que se les será notificado el próximo 8 de enero.

Del mismo modo recalcó que actualmente se encuentran más de 7000 personas, que a pesar de haber sido liberadas, tienen medidas restrictivas a la libertad.

“No se sabe nada porque el día de ayer el grupo de abogados estuvieron frente a tribunales en compañía de las personas excarceladas y no había despacho, por lo tanto esto se sabrá el 8 de enero, sin embargo, por las declaraciones que dio Delcy Rodríguez se puede presumir que serán medidas sustitutivas, y con medidas restrictivas a la libertad se encuentran más de 7000 personas a pesar de haber sido liberadas”, declaró.

Es importante destacar que Romero aseguró que este número de detenidos es el más alto del régimen oficialista desde los inicios de la revolución.

 

Estos son los presos políticos liberados antes de la Nochebuena por Ysabel Fernández – Venepress.com – 24 de Diciembre 2017

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Se trata de la excarcelación de 44 ciudadanos venezolanos que habían sido detenidos por razones políticas entre 2014 y 2017

El gobierno de Nicolás Maduro, por medio de la Comisión de la Verdad de la ANC, liberó a más presos políticos, entre la noche del 23 de diciembre y la madrugada del 24, justo antes de la Nochebuena.

Los opositores liberados guardan relación con las protestas de 2014 y 2017.

Conozca algunos de los perfiles de quienes salieron en libertad bajo “ciertas condiciones”

Los morochos Sánchez figuran entre los que recibieron medidas cautelares. Francisco Alejandro Sánchez y Francisco José Sánchez, finalmente pudieron reencontrarse con sus familiares. Ambos fueron detenidos en abril de este año por presuntamente estar vinculados al incendio de la sede Magistratura del TSJ durante las protestas en Chacao. Fueron acusados de instigación pública y agavillamiento.

12 efectivos de Polichacao fueron puestos en libertad: Venus Medina, María Pérez, César Mijares, Alfredo Chirinos, Jorge Delgado, Darwin Herdes, Ángel Sánchez, Jhonny Velásquez, Eduardo Salazar, Edgar González, Eduardo Salazar y Miguel Mora. Los funcionarios fueron detenidos en junio de 2016 al vincularlos presuntamente con el asesinato del periodista Ricardo Durán, suceso que tuvo lugar durante el mes de enero de ese año en Caricuao .

Alfredo Ramos, exalcalde del municipio Iribarren del estado Lara, también recibió una medida sustitutiva. El dirigente fue detenido el pasado 28 de julio de 2017 por funcionarios del Sebin, tras el desacato a una sentencia del TSJ que prohibía las barricadas y protestas en su jurisdicción.

Alexander Sierra, ahora compartirá esta Navidad con su familia. Su caso fue particular porque fue presentado ante tribunales de jurisdicción militar, tras 45 días el fiscal militar no lo acusó pero siguió preso porque declinaron la competencia a jurisdicción ordinaria.

El profesor Carlos Pérez, también está en libertad. Fue encarcelado el 8 de mayo de 2014 por funcionarios de la Guardia Nacional en medio de un procedimiento para desalojar un campamento de manifestantes instalado frente a la a sede del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo en Caracas.

Alejandro Zerpa, dirigente juvenil de un Nuevo Tiempo recibió esta medida cautelar y está en libertad. Fue detenido el 17 de agosto 2015 por el Sebin, luego que el asesino de Liana Hergueta, caso de una mujer descuartizada lo incriminara en este hecho.

Betty Grossi, docente, fue detenida el 17 de agosto de 2015 acusada de presunto financiamiento al terrorismo por caso relacionado al asesinato de Liana Hergueta.

Andrea González y Dany Abreu, también fueron puestos en libertad. Esta pareja fue detenida el 17 de agosto de 2015 por funcionarios del Sebin, fueron señalados inicialmente por presuntos actos terroristas relacionados a un supuesto atentado contra la hija de Diosdado Cabello, González luego fue imputada por supuesto financiamiento al terrorismo.

Carmen Salazar, ahora goza de libertad fue una de las detenidas este 2017 durante las protestas contra el gobierno, señalada por prestar apoyo logístico en las manifestaciones.

Juan Miguel de Sousa, ingeniero en ciencias en computación de la Universidad Simón Bolívar, le dieron “libertad plena” con la condición de su salida del país. Fue detenido en 2015 por funcionarios del Sebin, lo acusaron de presunta asociación para delinquir y terrorismo al ser señalado de una presunta operación de contratación de hackers.

Santiago Guevara, el profesor de la Universidad de Carabobo fue liberado este 23 de diciembre luego que estuvo casi un año preso en el Dgcim. Guevara quien es economista fue detenido el pasado 21 de febrero imputado por los delitos de traición a la patria y rebelión.

Roberto Picón, asesor de la MUD fue liberado durante la madrugada de este 24 de diciembre, según lo informó su amigo y compañero opositor Jesús Torrealba. Fue detenido el 22 de junio de 2017 imputado por cargos de traición a la Patria, rebelión militar y sustracción de objetos militares.

También fueron liberados los tuiteros Rafael Liendo, Víctor Ugas, Leonel Sánchez.

Horas antes de la Nochebuena este 24 de diciembre fueron liberados Alfredo Ocando, Luis Ospina, Guido Rodríguez, Omar López, Larry Aparicio, y Miguel Cegarra.

Foro Penal Venezolano publicó un listado con los 44 liberados hasta el momento.

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Foro Penal Venezolano advierte que acuerdo chavismo-oposición pretende liberar a presos políticos “fantasmas” por Orlando Avendaño – Panampost – 13 de Diciembre 2017

foropenalalfredoromero.jpgLo que denuncia el Foro Penal es grave. Se estaría afirmando que la MUD, con tal de ofrecer “victorias” y “resultados”, estaría dispuesta a falsificar la información. El Foro Penal Venezolano denuncia que aparentemente la oposición y el chavismo —con la mediación del expresidente español, Zapatero—, estarían “inflando” la lista de presos políticos para ofrecer luego liberaciones como resultados de los encuentros en República Dominicana.

La denuncia la hace el director ejecutivo de la Organización Foro Penal, Alfredo Romero, quien goza del prestigio y la relevancia para hablar apropiadamente sobre los presos políticos.

“Cuidado con listas ‘fantasmas’ (que nadie sabe quienes son) de presos políticos, que alteran incluyendo presos políticos (por ejemplo, 380), y luego dicen que liberan a algunos números que nadie sabe quienes son, con el objeto de cantar victoria falsa”, escribió Romero en su cuenta de Twitter.

Además, insistió en que Zapatero “es experto en esta farsa”.

“Son 271 los presos políticos según la cifra del Foro Penal, certificada por Luis Almagro. Preocupante que aumenten la cifra para atribuir una falsa liberación al acuerdo entre la MUD y el Gobierno. Ya lo han hecho antes. Pedimos a la Asamblea Nacional que enviara la lista de 385 y nadie responde”, continuó el reconocido abogado.

Lo que denuncia el Foro Penal es grave. Se estaría afirmando que la Mesa de la Unidad Democrática, con tal de ofrecer “victorias” y “resultados” de los rechazados encuentros de República Dominicana, estaría dispuesta a falsificar la información y a jugar con los presos políticos.

Ya anteriormente el Foro Penal ha denunciado el desinterés de la oposición oficial por los presos políticos. Según Romero y Gonzalo Himiob, directores de la ONG que defiende a los secuestrados por el régimen, la Mesa de la Unidad Democrática no maneja la lista que ellos tienen de presos.

Es una lista que además recibe el respaldo y la certificación de la Organización de Estados Americanos.

“Esto trae el peligro de que, contra los criterios validados a nivel internacional, se incluya en dichas listas a personas que no son presos o perseguidos”, dijo Romero el 27 de noviembre de este año.

Oposición decide quiénes son presos políticos y quiénes son exiliados
La opacidad que enloda los diálogos en República Dominicana y las presuntas intenciones de la MUD de falsificar la lista y ofrecer mentiras a los venezolanos, recuerda a un episodio reciente, cuando también se hizo una acusación importante.

La abogada defensora de derechos humanos y directora ejecutiva del Casla Institute, Tamara Suju, quien se encuentra en República Checa, publicó en su cuenta de Twitter un alarmante mensaje.

En el que según ella, el opositor Luis Florido, quien forma parte de la dirigencia que se reúne en República Dominicana, le escribió preguntándole si incluía su nombre en la lista que le entregarían al régimen chavista.

Es un mensaje inaceptable, de un opositor que pretende establecer quiénes son exiliados y si sus derechos serían negociados. Un mensaje, por cierto, repudiado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. “Si esta es base de la negociación, la misma es indignante”, escribió el alto diplomático en su cuenta de

Venezuela: Abusos sistemáticos contra opositores – Human Rigths Watch – 29 de Noviembre 2017

logo.png(Washington D.C.) – El gobierno venezolano ha empleado en forma sistemática fuerza brutal, incluidas torturas, contra manifestantes críticos del gobierno y opositores políticos, señalaron en un informe difundido hoy Human Rights Watch y la organización venezolana Foro Penal.

El informe de 73 páginas, “Arremetida contra opositores: Brutalidad, tortura y persecución política en Venezuela”, documenta 88 casos sobre al menos 314 personas, muchas de las cuales describieron haber sufrido graves violaciones de derechos humanos en Caracas y 13 estados entre abril y septiembre de 2017. Miembros de las fuerzas de seguridad golpearon violentamente a detenidos y los torturaron con descargas eléctricas, asfixia, agresiones sexuales y otras técnicas brutales. También emplearon la fuerza excesiva contra personas en las calles, y detuvieron y procesaron arbitrariamente a opositores del gobierno. Aunque no fue la primera arremetida contra críticos del gobierno de Nicolás Maduro, la magnitud y gravedad de la represión en 2017 llegó a niveles inéditos en la historia reciente venezolana.

“Los abusos perversos y generalizados contra opositores del gobierno en Venezuela, incluidos casos de torturas aberrantes, y la impunidad total de los agresores sugiere responsabilidad gubernamental en los más altos niveles”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “No se trata de abusos aislados u ocasionales por parte de agentes insubordinados, sino más bien de una práctica sistemática de las fuerzas de seguridad venezolanas”.

Los abusos perversos y generalizados contra opositores del gobierno en Venezuela, incluidos casos de torturas aberrantes, y la impunidad total de los agresores sugiere responsabilidad gubernamental en los más altos niveles

El informe se basa en entrevistas realizadas a más de 120 personas, incluidas víctimas y sus familiares, abogados afiliados al Foro Penal que asistieron pro-bono a víctimas en audiencias judiciales y profesionales médicos que atendieron a personas heridas durante las manifestaciones o en lugares próximos a ellas. También evaluamos las evidencias disponibles que corroboraban los testimonios, incluidas fotografías, grabaciones de vídeo, informes médicos y sentencias judiciales, y consultamos informes y declaraciones oficiales.

En algunos casos, los miembros de las fuerzas de seguridad detonaron cartuchos de gas lacrimógeno en ambientes cerrados donde había personas detenidas, hacinaron a los detenidos en pequeñas celdas de confinamiento por períodos prolongados y les negaron acceso a alimentos o agua, o los obligaron a ingerir alimentos contaminados deliberadamente con excremento, cenizas de cigarrillos o insectos.

En varios casos, los detenidos fueron víctimas de abusos físicos y psicológicos, con la presunta intención de castigarlos o coaccionarlos para que se incriminaran o comprometieran a otros, incluyendo a dirigentes opositores. El tipo de abusos y el momento en que se produjeron muchos de ellos —así como la expresión frecuente de epítetos políticos por los agresores— sugieren que el propósito no fue garantizar la aplicación de la ley ni dispersar las protestas, sino más bien castigar a personas por sus supuestas opiniones políticas, señalaron Human Rights Watch y el Foro Penal.

“No es nada más un líder político; no es nada más una figura pública. Es un ciudadano de a pie; fui yo”, dijo Ernesto Martin (seudónimo), de 34 años, quien fue detenido en su hogar por haber criticado públicamente al gobierno y luego torturado para incriminarse y confesar que tenía supuestos nexos con la oposición política.

A pesar de las evidencias abrumadoras de violaciones de derechos humanos, Human Rights Watch y el Foro Penal no consiguieron ningún indicio de que funcionarios públicos en puestos clave —incluidos aquellos que sabían o debían haber sabido sobre los abusos— hayan adoptado medidas para prevenir y sancionarlos. Por el contrario, a menudo han restado gravedad a los abusos o han negado indiscriminadamente, y con total inverosimilitud, lo sucedido.

En abril, decenas de miles de manifestantes salieron a las calles en Venezuela, en respuesta a una maniobra del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela —que es completamente servil a la presidencia— para usurpar los poderes de la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Las manifestaciones se multiplicaron rápidamente por todo el país y siguieron durante meses, alimentadas por el descontento generalizado con las prácticas autoritarias del Presidente Maduro y la crisis humanitaria que ha devastado al país durante su gobierno.

Los abusos en las calles han disminuido desde julio tan sólo porque hay menos manifestaciones, pero el gobierno no ha dado señales de que tenga previsto renunciar a la represión brutal de opositores, ni mucho menos de exigir que los funcionarios rindan cuentas por los abusos generalizados que se cometieron. La impunidad ha sido la regla.

El gobierno venezolano ha caracterizado las protestas en todo el país como violentas. Hubo algunos episodios en los cuales ciertos manifestantes emplearon violencia, por ejemplo, arrojando piedras y cócteles Molotov contra las fuerzas de seguridad. No obstante, los abusos violentos documentados no fueron parte de un intento por reprimir manifestaciones violentas. Por el contrario, estas atrocidades se infligieron a personas que ya estaban bajo la custodia o el control de las fuerzas de seguridad, o constituyeron actos de violencia desproporcionada o abusos deliberados contra personas en protestas, en las calles o incluso en sus propias viviendas.

Miembros de las fuerzas de seguridad y de pandillas armadas partidarias del gobierno, llamadas “colectivos” en Venezuela, han provocado decenas de muertes y cientos de heridos. En muchos casos, han disparado cañones de agua, gases lacrimógenos y perdigones a corta distancia, de tal forma que parecen haber tenido como propósito causar lesiones dolorosas.

“Desde abril, las autoridades han detenido al menos a 5.400 personas”, indicó Alfredo Romero, director del Foro Penal. “Algunos detenidos fueron liberados sin haber sido llevados ante un juez, pero otros fueron objeto de procesos penales arbitrarios sin las garantías más básicas de debido proceso”.

Al menos 757 civiles fueron juzgados en tribunales militares por delitos que incluyeron traición a la patria y rebelión militar, en violación del derecho internacional.

Gobiernos de la región y otros continentes han condenado la represión de la expresión y protesta pacífica en Venezuela. Es crucial que, con urgencia, se redoble la presión multilateral sobre el gobierno venezolano para que este libere a quienes fueron detenidos arbitrariamente, desista de los cargos en procesos penales con motivaciones políticas y actúe para que los responsables de violaciones de derechos humanos respondan por sus actos.

Antes de la publicación del informe, Human Rights Watch y el Foro Penal compartieron sus conclusiones con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien está realizando un seguimiento detallado de la situación de los derechos humanos en el país.

“Hay altos funcionarios venezolanos que son responsables por los abusos graves y extendidos que están siendo cometidos por sus subordinados”, destacó Vivanco. “Los gobiernos comprometidos con solucionar la crisis venezolana deberían enviarles un mensaje claro: si el gobierno venezolano no demuestra tener la capacidad o voluntad para que los miembros de las fuerzas de seguridad respondan penalmente en Venezuela por los abusos que cometen, entonces la comunidad internacional promoverá que se haga justicia en el extranjero”.

A continuación, se encuentra disponible una selección de casos documentados.

Selección de casos de abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad

Ernesto Martin (seudónimo) (34), Caracas. En abril, agentes de inteligencia detuvieron a Martin después de que este criticara públicamente al gobierno. Dijo que agentes le esposaron las manos y los tobillos, lo colgaron del techo y le aplicaron descargas eléctricas mientras le preguntaban por sus vínculos con la oposición. Afirmó haber sido golpeado y amenazado de muerte. Durante semanas, no se permitió a Martin ver a su familia, su abogado ni a un juez. Lo liberaron luego de advertirle que no podría hablar de política en sus redes sociales. Martin huyó del país.

Alejandro Pérez Castilla (seudónimo) (32), estado Carabobo. El 26 de julio, agentes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvieron a Pérez durante una manifestación. Contó que lo subieron a un vehículo blindado, donde lo golpearon durante horas, le pisotearon los dedos de la mano, le presionaron el rostro contra los genitales de uno de los guardias y amenazaron con violar a su hija. Según dijo, mientras estaba detenido, los agentes le frotaron polvo de gas lacrimógeno en el rostro, los ojos, la nariz, y en las heridas de perdigones provocadas por disparos efectuados por las fuerzas de seguridad durante la manifestación. Explicó que lo golpearon guardias mientras estaba colgando esposado de la carcasa de un aire acondicionado, y que apenas podía tocar el piso. Contó que, más tarde, lo obligaron a sentarse esposado a un banco metálico y le aplicaron un arma paralizante en la pantorrilla. Relató que los agentes también detonaron un cartucho de gas lacrimógeno dentro de su pequeña celda y luego cerraron la puerta.

Orlando Moreno (26), estado Monagas. El 27 de junio, agentes de la policía del estado Monagas detuvieron a Moreno cuando se retiraba de una manifestación contra el gobierno. Según contó, mientras estuvo detenido, agentes de la GNB lo colgaron de un tanque de agua elevado desde donde apenas podía tocar el piso con los pies, y lo golpearon reiteradas veces para intentar obligarlo a filmar un video incriminando a líderes de la oposición, incluida María Corina Machado, la dirigente del partido que él representaba en Monagas, en relación con el financiamiento de las protestas.

Armando López Carrera (seudónimo) (17), estado Carabobo. López contó que, el 20 de julio, miembros de la GNB lo arrestaron durante un enfrentamiento entre manifestantes y miembros de las fuerzas de seguridad. Detalló que durante la detención fue obligado por agentes a caminar en cuclillas, le dieron golpes con palos, le cortaron el cabello, lo golpearon y lo obligaron a hacer ejercicios de entrenamiento militar, y también a inclinarse y mantenerse en equilibrio sobre pies y cabeza, sin usar las manos, por cerca de cinco minutos. Contó que permaneció hacinado con otras personas en una celda de castigo varios días.

Reny Elías (35), estado Zulia. El 20 de julio, agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvieron a Elías en su vivienda, sin una orden judicial, y lo golpearon con sus escudos y cascos, según contó Elías, mientras lo arrastraban hacia afuera jalándolo del cabello. Contó que, mientras estuvo detenido, varios agentes lo golpearon con sus fusiles y con cascos, lo obligaron permanecer acostado en el piso mientras caminaban sobre su espalda y le arrojaron agua y polvo para gas lacrimógeno en el rostro. Manifestó que presenció la violación de otro detenido con un palo de escoba, y que vio cómo acosaban sexualmente a mujeres detenidas.

Torturas en Venezuela por Rosa Meneses/Diego Santander – El Mundo – 30 de Agosto 2017

La ONU denuncia el uso excesivo de la fuerza en Venezuela

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La ONU documenta el régimen de torturas sistemáticas y represión a opositores en Venezuela. Denuncia ejecuciones y desapariciones forzadas

Las cicatrices que dejaron las protestas en Venezuela
Descargas eléctricas, palizas con barras de metal, asfixia con gases químicos, quemaduras, amenazas de violación… Así se reprime a los activistas opositores en Venezuela según ha documentado la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). La ONU ha detallado hoy los múltiples abusos y violaciones de los derechos humanos a manos de las fuerzas de seguridad de Venezuela y los colectivos paramilitares bolivarianos contra los disidentes y manifestantes. Sus conclusiones revelan “una política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones”.

El documento incluye escalofriantes testimonios de víctimas de la violencia de las fuerzas de seguridad y los grupos armados progubernamentales, comparables a lo que se vive en los calabozos de las dictaduras más oscuras de Oriente Próximo o África. “Estaba desnudo por completo. Me empaparon con mucha agua. Un guardia repetía: ‘mójalo bien porque si no, lo quemas'”, relató un ex detenido describiendo cómo los militares ataron sus manos y pies y lo suspendieron del techo para propinarle una sesión de descargas eléctricas. “Me echaron cloro y sal en la boca, me golpearon con palos y lanzaron gases lacrimógenos cerca de mi cara. Perdí el conocimiento”, cuenta otra víctima.

Otro testimonio explica cómo unos guardias nacionales esposaron y suspendieron a un hombre de la tubería de un tanque de agua durante nueve horas con sólo la punta de los dedos de sus pies tocando el suelo. “Durante ese tiempo, recibió golpes, sin interrupción y no se le dio agua ni comida. Luego, los guardias lo esposaron a una ventana y lo golpearon toda la noche”, refleja el dossier. “La primera vez que vi a mi familia no me reconocieron porque tenía la cara hinchada y quemada por los químicos”, denuncia un joven detenido en Caracas.

Todas estas violaciones se detallan en el documento presentado hoy por el ACNUDH, su informe definitivo -ya publicó un adelanto de sus conclusiones el pasado 8 de agosto- sobre las violaciones y abusos cometidos en Venezuela, en el contexto de las protestas entre el 1 de abril al 31 de julio. Los expertos lo han elaborado basándose en 135 entrevistas realizadas a víctimas, familiares, testigos, representantes de ONG, abogados, periodistas, médicos y el Ministerio Público venezolano.

Las entrevistas tuvieron que hacerse a distancia, en Panamá y Ginebra, ya que la ONU tiene denegado el acceso a Venezuela desde 2014. Según la ONU, sus conclusiones “ponen de manifiesto una situación de los derechos humanos cada vez más crítica desde el comienzo de las protestas, en la que se observan niveles cada vez más altos de represión de la oposición política por parte de las fuerzas de seguridad nacionales”.

A fecha del 31 de julio, el Ministerio Público investigaba la muerte de 124 personas en el contexto de las manifestaciones. De ellas, 46 fueron presuntamente obra de las fuerzas de seguridad y 27 de los grupos armados conocidos como colectivos. Otras 51 muertes continúan sin esclarecerse. Además, el ACNUDH contabiliza más de 5.000 detenidos (entre ellos 410 menores) durante el periodo estudiado, de los que 1.000 aún permanecían encarcelados a primeros de agosto. Y alerta de varios casos de desapariciones forzadas, evocando las palabras de madres buscando sin descanso a sus hijos.”Venezuela quiere justicia”

El Gobierno de Nicolás Maduro calificó el dossier de “infundado” y “manipulado”. “Es una patética demostración de que esa oficina y, especialmente, el propio alto comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein, han tomado el camino de denostar la democracia participativa y protagónica que existe en Venezuela”, señaló esta tarde en un comunicado el embajador venezolano ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero.

“¿Qué van a decir respecto a esto? ¿También van a desconocer a las Naciones Unidas? Venezuela quiere que haya justicia. Las Naciones Unidas y el mundo tienen puesta la mirada sobre Venezuela”, inquirió Henrique Capriles, gobernador de Miranda y uno de los líderes de la oposición.

Por su parte, Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, afirmó que el informe del ACNUDH es uno de los más importantes que se han presentado sobe la situación de Venezuela en los 18 años de chavismo, principalmente porque reconoce que las violaciones a los derechos humanos, las detenciones arbitrarias, y las torturas y tratos crueles son “sistemáticos y generalizados”. “Existen crímenes de lesa humanidad en Venezuela de conformidad con el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional.

Además de los diversos casos de torturas y tratos crueles, es muy importante que por primera vez la ONU se refiere a las desapariciones forzadas. Cuando una persona se detiene y se oculta, eso conlleva a desaparición forzada y eso se ha convertido en algo regular en Venezuela”, indicó. Romero destacó además que el informe se refiera a los asesinatos por parte de los cuerpos de seguridad y los grupos paramilitares.La ex fiscal general, Luisa Ortega, aseguró que el informe de Naciones Unidas “reconoce que en Venezuela existe una política de represión”. “El informe del Alto Comisionado de la ONU contiene las denuncias que he formulado sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela”, escribió en Twitter la abogada, quien rompió con Maduro a quien acusa de tener una “ambición dictatorial”.

GNB se negó a liberar Wuilly Arteaga a pesar de medida cautelar – La Patilla – 13 de Agosto 2017

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El director de Foro Penal, Alfredo Romero, escribió esta madrugada que el violinista Wuily Arteaga no había sido liberado, como lo solicitó ayer Tarek William Saab.

Saab pidió este sábado al Tribunal 5to de Control una medida sustitutiva en favor del violinista, sin embargo, el abogado Robert Carmona Borjas escribió en Twitter que el “Destacamento 433 de la GNB de El Paraíso se NIEGA a liberar a @WuillyArteaga a pesar de haber recibido medida sustitutiva de libertad”.

Arteaga fue detenido en la urbanización El Paraíso cuando tocaba en una manifestación opositora.

Tanto sus familiares como Foro Penal han denunciado que el joven fue golpeado y torturado tras su injusta detención.

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