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Delincuentes condenados forman parte de la fuerza policial que aterroriza a Venezuela por Sarah Kinosian y Angus Berwick – Reuters – 19 de Febrero 2020

Una investigación de Reuters revela que delincuentes condenados forman parte de las filas de una fuerza policial especial creada por el presidente venezolano Nicolás Maduro. Exconvictos están entre los agentes procesados por matar a dos hombres fuera de Caracas.

GUARENAS, Venezuela–Desde que el presidente Nicolás Maduro fundó la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional de Venezuela hace dos años y medio, el escuadrón se ha ganado una reputación temible en los barrios pobres del país.

Oficiales de la fuerza han sido acusados ​​de torturar y realizar ejecuciones sumarias por grupos de derechos humanos, políticos de oposición y ciudadanos comunes.

El pasado noviembre, Reuters publicó una investigación sobre 20 muertes cometidos por la fuerza, conocida como FAES, en la que las versiones oficiales de tiroteos como actos de autodefensa se contradicen con la de testigos, evidencia en video, certificados de defunción, informes de autopsia y otra documentación. La fuerza se ha relacionado con cientos de muertes desde su creación en 2017.

Sin embargo, pese a su notoriedad, el grupo FAES es muy reservado y es conocido por sus máscaras y uniformes negros con insignias de calavera, pero sin llevar etiquetas con sus nombres. Los oficiales suelen permanecer en el anonimato incluso después de derramar sangre.

Ahora, un caso judicial que involucra a la fuerza FAES en la muerte de dos hombres el pasado marzo revela otro hecho poco conocido que Reuters es el primero en ofrecer de manera pública: algunos oficiales del escuadrón son criminales condenados.

Según cientos de documentos reservados presentados por los fiscales del caso, al menos dos oficiales procesados ​​por participar en las muertes cumplieron penas de prisión antes de unirse al FAES.

Los documentos, que incluyen autopsias, informes balísticos, testimonios de oficiales y archivos de personal, muestran también que por lo menos tres miembros del mismo grupo, que no están siendo procesados ​​por la mortal operación, tienen antecedentes penales.

Es ilegal y contrario a la política de la policía nacional la presencia de delincuentes en la FAES. Una ley de 2009 prohíbe a los venezolanos con condenas penales trabajar como agentes. Las normas del grupo y los documentos de reclutamiento, revisados ​​por Reuters, dicen que los oficiales no deben tener antecedentes penales y sí tener “buen carácter moral”.

José Domínguez, jefe nacional de la fuerza FAES, en un breve intercambio de mensajes de texto, dijo a Reuters que los miembros de la fuerza pasan por “procesos selectivos” y “entrenamiento especial”. No respondió a preguntas sobre los antecedentes penales de algunos policías del grupo FAES ni a una solicitud para discutir los hallazgos de Reuters en persona o por teléfono.

El Ministerio del Interior, que supervisa a la policía, y el Ministerio de Información, responsable de las comunicaciones gubernamentales, no devolvieron las llamadas y correos electrónicos de Reuters detallando sus hallazgos.

La presencia de convictos dentro de las filas de la FAES arroja nueva luz sobre una fuerza de seguridad ampliamente considerada por los venezolanos como un mecanismo de control social de Maduro, cuyo gobierno está asediado por el declive económico, el hambre, la inseguridad generalizada, las sanciones internacionales y el aislamiento.

Defendido por el presidente como un nuevo medio para combatir el aumento de la delincuencia y la violencia, el grupo FAES se ha vuelto tan temido como los criminales a los que estaba destinado a combatir, especialmente en las barriadas pobres, donde las dificultades avivan la inestabilidad política.

Personas familiarizadas con la unidad FAES dicen que los administradores del grupo están más preocupados por la fuerza y ​​el miedo que por la rectitud.

“Ellos veían la necesidad de contratar personas que no tengan temor de cometer delitos, de ingresar a una vivienda sin orden de allanamiento y matar”, dijo Nora Echavez, exfiscal jefe en Miranda, el estado donde se escuchará el caso judicial en curso.

“Un delincuente hace esto fácilmente porque ya lo hizo la primera vez”, agregó.

Reuters no pudo determinar exactamente cuántos exconvictos pueden estar trabajando dentro de las filas de la fuerza FAES en todo el país. El gobierno no hace públicos los registros de personal y ni siquiera el número de integrantes, que según estiman miembros de la policía, es de unos 1.500 oficiales.

El misterio que rodea a la fuerza, incluida la falta de transparencia sobre sus oficiales, es fundamental en su manual.

“El FAES prefiere el anonimato”, dijo Javier Gorriño, un criminólogo y comisionado de policía municipal en El Hatillo, un distrito de Caracas, que ha interactuado con la fuerza. “Una máscara da más terror cuando uno no sabe quién está detrás”.

El caso que se sigue en Guarenas, una localidad a unos 39 kilómetros al este de Caracas, es uno de los pocos en los que la identidad y los antecedentes de los oficiales de FAES han salido a la luz.

Los dos hombres muertos allí estaban relacionados con las fuerzas de seguridad. Uno era un policía municipal de Caracas y el otro era un exmiembro de la misma fuerza en la capital venezolana. Ninguno de los dos estaba afiliado a la fuerza FAES ni a ninguno de sus oficiales.

Personas familiarizadas con el caso creen que probablemente la única razón por la que sus muertes han provocado una mayor investigación son los vínculos de las víctimas con la policía. Los casos de miles de otros venezolanos que murieron a manos de la policía, supuestamente después de resistirse a un arresto, habitualmente no se investigan.

Alexis Lira, un antiguo policía convertido en abogado cuyo hermano fue una de las víctimas en Guarenas, dice que la mayoría de las familias de personas muertas a manos de policías carecen de recursos y medios para desafiar las versiones de los operativos del grupo FAES.

“La mayoría de las víctimas tiene que aceptarlo”, dijo Lira, quien ahora pasa gran parte de sus días trabajando con los fiscales para buscar la responsabilidad por la muerte de su hermano. “Yo no”.

Su hermano Fernando era un expolicía de 39 años que se había convertido en diseñador gráfico. También murió el amigo de Lira, Eligio Duarte, un funcionario municipal de 41 años en Caracas. Ninguno de los dos tenía antecedentes penales.

Murieron el 6 de marzo de 2019, cuando un grupo de oficiales de FAES les disparó tras una breve persecución en auto. En un comunicado a los investigadores policiales, el supervisor de la fuerza que dirigió la operación dijo que los hombres habían disparado primero contra sus agentes.

La respuesta de la policía fue “bajo estado de proporcionalidad”, dijo el supervisor en su declaración.

No obstante, pronto surgieron pruebas de lo contrario.

Las pruebas forenses mostraron que ni Lira ni Duarte, que habían ido a Guarenas a cobrar un dinero debido a la novia del primero, dispararon un arma.

Ambos hombres fueron baleados desde arriba, según informes de autopsia, lo que socava la afirmación de la fuerza FAES de que fueron alcanzados en un tiroteo.

En una presentación judicial que llevó a la imputación de cargos de homicidio al supervisor de FAES y a seis oficiales, un fiscal estatal escribió: “Los hechos no se suscitaron de la forma como los funcionarios policiales pretenden hacer ver”.

“No hay lugar en ninguna fuerza de policía”

Guarenas es el tipo de lugar violento que podría haberse beneficiado de una nueva fuerza nacional de lucha contra el crimen. Con unos 200.000 habitantes, esta comunidad del estado de Miranda, al este de la capital, tiene tasas de criminalidad que históricamente han excedido el promedio de Venezuela.

Algunas pandillas, expulsadas de Caracas en los últimos años, se han mudado a las colinas que rodean Guarenas y se extienden a lo largo de la costa caribeña. Las fuerzas policiales aquí y en otros lugares de Miranda son consideradas corruptas desde hace mucho tiempo.

Después de que los precios del petróleo se hundieron en 2014, provocando que Venezuela cayera en recesión, Maduro siguió políticas que profundizaron los problemas del país. Casi 5 millones de personas han migrado, aproximadamente el 15% de la población del país.

En ese éxodo han participado soldados, policías y otros trabajadores de la seguridad pública. Con salarios equivalentes a unos pocos dólares al mes en la economía hiperinflacionaria de Venezuela, quedan pocos incentivos para atraer candidatos calificados para reemplazarlos.

En Miranda, las filas policiales disminuyeron tan rápidamente que los jefes de las comisarías comenzaron a bajar los estándares para los reclutas, dijeron a Reuters seis exoficiales familiarizados con el área.

Algunos de los contratados tenían antecedentes penales. La policía del área acrecentó su reputación de sobornar, cometer extorsiones y secuestros, así como de usar tácticas como chantajear a ciudadanos para sacarles sus pertenencias o detener camiones y saquear su carga.

“Había funcionarios que no deberían haber pertenecido a ningún cuerpo policial”, dijo Luis Martínez, un oficial de policía retirado que trabajaba en el área.

El crimen se disparó. La tasa de homicidios, que aumentó en toda Venezuela, subió particularmente rápido en Miranda.

De 100 asesinatos por cada 100.000 habitantes a comienzos de década,  la tasa para 2017 en Miranda se disparó a 153, según el Observatorio Venezolano de Violencia, un grupo de investigación con sede en Caracas.  La cifra fue la segunda más alta en el país y alrededor de 30 veces la tasa en ese momento en Estados Unidos.

Cuando Maduro anunció la creación del FAES en julio de 2017, su gobierno encargó a los administradores de la policía local reclutar a oficiales para la nueva fuerza. Las prioridades incluían la lealtad al gobernante partido socialista y la disposición a usar agresivas tácticas en los vecindarios delictivos en todo el país, dijeron más de una docena personas conocedoras de esos esfuerzos.

En abril de 2018, la Policía Nacional lanzó la unidad FAES del área, administrada desde Zamora, un municipio cercano. La fuerza estableció su sede detrás de un hospital local, al lado de la morgue. Un cráneo toscamente dibujado adorna una pared de yeso encalado junto a la entrada.

Un exjefe de operaciones policiales de Zamora, Oliver Álvarez, tomó el mando. Construyó una unidad de 120 oficiales, muchos de cuales provenían de las fuerzas locales y cercanas, de acuerdo con los contratos de empleo para el escuadrón revisados por Reuters. Álvarez no pudo ser contactado para hacer comentarios.

Entre los nuevos oficiales de FAES estaba Richard Sánchez, uno de los procesados ​​en las muertes de Guarenas. Sánchez, ahora de 34 años, fue imputado en 2004 por robo y asalto, según registros judiciales. Reuters no pudo determinar si fue condenado por esos cargos. En 2014, fue declarado culpable de robo y cumplió dos años y medio de prisión, según muestran los documentos judiciales.

 Reuters no pudo comunicarse con Sánchez.

Su abogado, Miguel Peña, también representa a todos menos uno de los otros seis oficiales acusados ​​en el caso de Guarenas. Peña dijo a Reuters que los acusados ​​están detenidos en un cuartel del grupo FAES en Caracas, pero aún son oficialmente parte de la fuerza. Confirmó la condena previa de Sánchez, pero dijo que sus clientes en este caso actuaron en defensa propia.

 “No estoy diciendo que son unos santos”, dijo a Reuters en una entrevista. “Hubo un enfrentamiento y ellos tuvieron que defenderse”.

Otro recluta de la fuerza FAES local fue José Oliveros, un oficial que había escalado a través de las filas policiales en Miranda pese a una condena previa como cómplice de asesinato. Según los registros judiciales, Oliveros, ahora de 37 años, había acompañado a dos hombres cuando uno de ellos mató a tiros a un hombre después de un altercado de 2009.

Después de cumplir un año de una condena de cinco, Oliveros fue nombrado subdirector de una pequeña fuerza policial cerca de Guarenas en 2017, según muestran los documentos que anuncian su designación al cargo. Se convirtió en jefe de otra comisaría en 2018 y luego en jefe de otra el año pasado, incluso después de unirse a las filas del grupo FAES.

Contactado por teléfono, Oliveros dijo que buscaría el permiso de sus superiores para hablar con Reuters. No respondió a intentos adicionales para contactarlo. Su abogado, Julio Ortega, se negó a hablar con Reuters para esta historia.

“Todos vamos a morir”

Las dos muertes en Guarenas siguieron a una fallida transacción en moneda extranjera, según las transcripciones de testimonios de los involucrados a fiscales e investigadores policiales. No está claro por qué los funcionarios del grupo FAES se involucraron  o por qué el episodio se tornó violento.

En la mañana del 2 de marzo, María González recibió un mensaje de texto en su apartamento de Caracas que compartía con Lira, el expolicía.

La pareja llevaba junta 10 años y dirigía un negocio de impresión de camisetas. El mensaje ofrecía una transacción básica que muchos venezolanos buscan para evitar que sus ingresos se vean erosionados por la hiperinflación. Al convertir su moneda local en dólares, conservan el valor a largo plazo de sus ganancias.

Jhonathan Coraspe, un excolega de González de Guarenas, le dijo a la mujer que un amigo tenía 500 dólares que quería cambiar por bolívares, la moneda de Venezuela. En los textos, revisados ​​por Reuters y corroborados por González en entrevistas, ella aceptó la transacción.

Ese mismo día, la mujer transfirió 1,68 millones de bolívares,  aproximadamente el valor equivalente de los 500 dólares en ese momento, a una cuenta que Coraspe dijo que pertenecía al amigo, Rubén Alarcón. González manejó la media hora a Guarenas para recoger los dólares.

Reuters no pudo comunicarse con Coraspe. Después de las dos muertes de Guarenas, Coraspe testificó ante los investigadores y fiscales de la policía, pero desde entonces se ha escondido, según los abogados involucrados en el caso.

Alarcón, el amigo de Coraspe, no respondió a llamadas telefónicas o mensajes de texto de Reuters para discutir el incidente.

En Guarenas, Alarcón no apareció en la farmacia donde Coraspe dijo que se reuniría con González para entregar los dólares. “Confié en ti”, escribió Coraspe. “Estoy chimbo (me siento terrible)”, respondió, y aceptó verla más tarde.

Esa noche, Coraspe condujo hasta el departamento de González en Caracas. Prometió asegurar los 500 dólares.

Lira, el expolicía, y Duarte, el agente policial municipal y amigo que también recibiría un disparo cuando se frustró la transacción, estaban en el departamento, según el testimonio de Coraspe y González. Coraspe dijo a los investigadores que los dos hombres lo obligaron a dejar su automóvil como garantía en caso que nunca entregara los 500 dólares. González dijo que Coraspe ofreció voluntariamente el Honda Civic plateado de 1997.

Ni Duarte ni Lira tenían antecedentes penales, según un documento que la policía de Caracas envió a los fiscales para el caso. Cinco excolegas dijeron a Reuters que ambos hombres habían sido ciudadanos y policías honestos.

En la mañana del 4 de marzo, Coraspe llamó a Hugo Martínez, un oficial de la fuerza FAES que conocía de su vecindario, según el testimonio de Coraspe a los fiscales. Le dijo a Martínez que dos hombres le habían robado su automóvil y estaban tratando de extorsionarlo pidiéndole 500 dólares.

Al día siguiente Martínez le dijo a Coraspe que le dijera a González que tenía los 500 dólares, pero que no tenía forma de llegar a Caracas, testificó Coraspe.

Coraspe le envió un mensaje de texto a Gónzalez y le dijo que podría encontrarse en Guarenas al día siguiente.

A la mañana siguiente, el 6 de marzo, González envió a Lira, que se fue con Duarte a recuperar el dinero, dijo González a los investigadores.

En mensajes de texto, testificó Coraspe, Lira acordó encontrarse con él en una estación de servicio.

Con Lira con destino a Guarenas, Martínez llamó a su supervisor de FAES, Alexander Uzcátegui, y le contó sobre la supuesta extorsión, según muestran las transcripciones de testimonios de Uzcátegui.

Martínez le dijo a Uzcátegui que Coraspe pronto se encontraría con los dos hombres de Caracas en la estación de servicio. Uzcátegui dijo que ellos y un pequeño grupo de colegas de FAES estaría “en espera” de ellos allí.

Reuters no pudo comunicarse con Martínez, Uzcátegui ni con ninguno de los otros oficiales acusados ​​en la operación.

“Ellos veían la necesidad de contratar personas que no tengan temor de cometer delitos, de ingresar a una vivienda sin orden de allanamiento y matar”

Nora Echavez, exfiscal jefe en Miranda

A las 13.00, Coraspe esperaba en la estación de servicio. Lira y Duarte llegaron en una camioneta Toyota Hilux azul. Cerca, en dos vehículos, los oficiales de FAES observaban.

Según el testimonio de Uzcátegui a los investigadores policiales, los hombres en la camioneta sacaron un arma y obligaron a Coraspe a ir hacia su vehículo “bajo amenaza de muerte”. Salieron a toda velocidad, dijo. Su escuadrón los persiguió.

Coraspe, en sus propios comentarios a los investigadores, dijo que ingresó a la camioneta voluntariamente. Ni Duarte ni Lira empuñaron un arma, dijo. Sin prisa, los oficiales FAES dispararon contra la camioneta Toyota en movimiento, agregó.

Asustado, Coraspe apretó el freno de mano. La camioneta se estrelló a un costado de la carretera. “Todos vamos a morir”, recordó Coraspe que le dijo a los otros hombres.

Según la transcripción de su testimonio, Coraspe corrió entonces hacia un vehículo FAES y entró. Mientras tanto, los oficiales se acercaron a la camioneta.

Duarte y Lira, testificó Coraspe, salieron con las manos en alto. Siguieron las órdenes de FAES de tirarse al piso. Con los hombres en el suelo, Coraspe afirmó que ya no podía verlos. Escuchó disparos.

Cinco minutos después, los agentes del FAES sacaron a Coraspe de su vehículo y le ordenaron tirarse al piso, dijo en su testimonio. Vio a Lira y Duarte “tirados como inmóviles”, dijo Coraspe a los fiscales.

Uzcátegui indicó a los investigadores que Lira y Duarte habían disparado contra su escuadrón. Sus oficiales respondieron, disparando a ambos. Después del incidente, dijo, los oficiales llevaron a los hombres a un hospital, donde un médico los declaró muertos.

“Lo que realmente sucedió”

A las 14.30, Marlon Brito, un detective del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, recibió una orden de un supervisor para ir a la morgue, según su informe escrito sobre el caso. El cuerpo, conocido como el CICPC, realiza trabajos forenses para la Policía Nacional. Reuters no pudo comunicarse con Brito para hacer comentarios.

En la morgue, al lado del hospital, Brito vio dos cuerpos.

Con una tarjeta de identidad nacional que estaba en el cadáver de Duarte, Brito identificó el cuerpo del oficial de Caracas. El cadáver de Lira sería identificado más tarde por las palabras inglesas “LIBERTAD” e “Historia” tatuadas en su antebrazo izquierdo.

Duarte sufrió dos heridas de bala en el pecho, escribió Brito en su informe. Lira tenía dos heridas en el pecho y un disparo en el estómago. Las autopsias confirmaron las heridas que informó Brito.

Desde la morgue, Brito condujo hasta el lugar del accidente y los disparos. Uzcátegui, el supervisor, hacía guardia con otros 15 oficiales de FAES, según el informe de Brito.

La camioneta Hilux estaba acribillada a balazos, escribió Brito. Las fotos de la escena revisadas por Reuters también muestran las perforaciones. Los proyectiles gastados cubrían el área y dos pistolas yacían en el suelo.

Los oficiales dijeron a Brito que las armas pertenecían a los dos sospechosos que les habían disparado.

En cuestión de días, la autopsia y los informes forenses rebatirían la versión de los miembros del FAES.

Los resultados de la autopsia, preparados por otra agencia gubernamental, concluyeron el 19 de marzo que ambos hombres habían recibido disparos desde arriba. Los informes, revisados ​​por Reuters e incluidos también en los documentos de la corte, dicen que las balas perforaron a Duarte “de arriba abajo”. Lira recibió un disparo de “arriba hacia abajo”.

Duarte Nuno Vieira, profesor de medicina forense y derecho médico en la Universidad de Coimbra, en Portugal, revisó los resultados de la autopsia a solicitud de Reuters. “Los informes de autopsia”, señaló, “están más en línea con un contexto de ejecución sumaria”.

En su informe forense, el CICPC concluyó que las manos de Lira y Duarte no tenían rastros de antimonio, bario o plomo, químicos reveladores expulsados ​​por la mayoría de las armas. Un especialista forense en España que revisó los hallazgos para Reuters dijo que el informe era concluyente.

“No realizaron disparo alguno”, dijo Francisco Gallego, director del Instituto Técnico de Estudios Balísticos de Madrid.

“No estoy diciendo que son unos santos”

Miguel Peña, abogado defensor, confirmando un pasado criminal entre los policías acusados en Guarenas

El informe del CICPC dijo que el reporte forense y testimonios situaron a los siete oficiales procesados en la escena.

Uzcátegui, el supervisor, disparó las balas de pistola de 9 milímetros que mataron a Duarte, según el informe. La especificidad fue posible porque las balas, rastreadas por forenses hasta el arma de Uzcátegui, permanecieron en el cuerpo de Duarte, según la autopsia. Aunque las rondas que mataron a Lira salieron por las heridas, la balística en el informe indica que tres de los otros seis oficiales involucrados en el caso habían disparado armas.

Meyfer Díaz, un recluta de 23 años que se unió a la fuerza solo dos meses antes del suceso, disparó una ametralladora Heckler & Koch MP5. Un mes antes de la operación, Díaz publicó una foto de sí mismo en Facebook con el equipo de FAES. “Mámalo un ratico”, escribió, “nada me afecta”.

Sánchez, el oficial que cumplió condena en prisión por robo, disparó su pistola Tanfoglio cuatro veces. Los investigadores rastrearon otras catorce rondas en la escena hasta Oliveros, el oficial que fue cómplice de asesinato.

Reportes de balística y un registro de armas del FAES contenidos en el archivo del caso de los fiscales, ambos  revisados ​​por Reuters,  muestran que las rondas provienen de un Heckler & Koch MP5 asignado a Oliveros.

 En una audiencia en julio, Ortega, el abogado de Oliveros, argumentó que su cliente no tenía el arma el día de los asesinatos.

En su testimonio ante los fiscales, Coraspe, cuya llamada telefónica desencadenó el episodio, dijo que después de las muertes en Guarenas los oficiales del FAES le dijeron que contara a los investigadores “que lo que pasó fue un enfrentamiento”.  En cambio, dijo: “les dije a los funcionarios todo lo que sucedió realmente”.

Los acusados ​​tienen previsto comparecer ante el tribunal en marzo. Se espera que el juicio demore meses. Los abogados de la Fiscalía no respondieron a las solicitudes de Reuters para discutir el caso.

 Alexis Lira, el hermano del diseñador gráfico, visita semanalmente el juzgado y a los fiscales para asegurarse de que el caso progresa. González, la novia de Fernando Lira y beneficiaria prevista de los 500 dólares faltantes, se debilitó gradualmente tras la muerte de Lira debido a su larga lucha contra la hipertensión pulmonar.

Reuters la entrevistó varias veces a fines de 2019.

El 3 de enero, González murió de una insuficiencia cardiaca.

“Ella fue nuestra compañera en esta batalla”, dijo Jeanette Padrón, médica, amiga y  la pareja de años de Duarte, el otro hombre asesinado. “La muerte de Fernando la rompió”.

Policía política del chavismo asesinó a más de 5000 venezolanos en 2019 por Sabrina Martín – PanamPost – 2 de Enero 2019 

En Venezuela existe una especie de “epidemia de violencia policial”, donde funcionarios se aprovechan del “poder” para emprender ejecuciones extrajudiciales

Se llevaron a cabo 5 286 muertes en manos de funcionarios policiales por el uso excesivo de la fuerza. (kipupress)

El régimen de Nicolás Maduro cerró el 2019 con más de 5 000 personas asesinadas por fuerzas militares del chavismo, mientras que el país suramericano se mantiene como uno de los más violentos del mundo.

Una investigación del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) reveló que se registraron al menos 16 506 muertes violentas en 2019, con una tasa de homicidios de 60,3 por cada 100 000 habitantes, duplicando en violencia a países como Colombia o México con una tasa de 25 y 29 homicidios, respectivamente.

Epidemia de violencia policial

Durante la presentación del informe anual, Carlos Meléndez, uno de los directores de la ONG, señaló que en Venezuela existe una especie de «epidemia de violencia policial» donde funcionarios del régimen se aprovechan de su «poder» para emprender ejecuciones extrajudiciales bajo la falsa excusa de «resistencia a la autoridad».

El informe señala que se llevaron a cabo 5 286 muertes en manos de funcionarios policiales por el uso excesivo de la fuerza. De hecho, luego de que Michelle Bachelet presentara en julio su primer informe sobre la situación en Venezuela y denunciara las ejecuciones extrajudiciales, en el país fueron asesinadas 2 698 por la acción policial letal.

De acuerdo con el OVV, en su mayoría estos homicidios fueron cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado, entre ellos las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), comando especial de la chavista Policía Nacional Bolivariana. El OVV realiza este informe con base en los registros obtenidos por un observatorio de prensa, encuestas de muestreo y «cifras agregadas extraoficiales» que, aseguran han sido «levantadas por el Ministerio de Interior».

Rito de iniciación

Las FAES, mejor conocidas como la policía política de Maduro, estarían implementando una especie de «rito de iniciación» para sus nuevos miembros. Se denuncia que quienes se convierten en sus funcionarios «deben ubicar una víctima y matarla» para iniciar sus carreras. Este es uno de los cuerpos de seguridad del Estado denunciado por su presunta vinculación con asesinatos selectivos, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas.

Roberto Briceño-León, director del OVV, dijo a BBC Mundo que «El procedimiento suele ser el mismo. Llegan encapuchados y sin identificación, lo que viola todas las leyes venezolanas, y mientras unos cortan la calle y alejan a los familiares, otros matan al ciudadano, casi siempre en el interior de su vivienda».

Además, ha informado que «hay pocos casos de funcionarios policiales condenados en Venezuela, pero con la FAES la impunidad es total». Denunció que funcionarios del Ministerio Público admiten confidencialmente que las investigaciones que afectan a la polémica fuerza policial son sistemáticamente bloqueadas.

A pesar de las denuncias a nivel nacional e internacional, el pasado 20 de diciembre el mismo Maduro llamó a «expandir el FAES» para que trabaje de la mano con los consejos comunales y las comunas, organizaciones de origen cubano implementadas por el chavismo.

Nicolás Maduro prepara un nuevo golpe por Laureano Pérez Izquierdo – Infobae – 22 de Diciembre 2019

El jefe de la dictadura venezolana aceleró su plan pese a las condenas mundiales. Los secuestros y las detenciones ilegales de legisladores se multiplican

Nicolas Maduro con la constitución de Venezuela en una imagen de archivo (Reuters)

Nicolas Maduro con la constitución de Venezuela en una imagen de archivo (Reuters)

Nicolás Maduro activó su plan final, un nuevo golpe. Quiere terminar definitivamente con el último de los refugios democráticos que todavía late en Venezuela: una perseguida Asamblea Nacional que no está bajo sus hilos, aún. El órgano legislativo liderado por el presidente interino Juan Guaidó sobrevive, como puede y por ahora, a los interminables acosos del régimen.

La intención del subordinado cubano es impedir que Guaidó pueda ser reelecto el próximo 5 de enero por el cuerpo que le responde al líder opositor. Para eso, comenzó su proyecto ilegal para flaquear la estructura asambleísta con los resortes de espionaje y seguridad que están a su merced: las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) pertenecientes a la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Las tres agencias de seguridad fueron denunciadas por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por secuestros, torturas y ejecuciones extrajudiciales junto a los colectivos chavistas. El más reciente informe fue actualizado por la Alta Comisionada MichelleBachelet el pasado miércoles. El tono fue idéntico al de las demás evaluaciones: la dictadura no se detiene en su ambición por terminar con las voces disidentes.

Ese día, Bachelet -cuya biografía la convierte en una voz inobjetable en materia de derechos humanos- hizo una especial mención a la situación de Juan Requesens, el diputado que continúa preso por obra de Maduro. “Reitero mi llamada para que se continúe dando cumplimiento a las opiniones del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria y, en consecuencia, se otorgue libertad plena al diputado Juan Requesens”, exigió la ex presidenta chilena.

El legislador cumple 502 días de confinamiento. El Palacio de Mirafloresy la rama judicial que le responde le imputan siete delitos imaginarios, incluidos el de traición a la patria y el de “homicidio calificado frustrado” contra Maduro y el alto mando militar venezolano. El proceso en su contra es una puesta en escena digna de una obra de Samuel Beckett.

Pero el de Requesens no es el único ni será el último caso de detención y secuestro de opositores. En el crepúsculo vespertino del viernes GilberCaro se sumó a la lista. El dirigente de Voluntad Popular fue perseguido por las calles y capturado por miembros del FAES y el Sebin junto a uno de sus asistentes. Es la tercera vez que se lo llevan siendo diputado. Nadie sabía 48 horas después dónde había sido trasladado. Seguramente fue llevado a uno de lo sótanos de la dictadura: el centro de detención El Helicoide. Allí ya padeció los tormentos de la inteligencia chavista en otras oportunidades.

Ambos forman parte de la nómina disidente que tiene bajo custodia la autarquía chavista y que piensa engordar en las próximas horas. A ellos se suman Edgar ZambranoRenzo PrietoRosmit Mantilla y Gilberto Sojo, todos presos. Jorge Millán, Hernán Alemán, Carlos Lozano, Luis Stefanelli, Yanet Fermín y Fernando Orozco fueron acosados por la dictadura en las últimas dos semanas. Los despojaron de su inmunidad. Están refugiados en algún lugar de Venezuela, como “clandestinos”.

Fermín, por ejemplo, la salvaron Guaidó y otros colaboradores de ser puesta en cautiverio. Agentes de la DGCIM se presentaron en su vivienda. Cuando hizo su irrupción el presidente interino junto otros opositores lograron evitar el secuestro. Los hombres de Maduro no se atrevieron a semejante vejamen institucional. Guaidó es reconocido por decenas de naciones como el legítimo mandatario venezolano por orden constitucional. Una acción contra él ¿hubiera desencadenado una reacción internacional más concreta? El hombre que habla con pájaros parece conocer sus límites.

La escalada golpista de Maduro allanando la inmunidad parlamentaria de opositores mereció la condena de los Estados Unidos, de la UniónEuropeade organismos continentales y de líderes mundiales. Nadie espera repudios por parte de La Habana o ManaguaAmérica Latina es remolona en sus pronunciamientos en comparación con otras administraciones pese a la proximidad manifiesta a la devastación democrática.

Hoy, de 167 diputados, 32 han sido detenidos, forzados al exilio o se les ha revocado su inmunidad parlamentaria constitucional”, dijo en las últimas horas Elliott Abrams, Representante Especial norteamericano para VenezuelaEl funcionario de Donald Trump también denunció que a algunos legisladores intentan sobornarlos con medio millón de dólares.

Pero no sólo el secuestro y el cohecho son las herramientas con que Maduro intenta penetrar la Asamblea Nacional. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) conducido por Maikel José Moreno Pérez, el guardaespaldas arrepentido, derrumbó una maniobra para que legisladores en el exilio o bajo resguardo pudieran votar el próximo 5 de enero. La osadía legislativa duró menos de 48 horas. Moreno, en boca de Juan José Mendoza, presidente de la Sala Constitucional del TSJ, derrumbó el proyecto de “participación virtual”. Quien pretenda salir de su clandestinidad obligada y acercarse a votar quizás sea tomado de rehén e incomunicado durante el camino que una su escondite con el palacio de las leyes.

Ese TSJ es el mismo que el 30 de marzo de 2017 se atribuyó la labor legislativa derrumbando el trabajo de una Asamblea que contaba con mayoría opositora. Fue el primer golpe del régimen caraqueño contra la democracia de Venezuela, además de las recurrentes denuncias de fraude electoral que se venían sucediendo desde la asunción de Maduro. Como en la Bolivia de Evo Morales, los exponentes populistas reniegan de marcharse del poder sin alterar la voluntad popular.

En aquella ocasión fue tal la presión internacional que el jefe de Miraflores debió dar marcha atrás. Pero no se contentó. En agosto siguiente le confió plenos poderes a una fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente y nombró a la ultra Delcy Rodríguez al frente,desconociendo todo contrato constitucional. De esta manera disolvió el Poder Legislativo dándole pleno control a este órgano creado para ahorcar a la oposición. Maduro se recibía de dictador: dos golpes en menos de seis meses.

Ahora, el hombre que responde marcialmente las órdenes de Cuba y cree contentar a Rusia y China con negocios de dudosa transparencia arremete otra vez contra sus rivales elegidos democráticamente. EstadosUnidos promete más sanciones contra la cúpula chavista y sus aliados isleños. Si algún otro socio quisiera tender un puente de bondad con Caracas quizás también reciba una reprimenda. La frágil economía de varios países amigos no resisten aventuras¿Se sumarán Moscú y Beijing al empujón final del dictador? Los líderes rusos y chinos no están preocupados por la institucionalidad: sólo los une el brillo de los recursos naturales venezolanos.

Luego del cierre de un medio y el acoso a opositores, Nicolás Maduro apoyó a las FAES – Infobae – 20 de Diciembre 2019

El dictador venezolano aseguró que hay “una campaña mundial, financiada por los Estados unidos para que eliminemos” al escuadrón de la muerte cuyos miembros son señalados como los ejecutores de la mayoría de las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen

Foto: REUTERS/Manaure Quintero

Foto: REUTERS/Manaure Quintero

Luego de una semana en el que el régimen que comanda cerrara un medio y continuara con su acoso a dirigentes opositores, el dictador venezolano Nicolás Maduro reiteró su apoyo a la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional Bolivariana (FAES), el escuadrón de la muerte cuyos miembros son señalados como los ejecutores de la mayoría de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el país.

Ha habido una campaña mundial contra la FAES, financiada por Estados Unidos, una campaña para que la eliminemos“, expresó en el marco de un acto por el aniversario de la Policía Nacional Bolivariana. En concreto, el dictador apuntó contra el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien el 13 de diciembre instó a la Corte Penal Internacional a a investigar “de inmediato” la tortura a opositores a la dictadura en Venezuela con apoyo de agentes cubanos, que según dijo se recrudeció en 2019.

“Vimos la semana pasada al desgraciado de Almagro hablando contra el FAES. Financia a ONGs para que hablen contra el FAES. Es una campaña financiada y dirigida por los enemigos de la patria. Aquel policía que se coma la luz, ya sabe, pero el FAES debe ser respetado y debe continuar”, expresó.

De manera sigilosa, sin grandes operativos y con agentes anónimos -van siempre con la cara cubierta- se ocuparon de sofocar cualquier protesta en los barrios más pobres del país.

De manera sigilosa, sin grandes operativos y con agentes anónimos -van siempre con la cara cubierta- se ocuparon de sofocar cualquier protesta en los barrios más pobres del país.

La disolución del escuadrón de la muerte está en el centro del informe elaborado por la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, respecto de la situación en Venezuela. En una ampliación del documento original -que había sido publicado en julio- la Alta Comisionada señaló que su organismo “ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las FAES en algunas zonas del país”.

A este respecto, hizo referencia a información recibida de la ONG Monitor de Víctimas que identifica 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas solo en julio en Caracas.

“Estos casos documentados revelan el mismo patrón identificado en mi informe de julio y demuestran la falta de mecanismos de protección efectiva para los testigos y familiares de las víctimas”, denunció Bachelet. También lamentó que en vez de seguir las recomendaciones del informe, el chavismo haya “recibido apoyo al más alto nivel del Gobierno”. Maduro confirmó expresamente su voluntad de ir en contra de los pedidos del cuerpo multilateral: anunció que el régimen va a “fortalecer, expandir y profesionalizar” al FAES.

También anunció que la próxima semana dará inicio a una nueva misión llamada “cuadrantes de paz”, e indicó que su objetivo será “consolidar la seguridad, la convivencia y armonía entre todos los venezolanos”.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet

El grupo FAES es una herramienta diseñada por el propio Maduro. La creó en julio de 2017, cuando enfrentó un aumento de una delincuencia violenta por el colapso de la economía petrolera de Venezuela. La fuerza fue promocionada por las autoridades como un medio para detener la ola de criminalidad. En cambio, según políticos de la oposición y ex partidarios de Maduro, el escuadrón FAES se convirtió en un medio de control social en los barrios pobres del país, sacudidos por una crisis alimentaria y el desempleo, donde las redes criminales podrían provocar agitación y amenazar la hegemonía del gobierno. El objetivo, en palabras de un ex miembro del gobierno de Maduro, es infundir miedo y evitar que las calles de Venezuela engendren una nueva oposición política.

Las declaraciones de Maduro cierran una semana en la que el régimen cerró Venepress, un medio de comunicación, por la fuerza, y le quitó la inmunidad a cuatro diputados de la oposición.

El cierre de VenePress, ubicado en Caracas, tuvo lugar luego de una orden librada por fiscal 73 provisorio del Ministerio Público, Jean Karin Lopez Ruiz. El medio acusado por el régimen chavista de los presuntos delitos de legitimación de capitales, terrorismo y asociación para delinquir.

Por la mañana, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) ingresaron a las oficinas de la agencia de noticias, donde permanecieron durante horas hasta que se resolvió su cierre. Los agentes chavistas ingresaron al lugar portando armas largas, en el barrio Las Mercedes, zona en la que están ubicadas varias embajadas.

En tanto, el lunes la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) chavista suspendió la inmunidad de cuatro diputados opositores venezolanos acusados de rebelión civil, traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección concierto para delinquir y usurpación de funciones.

Poco después, la la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) modificó su reglamento para permitir a los diputados que se encuentran exiliados o en la clandestinidad por la persecución del régimen de Nicolás Maduro votar de forma virtual. Pero un día después el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela anuló la norma, abriendo de ese modo una nueva pugna jurídica entre la dictadura y la oposición.

Venezuela: la FAES, la polémica policía de élite creada por Nicolás Maduro a la que se acusa de ser un “grupo de exterminio” por Guillermo D. Olmo – BBC News – 11 de Diciembre 2019

FaesLa FAES genera rechazo también en algunas bases del chavismo, que ven cómo actúan contra los más desfavorecidos.

Son el cuerpo policial más temido.

Encapuchados, armados con fusiles de asalto, sin más identificación que la calavera que lucen como insignia, sus siluetas negras y las camionetas en las que se desplazan se han convertido en una estampa habitual en los barrios venezolanos.

Son los comandos de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela, una unidad de élite activada en 2017 por orden directa del presidente Nicolás Maduro.

Su misión, dijo el mandatario, es el “proteger al pueblo frente al crimen”.

Por qué es tan polémica

Un informe sobre Venezuela publicado el pasado junio por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, documentó decenas de casos de ejecuciones extrajudiciales en el país.

De acuerdo con el informe, la FAES era responsable de centenares de muertes.

La oficina de la comisionada entrevistó a los familiares de jóvenes que perdieron la vida en operaciones de la FAES y se refirieron a sus comandos como “grupos de exterminio” o “escuadrones de la muerte”.

Como es habitual, el Ministerio de Comunicación venezolano no respondió a una petición de información de BBC Mundo. Cuando se publicó el informe, Maduro dijo que estaba cargado de “mentiras y manipulaciones”, y exigió su rectificación.

BBC Mundo entrevistó a dos mujeres y un hombre que relataron cómo agentes de la FAES “asesinaron” a sus hijos. La historia que contaban era similar.

FAES“Su indumentaria siniestra busca amedrentar a la población”, denuncian los expertos.

En uno de los casos, los funcionarios, con los rostros cubiertos y sin identificación, irrumpieron por la fuerza en la casa del fallecido y, mientras sus compañeros cortaban la calle y contenían a los familiares, le dispararon a bocajarro.

María (nombre ficticio) narró: “Se presentaron en el negocio de mi hijo. Él vive en el mismo edificio, pero unas plantas más arriba. Como no tenía nada que esconder, bajó por su propio pie y se presentó a los agentes. Lo torturaron y le pegaron cuatro tiros. A mí me decían que estaba detenido cuando ya hacía más de una hora que lo habían matado”.

Su testimonio coincide con lo relatado en las decenas de entrevistas que la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) ha realizado en todo el país.

Su director, Roberto Briceño-León, le dijo a BBC Mundo que “el procedimiento suele ser el mismo. Llegan encapuchados y sin identificación, lo que viola todas las leyes venezolanas, y, mientras unos cortan la calle y alejan a los familiares, otros matan al ciudadano, casi siempre en el interior de su vivienda”.

“Luego entregan el cuerpo en una morgue o un hospital y justifican lo ocurrido diciendo que hubo una resistencia a la autoridad”.

Es frecuente también, afirma Briceño, que manipulen la escena del crimen para respaldar la tesis de que se produjo un enfrentamiento.

Entierro.Miles de personas mueren cada año en Venezuela en incidentes que se registran como casos de “resistencia a la autoridad”.

Opacidad

Una reciente investigación periodística de la agencia Reuters citó a Derrick Pounder, un forense galés especializado en torturas y ejecuciones extrajudiciales. Tras ver las heridas de bala en los cuerpos de varias de las personas abatidas en operativos de la FAES, Pounder puso en duda que se hubieran producido en el “contexto dinámico de tiroteos”.

De acuerdo con las cifras que el Gobierno le entregó al equipo de Bachelet, cerca de 5.300 personas murieron en 2018 tras “resistirse a la autoridad”. ONG como el OVV elevan esa cifra por encima de 7.500.

Según Briceño, “en estados como Aragua la Policía ya mata más que los criminales”.

La falta de cifras oficiales impide conocer con exactitud el número de agentes que integran la FAES.

Briceño subraya que “está claro que la FAES es el cuerpo que se ha querido reforzar, reduciendo los efectivos que están dedicados a la prevención del delito y apostando en su lugar por la represión”.

“Sus agentes cobran más dinero y, además, se les permite el botín”, indica. En la mayoría de casos, los familiares de las víctimas denuncian el robo de dinero, objetos de valor e incluso autos por parte de los funcionarios.

Los vecinos de María le contaron que el cadáver de su hijo se lo llevaron envuelto en sábanas en el remolque de su propia camioneta.

FAES en un barrio
Un vecino captó cómo los agentes se llevaron la moto de casa del hijo de María.

Por qué actúa sobre todo en zonas populares

Las zonas populares y más humildes son habitualmente las más castigadas por el crimen y la violencia.

Es en ellas donde la FAES es más activa y está cada vez más presente.

El informe de Bachelet señaló que “el gobierno podría estar usando a la FAES y otras fuerzas de seguridad para infundir miedo entre la población y mantener el control social”.

Briceño cree que su “indumentaria siniestra, de negro y con esas calaveras, ya deja claro que hay un afán de amedrentar a la población”.

FAES en un barrioLas polémicas acciones de la FAES se concentran en los vecindarios más humildes.

Cuando el pasado 23 de enero, después de que Juan Guaidó se declarara “presidente encargado” de Venezuela, se produjeron protestas contra Maduro en sectores populares de Caracas, estas fueron reprimidas por la FAES.

“Fueron noches de plomo y más plomo”, dijo entonces a BBC Mundo un empleado municipal residente en el barrio José Félix Ribas. Contó que los agentes “tumbaron las puertas y empezaron a entrar en las casas”. También dijo haber visto como los agentes mataban a tres de sus vecinos y cargaban sus cadáveres en camionetas.

Vecinos del barrio de José Félix Ribas protestaron el pasado mes de octubre contra los excesos de la FAES y exigen su retirada de la zona.

FAES en un barrioEl debate sobre la actuación de la FAES se ha abierto también en zonas donde el Gobierno ha contado tradicionalmente con más apoyo.

La FAES genera rechazo también en algunas bases del chavismo, que ven cómo actúan contra los más desfavorecidos.

Una dirigente comunal chavista del municipio Petare, en Caracas, que prefirió no dar su nombre, contó que había habido roces entre dirigentes locales y los agentes a los que pidieron explicaciones por el homicidio de uno de los jóvenes de la zona.

Petare ha sido tradicionalmente uno de los puntos de mayor apoyo a la “Revolución Bolivariana” iniciada por Hugo Chávez. “Aquí nadie quiere a esa policía”, dijo la mujer, que ve conveniente que se abra un debate en el gobierno sobre su actuación.

Cómo ha reaccionado el gobierno

Maduro y BacheletMaduro rechazó el informe de Bachelet y exigió su rectificación.

El informe de Bachelet incluyó entre sus recomendaciones finales la disolución de la FAES y la apertura de una investigación independiente sobre su actuación que atendiera a las víctimas.

Pocos días después de que se hiciera público el informe Bachelet, Maduro apareció en un acto con efectivos de la FAES.

“¡Viva el FAES!”, proclamó.

Muchas familias de las víctimas temen denunciar por temor a represalias y piden a los medios que no difundan su nombre real.

Todas aquellas con las que BBC Mundo se reunió dijeron que no habían obtenido respuesta tras denunciar ante la Fiscalía lo ocurrido.

Liliana Ortega, fundadora de Cofavic, una asociación pro derechos humanos que asesora legalmente a las familias que denuncian, le dijo a BBC Mundo: “Con frecuencia nos encontramos con retrasos en la práctica de diligencias que son imprescindibles para la investigación y con negligencias en las autopsias”.

“La inmensa mayoría de los casos nunca llegan a juicio”, concluye.

Briceño indica que “hay pocos casos de funcionarios policiales condenados en Venezuela, pero con la FAES la impunidad es total”, y funcionarios del Ministerio Público admiten confidencialmente que las investigaciones que afectan a la polémica fuerza policial son sistemáticamente bloqueadas.

El experto cree que la reacción del gobierno ante las denuncias contra la FAES muestra que “en realidad están orgullosos por lo que se está haciendo”.

“No creen en el sistema penitenciario, no creen en el sistema judicial, esta es su única política de seguridad”.

“No hablamos de la actuación de elementos aislados. Se trata de una política de estado. Y es una política de exterminio”.

Fuerzas de seguridad de Venezuela irrumpen en la sede del partido de Guaidó – ABC – 16 de Noviembre 2019

Image de archivo de Juan GuaidóCerca de 30 personas, colaboradores y militantes del partido, se encontraban en el lugar

Un grupo de agentes de la fuerza pública venezolana irrumpió este viernes en Caracas en la sede de Voluntad Popular (VP), partido del presidente del Parlamento y líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por casi 60 países.

Los agentes, encapuchados y con armas largas, entraron en las oficinas de VP y pidieron a los presentes entregar sus teléfonos móviles y tirarse al suelo, según se observa en un vídeo difundido por el partido, y abandonaron el lugar unos 40 minutos después sin identificarse.

El dirigente Roland Carreño dijo a periodistas que los supuestos funcionarios robaron ordenadores, teléfonos móviles, documentos de identidad y una cantidad de dinero indeterminada por ahora. Otro de los activistas de VP, que estuvo detenido en el lugar, denunció que los encapuchados los «golpearon».

Antes, el subsecretario del Parlamento venezolano, Roberto Campos, informó de que los agentes pertenecen a la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), una división de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) acusada por Naciones Unidas de violar derechos humanos de manera sistemática.

Cerca de 30 personas, colaboradores y militantes del partido, se encontraban en el lugar ultimando detalles de la manifestación de este sábado, cuando Guaidó ha convocado a una gran protesta contra el Gobierno de Nicolás Maduro, al que considera ilegítimo.

Guaidó acudió al sitio y aseguró que este tipo de actos fortalece las razones para participar mañana, cuando también el chavismo gobernante ha convocado a movilizaciones «en defensa de la revolución».

 

  Maduro se sienta en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el mismo día que un dirigente opositor aparece ejecutado y calcinado por Pedro Benítez – ALnavío – 18 de Octubre 2019

 Mientras sus tenebrosas Fuerzas de Acciones Especiales continúan asesinando en los barrios pobres de Venezuela, Nicolás Maduro logra entrar (como ya ocurrió con Hugo Chávez en 2012) en el club de dictadores mundiales que se sientan en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es un brutal recordatorio de cómo opera la política internacional.
Maduro agrega otro asesinato a su larga lista / Foto: Prensa Presidencial
Maduro agrega otro asesinato a su larga lista / Foto: Prensa Presidencial

Que el régimen de Nicolás Maduro, manchado por todo tipo y cantidad de violaciones a los derechos humanos, consiga 105 votos para entrar al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, mientras esa ejemplar democracia que es Costa Rica no alcanza los 97 votos necesarios para sentarse en ese organismo, no debería sorprender a nadie. Es un brutal recordatorio de cómo opera la política internacional.

Esa elección se da en un momento en el cual las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) adscritas a la Policía Nacional Bolivariana actúan como escuadrones de la muerte en los barrios más deprimidos de las ciudades venezolanas, con la intención poco disimulada de desalentar cualquier tipo de protesta social.

Hace menos de un mes Human Rights Watch (HRW) señaló a las Fuerzas de Acciones Especiales, de haber perpetrado más de 18.000 “ejecuciones extrajudiciales” en situaciones de supuesta “resistencia a la autoridad”, aplicando el patrón de actuación descrito en el informe de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet. La fuente usada por Human Rights Watch son los datos aportados por el propio ministro de Interior de Nicolás Maduro, general Néstor Reverol.

Uno de los sitios específicos en el que HRW identificó las actuaciones de las FAES fue el populoso barrio de Petare, al este de Caracas, sitio en el cual vivía y realizaba activismo político el exconcejal y dirigente opositor Edmundo “Pipo” Rada.

Militante de Voluntad Popular (VP), el mismo partido de Juan Guaidó y Leopoldo López, el cuerpo de Pipo Rada fue hallado ayer calcinado y con dos tiros en la nuca. López, líder fundador de VP, por medio de su cuenta de Twitter acusó directamente al régimen de Maduro de haber secuestrado, torturado y ejecutado a Rada, quien llevaba 24 horas desaparecido.

En las últimas semanas Pipo Rada había colaborado en la organización de los recorridos que en Petare realizó Guaidó y había alertado que funcionarios de las FAES lo habían fotografiado en esas actividades.

Esto acontece a un año de la muerte en manos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) del también concejal Fernando Albán, militante en del partido Primero Justicia y asistente del expresidente de la Asamblea Nacional (AN) Julio Borges. Tanto el Sebin como el Fiscal General de Maduro, Tarek William Saab, afirmaron que Albán se suicidó, aunque nunca permitieron una autopsia independiente. Tanto sus familiares como la oposición en su conjunto han acusado al Sebin de haberlo torturado y luego lanzado al vacío desde el piso 10 de la sede de esa policía política.

En el marco del informe que, precisamente para Naciones Unidas, presentó la expresidenta Bachelet, estos casos son reveladores del tipo de régimen que se va a sentar con los representantes de otros 47 Estados en el Consejo de Derechos Humanos de ese organismo. ¿Cómo es posible esto? Pues que la ONU es lo que el periodista español Antonio Chinchetru ha denominado “la democracia de las dictaduras”.

De los 193 países presentes en Naciones Unidas, sólo 75 se cuentan como democracias (entre plenas e imperfectas), según el índice de democracia de The Economist.

Aunque es una clasificación que puede ser cuestionada por el criterio que aplica, no obstante nos da una idea de la correlación de mundial entre democracias y regímenes despóticos, autoritarios y dictaduras abiertas. En resumen: las democracias en el mundo están en minoría.

Eso, más el reparto que se le asigna a cada región del mundo, explica que Estados como Arabia Saudita, Cuba, China, Vietnam, Rusia, Baréin, Bangladesh, Camerún, Eritrea, Filipinas y Somalia, estén, o se hayan sentado, en algún momento en ese Consejo.

Creado en 2006 para reemplazar a la antigua a la Comisión que existía con el mismo propósito, en el Consejo de Derechos Humanos se repite una constante, las dictaduras de todo tipo hacen causa común.

Esta no es una historia nueva. En 2014 una desclasificación de casi 6.000 archivos por parte del gobierno argentino reveló el “intercambio de votos” de Fidel Castro con la dictadura del general Rafael Videla en Argentina.

Militante de Voluntad Popular (VP), el mismo partido de Juan Guaidó y Leopoldo López, el cuerpo de Pipo Rada fue hallado ayer calcinado y con dos tiros en la nuca. López, líder fundador de VP, por medio de su cuenta de Twitter acusó directamente al régimen de Maduro de haber secuestrado, torturado y ejecutado a Rada, quien llevaba 24 horas desaparecido.

En 1977 Cuba pidió a Videla apoyo en Naciones Unidas en una votación que le permitiría el ingreso al Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS). A cambio Cuba apoyó la reelección de Argentina en el Consejo Económico y Social de la ONU (Ecosoc).

No fue la primera vez que Castro hizo un acuerdo de ese tipo. En la misma década era un cercano amigo del gobierno del presidente mexicano Luis Echeverria, mientras los cuerpos de seguridad mexicanos llevaban su propia guerra sucia contra subversión de izquierda.

Y son conocidas las estrechas relaciones del dictador cubano con otro dictador de signo ideológico diametralmente distinto: el general Francisco Franco, quien nunca apoyó el embargo económico contra el régimen comunista de la isla.

Eso es lo que ocurre exactamente en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas hoy. Las dictaduras actúan en bloque. Lo lamentable es que las democracias no hacen lo mismo. Dependiendo del gobierno de turno se inclinan de un lado o del otro, según su gusto ideológico o interés material.

México y Uruguay son democracias, no hay duda de eso, pero sus respectivos gobiernos defienden abierta, o disimuladamente, al régimen de Nicolás Maduro con todo y sus 18.000 ejecuciones extrajudiciales, y no digamos a la dictadura abierta de la familia Castro en Cuba.

Ese tipo de relaciones fue lo que permitió que Venezuela entrara a esa instancia en 2012 (reemplazando a Cuba). Pese a que Hugo Chávez era defensor abierto de dictadores de la calaña de Bashar al-Asad (Siria) y Muamar Gadafi (Libia) y aliado de los Castro y del iraní Mahmud Ahmadineyad.

Pero el más dramático de todos los ejemplos es China, que cada vez que se postula obtiene mucho más de los 97 votos requeridos. Eso sólo es posible si gobiernos democráticos le dan sus votos. Y es fácil imaginarse por qué lo hacen. Todos quieren entrar en tratos con el gigante económico mundial sin importar la naturaleza de su régimen político, su represión en Honk Kong, a las minorías étnicas o religiosas, a los disidentes o su amenaza constante sobre la ejemplar democracia que es Taiwán.

Las FAES de Maduro continúan asesinando en los barrios pobres / Foto: Provea

Para decirlo todo, es la misma razón por la cual entra el Brasil de Jair Bolsonaro. Es un país demasiado grande como para quedar por fuera. O la monarquía medieval de Arabia Saudita, aliado preferente e imprescindible de Estados Unidos en el Medio Oriente. Esto es, pues, la realidad de la política mundial.

Sin embargo, en medio de todo este recuento desalentador hay un aspecto positivo: el interés de cada uno de esos regímenes en ser parte de una instancia internacional es otra demostración de que la hipocresía es un homenaje que el vicio rinde a la virtud.

Puesto que por regla general han renunciado a darse algún viso de legitimidad interna, ese tipo de gobiernos buscan legitimidad internacional. China y Cuba son el ejemplo perfecto de esto. Pese a su tamaño el país caribeño tiene una red de misiones diplomáticas sólo comparable con Brasil.

Esa es la razón por la cual la oposición venezolana puede (y debe) seguir insistiendo en su campaña internacional contra el régimen de Maduro usando informes como el de Bachelet. Aunque sus aliados sean una minoría de países, y como democracias al fin y al cabo sean además volubles, no obstante ellos son en su mayoría los más prósperos e influyentes del mundo. Las democracias suman entre todas la mayor parte de PIB del mundo.

Nicolás Maduro se va a sentar en el Consejo de Derechos Humanos, pero eso no le lava la cara a menos que las democracias y los demócratas se lo permitan.

Las fuerzas especiales de Nicolás Maduro vuelven a detener a una presa política española, horas después de ser liberada por Daniel Lozano – El Mundo – 4 de Octubre 2019

La tragedia del matrimonio Marrufo comenzó hace más de un año, cuando el Gobierno bolivariano involucró a un hermano del militar retirado en el supuesto atentado de los drones contra Maduro
La hispanovenezolana María Auxiliadora Delgado, recién liberada y de nuevo detenida por las autoridades, posa en una fotografía junto a Juan Marrufo.EL MUNDO

La española María Auxiliadora Delgado y su marido, el militar retirado Juan Carlos Marrufo, han vivido en las últimas horas la versión más cruel de las llamadas “puertas giratorias” de los presos políticos. Agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) les liberaron tras permanecer seis meses en sus mazmorras de Caracas, pese a que ambos contaban desde hacía meses con órdenes de libertad emitidas por un juez.

Sus carceleros les llevaron hasta mitad de camino, en Maracay, a 80 km de Caracas, y desde allí cogieron un taxi para dirigirse hasta su casa en Valencia, capital del estado Carabobo. El giro rocambolesco se dio en uno de los peajes de la carretera, cuando un comando de las Fuerzas Especiales de la Policía (FAES) les interceptó y se los llevó presos de nuevo.

“Es la versión más perversa de la puerta giratoria”, advierte Gonzalo Himiob, director de la ONG Foro Penal, que asiste a los casi 500 presos políticos que hoy existen en Venezuela. Unos presos son liberados, pero de inmediato son sustituidos por otros nuevos. Lo que no se había producido hasta ahora es que sean los mismos excarcelados los que son llevados de nuevo hasta prisión.

Además del matrimonio Marrufo, también el coronel Juan Rodríguez Dos Ramos fue liberado durante unas horas. Una patrulla de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) le detuvo cuando ya se encontraba en las puertas de su domicilio. A todos ellos se les imputan “nuevos delitos”, tal y como ha confirmado el Foro Penal. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) ha exigido en principio que se tomen medidas para garantizar la vida, integridad física y debido proceso del coronel.

Marrufo, quien también cuenta con nacionalidad italiana, y Delgado son acusados ahora de intento de homicidio contra Nicolás Maduro y la cúpula militar. “Huele a luchas entre distintos sectores de la Inteligencia de la revolución”, confirmaron a EL MUNDO fuentes políticas. Fue en la sede de la Dgcim donde se llevaron a cabo en junio las salvajes torturas contra el capitán Rafael Acosta, que provocaron su muerte y el consiguiente escándalo internacional.

Las FAES es un cuerpo policial creado por el propio Maduro hace dos años. Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, exigió su disolución tras acusarlas de protagonizar cientos de ejecuciones extrasumariales.

La tragedia del matrimonio Marrufo comenzó hace más de un año, cuando el Gobierno bolivariano involucró a un hermano del militar retirado en el supuesto atentado de los drones contra Maduro. Este año, les acusaron de financiación del terrorismo y asociación para delinquir, pese a que no había ninguna prueba en contra de ellos.

« Un massacre au goutte-à-goutte » : des milliers d’exécutions extrajudiciaires au Venezuela par Marie Delcas – Le Monde – 4 de octubre 2019

Près de 18 000 personnes ont ainsi été tuées depuis 2016 selon l’ONU, qui parle d’un « modèle de conduite systématique ».

La police municipale de Caracas fait un contrôle de routine en 2012.
La police municipale de Caracas fait un contrôle de routine en 2012. LEO RAMIREZ / AFP

Le chiffre est tiré des registres officiels: près de 18 000 Vénézuéliens ont été assassinés par la force publique depuis 2016. Dix-huit mille. « Un massacre au goutte-à-goutte », résume Keymer Avila, professeur de criminologie à l’Université centrale du Venezuela, à Caracas. « Une guerre contre le peuple », soupire Maria C., dont le fils a été tué par la police. Dans un pays ou mafias et forces de l’ordre sont trop souvent de mèche, la militarisation de la politique sécuritaire a tourné au cauchemar.

Dans les statistiques, les victimes de la force publique apparaissent sous la rubrique « résistance à l’autorité ». Mais les organisations des droits de l’homme, ONU comprise, ont pu établir qu’il s’agit dans l’immense majorité des cas d’exécutions extrajudiciaires. Les victimes sont tuées désarmées. Selon Tamara Taraciuk, de l’ONG Human Rights Watch (HRW), auteure d’un récent rapport sur le sujet : « Il y a un modèle de conduite systématique de la force publique. » Le gouvernement dément.

A Genève, le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a voté, vendredi 27 septembre, la mise en place d’une mission internationale pour faire la lumière sur ces exécutions, ainsi que sur les disparitions forcées, les détentions arbitraires, les tortures et autres abus imputables à la force publique. « Ce vote est une grande victoire pour les victimes, qui n’ont aucune chance d’obtenir justice dans leur pays », souligne Mme Taraciuk.

« Les FAES sont intouchables »

Maria C. préfère ne pas donner son vrai nom, ni recevoir dans le bidonville où elle vit sur les hauteurs de Caracas. Dans une cafétéria du centre-ville, elle raconte son histoire en baissant la voix. « J’ai trois filles et deux fils, l’un a mal tourné, lâche-t-elle. Ils ont tué l’autre. » « L’autre » avait 18 ans, il travaillait sur les marchés. « C’était juste avant l’aube. On a entendu les motos arriver dans la rue. Ils ont cogné à la porte, poursuit la femme. Ma fille a ouvert, mon fils était en pyjama. Les hommes encagoulés ont pointé leurs armes. Deux nous ont fait sortir, ma fille et moi, et nous ont emmenées à deux rues de là. On a attendu, dix minutes, peut-être moins. Et puis on a entendu trois tirs et le bruit des motos. Mon fils gisait sur le carrelage. »

El gobierno argentino presentará en La Haya un informe reservado sobre las graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela – Infobae – 22 de Septiembre 2019

Fue elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos en base a testimonios de venezolanos que residen en el país. Denuncian asesinatos, torturas, privaciones ilegítimas de la libertad, desapariciones forzadas, violencia sexual y persecución política

La Guardia Nacional Bolivariana reprimiendo a manifestantes en una marcha en Venezuela (Photo by Federico PARRA / AFP)

La Guardia Nacional Bolivariana reprimiendo a manifestantes en una marcha en Venezuela (Photo by Federico PARRA / AFP)

El Gobierno argentino, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia, elaboró un informe que detallagraves violaciones a los derechos humanos sufridas por ciudadanos venezolanos a manos de la dictadura de Nicolás Maduro. El documento es el resultado de la recopilación de testimonios de 44 venezolanos que residen en el país, quienes describieron distintas vejaciones sufridas en el país caribeño.

“La totalidad de los declarantes manifiestan haber sido víctimas o testigos de algún tipo de persecución por motivos políticos y/o ideológicos. Se constata que la persecución se ha manifestado en diversas expresiones como ejecuciones extrajudiciales, encarcelamiento, privaciones graves de la libertad física y torturas“, explica el informe.

El documento será enviado a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya -en Holanda- y tiene como objetivo proveer nueva información a la fiscalía del organismo jurídico que, desde febrero de 2018, lleva a cabo un “examen preliminar” para analizar la posible comisión de crímenes de su competencia. En concreto, crímenes de lesa humanidad.

El documento especifica que 29 de los 44 casos “se corresponden a conductas que encuadrarían en posibles crímenes de lesa humanidad, según lo estipulado en el Estatuto de Roma”, instrumento rector de la CPI . No obstante, el ministerio de Justicia aclaró que, al no ser “autoridad competente para concluir si los hechos mencionados constituyen o no” este tipo de delitos, evitó realizar este tipo de juicio a la espera de que lo haga la fiscalía del órgano.

La Corte Penal Internacional (Reuters)

La Corte Penal Internacional (Reuters)

A la hora de describir los delitos denunciados, el informe se divide en cuatro secciones: Persecución; Tortura; Encarcelamiento y/o Grave Privación de la Libertad Física y Ejecuciones Extrajudiciales, Desaparición Forzada y otras formas de Violencia Sexual. En este último resalta tres testimonios particulares que describen con crudeza actos llevados a cabo por el régimen.

Persecución

Todos los venezolanos que aportaron su testimonio manifestaron ser víctimas o testigos de algún tipo de persecución y explicaron el modus operandi de los agentes del régimen: “se ejecutaba luego de identificar a personas que participaban en manifestaciones contra el gobierno, hubieran hecho declaraciones públicas, denuncias de graves violaciones a los derechos humanos, o fueran miembros y/o dirigentes de partidos políticos opositores

.La persecución, explicaron, podía manifestarse de distintas maneras: “Amenazas públicas por parte de las autoridades,

Judicialización de la política y politización de la justicia, invención de causas penales, inhabilitación política, privación al derecho a la libre expresión, allanamientos ilegales de la vivienda, represión violenta con excesivo uso de la fuerza y exilio forzoso“.

El dictador venezolano Nicolás Maduro

El dictador venezolano Nicolás Maduro

El accionar “derivaba en la detención arbitraria e ilegal de personas, que eran conducidas a centros de detención donde permanecían incomunicados” y sufrieron las torturas descriptas en el apartado siguiente.

Torturas 

Los denunciantes afirmaron ser tanto víctimas como testigos de los actos de tortura cometidos por los agentes del régimen. Entre ellos mencionaron:

  • Golpes físicos dados hasta dejar inconsciente a la víctima
  • Posicionarse en cuclillas o arrodillados durante horas
  • Estar parados sobre asfalto caliente
  • Mantenerse en situación de hacinamiento
  • Encierro en espacios reducidos por horas
  • Ataques con bombas lacrimógenas en lugares cerrados
  • Disparos a quemarropa
  • Electrocución
  • Asfixia
  • Privación del sueño
  • Utilización de picanas eléctricas en piernas, testículos y brazos

En todos los casos, el motivo de la tortura tuvo como objetivo lograr que las víctimas denuncien a otras personas consideradas como “opositores y/o traidores a la patria” por el régimen.

Encarcelamiento y/o Grave Privación de la Libertad Física

Prácticamente todos los declarantes aseguraron haber sido encarcelados de manera arbitraria. En su gran mayoría, las futuras víctimas eran marcadas en manifestaciones. Pero el informe también hace referencia a casos de allanamientos y detenciones ilegales a personas que se encontraban en listas.

“El encarcelamiento era generalmente en condiciones infrahumanas, en donde se producía hacinamiento, encierro en celdas de dos metros por un metro y medio, los ataban durante horas, celdas oscuras sin ventilación, imposibilidad de asearse e incomunicación indefinida“, describe el documento, que menciona centros de detenciones como “La Tumba” y “El Helicoide”.

El Helicoide, sede del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia) en Caracas

El Helicoide, sede del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia) en Caracas

Ejecuciones Extrajudiciales, Desaparición Forzada y otras formas de Violencia Sexual

A la hora de profundizar esta sección, el informe destaca tres testimonios de personas cuyas identidades fueron mantenidas a resguardo. Uno de ellos corresponde a un Fiscal del Ministerio Público, que se desempeñó como Fiscal de Garantías entre 2015 y 2017, cuando Maduro ya estaba en el poder.

En 2015, indicó, comenzó la llamada “Operación para la Liberación del Pueblo” donde “se llevaron a cabo 1.700 ejecuciones extrajudiciales“. “Las victimas se encontraban en su casa durmiendo, las Fuerzas Armadas llegaban y los ejecutaban”, aseguró la persona, que dijo contar con fotos y videos que confirman su testimonio.

Otro testigo describió como su hermano fue asesinado por agentes de la FAES (Fuerzas de Acciones Especiales), mientras que “algunos testimonios manifiestan tener conocimiento de gente desaparecida y víctimas que fueron violentadas sexualmente, ultrajadas por armas de militares“.

Todos los entrevistados apuntaron hacia Maduro y su aparato represivo como responsables, y también mencionaron a otros jerarcas de las fuerzas de seguridad. Entre ellos se encuentran el General Néstor Reverol, Ministro de Interior de Justicia y el General Antonio Benavidez Torres, Comandante General de la Guardia Bolivariana.

Los testimonios fueron recabados entre julio y agosto de este año, luego de que el presidente Mauricio Macri habilitara el Centro de Orientación a Migrantes a ese efecto.

Sin embargo, el ministro de Justicia Germán Garavano expresó durante una conferencia de prensa esta semana que no se recibieron nuevas denuncias luego del resultado de las PASO. “Eso lo atribuimos al temor que puedan tener de eventuales represalias en un eventual gobierno kirchnerista”, indicó el ministro.

El ministro de Justicia, Germán Garavano

El ministro de Justicia, Germán Garavano

No obstante, el documento elaborado se sumará a otras acciones tomadas a nivel internacional contra el régimen de Maduro. Entre ellas se destaca el informe de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, liderada por la alta comisionada Michelle Bachelet, y la denuncia, también ante la CPI, por parte de Argentina y otros cinco países.

Presentado en julio de este año, el llamado “Informe Bachelet” denuncia que en el último decenio, especialmente desde 2016, el régimen de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno“.

El 9 de septiembre, Bachelet presentó ante la ONU una actualización del texto original y lamentó que el chavismo no haya tomado las medidas que sugirió para reducir la violencia estatal contra los venezolanos.

 

Ante la 42ª sesión del Consejo de Derechos Humanos señaló que su organismo “ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las FAES en algunas zonas del país“, en referencia al organismo que exigió disolver.

Michelle Bachelet

Michelle Bachelet

En tanto, en septiembre de 2018 Argentina, junto a otros cinco países -Perú, Canadá, Colombia, Chile y Paraguay- remitieron formalmente la situación venezolana ante la CPI.

Esta acción se mueve en paralelo a la investigación de la fiscal y constituyó la primera vez en la historia del órgano jurídico donde un Estado miembro-en este caso un grupo de Estados- denunció a otro. Todos los casos previos habían sido enviadas por los propios Estados, luego de que sus autoridades se consideraran imposibilitadas de llevar a cabo investigaciones propias, ya sea por motivos económicos o políticos.

La principal diferencia entre la investigación de la fiscal y la denuncia es procesal: en la primera, si la fiscal concluye que existe evidencia suficiente para comenzar una investigación formal, debe solicitar la autorización de una Sala de Cuestiones Preliminares. En tanto, si decide que la denuncia de los otros Estados miembros es atendible, puede prescindir de la autorización y comenzar una investigación que derive en un proceso formal.

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