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La fase de investigación en la Corte Penal Internacional por Mariano de Alba – ProDaVinci – 28 de Agosto 2019

 

Nueva sede de la Corte Penal internacional en la Haya, en los Países Bajos. Fotografía de Martijn Beekman | ANP | AFP

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El 8 de febrero de 2018, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional inició un examen preliminar sobre los hechos ocurridos entre los meses de abril y julio de 2017 en Venezuela. El 27 de septiembre de 2018, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú solicitaron a la Fiscalía una investigación por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela a partir del 12 de febrero de 2014.

El 5 de diciembre de 2018, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional anunció que la situación en Venezuela se encontraba en la fase 2 del examen preliminar. Las cuatro fases que conforman el examen preliminar ya las explicamos detalladamente aquí en Prodavinci. En la fase 2, la Fiscalía realiza una evaluación de la competencia de la Corte. En la fase 3, se concentra en valorar la admisibilidad y, finalmente, en la fase 4, evalúa el interés de la justicia. Todo lo anterior con la finalidad de determinar si existe una base razonable para continuar hacia la investigación.

Aunque para la fecha de publicación de este texto se desconoce públicamente el estatus del examen preliminar y cuándo la Fiscal podría anunciar su decisión sobre si la situación en Venezuela va a pasar hacia la etapa de investigación, resulta conveniente explicar qué puede suceder y esperarse de una eventual continuación del procedimiento.

Del examen preliminar a la investigación

No existe un plazo máximo de duración para que la Fiscalía concluya el examen preliminar. Sin embargo, la práctica de la Corte ha demostradoque cuando hay una remisión por parte de uno o varios Estados, ese tiempo de duración disminuye considerablemente. Ese podría ser el caso de Venezuela luego de la remisión realizada por seis países del continente americano en septiembre de 2018. Los Gobiernos de Alemania, Costa Rica y Francia han apoyado públicamente el examen preliminar, pero no se han sumado formalmente a la remisión, limitándose a un apoyo mediático. Mientras mayor sea el número de Estados que remitan formalmente la situación venezolana a la Corte, mayor presión tendrá la Fiscalía para avanzar con su misión.

En este momento, al menos uno de los seis países que realizaron la remisión podría tratar de solicitar información concreta a la Fiscalía sobre el estatus del examen preliminar. Para ello, existe un precedente del año 2006, cuando el Gobierno de la República Centroafricana, que previamente había remitido una situación de su propio país, solicitó información. En respuesta, la Sala de Cuestiones Preliminares solicitó a la Fiscalía que compartiera cómo iba la evaluación sobre el caso. En cualquier caso, al final de cada año, la Fiscalía emite un reporte informando el estado de todos los exámenes preliminares que adelanta, por lo que en diciembre de 2019 habrá una actualización del estatus del examen preliminar sobre la situación en Venezuela.

El Estatuto de Roma, el tratado internacional que contiene las normas que regulan el funcionamiento de la Corte Penal Internacional, prevé que la Fiscal, después de evaluar la información que dispone durante el examen preliminar, debe necesariamente iniciar una investigación salvo que no existan fundamentos razonables para proceder. En principio, esa posible decisión de no proceder con la investigación depende de la discreción de la fiscal. Cabe destacar que el período de la actual fiscal, Fatou Bensouda, finaliza en junio de 2021. La Corte ya ha iniciado las gestiones para buscar su reemplazo.

En el caso de Venezuela, dado que seis países remitieron la situación, si la fiscal considera que no hay que avanzar hacia la investigación, entonces la decisión puede ser revisada por la Sala de Cuestiones Preliminares. La Sala de Cuestiones Preliminares I, compuesta por los jueces Péter Kovács (Hungría), Marc Perrin de Brichambaut (Francia) y Reine Alapini-Gansou (Benín), es la responsable de decidir todo lo concerniente con la situación de Venezuela durante el examen preliminar y la investigación. Dicha Sala tendría que hacer, entonces, su evaluación y, según el lenguaje del artículo 53(3)(a) del Estatuto, podría pedirle a la fiscal “que reconsidere esa decisión”. El lenguaje de la disposición parece dejar a la discreción de la fiscal la determinación final de avanzar, incluso si la Sala de Cuestiones Preliminares no coincide con su criterio. El único caso donde la determinación de la Sala de Cuestiones Preliminares sería vinculante es si la decisión de la Fiscal de no avanzar hacia la investigación tiene como fundamento que la continuación de la investigación no está en el “interés de la justicia”.

Aspectos distintivos de la investigación

Conforme al Estatuto de Roma, si la Fiscalía decide avanzar con sus indagaciones, entonces debe ampliar “la investigación a todos los hechos y las pruebas que sean pertinentes para determinar si hay responsabilidad penal”. Recordemos que la Corte Penal Internacional tiene como misión juzgar a las personas que tengan la mayor responsabilidad por los crímenes cometidos. En un informe publicado en el año 2016, la Fiscalía reveló que, visto que la Corte tiene recursos limitados, su política es presentar un número restringido de acusaciones que sean representativas del alcance general de los crímenes cometidos, acusando a aquellas personas que tengan la mayor responsabilidad por los crímenes más serios.

Durante la investigación, la Fiscalía tiene la obligación de investigar “tanto las circunstancias incriminantes como las eximentes” y respetar “los intereses y las circunstancias personales de víctimas y testigos”. El Estatuto prevé que la persona que esté siendo investigada no debe ser obligada “a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable”, teniendo derecho a “guardar silencio” y “ser asistida de un abogado defensor”. Si esas normas no son respetadas, entonces la Corte eventualmente podría excluir pruebas o testimonios obtenidos durante la investigación.

Para realizar diligencias concretas de investigación, la Fiscalía debe enviar una solicitud a las autoridades del Estado relevante a través de los mecanismos diplomáticos regulares. La regla general es que el Estado mantendrá el carácter confidencial de cualquier solicitud, excepto cuando la divulgación sea necesaria para tramitar la diligencia solicitada. En su artículo 93(4), el Estatuto permite al Estado requerido rechazar una solicitud de asistencia si “se refiere a la presentación de documentos o la divulgación de pruebas que afecten a su seguridad nacional”. Esa disposición podría ser objeto de abuso por parte de gobiernos que no deseen cooperar con la Corte.

Un punto central sobre la fase de investigación es que es llevada adelante por la Fiscalía de una instancia judicial internacional. Usualmente, las fiscalías de cada país tienen acceso irrestricto a las pruebas, a los testigos y pueden realizar inspecciones y practicar allanamientos sin grandes obstáculos. Para la Fiscalía de la Corte Penal Internacional es más complicado porque la investigación supone, esencialmente, adelantar labores en el territorio de un Estado soberano. En consecuencia, el éxito de las gestiones depende de la receptividad que tenga el Estado donde la Fiscalía quiere investigar. Esto significa que la investigación podría ser muy complicada cuando tiene que ser realizada en un país cuyo Gobierno se vea amenazado por esa investigación.

Los Estados Parte del Estatuto de Roma tienen la obligación general de cooperar “plenamente con la Corte en relación con la investigación y el enjuiciamiento de crímenes”. Teóricamente, si un Estado se niega a cooperar, la Fiscalía puede llevar a cabo la investigación sin el consentimiento y cooperación del respectivo Gobierno. Para ello tendría que obtener una autorización especial de la Sala de Cuestiones Preliminares, que sería emitida si ésta determina que el Estado es incapaz de ejecutar la solicitud de cooperación.

En la práctica, la situación es más complicada porque es difícil para los funcionarios internacionales de la Fiscalía realizar diligencias concretas de investigación si no cuentan con la aprobación del Gobierno en cuestión. Por tanto, el artículo 87(7) del Estatuto prevé que cuando un Estado se niega a cooperar con la Corte, la Fiscalía también puede acudir a la Sala de Cuestiones Preliminares para que ésta determine formalmente la falta de cooperación y remita ese fallo a la Asamblea de Estados Partes, cuya facultad está limitada a señalarlo públicamente para que la denegación de cooperación tenga un costo político. Cabe destacar que Venezuela no paga su cuota de contribución ante la Corte Penal Internacional desde septiembre de 2012. Adeuda más de 8 millones de dólares y, por ende, tiene suspendido el derecho a voto en la Asamblea de Estados Partes. El Reglamento de la Corte requiere que antes de realizar cualquier determinación, la Sala de Cuestiones Preliminares deberá oír a las autoridades del Estado involucrado.

La cooperación internacional en la recolección de la evidencia

Durante la investigación, la Fiscalía también puede requerir la cooperación de otros Estados u organizaciones internacionales. Esta alternativa podría ser relevante en el caso venezolano.

En el mes de julio de 2019, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina realizó una convocatoria a los venezolanos para que brinden “sus testimonios e información que consideren útil sobre posibles violaciones a los derechos humanos en su país”. Luego de las primeras semanas, un equipo del Centro de Asistencia a las Víctimas de Delito (CENAVID) de ese Ministerio ya ha recopilado testimonios y prepara un informe que podría enviar a la Corte Penal Internacional. Según la directora general del CENAVID, recibieron “manifestaciones muy contundentes respecto a la violación de los derechos humanos, que es lo que nosotros justamente queríamos determinar: si estábamos ante delitos de lesa humanidad o no”.

Por otro lado, organismos internacionales como la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos también podrían jugar un rol relevante. El informe presentado a inicios del mes de julio por la Alta Comisionada Michelle Bachelet no hace referencia directa a la posible comisión de crímenes de lesa humanidad, como sí lo hizo un informe de su predecesor. Existe la posibilidad que el Consejo de Derechos Humanos refuerce el mandato de la Alta Comisionada para aumentar la vigilancia y la documentación sobre violaciones a derechos humanos en Venezuela. Si se determina que esas violaciones a los derechos humanos han sido cometidas de forma sistemática, en algunos casos podrían llegar a configurar crímenes de lesa humanidad. El 22 de agosto de 2019, 11 organizaciones de derechos humanos exhortaron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a establecer una comisión de investigación que examine las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela. Como lo afirman esas organizaciones, “la información que recabe la comisión podría ser pertinente para las autoridades que evalúen iniciar procedimientos penales, incluida la Fiscal de la Corte Penal Internacional”.

La emisión de órdenes de detención u órdenes de comparecencia

Luego de iniciada la investigación, en cualquier momento, la Fiscalía puede solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares que dicte órdenes de detención u órdenes de comparecencia. Una orden de comparecencia es dictada cuando hay indicios de que será suficiente para que la persona imputada de haber cometido un crimen se presente voluntariamente ante la Corte. Una orden de detención es emitida cuando es necesario asegurar la aparición del imputado en el juicio, tanto para prevenir la obstrucción de la investigación o evitar que continúe cometiendo crímenes prohibidos por el Estatuto de Roma.

Desde el inicio de su funcionamiento en 2002, la Corte ha emitido treinta y siete (37) órdenes de arresto y nueve (9) órdenes de comparecencia. Trece (13) de las treinta y siete (37) órdenes de arresto siguen sin poder ejecutarse, lo que significa que los procesados continúan en libertad. Las órdenes de captura contra Joseph Kony y Vincent Otti, señalados de múltiples crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, fueron emitidas en el año 2005. Ambos son líderes del Ejército de Resistencia del Señor, una organización extremista que opera en el norte de Uganda. Omar al-Bashir, hasta hace poco presidente de Sudán y la única persona señalada hasta ahora por la Corte por genocidio, cuenta con una orden de arresto desde el año 2009. Actualmente, luego de ser derrocado por las fuerzas armadas de Sudán en abril de 2019, se encuentra detenido en su país, acusado únicamente de incitar el asesinato de manifestantes.

Según el Estatuto de Roma, la ejecución de las órdenes de detención es responsabilidad de los Estados Parte. En otras palabras, la ejecución depende de la cooperación de los Estados con la Corte. Esto explica, por ejemplo, por qué al-Bashir, siendo presidente, nunca fue detenido y enviado a la Corte. Simplemente se limitó a permanecer en su país o viajar a países donde estaba seguro de que no lo detendrían.

Una vez que una persona imputada es detenida, debe ser notificada personalmente de la orden de detención y llevada ante una autoridad judicial del Estado que lo está custodiando. Esa autoridad judicial debe determinar que la orden efectivamente le aplica a esa persona, que el proceso de notificación se hizo correctamente y que los derechos del imputado han sido respetados. El imputado puede impugnar la orden de detención si considera que ya fue juzgado por los crímenes por los que está siendo acusado. Excepcionalmente, y bajo la supervisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, esa autoridad judicial nacional podría otorgar la libertad condicional del imputado hasta tanto se concrete su traslado a la Corte. El Estatuto de Roma exige que el acusado esté presente para que pueda realizarse el juicio. Esto significa que no es posible realizar un juicio in absentia y el acusado sólo podría ser apartado, si estando presente, perturba continuamente el juicio. No obstante, siempre tendrá que preservarse la posibilidad de que observe el proceso y pueda comunicarse continuamente con su abogado defensor.

Por otro lado, el Estatuto realiza una distinción entre los términos “entrega” y “extradición”. Según el artículo 102, la entrega es el traslado de una persona por un Estado a la Corte “de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto”, mientras que la extradición es el traslado de una persona por un Estado a otro Estado “de conformidad con lo dispuesto en un tratado o en el derecho interno”. Esta fue la fórmula escogida para tratar de prevenir inconvenientes en los países, como Venezuela, que tienen una norma constitucional que prohíbe la extradición de sus nacionales. En consecuencia, un rechazo de los tribunales venezolanos, por ejemplo, de trasladar a la Corte a un venezolano, sería incompatible con las obligaciones del Estado venezolano conforme al Estatuto. Sin embargo, no es posible descartar la posibilidad de que un juez nacional eventualmente considere la distinción entre “entrega” y “extradición” como una minuciosidad y niegue el traslado.

Otra posibilidad que podría darse es que existan solicitudes concurrentes sobre el mismo individuo, una de la Corte Penal Internacional y otra de un Estado solicitando la extradición. Por ejemplo, que una persona sea requerida al mismo tiempo por la Corte Penal Internacional y por autoridades de Estados Unidos. En ese caso, el Estatuto dispone que, si el Estado requirente de la extradición es también un Estado Parte de la Corte Penal Internacional, debe dársele prioridad a la solicitud de la Corte. Pero si el Estado requirente no es parte de la Corte, el Estado requerido podrá decidir a cuál solicitud darle prioridad, salvo que esté obligado por una norma internacional a conceder la extradición. Para ello, deberá tener en cuenta las fechas de las respectivas solicitudes, los intereses del Estado requirente y la posibilidad de que la Corte y el Estado requirente lleguen a un acuerdo posteriormente.

La audiencia de confirmación de los cargos y la preparación para el juicio

Una vez que la persona imputada es trasladada a la Corte, la Sala de Cuestiones Preliminares deberá determinar si permanece detenida o si se le otorga libertad condicional para enfrentar el juicio. Si el imputado permanece detenido, durante el proceso queda retenido en el centro de detención Scheveningen, una sección de la prisión de Haaglanden, cercana a la sede de la Corte en La Haya.

Asimismo, dentro de un plazo razonable posterior al traslado del imputado, debe celebrarse una audiencia para confirmar los cargos sobre los que la Fiscalía tiene la intención de solicitar el enjuiciamiento. Esa audiencia se celebra en presencia del fiscal, el imputado y su abogado defensor. Una vez que la Sala de Cuestiones Preliminares confirme los cargos, la presidencia de la Corte debe constituir una Sala de Primera Instancia que será la encargada de la siguiente fase: el juicio.

Una manera de derrocar a Nicolás Maduro y a sus cómplices: procesos judiciales por Fernando Cutz – The New York Times – 4 de Junio 2019

Un manifestante a favor del gobierno de Nicolás Maduro alza un retrato del presidente de Venezuela en Caracas.

Hace solo unos cuantos meses, los venezolanos tenían una esperanza renovada: por un nuevo presidente, por la tan necesitada asistencia humanitaria, por una democracia que se restauraría en su país. Sin embargo, con el fracaso en abril de un levantamiento encabezado por el líder de la oposición, Juan Guaidó, 2019 se ha convertido en un año frustrante para el pueblo de Venezuela. En las últimas semanas, una vez más llenaron las calles para exigir libertad y democracia. Y, no obstante, Nicolás Maduro sigue aferrado a su reclamo ilegítimo del poder.

El gobierno de Estados Unidos y una coalición integrada por los países vecinos de Venezuela han hecho bien en elevar los costos de que Maduro y sus secuaces sigan en el poder con las mismas prácticas de siempre. Sin embargo, esas sanciones económicas quizás ya alcanzaron su límite. Los miembros de la coalición deberían aumentar la presión sobre el régimen al abrir procesos penales relacionados con la corrupción de Maduro en sus propios tribunales.

Maduro y su círculo cercano están acusados de ocultar dinero robado del gobierno venezolano en cuentas bancarias personales en todo el mundo; de beneficiarse del tráfico de drogas; de involucrarse en actividades ilícitas de minería, y de cometer violaciones a los derechos humanos, incluyendo tortura y asesinatos.

Estos delitos han tenido consecuencias de largo alcance. Sin embargo, se han dado a conocer muy pocos procesamientos contra Maduro o sus secuaces. En 2017, Tareck El Aissami, quien entonces era vicepresidente de Maduro, fue acusado a través de la ley federal contra narcotraficantes y sus bienes fueron congelados en Estados Unidos y en otros lugares. Pero seguramente El Aissami no es el único que merece un ajuste de cuentas judicial.

Existen precedentes de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos puede centrar sus acciones en áreas que concuerdan con las prioridades de la política exterior del país. En 1988, el Departamento de Justicia estadounidense procesó al presidente de Panamá, Manuel Noriega, y a miembros de su círculo cercano cuando las relaciones entre ambos países se estaban deteriorando. Recientemente, el Departamento de Justicia acusó a la directora financiera de Huawei e intentó extraditarla cuando Estados Unidos estaba denunciando las amenazas a la seguridad que representaban la tecnología de Huawei y China.

En Estados Unidos se especula que ya existen acusaciones selladas de miembros del círculo cercano a Maduro y que el Departamento de Justicia está esperando el momento adecuado para presentarlas. El tiempo es propicio para aplicar nuevos cargos penales contra los miembros del régimen de Maduro.

Este mecanismo no solo puede implementarse en Estados Unidos, aunque ese país tiene servicios de inteligencia más sólidos que le permiten tener una mejor idea de quién podría estar cometiendo delitos. Países como Colombia, a donde han huido muchos venezolanos; Perú, donde los refugiados venezolanos se han vuelto víctimas del contrabando, y Argentina, cuyo sistema de justicia penal tiene una de las definiciones jurídicas más amplias para perseguir “crímenes de lesa humanidad”, deberían estar investigando si los colaboradores de Maduro han cometido delitos dentro de sus jurisdicciones.

Algunas personas alegarían que es inútil formular cargos criminales contra miembros del grupo de Maduro. Seguramente no serán extraditados a Estados Unidos ni a ningún otro país. Aunque eso podría ser cierto, estas medidas tienen peso.

En primer lugar, los sistemas judiciales de Estados Unidos y de muchos otros países de América todavía gozan de respeto por ser independientes del poder ejecutivo. Aunque exista el precedente de que el Departamento de Justicia se enfoca en los intereses de la política exterior de Estados Unidos, aún hay una separación importante entre las sanciones —que pueden imponerse al antojo del poder ejecutivo— y los cargos penales, los cuales requieren que se presenten pruebas en un tribunal. Los cargos penales solo se emiten si hay suficientes pruebas para convencer a un tribunal independiente.

En segundo lugar, una vez acusados, Maduro y sus secuaces podrían quedar sujetos a una notificación roja de la Interpol, la cual restringiría enormemente su capacidad de viajar fuera de Venezuela. Tal vez todavía podrían ir a Cuba o a Rusia, pero sus viajes de compras a Madrid, París y Londres ya no serían una opción. Muy pronto descubrirían que todo el dinero almacenado ilegalmente en sus cuentas no es de utilidad si no tienen en donde gastarlo.

En tercer lugar, las pruebas recabadas por los países firmantes del Estatuto de Roma, el tratado internacional con el que se erigió la Corte Penal Internacional, podrían entregarse a la corte para que realizara sus propias investigaciones. Aunque Estados Unidos no es un país miembro de la corte, sí lo son la mayoría de los países latinoamericanos. Incluso ya se abrió una investigación inicial de la corte sobre las denuncias de tortura aplicada por miembros del gobierno de Venezuela después de que seis gobiernos presentaron una solicitud formal.

Recabar pruebas para emitir acusaciones contra otros miembros del círculo cercano de Maduro sería una labor que requeriría muchos recursos. La comunidad de los servicios de inteligencia de Estados Unidos tendría que proporcionar al Departamento de Justicia muchas de las pruebas necesarias contra venezolanos específicos. Los países americanos que son socios de Estados Unidos tendrían que crear equipos de fiscales. Se tendría que dar prioridad a compartir con aliados extranjeros las pruebas de inteligencia que tiene Estados Unidos, probablemente por instrucciones del fiscal general o del presidente.

Mientras el pueblo venezolano sigue mostrando su resiliencia, la comunidad internacional también debe seguir mostrando firmeza. Los sistemas judiciales de América deben arrojar luz sobre la oscuridad cada vez más profunda que es Venezuela y hacer rendir cuentas a los muchos miembros del régimen que se han hecho ricos y poderosos a costa de sus conciudadanos.

Fernando Cutz, socio sénior del Cohen Group e investigador global en el Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson, fue director jefe de la oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca en el gobierno de Donald Trump.

¿Para qué sirve la Corte Penal Internacional? por Hana Fisher – ElCato.org – 30 de Agosto 2018

Hana Fischer señala la negligencia de la Corte Penal Internacional frente a los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen en Venezuela.

Pocas personas se dan cuenta de que los organismos internacionales son el estatismo en su máxima potencia. Ergo, los males asociados a ese sistema están exacerbados en ellos.

Dichos entes nacieron al impulso de buenas intenciones. Pero, como todo aparato burocrático –político, en poco tiempo se degeneraron. En los hechos, constituyen una fuente de ingresos colosales para sus integrantes mediantes suculentos sueldos –generalmente libres de impuestos– prebendas y numerosísimos beneficios adicionales. Asimismo, les asegura a sus funcionarios una existencia rodeada de lujos en Europa o EE.UU. Además, propician un campo idóneo para la desidia y la corrupción. Simultáneamente, se caracterizan porque poco y nada han cumplido con los objetivos proclamados al momento de su creación.

Desde ese punto de vista, un ejemplo paradigmático es la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya. El texto fundacional que le dio origen fue el Estatuto de Roma, aprobado en 1998, durante la Conferencia Diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidasdesarrollada en la ciudad mencionada. Comenzó a operar en 2002.

En el preámbulo se afirma que “los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia”. Esa fue la premisa que supuestamente daría origen a una auténtica justicia internacional que castigaría al genocidio, los crímenes de lesa humanidad, de guerra y de agresión.

Pero la esperanza de que esos nobles anhelos se materializaran en acciones concretas, pronto se disfumó. Por el contrario, es tan indignante el accionar de ese organismo internacional, que ha merecido críticas demoledoras. Por ejemplo, en 2016 fueron publicadas en Francia dos investigaciones exhaustivas sobre la inacción del CPI y el cuestionable papel que jugó su primer fiscal, el argentino Luis Moreno Ocampo, a lo largo de su mandato (2003-2012).

Uno de esos libros es El Joker de los poderosos, la gran novela de la Corte Penal Internacional de Stéphanie Maupas, corresponsal en La Haya del diario francés Le Monde. A lo largo de 400 páginas, la autora describe con lujo de detalles un mundo sórdido tras la apariencia majestuosa de dicho tribunal, al que define como de “inoperancia y sumisión política completa”.

El otro fue escrito por el abogado Juan Branco, profesor de la Universidad de Yale, quien trabajó en la CPI entre 2010 y 2011. Su libro se titula El orden y el mundo, una crítica a la Corte Penal Internacional. Este autor también traza un perfil nefasto sobre el CPI: relata una situación absurda de complacencias políticas y de inoperancia que ahogan los propósitos fundacionales del tribunal.

Por su parte Robert Charvin señala que “La independencia financiera de la jurisdicción no está garantizada. No sabemos sobre todo cuál es el nivel de independencia de la Fiscalía, dadas las conexiones que se establecen durante el mandato entre sus miembros e intereses diversos”. Se sabe que la independencia y seguridad financiera es uno de los requisitos claves para garantizar la imparcialidad de un sistema judicial.

Supuestamente, “la CPI iba a perseguir a los tiranos y asesinos de los pueblos sustituyéndose al Tribunal Penal Internacional para Ruanda y la ex Yugoslavia. Sus blancos eran los criminales de guerra y los jefes de Estado corruptos y represores que fijaban ellos mismos las reglas para vivir en un paraíso impune y someter a sus pueblos al infierno. La CPI debía poder intervenir cuando un Estado se mostraba incapaz de activar sus propios criminales”.

Si hay un gobierno que en la actualidad reúne esas características, es el venezolano de Nicolás Maduro y secuaces. Las cifras son elocuentes:

  • Según la ONU, en los últimos años la crisis humanitaria provocó el éxodo de al menos 2,3 millones de venezolanos. Los principales destinos son Colombia, Ecuador, Perú y Brasil, lo cual ha generado tensiones xenófobas.
  • Ha emigrado el 7% de la población. Funcionarios de la ONU reportaron que 1,3 millones de esos venezolanos “sufrían desnutrición”.
  • El Observatorio Venezolano de la Salud informa que en 2016 la mortalidad de los pacientes internados se multiplicó por diez, y que la muerte de recién nacidos en hospitales se multiplicó por cien. No obstante, Maduro rechazada todas las ofertas de asistencia humanitaria.
  • En dos años, 74% de los venezolanos perdieron casi 9 kilos de peso de manera involuntaria, por dificultades para conseguir alimentos.

Según el reglamento de la CPI, solo a través del fiscal se puede iniciar un proceso. La fiscal jefe actual es la africana Fatou Bensouda. Ella, al igual que su antecesor el argentino Moreno Ocampo, recibieron numerosas denuncias de lo que está pasando en Venezuela. Su desigia ha sido pasmosa.

La OEA le hizo llegar un documento elaborado por un panel de juristas. El resultado de la investigación fue que el régimen de Maduro cometió crímenes de lesa humanidad, “ataques generalizados y sistemáticos a la población civil”, abusos de todo tipo, que incluyen más de 8.200 ejecuciones extrajudiciales desde 2015, torturas y violaciones.

Sin embargo, a Bensouda no se le movió un pelo. A tal punto es chocante su actitud que Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, en un informe que elaboró sobre Venezuela expresa: “Dado que el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos, existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la Corte Penal Internacional en esta materia”.

Quizás ahondar en la biografía de la fiscal jefe ayude a comprender el por qué de su conducta. Bensouda fue ministro de Justicia y fiscal general de Yahya Jammeh,  dictador de Gambia. Human Rights Watch acusó a ese régimen de realizar arrestos arbitrarios, torturas, desapariciones y otros crímenes de lesa humanidad.

Por cierto, tanto sobre Moreno Ocampo como sobre Bensouda, hay sospechas de posible corrupción. En medios de prensa africanos hay menciones sobre una estafa en la que aparecería involucrada ella y su esposo, relacionada con un cobro de honorarios por USD $16 millones en el Emirates NBD Bank de Dubai.

La burocracia de la CPI es brutal. Cuenta con cerca de 800 funcionarios administrativos. Dispone de un presupuesto anual de casi USD $200 millones. Desde su fundación hasta el presente, ha gastado una suma de alrededor de USD $2.500 millones. En estos 16 años y con ese aparatosos andamiaje burocrático, la CPI solo ha dictado 4 sentencias, una de las cuales ha sido revocada y otra burlada.

Con respecto al caso Venezuela, el 8 de febrero de 2018 Bensouda afirmó haber iniciado un Examen Preliminar para ver sus sustentabilidad. Hasta el día de hoy, no ha avanzado nada. Sin embargo, cobra religiosamente los salarios y emolumentos correspondientes a su cargo. Para tener una idea de lo que significan, brindaremos datos de 2003:

La remuneración anual neta de los magistrados de dedicación exclusiva era de 180.000 euros. Los que residen en el país anfitrión tienen derecho a asistencia para el pago de la educación de sus hijos; tienen derecho a una pensión que no se origina en sus aportes sino que va a cargo del presupuesto del organismo; el magistrado que cumplió nueve años de servicio, al momento de jubilarse recibe una pensión equivalente a la mitad de su sueldo anual en la CPI; y como si todo eso fuera poco, les pagan gastos de viajes a ellos, sus cónyuges e hijos. Actualmente, el salario de la fiscal jefe ronda los USD $15.000 mensuales, a lo que hay que sumarles las bonificaciones mencionadas.

La sed de justicia inclina a las personas a desear que los malvados —sobre todo si son gobernantes— sean castigados. Pero la experiencia demuestra que los organismos internacionales —burocráticos, ineficaces y dispendiosos— no son la solución. En definitiva, la CPI ha servido para enriquecer a sus funcionarios pero no para castigar a los que cometen crímenes de lesa humanidad.

Sánchez vende como propio un fondo de 35 millones para Venezuela que negoció Rajoy por Ketty Garat – Libertad Digital – 30 de Agosto 2018

El presidente Duque deja en evidencia la tibieza de Sánchez al denunciar “la brutalidad y los atropellos” del régimen de Maduro.

Pedro Sánchez e Iván Duque | EFE

Pocos minutos antes de la rueda de prensa, fuentes del Gobierno se apresuraban a vender la noticia ‘de última hora’. Un fondo de 35 millones de euros de ayuda a los países receptores del éxodo masivo venezolano en clave de ayuda humanitaria. Fondo que, según las fuentes gubernamentales, “ha negociado estos días Borrell con Federica Mogherini”, la alta representante de la Unión Europea en el exterior.

Automáticamente salía la noticia: el fondo no se ha aprobado este jueves sino el pasado 7 de junio y fue negociado por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy. Algo a lo que el actual Gobierno intentó explicar que “ha sido el actual ministro quien ha logrado que hoy se apruebe”. Fuentes comunitarias sin embargo han explicado que hoy “sólo se ha ratificado lo que se aprobó en junio”.

En rueda de prensa, el presidente del Gobierno permaneció ajeno a esta averiguación y sacó pecho de su logro anunciando la solidaridad de Europa con este asunto: “El Gobierno de España expresa su solidaridad con el pueblo colombiano que recibe mas de 1,200.000 ciudadanos con un extraordinario esfuerzo. El gobierno de España no mira a otro lado. Ha hecho sus oficios en el marco de la UE y hoy se ha acordado que se pongan en marcha 35 millones”.

Duque deja en evidencia a Sánchez

Por su parte, el presidente colombiano, Iván Duque, ha querido “agradecer la preocupación de España por la dictadura oprobiosa” de Nicolás Maduro y agradeció la creación de este fondo comunitario porque “es importante elevar la cuestión a los foros multilaterales”.

Una declaración que motivó la lógica pregunta al presidente Sánchez por parte de los periodistas españoles: “Presidente, ¿cree usted que Venezuela es una dictadura oprobiosa y debería de llevar la comunidad internacional a Nicolás Maduro a la Corte Penal Internacional por delitos contra la humanidad?”. El jefe del Ejecutivo español no se salió del guión fijado en la víspera en su entrevista en el diario chileno El Mercurio: “No se puede afirmar que sea una democracia mientras haya presos políticos vinculados con sus ideas”.

Sin embargo, el discurso del presidente Sánchez volvió a evitar la condena férrea de su interlocutor colombiano y repitió los argumentos esbozados días atrás en Chile: “Venezuela tiene que empezar una conversación consigo misma. Se tiene que resolver entre venezonlanos y debe encontrar la solidaridad del conjunto de la comundad internacional”.

Reproche contra Maduro

Con sutileza, Duque quiso evidenciar la tibieza de su homólogo español: “Como la pregunta sobre la Haya fue para los dos yo sí quería hacer una referencia”. El jefe del ejecutivo colombiano puso el acento en la importancia de que Maduro reciba el “reproche de la comunidad internacional” habida cuenta de que el Estatuto de Roma establece que “no queden impunes delitos contra la humanidad”.

“Es necesario denunciar unas conductas violatorias y respaldar que se adelante una investigación sobre la brutalidad, los atropellos y la forma inclemente en la que se han puesto en riesgo las vidas de tantos ciudadanos”. Y dejando patente la diferencia de contundencia respecto a Pedro Sánchez, añadió: “Quisiera decir una cosa: lo que ha expresado ahora el presidente Pedro Sánchez me parece importante. Mostrar que no es una democracia donde se están señalando esas actuaciones. Creo que eso contribuye al reproche de la comunidad internacional. Aquí de lo que se trata es de buscar respuestas internacionales”.

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