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Narcos Se Protegen Entre Ellos Mismos por Américo De Grazia – La Causa R – 8 de Abril 2020

La NarcoDictadura es un complejo entramado criminal con vínculos nacionales e internacionales de droga, terrorismo y contrabando.

Así lo afirma Américo De Grazia, diputado de la Asamblea Nacional por el estado Bolívar, y agrega que Venezuela es un territorio ocupado por Rusia, China, Iran, Cuba y Turquía, donde cohabitan con operadores bélicos, FANB y sus 5 componentes militares, coordinados y penetrados por la élite cúpular del “Cartel de los Soles”, siendo éste, el primer anillo de seguridad.

De este primer anillo, De Grazia asegura que el segundo anillo está compuesto por las FARC y ELN.

«El Tercer anillo de seguridad está integrado por los colectivos armados y los sindicatos criminales que ejercen el control social; fundamentalmente en los sectores populares y más vulnerables de la población venezolana. Evitando su organización y protestas por déficit social» explica el parlamentario.

Asimismo, asegura que el cuarto anillo lo conforman todos los cuerpos de seguridad del Estado y sus derivados.

Estos cuatro anillos de seguridad cuentan con operaciones de inteligencia y contra-inteligencia. «Más sus vínculos y conexiones criminales de carácter internacional, con Hamas, Hezbolá, G2 cubano, cartel de Sinaloa,China y Rusia» con sus técnicas de vigilancia, espionaje, hacking y telecomunicaciones, guerrilla comunicacional, guerra cibernética, rastreo espacial, telemetría, hackeo, antro de espionaje internacional, suministro de pasaporte falsos, lavado de dinero, tráfico de droga, de armas, contrabando de minerales en conflicto, petróleo, bajo el “principio del foro de São Paulo; si es malo para el Imperialismo Yanky, es bueno para nosotros”.

Américo De Grazia asegura que esta es la justificación “ideológica” de los criminales para actuar como lo hacen.

Para el también dirigente nacional de La Causa R, desarticular todo este entramado criminal, supone un trabajo de orfebrería política, militar, económica, social y obviamente internacional. Descartando de entrada el simplismo y las respuestas prefabricadas. «Lo correcto es seguir construyendo el escenario para DERROCARLOS» finalizó.

El ELN controla una escuela en Venezuela e impidió que migrantes repatriados se refugien en ella por temor al coronavirus por Sebastiana Barráez – Infobae – 7 de Abril 2020

La guerrilla colombiana tiene su cuartel central en Llano Jorge, a unos kilómetros del puente internacional Simón Bolívar. Crecen los inconvenientes para los venezolanos desterrados del país vecino

El ELN no permite que a quienes están siendo repatriados a Venezuela los instalen en la escuela Llano Jorge
El ELN no permite que a quienes están siendo repatriados a Venezuela los instalen en la escuela Llano Jorge

Cientos de venezolanos se han desplazado desde los países vecinos y llegan a la frontera, especialmente a San Antonio y Ureña del estado Táchira, luego de no poder costearse el alquiler y la comida por las medidas impuestas por el coronavirus Covid-19. El Ejército de Liberación Nacional (ELN), que controla el sector Llano Jorge del municipio Bolívar, no permitió ayer que en la escuela del lugar fueran instalados un grupo de quienes retornan al país.

Aunque parezca insólito, el ELN, que es una organización colombiana, tiene su cuartel central en el sector Llano Jorge, a unos kilómetros del puente internacional Simón Bolívar, en territorio venezolano.

Uno de los comandantes guerrillero se comunicó con una de las autoridades locales y le expresó que no querían a ese grupo de migrantes porque podían estar contaminados con el virus chino y que se convertían en un peligro para los habitantes del lugar.

Las protestas por parte de quienes han llegado a su país, del cual salieron huyendo por la grave crisis que vive Venezuela en los últimos años, se basan en que las promesas del gobierno de Nicolás Maduro no se han cumplido. Luego de que además de él, funcionarios como Delcy Rodríguez, Padrino López y Freddy Bernal, entre otros, crearan la expectativa de que todo estaba preparado para recibirlos, se encontraron con una realidad aterradora: sin dinero, sin comida, sin protección física, fueron encerrados en el terminal de San Antonio del Táchira, otros en escuelas del municipio.

Son tantos los que están llegando que los militares los han instalado en escuelas y en instalaciones como las que hay en Tienditas. Pero el ELN se niega a que en Llano Jorge sean instalados algunos de los que llegan y que necesariamente deben cumplir cuarentena de 14 días.

El sentimiento de miedo al contagio se ha exacerbado en los habitantes de la zona fronteriza, ante le llegada de cientos de nacionales que vienen de países con problemas más graves de contagio del coronavirus que Venezuela.

De paracos a guerrilla

Llano Jorge era un territorio controlado hace tiempo por grupos paramilitares, que tenían ahí su cuartel central. Con la llegada de la guerrilla y el impulso que recibieron de autoridades venezolanas, fueron desplazados los paracos, pero sustituidos por los guerrilleros.

Nada ocurre en esa zona sin consentimiento ni orden del ELN. Así fue como ayer, a eso de las 5 y 30 de la tarde, los habitantes de la zona cerraron el acceso a la comunidad para impedir que la escuela de Llano Jorge fuera usada como centro de aislamiento para los venezolanos que están llegando del exterior y deben cumplir la cuarentena. Colocaron obstáculos en toda la subida hacia el lugar.

El Ejército de Liberación Nacional trabaja con grupos llamados colectivos que se declaran defensores de la revolución bolivariana. Varias veces las viviendas de dirigentes políticos de oposición en la zona, han sido marcadas e incluso dichos líderes son amenazados, algunas veces hasta de muerte. Varias personas han sido obligadas a abandonar el municipio en el marco de una guerra que dejó muchos muertos y sangre en las calles del pueblo. No son pocos los cadáveres que fueron trasladados al otro lado del río.

En San Antonio del Táchira la guerrilla ha logrado desplazar a los paramilitares. Y eso mismo han intentado en el municipio Pedo María Ureña, donde han tenido mayor resistencia, aun así hay sectores donde los han desplazado, también en medio de una guerra terrorífica de sangre y muerte, que incluyen gente descuartizada y cabezas humanas lanzadas en diversos sitios de la frontera.

En otro lugar del Táchira

Por otra parte, la Región de Defensa Integral (REDI) de Los Andes, dijo que “neutralizaron” a dos paramilitares, durante un patrullaje de escudriñamiento, localización y enfrentamiento con una célula paramilitar colombiana del grupo Los Rastrojos, en el sector Caño Burro del municipio García de Hevia.

La información dice que eso ocurrió en el marco de la Operaciones Escudo Bolivariano 2020, cuando cumplían instrucciones del GB José Antonio Arenas Rodríguez, Comandante de la 25 Brigada de Infantería Mecanizada; el Tcnel Carlos Jesús Sánchez Vásquez, comandante del 253 Batallon de Infanteria Motorizada “Coronel Genaro Vásquez”; el Tcnel Javier Paul Páez López, plaza de la 42 Brigada de Infantería Paracaidista, con sesenta combatientes.

Destacan que actuaron porque recibieron información de “patriotas cooperantes”, sobre acciones terroristas de grupos paramilitares colombianos, que ubicaron en el sector comprendido entre Finca La Mona – Caño Burro, municipio García de Hevia del estado Táchira.

Reseñan que esos “patriotas cooperantes” les informaron de la presencia de paramilitares colombianos en el sector Caño Burro, por lo que “se procedió a establecer una base de combate y utilizando las técnicas, tácticas y procedimientos del MTRR y avanzando por saltos vigilados y sucesivos, se estableció contacto visual con el grupo paramilitar, los cuales al notar la presencia de nuestra fuerza hicieron uso de las armas originándose un enfrentamiento, en donde se hizo máximo uso de las armas de fuego rasante y de apoyo (MGL 40 mm)”.

El resultado, según dicen, fue neutralizar a los dos jefes paramilitares de la célula: alias El Caracas y alias El Turro. Además de incautar dos fusiles (uno R15 y uno M16), un revolver, una escopeta recortada, dos granadas de mano, 18 cargadores de AR15, M16 y FAL, además radios transmisores, siete chalecos pixelados, 10 uniformes camuflados, dos mil 130 cartuchos de diversos calibres y una camioneta Toyota Hilux

Morir en la frontera: en 2019 hubo 1.850 víctimas y 484 enfrentamientos armados en los seis estados limítrofes de Venezuela por Sebastiana Barráez – Infobae – 21 de Febrero 2020

FundaRedes presentó la Curva de la violencia en Bolívar, Táchira, Falcón, Zulia, Apure y Amazonas. Los grupos armados irregulares y la guerra del oro, entre las causas de la impactante estadística

Un soldado venezolano en la frontera

Un soldado venezolano en la frontera

El Observatorio FundaRedes presentó la Curva de la violencia en seis estados fronterizos de Venezuela durante el 2019, destacando que concentran gran parte de la ola de criminalidad en Venezuela. Ellos son Bolívar, Táchira, Falcón, Zulia, Apure y Amazonas, en los que ocurrieron 1.850 muertes por homicidio, 104 desapariciones y secuestros, y 484 enfrentamientos armados.

Revela el informe que fueron cometidos variedad de crímenes, “desde homicidios con desmembramientos y decapitaciones, como los registrados en Táchira, Zulia, Bolívar y Falcón, así como incineración de cadáveres, infanticidios, feminicidios y masacres en áreas urbanas y comunidades indígenas”.

Aseguran que encontraron un patrón en lo que los organismos de seguridad del Estado presentan como “enfrentamientos”. “Los hechos sucedieron en circunstancias prácticamente similares, sólo cambió el escenario, pero en todos los casos las víctimas murieron en el lugar de los hechos. Un punto de coincidencia es que los familiares de las víctimas solicitaron derecho a réplica para desmentir que se haya tratado de enfrentamientos” y con versiones que coinciden en que se trataría de ejecuciones extrajudiciales.

Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana; el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC); la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), así como algunas policías estadales, son los organismos que más aparecen mencionados en las denuncias sobre este tipo de hechos.

FundaRedes considera que el incremento de los supuestos enfrentamientos en los territorios fronterizos obedece más a una política de exterminio delincuencial, aplicada por los organismos de seguridad del Estado desde 2017. También a “procedimientos de grupos armados irregulares por el control de territorios, principalmente de Táchira; pugnas entre bandas delictivas y de fuerzas de seguridad del Estado contra la delincuencia común”.

Las cifras que evidencian un incremento totalizan 692 muertos en “enfrentamientos” o “ejecuciones extrajudiciales” en los seis estados analizados en el transcurso de 2019.

Víctimas de la violencia en la frontera

Víctimas de la violencia en la frontera

El silencio

Afirma FundaRedes que, desde hace cerca de tres años, los organismos de seguridad recomiendan a familiares de desaparecidos y secuestrados no revelar información a los medios de comunicación. El argumento es que así llegarán a una rápida solución de los casos. “No obstante, para las organizaciones no gubernamentales como FundaRedes, lejos de lograr ese propósito, resulta una forma de silenciar el delito y avalar la impunidad, más aún en los últimos años cuando la participación de funcionarios policiales en secuestros y extorsiones ha sido una práctica común, muchas veces en alianza con delincuentes”.

Eso explicaría que la prensa tiene poco acceso a este tipo de informaciones, solo lo tuvo cuando las víctimas fueron halladas sin vida. “En Táchira y Zulia es donde más casos de secuestro y desapariciones se conocieron en 2019”.

Otro tipo de desapariciones ocurrieron en el estado Falcón. “Ahí 38 personas fueron denunciadas como desaparecidas, luego de abordar embarcaciones para emigrar del país. En estos casos se habló de redes de trata de personas que secuestran a los migrantes”.

En el estudio realizado por el observatorio determinaron que “Táchira es uno de los estados fronterizos con mayor variedad criminal”. En 2018 la tasa de homicidios fue de 23 por cada 100 mil habitantes, cifra que en 2019 ascendió a 26,36 por cada 100 mil habitantes, al registrarse 316 muertes por esa causa. “En total hubo 316 víctimas”.

De los 29 municipios del Táchira, el mayor número de homicidios ocurrió en Pedro María Ureña (20,57%), el municipio donde la guerrilla ha enfrentado a los paramilitares para controlar el territorio, que tiene como principal atractivo la poderosa industria del contrabando. Le sigue la capital San Cristóbal (8,54%), Bolívar (8,23%), García de Hevia (8,23%) y Fernández Feo (6,33%). 90% de esos crímenes fueron cometidos por arma de fuego.

Los principales victimarios fueron grupos armados irregulares (cerca de 70% de los casos), y el móvil principal fue el sicariato (más de 25%). 20 víctimas eran mujeres”. La mayoría de las víctimas fueron jóvenes entre 20 y 35 años de edad.

Homicidios en la frontera

Homicidios en la frontera

Oro sangriento

En el estado Bolívar se libra la guerra por el control de las minas de oro. Es el estado con el índice más alto de violencia con una incidencia muy significativa de homicidios seguido de enfrentamientos o ejecuciones extrajudiciales y secuestros y/o desapariciones.

Es un mineral bañado de sangre. “Los medios de comunicación digitales reseñaron que durante 2019 hubo 869 homicidios: 532 asesinatos y 337 muertos en ‘enfrentamientos’ o ‘ejecuciones extrajudiciales’, con una tasa de 36,59 por cada 100 mil habitantes”.

Lo más doloroso es que entre las víctimas resaltan 32 niños y/o adolescentes. Entre los hombres la mayor incidencia se dio de 18 a 45 años de edad. “El municipio más violento fue Caroní con 54,35% de los casos” y en la mayoría de los sucesos estuvo presente un arma de fuego.

“Los principales victimarios fueron la delincuencia común, grupos armados irregulares y las mafias que operan en la extracción minera (sindicatos). Los móviles fueron: 41,78% hechos delictivos no esclarecidos. 19,34% sicariato, 14,31% robos, 10,44% ajuste de cuentas, 4,84% supuestos enfrentamientos, 2,71% violencia de género y 1,74% en protestas sociales”.

En el 2019 ocurrieron en Bolívar 28 secuestros y/o desapariciones, entre las víctimas figuran dos efectivos del Ejército; tres mujeres (una hallada asesinada); un niño de 4 años (asesinado) y 16 hombres, dos de ellos asesinados.

El ELN tiene presencia en cinco de los seis estados fronterizos: Bolívar, Táchira, Zulia, Apure y Amazonas.

El ELN tiene presencia en cinco de los seis estados fronterizos: Bolívar, Táchira, Zulia, Apure y Amazonas.

La presencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el estado Bolívar es pública y notoria. En septiembre de 2019 el diputado a la Asamblea Nacional Francisco Sucre lo denunció luego de viajar a esa entidad, pues en un punto de control del Ejército, en la isla de Anacoco, los efectivos militares le advirtieron que unos 800 metros más adelante había una alcabala del ELN”.

“En completa impunidad actúa este grupo armado colombiano desde antes de 2017; constantemente sostiene enfrentamientos con ‘sindicatos’ mineros (mafias organizadas que pugnan por el control del Arco Minero y las minas de coltán, entre otros) que han dejado un número no precisado de víctimas en masacres y asesinatos individuales. Estos hechos son calificados por las autoridades gubernamentales como ‘confrontaciones entre grupos criminales rivales’, sin reconocer la implicación de la guerrilla”.

A Zulia lo describe el informe de FundaRedes como una bomba de tiempo. “La frontera en Zulia tiene en común con Táchira la presencia de grupos armados irregulares colombianos, lo que hace esta zona particularmente violenta. En esa entidad desde hace años es un secreto a voces la toma de varios municipios, sobre todo Catatumbo, por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y más recientemente por el grupo paramilitar Los Rastrojos. Adicionalmente, existen estructuras de crimen organizado”.

No es casual que el año pasado se registraron 388 homicidios con una tasa de 4,67 por cada 100 mil habitantes.

En el caso del estado Falcón, considera FundaRedes, está planteada una lucha de poderes. “Es donde hay menor presencia de guerrilla y grupos paramilitares”, pero es la más afectada por otras organizaciones criminales, algunas de reciente surgimiento.

Para FundaRedes, a los estados Amazonas y Apure la caracteriza la censura y limitaciones informativas. “Una data completa de hechos violentos como homicidios, enfrentamientos, secuestro y/o desapariciones ocurridos desde enero hasta diciembre de 2019 en los estados fronterizos Amazonas y Apure resultó imposible de registrar debido a la inexistencia de medios de comunicación social tradicionales y/o portales digitales informativos en esas entidades o a la presión que sufren los pocos que operan para que esta información no se dé a conocer”.

Finalmente, el observatorio destaca que en ambas entidades federales existe una notoria merma informativa por el progresivo cierre forzado de periódicos, no sólo por la escasez de materia prima, sino por la censura y la autocensura impuestas. “Los medios de comunicación tradicionales que aún sobreviven publican ocasional y discretamente algunas informaciones de violencia, pues reciben constantes intimidaciones por las estructuras criminales que allí operan, como la guerrilla y los grupos armados irregulares, además de los llamados ‘colectivos’ respaldados por el gobierno nacional para evitar que estas informaciones circulen”.

El paro armado del ELN fue financiado por el gobierno venezolano por Luis Herrera Guerra – Venepress – 15 de Febrero 2020

El presidente (E) de Venezuela ofreció un balance sobre su gira internacional

El paro armado del ELN fue financiado por el gobierno venezolano

 

El Presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, precisó este sábado que el “paro armado” por el grupo del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fue financiado por el gobierno venezolano con “dinero manchado en sangre”.

En un balance de su gira internacional, explicó que aunque no fue sencillo salir del país funcionaron “fieles a la constitución” lo apoyaron.

En este sentido aseguró que en su primera parada en Colombia, junto a 21 cancilleres enfatizaron su “lucha contra el terrorismo”, reiterando la realización de pasaportes diarios que fueron entregados a ciudadanos “iraníes” entre 2016 – 2018.

Subrayó que actualmente la migración venezolana puede llegar a seis millones de venezolanos, señalando que los indicadores del país se miden calificándolos en países de guerra.

Detalló que en el caso de Siria, se ha donado cinco mil dólares por refugiados mientras que en Venezuela son cien dólares por cada uno, un dinero que es pagado por programas internaciones y países como Colombia.

Trabajamos para atender a nuestros refugiados, hay cooperación en materia de inteligencia par avanzar, el próximo 20 hay una reunión en Ottawa para darle seguimiento a lo que hemos estado desarrollando”.

Aseveró que en su gira, descubrió la cantidad de migrantes que quieren regresar al país.

 

Guaidó, que también estuvo en el encuentro en Davos, manifestó que es la primera vez que asiste un Presidente venezolano en más de 28 años.

“No es una lucha contra el poder”, destacó.

En cuanto al tema económico, puntualizó que Venezuela ha dejado de producir 300.000 barriles de petróleo diarios.

Asimismo, señaló que están en contacto con Suiza para aliviar el tráfico ilegal de oro.

Próximamente se mantendrá una reunión con el Grupo de Lima, sobre la crisis humanitaria, agregando que se sumarán las de denuncias en la Corte Penal Internacional.

“Tenemos garantías a todos los que se pongan de lado de la constitución”, resaltó.

Con respecto al tema de Delcygate, comentó que la oficialista, Delcy Rodríguez, recibió un “rechazó” por dicha acción.

 

El líder opositor, precisó que no van a poder dividir  a los venezolanos, porque “seguiremos luchando”.

“Seguimos trabajando, no lo van a lograr”, sentenció.

Por otra parte, instó al pueblo “asumir nuestro rol”.

“Aquí es con movilización, en los próximos días estaremos anunciando la agenda de agitación”.

El Nula desolado ante paro armado del ELN por Silvia González – Radio Fe y Alegria – 14 de Febrero 2020

Foto: José Leonel Gutiérrez

La parroquia San Camilo del estado Apure, cerca de la frontera con Colombia, amaneció este viernes sin servicio eléctrico, con comercios de puertas cerradas y calles desoladas.

El Nula se mantuvo desolado este viernes en el inicio del paro armado anunciado por el Ejército de Liberación Nacional de Colombia.

En un día regular, las calles de El Nula muestran movimiento de propios y foráneos que buscan cruzar hacia el vecino país desde las 5:00 de la mañana, pero esta vez las calles se mantuvieron despejadas y acompañadas de lluvia.

Foto: José Leonel Gutiérrez

La electricidad se fue en esta población a las 6:05 de la mañana, justo cuando inician las 72 horas de paro. No fue sino hasta pasadas las 10:00 de la mañana cuando algunos establecimientos comerciales comenzaron a abrir sus santamarías para aprovechar las ventas por el Día del Amor y la Amistad.

Durante esas primeras horas, el equipo de Radio Fe y Alegría Noticias logró divisar el paso de un solo autobús de pasajeros pero son apenas 4 personas a bordo.

Este ambiente de tranquilidad en El Nula se mantuvo durante el desarrollo de este viernes, sin ningún movimiento militar fuera del acostumbrado en las alcabalas.

Sin embargo, este panorama es el habitual en medio de estos llamados a paro; los mismos habitantes prefieren mantenerse refugiados en sus hogares y evitan acercarse hasta el río Arauca, el paso de la frontera, para evitar un altercado violento con el grupo irregular.

Presencia del ELN en Venezuela – Funda Redes – Febrero 2020

Mutilaciones con motosierras y asesinatos: los atroces castigos de las bandas en las minas de oro venezolanas por Ymarú Rojas – ABC – 5 de Febrero 2020

Un informe de Human Right Watch alerta de la brutalidad de los grupos armados que controlan las explotaciones con el visto bueno del régimen de Maduro

La presencia de estos sujetos ha sido denunciada por los pobladores que han sido acosados y han sido víctimas de violaciones de derechos humanos. En el documento, HRW explica que a las minas de oro llegan las personas de bajos recursos a trabajar debido a la acuciante crisis económica y estando ahí «se han convertido en víctimas de delitos macabros cometidos por grupos armados que controlan (las) minas ilegales», expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

La mina de oro «Ocho muertos» en Las Claritas, en 2016
La mina de oro «Ocho muertos» en Las Claritas, en 2016 – @ Clavel A. Rangel

«Los distintos sindicatos que controlan las minas ejercen un estricto control sobre las poblaciones que viven y trabajan allí, imponen condiciones de trabajo abusivas y someten a tratos brutales a quienes se acusa de robos y otros delitos. En los peores casos, han desmembrado y matado frente a otros trabajadores a quienes presuntamente no habían cumplido con sus reglas», reza el documento. Varios residentes dijeron conocer casos en que miembros de sindicatos habían desmembrado con motosierras, hachas o machetes a quienes transgredieron las reglas.

De la misma manera que denuncian, también lanzan una importante advertencia: «Es crucial que las refinerías y quienes compran oro se aseguren de que el oro venezolano que forma parte de sus cadenas de suministro no esté manchado con la sangre de víctimas venezolanas».

La explotación de recursos también ha repercutido en el medioambiente así como la salud de las personas que trabajan en Arco Minero del Orinoco, que contempla una zona de 114.000 kilómetros cuadrados, el 12,2% del territorio venezolano. Y la explotación de recursos como la bauxita, oro, coltán, hierro, cobre, diamantes y coalín, ha puesto en riesgo a la población también conformada por más de 54.000 indígenas, y la deforestación y el uso de mercurio en la actividad minera.

Desde sus inicios, el proyecto ha estado en gran parte controlado por Rusia y China, países que han invertido y participado activamente en la explotación de oro y diamantes.

Testimonios desgarradores

El informe recoge declaraciones de personas que han sido víctimas de los abusos y la explotación. Durante 2018 y 2019, HRW entrevistó a 21 personas que trabajaron en minas o en localidades mineras del estado Bolívar. Otras 15 entre periodistas, indígenas y expertos dieron sus testimonios entre octubre y noviembre pasado. Todos los entrevistados coinciden con que no sólo hay un control por grupos armados, sino que grupo paramilitar colombiano ELN ha tomado parte del territorio minero y han tenido presencia activa.

El régimen de Nicolás Maduro ha sido otro de los participantes de la zona, según las denuncias de diputados. De acuerdo con información de parlamentarios, como Américo De Grazia, Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente chavista, lidera uno de las minas. Y aunque los testigos aseguran que el Gobierno chavista es consciente de la situación, Human Rights Watch no encontró «información pública sobre investigaciones que se hayan realizado para determinar la responsabilidad penal de funcionarios gubernamentales o miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas implicados en estos abusos». Mucho menos recibieron respuesta del régimen cuando solicitaron información al respecto.

La explotación del Arco Minera comenzó en 2016 por un decreto presidencial, sin embargo, el organismo tampoco encontró algún registro de la Asamblea Nacional venezolana, la institución pública que tuvo que aprobar la decisión como lo exige la Constitución. «Según información recibida por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU y los testimonios recabados por Human Rights Watch, el gobierno no llevó a cabo previamente estudios adecuados de impacto ambiental ni consultas a poblaciones indígenas que vivían allí, como también lo exige la Constitución».

Por si fuera poco, Maduro dijo en octubre que le cedería la gestión de una mina de oro a cada uno de los gobernadores de los estados que pertenecieran al partido oficialista como premio de lealtad.

Entre los desgarradores relatos se encuentra el de Ligia Castro (seudónimo), de 35 años, quien trabajó en minas en El Algarrobo y La Cucharilla en 2018. Durante el día trabajaba en un restaurante y de noche en las minas. Castro contó que, en 2018, fue acusada una joven en una de las minas de «robar» un par de pantalones a otra mujer.

«La joven insistió que no había robado nada. Castro contó que miembros del sindicato le cortaron las manos a la mujer con un machete, mientras le gritaban: ‘¡Di que no lo vas a hacer más!’. Cuando la mujer repitió que no había robado los pantalones, los miembros del sindicato dispararon al aire mientras exclamaban: ‘¡Acá no se puede robar!’. Castro contó que miembros del sindicato aplicaron vendas a la mujer y se la llevaron en un lanchón. Le indicaron que dijera haber tenido un accidente porque sabían dónde encontrar a su familia».

Entre los entrevistados se encuentra un niño de 16 años con fractura de columna provocada por el golpe de un tronco mientras usaba una manguera de alta presión sin ningún tipo de protección. Otro de 17 años, contó haber visto a miembros del sindicato amputar dedo por dedo de las manos de un minero acusado de haber robado oro, antes de amputarle lo que quedaba de ambas manos. Dijo que lo hicieron frente a otros mineros para que «todos pudieran ver». Estos son algunos de las atrocidades que se cometen en la zona minera de Venezuela, en la que también las personas son mutiladas con motosierras o forman parte de la larga lista de personas masacradas cruelmente.

Repunte de la malaria

La malaria ha tenido un repunte en los últimos años al sur del país. Entre 2010 y 2018, aumentaron los casos en un 797%. El año 2015 fue comparado con 2016, por un incremento preocupante de 136.402 a 240.613 casos. Mientras que en 2018 se registraron 404.924 casos.

Y debido a la migración interna de habitantes de Bolívar y del estado Amazonas, se ha propagado en otras regiones del país la enfermedad que había sido erradicada a mediados del siglo pasado.

 

Maduro dio a Rusia e Irán la explotación de torio, un mineral para misiles por Sabrina Martín – Panampost – 17 de Enero 2020

El diputado Américo De Grazia informó que soldados rusos e iraníes de Hezbolá, estarían a cargo de la explotación del mineral en el parque nacional Canaima

De Grazia advirtió que desde Venezuela, sobre todo desde el Arco Minero existe un financiamiento al terrorismo. (oro información)

El régimen de Nicolás Maduro otorgó a Rusia e Irán la explotación exclusiva del torio en Venezuela, un mineral estratégico para la construcción de misiles con el que se estaría financiando el terrorismo internacional.

El diputado Américo De Grazia informó que tanto soldados rusos como iraníes de Hezbolá estarían a cargo de la explotación de dicho mineral en el parque nacional Canaima, declarado por la Unesco como patrimonio de la humanidad; esto a cambio de apoyo al régimen de Nicolás Maduro.

Americo De Grazia

@AmericoDeGrazia

Cómo opera las FAN de Padrino López el ? con una “empresa” llamada CAMIMPEG (compañía anónima militar de minería, petróleo y gas); encargada de asignar operaciones ilícitas, para que los grupos criminales exploten minerales.

Americo De Grazia

@AmericoDeGrazia

Salvo el Torio, mineral estratégico para la construcción de misiles, cuya explotación exclusiva está reservada para los Rusos, con soldados; y los Iraníes, con Hezbolá. Dónde, en el parque nacional Canaima, declarado por la UNESCO patrimonio de la humanidad.

De Grazia advirtió que desde Venezuela, sobre todo desde el Arco Minero existe un financiamiento al terrorismo, situación que se habría convertido en un «seguro de vida» para la tiranía.

Hay que recordar que en noviembre de 2019 el régimen de Maduro firmó un acuerdo con Irán que según Joseph M. Humire, especialista en Seguridad regional, podría convertirse en una amenaza mundial.

«Yo no he podido descubrir qué están haciendo con la nanotecnología, pero puedo especular que sería utilizado más por un programa de armamento, contando desde misiles hasta armas de destrucción masiva, no lo puedo asegurar, pero creo que es por esa dirección es que hay que mirar, porque Irán tiene la capacidad de hacerlo, hay que recordar que el Departamento del Tesoro los llamó Los Reyes del doble uso», enfatizó.

El país suramericano tiene 300 000 toneladas en dos yacimientos de torio, el más grande está en el Cerro Impacto en el Amazonas y el segundo en El Baúl, en el estado Cojedes en el centro occidente del país.

Para nadie es un secreto que Maduro ha otorgado minas a potencias extranjeras a cambio de respaldo político, militar y de inteligencia.

El pasado 4 de diciembre se conoció la presencia de un numeroso grupo de militares rusos que habría llegado al estado Bolívar en Venezuela, la cual podría estar relacionada con el Arco Minero del país.

Nueva masacre en el Arco Minero

La Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco es un área rica en recursos minerales que el Gobierno de Nicolás Maduro pretende explotar. Ocupa mayoritariamente el norte del estado Bolívar y en menor proporción el noreste del estado Amazonas y parte del estado Delta Amacuro. Cuenta con 7 000 toneladas de reservas de oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales.

Sin embargo, ahora la tiranía de Maduro estaría interesada en desplazar a los pranes (líderes carcelarios) del poderío de algunas minas, para entregarle el control de las mismas a la guerrilla colombiana ELN a cambio de «complicidad, lealtad política y el compromiso de sostenerlos en el poder».

Americo De Grazia

@AmericoDeGrazia

ELN & Pranes, se enfrentan en El Manteco, por el control de las minas de la zona. Víctimas directas e inocentes, de estos enfrentamientos? Los campesinos y productores del sector. Rol de las FAN? cómplices de los guerrilleros.

Americo De Grazia

@AmericoDeGrazia

Qué persigue la entregándoles las minas al ELN y desplazando a los Pranes? Complicidad, lealtad política y el compromiso de sostenerlos en el poder. A cambio de qué? De compartir dividendos, producto del Oro, diamante, coltán.

El diputado De Grazia denunció este viernes 17 de enero una nueva masacre por el control del oro entre el ELN y los pranes. Dijo que se presume que hay 20 muertos.

Según el periodista holandés los militares venezolanos están clandestinamente involucrados en la industria ilegal del oro, apoyando a las pandillas a cambio de una parte de sus ganancias. “Los mineros pagan dinero de extorsión, conocido como ‘vacuna’, a los pranes o líderes carcelarios, a cambio de que se les permita trabajar”, señala el reportaje.

Disparos en las piernas y otras torturas: cómo opera la mafia chavista del oro en Venezuela por Demian Bio – Infobae – 18 de Enero 2020

Un video publicado el viernes en redes sociales ilustra el alcance de las prácticas implementadas por estos grupos irregulares, los cuales cuentan con la complicidad del régimen de Nicolás Maduro. El rol de la minería ilegal en sus finanzas y los pasos de la oposición y la comunidad internacional para limitar su comercio

“Pon la pata, dale” ordena una voz anónima que porta una pistola. La pierna no se apoya en el suelo, pero igualmente recibe un disparo. “Dale, el otro”, exige la voz. Y uno tras otro, cuatro jóvenes enfrentan el mismo desenlace en menos de 30 segundos.

Las imágenes, compartidas el viernes por el diputado venezolano Américo de Grazia, ilustran las violentas prácticas de las distintas mafias que -con el beneplácito y complicidad del régimen de Nicolás Maduro- controlan la minería ilegal de oro en Venezuela.

Las sanciones a la comercialización del petróleo -implementadas en 2019 por Estados Unidos y la Unión Europea, entre otros actores internacionales de peso- han exacerbado las limitaciones financieras de un régimen que ha sumido a Venezuela en una crisis sin precedentes para un país que no está en guerra. Ellas implican la prohibición de la importación por parte de empresas estadounidenses, y de realizar transacciones que involucren petróleo venezolano en la divisa del país.

En consecuencia, la mayor parte del comercio de este recurso que todavía se realiza involucra a los pocos aliados que conserva el régimen: Rusia, China y Cuba. Pero los envíos suelen tener el propósito de reducir las amplias deudas que el régimen tiene con estos países, más que generar efectivo fresco. De hecho, Bloomberg reportó el viernes que las reservas líquidas del país se encuentran por debajo de los USD 1.000 millones. Las reservas internacionales, en tanto, están en su nivel más bajo en 30 años.

Por esta razón, la extracción irregular de oro ha pasado a tener un rol preponderante en la economía chavista. El mineral se encuentra presente en el área conocida como el Arco Minero del Orinoco, ubicada en la región centro-sur del país. Tiene una superficie de más de 100.000 kilómetros cuadrados y se extiende desde la zona fronteriza con Guyana hasta aquella que limita con Colombia.

En 2016, Maduro anunció la creación del “Plan de Oro”, mediante el cual aseguró se explotarían los recursos presentes en el área, algo que permitiría obtener un beneficio estimado de USD 5.000 millones por año a partir de 2019. Eso no sucedió.

Nicolás Maduro sostiene una barra de oro durante una reunión con representantes del sector minero en Puerto Ordaz, Venezuela (Reuters)

Nicolás Maduro sostiene una barra de oro durante una reunión con representantes del sector minero en Puerto Ordaz, Venezuela (Reuters)

Ante la falta de infraestructura -tanto física como legal- los agentes del régimen han estimulado la minería a pequeña escala, una actividad que, además de tener efectos nocivos para el medio ambiente, plantea peligros para aquellos involucrados en la extracción física del mineral en dos áreas: por los perjuicios de salud que acarrea la tarea en sí, y por el hecho de tener que someterse a las bandas criminales que las controlan.

En diálogo con Infobae, De Grazia explicó que las imágenes corresponden a un castigo aplicado por grupos criminales -conocidos también como pranes- en control de una mina. “(Los disparos) son una forma de penitencia que le ponen a los mineros cuando estiman que ‘se comió la luz roja’: esto significa que haya reportado menos oro del que se suponía había producido, o alguna otra falta, menor o mayor”.

En este caso particular, estimó que la falta “no debió haber sido grave porque los disparos fueron en las piernas”. “Si hubiera sido más grave, les hubieran tirado a las manos y en otros casos los podrían haber matado”. “Una persona a la que le dan un tiro no puede trabajar más en esa mina. Y no lo hacen solo para castigar a quien comete una falta, sino para que los demás entiendan como se pagan”.

El diputado explicó que, pese a subyugar a los mineros, las bandas no tienen dificultades para reemplazarlos. “Cuando matan a uno llegan 10. Es una de las pocas maneras de subsistencia que existen en el área. Hay gente que llega de Venezuela, Brasil, Colombia, Guyana, gente de pueblos indígenas”, detalló. E indicó que la alternativa, sobre todo para este último grupo, son los “cambalaches”: es decir, vertederos de basura.

El vínculo con el régimen, explicó De Grazia, se da a través de la llamada Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas, o Camimpeg. “No te puedes meter sin su aval”, dijo. Además, CNN reportó que numerosos militares tienen presencia en compañías que refinan el oro extraído en las minas, lo que contribuye a ilustrar el vínculo entre estos grupos.

Una vez operativos, los grupos criminales toman el control del área, al punto de asumir atribuciones que normalmente le corresponden a un Estado, como lo es el monopolio de la fuerza.

Una mina en el Callao. Foto: Reuters

Una mina en el Callao. Foto: Reuters

Según consignó The New York Times, Maduro ha decidido canalizar los recursos del régimen hacia la capital en detrimento de las zonas rurales, lo que ha llevado a que, en distintos casos, oficiales de policía abandonen sus destacamentos para buscar maneras de subsistir. El medio describe el caso de los habitantes del pueblo de Parmana que, al verse rebasados por el crimen, recurrieron a una guerrilla colombiana en control de una mina de oro cercana para que les proveyera protección.

Sin embargo, el vacío de poder implica también la posibilidad de que los distintos grupos peleen entre sí para expandir sus áreas de influencia, y la cantidad de minas que tienen bajo su control.

El mismo viernes se reportó que miembros del Ejército de Liberación Nacional, una guerrilla colombiana con presencia en Venezuela, se enfrentaron con una banda por el control de una mina ubicada cerca de El Manteco, en el municipio Piar de Bolívar. De acuerdo a El Pitazo, que recogió testimonios de vecinos del lugar, ocho personas habrían muerto a manos del ELN.

De Grazia echó luz sobre el episodio: “La zona esta controlada por un pran llamado ‘El Ciego’, pero el régimen decidió sustituirlo por el ELN. Para poder hacerlo tienen que matarlos. De eso se trató lo que ocurrió en la mañana del viernes”.

Pero hay zonas que también están vedadas a los grupos criminales. Según indicó De Grazia, estas son aquellas donde tienen intereses Rusia e Irán. “Además de oro, en el cinturón hay presencia de un mineral llamado torio. Este se usa para la fabricación de misiles y es de administración exclusiva y está monopolizado por los rusos e iraníes”, aseguró.

No obstante, el chavismo tiene su foco puesto en el oro. Y expertos aseguran que, una vez extraído, puede tomar uno de dos caminos: uno esser comercializado por el régimen. El otro es desconocido.

Con respecto al primero, se han documentado envíos de oro a Turquía a cambio de efectivo que se usado para comprar alimentos. Sólo en 2018 el chavismo vendió 73 toneladas de oro venezolano a los Emiratos Árabes Unidos y Turquía

Y pese a que Estados Unidos impuso sanciones a su comercio, a lo largo de 2019 el régimen logró evadirlas en distintas ocasiones y concretar ventas en los Emiratos Árabes Unidos, Uganda y Turquía.

Por ello, con el objetivo de continuar cerrando el cerco, el presidente encargado Juan Guaidó solicitó oficialmente a la Unión Europea que catalogue al oro como “oro de sangre” para evitar que “financie al paraestado”. “Es parte de lo que podemos hacer más efectivo, ¿para qué? Para que no alimenten al paraestado”, sostuvo Guaidó, que destacó que la oposición busca que “ese tráfico de oro se transforme en vacunas para los niños de nuestros hospitales (…) en tratamientos médicos”.

En tanto, sobre el segundo se explayó la periodista de investigación Lisseth Boon, quien en un foro sobre la minería ilegal en Venezuela organizado en diciembre por el Atlantic Council, un think tank ubicado en Washington D.C, explicó que “organizaciones sin fines de lucro calculan que un promedio de 80 toneladas de oro al año se están fugando de Venezuela, por caminos irregulares, sin ningún tipo de rendimiento de cuentas“.

A su vez, explicó que las rutas del contrabando tienen dos destinos: las Islas Aruba, Bonaire y Curazao, en el caribe y, por tierra, mediante las fronteras con Colombia y Brasil. Según cifras de Transparencia Venezuela, el 30 por ciento de la producción de oro se destina a estos propósitos.

A juzgar por las cifras disponibles, la combinación del efecto de las sanciones y los niveles de producción alcanzados no son suficientes para satisfacer las necesidades financieras del régimen. Desde que Maduro está a la cabeza del régimen, las reservas de oro han disminuido en un 60 por ciento, graficó Boon. Y la evidencia indica que la tendencia continuará en esta dirección.

El extractivismo salvaje de Maduro por Miguel Henrique Otero Carvajal – ABC – 29 de Noviembre 2019

El capítulo venezolano de la destrucción de la Amazonia es, probablemente, el más brutal y salvaje de todos

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El capítulo venezolano de la destrucción de la Amazonia es, probablemente, el más brutal y salvaje de todos. Mientras a escala internacional los incendios ocurridos en Brasil o el avance de la deforestación en países como Perú y Colombia, no deja de reportarse de forma constante, la región sur de Venezuela, solo entra en las pautas de los noticieros cuando se producen masacres de gran magnitud, como la que acaba de ocurrir en Ikabarú, pequeño poblado minero a escasos 6 kilómetros de Brasil. El 22 de noviembre fueron asesinadas 6 personas y un número indeterminado de heridos que, con sus cuerpos abaleados, cruzaron la frontera buscando salvar sus vidas.

Lo primero que hay que advertir es que no se trata de un hecho excepcional. Desde el año 2000, se ha producido una intensificación de la violencia alrededor de la minería. Una revisión somera de las hemerotecas arroja un número sorprendente: al menos 43 casos, donde el número de fallecidos supera a las dos personas. Hablo aquí de hechos divulgados. Porque, de acuerdo a los testimonios de habitantes de la región, se han producido otras masacres, que no han sido registradas por los medios de comunicación. Hay testimonios de familias enteras que han desaparecido, que vivían en localidades muy apartadas, cuyo destino es desconocido. Dirigentes sociales de la región sospechan que fueron secuestrados, conducidos a otros lugares y ejecutados. Forma parte de las prácticas instauradas en la región: o eliminas a los competidores o arrasas con toda una comunidad, para despejar el territorio y crear las condiciones para dar inicio a una explotación minera.

Que toda la región sur de Venezuela, especialmente la Gran Sabana -que tiene estatuto de Parque Nacional, lo que significa que debería estar especialmente protegido- y la Amazonia venezolana -cuya extensión es superior a los 450 mil kilómetros cuadrados y se distribuye en los territorios de los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro– sea una especie de zona invisible y opaca para la una amplia mayoría de la sociedad venezolana se debe, entre otras muchas razones, a que es una región precaria en muchos sentidos: su vialidad es irregular y riesgosa, su infraestructura incipiente o ruinosa, sus servicios públicos inexistentes, esporádicos o simplemente pésimos.

Lo fundamental, es que se trata de uno de los territorios más peligrosos del mundo, repartidos en pedazos. La franja más periférica está a cargo de funcionarios militares, cuya función primera es impedir la libre circulación, evitar el ingreso de reporteros gráficos, equipos de televisión, periodistas, investigadores de distinta especialidad, académicos, parlamentarios, miembros de oenegés y otros. Su tarea consiste en garantizar que ese espacio sea un campo ilimitado de extracción de minerales, bajo las técnicas más brutales, sin reparar en las consecuencias de esa actividad que avanza sin controles.

Dentro de ese territorio operan, como ya sido denunciado, grupos de narco terroristas del Ejército de Liberación Nacional -ELN- de Colombia; bandas que ejercen la minería ilegal, sostenidas por grupos armados que operan con un arsenal de extraordinaria potencia; mafias integradas por civiles y militares, que controlan la distribución de alimentos, combustibles, medicamentos y otros bienes de primera necesidad. Periodistas brasileros que se desempeñan en medios de comunicación del norte de ese país, y que han logrado recorrer algunos de estos poblados, se refieren a la “sobrepoblación” de armas, menudeo de drogas, prostíbulos, venta ilegal de alcohol, casas de juego y otras presencias, que muestran como la violencia y grupos que la ejercen de forma sistemática, tienen el control de casi la totalidad del territorio.

La destrucción sobrepasa las peores expectativas. Imágenes satelitales muestran terrenos devastados y lagunas contaminadas de mercurio. La llegada de las lluvias se constituye en un factor nefasto: conduce las aguas contaminadas hasta los ríos y los pequeños sembradíos. Todo esto desemboca, producto de la pesca artesanal o la cosecha de vegetales, en el consumo de alimentos contaminados. Se están desforestando las cuencas de los ríos, con el impacto que ello tiene en el clima y en el ciclo de las aguas. Los expertos han advertido que la cantidad de sedimento que se está depositando en los ríos continuará produciendo inundaciones cada vez más letales. La sistemática destrucción de la cuenca del río Caroní terminará afectando a todo el país, porque su capacidad de alimentar al Guri está en declive.

La debacle ambiental venezolana -que no ocupará el lugar que merece en la agenda de la Cumbre del Clima que arranca mañana en Madrid-es la más grave de toda América Latina, casi comparable con las de China y Rusia: sistemas de aguas potables infectados; acumulación de desechos tóxicos en todas las operaciones petroleras y mineras del país; cantidades de basuras inmanejables en las empresas del Estado; sistemas de recolección de desechos colapsados; ciudades, pueblos y pequeñas poblaciones carcomidos por las aguas negras, los roedores y los malos olores.

De la multimillonaria operación del Arco Minero solo puede decirse que sus resultados están a la vista: ni han mejorado las condiciones sociales y económicas de los habitantes de la región, ni han practicadola promesa de «minería ecológica» (enunciado falaz en sí mismo), ni han generado bienestar alguno a la economía venezolana. El Arco Minero es la expresión más pura y extrema del extractivismo salvaje, asesino, violento y empobrecedor que es el sello de la dictadura de Nicolás Maduro.

 

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