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Venezuela leída como tragedia por Fernando Mires – Blog Polis – 27 de Agosto 2017

39768fernandomires1640x360No sin suma preocupación le leído el artículo de hoy domingo 27 de agosto escrito por Mario Vargas Llosa con relación a Venezuela. Su título: Venezuela, hoy. Se trata de un texto muy pesimista. Venezuela, a juicio del escritor, vive una tragedia sin salida. Lo dicho es, por cierto, una redundancia.
Desde Ésquilo, Euripides y Sófocles no existen tragedias con salida. En las comedias de Aristófanes sucedían también tragedias pero no eran trágicas porque su final -el final es lo que determina si una obra pertenece al género de la tragedia o no- no era trágico. De tal modo cuando Vargas Llosa – quien ha escrito novelas trágicas y otras no tanto- opina que en la Venezuela de hoy ya no vale la pena votar porque el régimen nunca realizará elecciones libres y a la vez no propone ninguna alternativa, quiere decir, lisa y llanamente, que él está leyendo la reciente historia de Venezuela como una tragedia.
Claro está, Vargas Llosa no pica en los anzuelos abstencionistas, ni sueña con una intervención extranjera o con un general mágico que nadie sabe donde está. Incluso, desde el punto de una lógica deductivista, Vargas Llosa tiene razón. El problema es que la historia – y este es el detalle que pasa por alto- no se deja regir por la lógica deductivista.
Aplicando la lógica deductivista nadie puede negar que el régimen de Maduro es tramposo. Desde abril de 2013 cuando le fueron robadas las elecciones presidenciales a Capriles, el régimen no ha parado de hacer trampas. Todos sabemos que si la oposición ha logrado ganar elecciones a la dictadura, ha sido a pesar de esas trampas. Eso también lo sabe Vargas Llosa. Seguramente también sabe que en todos los regímenes dictatoriales, la oposición, a sabiendas de que les van a ser robadas las elecciones –está en la naturaleza de cada dictadura robarlas- ha puesto en la primera línea de sus reivindicaciones las elecciones libres y secretas.
Para que se entienda mejor lo expuesto voy a contar una historia. Voy a contar esa historia que comenzó en la RDA un día 7 de junio de 1989. Ese día tuvieron lugar las elecciones comunales destinadas a consagrar una nueva victoria del Frente Nacional formado por el partido del régimen (SDE) y otros partidos filiales (al estilo del Polo Patriótico con respecto al PSUV.)
Las elecciones estaban desde un comienzo viciadas. Prácticamente no había candidatos de oposición. Solo se podía votar SÍ o NO. Pero si alguien votaba NO y a la vez no anulaba a todos los candidatos de la larga lista uno por uno, el voto valía como SÍ.
Como suele ocurrir, la oposición al régimen se dividió en dos fracciones. Una llamaba abiertamente a no votar. La otra llamó a votar NO. La primera, afirmaba que votar era legitimar a la dictadura comunista. La segunda fracción aducía que no se podía estar a favor de las elecciones libres y al mismo tiempo no participar en elecciones, por muy sucias que estas fueran.
La segunda fracción, la no-abstencionista, no solo fue a las elecciones. Además organizó grupos destinados a llevar recuento mesa por mesa.
Las elecciones estuvieron plagadas de irregularidades. En cada cabina, por ejemplo, había un representante de la dictadura cuya función era escribir el nombre y la dirección de cada votante.
Como era de esperarse, las elecciones comunales fueron ganadas por el gobierno con amplia mayoría. No así según la oposición. Reunida en diferentes iglesias evangélicas cotejó los resultados oficiales con los que ella había anotado en los lugares de votación. Gracias a esos recuentos, llegó a la convicción de que el régimen había cometido un fraude monstruoso (algo parecido al de las elecciones por la constituyente en Venezuela.)
La oposición denunció el fraude a diversas organizaciones internacionales. En vano. De acuerdo a la doctrina de la no-injerencia en los asuntos internos de estados extranjeros, la oposición de la RDA no contó ni siquiera con el apoyo de los partidos democráticos de Alemania Occidental. Recuerdo incluso que el gran escritor Günter Grass propagaba en ese entonces (estoy hablando de apenas unos meses antes del derribamiento del muro) que había que resignarse frente a la realidad de una Alemania políticamente diferente y convivir con ella en los términos más normales posibles.
Grass, al igual que Vargas Llosa con respecto a Venezuela, leía la historia de la DDR como una tragedia. Esa historia había llegado a su final, la DDR sería comunista durante mucho tiempo y no había más alternativa que aceptar los hechos. Los disidentes estaban abandonados a su suerte.
El fraude de junio fue, sin embargo, el punto de partida de la rebelión nacional que culminaría en noviembre de 1989. El 7 de julio, justo un mes después, la oposición realizó una demostración en Berlín-Este contra el fraude electoral. Los manifestantes fueron violentamente apaleados. La brutalidad de la dictadura desató una ola de solidaridad con la oposición. Instintivamente muchos entendían que “algo” estaba cambiando desde que el ex estalinista Gorbachov puso en práctica su Perestroika. Fue esa la razón por la cual durante todo el resto del año 1989 la oposición no dejó de denunciar, todos los 7 de cada mes, el fraude electoral de junio. Esa denuncia sería el eje en torno al cual lograron articularse las demostraciones de los lunes en diferentes ciudades de la DDR, especialmente en Leipzig y Dresden. Entre esa denuncia y la caída del muro hay una relación cronológica y política a la vez.
Naturalmente la denuncia del fraude en las elecciones de junio no determinó la caída de la dictadura. Pero si la oposición no hubiese participado en esos comicios no podría haber alegado fraude. Y fue precisamente esa denuncia el hecho significante que impulsó a las grandes demostraciones de masas. Cabe agregar que en esos días de junio y no en noviembre, con la caída del muro, los disidentes levantaron la consigna “nosotros somos el pueblo” en contraste con la afirmación oficial de que “el pueblo” había ganado las elecciones. ¿Se entiende? La consigna central fue “elecciones libres”. No “abajo el muro” ni mucho menos “Honecker, vete ya”
Desde el punto de vista de una razón puramente deductivista no tiene sentido participar en las elecciones regionales venezolanas pues, para muchos, el fraude está cantado de antemano. Pero desde el punto de la lógica política, siempre imprevisible, la razón deductivista está destinada a fracasar.
Por cierto, con honestidad Vargas Llosa afirma que él “quisiera estar equivocado”. Con la misma honestidad, quienes estamos a favor de la participación electoral afirmamos que “quisiéramos no estar equivocados”. Cada decisión política es una apuesta al futuro.
Pues, al fin y al cabo, los demócratas de la RDA, al perder en fraudulentas elecciones, ganaron.

 

Elecciones y legitimación por Simón García – La Patilla – 25 de Agosto 2017

Download (2).pngLos hechos han colocado la lucha en el terreno electoral. Ello se corresponde con uno de los cuatro atributos de la estrategia de la MUD. Y cumple, aunque parcialmente, una de las exigencias que ella ha planteado y que el régimen ha bloqueado.
Está más que probada la fobia estructural de la dictadura a las elecciones. Negó el referendo y la propia elección de gobernadores. Ahora se las traga, aunque las obstaculizará, para suavizar las presiones internacionales.
La democracia es agresivamente bloqueada por un grupo que se apoderó del Estado para imponer la dominación, no de un proyecto político, sino de una maraña de intereses que abarca desde el plan de esclavización comunista de la sociedad hasta negociados perseguidos por la justicia internacional.
El país soporta una doble represión. La policial, destinada a liquidar la resistencia de la sociedad a la pretensión de constitucionalizar la dictadura, a la que han incorporado formas novedosas y sofisticadas de inteligencia. Y la social, expresada en políticas que crean empobrecimiento, hambre, inseguridad, confusión y pérdida de esperanzas ante el cúmulo de problemas cotidianos programados para precarizar la vida cotidiana.
La consolidación del poder dictatorial se basa en algo más que las bayonetas. Se apoya en una fuerza más sutil y poderosa que ha mantenido a parte importante de la población mirando desde la barrera. La servidumbre ideológica.
Existe, además, un conjunto de factores, vigas en nuestros ojos, en forma de carencias, limitaciones y errores atribuibles a una vanguardia que ha mostrado logros y coraje, pero que ha comenzado a suscitar dudas acerca de algunos de sus desempeños, La última, respecto a su imposibilidad para construir consensos regionales.
Pero no es tiempo de cernir esa harina. Ahora hay que impedir que el gobierno ocupe al nivel regional del poder y afiance una hegemonía que posteriormente será más difícil combatir.
La participación electoral permite continuar la lucha contra la extensión del totalitarismo e intentar ganar para esa batalla a sectores sociales, altos y populares, que no ven a la MUD como el eje de una alternativa confiable para salir de la crisis y para reunificar el país a partir de la coexistencia entre proyectos políticos rivales. En esa opción hay que admitir llegar a una negociación hacia la democratización, la aplicación de medidas urgentes contra el hambre y la libertad de los presos políticos.
Las promesas ilusorias para derrocar a Maduro y la invocación de medios fantasiosos lo han atornillado. El énfasis absoluto en lo político ha excluido la atención concreta al empobrecimiento general, la inflación y el hambre, que se han convertido en temas para un después que nunca llega. Se ignora que asumir estos aspectos de la crisis es condición para romper las cadenas de opresión política.
La abstención legitima al régimen. El voto lo niega, lo debilita y lo frena. Es una estrategia de rebeldía cívica que no tiene una pisca de consentimiento, primer fundamento de toda legitimación, y que si puede propinarle una derrota efectiva y de alto alcance a Maduro y su cúpula.

Comunicado de la Casa Blanca – Secretaría de Prensa – 25 de Agosto 2017

 

wh_logo1.jpgDeclaración del secretario de prensa sobre nuevas sanciones financieras a Venezuela

El presidente Donald J. Trump ha firmado un Decreto Ejecutivo que aplica nuevas sanciones financieras contundentes a la dictadura en Venezuela.

La dictadura de Maduro sigue privando a los venezolanos de alimentos y medicamentos, encarcelando a los miembros de la oposición que fueron elegidos democráticamente y reprimiendo en forma violenta la libertad de expresión. La decisión del régimen de crear una Asamblea Constituyente ilegítima —y, más recientemente, de que ese órgano usurpe los poderes de la Asamblea Nacional que fue elegida en forma democrática— representa un quiebre fundamental del orden constitucional legítimo en Venezuela.

En su intento de aferrarse al poder, la dictadura de Maduro recompensa y enriquece a funcionarios corruptos del aparato de seguridad gubernamental, a través de un endeudamiento con un costo exorbitante que recaerá sobre las futuras generaciones de venezolanos. La mala gestión económica de Maduro y la dilapidación de los activos del país han llevado a que Venezuela esté incluso más próxima a la suspensión de pagos. Sus funcionarios ahora están apelando a mecanismos de financiamiento muy poco transparentes y liquidando los activos del país a valores de liquidación.

Como lo ha señalado el vicepresidente Mike Pence, “vemos en Venezuela que la tragedia de la tiranía se manifiesta ante nuestros ojos”. Ningún pueblo libre ha elegido jamás transitar el sendero desde la prosperidad hacia la pobreza. Ningún pueblo libre ha elegido jamás convertir lo que fue una vez, y debería seguir siendo, una de las naciones más ricas de América del Sur en la más pobre y más corrupta de la región.

No adoptaremos una postura pasiva mientras Venezuela se desmorona. La nueva medida del presidente prohíbe realizar transacciones con títulos de deuda y acciones emitidos por el gobierno venezolano y su compañía petrolera estatal. También prohíbe las transacciones con ciertos bonos existentes que pertenecen al sector público venezolano, así como los pagos de dividendos al gobierno de Venezuela.

A fin de mitigar los perjuicios para el pueblo estadounidense y venezolano, el Departamento del Tesoro está emitiendo licencias generales que habilitan transacciones que, de lo contrario, quedarían prohibidas por el Decreto Ejecutivo. Estas incluyen disposiciones que contemplan un período de eliminación gradual de 30 días; financiamiento para la mayoría de las transacciones comerciales, incluida la importación y exportación de petróleo; transacciones que involucren exclusivamente a Citgo; operaciones con determinados títulos de deuda venezolanos existentes; y el financiamiento de bienes humanitarios a Venezuela.

Estas medidas han sido calibradas minuciosamente para negar a la dictadura de Maduro una fuente clave de financiamiento que le permita mantener su régimen ilegítimo, impedir que el sistema financiero de los Estados Unidos sea cómplice de la corrupción en Venezuela y del empobrecimiento del pueblo venezolano, y permitir la asistencia humanitaria.

Estados Unidos no está solo en la condena al régimen de Maduro. A través de la Declaración de Lima del 8 de agosto, nuestros amigos y socios en la región se negaron a reconocer a la Asamblea Constituyente ilegítima, ni a las leyes que esta adopte. Las nuevas sanciones financieras de los Estados Unidos son consistentes con esta postura regional de aislar económicamente a la dictadura de Maduro.

Estados Unidos reitera su llamado a que Venezuela restablezca la democracia, celebre elecciones justas y libres, libere a todos los presos políticos de manera inmediata e incondicional, y ponga fin a la represión del pueblo venezolano. Seguimos acompañando al pueblo de Venezuela en este difícil período.

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Esta traducción se proporciona como una cortesía y únicamente debe considerarse fidedigna la fuente original en inglés.

 

Plenipotenciaria Impotente por Luis Ugalde – El Universal – 19 de Agosto 2017

8La Asamblea Dictatorial Constituida se ha autoproclamado “plenipotenciaria”. Saben que es mentira, pues no la convocó el pueblo y viola la vigente Constitución. El Ejecutivo, el Electoral y el Judicial se apresuraron a hacerle genuflexión de súbditos; exigirá que también se arrodillen gobernadores, alcaldes, candidatos e instituciones. La ANC ilegítima se proclama y actúa como poder dictatorial“plenipotenciario”, con todas las armas para reprimir y nula legitimidad.

Por otra parte ha quedado en evidencia la impotencia de la ANC para resolver los gravísimos problemas vitales de la población venezolana:el desabastecimiento dramático, la miseria creciente, la mortal carencia de medicinas vitales, la improductividad, la inseguridad, la corrupción…. Una muestra fue el lamentable debate “constituyente” sobre las soluciones económicas: un torneo verbal de buenos deseos bloqueados por sus trasnochados dogmatismos ideológicos. La Asamblea dictatorial fue puesta para no cambiar el muy desacertado modelo reinante, impotente para resolver esos problemas pero con fuerza represiva para imponerse a una población empobrecida. El tiempo juega en contra de esta dictadura pues la vida de los venezolanos se endurece y se desborda la riada del éxodo obligado. Frente a esto la Venezuela democrática, que somos casi todos, y los demócratas internacionales, debemos aferrarnos a la única Constitución legítima vigente e inventar con creatividad la salida de esta ratonera inhumana.

Para cualquier observador sereno Venezuela no tiene salida sin una negociación para establecer un gobierno democrático de unión nacional. Nuevo gobierno ya, es el clamor de la doliente población. Gobierno de una unidad superior de las fuerzas democráticas que incluya las aspiraciones razonables de la población en 1998, ahora con miseria agravada. Si actuara ética y racionalmente, el propio Maduro abriría esa puerta de salvación, pero ya ha demostrado que prefiere atrincherarse al modo cubano, ahondando a la vez la miseria socioeconómica y la represión dictatorial. No olvidemos que en 1957 cuando consideraron indeseable la dictadura de marcos Pérez Jiménez, las Fuerzas Armadas le quitaron el apoyo y Larrazábal, como su representante, abrió el país a la democracia, sin un solo tiro. Así ha ocurrido en una decena de países hispanos en las últimas décadas. No tenemos otra alternativa. Con las dictaduras no basta tener razón moral, es necesario sumar y unir fuerzas para obligarlas a rendirse.

Las votaciones de julio (16 y 30) de este año pusieron más en evidencia ante nosotros y el mundo el carácter dictatorial y tramposo del régimen en contraste con la voluntad y capacidades democráticas de la población. Ello ha traído el repudio de todos los países democráticos que rechazan la tiranía y la miseria que viven los venezolanos, reprimidos y cercados.

Nuevo Gobierno ya

No estamos hablando de un gobierno paralelo, sin los recursos del Estado y sin capacidad de acción, sino de un gobierno de unidad nacido de una negociación nacional e internacional que sustituya al actual gobierno atrincherado contra toda solución; que arranque de inmediato con masiva ayuda humanitaria (ya no es una necesidad marginal), combinada con una nueva política económica para activar la iniciativa empresarial productiva; con apoyo especial para la producción de alimentos, el servicio de salud, la reconstrucción del tejido social y la solidaridad nacional. Esa dimensión humanitaria necesita varios millardos de dólares y una movilización social solidaria. Las negociaciones y programas para la reconstrucción no pueden esperar a diciembre de 2017, y menos al débil triunfo electoral de algún débil partido parcial en 2018.

El pasado mes de julio el régimen fue claramente derrotado dos veces con votos. Así lo hemos visto los venezolanos y el mundo. Los ciudadanos demócratas y la MUD tuvimos grandes aciertos en las movilizaciones sociales y en la conducción al triunfo. Creo, que lamentablemente, faltó explicar desde ese mismo 30 estos triunfos frente a la dictadura de la ANC. Esta es“plenipotenciaria” para imponer y reprimir e impotente para cambiar el sufrimiento socioeconómico del país, del que es causante.

¿Elecciones en 2017? Frente a la Constituyente usurpadora, los demócratas nos aferramos a la vigente Constitución con voto libre, universal y secreto de gobernadores, alcaldes, legislativos y presidenciales (por el referéndum presidencial robado)… El Régimen con el poder dictatorial de la ANC está decidido a impedirlas: que la oposición se abstenga y le regale 23 gobernaciones, o se divida y vaya disminuida, maniatada y en condiciones tramposas, o con previo sometimiento a la ANC dictatorial. El arbitrario adelanto de las regionales de diciembre a octubre es una maniobra más. Nada nos debe sorprender, ni llevar a renunciar a las elecciones constitucionales. Sabemos que el Régimen no es democrático y estamos actuando en rebeldía apoyados en el artículo 333, Exigimos un CNE que garantice “igualdad, confiablidad, imparcialidad, transparencia” constitucionales (art.293), pero no lo hará. Pero si nos movilizamos y organizamos unidos, superaremos las trampas (como en triunfos pasados). La dictadura hará lo posible contra elecciones democráticas y seguirá llenando las cárceles. El hambre y la enfermedad continuarán avanzando, los caminos del exilio desbordándose y el país aislado. Por eso lo más urgente para los venezolanos es un nuevo gobierno de salvación nacional ya, con decidido apoyo internacional que adelante con voluntad, números y organización, la ayuda humanitaria internacional y nacional para que la población no muera y recupere la esperanza democrática.

 

Con anuencia del CNE se violentan los derechos electorales – Comunicado Red Observación Electoral – DigaloAhi – 2 de Agosto 2017

Asamblea de Educación_7.gifCon esta elección de la Asamblea Nacional Constituyente el gobierno ha tomado la vía de la confrontación, la violencia y la represión.

La realización el pasado domingo 30 de julio del evento electoral para la escogencia de una Asamblea Constituyente, convocado por el Gobierno Nacional sin cumplir con el requisito constitucional de consultar al pueblo mediante referéndum, constituye un grave paso hacia la destrucción del sistema democrático en el país.

En virtud de lo anterior nuestra organización decidió no realizar en esta ocasión la observación formal de dicho proceso; no obstante, a través de testimonios y apreciación de nuestros observadores en todo el país, fuentes públicas de información y redes sociales, identificamos las manifestaciones que hemos considerado mas resaltantes de esta jornada electoral, las cuales enumeramos a continuación:

1. Numerosas irregularidades que atentaron contra la seguridad del voto fueron cometidas en esta jornada: ausencia de testigos, total alteración del sistema de votación tradicional, eliminación de los procedimientos para evitar el voto múltiple, la no verificación del padrón electoral, son solo algunas de las anomalías observadas.

2. No obstante ser un acto de naturaleza enteramente civil, el mismo fue anunciado oficialmente a los medios, el día anterior a la votación, por efectivos militares, arrogándose éstos una atribución que es competencia por ley del Consejo Nacional Electoral. Sin necesidad de mayores argumentos, el carácter castrense del anuncio le imprimía un sesgo conminatorio a la convocatoria, especialmente por no haber contado la misma con el requisito de aprobación por una mayoría del pueblo venezolano.

3. En correspondencia con lo anterior, observamos el día domingo una toma militar del país, exagerada e innecesaria en condiciones normales, que extralimitaba la función que se le asigna habitualmente al llamado Plan Republica, en resguardo de la integridad de los centros de votación. Otra evidencia de una inusual militarización del país para un acto de votación.

4. En días previos y durante la misma jornada de votación, a través de las redes sociales y por testimonios personales, pudimos constatar cómo empleados y sus supervisores y ejecutivos a participar en la votación, bajo amenazas que ponían en juego su estabilidad laboral.

5. Como credencial de identificación se incorporó en esta oportunidad una pieza no prevista en la legislación electoral, llamada “Carnet de la Patria”, la cual, por declaración pública del propio Presidente de la Republica, permitiría conocer “para toda la vida” quien había cumplido con el voto exigido por el gobierno nacional. Evidentemente, otro instrumento conminatorio.

6. Un elemento de opacidad del proceso para la opinión pública fue la extensión por el Consejo Nacional Electoral de la zona de seguridad alrededor de los centros de votación hasta los 500 metros, obstaculizando de esta manera el libre acceso a los medios de comunicación.

7. Por ser una votación de carácter nacional y de acuerdo a la legislación electoral, los venezolanos residenciados en el exterior, tenían derecho a participar, cumplidos los requisitos de registro electoral. En esta ocasión fueron arbitrariamente excluidos.

8. Los días previos al este evento se evidenció una ocupación abusiva e ilegal por parte del gobierno de los medios de comunicación en cadena nacional, para llamar a la participación y promover el voto por los candidatos identificados con el sector oficial, los únicos en esta ocasión.

9. Como consecuencia del clima de crispación social que antecedió la convocatoria de esta jornada electoral, originado por su naturaleza irregular e inconstitucional y por el desmedido despliegue de fuerza pública, así como la actuación de cuerpos paramilitares, mas de diez venezolanos murieron en las calles, centenares resultaron heridos o presos, hogares fueron atacados e invadidos y hubo represión generalizada contra civiles en prácticamente todos los centros poblados del país. Este domingo 30 de julio de 2017 quedará registrado como la jornada electoral más violenta y sangrienta de nuestra historia republicana.

10. A lo largo del horario establecido para la votación pudimos observar por testimonies de nuestros colaboradores, medios públicos y redes sociales, una menguada participación de electores, muy inferior a la de cualquier acto de votación nacional reciente. De esa apreciación de la afluencia a los centros de votación podemos inferir una notable incongruencia con la cantidad de participantes que anunció el Consejo Nacional Electoral. Asimismo, estimaciones realizadas con métodos estadísticos, verificados en numerosas elecciones de los últimos años, nos revelan una discrepancia enorme con las cifras oficiales.

Con la realización de la inconstitucional elección de la Asamblea Nacional Constituyente el gobierno nacional ha elegido, para desgracia del pueblo venezolano, la vía de la confrontación, la violencia y la represión. Hoy mismo han dado muestras calabozos de dos líderes opositores, el Alcalde Metropolitano electo Antonio Ledezma y el dirigente Leopoldo López, quienes cumplían arresto domiciliario, y dos días antes, la destitución y el arresto del alcalde del municipio Iribarren del estado Lara, Alfredo Ramos.

Esto queda reforzado con el anuncio que acaba de realizar este miércoles 2 de agosto Smartmatic, encargada del proceso automatizado electoral, en el cual se señala que lo anunciado por el CNE supera en por lo menos un millón de votos a la participación registrada por esta empresa, lo cual demuestra que hubo una grave manipulación.

Un penoso camino de lucha por el restablecimiento de la democracia espera a la nación. Cumpliendo con nuestro de rol de defensores de los derechos ciudadanos relacionados con el voto, sumamos nuestra voz al llamado al pueblo venezolano a oponerse, por todos los medios pacíficos y democráticos a su alcance, a la instauración de una dictadura en el país.

 

El Registro Electoral de la díaspora venezolana por Iker Anzola G. – 4 de Agosto 2017

 

En la actualidad la diáspora de venezolanos a través del mundo alcanza mas de dos millones de personas, de las cuales solo una minoría está inscrita en el Registro Electoral de sus respectivas jurisdicciones consulares. Varios autores sobre la diáspora venezolana, como Tomas Paéz estiman en cerca de 2,5 millones los venezolanos que han emigrado en los últimos 18 años. ( ver La Voz de la Diáspora Venezolana por Tomas Paéz, Editorial La Catarata, 2015 ). Lamentablemente no existen cifras oficiales pues el Gobierno Venezolano no divulga ninguna información al respecto.

También es notoria y demostrada la discriminación de las autoridades electorales y consulares en menoscabo de los derechos humanos de este colectivo, que se manifiesta principalmente en lo siguiente :

  • Los venezolanos residentes en el extranjero solo pueden votar en las elecciones presidenciales y no votan en las elecciones de la Asamblea Nacional, de Gobernadores, ni en eventuales referendos, tales como el revocatorio.
  • Los requisitos para poder votar incluyen tener una cedula de identidad laminada, aunque pueda estar vencida y estar registrado en el Registro Electoral del Consulado correspondiente. Quien no tenga cedula no puede votar con la dificultad de que para sacar la cédula solo puede hacerse en persona en Venezuela.
  • Adicionalmente los Consulados exigen para poder inscribirse en el Registro Electoral Consular que la situación migratoria en el país de residencia debe ser verificada y con status legal. A tal efecto la Ley electoral reza como sigue : “Artículo 29. ….. A efectos de la inscripción en el Registro Electoral, el único documento requerido y válido es la cédula de identidad.”
  • Finalmente lo más grave es que los Consulados tienen desde hace meses una política evidente de entorpecer y retrasar las solicitudes de inscripción en el Registro Electoral de los ciudadanos que así lo requieren.

 Una consecuencia de todo ello es que solo puede votar una minoría de venezolanos en el exterior, lo cual quedó evidenciado en la ultima elección presidencial de abril de 2013, cuando solo se contabilizaron 59.963 votos en el exterior para un padrón electoral de 100.495 inscritos ( 101.431 al corte de Enero 2016). En claro contraste en la reciente Consulta Popular del pasado 16J, se contabilizaron 723.011 votos en el exterior, al requerirse únicamente la Cedula de Identidad o el Pasaporte, de los cuales 98.748 votos fueron en España.

 En el caso particular de la circunscripción del Consulado de Bilbao, en las elecciones de abril 2013, estaban inscritos 1015 electores y solo votaron 638. En la jornada del 16J votaron mas de 3000 electores en las ciudades de Bilbao ( 1425), Logroño (210), Pamplona (481), San Sebastian (520), Santander (247) y Vitoria (200) al poder establecer mesas electorales en cada una de las capitales de la jurisdicción del Consulado General de Bilbao, sorteando de esa manera las barreras geográficas.

También es evidente que hubo un crecimiento importante de emigrantes en los últimos 3-4 años y esa cifra puede incrementarse aún mas de continuar la crisis en Venezuela.

 La discriminación antes aludida se manifiesta también en el proceso de votación el día de las elecciones, comenzando por la conformación de las mesas electorales por miembros únicamente del personal consular y donde solo se permite a la oposición tener algunos testigos. Para colmo en algunos lugares como el Consulado General de Bilbao el escrutinio no se realiza una vez cerrado el proceso como establece la Ley Electoral, sino que se retrasa hasta la hora de cierre de las votaciones en Venezuela, lo cual dada la diferencia horaria y las sucesivas prorrogas , ocasiona que el escrutinio se haga al día siguiente de la votación cuando ya el CNE ha publicado los resultados “ irreversibles” del proceso y por lo tanto ya se conoce el resultado electoral.

 En las actuales circunstancias y ante la posibilidad de una eventual y próxima elección presidencial, es imperativo facilitar la incorporación del mayor número de ciudadanos residentes en el extranjero en capacidad de votar y una meta debería ser llegar a incorporar al menos un millón de ciudadanos venezolanos de la diáspora. Esta cifra podría ser decisiva en el resultado de las elecciones.

 Para lograrlo seria recomendable promover una seria de medidas e iniciativas :

  1. Por parte de la MUD y en particular Covenex en Venezuela, se debe insistir ante el CNE para activar y facilitar el registro electoral de los venezolanos en el exterior. Una medida de justicia seria eliminar el requerimiento de comprobación migratoria y solamente requerir la Cedula de Identidad laminada venezolana aún estando vencida.
  2. Otra medida tiene que ser la de eliminar las restricciones al escrutinio de los votos el mismo día de las elecciones, de manera que dicho escrutinio sea transparente y se ejecute inmediatamente al cierre de la votación en cada centro electoral. La Ley establece al respecto : “Artículo 139. El escrutinio se efectuará una vez que finalice el acto de votación….”
  3. La comunidad venezolana debe insistir ante los respectivos consulados y embajadas para que efectivamente se lleve a cabo y se facilite el Registro Electoral permanente de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Electoral: “Artículo 28. El Registro Electoral se regirá por los siguientes principios: 2.De carácter continuo. No es susceptible de interrupción por la realización de un proceso electoral. Todas las personas pueden inscribirse o actualizar sus datos en cualquier momento, así como solicitar la rectificación de los datos que estuvieren erróneos o afectasen su derecho al sufragio. 3.Eficacia administrativa. Los procedimientos y trámites administrativos del Registro Electoral deben ser transparentes, oportunos, pertinentes, eficientes, eficaces y de fácil comprensión, con el fin de garantizar la inclusión de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas.”
  1. Adicionalmente y visto el significativo número de venezolanos de la diáspora seria justo que pudieran tener una representación parlamentaria en la Asamblea Nacional, tal como existe en países con una emigración importante, España, Italia, Portugal para defender sus intereses y propiciar el regreso de muchos de ellos a la patria.

 Finalmente es de destacar como ejemplo de alguna de estas iniciativas, la estupenda organización del punto de votación de la Consulta Popular en Bilbao, donde además de proceder a la votación el 16J, se suscribió una comunicación al Consulado de Bilbao, instándolos a abrir y facilitar el Registro Electoral, se repartió un instructivo de cómo hacerlo, se hizo un censo voluntario de los votantes residentes en esa jurisdicción y finalmente se repartió una comunicación a los pensionados y jubilados para agruparse en una asociación creada al efecto para reclamar sus derechos, en vista de que tienen mas de 18 meses sin cobrar sus pensiones y ninguna autoridad venezolana ha respondido a sus insistentes reclamos.

Acuerdo Asamblea Nacional sobre resultados electorales del 30 de Julio 2017 – 1 de Agosto 2017

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LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

En Rescate de la Constitución, la Democracia y los Derechos Humanos

ACUERDO EN DESCONOCIMIENTO DE LOS FRAUDULENTOS RESULTADOS ELECTORALES DEL 30 DE JULIO DE 2017 CON LOS CUALES SE PRETENDIÓ IMPONER UNA ILEGÍTIMA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, Y EN REIVINDICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE 1999 COMO FUNDAMENTO DEMOCRÁTICO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CONSIDERANDO Que el 30 de julio de 2017 el régimen de Nicolás Maduro, con el apoyo de la mayoría de los rectores del Consejo Nacional Electoral, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y la alta cúpula de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, avanzó en el fraudulento proceso constituyente iniciado el 1° de mayo de 2017, al realizar una supuesta e ilegítima “elección” de los miembros de tal ilegítima constituyente;

CONSIDERANDO Que las autoridades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana han asumido el protagonismo en los anuncios relativos al proceso electoral, invirtiendo el principio constitucional de sujeción de la autoridad militar a las autoridades civiles; lo cual es una muestra del militarismo que se nos pretende imponer, en contravención a los valores cívicos y republicanos plasmados en la Constitución vigente de 1999;

CONSIDERANDO Que como esta Asamblea Nacional lo ha señalado en diversos Acuerdos, y como fue ratificado por el pueblo venezolano en la consulta popular del 16 de julio de 2017, la asamblea nacional constituyente es un fraudulento e ilegítimo proceso que solo pretende derogar la Constitución de 1999 por mecanismos distintos a los previstos en ella, con el propósito de instaurar en Venezuela una dictadura de corte totalitaria, en razón de lo cual, todos los actos y procesos derivados de tal constituyente deben ser desconocidos por los ciudadanos y los funcionarios públicos, quienes están en el deber de restablecer la vigencia de la Constitución de 1999, todo ello, conforme a sus artículos 333 y 350; 2

CONSIDERANDO Que la fraudulenta elección del 30 de julio pretendió dar legitimidad al proceso constituyente, a pesar de que tal procedimiento se inició con la usurpación de la soberanía popular, la cual nunca fue consultada sobre la convocatoria de la asamblea constituyente, según lo ordena el artículo 347 constitucional;

CONSIDERANDO Que además de lo anterior, la fraudulenta elección del 30 de julio se realizó al margen de garantías internacionales y constitucionales mínimas que deben estar presentes en cualquier elección democrática, muestra de lo cual es que a pesar de la alta abstención en los irregulares centros de votación admitidos para esta elección, quien ocupa la presidencia del Consejo Nacional Electoral anunció una supuesta y falsa participación de Ocho Millones Ochenta y Nueve Mil, Trescientos Veinte (8.089.320) de electores, lo que hace todavía más evidente el fraude cometido;

CONSIDERANDO Que el pueblo de Venezuela, en ejercicio de su derecho a la resistencia, realizó diversas protestas pacíficas durante la jornada del 30 de julio de 2017, con el deplorable saldo de 16 personas asesinadas, cientos de heridos y numerosas personas detenidas de manera arbitraria, ante la represión a la cual ha acudido el régimen de Nicolás Maduro para tratar de imponer su fraudulenta e ilegítima Asamblea Nacional Constituyente;

CONSIDERANDO Que la comunidad internacional, con países como Argentina, Colombia, España, Estados Unidos de Norteamérica, México, al igual que organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Parlamento Europeo, manifestaron su desconocimiento al fraudulento proceso constituyente del régimen de Nicolás Maduro;

CONSIDERANDO Que la fraudulenta elección de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente del 30 de julio de 2017, implica un cambio importante en el escenario político y constitucional venezolano, al representar el intento definitivo de instaurar la dictadura de corte totalitario amparada en la figura de la Asamblea Nacional Constituyente, todo lo cual exige la articulación de acciones efectivas e inmediatas orientadas a deponer tal forma despótica de gobierno, contribuyendo así al restablecimiento efectivo de la Constitución 3 en Venezuela, en marco de los artículos 333 y 350 de esa Constitución, con la legitimidad democrática derivada de la consulta popular del 16 de julio y el apoyo de la comunidad internacional comprometida con la defensa universal de los derechos humanos y de la democracia constitucional.

ACUERDA

Primero: Ratificar que todos los actos relacionados con la Asamblea Nacional Constituyente incluyendo la supuesta elección de 30 del julio de 2017, deben ser desconocidos, al tratarse de un proceso basado en la usurpación de la soberanía popular y del Poder Constituyente Originario que reside exclusivamente en el pueblo de Venezuela. Asimismo, se ratifica el derecho de resistencia del pueblo de Venezuela frente a esa fraudulenta e ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, así como el deber de los funcionarios e integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de desobedecer todos los actos derivados de la fraudulenta constituyente, y contribuir activamente para restablecer la vigencia efectiva de la Constitución de 1999.

Segundo: Desconocer la elección realizada el 30 de julio de 2017 de los integrantes de la fraudulenta e ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, convocada sin referendo popular, en contra de la voluntad del pueblo y en contravención del artículo 347 de la Constitución.

Tercero: Rechazar la masacre y los delitos aberrantes cometidos contra los venezolanos, quienes en ejercicio legítimo de su libertad de expresión, de protesta y de resistencia, manifestaban en rechazo de ese fraude constituyente y expresar la solidaridad de este cuerpo parlamentario para con las víctimas de la represión, los detenidos y los familiares de los fallecidos, así como con todo el pueblo de Venezuela.

Cuarto: Ratificar el mandato derivado de la consulta popular del 16 de julio de 2017, en virtud de lo cual, esta Asamblea Nacional, como legítimo y exclusivo representante del pueblo de Venezuela, adoptará todas las medidas y acciones orientadas a deponer a la Asamblea Nacional Constituyente como poder ilegítimo y de facto, para restablecer efectivamente la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Quinto: Exhortar a la ciudadana Luisa Ortega Díaz, en su condición de Fiscal General de la República, a investigar especialmente los actos criminales contra los manifestantes, así como los delitos cometidos en la organización y realización del proceso electoral del 30 de julio de 2017, y 4 ejercer las acciones que corresponda contra los funcionarios y personas que ordenaron y ejecutaron tales delitos, a los fines de hacer efectiva las responsabilidades penal, administrativa y disciplinaria de quienes hayan ordenado y ejecutado los actos de represión contra el pueblo y de quienes hayan participado en el fraude constitucional de la asamblea nacional constituyente.

Sexto: Exhortar al Ministerio Público a que adelante investigaciones y diligencias orientadas a establecer la responsabilidad penal de todos los funcionarios públicos y personas inmersas en el fraudulento proceso constituyente que se pretende imponer para cambiar violentamente la Constitución y cambiar la forma republicana de la Nación.

Séptimo: Agradecer la solidaridad expresada por la comunidad internacional para con el pueblo venezolano en rechazo del fraude constituyente, y coordinar las reuniones necesarias para conformar un frente de acción común de los Estados comprometidos con la defensa universal de los derechos humanos y los organismos internacionales correspondientes, para que a través de los mecanismos admitidos en el Derecho Internacional Público, contribuyan a deponer a la fraudulenta e ilegítima Asamblea Nacional Constituyente y a restablecer la vigencia efectiva de la Constitución de 1999.

Octavo: Apoyar al pueblo venezolano en el ejercicio de su derecho de resistencia frente al despotismo que pretende imponerse a través de la Asamblea Nacional Constituyente, a través de acciones organizadas y planificadas que contribuyan a deponer a tal ilegítima constituyente, realizando las acciones necesarias para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, conforme al mandato de la consulta popular del 16 de julio de 2017.

Noveno: Ratificar que el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, desconocerá toda forma de gobierno despótico que derive de la asamblea nacional constituyente, sin que el pueblo quede vinculado a deber de obediencia alguna frente a tal constituyente y quienes contribuyan a su instalación h funcionamiento. Solo serán reconocidas a las autoridades que surjan de elecciones democráticas y libres.

Décimo: Remitir copia del presente Acuerdo al Secretario General y al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), a la Organización de Naciones Unidas (ONU) a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a los miembros del cuerpo diplomático, en 5 especial a los representantes de aquéllos Estados que se han pronunciado desconociendo la elección de la asamblea nacional constituyente.

Décimo Primero: Dar publicidad al presente Acuerdo.

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, al primer día de agosto de dos mil diecisiete. Año 207° de la Independencia y 158° de la Federación. JULIO ANDRÉS BORGES JUNYENT Presidente de la Asamblea Nacional FREDDY GUEVARA CORTÉZ Primer Vicepresidente DENNIS FERNÁNDEZ SOLÓRZANO Segunda Vicepresidenta JOSÉ IGNACIO GUÉDEZ Secretario JOSÉ LUIS CARTAYA Subsecretario

El código QR, el sistema que controla los votos de Maduro por Indira Guerrero – La Patilla – 24 de Julio 2017

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Una plataforma tecnológica implementada por el Gobierno de Nicolás Maduro permite vigilar al votante, sus necesidades, su ubicación, todo dispuesto en el reverso de un documento de identidad distribuido en Venezuela como “el carnet de la patria”, reseña Efe.

Al menos 14 millones de personas, según el Gobierno, han sido censadas en el país a través del sistema de vigilancia con el que el propio presidente venezolano bromea públicamente diciendo que le permite saber cuántas personas hay en una sala e incluso quiénes están embarazadas.

La tarjeta de identificación tiene en la parte posterior un código QR (código de respuesta rápida por sus iniciales en inglés), una evolución del código de barras que permite el almacenamiento y lectura de una lista de información ilimitada según su requerimiento.

El sistema, financiado por el Estado, ha sido puesto a la orden del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, la mayor organización política del chavismo, para dar seguimiento a los votantes y permitir su ubicación gracias a la información almacenada durante su proceso de registro.

Esta tecnología es la principal herramienta usada por el Gobierno, a través del partido, para promover la votación el próximo 30 de julio, cuando se elegirá a los integrantes la Asamblea Nacional Constituyente, un proceso en el que el mayor reto del chavismo es alcanzar una alta participación.

Inducir a la votación es clave para completar el proceso con el que Maduro prevé cambiar la Constitución, sin importar a quién elija el votante porque la mayoría de los candidatos son seguidores de su gobierno, no obstante requiere de una alta presencia en las urnas para dar legitimidad a la polémica elección.

La plataforma fue puesta a prueba hace una semana en un simulacro del Gobierno para medir su capacidad de movilización, en una jornada en la que se vieron dos largas filas: la primera para votar; y la segunda, la que hacían los electores luego de haber sufragado para pasar el carné frente al software que lee la tarjeta y registra su participación.

Dentro del proceso, en el que se comenzó a censar y a distribuir carnets desde principios del año, se almacenó información sobre beneficios recibidos por el Gobierno, militancia en partidos políticos, si forman parte de las familias que reciben alimentos subsidiados por el Estado y sobre sus redes sociales.

Uno de los operadores del sistema que no quiso identificarse asegura que esta tecnología permite que una vez chequeada la persona quede registrada en una base de datos y se puede saber “quién no pudo movilizarse”.

“Sí, podemos”, dijo el operario en pleno simulacro de la plataforma mientras pasaba decenas de tarjetas frente al lector, para responder a la pregunta sobre si podrían saber quiénes no se habían movilizado para ese ensayo de la votación, que se realizó el mismo día que la consulta opositora contra la Constituyente.

Desde hace más de seis meses el Gobierno ha estado visitando casa por casa, viendo la necesidad que registró la persona cuando solicitó el carnet.

La base de datos sirve a una estructura superior del partido del Gobierno para la elección de los candidatos de la Constituyente denominada la “maquinaria 4×4”, los cuatro pilares de la campaña electoral de los partidarios de Maduro para refundar el Estado.

Entre esas cuatro estructuras hay dos con un rol fundamental, una el Movimiento Somos Venezuela, una organización de simpatizantes que verifica las necesidades económicas directamente en el domicilio, para ingresarlas en una lista de espera por beneficios del Gobierno, al tiempo que promociona la permanencia de “la revolución bolivariana”.

La segunda, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un sistema que entrega bolsas de alimentos a muy bajos precios a las familias de bajos recursos, que deben completar ese registro.

Una fuente del Gabinete aseguró que es también el primer recurso que se usará a lo largo de la campaña y para ello el Gobierno comenzó hace tres meses a reservar seis millones de cajas del CLAP que serán distribuidas por los líderes del partido.

El banco de información que dispone hoy el chavismo le permite saber que de casi 15 millones de personas registradas 57 % son mujeres; 32 % tienen entre 15 y 35 años de edad; 34 % de 35 a 55 años, y 33 % más de 55 años; y 98 % son alfabetizados.

El 91 % de los registrados tiene acceso a los CLAP; y 34 % percibe un ingreso menor al salario mínimo, de acuerdo con los datos divulgados por el propio Gobierno.

A menos de una semana para la elección de la Asamblea Constituyente, una de las elecciones más polémicas de los últimos años en Venezuela, se abrió un operativo especial con 1.200 puntos en todo el país para registrar a más ciudadanos.

Este sistema será durante un día el ojo omnipresente que contará uno a uno los votos para garantizar la última carta de Maduro.

 

 

Sobre los votos en la consulta popular; por Eugenio Martínez – ProDaVinci – 17 de Julio 2017

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La consulta popular celebrada el 16 de julio fue un evento histórico: no solo por su forma de organización, sino por la simbología política que tendrá en el corto y mediano plazo. Al tratarse de un evento inédito en el país, no existen parámetros de comparación específicos, aunque sí se pueden utilizar algunos hitos de participación y votación pasados para tratar de explicar la abrumadora presencia de venezolanos que acudieron a expresar su opinión.

Sin embargo, el evento de ayer debe verse desde una perspectiva política más amplia que solamente la frialdad de los números. El domingo 16 de julio no se celebró una elección, sino que ocurrió una gigantesca protesta ciudadana dentro y fuera del país.

Como ha ocurrido en otros eventos, la opinión pública puso en las cifras de participación unas expectativas imposibles de cumplir y eso probablemente explique que algunos ciudadanos piensen que la cifra de 7. 186.170 votos con 95% de las actas escrutadas es baja.

En poco más de 15 días se lograron desplegar y habilitar en el país 2.029 puntos soberanos, que albergaban 14.303 mesas de votación. En cada mesa de votación se calculó una votación promedio de 640 personas. Esto significa que dentro de Venezuela la participación máxima que esperaban los organizadores era de 9.153.920 ciudadanos. A pesar de las restricciones que impuso la capacidad instalada, no pocos políticos de oposición afirmaron que se lograría la cifra de 14 millones y, algunos, más conservadores dijeron que acudirían entre 10 y 11 millones.

El segundo dato a tomar en cuenta para la valoración debe ser el aval que los ciudadanos le otorgaban a la consulta. Según un estudio difundido por la firma Datincorp el viernes 14 de julio, 55% de los venezolanos en edad de votar (aproximadamente 11 millones de ciudadanos) avalaban la iniciativa convocada por la Asamblea Nacional: 84% de los opositores estaban de acuerdo con la consulta. La cifra disminuye a 47% cuando se trata de los independientes, mientras que sólo el 10% de los chavistas avalaba la consulta.

Resulta evidente que el aval no implica disposición a votar. Según Datincorp, 44% de los venezolanos (8 millones de personas), estaban dispuestos a participar mientras que Datanálisis aseguraba que podían acudir máximo 7.5 millones de venezolanos. Con este panorama, un proceso inédito con escasa infraestructura, se generó la protesta del 16 de julio.

¿Se podrá comparar la consulta del 16 de julio con la elección de la Constituyente?

Al día de hoy es casi seguro que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ofrecerá datos de participación y abstención en la elección de la Constituyente. Al no participar la oposición en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, la posibilidad de acceder a la información y a la cantidad de electores que acudan a sufragar en el ámbito territorial es reducida. No obstante, lo relevante de la consulta popular no será el número definitivo de quienes participaron sino la conducción política que la oposición le otorgue a la protesta en las próximas dos semanas.

¿Más votos que Maduro?

La consulta popular fue un evento inédito: no existen precedentes para compararlo. Sin embargo existen hitos de participación que se han usado para tratar de colocar en contexto la cifra anunciada en la madrugada del lunes 17 de julio. Nicolás Maduro fue electo presidente en 2013 con el voto de 7.587.780 venezolanos (50,61% de los votos validos), mientras en 2015 la oposición aglutinó el respaldo de 7.707.442 de electores en las elecciones parlamentarias (56% de los votos válidos).

En las redes sociales ya se ha explicado abiertamente la diferencia organizativa entre esos eventos y la consulta popular. Por ejemplo, en las elecciones parlamentarias se habilitaron 14.515 centros de votación y 40.601 mesas, siete veces más infraestructura que la empleada para la consulta popular.

No obstante, la principal diferencia entre los procesos no radica en la infraestructura electoral, sino en el secreto del voto. El triunfo de la oposición en el año 2015 contó con el voto de electores quienes, amparados por el secreto del acto electoral, decidieron sufragar nulo o votar en contra del chavismo: 98% de quienes sufragaron lo hicieron en contra de Maduro. El riesgo de ser identificado probablemente desanimó a muchos electores a participar en la consulta.

El referendo de 1999, llevado a cabo con el fin de aprobar la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), es el evento más parecido (en infraestructura) a la consulta popular celebrada, especialmente porque en ese momento se disponía de 8.403 centros de votación y 20.281 mesas de votación.

En ese referendo 3.516.558 personas votaron avalando la convocatoria de la ANC (92,37% de los votos válidos), y 290.534 (7,63%) votaron en contra, 191.520 votaron nulo y 7.023.429 se abstuvieron. En esa oportunidad el padrón de votantes era de 11.022.031 personas. En otras palabras se puede decir que solo 31% de los venezolanos avalaron la ANC de Chávez.

En este momento el último corte del Registro Electoral (auditado) indica que existen 19.180.465 electores habilitados para sufragar, si se parte de la premisa de que todos los que participaron en la consulta popular están inscritos (lo que es incierto, especialmente por el voto en el exterior). En consecuencia, 37,4% de los venezolanos están en contra de la consulta popular. A partir de este punto se puede hacer interminables cálculos para demostrar que la participación fue mayor o menor que la registrada en anteriores elecciones. No obstante, esta comparación puede ser inadecuada porque el evento del domingo, como se ha indicado anteriormente, no era una elección o un referendo. Fue un evento político de otra naturaleza, que dibuja la hoja de ruta de la oposición en el mediano plazo. La clave no será el número total de participantes (con el 5% que falta por contarse se puede llegar a 7.5 millones de participantes) sino la conducción política que reciba ese grupo de ciudadanos, y quienes no participaron pero rechazan la ANC de Maduro.

El decisivo voto en el exterior

Formalmente el CNE solo reconoce en el exterior a 110 mil electores inscritos. La participación de ayer (693.789 venezolanos) refleja perfectamente la magnitud de la emigración y el impacto que podrían tener esos votos en una próxima elección en Venezuela y, además, demuestra lo estratégica que es la Ley Electoral aprobada en el año 2009, que niega o limita el derecho de estos ciudadanos a participar en las elecciones.

En la elección presidencial del año 2013 la diferencia oficial entre Maduro y Henrique Capriles Radonski fue de 223.599 votos. En ese proceso estaban habilitados para sufragar en el exterior apenas 100.495 venezolanos. 60.832 de estos logró votar, de los cuales sólo el 7% (4.509) lo hizo a favor de Maduro.

Al analizar la participación en el exterior, no se debe olvidar que solo en el sur de La Florida, de Estado Unidos, acudieron a votar 115.519 venezolanos. En 2013 en esta jurisdicción nadie puede ejercer el derecho al voto por la orden del Ejecutivo Nacional de cerrar el consulado ubicado en la ciudad de Miami; tampoco se puede desestimar en España que el CNE solo reconoce a 23 mil electores (cuando ayer participaron 91.985 ciudadanos) o que se acabaron las boletas de participación en Argentina y Chile.

Si todos los venezolanos que se encuentran en el exterior hubiesen podido votar, en la presidencial de 2013 la diferencia y el resultado experimentaría una variación significativa. No obstante, mientras prevalezca la Ley Electoral del PSUV, en su mayoría estos ciudadanos solo podrán participar en algún evento electoral organizado por el CNE si ejercen su derecho al voto en Venezuela.

 

Participación electoral histórica – RunRunes – 17 de Julio 2017

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