elecciones7Oenbilbao

Punto de encuentro de Venezolanos votantes en Bilbao

Archivos por Etiqueta: Fiscalia

La muerte patrulla Caracas por Maolis Castro – El País – 23 de Junio 2017

Un estudiante de 22 años ha muerto tras recibir varios disparos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en una marcha en apoyo a la fiscal general, a quien Maduro llama “traidora”

1498204836_227439_1498254519_album_normal.jpg
El asesinato de David José Vallenilla Luis, un estudiante de enfermería de 22 años de edad, ha sido transmitido en directo este jueves en Venezuela. En un vídeo de VivoPlay, un medio digital independiente, se muestra a militares detonar sus armas contra manifestantes opositores en la autopista Francisco Fajardo, la principal arteria que comunica al oeste con el este de Caracas. Vallenilla —rostro parcialmente cubierto por una franela negra y vestimenta color azul— cae en el asfalto tras ser herido de varios disparos de perdigón en el tórax.

1498204836_227439_1498254517_album_normal.jpg

El crimen ha ocurrido después de una marcha convocada por la coalición opositora Unidad Democrática para respaldar a la fiscal general Luisa Ortega Díaz, desertora del régimen de Nicolás Maduro. Son 75 personas fallecidas y más de 3.278 detenciones arbitrarias en este país sudamericano durante 82 días de protestas contra el Gobierno.

Al asesinato de Vallenilla precede el de Fabián Urbina, un estudiante de publicidad de 17 años de edad, que el pasado lunes recibió un disparo de bala cuando protestaba en Caracas. Ambas muertes son atribuidas a agentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). El general Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia, se ha desentendido de los crímenes al individualizar las culpas. “El Gobierno Bolivariano ratifica compromiso con los Derechos Humanos y con individualización de responsabilidades frente a la ley. La conspiración de la derecha violenta contra Venezuela se nutre de sangre innecesariamente derramada por venezolanos… Los efectivos que sean responsables de delitos serán presentados ante la ley”, escribió Reverol en su cuenta de Twitter.

Por esta muerte ha sido detenido Arli Cleiwi Mñendez Terán, un sargento adscrito a la Policía Aérea venezolana. Según Reverol, dos militares han resultado heridos durante el enfrentamiento que se produjo en las cercanías de la Base Aérea Francisco de Miranda, conocida como La Carlota.

Horas antes de este asesinato, Maduro había exaltado la labor de los cuerpos de seguridad del Estado y ha aclarado que no utilizan armas de fuego o perdigones contra manifestantes. “La Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana han hecho un esfuerzo heroico y lo debe seguir haciendo. Sin armas de fuego, sin escopetas de perdigones. Está prohibido. Con el agua y el gasecito que está permitido, solamente. Si hay un solo caso, como ha habido, al segundo de detectarse ha sido capturado y entregado a las autoridades, y he ordenado una investigación para ver si detrás no hay una conspiración”, dijo en una rueda de prensa exclusiva para medios internacionales.

El mandatario, además, ha calificado a la fiscal general de Venezuela como una “traidora” que, supuestamente, desea perfilarse como candidata política en unas hipotéticas elecciones. “Veo como una vulgaridad el extremismo en que ha caído el Ministerio Público, traicionarme a mí y traicionar a (Hugo) Chávez. Es muy triste que al final del camino, después de tanta lucha, uno termine al servicio de los verdugos de nuestro pueblo”, respondió a un periodista.

No es la primera intimidación contra Ortega Díaz. El régimen ha emprendido un ataque contra la fiscal desde que condenó una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (emitida el 30 de marzo), un tentáculo hasta ahora del Gobierno de Maduro, que había despojado de atribuciones a la mayoría opositora de la Asamblea Nacional.

Esta es una arremetida que se ha recrudecido el pasado martes cuando el Supremo ha aceptado en tiempo record un antejuicio de mérito contra Ortega Díaz introducido por el parlamentario chavista Pedro Carreño para destituirla de su cargo.

Entretanto, la Fiscalía ha continuado denunciando las vulneraciones cometidas durante esta ola de protestas en este país. Para investigar la muerte de Vallenilla ha comisionado al fiscal número 126 del Área Metropolitana de Caracas. No obstante, trascendió que los expertos del Ministerio Público no pudieron ingresar este jueves a la medicatura forense de Bello Monte (este de la capital), donde se examinaba el cadáver del joven asesinado, porque supuestamente el caso había sido asumido por la Fiscalía Militar.

 

El Supremo chavista decide enjuiciar a la Fiscal General rebelde por Ewald Scharfenberg/Javier Lafuente – El País – 21 de Junio 2017

Luisa Ortega Díaz: “Lamentablemente en Venezuela ya no hay un Estado de derecho, sino un Estado de terror”

1497546897258
La crisis institucional de Venezuela se ha agudizado este martes, al tiempo que ofrecía un adelanto del choque de trenes que se avecina en la lucha por el poder. Si por un lado el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el chavismo, que ya ha declarado en desacato al Parlamento, inició el camino para destituir a la rebelde fiscal general, Luisa Ortega Díaz; por el otro, la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), que apoya a la fiscal, se declaró en abierta desobediencia frente al Gobierno, a cuyo desconocimiento llamó a los ciudadanos, y adelantó que usará todos los mecanismos constitucionales para derrocarlo.

El Supremo admitió en la tarde del martes la solicitud, introducida el viernes por el diputado chavista Pedro Carreño, de un antejuicio de mérito contra la fiscal Ortega Díaz por la presunta comisión de “faltas graves en el ejercicio de su cargo”. De prosperar la causa, el máximo tribunal del país podría destituir a la titular del Ministerio Público, una competencia que solo corresponde a la Asamblea Nacional, dominada desde enero de 2016 por una mayoría absoluta de oposición. Sin embargo, en círculos políticos trascendió que el Supremo, que ya declaró en desacato al parlamento en septiembre de 2016 y nulas todas sus actuaciones, se valdrá de esa circunstancia para asumir las potestades de los diputados.

“La sentencia de la Sala Plena, con ponencia de la magistrada Marjorie Calderón Guerrero, presidenta de la Sala de Casación Social, explica que esta decisión fue tomada de conformidad con lo previsto en el artículo 279 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo tipificado en los numerales 4, 5, 8 y 9 del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, y 23 numerales 2 y 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público”, se explica en un escueto boletín de tres párrafos emitido por la sala de prensa del tribunal.

La fiscal Ortega Díaz se ha convertido en cuestión de semanas en la bestia negra del oficialismo. Asumió el cargo en 2007 y desde entonces había sido una obediente operadora de las operaciones para imputar a enemigos del régimen. Pero a fines de marzo pasado se pronunció en contra de las decisiones del TSJ que, en la práctica, disolvían el parlamento y daban al presidente Nicolás Maduro poderes legislativos. Más tarde, intentó recursos de amparo contra la convocatoria gubernamental a una Asamblea Nacional Constituyente, que el Supremo rechazó enseguida.

La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, se refirió al antejuicio que se le ha abierto a la fiscal general desde Cancún, donde se celebra la Asamblea General de la OEA. Preguntada por este diario sobre la decisión del Supremo, Rodríguez aseguró que “un fiscal general debe tener una actuación apegada al derecho, como indica la Constitución”. “Las leyes contemplan cuáles deben ser los deberes de la fiscalía, entre ellos el más importante: la imparcialidad, la no politización de la justicia”, dijo en referencia a la actuación de la fiscal.

“El mundo en general tiene una tendencia al aumento de la impunidad para perseguir y castigar crímenes”, prosiguió la canciller venezolana, quien consideró que “Venezuela no está exenta de esa situación”. Así justificó que el presidente, Nicolás Maduro, tomase la decisión de convocar la Asamblea Constituyente: “Para crear mecanismos que reduzcan el déficit de justicia que hay en Venezuela”.

En declaraciones públicas, el diputado oficialista Pedro Carreño ha expresado su presunción de que Ortega Díaz padece de trastornos mentales, y ha llegado a pedir la conformación de una junta médica para evaluarla. En los medios del Estado se transmiten constantes mensajes para censurar la presunta “traición” de la funcionaria. El martes, el personal de la Fiscalía denunciaba por la cuenta en Twitter del Ministerio Público el acoso del que estarían siendo objeto por parte de grupos de choque del chavismo.

En una entrevista con la emisora Unión Radio, Ortega Díaz reveló que se le ha impedido el acceso al expediente del antejuicio de mérito. “Yo estoy preparada para todo, como una mujer de Estado que soy”, aseguró, ante las medidas inminentes en su contra. “Lamentablemente en Venezuela ya no hay un Estado de derecho, sino un Estado de terror”.

Los magistrados de la Sala Plena del TSJ continuaban considerando este martes en Caracas otras medidas de precaución contra la fiscal, como una eventual prohibición de salida del país y el aseguramiento de sus bienes.

Mientras el Gobierno avanza en su ajuste de cuentas con la fiscal, la oposición congregada en la MUD ha hecho también su jugada. En un comunicado leído por Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, invocó el artículo 350 de la Constitución para desconocer al Gobierno de Nicolás Maduro y todas sus actuaciones, incluyendo el llamado a la Asamblea Constituyente.

“El régimen está al margen de la Constitución y todas sus decisiones son inconstitucionales y no pueden ser obedecidas, de acuerdo con el 350”, dijo. También llamó a los ciudadanos a regirse por el artículo 333 de la Constitución vigente, que ordena llevar a cabo las acciones necesarias para restituir el hilo constitucional.

Borges, acompañado durante su declaración por dirigentes y diputados de los diversos partidos de oposición, declaró al país “en protesta permanente” como parte de una nueva “hoja de ruta” para la restauración de la democracia en el país. “Queremos anunciar al mundo entero que utilizaremos todos los mecanismos para cambiar a este Gobierno”.

El parlamento opositor, que ya ha iniciado los pasos para nombrar a los miembros de un nuevo TSJ, se propondría iniciar el proceso para abrir un antejuicio de mérito contra el presidente Maduro, proceso que contaría con el concurso de la fiscal Díaz Ortega, a la que Borges brindó todo su respaldo ante las acechanzas del Gobierno. “La Fiscal está siendo asediada por la dictadura (…) le mandamos un mensaje de apoyo total desde la MUD y el pueblo”, dijo el también dirigente del partido Primero Justicia (PJ).

Las iniciativas paralelas, pero contrapuestas, de Gobierno y oposición podrían llevar a que pronto coincidan en Venezuela dos parlamentos, dos fiscales generales y dos tribunales supremos.

TSJ admite antejuicio de mérito contra la Fiscal General de la República – La Patilla – 20 de Junio 2017

Icono_twitter_400x400.jpgEl Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió durante la tarde de este martes un antejuicio de mérito contra la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz “por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo”.

Transcendió a través de periodistas que cubren la fuente que un magistrado no asistió a la sala plena convocada por su presidente Maikel Moreno y otro Juez salvó su voto.

Esto luego de una reunión en pleno de magistrados donde se debatió la solicitud hecha por el chavismo el viernes pasado para determinar si había méritos para llevar a juicio a Ortega Díaz, tras un conjunto de acciones que emprendió contra la alta corte.

Según nota de prensa enviada por el ente judicial, “se acordó convocar a una audiencia pública, así como notificar a Ortega Díaz, Pedro Carreño y a los integrantes del Consejo Moral Republicano a los fines de que comparezcan ante la Sala Plena del Alto Juzgado y expongan lo que consideren pertinente”.

Así mismo se explica que con respecto a las otras medidas solicitadas por el parlamentario, las mismas “se encuentran en estudio”.

La Sala Plena del máximo tribunal llamó para la una de la tarde a una reunión extraordinaria que tendrá como “punto único” a tratar la solicitud de “antejuicio de mérito” de la fiscal general, informó el TSJ.

En la reunión – encabezada por el magistrado Maikel Moreno, presidente de Supremo venezolano- se evaluó la solicitud realizada el pasado viernes por el diputado oficialista Pedro Carreño, que pidió además medidas cautelares de prohibición de salida del país para la fiscal y la congelación de sus bienes.

El oficialista emprendió esta acción asegurando que Ortega Díaz ha incurrido en las faltas de “atentar, lesionar o amenazar la ética pública y la moral administrativa”, “actuar con grave e inexcusable ignorancia de la Constitución” y “violar, amenazar o menoscabar los principios fundamentales establecidos en la Constitución”.

Carreño pedía que con base en esas faltas “se declare si hay mérito para su enjuiciamiento, es decir que no solo debe ser destituida sino que puede y debe ser enjuiciada”.

DCydfn2WsAABnXA.jpg-large

El chavismo emprendió esta acción después de que la fiscal solicitara la impugnación de la elección de 33 magistrados del Supremo por supuestos vicios en el proceso de elección cometidos por el Consejo Moral Republicano, instancia del Poder Ciudadano, del que ella forma parte, y en coordinación con el Parlamento, en ese momento en manos de oficialistas.

Las diferencias entre el sector gubernamental y la fiscal surgieron después de que ella calificara a finales de marzo como una “ruptura del orden constitucional” la decisión del Supremo de arrogarse las funciones del Parlamento, una medida que debió ser revertida parcialmente poco después.

En los últimos dos meses, Ortega Díaz además ha emprendido varias acciones en contra de la convocatoria de elección de una Asamblea Nacional Constituyente realizada por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y ha condenado la actuación de los cuerpos de seguridad durante las manifestaciones antigubernamentales.

Esas manifestaciones, que se iniciaron luego de que ella denunciara la ruptura del hilo constitucional, han ocasionado la muerte de al menos 75 personas, según la Fiscalía, que atribuye varias de ellas a funcionarios de los cuerpos de seguridad.

 

Sinvergüenzas y dañinos por Eddie A. Ramírez S. – RunRunes – 20 de Junio 2017

 

Unknown

Los veintiún ciudadanos que fueron postulados ilegalmente al Tribunal Supremo de Justicia por Tarek Saab y Manuel Galindo son sinvergüenzas y sus sentencias han causado un gran daño al país, al igual que sus postulantes. Posteriormente fueron designados por los también sinverguenzas y dañinos diputados del Psuv en la anterior Asamblea Nacional, a pesar de que era evidente de que el procedimiento estaba viciado y trece de ellos no cumplían con los requisitos establecidos en la Constitución.

Calixto Ortega, Lourdes Suárez, Vilma Fernández, Francisco Velásquez, Iván Dario Bastardo, Jesús Jiménez Alfonzo, Fany Márquez y Christián Zerpa tuvieron el descaro de presentarse como candidatos a magistrados principales del TSJ conscientes de que solo podían ocupar esos cargos por ser serviles al régimen de Maduro ¡Qué descarados, qué falta de escrúpulos!
La misma conducta tuvieron Juan Carlos Cuenca, Betty Luna y Mary Ramos, quienes aceptaron ir como suplentes.

En su momento, el diputado Elvis Amoroso, presidente del comité de postulaciones declaró impúdicamente”Todos salieron excelentes. Nosotros nunca nos vamos a salir de la constitución” ¡ Qué descarado! Por su parte el sinvergüenza de Tarek Saab, intentó desmentir a la Fiscal Luisa Ortega de que ella no había firmado el acta de postulación. Para ello, no sabemos si el auto llamado Defensor del Pueblo, presentó un acta firmada que no es la pertinente o falsificó firmas

La entrevista que la periodista Vanesa Davis realizó a María José Marcano, quien era la Secretaria del Consejo Moral Republicano, pone al descubierto a Saab, Galindo y a los magistrados usurpadores. La hoy exiliada señora Marcano y la Fiscal actuaron correctamente y eso hay que aplaudirlo.

¿Qué decir de quienes sí cumplían los requisitos mínimos, como Luis Damiani, José Luis Ibarra, Yanira Karabin, Marco Medina y Eulalia Guerrero, pero que aceptaron estar en compañía de los usurpadores? ¿ Y de quienes ya eran magistrados, como el conocido Maikel Moreno y otros que no sabemos si con credenciales o sin ellas, como Marco Tulio Dugarte, ,Jhannett Madriz, Gladys Gutiérrez, Indira Alfonzo Arcadio Delgado, Juan José Mendoza Jover, Yolanda Jaimes, Marjorie Calderón y Carmen Zuleta de Merchán, para citar algunos? Quizá algunos puedan haber pasado el baremo satisfactoriamente, otros suma cum diez y otros raspados, pero avalaron las sinvergüenzuras y son culpables de las violaciones a la Constitución. Tampoco tienen virtudes ciudadanas para ser Magistrados.

Tenemos que reconocer que la mayoría de nuestros diputados están enfrentando al régimen con mucha valentía, lo cual les ha costado lesiones y todo tipo de atropello. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que a veces no deciden sobre lo importante y urgente. Era vital que, apenas instalada la Asamblea, se abocaran a destituir a los magistrados electos sin tener las credenciales necesarias. Han debido ponerlos al descubierto mediante una citación a la Fiscal y a la Secretaria del Consejo Moral, o bien a través de una comunicación, para que ellas explicaran cómo fue el proceso de selección.

Aspiramos que la Asamblea Nacional designe magistrados idóneos. En el pasado todos eran buenos abogados, aunque algunos eran non santos y estaban demasiado identificados con AD o con Copei. Los nuevos magistrados deben tener méritos propios y de conocida solvencia moral y profesional. No queremos magistrados de la oposición, sino personalidades no atados a toldas políticas que actúen con criterio propio para poder rescatar a la justicia. Reconstruir lo que han causado los bárbaros rojiarcas pasa porque nadie perciba le violen sus derechos.

Como (había) en botica: El petróleo y la agricultura son sectores de primer orden para Venezuela. Sin embargo, los rojos destruyeron ambas actividades. La producción petrolera sigue en picada. La OPEP informó que Venezuela solo extrae 1.963.000 barriles por día (b/d), apenas el 6,1 % de la producción de esa organización. Estados Unidos es el primer productor del mundo, con 14.280.000 b/d, cifra que incluye productos no convencionales. Sin embargo, el manipulador Isaías Rodríguez declaró que “vienen por nuestro petróleo”. Como no hay gasolina ni gas, las gandolas de Pdvsa transportan cocaína. La agricultura ha sido afectada por la inseguridad jurídica y personal, por la escasez de insumos y control de precios. Fedeagro y los profesores de Agronomía de la UCV, Juan Fernando Marrero y Werner Gutiérrez advierten que habrá más desabastecimiento por la caída de la producción en este ciclo debido principalmente a la escasez de semillas y fertilizantes; los cañicultores solo han obtenido mil toneladas de fertilizantes, de las 90 mil requeridas; en los Andes por falta de semillas solo se ha sembrado una cuarta parte de la superficie de hortalizas; en Portuguesa la siembra de cereales es de apenas 75.000 hectáreas, cuando la meta era casi diez veces mayor; en arroz los rendimientos caerán de 5.000 kg/ha a 3.000 kg/ha; en bovinos, la falta de antígeno impide realizar las pruebas de brucelosis. ¡No a la prostituyente! ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

 

Un retrato violento por Alberto Barrera Tyszka – ProDaVinci – 18 de Junio 2017

unknownLuisa Ortega Díaz los tiene locos. Las respuestas del oficialismo solo han logrado demostrar, de manera rápida y bastante obvia, que las denuncias de la Fiscal son ciertas. Las reacciones del poder han sido tan importantes como las propias actuaciones y declaraciones del Ministerio Público. Ellos solitos, de forma instantánea, sin mediar ningún tipo de discernimiento, se han delatado, han hecho evidente que la democracia no les interesa, que no creen en la independencia de las instituciones, que su plan es quedarse en el gobierno para siempre. El madurismo ha resultado el cóctel político más letal de toda nuestra historia. Combina lo peor de nuestro presente con lo peor de nuestro pasado. No solo ejerce la violencia del Estado en todas las direcciones sino que, además, la premia, la glorifica.

De un día para otro, la Fiscal General de la República pasó a ser el enemigo público número 1 de los poderosos. Esa élite, esos privilegiados que pueden adquirir dólares baratos, que consiguen comida y medicinas, que tienen escoltas y pasaportes; esa minoría que ya no quiere contarse, ahora acaba de decretar que Luisa Ortega Díaz es “indigna”, “fascista”, “corrupta”, “traidora”, “jefa de la oposición”… y que además está loca (“insanía mental”, según Pedro Carreño), es cómplice de todo lo que ocurra (“anima la violencia”, según Jorge Rodríguez), y por lo tanto es responsable de todas los homicidios que se produzcan en las manifestaciones (según Tarek El Aissami). Casi todos los altos líderes de la casta se han pronunciado. Diosdado Cabello ya afirmó que “la Fiscalía no es un poder” y sugirió una purga futura, amenazando con “revisar” el Ministerio Público con detalle. “Uno a uno”.

Mientras en Telesur, una abogada constitucionalista, supuesta experta en el tema, afirma que el TSJ debería abrir una investigación por “falta de ética” en contra de la Fiscal, el oficialismo introduce en el mismo máximo tribunal una petición de antejuicio de mérito y la solicitud para prohibir la salida del país de Luisa Ortega Díaz. Si alguna persona, de dentro o de fuera, tenía alguna duda sobre cómo el madurismo ejerce el poder en Venezuela, la forma en cómo se ha actuado en contra de la Fiscal es una confesión contundente. Una prueba irrefutable de una legalidad secuestrada, de un sistema que no es confiable. Sin darse cuenta, la reacción de la dirigencia oficialista en contra de la Fiscal le ofrece al país un subtexto muy claro: toda la institucionalidad es una estafa. El mensaje es nítido: la legalidad no importa. O haces lo que yo digo, o te jodo.

PedroCarreno.jpg

La foto de Pedro Carreño frente a Mikel Moreno es un testimonio para la historia. Todo forma parte de una secuencia, filmada en video, retratada para su publicación. Es una puesta en escena. Los dos posan, sin demasiada gracia, como niños en la escuela, unidos por un diploma. Ninguno parece tener mucho entusiasmo. Solo están tratando de otorgarle solemnidad a una pillería. Y ambos lo saben. Pero necesitan que el disimulo continúe. Ni siquiera se están viendo fijamente. Hay algo esquivo en sus posturas, en sus miradas. Sus cuerpos se juntan en un documento insostenible. Es el retrato de una mafia que pretende ser legítima, que aspira a sobrevivir a su propia historia delictiva. En vez de disfrazarse de pistoleros, se disfrazan de diputados y de jueces. Curiosamente, desde el fondo, el retrato de Bolívar parece sonreír de medio lado. Su imagen cruza entre ambos, saboteando el instante.

En todas estas respuestas ante la actuación de la Fiscal General, se va conformando un argumento para rechazar más aún el proyecto de la Constituyente. Aquí están. Míralos. Escúchalos. Estos son los que pretenden cambiar el marco legal del país. Estos son los que supuestamente defienden la independencia e invocan el respeto a la diversidad. Estos son lo que hablan de imparcialidad. Estos son los que critican el sesgo en las instituciones. En ellos debemos creer.

Tanto que mencionan a Chávez y, tal vez, ahora vale la pena recordarles estas palabras: “Hoy tenemos una gran concentración del poder porque unas cúpulas se fueron adueñando del poder judicial y del legislativo y lo manipulan y lo usan a su antojo. Y lo mismo ocurrió con la Fiscalía, con la Contraloría. En Venezuela lo que ha funcionado no es una democracia sino una tiranía de pequeñas cúpulas partidistas, sectores horrorosamente corrompidos que destrozaron a Venezuela”. Lo dijo en Cartagena, en mayo de 1999. Pero la frase calza perfectamente en el momento actual, con el gobierno de Nicolás Maduro. Con su proyecto constituyente. Podría ser la leyenda perfecta para la imagen de Carreño y Moreno. No es el registro de un acto legal. Todo lo contrario. Es en verdad una advertencia, una intimidación. Es un retrato violento. La legalidad como amenaza.

 

Viva la Constitución por Fernando Mires – Blog Polis – 17 de Junio 2017

 

constitucion-99-640Artículo 333: Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.
Artículo 350: El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.

333 y 350. En esos números está todo. En esos dos artículos encontramos la razón de ser de la protesta venezolana.
En términos impecables la fiscal Luisa Ortega Díaz puso en forma jurídica el tema del conflicto. Un gobierno, el de Maduro, intenta desconocer la Constitución de la República y suplantarla por otra cuyo origen no reside en la soberanía popular sino en la decisión de un grupo entronizado en el poder. De un día a otro, el gobierno de Maduro, convertido en dictadura militar, ha decidido desconocer el sufragio universal y con ello a la forma republicana de gobierno, propia a todos los países democráticos de la tierra. Ahí reside la dimensión jurídica del problema.
La dimensión política limita con la jurídica pero no es la misma. Tiene que ver con el momento en el cual fue lanzado el proyecto de la Asamblea Constituyente. Y bien, ese momento no guarda la menor relación con lo que, desde una perspectiva histórica, vale decir, desde las revoluciones madres de la modernidad –la norteamericana y la francesa- han sido las Asambleas Constituyentes.
Las Asambleas Constituyentes vistas desde una perspectiva histórica han sido siempre portadoras de un proyecto fundacional.
Fundacional quiere decir fundar o refundar una nación. Es por eso que las Constituyentes en todas las experiencias históricas han sido convocadas cuando ha llegado la hora de poner en forma a una nueva nación (surgida después del fin de un imperio colonial o cuando una nación se separa de otra nación) En otras ocasiones han sido resultado de un cambio radical de régimen político (por ejemplo, de la monarquía a la república) Por último, también suelen ser convocadas cuando la Constitución ha sido declarada obsoleta (la Constitución alemana de post-guerra, por ejemplo) por todos lo poderes públicos. En todos esos episodios, la aprobación de la ciudadanía ha sido decisiva.
Eso significa: en cada nueva Constitución existe una instancia revocatoria y una instancia aprobatoria. No puede haber, dicho más exactamente, una instancia aprobatoria sin previa instancia revocatoria. Sin revocación y sin aprobación de la ciudadanía – a través de la vía parlamentaria y/o de la plebiscitaria- no puede nacer ninguna Constitución.
Solo por esa razón, al convocar a una Asamblea Constituyente sin convocar a la ciudadanía, el régimen de Maduro se ha puesto fuera de la Constitución y sus leyes. Nunca en toda la historia política de América Latina –ni aún bajo las peores dictaduras- ha habido un caso de usurpación de la voluntad ciudadana tan ilícito e ilegitimo como el cometido por el régimen de Maduro.
La Constitución vigente en Venezuela fue aprobada por mayoría el año 1999, durante el gobierno del presidente Chávez, y su intención era crear los fundamentos para una nueva república. A favor de esa refundación optaron incluso sectores no identificados con el chavismo quienes vieron que esa Constitución, al ampliar algunos derechos sociales, no llevaba a una ruptura con el orden histórico y político y, por lo mismo, no alteraba la continuidad republicana. Se podía, en fin, estar en desacuerdo con ella, pero nadie podía negar que el procedimiento usado para su aprobación fue legítimo, democrático y popular.
Chávez, ni en los momentos en los cuales gozó de la más amplia mayoría, intento convocar a una nueva Constituyente. El año 2007 pudo haberlo hecho para asegurar un tercer mandato. Pero prefirió introducir una reforma para cuyo efecto llamó a un plebiscito. Ese plebiscito, como es sabido, lo perdió. Fue la primera gran derrota del chavismo. En cambio, Maduro, lejos de contar con el apoyo que tuvo Chávez, ha decidido prescindir de la voluntad del pueblo no para realizar una reforma, sino para anular a toda la Constitución. Bajo Maduro el pueblo está a punto de perder su ciudadanía política.
Importante es recordar que el plebiscito del 2007 no fue ganado solo con los votos de la oposición. Por primera vez apareció dentro del chavismo un segmento disidente al que podríamos llamar chavismo constitucional. Sus miembros eran chavistas; algunos continuaron siéndolo. Pero esa vez, hay que reconocerlo, no aceptaron poner a Chávez por sobre la Constitución. De tal manera la confluencia que hoy observamos entre una inmensa mayoría opositora y el reaparecimiento de un chavismo constitucional tiene un antecedente histórico. La diferencia es que la confluencia del 2017 es mucho más amplia que la del 2007. Eso significa que la mayoría de la nación, más allá de todas sus diferencias, es, o ha llegado a ser, constitucionalista. O dicho así: en Venezuela hay muchos partidos pero en estos momentos hay solo dos campos: el campo constitucionalista formado por la inmensa mayoría y el campo anti-constitucional, formado por una secta estatal, sus muy pocos partidarios y la cúpula militar.
A partir del éxito del 2007 comenzaría a crecer un tronco sólido dentro de la oposición formado por políticos que entendieron que la única manera de derrotar al chavismo era recorrer la vía pacífica, democrática, electoral y sobre todo, constitucional, dejando atrás todo tipo de atajos, salidas y aventuras inútiles. Gracias a la existencia de ese tronco –aparecido como un frágil arbusto durante las elecciones presidenciales del 2005- la oposición en su conjunto obtuvo la gran victoria del 6D.
En defensa de la AN surgió la iniciativa de la revocación presidencial, abortada ilegalmente por la CNE de Tibisay Lucena. Pero la oposición volvió a agruparse, y nuevamente continuó la ruta constitucional, exigiendo lo mínimo a que tiene derecho un pueblo: elecciones libres. Fue entonces cuando el régimen cercado por sus propias leyes, y no encontrando ningún otro camino que lo salvara de unas elecciones destinadas a ser perdidas, decidió destruir a toda la Constitución.
La Constituyente de Maduro fue un misil lanzado en contra de la oposición constitucional. Pocas veces un gobierno ha atentado en contra de su nación de un modo tan criminal. Que como gran concesión el régimen haya pautado las elecciones regionales después de entrar en vigencia la Constituyente, lo que de hecho anularía a priori el resultado de esas elecciones, no solo es una sinvergüenzura. Es una burla miserable a todo el pueblo venezolano. Son esas las razones por las cuales Maduro y su régimen son repudiados en todo el mundo democrático.
La Constitución del 99 dejó de ser la Constitución del gobierno y se transformó gracias a la confluencia formada por la oposición y el segmento constitucional del chavismo, en la Constitución de todos los ciudadanos.
Parece no haber dudas. En Venezuela está teniendo lugar la primera insurrección constitucional de la historia latinoamericana. Por cierto, eso no quiere decir que en otras la defensa de la Constitución no haya jugado un papel importante. Basta recordar el movimiento que desató Francisco Madero en el México de 1910 en contra de la reelección presidencial de Porfirio Díaz. O ese discurso en defensa de la Constitución de 1940 -llamada también la constitución virgen pues nunca entró en vigencia- pronunciado por ese joven demócrata y liberal llamado Fidel Castro frente a los tribunales del dictador Batista (La historia me absolverá,1953) En ese y otros casos, la Constitución ha sido un referente, pero nunca ha ocupado un lugar tan central y determinante como hoy en Venezuela. La Constitución del 99 ha llegado a ser el programa y el guía, la ideología y la práctica, el símbolo y el significado, y no por último, el eje alrededor del cual rotan muchos partidos y organizaciones de izquierda, derecha y centro.
Nadie conoce el final de esta historia. Sin embargo, ya podemos avanzar una tesis: aunque logren imponer a sangre y fuego la Constituyente, Maduro y su secta están perdidos. Nunca podrán obtener con las balas lo que no pudieron obtener con los votos. Y aunque se digan gobernantes, jamás podrán gobernar. El gobierno de Maduro ya es un gobierno políticamente muerto. La Constitución del 99, en cambio, seguirá viviendo.
¡Viva la Constitución!

 

Difunden acta de selección de magistrados sin la firma de Ortega Díaz – El Nacional – 16 de Junio 2017

El diputado José Guerra publicó el documento en Twitter

1497631758974.jpg

José Guerra, presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, difundió hoy el acta de preselección de los magistrados “exprés” en la que se observa la ausencia de la firma de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, y la secretaria del Consejo Moral Republicano.

“Acta de selección de magistrados exprés. Note que falta la firma de Luisa Ortega Díaz y de la secretaria del Consejo Moral”, escribió Guerra en Twitter.

En el documento se observa la firma de Manuel Galindo Ballesteros, Contralor General, y Tarek William Saab, Defensor del Pueblo y Presidente del Consejo Moral Republicano.

Ortega Díaz señaló recientemente que se negó a firmar dicha acta debido a que el proceso de preselección de los magistrados, llevado a cabo en diciembre de 2015 por la saliente AN, estuvo viciado.

 

 

Altos cargos del chavismo dimiten para integrar la Constituyente de Maduro por Alfredo Meza – El País – 16 de Junio 2017

El presidente de Venezuela designó la semana pasada a tres nuevos ministros. La canciller Delcy Rodríguez también ha manifestado que pretende integrar la Asamblea

Varios miembros destacados del Gobierno venezolano, diputados chavistas del Parlamento y gobernadores oficialistas han abandonado o se preparan para dejar sus cargos en busca de una candidatura a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). El presidente Nicolás Maduro ha designado este jueves a cuatro nuevos ministros debido a que los titulares intentarán ser elegidos como delegados para redactar la nueva Constitución. La canciller Delcy Rodríguez también ha manifestado que pretende integrar la Asamblea, pero todavía permanece en el cargo.

Hasta ahora se ha confirmado que los titulares de las carteras de Comunas, Aristóbulo Istúriz; Servicios Penitenciarios, Iris Varela; Pueblos Indígenas, Aloha Núñez; y Cultura, Adán Chávez intentarán ganar uno de los 565 escaños en liza. También aspiran a presentarse la ministra de Gestión Presidencial, Carmen Meléndez, y la primera dama, Cilia Flores. El gobernador del Estado de Carabobo, Francisco Ameliach, anunció el miércoles que dejaría su cargo para postularse. Leer más de esta entrada

Ortega Díaz introdujo tres recursos para anular la convocatoria a la ANC – El Nacional – 15 de Junio 2017

La fiscal requirió la inhibición de los magistrados de la Sala Constitucional que han dictado sentencias violatorias del orden constitucional, así como una medida cautelar para suspender los efectos emanados del Poder Ejecutivo y Electoral

1497546897258.jpgLuisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, interpuso ante la Sala Constitucional y Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tres recursos de nulidad contra los decretos presidenciales mediante los cuales se convocó la Asamblea Nacional Constituyente y se establecieron sus bases comiciales, así como las decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) relacionadas con ese proceso.

En ese sentido, se demandó la nulidad del Decreto Nº 2.830 del 1° de mayo de este año, a través del cual el presidente Nicolás Maduro convocó a la Asamblea Nacional Constituyente.

En el documento señaló que el mandatario solo cuenta con la iniciativa de la Constituyente, de acuerdo con el artículo 348 de la Constitución, en virtud de la cual puede sugerir o proponer la realización de dicho proceso para redactar un nuevo texto fundamental. Sin embargo, dicho proceso debe ser sometido a la aprobación de los ciudadanos.

Adicionalmente, se alegó la violación del principio de la supremacía constitucional, que refiere que la Carta Magna puede ser cambiada a través de los mecanismos establecidos en ella y con la participación del poder originario.

También se argumentó el principio de la progresividad de los derechos humanos, tomando en cuenta que en 1999 se desarrolló un proceso constituyente en el que se reconoció el poder de convocatoria del pueblo.

También exigió la nulidad del Decreto Nº 2.878, del 23 de mayo de este año, en el cual se contemplan las bases comiciales de la ANC. Alegó que se violan los referidos principios de la supremacía constitucional, la progresividad de los derechos humanos, así como la democracia participativa y protagónica. Además de vulnerar la reserva legal, el derecho al sufragio, la universalidad e igualdad de este.

De la misma manera, se argumentó la vulneración de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, en cuanto a la forma y presupuestos para la elección de los candidatos a la ANC nominales y por lista; las diferencias en el valor del voto fundado en el número de electores y constituyentes a elegir, al tiempo que se excluyeron arbitrariamente sectores de votantes.

En el recurso presentado por Ortega Díaz se denunció que hasta el momento se desconocen las condiciones en las que se conformarán los registros electorales sectoriales, su auditoría, la modalidad de elecciones, observadores y testigos electorales, así como la duración de la ANC.

En ambos casos la fiscal se requirió la inhibición de los magistrados de la Sala Constitucional que han dictado sentencias violatorias del orden constitucional; y de lo que carecen de legitimidad de origen por haber sido designados de manera ilegal, como son Calixto Ortega, Lourdes Suárez y Luis Damiani.

La máxima autoridad del Ministerio Público también interpuso ante la Sala Electoral del TSJ un recurso contencioso electoral de nulidad contra el CNE, por violar principios de legalidad administrativa al desarrollar un proceso constituyente.

Con ello se violó la universalidad e igualdad del voto, la supremacía constitucional, progresividad de los derechos humanos y el derecho al sufragio.

Al respecto, se pidió la inhibición de los magistrados de la referida Sala por haber emitido la decisión N° 67, que declaró inadmisible el recurso interpuesto por la fiscal general contra la ANC.

También se requirió la inhibición de los magistrados Fanny Márquez y Christian Zerpa y sus suplentes, por haber sido designados luego de un proceso violatorio del debido proceso.

 

La rebelión de la fiscal por Trino Márquez – La Patilla – 14 de Junio 2017

ThumbnailTrinoMarquezDespués de los episodios de abril de 2002, el chavismo mostró una solidez de hierro y un hermetismo impenetrable, sin resquicios por ningún lado. Este monolitismo se rompió con la rebelión inesperada y oportuna de la fiscal Luisa Ortega Díaz.

El proceso de resquebrajamiento del chavismo comienza a partir de abril de 2013 cuando Nicolás Maduro asume la presidencia de la República. La forma como se convirtió en heredero de Hugo Chávez le ganó la animadversión de sus competidores, sobre todo porque la decisión del caudillo estuvo intervenida por el peso de los hermanos Castro.

Maduro estaba más cerca de La Habana que cualquiera de sus otros adversarios. No fueron sus méritos de dirigente y estadista, inéditos hasta ahora, los que le colocaron en Miraflores, sino la confianza que les inspiraba a los ancianos dictadores comunistas. Él garantizaría mejor que sus adversarios la influencia castrista. Esta se mantendría y el subsidio seguiría fluyendo con la regularidad de siempre. Sus años de formación en las escuelas de cuadros de la isla garantizaba su lealtad a los tiranos.

Luego de casi cinco años al frente del Ejecutivo, el desubicado Maduro ha arrastrado el chavismo al foso de las preferencias populares. El Psuv no ha podido salvarse del desprestigio del gobierno. Su pésima gestión económica y social y la destrucción sistemática de la democracia lo han aislado internacionalmente y le han ubicado entre los mandatarios con mayor nivel de rechazo en la historia nacional. Su declive se ha acentuado desde que abortó el referendo revocatorio en 2016, emprendió la guerra contra la Asamblea Nacional y, finalmente, propuso la Asamblea Nacional Constituyente, con la finalidad de redactar una nueva constitución que legalice el Estado Comunal.

Del grado de postración en el que se encuentra el chavismo, luego de haberse proyectado como una fuerza que dominaría el escenario político durante décadas, tomó debida nota la fiscal Luisa Ortega Díaz y quienes, siguiendo a Fernando Mires, conforman el chavismo constitucional, del cual la Fiscal sin duda forma parte. Esta es una corriente dentro del oficialismo que asume como legado de Hugo Chávez la Carta de 1999 y, apegada a ella, trata de mantenerse como alternativa de poder para el porvenir cercano y remoto.

El comportamiento de Luisa Ortega Díaz ha desconcertado al madurismo, acostumbrado a actuar de forma atrabiliaria, sin guardar las mínimas formas exigidas en una república democrática. Esta actuación está acarreando costos muy negativos. La primera vez que se puso en evidencia el fardo que significa Maduro para el chavismo fue cuando se realizaron las elecciones parlamentarias, el 6 de diciembre de 2015. La aplastante derrota sufrida por el oficialismo fue una clara muestra del fracaso en la conducción del país de Nicolás Maduro y su equipo de colaboradores. Esa categórica victoria de la oposición, que debió conducirlos a introducir cambios en las políticas públicas y en el manejo de las relaciones con la oposición, los llevó más bien a atornillarse con mayor fuerza a las políticas socialistas, represivas y excluyentes. La soberbia sectaria fue la respuesta ante el fracaso.

El nombramiento arbitrario de los integrantes de la Sala Constitucional del TSJ, cuestionado desde el comienzo por Luisa Ortega Díaz, se produjo poco después del descalabro electoral. Desde ese momento y hasta el presente lo único que ha hecho Maduro es agredir a la Asamblea, violar el Estado de Derecho y quebrantar el orden constitucional. En esa labor demoledora ha contado con el apoyo irrestricto de la cúpula militar, la Sala Constitucional, el CNE y el Defensor del Pueblo.

La fiscal decidió no formar parte de esa comparsa. Se desprendió del rebaño para asumir la defensa de la Constitución de 1999. Sabe que ningún régimen puede sostenerse solo con represión y coerción. Los sistemas políticos modernos necesitan persuadir y construir consensos o, al menos, amplios acuerdos para enrumbar a los países. Luisa Ortega ha demostrado poseer un criterio político agudo. Está consciente de que el proyecto chavista del que ella y sus aliados forman parte podrá perdurar y mantenerse como opción de triunfo únicamente si se distancia de Nicolás Maduro y la camarilla que lo amuralló. Debilita el madurismo con el fin de fortalecer el chavismo.

La Fiscal no tendrá nada que temer cuando se produzca el cambio político que inevitablemente sobrevendrá. En la derrota de la constituyente madurista y del madurismo en general, su actitud digna y responsable tendrá un peso significativo, que el país valorará. Su rebelión será reconocida.

A %d blogueros les gusta esto: