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Comunicación de la Fiscalía General – 4 de Septiembre 2019

Un juzgado madrileño expulsa a Venezuela de la pieza sobre el lavado de dinero del petróleo por Pablo Gabilondo – El Confidencial – 28 de Septiembre 2019

Maduro ya no podrá ejercer como acusación en la pieza del Juzgado de Instrucción 41 que investiga el presunto blanqueo de dinero procedente de la petrolera estatal de Venezuela PDVSA

Foto: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. (EFE)
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. (EFE)

El Gobierno de Maduro ya no puede ejercer como acusación en la pieza que instruye un juzgado de Madrid sobre el lavado de dinero del petróleo venezolano. El Juzgado de Instrucción número 41 de Madridinvestiga a ex altos cargos chavistas por el presunto blanqueo que perpetraron en España, causa en la que se aceptó el pasado junio la personación de Venezuela como parte acusadora. La decisión, sin embargo, ha sido ahora anulada mediante un decreto al que ha tenido acceso El Confidencial: “Requiérase a la representación procesal del Estado de la República Bolivariana de Venezuela para que devuelva el soporte con el contenido de la causa que se le entregó“, ordena el letrado de la Administración de Justicia.

En la pieza se encuentran imputados el que fuera viceministro de Energía de Hugo Chávez, Nervis Villalobos, y su mujer, Milagros Coromoto, a los que se investiga por el presunto blanqueo de dinero proveniente de sobornos de la petrolera estatal PDVSA. Otro de los nombres que figuran en la lista de imputados es el del empresario venezolano, José Roberto Rincón Bravo, acusado de lavar en España parte de la fortuna que supuestamente amasó su familia a través de acuerdos irregulares con la petrolera. Tras aceptarse la personación del Gobierno de Maduro en la causa el pasado junio, los tres recurrieron la medida, postura a la que la propia Fiscalía terminó por sumarse.

Al apoyar la decisión en este razonamiento, el juzgado evita responder al resto de alegaciones, entre las que destaca uno de los argumentos esgrimidos por Rincón Bravo. El magnate venezolano, representado por el despacho Business & Law, presentó un escrito el 7 de julio en el que defiende que Maduro ya no tiene legitimidad en España: si el Gobierno de Pedro Sánchez ha reconocido a Juan Guaidó como “presidente encargado de Venezuela”, el chavismo ya no puede personarse entonces en un juicio que se celebra en Madrid. “Esta actuación procesal indebida podría conllevar una invasión de las competencias que, en política exterior, solo el Ejecutivo tiene atribuidas, con las consecuencias constitucionales que de ello se derivarían“, sostiene.

MARCOS GARCÍA REY

La Fiscalía, por su parte, se posiciona en contra de la personación de Venezuela porque considera que no está legitimada para ejercer ni como acusación popular ni como acusación particular. A la hora de rechazar la primera opción, apunta a que no cumple el principal requisito que exige la ley: “No se trata de un ciudadano español”. Respecto a la segunda, defiende que “carece de un interés legítimo que lo faculte” para presentarse como acusación particular porque “ni es perjudicado ni el procedimiento se dirige contra él mismo“. “En el supuesto de que el Estado de la República Bolivariana de Venezuela se sintiera perjudicado, deberá incoar un procedimiento ante los tribunales de Venezuela”, concluye el Ministerio Público.

Tras estudiar los escritos, el juzgado ha optado por expulsar al Gobierno de Maduro de la pieza, pero como lo justifica por un error de trámite, en ningún momento responde a las alegaciones de las partes. Pese a ello, los razonamientos de las partes quedan ahí para futuras piezas en las que Venezuela quiera ejercer como acusación. Como recuerda la Fiscalía en su escrito, esta ya es la segunda vez en lo que va de año que las autoridades chavistas quedan fuera de un procedimiento: “En contra de la personación del Estado de la República Bolivariana de Venezuela, ya se han pronunciado los juzgados españoles; en concreto, el Juzgado Central de Instrucción número 2, mediante auto del 1 de marzo de 2019”.

El fiscal antidrogas de España pasa al ataque contra “El Pollo” Carvajal por David Placer – ALnavío – 25 de Septiembre 2019

La Fiscalía General del Estado español ha presentado un recurso contra la decisión de la Audiencia Nacional de España de negar la extradición de Hugo “El Pollo” Carvajal hacia Estados Unidos. El fiscal antidrogas ve “delitos graves” y razones fundadas para la detención y extradición del exjefe de Inteligencia de Hugo Chávez.
Hugo Carvajal se enfrentará de nuevo a un juicio para su extradición a EEUU / Foto: WC
Hugo Carvajal se enfrentará de nuevo a un juicio para su extradición a EEUU / Foto: WC

La Fiscalía General del Estado de España acaba de pasar al ataque contra Hugo “El Pollo” Carvajal, ex jefe de Inteligencia Militar de Hugo Chávez, para lograr la extradición hacia Estados Unidos, donde es requerido por delitos de narcotráfico.

La Fiscalía Especial Antidrogas española ha confirmado al diario ALnavío que ha presentado un recurso de apelación en contra de la decisión de la sección tercera de la Audiencia Nacional que negó la extradición de Carvajal por considerar que se trata de una solicitud de extradición con “motivaciones políticas”.

El fiscal que quiere enviar a “El Pollo” Carvajal a Estados Unidos, Francisco Javier Redondo López, está especializado en la persecución de delitos de tráfico de droga internacional. Asegura que se trata de delitos “muy graves” y que se cumplen todos los criterios legales para extraditarlo

La Fiscalía considera que Carvajal está siendo investigado en Estados Unidos por “graves delitos” y que, de acuerdo con la ley de extradición, debe ser enviado a ese país “sin entrar en otras consideraciones”. Así lo explicó en el juicio contra “El Pollo” Carvajal, celebrado el pasado 12 de septiembre, el fiscal Francisco Javier Redondo López.

Redondo, que ahora recurre la decisión de la Audiencia Nacional, pertenece a la Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas en España desde 2007, cuando fue nombrado en el cargo por el Consejo de Ministros presidido por José Luis Rodríguez Zapatero.

El recurso ha sido admitido a trámite y, por tanto, cumple con todos los requisitos legales en plazo y forma, según ha confirmado la Fiscalía. La Audiencia Nacional también confirmó la recepción del documento. Con este trámite, se abre una nueva fase judicial en contra de Hugo Carvajal, que fue puesto en libertad el pasado 16 de septiembre, cuando cumplía prisión preventiva en la cárcel de Estremera en las afueras de Madrid.

Los argumentos del fiscal

El fiscal Redondo alegó en el juicio contra Carvajal que se cumplía con todos los requisitos legales para su extradición hacia Estados Unidos y consideró que las pruebas remitidas por el tribunal del distrito Sur de Nueva York son sólidas.

“Se atestiguan los delitos. Se han cumplido los requisitos formales. Son delitos graves. El delito más grave de todos es el de narcotráfico internacional. Los mínimos punitivos para enjuiciamiento o cumplimiento de condena se sobrepasan con creces (para la extradición). Los hechos no han prescrito de acuerdo con la legislación del país reclamante (Estados Unidos). Por otra parte, no han prescrito en España”, explicó el fiscal en el juicio, donde también dio pistas de lo que será su apelación.

“Estamos en la fase jurisdiccional en un proceso de extradición pasiva. Aquí, en esta sede, en esta fase, debemos estar atentos a los instrumentos legales. No proceden otras consideraciones. Debemos ceñirnos a lo que establece la ley”, explicó el fiscal especializado en delitos de tráfico de drogas internacional.

Fuentes jurídicas cercanas a la Audiencia Nacional explican que, en esta nueva fase, el fiscal debe desmontar todos los argumentos esgrimidos por los jueces que fallaron a favor de Hugo Carvajal.

“Tiene que atacar todos los argumentos: el de la falta de pruebas y concreción de los hechos, el del delito militar (que estaría fuera del tratado de extradición) y el de la persecución política. De lo contrario, el recurso no podrá prosperar”, explican estas fuentes al diario ALnavío.

Los abogados defensores dudaban, a primera hora de la mañana de este miércoles, que el recurso hubiese sido presentado dentro de los plazos previstos (tres días después de la notificación a todas las partes).

Pero la Fiscalía ha confirmado que se ha entregado en el plazo estipulado. Con esta confirmación, “El Pollo” Carvajal se enfrenta a una nueva fase judicial en la que el pleno de la Audiencia Nacional deberá revisar la decisión de los tres jueces que negaron su extradición hacia los Estados Unidos.

Carvajal se encuentra en libertad condicional, un régimen con el que se debe presentar cada 15 días ante el tribunal y que le prohíbe la salida del país. Los abogados de Carvajal han anunciado que estudiarán el recurso y, en caso de que el pleno de la Audiencia Nacional falle en su contra, recurrirán ante el Tribunal Constitucional y ante el Tribunal Europeo.

La Fiscalía de Venezuela abre una nueva investigación a Guaidó por las fotos con dos narcos por Florantonia Singer – El País – 14 de Septiembre 2019

Las imágenes de la frontera dan pie al chavismo para iniciar la segunda acción judicial en una semana

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El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, muestra las fotos de Guaidó. LEONARDO FERNANDEZAP

En menos de una semana, el jefe de Parlamento venezolano, Juan Guaidó, está en el centro de una nueva investigación por parte de la justicia del régimen de Nicolás Maduro. Las fotos que se difundieron en las que aparece con dos miembros de la banda narcoparamilitar Los Rastrojos, cuando cruzaba la frontera en febrero pasado, tuvieron la esperada reacción del chavismo. Las polémicas imágenes desataron un torbellino de comentarios tanto en Venezuelacomo en Colombia, donde se cuestiona el papel del presidente Iván Duque, y ahora Guaidó enfrenta una nueva amenaza de prisión.

“Ese cuento de que eran seguidores no se lo cree nadie. Los Rastrojos es una banda formada por disidentes de las Autodefensas Unidas de Colombia, desmovilizadas en 2006. Son criminales a sueldo aliados con el uribismo, el santismo y ahora con Duque, que actúan en conjunto con el Cartel de Sinaloa. ¿Cómo es que él no sabía que eran los criminales más buscados de Colombia?”, dijo el funcionario.

Saab también enfiló acusaciones contra el presidente Duque. “¿Sabía el Gobierno de Iván Duque que estos narcotraficantes les iban a hacer la guardia de honor a Guaidó? Podemos suponer que lo sabían y no hay ninguna sorpresa porque Colombia tiene una fama planetaria de ser un narcoestado”. El mandatario colombiano, sin embargo, dio su respaldo al venezolano y aseguró que cuando llegó al territorio colombiano fue su gobierno el que le prestó protección. “Guaidó es un héroe, un defensor de la democracia, de su pueblo. Ha tenido la valentía de enfrentar a una dictadura que ha perseguido a todos los opositores. Más allá de las explicaciones que pueda dar, ofrecemos el respaldo irrestricto a Venezuela para que recupere su libertad”, aseguró este viernes.

Para el fiscal otra de las supuestas evidencias de la vinculación de la oposición con grupos paramilitares colombianos es la detención de Wilfrido Torres Gómez, un miembro de Los Rastrojos, ocurrida en marzo pasado en la ciudad de Valencia, en el centro de Venezuela. De acuerdo con Saab, la captura se logró gracias a la delación de Roberto Marrero, jefe del despacho de Guaidó y su más cercano colaborador, detenido arbitrariamente por funcionarios del Sebin el pasado 21 de marzo.

La semana pasada la Fiscalía abrió una pesquisa contra Guaidó porque supuestamente parte de su equipo de representantes diplomáticos estaba negociando el territorio del Esequibo, en disputa con Guyana, a cambio de apoyo político para la transición política y la realización de elecciones libres en Venezuela, para lo que ya cuenta con el respaldo de Estados Unidos y medio centenar más de países. Antes ya le habían retirado la inmunidad parlamentaria y lo acusaron de estar detrás del mega apagón de cinco días que sufrió el país en marzo, también de violar la prohibición de salida del país que le dictaron en febrero y la Contraloría lo ha amenazado con investigaciones patrimoniales. Pese a los señalamientos, el régimen de Maduro no le ha detenido. En cambio, ha ido contra su círculo. Además de Marrero, han apresado y perseguido a parte de su equipo, a un primo y desde el Supremo se ha emprendido una cacería contra los parlamentarios: el primer vicepresidente, Edgar Zambrano, está preso desde mayo en una prisión militar y más de una veintena de diputados está resguardada en embajadas o en el exilio.

En la narrativa del chavismo sobre decenas de atentados y ataques que aseguran se ha intentado para forzar la salida de Nicolás Maduro suelen involucrar a los paramilitares colombianos sin aportar mayores pruebas. De hecho, un grupo de 59 colombianos detenidos en 2016 y acusados de ser paramilitares y conspirar con líderes de la oposición fueron deportados en junio de este año sin cargos, luego de la mediación de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michele Bachelet.

Un Maduro histérico y gritando por TV ordena actuar contra el presidente (E) Juan Guaidó – Alberto news – 6 de Septiembre 2019

 Nicolás Maduro ordenó este jueves al Ministerio Público, controlado por su régimen, a actuar en contra contra Del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, a quien tildó de bandido, traidor y vende patria por supuestamente “entregar el Esequibo” venezolano.

“Quienes pretenden imponer un gobierno pro imperialista y dividir a la Fuerza Armada tienen un solo objetivo: Apoderarse de la Guayana Esequiba, del petróleo venezolano, del Golfo y repartirse las riquezas y las tierras”, dijo.

AlbertoNews

@AlbertoRodNews

VIDEO | Un Maduro histérico y gritando por TV ordena actuar contra el presidente (e) Juan Guaidó https://bit.ly/2lXLBsM 

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La fase de investigación en la Corte Penal Internacional por Mariano de Alba – ProDaVinci – 28 de Agosto 2019

 

Nueva sede de la Corte Penal internacional en la Haya, en los Países Bajos. Fotografía de Martijn Beekman | ANP | AFP

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El 8 de febrero de 2018, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional inició un examen preliminar sobre los hechos ocurridos entre los meses de abril y julio de 2017 en Venezuela. El 27 de septiembre de 2018, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú solicitaron a la Fiscalía una investigación por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela a partir del 12 de febrero de 2014.

El 5 de diciembre de 2018, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional anunció que la situación en Venezuela se encontraba en la fase 2 del examen preliminar. Las cuatro fases que conforman el examen preliminar ya las explicamos detalladamente aquí en Prodavinci. En la fase 2, la Fiscalía realiza una evaluación de la competencia de la Corte. En la fase 3, se concentra en valorar la admisibilidad y, finalmente, en la fase 4, evalúa el interés de la justicia. Todo lo anterior con la finalidad de determinar si existe una base razonable para continuar hacia la investigación.

Aunque para la fecha de publicación de este texto se desconoce públicamente el estatus del examen preliminar y cuándo la Fiscal podría anunciar su decisión sobre si la situación en Venezuela va a pasar hacia la etapa de investigación, resulta conveniente explicar qué puede suceder y esperarse de una eventual continuación del procedimiento.

Del examen preliminar a la investigación

No existe un plazo máximo de duración para que la Fiscalía concluya el examen preliminar. Sin embargo, la práctica de la Corte ha demostradoque cuando hay una remisión por parte de uno o varios Estados, ese tiempo de duración disminuye considerablemente. Ese podría ser el caso de Venezuela luego de la remisión realizada por seis países del continente americano en septiembre de 2018. Los Gobiernos de Alemania, Costa Rica y Francia han apoyado públicamente el examen preliminar, pero no se han sumado formalmente a la remisión, limitándose a un apoyo mediático. Mientras mayor sea el número de Estados que remitan formalmente la situación venezolana a la Corte, mayor presión tendrá la Fiscalía para avanzar con su misión.

En este momento, al menos uno de los seis países que realizaron la remisión podría tratar de solicitar información concreta a la Fiscalía sobre el estatus del examen preliminar. Para ello, existe un precedente del año 2006, cuando el Gobierno de la República Centroafricana, que previamente había remitido una situación de su propio país, solicitó información. En respuesta, la Sala de Cuestiones Preliminares solicitó a la Fiscalía que compartiera cómo iba la evaluación sobre el caso. En cualquier caso, al final de cada año, la Fiscalía emite un reporte informando el estado de todos los exámenes preliminares que adelanta, por lo que en diciembre de 2019 habrá una actualización del estatus del examen preliminar sobre la situación en Venezuela.

El Estatuto de Roma, el tratado internacional que contiene las normas que regulan el funcionamiento de la Corte Penal Internacional, prevé que la Fiscal, después de evaluar la información que dispone durante el examen preliminar, debe necesariamente iniciar una investigación salvo que no existan fundamentos razonables para proceder. En principio, esa posible decisión de no proceder con la investigación depende de la discreción de la fiscal. Cabe destacar que el período de la actual fiscal, Fatou Bensouda, finaliza en junio de 2021. La Corte ya ha iniciado las gestiones para buscar su reemplazo.

En el caso de Venezuela, dado que seis países remitieron la situación, si la fiscal considera que no hay que avanzar hacia la investigación, entonces la decisión puede ser revisada por la Sala de Cuestiones Preliminares. La Sala de Cuestiones Preliminares I, compuesta por los jueces Péter Kovács (Hungría), Marc Perrin de Brichambaut (Francia) y Reine Alapini-Gansou (Benín), es la responsable de decidir todo lo concerniente con la situación de Venezuela durante el examen preliminar y la investigación. Dicha Sala tendría que hacer, entonces, su evaluación y, según el lenguaje del artículo 53(3)(a) del Estatuto, podría pedirle a la fiscal “que reconsidere esa decisión”. El lenguaje de la disposición parece dejar a la discreción de la fiscal la determinación final de avanzar, incluso si la Sala de Cuestiones Preliminares no coincide con su criterio. El único caso donde la determinación de la Sala de Cuestiones Preliminares sería vinculante es si la decisión de la Fiscal de no avanzar hacia la investigación tiene como fundamento que la continuación de la investigación no está en el “interés de la justicia”.

Aspectos distintivos de la investigación

Conforme al Estatuto de Roma, si la Fiscalía decide avanzar con sus indagaciones, entonces debe ampliar “la investigación a todos los hechos y las pruebas que sean pertinentes para determinar si hay responsabilidad penal”. Recordemos que la Corte Penal Internacional tiene como misión juzgar a las personas que tengan la mayor responsabilidad por los crímenes cometidos. En un informe publicado en el año 2016, la Fiscalía reveló que, visto que la Corte tiene recursos limitados, su política es presentar un número restringido de acusaciones que sean representativas del alcance general de los crímenes cometidos, acusando a aquellas personas que tengan la mayor responsabilidad por los crímenes más serios.

Durante la investigación, la Fiscalía tiene la obligación de investigar “tanto las circunstancias incriminantes como las eximentes” y respetar “los intereses y las circunstancias personales de víctimas y testigos”. El Estatuto prevé que la persona que esté siendo investigada no debe ser obligada “a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable”, teniendo derecho a “guardar silencio” y “ser asistida de un abogado defensor”. Si esas normas no son respetadas, entonces la Corte eventualmente podría excluir pruebas o testimonios obtenidos durante la investigación.

Para realizar diligencias concretas de investigación, la Fiscalía debe enviar una solicitud a las autoridades del Estado relevante a través de los mecanismos diplomáticos regulares. La regla general es que el Estado mantendrá el carácter confidencial de cualquier solicitud, excepto cuando la divulgación sea necesaria para tramitar la diligencia solicitada. En su artículo 93(4), el Estatuto permite al Estado requerido rechazar una solicitud de asistencia si “se refiere a la presentación de documentos o la divulgación de pruebas que afecten a su seguridad nacional”. Esa disposición podría ser objeto de abuso por parte de gobiernos que no deseen cooperar con la Corte.

Un punto central sobre la fase de investigación es que es llevada adelante por la Fiscalía de una instancia judicial internacional. Usualmente, las fiscalías de cada país tienen acceso irrestricto a las pruebas, a los testigos y pueden realizar inspecciones y practicar allanamientos sin grandes obstáculos. Para la Fiscalía de la Corte Penal Internacional es más complicado porque la investigación supone, esencialmente, adelantar labores en el territorio de un Estado soberano. En consecuencia, el éxito de las gestiones depende de la receptividad que tenga el Estado donde la Fiscalía quiere investigar. Esto significa que la investigación podría ser muy complicada cuando tiene que ser realizada en un país cuyo Gobierno se vea amenazado por esa investigación.

Los Estados Parte del Estatuto de Roma tienen la obligación general de cooperar “plenamente con la Corte en relación con la investigación y el enjuiciamiento de crímenes”. Teóricamente, si un Estado se niega a cooperar, la Fiscalía puede llevar a cabo la investigación sin el consentimiento y cooperación del respectivo Gobierno. Para ello tendría que obtener una autorización especial de la Sala de Cuestiones Preliminares, que sería emitida si ésta determina que el Estado es incapaz de ejecutar la solicitud de cooperación.

En la práctica, la situación es más complicada porque es difícil para los funcionarios internacionales de la Fiscalía realizar diligencias concretas de investigación si no cuentan con la aprobación del Gobierno en cuestión. Por tanto, el artículo 87(7) del Estatuto prevé que cuando un Estado se niega a cooperar con la Corte, la Fiscalía también puede acudir a la Sala de Cuestiones Preliminares para que ésta determine formalmente la falta de cooperación y remita ese fallo a la Asamblea de Estados Partes, cuya facultad está limitada a señalarlo públicamente para que la denegación de cooperación tenga un costo político. Cabe destacar que Venezuela no paga su cuota de contribución ante la Corte Penal Internacional desde septiembre de 2012. Adeuda más de 8 millones de dólares y, por ende, tiene suspendido el derecho a voto en la Asamblea de Estados Partes. El Reglamento de la Corte requiere que antes de realizar cualquier determinación, la Sala de Cuestiones Preliminares deberá oír a las autoridades del Estado involucrado.

La cooperación internacional en la recolección de la evidencia

Durante la investigación, la Fiscalía también puede requerir la cooperación de otros Estados u organizaciones internacionales. Esta alternativa podría ser relevante en el caso venezolano.

En el mes de julio de 2019, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina realizó una convocatoria a los venezolanos para que brinden “sus testimonios e información que consideren útil sobre posibles violaciones a los derechos humanos en su país”. Luego de las primeras semanas, un equipo del Centro de Asistencia a las Víctimas de Delito (CENAVID) de ese Ministerio ya ha recopilado testimonios y prepara un informe que podría enviar a la Corte Penal Internacional. Según la directora general del CENAVID, recibieron “manifestaciones muy contundentes respecto a la violación de los derechos humanos, que es lo que nosotros justamente queríamos determinar: si estábamos ante delitos de lesa humanidad o no”.

Por otro lado, organismos internacionales como la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos también podrían jugar un rol relevante. El informe presentado a inicios del mes de julio por la Alta Comisionada Michelle Bachelet no hace referencia directa a la posible comisión de crímenes de lesa humanidad, como sí lo hizo un informe de su predecesor. Existe la posibilidad que el Consejo de Derechos Humanos refuerce el mandato de la Alta Comisionada para aumentar la vigilancia y la documentación sobre violaciones a derechos humanos en Venezuela. Si se determina que esas violaciones a los derechos humanos han sido cometidas de forma sistemática, en algunos casos podrían llegar a configurar crímenes de lesa humanidad. El 22 de agosto de 2019, 11 organizaciones de derechos humanos exhortaron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a establecer una comisión de investigación que examine las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela. Como lo afirman esas organizaciones, “la información que recabe la comisión podría ser pertinente para las autoridades que evalúen iniciar procedimientos penales, incluida la Fiscal de la Corte Penal Internacional”.

La emisión de órdenes de detención u órdenes de comparecencia

Luego de iniciada la investigación, en cualquier momento, la Fiscalía puede solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares que dicte órdenes de detención u órdenes de comparecencia. Una orden de comparecencia es dictada cuando hay indicios de que será suficiente para que la persona imputada de haber cometido un crimen se presente voluntariamente ante la Corte. Una orden de detención es emitida cuando es necesario asegurar la aparición del imputado en el juicio, tanto para prevenir la obstrucción de la investigación o evitar que continúe cometiendo crímenes prohibidos por el Estatuto de Roma.

Desde el inicio de su funcionamiento en 2002, la Corte ha emitido treinta y siete (37) órdenes de arresto y nueve (9) órdenes de comparecencia. Trece (13) de las treinta y siete (37) órdenes de arresto siguen sin poder ejecutarse, lo que significa que los procesados continúan en libertad. Las órdenes de captura contra Joseph Kony y Vincent Otti, señalados de múltiples crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, fueron emitidas en el año 2005. Ambos son líderes del Ejército de Resistencia del Señor, una organización extremista que opera en el norte de Uganda. Omar al-Bashir, hasta hace poco presidente de Sudán y la única persona señalada hasta ahora por la Corte por genocidio, cuenta con una orden de arresto desde el año 2009. Actualmente, luego de ser derrocado por las fuerzas armadas de Sudán en abril de 2019, se encuentra detenido en su país, acusado únicamente de incitar el asesinato de manifestantes.

Según el Estatuto de Roma, la ejecución de las órdenes de detención es responsabilidad de los Estados Parte. En otras palabras, la ejecución depende de la cooperación de los Estados con la Corte. Esto explica, por ejemplo, por qué al-Bashir, siendo presidente, nunca fue detenido y enviado a la Corte. Simplemente se limitó a permanecer en su país o viajar a países donde estaba seguro de que no lo detendrían.

Una vez que una persona imputada es detenida, debe ser notificada personalmente de la orden de detención y llevada ante una autoridad judicial del Estado que lo está custodiando. Esa autoridad judicial debe determinar que la orden efectivamente le aplica a esa persona, que el proceso de notificación se hizo correctamente y que los derechos del imputado han sido respetados. El imputado puede impugnar la orden de detención si considera que ya fue juzgado por los crímenes por los que está siendo acusado. Excepcionalmente, y bajo la supervisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, esa autoridad judicial nacional podría otorgar la libertad condicional del imputado hasta tanto se concrete su traslado a la Corte. El Estatuto de Roma exige que el acusado esté presente para que pueda realizarse el juicio. Esto significa que no es posible realizar un juicio in absentia y el acusado sólo podría ser apartado, si estando presente, perturba continuamente el juicio. No obstante, siempre tendrá que preservarse la posibilidad de que observe el proceso y pueda comunicarse continuamente con su abogado defensor.

Por otro lado, el Estatuto realiza una distinción entre los términos “entrega” y “extradición”. Según el artículo 102, la entrega es el traslado de una persona por un Estado a la Corte “de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto”, mientras que la extradición es el traslado de una persona por un Estado a otro Estado “de conformidad con lo dispuesto en un tratado o en el derecho interno”. Esta fue la fórmula escogida para tratar de prevenir inconvenientes en los países, como Venezuela, que tienen una norma constitucional que prohíbe la extradición de sus nacionales. En consecuencia, un rechazo de los tribunales venezolanos, por ejemplo, de trasladar a la Corte a un venezolano, sería incompatible con las obligaciones del Estado venezolano conforme al Estatuto. Sin embargo, no es posible descartar la posibilidad de que un juez nacional eventualmente considere la distinción entre “entrega” y “extradición” como una minuciosidad y niegue el traslado.

Otra posibilidad que podría darse es que existan solicitudes concurrentes sobre el mismo individuo, una de la Corte Penal Internacional y otra de un Estado solicitando la extradición. Por ejemplo, que una persona sea requerida al mismo tiempo por la Corte Penal Internacional y por autoridades de Estados Unidos. En ese caso, el Estatuto dispone que, si el Estado requirente de la extradición es también un Estado Parte de la Corte Penal Internacional, debe dársele prioridad a la solicitud de la Corte. Pero si el Estado requirente no es parte de la Corte, el Estado requerido podrá decidir a cuál solicitud darle prioridad, salvo que esté obligado por una norma internacional a conceder la extradición. Para ello, deberá tener en cuenta las fechas de las respectivas solicitudes, los intereses del Estado requirente y la posibilidad de que la Corte y el Estado requirente lleguen a un acuerdo posteriormente.

La audiencia de confirmación de los cargos y la preparación para el juicio

Una vez que la persona imputada es trasladada a la Corte, la Sala de Cuestiones Preliminares deberá determinar si permanece detenida o si se le otorga libertad condicional para enfrentar el juicio. Si el imputado permanece detenido, durante el proceso queda retenido en el centro de detención Scheveningen, una sección de la prisión de Haaglanden, cercana a la sede de la Corte en La Haya.

Asimismo, dentro de un plazo razonable posterior al traslado del imputado, debe celebrarse una audiencia para confirmar los cargos sobre los que la Fiscalía tiene la intención de solicitar el enjuiciamiento. Esa audiencia se celebra en presencia del fiscal, el imputado y su abogado defensor. Una vez que la Sala de Cuestiones Preliminares confirme los cargos, la presidencia de la Corte debe constituir una Sala de Primera Instancia que será la encargada de la siguiente fase: el juicio.

El éxito del régimen chavista en la Corte Penal Internacional: «22 denuncias sin investigación y la hermana del narco El Aissami como embajadora» por Jesús Mitchelle Torres – PD América – 12 de Agosto 2019

El abogado venezolano Carlos Ramírez López publicó un vídeo en su cuenta de Twitter donde deja ver las razones por las cuales la CPI no falla en contra de la dictadura chavista

El éxito del régimen chavista en la Corte Penal Internacional: "22 denuncias sin investigación y la hermana del narco El Aissami como embajadora"
El dictador Nicolás Maduro y La Corte Penal Internacional (CPI).YT

Apesar de los innumerables casos de las violaciones de derechos humanos en Venezuela, el régimen que dirige el dictador Nicolás Maduro ha conseguido que el órgano encargado de perseguir dichos crimenes a nivel internacional se mantenga en silencio o que haya dicho muy poco.

En un vídeo que se viralizó en las redes sociales, el abogado venezolano Carlos Ramirez López hizo un resumen de la gestión de este tribunal, que ha generado aún más impunidad en temas de derechos humanos.

«Desde el año 2003 hasta hoy se han interpuesto 22 denuncias ante la CPI, denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela y de ninguna se ha sabido nada… y son 14 años que han transcurrido».

(…)

«Esa CPI no sirve, no funciona, es un engaño y de los engaños lo mejor es despertar».

La gestión del tribunal habla por sí sola: «En 14 años de funcionamiento sólo ha dictado 4 sentencias y se ha gastado en eso más de mil millones de dólares», señala el abogado citando al presidente ruso Vladimir Putin.

«La Fiscalía de la CPI ha recibido denuncias sustentadas contra Nicolás Maduro por graves hechos que se han alegado como constituvos de delitos de su competencia y no se ha producido ni la mas mínima señal de apertura de una investigación, por el contrario, ha trascendido que el régimen dictatorial mantiene un intenso lobby en la Haya, al punto de que ha nombrado como embajadora ante ese tribunal a Haifa El Aissami, hermana de Tareck El Aissami, que es una de las personas señaladas como incursa en hechos de narcotráfico y facilitador del terrorismo islámico.

Carlos Ramirez Lopez

@carlosramirezl3

DR LEY.
LA VERDAD SOBRE LA ALCAHUETERIA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL con los crímenes de la dictadura que oprime a Venezuela

Video insertado

En febrero de 2018, la CPI anunció que ponía en marcha investigaciones preliminares por «presuntos crímenes» en Venezuela durante manifestaciones contra Maduro, que dejaron unos 125 muertos en 2017. Sin embargo nada ha surgido al respecto.

En septiembre de 2018, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú solicitaron a la Corte que investigara los crímenes contra la humanidad que cometió el régimen. Este pedido fue respaldado por Francia y Alemania, generando el rechazo del chavismo.

Investigaciones contra la Fiscal

La Corte Penal Internacional (CPI) ha admitido a trámite una denuncia del exdiputado venezolano Walter Márquez contra la fiscal jefe, Fatou Bensouda, por no abrir una investigación contra el Gobierno de Nicolás Maduro, según dijo una fuente del tribunal a EFE

El juez presidente, Chile Eboe-Osuji, ha designado un panel de tres magistrados para que analicen la acusación del político, un proceso que forma parte del marco legal utilizado habitualmente por la CPI para tratar este tipo de escritos, añade la misma fuente.

Qué mal parado sale el fiscal general de Maduro en el informe Bachelet por Daniel Gómez – ALnavío – 5 de Julio 2019

El informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU sobre Venezuela señala a la Fiscalía General y a la Defensoría del Pueblo por “inacción”. Y también al fiscal general -Tarek William Saab- por participar “de una retórica pública de estigmatización y desacreditación de la oposición y de quienes critican al Gobierno, violando así el principio de presunción de inocencia”.

El informe Bachelet dice que el fiscal general de Maduro hace más política que justicia / Foto: @tarekwilliamsaabh
El informe Bachelet dice que el fiscal general de Maduro hace más política que justicia / Foto: @tarekwilliamsaabh

Cuando en el informe sobre Venezuela de Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, habla del “Fiscal General”, de la “Fiscalía General” y del “Ministerio Público”, se está refiriendo a Tarek William Saab, el fiscal general de Nicolás Maduro, y, por tanto, el responsable de estas instituciones.

Hasta el régimen de Maduro “ha reconocido que existe un problema de acceso a la justicia para todas las personas”, dice el informe. ¿Pero por qué ocurre esto? Porque existen “obstáculos”, aclara.

Un obstáculo es que “las autoridades no investigan o no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes”. Otro es la “renuencia de los/las fiscales a recibir sus denuncias, y la denegación del acceso a la información y a medidas de protección y apoyo psicosocial”. Y, por último, “está la falta de independencia y la corrupción en el poder judicial, también obstáculos importantes a los que se enfrentan las víctimas en su búsqueda de justicia y reparación”.

Dice el informe Bachelet que “la falta de independencia y la corrupción en el poder judicial” son “obstáculos importantes a los que se enfrentan las víctimas en su búsqueda de justicia y reparación”

Entonces aparecen las primeras menciones al fiscal de Maduro. “El Ministerio Público ha incumplido con regularidad su obligación de investigar y llevar a juicio a las personas responsables de los hechos y el Defensor del Pueblo [Alfredo Ruiz Angulo] ha guardado silencio ante las violaciones de los derechos humanos”.

El informe Bachelet critica que “ninguna de estas instituciones, así como tampoco el Gobierno o la policía dan protección a las víctimas y testigos de violaciones a los derechos humanos”.

A continuación, viene una mención directa a Saab. “El Fiscal General ha participado de una retórica pública de estigmatización y desacreditación de la oposición y de quienes critican al Gobierno, violando así el principio de presunción de inocencia”.

En octubre de 2018 puso de manifiesto esto que dijo la ONU. El fiscal general y jefe del Ministerio Público ofreció una rueda de prensa para aclarar la muerte del concejal Fernando Albán. Este cayó desde el piso 10 de las oficinas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Esto es lo único seguro de esa muerte. El fiscal de Maduro no dio pruebas rotundas sobre las causas, pero sí dejó unas duras críticas, más políticas que judiciales, a los opositores que denunciaron -y denuncian- que Albán fue lanzado al vacío. “Son hechiceros de goce necrofílico”, les dijo.

Cuando Bachelet visitó Venezuela hace dos semanas se reunió con Saab. Este le entregó un informe sobre las sanciones que el Ministerio Público ha impuesto a violadores de derechos humanos desde 2017.

Al tiempo que se producía la reunión, la exfiscal Luisa Ortega Díaz tuiteó: “La Alta Comisionada debe saber que está reunida con un criminal que usurpa un cargo público. Es por ese personaje que hoy el Ministerio Público no garantiza los derechos humanos de los venezolanos, sino que persigue a la disidencia y encubre crímenes de lesa humanidad”.

Luisa Ortega, chavista, es la fiscal general que se rebeló contra Maduro en abril de 2017, cuando este utilizó a la justicia para imponer la Asamblea Nacional Constituyente, y, en boca de la propia Ortega, “romper el orden constitucional”. Las críticas al régimen la obligaron a huir del país en agosto de 2017. Entonces su cargo lo tomó William Saab. Ella se sigue declarando “fiscal general en el exilio”.

Cabe destacar que en el informe Bachelet también hay un señalamiento al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. William Saab no es el único.

La ONU exige a Maduro detener las “graves violaciones de derechos” por Florantonia Singer/Francesco Manetto – El País – 5 de Julio 2019

Michelle Bachelet denuncia abusos policiales y el deterioro democrático en un demoledor informe tras su visita a Venezuela

Michelle Bachelet, junto a Juan Guaidó, durante su visita a la Asamblea Nacional de Venezuela.
Michelle Bachelet, junto a Juan Guaidó, durante su visita a la Asamblea Nacional de Venezuela. AFP

Graves violaciones de los derechos económicos, sociales, civiles y políticos. Violencia y abusos policiales. Una cifra aterradora de muertes, 5.287 solo en 2018, atribuidas a la “resistencia a la autoridad”. Una migración sin freno. En definitiva, un deterioro profundo de la democracia. Son algunas de las conclusiones del demoledor informe de la Oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos elaborado tras la visita de Michelle Bachelet a Venezuela. El estudio, conocido este jueves, insta al Gobierno de Nicolás Maduro a “adoptar de inmediato medidas específicas para detener y remediar las graves vulneraciones” que asfixian a millones de personas. De lo contrario, advierte, “continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país y empeoran las condiciones de vida de quienes permanecen en él”. El Ejecutivo rechazó el informe, que pide el desmantelamiento de las fuerzas especiales de la policía conocidas como FAES y de los colectivos armados, y presentó 70 alegaciones.

Según Naciones Unidas, que se basó en 558 entrevistas con víctimas y testigos directos, el chavismo “ha desmontado el sistema de control institucional sobre el poder ejecutivo”. A la crisis de la separación de poderes se añade una emergencia económica que el informe atribuye abiertamente no solo a la imparable hiperinflación sino también a “las políticas económicas y sociales adoptadas durante la última década”, que han acabado por debilitar los sistemas de producción. Pero las observaciones de la oficina son especialmente duras en relación con la actuación de los cuerpos de seguridad y las fuerzas especiales de la Policía Bolivariana.

Las fuerzas de seguridad

“Las FAES, una unidad de respuesta rápida creada en 2017 para combatir el crimen organizado, han sido presuntamente responsables de numerosas ejecuciones extrajudiciales en operaciones de seguridad, al igual que el CICPC [la policía científica]. Los servicios de inteligencia (el SEBIN y la DGCIM, la contrainteligencia militar) han sido responsables de detenciones arbitrarias, maltratos y tortura de opositores/as, políticos/as y de sus familiares”, señala el texto. Estos procedimientos se enmarcan, además, en un contexto en el que los grupos de choque del chavismo, los llamados colectivos armados, “contribuyen a este sistema ejerciendo control social en las comunidades locales, y apoyando a las fuerzas de seguridad en la represión de manifestaciones y de la disidencia”.

La alta comisionada recoge denuncias de esas ejecuciones, detenciones arbitrarias y persecución a los opositores. Presenta la cifra de 5.287 muertes, según el Gobierno de Maduro por “resistencia a la autoridad”, en el curso de esas operaciones de las FAES en 2018 y de las otras 1.569 asesinadas entre enero y mayo de este año. También destaca que un mes antes de su visita había 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, entre ellas 58 mujeres, y en lo que va de año 22 diputados de la Asamblea Nacional, incluido su presidente, han sido despojados de su inmunidad parlamentaria.

Dos visitas

La expresidenta de Chile visitó el país entre el 19 y el 21 de junio y se reunió con Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ONG y actores de la sociedad civil. “Durante mi visita a Venezuela, pude conocer directamente los relatos de quienes han sido víctimas de la violencia del Estado y sus peticiones de justicia. He transmitido con exactitud sus opiniones y las de la sociedad civil, así como las violaciones de derechos humanos documentadas en este informe, a las autoridades competentes”, manifestó la alta comisionada. Cuando estaba a punto de salir de Venezuela, las autoridades detuvieron a un grupo de militares con la acusación de planear un atentado contra Maduro. Uno de ellos, el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, murió bajo custodia de agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). El resultado de la autopsia, filtrado por funcionarios del Estado, apunta a que falleció tras sufrir torturas continuadas.

Desde 2004 Venezuela no recibía una evaluación en terreno de la situación de los derechos humanos. La visita de Bachelet fue antecedida por la de un cuerpo técnico que en medio de la crisis eléctrica de marzo recorrió cuatro ciudades del país y realizó entrevistas a activistas. El escrutinio al que se deja someter el chavismo ahora, luego de años de negarse a la visita de funcionarios de este tipo, ocurre en el momento en que Maduro, como líder de la revolución, está contra las cuerdas y el país enfrenta la peor crisis económica, política e institucional.

“El Gobierno ha aceptado autorizar gradualmente asistencia humanitaria de las Naciones Unidas y de otros actores. Sin embargo, el nivel de asistencia es mínimo en relación con la magnitud de la crisis y hay una necesidad urgente de adoptar reformas económicas estructurales”. En otra parte del texto señala: “Exhorto a todas las personas con poder e influencia —tanto en Venezuela como en el resto del mundo— a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo. Mi Oficina está lista para seguir apoyando”.

Separación de poderes

A los datos, Bachelet contrapone en su informe las omisiones del sistema de justicia y critica duramente al fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab, con quien tuvo un breve encuentro en su visita. “El Ministerio Público ha incumplido con regularidad su obligación de investigar y llevar a juicio a las personas responsables de los hechos y el Defensor del Pueblo ha guardado silencio ante las violaciones de los derechos humanos. Ninguna de esas instituciones, así como tampoco el Gobierno o la policía dan protección a las víctimas y testigos de violaciones a los derechos humanos. Además, el Fiscal General ha participado de una retórica pública de estigmatización y desacreditación de la oposición y de quienes critican al Gobierno, violando así el principio de presunción de inocencia”.

El informe dedica un capítulo a las sanciones económicas aplicadas al país que sistemáticamente el Gobierno de Maduro ha atribuido como responsables de la actual crisis. En este apartado destaca que la mayoría de las sanciones son de naturaleza selectiva y consisten en congelación de activos y prohibiciones de viajes a unos 150 altos cargos. “La economía venezolana, especialmente su industria petrolera y los sistemas de producción de alimentos, ya estaban en crisis antes de que se impusiera cualquier sanción sectorial. Las cifras publicadas por el Banco Central de Venezuela el 28 de mayo de 2019 muestran que los indicadores económicos fundamentales empezaron a degradarse drásticamente mucho antes de agosto de 2017. Sin embargo, las últimas sanciones económicas están agravando aún más los efectos de la crisis económica, y por tanto la situación humanitaria. El informe señala como origen de la crisis humanitaria que vive Venezuela “el desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión, han tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida”.

El Gobierno de Maduro presenta 70 alegaciones

El Gobierno de Maduro presentó 70 observaciones al informe de Bachelet. Según el documento presentado por Cancillería, la ONU ofrece “una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela, que contradice los principios que deben regir el tratamiento de los asuntos de derechos humanos, recogidos en la Declaración y Programa de Acción de Viena”.

“Es especialmente preocupante que el 82% de las entrevistas utilizadas para fundamentar su informe se correspondan con personas ubicadas fuera del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, especialmente tomando en cuenta que dicha Oficina realizó dos visitas al país durante el año 2019”, continúa el Gobierno. Además, según el Gobierno no se hace referencia a “otras medidas implementadas por el Gobierno de Venezuela que impactan positivamente sobre el poder adquisitivo del pueblo venezolano”. Es decir, los subsidios contemplados por el llamado carné de la patria o la gratuidad de los servicios públicos. Cancillería niega también que en Venezuela existan “personas detenidas” por motivos políticos. Con estos argumentos, el Ejecutivo solicitó a Naciones Unidas que modificara el informe antes de su publicación.

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