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Un Pacto de Estado por Antonio Ledezma – El nacional – 27 de Julio 2020

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Venezuela requerirá, para superar este descalabro que nos deja el pernicioso populismo, de un Pacto de Estado redactado y acordado con una visión compartida del futuro de nuestro país. La planificación debe sustituir las ocurrencias de gobiernos que se turnan en el ejercicio del poder, llegando a comprometer las finanzas públicas sin atender a ningún esquema que contemple metas de desarrollo social ni económicas.  Hay que dejar atrás, bien lejos, esos liderazgos mesiánicos encarnados por caudillos con ropaje de predestinados que esperan ser seguidos por montoneras que ciegamente avalan todas sus extravagancias, sin reparar en que esos “héroes” sólo conducen al abismo.

Deuda

Nunca más ningún gobierno debe endeudar indiscriminadamente a la nación. Nunca más devaluar nuestra moneda para jugar monopolio en un ente emisor devenido en “casino financiero”, sumiso y obediente para imprimir dinero inorgánico. Nunca más ningún presidente debe actuar con ilimitados poderes para disponer de nuestros recursos naturales y financieros, como ha ocurrido en esta etapa tan lamentable de nuestra historia. Ciclo que debe dejar aprendizajes de lo que nunca más debe repetirse, como una compensación por los daños causados.

Admitir que esa figura presidencialista ha sido funesta. Porque esperar que una persona se presente con una aureola de omnipresente, con poderes para resolver todo, desde la instalación de una fuente de agua potable, hasta garantizar el despegue del país hacia grandes destinos, tiene que ser un capítulo clausurado definitivamente. Lo sano es contar con planes que apunten al corto, mediano y largo plazo. Lo conveniente es un liderazgo colectivo sólido, con estadistas que estén a cargo de emprender las grandes estrategias. Gobernantes bien formados, sin máculas ni sombras de corrupción, que no estén atados a grupos especuladores que los financian para luego exigir cuotas de gratificación por “los servicios recibidos”. Ah, y que estén prevenidos de que deben rendir cuentas de todos sus actos, desvelar su patrimonio, estar al tanto de que su vida privada desaparece desde el instante en que asumen responsabilidades de orden público en un marco de alternabilidad.

Otro mito que debe ser clausurado es el que nos ha recreado en la fantasía de que “somos ricos porque tenemos petróleo”. Se acabó esa falsa interpretación de la real posesión de cuantiosos recursos naturales. Fortunas que se agotan, porque si no se ponen al servicio de una economía diversificada, terminan siendo un lastre más que unas alas para volar alto, como lo han hecho los pueblos que ponen el acento en la educación con calidad de sus ciudadanos. La riqueza no dependerá de hechos fortuitos, será el fruto del trabajo creador y del esfuerzo de todos. Una sociedad responsable, con ciudadanos que sepan cuáles son sus obligaciones y capacitados para defender sus derechos. Una ciudadanía con emprendedores que se atrevan a realizar sus sueños.

Desde luego que una premisa a observar es que exista un Estado de Derecho como piedra angular. Donde los principios de separación de poderes, la libertad de expresión, la propiedad privada y la garantía absoluta de respeto a los derechos humanos jamás estén en discusión.

Por otra parte, impulsar un modelo basado en la economía solidaria de mercado, abriendo cancha para la iniciativa de las personas, entendiendo que el capital privado, tanto nacional como foráneo, será indispensable para hacer reflotar nuestra economía, hoy desplomada.

El Estado debe ser redimensionado, concluyendo en que el Estado será poderoso, no por su “tamañote”, sino por su capacidad para ser eficiente.

La educación, la salud, la seguridad personal, impulsar políticas de viviendas y apalancar condiciones para contar con óptimos servicios públicos, deben ser temas en la agenda de un Estado responsable, pero nunca más interventor y dispendioso.

Desde luego debe ser una educación basada en las posibilidades de aprender. Que los niños y los jóvenes fortalezcan conocimientos de la aritmética, matemáticas, todo lo que esté relacionado con el álgebra y la física o química. Que aprendan idiomas, que se percaten de las civilizaciones, culturas y religiones. Que la lectura no sea una excepción sino más bien la regla que haga posible que lean varios libros al mes. Que el manejo de la computación, de Internet y de las redes sociales apunten a estar capacitados para preparar proyectos online y a saber que pasa y como avanza el mundo. Que debatan sobre la moral y el civismo. Que sepan de la importancia de las reglas, de las leyes, de la familia. Que cultiven valores de responsabilidad, solidaridad, la tolerancia, la honestidad y la ética, que asimilen la dimensión y significación de los recursos naturales desde la óptica de la ecología a proteger y que el éxito no los saque de la línea correcta que debe seguir siempre un buen ciudadano. Ese modelo está siendo experimentado en Japón. Hay otros como el de Finlandia que vale la pena monitorear. Lo cierto es que ya es hora de alterar el orden y colocar la carrera de educación como la gran opción.

Esa es mi visión, repensando a Venezuela para el futuro.

Conforme a derecho por Juan Jesús Aznárez – El País – 2 de Junio 2020

No se trata de que Venezuela alcance a Dinamarca en el Rule of Law Index, ni que asista a la milagrosa purificación de las togas pervertidas. Se trata de recuperar la credibilidad de la cúspide del Supremo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una locución desde el Palacio de Miraflores en Caracas (Venezuela).
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una locución desde el Palacio de Miraflores en Caracas (Venezuela).PRENSA MIRAFLORES / EFE

El tiro al plato con la independencia judicial practicado por el Tribunal Supremo de Venezuela fue ejercicio recurrente durante el bipartidismo de Acción Democrática y COPEI, que se repartían escopetas y sentencias cuando las causas afectaban a gobernantes, amigos y barraganas. La debilidad argumental y los fallos predecibles respondían a cacicazgos políticos y petroleros. Alguna vez ganaba la justicia, pero la escopeta del bolivariano Maikel Moreno acierta siempre: no hay orden del Gobierno que el presidente del máximo órgano jurisdiccional incumpla. La última ha sido invalidar a Juan Guaidó como presidente del Parlamento. Todo conforme a derecho: ajustado a la interpretación y veredictos del palacio de Miraflores.

La participación judicial en asuntos políticos ha sido frecuente en la América Latina del autoritarismo, la impunidad y la corrupción. La Corte Constitucional de Guatemala detuvo el autogolpe de Jorge Serrano Elías; la justicia federal argentina declaró nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que dispensaban los crímenes de la dictadura militar, y la colombiana rechazó reformar la Constitución para permitir la reelección de Álvaro Uribe. Tras el golpe de 2002 contra Hugo Chávez, el Supremo simpatizó con los golpistas librando de juicio a varios generales implicados.

Aquel golpe aceleró la involución de la democracia en Venezuela. La depuración del Ejército y la magistratura fue profunda. Si su partidización había sido rutinaria durante el Pacto de Punto Fijo, el enjuiciamiento de Carlos Andrés Pérez y Jaime Lusinchi demostró que la presión social había resquebrajado la obediencia de jueces aupados por las mafias. No es el caso del chavismo, dueño en exclusiva de un Supremo que ya no arbitra conflictos políticos sino que convalida dictados del Ejecutivo concebidos para reducir la capacidad de control de la opositora Asamblea Nacional.

Siquiera para disimular, sería bienvenida la impugnación de algún acto del Gobierno sospechoso de vulnerar la legalidad y los derechos humanos. Es improbable que lo haga un tribunal que se atribuyó las funciones constitucionales del Parlamento, confirió poderes omnímodos a Maduro y lo preside un militante de la revolución no del derecho. No se trata de que Venezuela alcance a Dinamarca en el Rule of Law Index, ni que asista a la milagrosa purificación de las togas pervertidas. Se trata de recuperar la credibilidad de la cúspide del Supremo, cuya desnaturalización traba una salida negociada de la crisis.

Lo procedente sería respetar la independencia de la judicatura establecida en la Constitución bolivariana de 1999, que prohibió el activismo político de jueces y fiscales para garantizarla. La práctica demostró la vacuidad del texto, frecuentemente invocado por los infractores de sus preceptos, incompatibles con el sueño revolucionario de un sistema sin división de poderes, que cierre espacios a la libertad y la justicia.

¿Estamos en guerra? por Eugenio Montoro – Diario Contraste.com – 21 de Enero 2020

La manera más sencilla para conocer si estamos en guerra es observar el respeto al estado de derecho. En la guerra casi todo el basamento ético se pierde y las barbaridades aparecen. Esto es, precisamente, lo realiza el régimen venezolano de manera continua y ya con poco disimulo.

El uso del Tribunal Supremo de Justicia como instrumento político parcializado sería suficiente para concluir que al ignoraro interpretar a conveniencia cualquier ley y reglamento (incluyendo la Constitución) estamos en la locura de la guerra. La justicia desaparece y transmuta a la simplificación del amigo-enemigo para anticipar el resultado de cualquier asunto.

También se puede palpar la guerra en Venezuela en la represión armada a manifestaciones ciudadanas con resultado de centenares de muertos, en la persecución y apresamiento de políticos y militares sospechosos o molestos y en el uso de grupos irregulares armados que disparan a matar. Las trampas, enredos y engaños frente ante cualquier iniciativa de buena voluntad que se propone para solucionar el conflicto, es la forma permanente que usan los rojos con un cinismo y burla que irrespeta e irrita.

Esta actitud reiterada del régimen, está forzando a eliminar las opciones de una solución civilizada y colocando a los opositores en el rincón donde ya lo que queda es defenderse para no morir. No hay duda alguna de que estamos recibiendo el tratamiento brutal de la guerra y la pregunta valida es si debemos responder con similares acciones.

Si el comportamiento del régimen no cambia sustancialmente esto podría suceder y muy pronto.

Se establecería en forma recíproca el rol de amigo-enemigo en nuestras accionesopositoras. Todo aquel que estuviese en contra del régimen sería un aliado sin importar un carajo su pasado y cualquier otro sería el enemigo. Si esto parece duro de tragar recuerden que buena parte de los “patriotas” de Páez venían de destripar gente con el taita Boves.

Se generaría un comportamiento intransigente contra el enemigo, es decir con todos los líderes rojos. Esto sería mostrado con claridad pública para recordar con frecuencia a los enemigos con nombre y apellido destruyendo su imagen. Como la solución a un conflicto de guerra es la rendición de uno de los bandos, las elecciones o diálogos en búsqueda de soluciones quedarían descartados.

El basamento ético que respalda el estado de derecho se suspendería como respuesta proporcional al tratamiento que utiliza el régimen con sus enemigos. En adelante todo acto de agresión sería considerado un acto de guerra y tendría una respuesta similar proporcional o mucho peor. El secuestro y el apresamiento de enemigos sería una tarea lícita.

El régimen debe estar claro que está empujando a una rebelión y una guerra de impredecibles consecuencias, por esto se hace urgente un cambio enorme en la manera violenta en que los rojos han manejado su ambición de poder. La ilusión de que la población está desarmada y este escenario no sería posible debe analizarse con mucho cuidado por parte del régimen. Cualquier país con interés en el caso venezolano, o viendo beneficios a futuro, armaría hasta los dientes a quien se lo solicite.

No debemos llegar a los extremos descritos, pero el régimen debe estar claro que existe este peligro real y que nos llevaría a una guerra civil. No hace tanto los españoles pasaron por este horror entre (sorprende lo parecido) un gobierno republicano de ideas comunistas y un grupo nacionalista que se le oponía. Tres años de horror, la muerte de un millón de seres humanos, la humillante participación de potencias extranjeras en el conflicto y las infinitas heridas morales que nunca han cerrado fue el triste balance del conflicto.

Nombrar un CNE y un TSJ decentes y facilitar una transición pacífica es lo que más nos conviene a todos.

 

El juez: destructor del Estado democrático – Editorial El Nacional – 12 de Enero 2020

La destrucción del Estado democrático es un modelo deliberado y planificado, fundado en una espeluznante contradicción: usar a jueces enemigos del Estado de Derecho, para destruir sus instituciones y hacer del sistema judicial un instrumento para garantizar un estatuto de impunidad para los comunistas y mantenerlos en el poder de forma indefinida.

Ese modelo, gestado y configurado por abogados españoles y cubanos, llamado “Nuevo Paradigma Constitucional”, no solo se ha ensayado con éxito en Venezuela y Nicaragua, sino que avanzó en Ecuador y Bolivia. En estos dos últimos países, por fortuna de sus respectivos procesos políticos, distintos hechos lograron detener lo que se intentaba y han retornado al camino del Estado democrático. Ese Nuevo Paradigma Constitucional es el marco conceptual que el nuevo gobierno se propone instaurar en España.

Allan Brewer Carías, eminente jurista venezolano, que el pasado mes de noviembre recibió un homenaje internacional en Madrid, publicó en 2018 un libro fundamental e imprescindible para la comprensión de cómo opera el modelo: “La justicia constitucional, la demolición del Estado democrático en Venezuela, en nombre de un ‘nuevo constitucionalismo’, y una tesis ‘secreta’ de doctorado en la Universidad de Zaragoza”.

La tesis “secreta” a la que se refiere Brewer Carías, merecería un artículo entero y específico dedicado al caso, que intentara dar cuenta de todos los extraños asuntos que concurren en ella. Aunque no es el propósito de este artículo, adelantaré algunos de sus posibles titulares: Uno. La tesis “secreta” es de Gladys Gutiérrez Alvarado, miembro de la Sala Constitucional del ilegítimo e ilegal Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Dos. La habría realizado (?), de forma simultánea a las tareas de demolición del Estado de Derecho, en las que ha participado. Tres: entre los jurados de la tesis, Juan Carlos Monedero. No creo que sea necesario agregar una sola palabra al respecto. Cuatro: Con argumentos infundados y falsos, la tesis es “secreta”: viola el principio esencial del conocimiento, que consiste en ser compartido en beneficio de su posible utilidad académica.

El núcleo de este Nuevo Paradigma Constitucional  supone la negación del Estado de Derecho. Consiste en instaurar un estado de cosas, donde el sistema judicial se convierte en un instrumento del poder político. En un instrumento de sometimiento de la sociedad, de forma particular, de quienes disienten. El Nuevo Paradigma Constitucional convierte a los adversarios en enemigos a los que hay que perseguir, apresar, torturar y matar. Un resultado inequívoco de esto es la impunidad: lanzan a un detenido desde un octavo piso y no hay consecuencias.

Su catálogo de prácticas y usos retóricos es muy amplio: relativizar los hechos; demonizar el derecho: llamarlo “derecho liberal”; tomar decisiones para legitimar las acciones ilegales del poder; introducir, de forma sistemática, perturbaciones o vocablos ajenos al derecho, para deformar sus contenidos; invocar supuestos paradigmas, como la voz del pueblo, el interés supremo de la humanidad, el bien colectivo como superior e indiscutible sobre el bien individual. Uno de sus recursos más falaces, es el que consiste en violar la ley como exigencia del pueblo o de la mayoría.

El procedimiento utilizado en Venezuela puede resultar revelador, también a lectores de otros países: se crearon situaciones de excepcionalidad legal, que le permitieron al régimen violar la Constitución y las leyes, pervertir el funcionamiento de las instituciones, y, quizás uno de los elementos más importantes, sustituir a los jueces de carrera por jueces provisionales, personas sin las suficientes credenciales profesionales y académicas, militantes o simpatizantes de los partidos del poder, que no tomaron decisiones fundadas en el corpus legal vigente, sino que recibían órdenes de los comisarios políticos encargados de tales funciones. En una frase: crear un nuevo estado de cosas, ajeno a la legalidad, que facilite alcanzar objetivos políticos, al costo que sea.

En dos décadas se destruyó el sistema de controles de los poderes públicos. Se liquidaron los fundamentos de la democracia representativa. Se debilitaron o desconocieron derechos fundamentales como la propiedad privada, el trabajo, la libertad de expresión, de pensamiento y opinión. Se estatizaron ámbitos y funciones que pertenecían al conjunto de la sociedad. Se crearon mecanismos que destruyeron el Estado social, para imponer prácticas como subsidios, regalos y otros beneficios, con el objetivo de implantar un vasto sistema social de dependencias.

Decisiones medulares, fueron despojadas de sustentabilidad jurídica, para que las mismas pasaran al control de políticos. Fueron demolidos: el principio democrático de la representatividad; el de representación proporcional; fueron inhabilitados centenares de políticos y funcionarios elegidos por el voto, sin justificación alguna; se revocó el mandato popular; se arrebató el derecho de ejercer funciones; jueces usurparon funciones del Poder Legislativo; se negó el principio de participación a los ciudadanos; se impidió la realización de procesos electorales pautados en la ley; se han destruido derechos políticos; se confiscaron los derechos de autonomía de los partidos políticos; se prohibió el financiamiento de los partidos políticos; se impidió a partidos políticos participar en procesos electorales; se secuestró el derecho de manifestar; se violó la Constitución al permitir y estimular el proselitismo político en el seno de la Fuerza Armada; se impuso un gobierno (el de Maduro, tras la muerte de Chávez), violando abiertamente la Constitución; se nombró un presidente que no había elegido con votos; se denegó el derecho de las víctimas de varios fraudes electorales; se secuestró el Poder Electoral para impedir la realización de elecciones libres y transparentes; se instauró una asamblea nacional constituyente, que es ilegal, ilegítima, fraudulenta y usurpadora.

De todo esto y más, trata el Nuevo Paradigma Constitucional que promueven los comunistas, cuyos primeros pasos ya se escuchan en España.

Franco Manuel Casella Lovatón: “Las mafias armadas han secuestrado la república” por Rubén Olveira Araujo – Deia – 30 de Noviembre 2019

Embajador’ del autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, Lovatón se reúne en Sabin Etxea para explicar la delicada situación que atraviesa su país

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BILBAO.Tras los incendios de este verano, América Latina continúa, metafóricamente, en llamas. Nicaragua, Bolivia, Venezuela, Chile, Colombia… ¿A qué responde este malestar generalizado en la región?

-Hay dos elementos. Uno es un elemento antropológico cultural sembrado desde el comunismo: el antiimperialismo. Es la idea de que los norteamericanos vienen con su capitalismo salvaje a destruir la tranquilidad del mundo, pero la verdad detrás de eso es que el comunismo es mucho más salvaje, mucho más depredador, que acaba con la libertad individual. En América Latina somos países jóvenes que estamos en un proceso de transición de la adolescencia a la adultez.

¿Y el otro elemento?

-El plan orquestado desde el foro de Sao Paulo para generar inestabilidad en la región. Los intereses de la mafia de Nicolás Maduro están detrás de eso. Maduro está perdiendo la batalla en el tema internacional por su intromisión continua, por forzar unas elecciones sin candidatos y ganar una elección que fue una farsa. Yo pertenezco a Voluntad Popular y mi partido -liderado por Leopoldo López y hoy por nuestro señor presidente Juan Guaidó- fuimos ilegalizados a las vísperas de las elecciones. Ante todo esto, la crispación que hay en la región, y el movimiento que hay tiene intereses que no son las reivindicaciones sociales.

¿Dice que no son las reivindicaciones sociales?

-No, porque éstas las utiliza Maduro como un empaque que es un resultado engañoso. Suena muy bien hablar de la igualdad, de los derechos, de la oportunidad, de temas de alto contenido social que, si te lo dijera una opción comunista que no ha estado en el poder, jugaría con la esperanza de los votantes. Pero estamos hablando de unos depredadores que llevan 20 años en el poder, que acabaron con las riquezas del país más rico del continente, con las mayores reservas de petróleo, de diamante, coltán… Todo eso ha sido manejado por ellos con una visión delincuencial porque, a día de hoy, Venezuela está repartida en negocios ilícitos del narcotráfico, donde abiertamente grupos irregulares como las FARC o el ELN tienen el control de cerca del 40% del territorio nacional del sur de Venezuela y en donde células de Hezbolá entrenan libremente en la Isla de Margarita. Venezuela se ha convertido en una amenaza para la región.

¿Por qué?

-No es un tema de ideologías, porque estas deben existir y coexistir en democracia. La cuestión es que tenemos un régimen que está persiguiendo a los políticos y que, además, está desconociendo la división de poderes. En 2015 ganamos la Asamblea con dos tercios de los votos y, desde el día uno, comenzó el ataque, el hostigamiento y las agresiones contra los diputados. No hemos cobrado sueldo ni un solo día, coartando la autonomía presupuestaria del Parlamento, etc. Pero fue más allá, porque los grupos irregulares han ingresado al palacio golpeando al personal de la Asamblea. Han violentado la tradición republicana en un irrespeto al poder legislativo. Nuestra independencia no se celebra evocando un acto militar, sino un acto parlamentario.

¿Esta situación que atraviesa Venezuela, concretamente, no tiene también algo que ver con el bloqueo y la gestión que se ha hecho desde fuera?

-Eso es parte de la propaganda que ha divulgado el régimen de Maduro. La verdad de las sanciones no es que atentan contra el pueblo, porque si se leen con detalle tienen excepciones para el tema de alimentos, medicinas, etc. En un estado normal, un ministerio de la Salud compra medicinas para entregarlas, pero aquí estamos ante los mayores ladrones de la historia. Se estima que se han robado 300.000 millones de dólares y que de la noche a la mañana han aparecido nuevos millonarios que vienen todos del partido de Chávez, y ahora del partido de Maduro. Personajes que son conocidos por su trayectoria, que eran personas humildes y que ahora son dueños de bancos, con aviones privados, yates, etc. ¿Cómo un ser humano que no hace un aporte real a la economía se convierte de la noche a la mañana en un magnate? Es un simple acto de pillaje. En medio de esto, las sanciones se centraron en perseguir y congelar esos capitales que tienen mala procedencia, pero venden al pueblo que el hambre que se está pasando es producto de la sanción. Lo que no dicen es que muchos de los ministros de la Salud tienen el monopolio de las importaciones de medicamentos y que inflan los precios. Esos mismos que elevan la bandera por el pueblo lo que quieren es seguir haciendo el desastre que están haciendo.

¿A eso se debe la escasez de productos básicos en el país?

-Así es. A pesar de que Venezuela vivió la mayor bonanza de la historia no ha dejado infraestructuras, ni servicios públicos, ni medicinas, ni grandes hospitales. Lo que ha dejado son nuevos millonarios: los boliburgueses y los enchufados, que hicieron fortunas fortuitas que terminaron cambiando la vida a unos pocos robando lo que es de todos. Y, además, financian grandes campañas mediáticas para decir que hay un bloqueo como en Cuba, cuando el sufrimiento está causado por ellos. Desde nuestro punto de vista hemos intentado el tema de la ayuda humanitaria, colaboraciones con Cruz Roja, donaciones… Pero por respuesta obtuvimos que cuando la ayuda ingresaba a Venezuela, fue quemada por los grupos violentos. Imagina el crimen humanitario que es esto en un país donde se está pasando una gran necesidad, donde hay miles de enfermos… Todo este sistema genera el éxodo más grande de la historia: cuatro millones de venezolanos nos hemos visto forzados a abandonar el país.

¿Qué cambiaría si Guaidó alcanza la presidencia?

-Lo primero es restituir el estado de derecho. A día de hoy la república no existe porque no hay un reparto de derechos. Restituir un poder judicial que esté al servicio de la justicia y no de la parcialidad política. También reinstitutionalizar el ejército, para que dejen de ser militantes de un partido y se dediquen a su tarea: custodiar la integridad territorial. Y, por supuesto, restituir todos los elementos de confianza para la empresa privada, para el emprendimiento, porque es la verdadera solución al empleo. Hay que restablecer la confianza, porque sin eso no hay ningún proyecto, ni político ni económico, que se viable.

¿Dentro de este restablecer la confianza contemplan medidas como la apertura o privatización del mercado?

-Primero habría que entender la naturaleza del mercado, que debería estar centrada en la explotación del petróleo, de los recursos naturales, etc. También quitar la producción del oro y de los diamantes a los grupos irregulares y a las guerrillas para que genere dividendos a la nación. Generar políticas para indemnizar a la gente que fue robada. Tenemos que dejar de hacer las cosas mal y empezar a hacer las cosas bien.

¿Considera que la comunidad internacional debería intervenir en un conflicto nacional?

-Nosotros contamos con el reconocimiento de más de 60 países a la presidencia del diputado Juan Guaidó, porque se ha venido haciendo un trabajo importante visibilizando y denunciando las violaciones de derechos humanos. A veces pretenden utilizar la injerencia como excusa para que nadie se meta dentro de Venezuela, pero lo que está ocurriendo es un exterminio y una violación sistemática de los derechos humanos y del estado de derecho, por lo que sí que se necesita una intervención moral y ética de la comunidad internacional. Estamos en una situación de secuestro, de mafias armadas que han secuestrado la república.

SEBIN – 14Lawyers – Octubre 2019

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«LEALES SIEMPRE, TRAIDORES NUNCA»

Esta frase repetida por Nicolás Maduro en los actos oficiales ha cobrado un sentido diferente para 14Lawyers. Va mucho más allá de una proclama de adhesión a unas ideas.

Venezuela atraviesa una honda crisis económica y social, muy difícil de revertir. Y un retroceso democrático inaceptable. Con esta situación de país, el descontento de la población es enorme y las voces críticas y contestatarias son imparables. El Gobierno es consciente de ello, y utiliza la servicios de inteligencia (SEBIN) y contrainteligencia militar (DGCIM) para “neutralizar” a los desleales, es decir, a los disidentes.

Enlace para el sitio web con videos sobre Montajes, Torturas y complicidad de jueces aplicados por esta policia represiva:

https://www.sebin.site/es/

El SEBIN, el servicio bolivariano de inteligencia, adscrito a la Vicepresidencia de la República, ha creado un sistema que le ha permitido controlar la acción penal, tener bajo cuerda a jueces y fiscales, institucionalizar impunemente la tortura, la arbitrariedad policial y la violación permanente de los derechos más elementales.

Esta investigación nace de otra investigación previa. Nuestra organización, 14Lawyers, estaba registrando y documentando los casos de persecución y hostigamiento que sufrían los abogados defensores de derechos humanos en Venezuela. Abogados que habían sido golpeados, secuestrados, torturados, tiroteados, amenazados o acosados, por enfrentarse al sistema judicial de su país. Detrás de estas acciones represivas siempre estaban “los colectivos” (grupos paramilitares leales y a sueldo del Gobierno) y el SEBIN. El SEBIN siempre era citado en todas las entrevistas. Pero, ¿quién era el SEBIN? Nunca habíamos oído hablar de ellos, y apenas había información sobre él.

Desde entonces, esta investigación ha sido desarrollada a lo largo de un año, hemos recogido más de 40 testimonios en ciudades como Caracas, Maracaibo, Maracay, Barquisimeto, San Carlos o Valencia. De los primeros testimonios de abogados defensores de derechos humanos, pasamos a entrevistarnos con profesores universitarios, presos, torturados, familiares de presos, activistas, militares, ex jueces, funcionarios del SEBIN y ciudadanos de a pie. Todos ellos tienen una cosa común; en algún momento manifestaron su desacuerdo con las decisiones del Gobierno de su país.

No se ha contando con el testimonio de ningún líder político.

Sin Estado de Derecho por Eddy Reyes Torres – El Nacional -20 de Julio 2019

Eddy Reyes Torres

Para escribir o hablar sobre el tema al que alude el título de este artículo es indispensable referirnos primero a su reverso, esto es el Estado de Derecho, el régimen propio de las sociedades democráticas en el que la Constitución garantiza la libertad, los derechos fundamentales, la separación de poderes, el principio de legalidad y la protección judicial frente al uso arbitrario del poder.

Solo a manera de ejemplo, allí nos encontramos con disposiciones como la contenida en su artículo 19, en la cual se establece que el Estado garantizará a toda persona el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e independiente de los derechos humanos. También hallamos regulaciones como la prevista en el artículo 46, donde se establece que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; y que, como consecuencia de lo anterior, ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Adicionalmente, en dicho artículo se estatuye que todo funcionario que, en razón de su cargo, infiera maltratos o sufrimientos físicos o mentales a cualquier persona, o que instigue o tolere este tipo de tratos, será sancionado de acuerdo con la ley.

Por la relevancia de la normativa constitucional, el propio caudillo de Barinas dio instrucciones para que la misma fuese publicada en una edición de bolsillo, casi en miniatura (y para que fuera distribuida por todo el territorio nacional), que él mismo bautizó con el significativo nombre de “la Bicha”, una denominación nada ejemplarizante porque conforme a la Real Academia Española alude a insecto, animal o persona aviesa.

Con el transcurso de los años, la Bicha (la mejor Constitución del mundo, según su progenitor) experimentó un proceso de metamorfosis kafkiana que la llevó a convertirse en el instrumento más ajustado a los execrables deseos e intereses de la revolución bonita. Todas las instituciones del Estado venezolano bajo el control absoluto de dicha revolución, han violado e incumplido a su antojo las provisiones contenidas en la carta magna. En ese sentido, los abusos y arbitrariedades han sido infinitos. Pero de los cientos de miles de casos que han registrado las ONG especializadas en el tema, vamos a referirnos a un hecho específico y reciente: la muerte del capitán de corbeta Rafael Ramón Acosta Arévalo.

El mencionado funcionario castrense fue reportado como desaparecido por su esposa, desde el pasado 21 de junio. Poco después se supo que el oficial de la Marina estaba en la lista de 13 arrestados por participar en un presunto plan de golpe de Estado y asesinato de Nicolás Maduro. El 26 de junio, Jorge Rodríguez informó al país que Acosta había sido detenido por incurrir en “los delitos de terrorismo, conspiración y traición a la patria”. Luego, el 28 del mismo mes, una comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar trasladó al “terrorista”, en silla de ruedas, a la sede del tribunal militar competente, con el propósito de realizar su audiencia de presentación. Allí sus abogados constataron que tenía dificultades para hablar y que había sido sometido a torturas. Al observar su deplorable estado físico, el propio juez de la causa ordenó que el militar fuese llevado al “Hospitalito” en Fuerte Tiuna; ahí falleció en horas de la noche.

De manera arbitraria y ruin, Rafael Acosta fue torturado por dos de sus carceleros de la Dgcim: el teniente Ascanio Antonio Tarascio Mejía y el sargento segundo Estiben José Zárate. Para nadie es un secreto que esos dos jóvenes no actuaron por cuenta propia sino con precisas instrucciones de sus superiores.Y no dudo que estos últimos, con el apoyo de instancias más altas, hayan maniobrado para que los responsables directos hayan sido imputados con el delito de “homicidio preterintencional con causal”, que tiene establecido una pena máxima de nueve años de prisión.

No puede pasar por debajo de la mesa el hecho de que ese tipo de homicidio supone que la muerte de la persona fue causada ejecutando actos dolosos, con la intención de lesionarla, pero no de matarla. Como consecuencia de ello, la calificación de “con causal” implica que la muerte no habría tenido lugar sin la presencia de condiciones o situaciones preexistentes o sobrevenidas desconocidas por el homicida, o imprevistas, que no han dependido de sus actos. ¿Qué les parece?

Lo anterior explica que, en abierta oposición a los requerimientos que se han hecho internacionalmente para que en este caso se lleve a cabo una investigación imparcial, salte al ruedo Diosdado Cabello cuestionando tal posibilidad porque “la revolución confía en su propia justicia”. ¡No me jodas!

Y como si todo lo expuesto no fuera suficiente, después de mantener el cuerpo del capitán de corbeta en la morgue de Bello Monte, por varios días, la revolución de pacotilla decidió que el entierro se realizara en Caracas, bajo estrictas medidas de seguridad, contraviniendo los deseos de su familia de velarlo y enterrarlo en Maracay, donde ellos viven. De esta manera, el gobierno violó flagrantemente el artículo 46 de la Constitución, al que ya nos referimos arriba, con lo cual transgredió los derechos de la viuda y demás familiares de la víctima.

Lo acá reseñado pone de manifiesto que los venezolanos vivimos sin Estado de Derecho.

Ficciones de juridicidad chavista por Héctor Schamis – Infobae – 13 de Julio 2019

@Raymacaricatura

@Raymacaricatura

Debemos a Weber la noción de “sultanismo”. Su análisis de las formas extremas de dominación patrimonialista fue luego sistematizado por Linz en un concepto operacionalizable. Ello le dio entidad como un sub-tipo distintivo de régimen no-democrático.

En el sultanismo prevalecen la arbitrariedad del déspota, su poder discrecional, sus caprichos e impredecibles decisiones. El sistema político es de baja densidad institucional. La esfera pública y la privada tienen límites porosos, tanto que tienden a fusionarse. El sultán administra la cosa pública como si fuera su propiedad. El Estado se convierte en la extensión de sus activos.

Un paternalismo clientelar es consecuencia natural del personalismo desmedido, la distribución a discreción de premios y castigos. La dominación personalista se hace dinástica, cuasi monárquica, de ahí el nepotismo como patología. El principio de accountability—el responder por la legalidad y legitimidad de los actos de gobierno—es aquí ficticio. El Estado de Derecho se debilita hasta esfumarse, la administración de justicia no es impersonal, neutral, ni apolítica.

La justicia no tiene “venda en los ojos”, no hay juridicidad posible. El lector reconocerá a Trujillo, Noriega, los Duvallier y los Somoza, entre tantos otros, esa macondiana acuarela latinoamericana en la que los Buendía se suceden unos a otros indefinidamente, la amnesia que explica la repetición.

El chavismo también satisface estas características pero con un agregado: siempre se ocupó de recrear una cierta ficción de neutralidad del proceso legal. Es un sultanismo competente en crear la parodia de un proceso jurídico normal y lograr que todos participen en él, víctimas, familiares y opositores. Lo cual ocurre una y otra vez, sin solución de continuidad, como porfiada voluntad ante un sistema cuya única certeza es, en realidad, la injusticia y la arbitrariedad.

Nicolás Maduro, líder del régimen chavista (AFP)

Nicolás Maduro, líder del régimen chavista (AFP)

Se asume la reproducción de los rituales jurídicos habituales y se esperan resultados acordes. Se crea un espacio social que puntualiza asimetrías y jerarquías, por allí desfilan litigantes, sumariantes, testigos, jueces, fiscales, defensores y los peritos judiciales, los patólogos forenses. Y también se utiliza un vocabulario jurídico.

Pero, no obstante, todo ello ocurre por fuera del derecho, pues es una mera dramatización, de ahí lo de parodia. Los magistrados visten de toga pero el proceso está determinado de antemano, no es más que la escenografía jurídica de una asociación ilícita.

Es que las prácticas jurídicas constituyen un lugar privilegiado que rigen la producción de sentido normativo, es decir, un espacio en el que se construye, históricamente, la noción de “orden”. El chavismo no ha ignorado esta dimensión del derecho, muy por el contrario, pero la ha usado como instancia complementaria al capricho despótico con el que se administra “justicia”, subrayo comillas.

El “¡exprópiese!” de Chávez, que se escuchaba por televisión, exhibe similar obscenidad al “¡tortúrese!” que Maduro y Cabello dicen en privado. La sentencia judicial, ilegal, que sanciona la decisión arbitraria de confiscar una propiedad es similar, en tanto burla, a llevar al Capitán Acosta Arévalo a morir, literalmente, frente a un juez. En ambos lo jurídico es una vía ex post, pues actúa como esfera teatral, como espectáculo que racionaliza una decisión tomada en otro lugar y con anterioridad a cualquier diligencia judicial.

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello (EFE)

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello (EFE)

Son decisiones que esta dictadura no deja librada a la “aleatoriedad jurídica”, pongámoslo así, pues con ellas señala autoridad y poder, si bien son decisiones que impregna con la apariencia de legalidad. Es que con ellas continúa sometiendo a las víctimas a los crímenes y atrocidades conocidos, y a sus familias y abogados a interminables procedimientos y diligencias. Son ceremonias del abuso, desarticuladores de la cohesión social y generadores de anomia.

Nótese, “jamás ejecuté acciones que no pasaran por la fiscalía”, repitió Manuel Cristopher Figuera, ex director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en casi todas las entrevistas realizadas en su verdadera gira de medios realizada en Estados Unidos. Nadie le creyó, pero eso es menos importante que su interés en aparentar la vigencia de un cierto Estado de Derecho.

Esta brevísima “filosofía del derecho chavista” es útil para construir su retrato, pero más aún por la dimensión que adquiere en la esfera internacional. Me refiero con esto al fatídico párrafo cinco del informe de la señora Bachelet, donde dice que “El ACNUDH apoyará la evaluación de los principales obstáculos respecto al acceso a la justicia y de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura [que funciona bajo la Defensoría del Pueblo]… El Gobierno adoptará un calendario de diez visitas de los Procedimientos Especiales en los próximos dos años”.

Ocurre que el último informe sobre Venezuela del anterior Alto Comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein, en junio de 2018, ya había documentado que “dado que el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos, existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la Corte Penal Internacional en esta materia“.

Pues sería trágico que la oficina de la Alta Comisionada se haga ahora partícipe de la ficción de juridicidad chavista y, para peor, por los próximos dos años. Se trata de un retroceso que bien podría significar la legitimación internacional de la impunidad.

 

Nota: agradezco a @raymacaricatura por la ilustración que acompaña esta columna

El Informe Bachelet: Desahucio al régimen por Allan R. Brewer-Carías – 8 de Julio 2019

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EL INFORME BACHELET: DESAHUCIO AL RÉGIMEN

El Informe Bachelet, de 4 de julio de 2019, tuvo por objeto mostrar una “visión general de la situación de los derechos humanos” en Venezuela de enero de 2018 a mayo de 2019, destacando lo que denominó: “patrones de violaciones que afectan directa e indirectamente a todos los derechos humanos: civiles, políticos, económicos, sociales y culturales” (§ 2); es decir, todos los derechos de los venezolanos, afectando además a toda la población.

En sí mismo, el Informe constituye un desahucio al régimen: es decir, una notificación formal de que debe desalojar el poder en Venezuela y pronto, es más, “de inmediato.” A tal efecto, el Informe explica y documenta concienzudamente, una vez evaluada “la credibilidad y la fiabilidad de todas las fuentes y contrastada la información recopilada para confirmar su validez” (§ 8), todas esas violaciones. Pone en evidencia no sólo un cuadro de horror intolerable, que afecta todos los ángulos de la dignidad humana, sino lo más importante, que el único culpable y responsable de ello es el régimen de Estado totalitario que existe, que ha estado conducido por un gobierno que actúa como una especie de “manada” irresponsable y maligna; que asaltó el poder a partir de 1999 para destruir, aniquilar y perseguir todo lo que podía existir de instituciones y valores en el país, y para someter a sus designios una población inerme, asegurándose con una burocracia amorfa e incompetente, y con toda una suerte de grupos criminales, poder seguir controlando todos los hilos del poder para provecho propio.

1 Véase “Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela,” 4 de julio de 2019, en:

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session41/Documents/A_HRC_41_18_SP.docx.

Los “comentarios del Estado” (“Comentarios sobre errores de hecho del Informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos sobre la situación de derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela”), pueden consultarse en:

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session41/Documents/A_HRC_41_18_Add.1.docx

Por eso, después de la lectura del Informe, la única conclusión que puede sacarse, interpretado adecuadamente, es que aparte de evidenciar a grandes rasgos el horror que vive el país, lo que por lo demás, constituyen “hechos comunicacionales,” de todos conocidos, y que por tanto no requieren de mayor prueba, lo que plantea sobre todo en sus recomendaciones son una serie de medidas que solo podrían aplicarse e implementarse por otro gobierno, no por el que causó todos los espantos denunciados. Se requiere de un gobierno democrático, democráticamente electo, y funcionando conforme a los parámetros de un Estado de derecho.

Es decir, las recomendaciones que formula, y lo sabe la Sra. Bachelet, simplemente son de aplicación imposible por parte del régimen que gobierna Venezuela desde 1999; razón por la cual debe interpretarse su denuncia autorizada sobre las violaciones sistemáticas a todos los derechos humanos en el país, como “un mensaje directo” al régimen depredador, de que debe desalojar el poder, que “tiene que irse, que debe cesar la usurpación y restablecerse el orden democrático. Y nada más.”

Ese es, en mi criterio, la forma como debemos apreciar el Informe, para que no sea un informe más de los tantos que se han formulado en materia de violaciones a los derechos humanos, en tantos países, y podamos seguir los venezolanos y los gobiernos democráticos que han venido apoyando el proceso de transición hacia la democracia conducida por la Asamblea Nacional, en la tarea de hacer cesar la usurpación y poder restablecer el Estado de derecho y los mecanismos de protección a los derechos humanos en el país.

Para acceder al Informe completo del Dr. Brewer Carias abrir el siguiente enlace :

197. Brewer. Informe Bachelet. Deshaucio al Régimen. 8-7-2019

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