elecciones7Oenbilbao

Punto de encuentro de Venezolanos votantes en Bilbao

Archivos por Etiqueta: Fiscalia

Qué mal parado sale el fiscal general de Maduro en el informe Bachelet por Daniel Gómez – ALnavío – 5 de Julio 2019

El informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU sobre Venezuela señala a la Fiscalía General y a la Defensoría del Pueblo por “inacción”. Y también al fiscal general -Tarek William Saab- por participar “de una retórica pública de estigmatización y desacreditación de la oposición y de quienes critican al Gobierno, violando así el principio de presunción de inocencia”.

El informe Bachelet dice que el fiscal general de Maduro hace más política que justicia / Foto: @tarekwilliamsaabh
El informe Bachelet dice que el fiscal general de Maduro hace más política que justicia / Foto: @tarekwilliamsaabh

Cuando en el informe sobre Venezuela de Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, habla del “Fiscal General”, de la “Fiscalía General” y del “Ministerio Público”, se está refiriendo a Tarek William Saab, el fiscal general de Nicolás Maduro, y, por tanto, el responsable de estas instituciones.

Hasta el régimen de Maduro “ha reconocido que existe un problema de acceso a la justicia para todas las personas”, dice el informe. ¿Pero por qué ocurre esto? Porque existen “obstáculos”, aclara.

Un obstáculo es que “las autoridades no investigan o no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes”. Otro es la “renuencia de los/las fiscales a recibir sus denuncias, y la denegación del acceso a la información y a medidas de protección y apoyo psicosocial”. Y, por último, “está la falta de independencia y la corrupción en el poder judicial, también obstáculos importantes a los que se enfrentan las víctimas en su búsqueda de justicia y reparación”.

Dice el informe Bachelet que “la falta de independencia y la corrupción en el poder judicial” son “obstáculos importantes a los que se enfrentan las víctimas en su búsqueda de justicia y reparación”

Entonces aparecen las primeras menciones al fiscal de Maduro. “El Ministerio Público ha incumplido con regularidad su obligación de investigar y llevar a juicio a las personas responsables de los hechos y el Defensor del Pueblo [Alfredo Ruiz Angulo] ha guardado silencio ante las violaciones de los derechos humanos”.

El informe Bachelet critica que “ninguna de estas instituciones, así como tampoco el Gobierno o la policía dan protección a las víctimas y testigos de violaciones a los derechos humanos”.

A continuación, viene una mención directa a Saab. “El Fiscal General ha participado de una retórica pública de estigmatización y desacreditación de la oposición y de quienes critican al Gobierno, violando así el principio de presunción de inocencia”.

En octubre de 2018 puso de manifiesto esto que dijo la ONU. El fiscal general y jefe del Ministerio Público ofreció una rueda de prensa para aclarar la muerte del concejal Fernando Albán. Este cayó desde el piso 10 de las oficinas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Esto es lo único seguro de esa muerte. El fiscal de Maduro no dio pruebas rotundas sobre las causas, pero sí dejó unas duras críticas, más políticas que judiciales, a los opositores que denunciaron -y denuncian- que Albán fue lanzado al vacío. “Son hechiceros de goce necrofílico”, les dijo.

Cuando Bachelet visitó Venezuela hace dos semanas se reunió con Saab. Este le entregó un informe sobre las sanciones que el Ministerio Público ha impuesto a violadores de derechos humanos desde 2017.

Al tiempo que se producía la reunión, la exfiscal Luisa Ortega Díaz tuiteó: “La Alta Comisionada debe saber que está reunida con un criminal que usurpa un cargo público. Es por ese personaje que hoy el Ministerio Público no garantiza los derechos humanos de los venezolanos, sino que persigue a la disidencia y encubre crímenes de lesa humanidad”.

Luisa Ortega, chavista, es la fiscal general que se rebeló contra Maduro en abril de 2017, cuando este utilizó a la justicia para imponer la Asamblea Nacional Constituyente, y, en boca de la propia Ortega, “romper el orden constitucional”. Las críticas al régimen la obligaron a huir del país en agosto de 2017. Entonces su cargo lo tomó William Saab. Ella se sigue declarando “fiscal general en el exilio”.

Cabe destacar que en el informe Bachelet también hay un señalamiento al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. William Saab no es el único.

La ONU exige a Maduro detener las “graves violaciones de derechos” por Florantonia Singer/Francesco Manetto – El País – 5 de Julio 2019

Michelle Bachelet denuncia abusos policiales y el deterioro democrático en un demoledor informe tras su visita a Venezuela

Michelle Bachelet, junto a Juan Guaidó, durante su visita a la Asamblea Nacional de Venezuela.
Michelle Bachelet, junto a Juan Guaidó, durante su visita a la Asamblea Nacional de Venezuela. AFP

Graves violaciones de los derechos económicos, sociales, civiles y políticos. Violencia y abusos policiales. Una cifra aterradora de muertes, 5.287 solo en 2018, atribuidas a la “resistencia a la autoridad”. Una migración sin freno. En definitiva, un deterioro profundo de la democracia. Son algunas de las conclusiones del demoledor informe de la Oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos elaborado tras la visita de Michelle Bachelet a Venezuela. El estudio, conocido este jueves, insta al Gobierno de Nicolás Maduro a “adoptar de inmediato medidas específicas para detener y remediar las graves vulneraciones” que asfixian a millones de personas. De lo contrario, advierte, “continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país y empeoran las condiciones de vida de quienes permanecen en él”. El Ejecutivo rechazó el informe, que pide el desmantelamiento de las fuerzas especiales de la policía conocidas como FAES y de los colectivos armados, y presentó 70 alegaciones.

Según Naciones Unidas, que se basó en 558 entrevistas con víctimas y testigos directos, el chavismo “ha desmontado el sistema de control institucional sobre el poder ejecutivo”. A la crisis de la separación de poderes se añade una emergencia económica que el informe atribuye abiertamente no solo a la imparable hiperinflación sino también a “las políticas económicas y sociales adoptadas durante la última década”, que han acabado por debilitar los sistemas de producción. Pero las observaciones de la oficina son especialmente duras en relación con la actuación de los cuerpos de seguridad y las fuerzas especiales de la Policía Bolivariana.

Las fuerzas de seguridad

“Las FAES, una unidad de respuesta rápida creada en 2017 para combatir el crimen organizado, han sido presuntamente responsables de numerosas ejecuciones extrajudiciales en operaciones de seguridad, al igual que el CICPC [la policía científica]. Los servicios de inteligencia (el SEBIN y la DGCIM, la contrainteligencia militar) han sido responsables de detenciones arbitrarias, maltratos y tortura de opositores/as, políticos/as y de sus familiares”, señala el texto. Estos procedimientos se enmarcan, además, en un contexto en el que los grupos de choque del chavismo, los llamados colectivos armados, “contribuyen a este sistema ejerciendo control social en las comunidades locales, y apoyando a las fuerzas de seguridad en la represión de manifestaciones y de la disidencia”.

La alta comisionada recoge denuncias de esas ejecuciones, detenciones arbitrarias y persecución a los opositores. Presenta la cifra de 5.287 muertes, según el Gobierno de Maduro por “resistencia a la autoridad”, en el curso de esas operaciones de las FAES en 2018 y de las otras 1.569 asesinadas entre enero y mayo de este año. También destaca que un mes antes de su visita había 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, entre ellas 58 mujeres, y en lo que va de año 22 diputados de la Asamblea Nacional, incluido su presidente, han sido despojados de su inmunidad parlamentaria.

Dos visitas

La expresidenta de Chile visitó el país entre el 19 y el 21 de junio y se reunió con Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ONG y actores de la sociedad civil. “Durante mi visita a Venezuela, pude conocer directamente los relatos de quienes han sido víctimas de la violencia del Estado y sus peticiones de justicia. He transmitido con exactitud sus opiniones y las de la sociedad civil, así como las violaciones de derechos humanos documentadas en este informe, a las autoridades competentes”, manifestó la alta comisionada. Cuando estaba a punto de salir de Venezuela, las autoridades detuvieron a un grupo de militares con la acusación de planear un atentado contra Maduro. Uno de ellos, el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, murió bajo custodia de agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). El resultado de la autopsia, filtrado por funcionarios del Estado, apunta a que falleció tras sufrir torturas continuadas.

Desde 2004 Venezuela no recibía una evaluación en terreno de la situación de los derechos humanos. La visita de Bachelet fue antecedida por la de un cuerpo técnico que en medio de la crisis eléctrica de marzo recorrió cuatro ciudades del país y realizó entrevistas a activistas. El escrutinio al que se deja someter el chavismo ahora, luego de años de negarse a la visita de funcionarios de este tipo, ocurre en el momento en que Maduro, como líder de la revolución, está contra las cuerdas y el país enfrenta la peor crisis económica, política e institucional.

“El Gobierno ha aceptado autorizar gradualmente asistencia humanitaria de las Naciones Unidas y de otros actores. Sin embargo, el nivel de asistencia es mínimo en relación con la magnitud de la crisis y hay una necesidad urgente de adoptar reformas económicas estructurales”. En otra parte del texto señala: “Exhorto a todas las personas con poder e influencia —tanto en Venezuela como en el resto del mundo— a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo. Mi Oficina está lista para seguir apoyando”.

Separación de poderes

A los datos, Bachelet contrapone en su informe las omisiones del sistema de justicia y critica duramente al fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab, con quien tuvo un breve encuentro en su visita. “El Ministerio Público ha incumplido con regularidad su obligación de investigar y llevar a juicio a las personas responsables de los hechos y el Defensor del Pueblo ha guardado silencio ante las violaciones de los derechos humanos. Ninguna de esas instituciones, así como tampoco el Gobierno o la policía dan protección a las víctimas y testigos de violaciones a los derechos humanos. Además, el Fiscal General ha participado de una retórica pública de estigmatización y desacreditación de la oposición y de quienes critican al Gobierno, violando así el principio de presunción de inocencia”.

El informe dedica un capítulo a las sanciones económicas aplicadas al país que sistemáticamente el Gobierno de Maduro ha atribuido como responsables de la actual crisis. En este apartado destaca que la mayoría de las sanciones son de naturaleza selectiva y consisten en congelación de activos y prohibiciones de viajes a unos 150 altos cargos. “La economía venezolana, especialmente su industria petrolera y los sistemas de producción de alimentos, ya estaban en crisis antes de que se impusiera cualquier sanción sectorial. Las cifras publicadas por el Banco Central de Venezuela el 28 de mayo de 2019 muestran que los indicadores económicos fundamentales empezaron a degradarse drásticamente mucho antes de agosto de 2017. Sin embargo, las últimas sanciones económicas están agravando aún más los efectos de la crisis económica, y por tanto la situación humanitaria. El informe señala como origen de la crisis humanitaria que vive Venezuela “el desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión, han tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida”.

El Gobierno de Maduro presenta 70 alegaciones

El Gobierno de Maduro presentó 70 observaciones al informe de Bachelet. Según el documento presentado por Cancillería, la ONU ofrece “una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela, que contradice los principios que deben regir el tratamiento de los asuntos de derechos humanos, recogidos en la Declaración y Programa de Acción de Viena”.

“Es especialmente preocupante que el 82% de las entrevistas utilizadas para fundamentar su informe se correspondan con personas ubicadas fuera del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, especialmente tomando en cuenta que dicha Oficina realizó dos visitas al país durante el año 2019”, continúa el Gobierno. Además, según el Gobierno no se hace referencia a “otras medidas implementadas por el Gobierno de Venezuela que impactan positivamente sobre el poder adquisitivo del pueblo venezolano”. Es decir, los subsidios contemplados por el llamado carné de la patria o la gratuidad de los servicios públicos. Cancillería niega también que en Venezuela existan “personas detenidas” por motivos políticos. Con estos argumentos, el Ejecutivo solicitó a Naciones Unidas que modificara el informe antes de su publicación.

Venezuela abre una investigación contra militantes opositores por supuesta corrupción por Maolis Castro – El País – 19 de Junio 2019

El fiscal general de Maduro acusa Guaidó de ser el autor intelectual de una trama de malversación de fondos con la ayuda de militares exiliados en Colombia

El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, en enero.

Una controversia por supuesta corrupción envuelve a Juan Guaidó, jefe del Parlamento y reconocido como presidente interino de Venezuela por más de medio centenar de países. Los emisarios del jefe de la Asamblea Nacional y principal figura opositora para atender a centenares de soldados exiliados en la ciudad de Cúcuta (Colombia) están siendo investigados por supuesta malversación fondos. La denuncia, divulgada por el portal de noticias PanAm Post el pasado viernes, empujó a Guaidó a solicitar a la Fiscalía colombiana una investigación para establecer la culpabilidad en el desvío de dinero. Pero, en paralelo, el Gobierno de Nicolás Maduro aprovechó para culparle a él del presunto desfalco.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ordenó este martes iniciar una investigación penal contra varios opositores. “Este grave hecho evidencia que el diputado Guaidó dispone de fondos de la República, robados de cuentas pertenecientes al Estado venezolano por autoridades extranjeras, y que estos fondos se están administrando sin transparencia alguna”, aseguró. Desde que estalló el escándalo, el presidente de la Asamblea Nacional clamó por “transparencia” para diferenciarse de los Gobiernos chavistas, inmersos en diferentes tramas de corrupción.

Los acusados son Rossana Barrera Castillo y Kevin Rojas Peñaloza, ambos militantes de Voluntad Popular (VP, el partido fundado por Leopoldo López), que supuestamente se enriquecieron después de recibir fondos para atender a los militares y policías fugados de Venezuela por desobedecer órdenes del Gobierno de Maduro. Los dos fueron imputados por legitimación de capitales y corrupción a los opositores en Caracas. “Ellos son los autores materiales del hecho, pero Guaidó es el autor intelectual”, afirmó Saab.

El oficialismo ha aprovechado la controversia para atacar a sus adversarios. El lunes, Jorge Rodríguez, ministro venezolano de Comunicación e Información, ratificó la denuncia de presunto desfalco. “Voluntad Popular quiere robar solo, esa es la razón por la que la oposición está dividida: los militantes de ese grupo terrorista se están quedando con toda la plata de la supuesta ayuda humanitaria”, dijo.

Su versión es que Guaidó se apropió de hasta tres millones de dólares recaudados en un multitudinario concierto, celebrado el 22 de febrero en Cúcuta, para atender a los venezolanos en condiciones de vulnerabilidad. Pero en un comunicado la fundación Aid Live, coordinadora del evento, aclaró que no entregó recursos a ningún Gobierno ni partido político y que, por contra, el dinero está destinado a organizaciones no gubernamentales.

Entretanto, Guaidó informó de que los sospechosos de corrupción, Barrera y Rojas, fueron separados de sus cargos. Su intención es iniciar una investigación, en paralelo a la justicia colombiana, sobre el caso desde la Asamblea Nacional y con el apoyo de la prestigiosa ONG Transparencia Internacional. Además, el opositor inició gestiones para nombrar un contralor especial que represente a su Ejecutivo interino. Estos propósitos y la creación de una comisión para el monitoreo de la ayuda humanitaria se aprobaron en un acuerdo firmado por el Legislativo.

Más allá de la contienda política, las condiciones de los venezolanos siguen deteriorándose día a día. Siete centenares de oficiales cruzaron la frontera desde el 23 de febrero, día del intento fallido de ingreso de donativos internacionales al país petrolero, ilusionados con la promesa de mejores condiciones de vida. En Cúcuta se alojaron en siete hoteles, dos de ellos pagados por Guaidó y el resto por el Gobierno colombiano y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Desde entonces, sin embargo, ya se han producido dos desalojos por deudas. La inestabilidad ha provocado que muchos disidentes, acompañados por sus familias, decidieran abandonar Colombia hacia inciertas rutas. Pero todavía otros permanecen en un limbo. El lunes, ocho de los desertores de la Fuerza Armada de Venezuela comenzaron una campaña, en la plataforma Gofundme, para recaudar miles de dólares que le permitan viajar con sus familias a Chile e instalarse durante el primer mes.

Los soles de Luisa Ortega – Editorial El Nacional – 19 de Abril 2019

1531405291510

Como se sabe, la doctora Luisa Ortega Díaz fue miembro de la alta burocracia desde los tiempos del comandante Chávez, en sus funciones de fiscal general de la República bendecida por la cúpula de la “revolución”. Ahora continúa sus trabajos desde el exilio, divorciada de sus antiguos compañeros de camino u obligada a escapar del país por peligrosas presiones del oficialismo. Desde su fuga, ha soltado informaciones que comprometen a los cabecillas rojo rojitos en la comisión de importantes delitos, uno de las cuales se comentará ahora siguiendo con fidelidad las recientes palabras de la denunciante.

La doctora involucra a la plana mayor de la dictadura en el negocio de los estupefacientes. No se detiene en personajes de segunda, sino en Nicolás Maduro y en Cilia Flores, la pareja presidencial; y en individuos que han ejercido un poder ilimitado durante décadas, como Tareck el Aissami y Diosdado Cabello. No hay otros más altos en la cumbre “bolivariana”, no existen figuras más refulgentes en el cuadro de honor del socialismo del siglo XXI, no se puede ir más arriba en el catálogo de los mandones, a menos que nos pongamos a esculcar en Cuba, sede y eje del patronato. Pero no se queda en la refulgente nómina, debido a que también afirma en sus declaraciones que existe el denominado Cartel de los Soles, dirigido por militares de alta graduación que han tomado el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía como base de operaciones para el comercio de sustancias prohibidas.

No estamos ante una declaración cualquiera, como se dijo antes. Si alguien ha tenido posibilidad de enterarse de los delitos de los líderes chavistas, por su posición en el escalafón de los perseguidores de irregularidades, por la posibilidad de acceder a evidencias que no están al alcance del público y a los secretos de los dueños del poder, por su familiaridad con la fauna del alto mando, nadie más importante y fiable que la doctora Ortega Díaz. En las horas de la decadencia de la usurpación y del crecimiento del descontento popular por las tropelías que cometen sus agentes, la funcionaria ha soltado una bomba capaz de abrir agujeros imposibles de tapar o disimular en el edificio del oficialismo cada vez más maltrecho. La justicia nacional e internacional, las policías de aquí y de otras latitudes, la gente decente que clama por el cese de la abominación que agobia a Venezuela, pueden contar con un arma explosiva que les permita dinamitar su tragedia.

Pero ¿debemos entregarnos sin prevención a las declaraciones de una funcionaria que brilló en las alturas del chavismo y en quien este confió para hacer lo que le vino en gana con los venezolanos? La denunciante es consciente de esa realidad, y de la polvareda de suspicacias y caras arrugadas que levantarán sus acusaciones. Por consiguiente, ha adelantado que, si debe ser juzgada y condenada por sus actos como empleada de confianza de la dictadura, se pondrá a disposición de la justicia. Si es honesto su ofrecimiento, si sabe que puede tener cuentas pendientes en los tribunales y quiere saldarlas en el futuro cercano, las denuncias que ha hecho contra cuatro estrellas de la usurpación y contra miembros uniformados de la constelación deben considerarse como esenciales en el sendero de la transición por la que clama la sociedad.

La Fiscalía venezolana perseguirá a los cargos nombrados por Guaidó por Francesco Manetto – El País – 15 de Febrero 2019

El ministerio público, controlado por el chavismo, abre investigación a los embajadores y a los nuevos directivos de PDVSA

El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, en una rueda de prensa este jueves, en Caracas.
El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, en una rueda de prensa este jueves, en Caracas. LEONARDO MUÑOZ EFE

La Fiscalía venezolana, controlada por el dirigente chavista Tarek William Saab, anunció este jueves que perseguirá a los cargos nombrados por Juan Guaidó. El presidente interino reconocido por la Asamblea Nacional ha creado una red diplomática y ha comenzado el proceso de renovación de la petrolera estatal, PDVSA, y su filial en EE UU, Citgo. El régimen, que ya ha impuesto Guaidó algunas medidas cautelares, lanza así una advertencia inequívoca a los dirigentes opositores que decidan acompañarle en un proceso de transición. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) prohibió poco después la salida del país a los directivos de la compañía.

Alrededor de 60 Gobiernos extranjeros encabezados por la Administración de Donald Trump y la mayoría de los países europeos reconocen y apoyan al presidente encargado, que busca abrir una fractura dentro del chavismo a través de la presión internacional y con la entrada en el país de ayuda humanitaria. El fiscal calificó esta estrategia de “circo que se está montando para pisotear la Constitución” y arremetió contra Guaidó, que está decidido a mantener el pulso con Maduro por considerar ilegítimo el mandato que comenzó el pasado 10 de enero y, por tanto, un “usurpador”.

“La conducta de los ciudadanos que están aceptando ser nombrados por un sujeto que no fue electo por nadie y se autoproclamó jefe del poder ejecutivo nacional tendrá consecuencias legales, al igual que este ciudadano que se autoproclamó”, continuó Saab, quien dio a entender que la persecución del régimen contra Guaidó acaba de empezar. De momento, el oficialismo se aferra al tipo legal de la conspiración. “La conducta de estos ciudadanos que han actuado auspiciados por algunos Gobiernos extranjeros se puede calificar de conspirativa contra la paz ciudadana y el orden constitucional”, dijo.

Maquinaria estatal

El chavismo lleva días intentando quitarle margen de acción al presidente de la Asamblea Nacional. La Contraloría de Venezuela, encargada de fiscalizar a la Administración y que como todas las entidades estatales también se encuentra bajo el control del Gobierno, solicitó el pasado lunes una auditoría patrimonial de Guaidó que puede acabar con una inhabilitación de hasta 15 años. Además, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le prohibió hace dos semanas abandonar Venezuela, realizar operaciones comerciales y congeló sus cuentas a la espera de una resolución.

La respuesta de Guaidó, que teme por su detención desde el pasado 23 de enero pese a no reconocer las instituciones que le hostigan, ha sido acelerar su plan de transición y construcción de una nueva maquinaria estatal. Ayer se reunió con gremios y sindicatos, asociaciones de jubilados, empleados públicos y docentes. Los representantes de los trabajadores vinculados a la oposición recalcaron que “el movimiento sindical ha venido luchando a través de los años contra los atropellos del régimen” y hoy le ofrecen su respaldo.

La Fiscalía venezolana perseguirá a los cargos nombrados por Guaidó por Francesco Manetto – El País – 15 de Febrero 2019

El ministerio público, controlado por el chavismo, abre investigación a los embajadores y a los nuevos directivos de PDVSA

El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, en una rueda de prensa este jueves, en Caracas.
El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, en una rueda de prensa este jueves, en Caracas. LEONARDO MUÑOZ EFE

La Fiscalía venezolana, controlada por el dirigente chavista Tarek William Saab, anunció este jueves que perseguirá a los cargos nombrados por Juan Guaidó. El presidente interino reconocido por la Asamblea Nacional ha creado una red diplomática y ha comenzado el proceso de renovación de la petrolera estatal, PDVSA, y su filial en EE UU, Citgo. El régimen, que ya ha impuesto Guaidó algunas medidas cautelares, lanza así una advertencia inequívoca a los dirigentes opositores que decidan acompañarle en un proceso de transición. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) prohibió poco después la salida del país a los directivos de la compañía.

El aparato chavista dio un paso más para estrechar el cerco en torno al político venezolano que desafió a Nicolás Maduro. Saab afirmó que la Fiscalía ya ha abierto “una serie de investigaciones en contra de los ciudadanos nombrados ilegal e inconstitucionalmente como directivos de PDVSA y Citgo, aparte de una serie de ciudadanos nombrados como embajadores y embajadoras de forma ilegal por un usurpador del poder”. “Supuestos embajadores fantasma”, agregó, “han aceptado ser nombrados por un órgano que no es competente para tomar este tipo de decisiones”. Precisamente el miércoles el pleno del Parlamento, declarado “en desacato” por el Gobierno, nombró a la nueva directiva de Citgo, la matriz de la petrolera estatal que opera en Houston (Estados Unidos).

Alrededor de 60 Gobiernos extranjeros encabezados por la Administración de Donald Trump y la mayoría de los países europeos reconocen y apoyan al presidente encargado, que busca abrir una fractura dentro del chavismo a través de la presión internacional y con la entrada en el país de ayuda humanitaria. El fiscal calificó esta estrategia de “circo que se está montando para pisotear la Constitución” y arremetió contra Guaidó, que está decidido a mantener el pulso con Maduro por considerar ilegítimo el mandato que comenzó el pasado 10 de enero y, por tanto, un “usurpador”.

“La conducta de los ciudadanos que están aceptando ser nombrados por un sujeto que no fue electo por nadie y se autoproclamó jefe del poder ejecutivo nacional tendrá consecuencias legales, al igual que este ciudadano que se autoproclamó”, continuó Saab, quien dio a entender que la persecución del régimen contra Guaidó acaba de empezar. De momento, el oficialismo se aferra al tipo legal de la conspiración. “La conducta de estos ciudadanos que han actuado auspiciados por algunos Gobiernos extranjeros se puede calificar de conspirativa contra la paz ciudadana y el orden constitucional”, dijo.

Maquinaria estatal

El chavismo lleva días intentando quitarle margen de acción al presidente de la Asamblea Nacional. La Contraloría de Venezuela, encargada de fiscalizar a la Administración y que como todas las entidades estatales también se encuentra bajo el control del Gobierno, solicitó el pasado lunes una auditoría patrimonial de Guaidó que puede acabar con una inhabilitación de hasta 15 años. Además, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le prohibió hace dos semanas abandonar Venezuela, realizar operaciones comerciales y congeló sus cuentas a la espera de una resolución.

La respuesta de Guaidó, que teme por su detención desde el pasado 23 de enero pese a no reconocer las instituciones que le hostigan, ha sido acelerar su plan de transición y construcción de una nueva maquinaria estatal. Ayer se reunió con gremios y sindicatos, asociaciones de jubilados, empleados públicos y docentes. Los representantes de los trabajadores vinculados a la oposición recalcaron que “el movimiento sindical ha venido luchando a través de los años contra los atropellos del régimen” y hoy le ofrecen su respaldo.

El Supremo prohíbe a Guaidó salir de Venezuela y congela sus cuentas por Francesco Manetto – El País – 30 de Enero 2019

Las medidas impiden al dirigente político realizar también operaciones comerciales

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab (centro), este martes en la sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas. AP / ATLAS

Después de días de indecisión por parte del Gobierno de Nicolás Maduro ante la ofensiva de la oposición venezolana, el aparato chavista actuó este martes contra Juan Guaidó. El Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el oficialismo, castigó al líder opositor, que la semana pasada juró como presidente interino, con tres medidas que buscan limitar su margen de acción. Se trata de la prohibición de salir del país, de realizar operaciones comerciales y el bloqueo de sus cuentas bancarias. Así lo anunció el presidente del alto tribunal, Maikel Moreno, horas después de que el fiscal general, Tarek William Saab, se lo ordenara expresamente.

El fiscal, también aliado del Ejecutivo, aseguró que estas medidas cautelares se deben a la apertura de una investigación preliminar contra el presidente de la Asamblea Nacional, que busca desalojar a Maduro por “usurpar” el poder. “La única respuesta [del Gobierno] es represión y persecución”, contestó Guaidó tras conocerse la nueva arremetida del Ejecutivo. “Vemos con mucho dolor cómo casi 40 venezolanos han sido asesinados en menos de una semana, niños secuestrados por una dictadura que no entiende que su tiempo ha terminado”, agregó.

La semana pasada, tras su movimiento, que sorprendió a las autoridades con el pie cambiado, circularon informaciones sobre su posible detención. Al ser preguntado al respecto durante una entrevista con la filial turca de CNN, Maduro dijo que le correspondería a la justicia tomar este tipo de decisiones. Leopoldo López, dirigente del partido de Guaidó, Voluntad Popular, fue arrestado y condenado a casi 14 años de prisión por incitar a la violencia durante las revueltas contra el Gobierno que encabezó en 2014.

Saab finalmente manifestó en una comparecencia que desde el pasado 23 de enero, día de la jura de Guaidó, “se han suscitado hechos violentos, pronunciamientos de Gobiernos extranjeros y el congelamiento de activos de la República, lo que implicaría la comisión de delitos graves que atentan contra el orden constitucional”. Con esta premisa, anunció la apertura de una investigación preliminar contra el líder opositor y, para asegurarla, solicitó al Tribunal Supremo que apruebe las medidas cautelares anunciadas.

“A quienes hoy están en la sede del Tribunal Supremo de Justicia”, advirtió a su vez Guaidó, “el régimen está en su etapa final. Esto es indetenible y ustedes no tienen que sacrificarse con el usurpador y su banda. Piensen en ustedes, su carrera, en el futuro de sus hijos y nietos, que también son los nuestros. La historia se los reconocerá”, afirmó Guaidó antes del pleno de la Asamblea Nacional, que puso en marcha los engranajes legales de un proceso de transición y la convocatoria de elecciones.

La ONU confirma más de 40 asesinados por el régimen chavista en la última semana – Libertad Digital – 29 de Enero 2019

43 personas han muerto desde que se iniciase la última oleada represiva, además han sido detenidas 850 personas, 77 de ellos menores de edad.

 

Maduro, rodeado de militares. | EFE

Al menos 43 personas han muerto en Venezuela en el marco de las protestas que se iniciaron la semana pasada contra el presidente ilegítimo del país, Nicolás Maduro, y en el marco de las cuales el titular de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, asumió el cargo de “presidente encargado”, según reconocen ya hasta fuentes del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Los análisis de la oficina que dirige Michelle Bachelet, que toman como referencia inicial el 21 de enero -dos días antes de la proclamación de Guaidó-, estiman que 26 personas han muerto a manos de las fuerzas de seguridad chavistas y milicias afines al Gobierno de Nicolás Maduro durante las protestas.

Otras cinco personas han perdido la vida en registros “ilegales” llevados a cabo por las autoridades en “barrios pobres”, mientras que once más han fallecido durante actos de saqueo, aunque en este caso el Alto Comisionado no ha podido delimitar los responsables últimos, si bien todo apunta a los grupos paramilitares armados por el chavismo y a su servicio. Tampoco se conoce el autor de la muerte de un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

696 detenidos en un solo día

Según el Alto Comisionado, más de 850 personas han sido detenidas desde el lunes de la semana pasada, entre ellas 77 menores de edad. Los datos incluyen 696 arrestos realizados solo el 23 de enero, lo que constituye la mayor cifra de detenidos en Venezuela en un único día en los últimos 20 años.

Tal y como recuerda Europa Press, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, mostró el viernes pasado su preocupación por la escalada de tensiones en Venezuela y advirtió que todas las muertes se estudiarán: “Cualquier incidente violento que derive en muerte o heridas debería ser sujeto de una investigación independiente e imparcial para averiguar si hay un uso excesivo de las fuerzas por parte de las autoridades o si el crimen ha sido cometido por grupos armados, sean aliados del Gobierno o de cualquier otro bando”, reclamó Bachelet.

La Fiscalía pide medidas contra Guaidó

El régimen, entre tanto, actúa contra el presidente Guaidó: el fiscal general de Venezuela, Tareck William Saab, ha anunciado la apertura de una investigación preliminar contra el presidente por su autoproclamación. Saab ha explicado en rueda de prensa que desde el 23 de enero, cuando Guaidó se declaró mandatario interino, “se han suscitado hechos violentos, pronunciamientos de gobiernos extranjeros y el congelamiento de activos de la República, lo que implicaría la comisión de delitos graves que atentan contra el orden constitucional“.

Por todo ello, ha decidido abrir una investigación preliminar contra Guaidó y, para asegurarla, ha solicitado al Tribunal Supremo de Justicia que apruebe tres medidas cautelares: prohibición de salida del país, bloqueo de activos y enajenación de bienes.

“Maduro ordenó instalar un grillete electrónico a Gorrín y otros empresarios aliados” por  Lohena Reveron – Caraota Digital – 14 de Diciembre 2018

“Hace unos días hubo una reunión entre representantes del Ejecutivo, el Poder Judicial, Tarek William Saab y Raúl Gorrín, así como otras personas involucradas a tramas de corrupción y enriquecimiento ilícito  en la que se acordaron varios puntos”,reveló la tarde de este viernes Luisa Ortega Díaz, fiscal general de Venezuela, quien actualmente está exiliada. 

En entrevista exclusiva a Caraota Digital, la funcionaria detalló que Nicolás Maduro encabezó la reunión en la que estuvieron banqueros y empresarios aliados a su gobierno. “A Gorrín, a todos les advirtieron que podrían seguir con sus actividades en el país, pero que no podían salir de Venezuela y para garantizarlo les instalaron un mecanismo de ubicación permanente. Las 24 horas del día ellos cargarán ese dispositivo, posiblemente en los tobillos”, señaló.

La fiscal aseguró a través de un contacto telefónico que a Gorrín y a cada uno de los empresarios con los que tienen “negocios”, les asignaron funcionarios del Estado como escoltas, para que los vigilen permanentemente, quienes les deben reportar a Maduro cualquier eventualidad que ellos hagan.

“Durante la reunión se acordó que el Ministerio Público, a cargo de Saab, en los próximos días anuncie el inicio de una investigación contra Raúl Gorrín, que vendrá acompañada de una serie de allanamientos y acciones, pero es un montaje, para fingir ante la opinión pública que quieren esclarecer el hecho. En realidad es mentira, después que pasen varios días dejarán el caso tranquilo”, aseguró Ortega Díaz.

“PARTE DE LA INFORMACIÓN QUE PASÉ A FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS SIRVIÓ A LAS INVESTIGACIONES POR LOS CASOS GORRÍN -ANDRADE”, DIJO LA FISCAL.

Desde el exilio, la fiscal detalló que Maduro no aceptarán de ninguna manera que Gorrín ni sus empresarios aliados vayan a la cárcel, por lo que buscarán un chivo expiatorio. Son órdenes directas.

En este mismo sentido, Ortega Díaz manifestó que la pareja presidencial no quiere correr el riesgo de que Gorrín y varios empresarios se vayan del país y revelen la trama de corrupción ante los Estados Unidos.

Pugnas internas

Sobre las pugnas internas del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Ortega Díaz destacó que los problemas internos del chavismo siempre han sido por poder. “Tanto es así que Maduro le entregó una cuota de Petróleos de Venezuela a Vladimir Padrino López para que venda petróleo como si fuera de él y no del Estado, para garantizar su lealtad”.

Maduro está en un punto crítico, dijo la fiscal. “Si luchamos todos unidos para el quiebre definitivo muy pronto veremos el triunfo de la justicia en Venezuela. El Psuv se está quebrando desde adentro. Maduro se siente cada vez más arrincona, la actitud que asumió fue de atacar a los Estados Unidos, a los países vecinos, a la comunidad internacional y la oposición”. 

Katherine Harringhton entregó su cargo como Vicefiscal y espera a su reemplazo – La Patilla – 19 de Octubre 2018

download.jpg

Katherine Nayarith Harringhton Padrón de 46 años de edad. ya entregó su cargo de Vicefiscal del Ministerio Público tras su propia “manifestación de voluntad” aunado a los comentarios de pasillo que ya estaría lista para ser reemplazada.

La abogada quien ha desempeñado varios cargos dentro del MP y también fue viceministra para el Sistema Integrado de Investigación Penal, será reemplazada por Beyse Del Pilar Loreto.

Fuentes confirmaron a Lapatilla.com, que Harringhton ya habría anunciado su salida a su círculo de allegados.

Recordemos que la abogada, sancionada por Estados Unidos en 2015 con congelación de bienes y prohibición de entrada a ese país, fue nombrada por el Tribunal Supremo de Justicia el 4 de julio de 2017, tras la decisión firmada por el presidente de la Sala Constitucional, Juan José Mendoza Jover.

Durante su gestión como investigadora penal dirigió casos notorios como la imputación de María Corina Machado y la detención del Alcalde Antonio Ledezma.

A %d blogueros les gusta esto: