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La incuria de Delcy por Juan Jesús Aznarez – El País – 18 de Febrero 2020

No se defiende Venezuela silenciando afrentas contra la dignidad de las personas

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en un acto en el Palacio de Miraflores.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en un acto en el Palacio de Miraflores. REUTERS

La exaltación revolucionaria de Delcy Rodríguez es patrimonio familiar, legado de su padre, fundador de un movimiento marxista leninista que prendió en las universidades cuando Venezuela era un arrabal de la Guerra Fría y Fidel Castro acaudillaba guerrillas y conciencias. La heredad que orientó la trayectoria ideológica de la vicepresidenta y de su hermano, Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación, es tan respetable como el radicalismo de sus convicciones. Su incuria ante el asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta no es respetable porque lesiona los valores que deben regir el comportamiento humano en las sociedades civilizadas. La obligación moral era el taxativo repudio del crimen, de la barbarie ultrajante, aunque solo fuera porque el marino opositor murió como su padre, el opositor Jorge Antonio Rodríguez, torturado hasta morir.

Delcy tenía siete años y Jorge, 11, cuando lo perdieron; los hijos de Acosta, cuatro y 13 cuando perdieron al suyo. Huérfanos, viudas y familias desarrollando odio y rencor. El asesinato del progenitor de los hermanos bolivarianos ocurrió durante la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez (1974-1979), cuando restableció relaciones con Cuba, se opuso a las dictaduras de Somoza y Pinochet, y apoyó a Omar Torrijos en las negociaciones canaleras con EE UU. Mientras el mandatario se distanciaba de Washington, su policía política martirizaba al líder anticapitalista Jorge Antonio Rodríguez en los sótanos de la DISIP, acrónimo de tortura e impunidad.

En junio del año pasado, el oficial de Marina fue reventado en los sótanos de la DGCIM, acrónimo de tortura e impunidad. La muerte rescató a ambos de los tomentos causados por los golpes y aplastamientos. Acosta sufrió la fractura de 16 costillas; el fundador de la Liga Socialista, siete. Los cargos contra ellos poco importan porque el potro admite todos. A Rodríguez quisieron arrancarle una confesión sobre el secuestro de un industrial norteamericano; al marino, sobre su supuesta participación en la preparación de un magnicidio. El director de los servicios de inteligencia de Pérez fue obligado a dimitir; que se sepa, sigue en su puesto el jefe de los servicios de la Contrainteligencia Militar de Maduro.

No se trata de abundar sobre la fallida democracia venezolana o las cavilaciones de Delcy Rodríguez sobre las prioridades de la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, resueltas por el régimen sacramentando unos derechos y olvidando otros, cuando todos son fundamentales. Se trata de censurar la vacua declaración de amor de la vicepresidenta al negar que la venganza determine su comportamiento porque el triunfo revolucionario de 1999 ya la vindicó. “Aquí no hay odio. Hay mucho amor para seguir defendiendo a nuestro país”. Pero no se defiende Venezuela silenciando afrentas contra la dignidad de las personas, contra derechos ontológicos que ella y su hermano debieran proteger más que nadie para facilitar la rehabilitación nacional, antes de que los ajustes de cuentas y las cicatrices psicológicas la hagan imposible.

La ocupación del Régimen Cubano en Venezuela por Tamara Suju Roa – La Patilla – 15 de Febrero 2020

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El 28 de Diciembre del 2018, denuncie al gobierno de Cuba, ante la Corte Penal Internacional por su inducción y comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela. Específicamente, por el crimen de la Tortura, presentando 13 incidencias o momentos históricos donde funcionarios de ese país han participado en este crimen, torturando y conduciendo a los torturadores venezolanos a realizar algunas de las peores torturas documentadas por CASLA Instituto.

Para fundamentar la inducción en mi denuncia, introduje testimonios de disidentes militares y oficiales de inteligencia, que argumentaron como habían sido formados, tanto en Venezuela como en Cuba, en operaciones de inteligencia y seguimiento, en “Terapias de choque” (métodos de torturas físicas y psicológicas) y como cada 3 meses, militares cubanos recorren las distintas formaciones militares y de inteligencia en todo el país, para actualizar e impartir órdenes, formar, difundir y perfeccionar mecanismos de intimidación y seguimiento, y promover la paralización de la población civil a través del miedo.

La información sobre la injerencia cubana en la represión sigue incrementándose, ayudado por el gran éxodo de oficiales y funcionarios que huyen del horror a los que han sido sometidos, sintiéndose traidores al juramento de defender su Patria, y obligados a arrodillarse ante mandatos de milicianos y oficiales de otros países.

Los cubanos forman parte de los “Acreditados” , estructura paralela del DGCIM que portan credenciales de ese organismo lo cual, les da poder para ejercer funciones de inteligencia y seguimiento conjuntamente con los dos organismos venezolanos existentes para ese fin. Están instalados en Fuerte Tiuna, tienen oficinas propias en el Ministerio de la Defensa (CEOFAN), están en otros edificios de la administración pública, incluso en pisos completos, donde solo pueden entrar ellos y funcionarios autorizados.

Mientras el grupo GRUCE atiende la planificación impartida en las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) y las Regiones de Defensa Integral (REDI) , el G2 se encarga directamente, junto con la estructura criminal de Maduro, de mantenerlo en el poder, no solo conformando su primer anillo de seguridad, sino espiando a todo aquel que tiene algún tipo de relevancia o poder a su alrededor, bien sea civil o militar. Oficiales venezolanos deben dar parte a los oficiales cubanos, que a su vez, reportan al Embajador de Cuba en Venezuela, al igual que todas las “misiones” que se encuentran ocupando nuestro territorio.

Los oficiales están siendo formados en cursos impartidos en la “Escuela de Operaciones Psicológicas” ubicada en Fuerte Tiuna, cerca de la Escuela de Guerra, teniendo como objetivo que los cursantes aprendan a manipular a las personas a través de la propaganda política, terapias de choque, manipulación y adiestramiento en comunicaciones. El curso tiene la duración de 1 año y 2 meses, y por lo menos 7 de ellos, los oficiales venezolanos reciben clases de oficiales cubanos e iraníes. Los cursos de “Terapia de Choque” como dije antes, son técnicas de torturas psicológicas y físicas.

El régimen cubano también se ha encargado de formar ideológicamente a las juventudes del PSUV, que encabeza Nicolás Maduro Guerra, el hijo de Maduro, y quien tiene el cargo de Comisionado Nacional de Ideología de la Juventud del Partido Socialista. Los viajes frecuentes que realizan a La Habana los miembros de la JPSUV, donde hacen vida con los miembros del partido comunista indican, que pronto el desplazamiento de formadores cubanos a nuestro país no será necesario, porque el régimen cubano tiene ya sus propias células juveniles venezolanas formadas que actúan como un miliciano más.

La ocupación del régimen cubano en nuestro país, es a todo nivel: están en el sector educativo, en el sector salud, en el sector público, en el sector productivo y laboral, en nuestro sistema de Identificación, Registros y Notarias, en la Fuerza Armada Nacional y demás cuerpos de seguridad del Estado.

No debe haber ninguna duda en calificar a Venezuela como un país ocupado por fuerzas armadas y de inteligencia y formación extranjeras, lo cual debería ser un escándalo mundial, sino fuera porque la propia Estructura Criminal que usurpa el Poder, es la que lo permite, financia y aúpa.

Provea: Terrorismo de Estado generó 574 víctimas y 23 asesinados bajo torturas en 2019 por Lisbeth Piñeros – La Patilla – 29 de Enero 2020

El Programa Venezolano de Educación (Provea), organización en pro de los derechos humanos en el país, actualizó su informe anual sobre las víctimas contabilizadas de las torturas en Venezuela durante el 2019, en el que se evidencia un alarmante aumento de 526,60% con respecto a 2018.

El informe -publicado en noviembre de 2019 y actualizado en días recientes- señala que “la tortura en Venezuela se ha convertido en una práctica generalizada y sistemática que se comete a diario en la mayoría de las cárceles y centros de detención del país, contra presos comunes y personas privadas de libertad por razones políticas. La tortura, como castigo “ejemplarizante”, se ha institucionalizado en Venezuela y forma parte del repertorio represivo empleado por la dictadura de Maduro”.

Indica además que “en las comunidades pobres y en las cárceles del país, la violencia institucional que ejercen las corporaciones de seguridad del Estado es empleada como mecanismo de control social contra excluidos y disidentes políticos. En un contexto generalizado de negación de la ciudadanía, la respuesta Estatal no se produce desde una dimensión institucional, democrática y restauradora de derechos, sino por el contrario, se afianza en la lógica negadora y excluyente para aplastar los reclamos y ejercer el terror sobre la población”.

En el monitoreo de prensa y recopilación de denuncias recibidas por Provea entre los meses de enero y diciembre de 2019, quedó revelado que durante el período se denunciaron 40 casos de torturas que incluyeron a 574 víctimas individualizadas de este delito contra los derechos humanos.

“Esta alarmante cifra constituye un aumento de 526,60% en el número de víctimas contabilizadas, respecto a los 12 meses del año 2018 cuando fue registrado un total de 109 personas afectadas por torturas. Además, es el registro más alto documentado por Provea en 31 años de monitoreo del derecho a la integridad personal en el país, superando a las 185 víctimas registradas en 2014. Debido a factores como la opacidad oficial, las dificultades para el monitoreo derivadas de la disminución de prensa independiente y el temor de los familiares de las víctimas para denunciar los abusos, la data pudiera estar sujeta a un sub-registro, lo que indica que pudo haber ocurrido un número aún mayor de casos de torturas. Por segundo año consecutivo, ni el Ministerio Público ni la Defensoría del Pueblo publicaron sus respectivos informes de gestión institucional”, destaca el informe.

Imagen Provea

Provea conoció que “la mayoría de las personas torturadas fueron hombres, jóvenes y pobres, manteniéndose así el perfil histórico de las víctimas de este delito. El 98,60% (566) de las víctimas individualizadas fueron de género masculino, mientras que el 0,87% (5) fueron de género femenino. En el restante 0,52% (3) de las víctimas no pudo identificarse el género. Las edades de las víctimas identificadas oscilaron entre los 8 y los 60 años, y la mayoría de las lesiones infligidas a estas personas consistieron en golpes; patadas; culatazos; descargas eléctricas; crucifixión; violación; peinillazos; insultos, entre otras”.

Del total de víctimas documentadas por Provea entre los meses de enero y septiembre, 426 (74,21%) fueron personas privadas de libertad procesadas y condenadas por la comisión de delitos comunes; 124 (21,60%) militares detenidos al ser acusados de formar parte de actos conspirativos contra la dictadura de Nicolás Maduro; 22 personas (3,83%) fueron civiles detenidos por razones políticas o en el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica y 2 (0,34%) víctimas se produjeron en otras circunstancias.

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En tres casos que involucran a la DGCIM se agrupan 116 víctimas de torturas. Todas, militares detenidos acusados de conspiración, terrorismo y traición a la patria, y torturados en la sede del organismo en el sector Boleíta Norte, al noreste de Caracas.

Otras 250 víctimas se agrupan en dos casos en los que el CICPC es señalado como responsable. 100 en un caso que involucra a Custodios del Ministerio del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios (MPPAP) y otras 30 víctimas en un caso que involucra a la GNB. Además, 23 personas murieron entre los meses de enero y diciembre de 2019 a consecuencia de las torturas recibidas por agentes de la fuerza pública. Comparado con la cifra registrada en 2018, durante el actual período de estudio se produjo un aumento de 176,92%.

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También señala la actualización del informe anual que, 21 de las muertes registradas, se produjeron en Centros de Detención Preventivos bajo el control de la Policía Nacional Bolivariana, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), policías regionales y municipales. Una muerte es atribuible a custodios de la Comunidad Penitenciaria “Fénix” en Barquisimeto, estado Lara, y otra, en el caso del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo, a funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

Los responsables de la tortura en Venezuela

Después de tres años, el Cicpc vuelve a encabezar la penosa lista de torturadores en Venezuela. En 2013 y 2014, la Guardia Nacional lideró la estadística coincidiendo con dos períodos de alta conflictividad en los que ese componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tuvo un rol protagónico. Para 2015 el Cicpc retomó su liderazgo histórico en el marco de la ejecución del Operativo de Liberación del Pueblo (OLP) y del descenso de la conflictividad social en el país.

Para 2016 el Ejército estuvo al frente como el organismo más torturador al ser incorporado en la segunda fase del OLP. Para 2017 y 2018, la PNB y la Dgcim, respectivamente, acumularon la mayor cantidad de casos coincidiendo, el primero, con su actuación para aplastar la rebelión popular, y el segundo, con su papel en la persecución y hostigamiento contra militares señalados de formar parte de conspiraciones e intentos de golpe de Estado.

El Cicpc cerró 2019 con 10 denuncias que lo involucran en la comisión de torturas contra 259 personas. Esta cifra sitúa al organismo como responsable del 45,12% del total de casos registrados en el período.

La Dgcim se ubicó en segundo lugar acumulando 10 casos que involucran a 124 víctimas de torturas (21,60%), un considerable incremento de 165% en el número de afectados ya que este cuerpo de seguridad registró 49 víctimas más que en 2018. La sede de la DGCIM se convirtió en el nuevo centro de torturas contra detenidos por razones políticas en el país. Al menos 199 casos se han registrado en ese recinto entre enero de 2018 y septiembre de 2019. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas solicitó una visita a dichos espacios para constatar las condiciones de reclusión y el trato brindado a los detenidos, pero la petición fue negada.

Los custodios penitenciarios adscritos al Ministerio de Asuntos Penitenciarios, se ubicaron en tercer lugar con tres casos que involucraron a 115 víctimas (20,03%) en hechos ocurridos en la Comunidad Penitenciaria “Fénix” en el estado Lara; la Cárcel Modelo de Barcelona en Anzoátegui; y el Centro Penitenciario de Occidente en Táchira. La Guardia Nacional Bolivariana fue señalada de haber torturado a 48 personas (8,36%), la mayoría de ellas detenidas en el contexto de manifestaciones y privados de libertad de la Comunidad Penitenciaria “Fénix”.

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Por otra parte, en el estado Carabobo se concentró la mayor cantidad de víctimas con 201 personas torturadas (35,01%), la mayoría en la sede de la Subdelegación del Cicpc de Valencia.

Le sigue el estado Miranda con 183 víctimas (31,88%), 124 de ellas torturadas en la sede del Dgcim en Boleíta Norte, en Caracas.

Anzoátegui ocupó el tercer lugar con 103 víctimas (17,94%), un gran número de ellas, torturadas en el Centro Penitenciario Agro productivo de Barcelona y la Subdelegación del Cicpc en El Tigre.

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El perverso nombre de las nuevas celdas de castigo de la Dirección de Contrainteligencia de Venezuela: “La Casa de los Sueños” por Sebastiana Barráez – Infobae – 26 de Enero 2020

Todos los presos en los aterradores sótanos de la Dgcim presentan deterioro muscular y óseo, dolores de espalda, lumbares y de los huesos

Militares custodian la entrada del Comando General de la Armada Bolivariana este lunes en Caracas (EFE/ Rayner Peña R.)

Militares custodian la entrada del Comando General de la Armada Bolivariana este lunes en Caracas (EFE/ Rayner Peña R.)

La nueva área de celdas de castigo, que fueron construidas en el subsótano de la sede principal de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), ubicada en Boleíta de Caracas, es irónicamente llamada “La Casa de los Sueños”. Aunque la Dgcim no reúne las condiciones físicas ni legales para mantener a detenidos como una cárcel, más allá de un centro de reclusión provisional, allí han enviado a algunos de los más destacados oficiales de la Fuerza Armada venezolana, algunos civiles acusados por el caso de los drones, los pemones del asalto al batallón de selva del estado Bolívar, además del ex juez coronel Ramón Alí Peñalver Vásquez, teniente coronel Carrasco, entre otros.

El alto impacto psicológico, por el encierro en espacios reducidos, es una tortura brutal contra quienes están detenidos en esos aterradores sótanos de la Dgcim. Todos presentan deterioro muscular y óseo, dolores de espalda, lumbares y de los huesos. “Los presos ahí resultan afectados por problemas renales, pero se niegan a que se les atienda por eso”, revela uno de los médicos que ha podido chequear a unos pocos de los detenidos.

No se les permite ver al oftalmólogo, al odontólogo y mucho menos a especialistas como neurólogos o urólogos. “Ellos deberían ser chequeados en la tensión diariamente”.

Duermen casi en el piso, porque las colchonetas son muy delgadas y las literas son de concreto. Están proliferando los hongos de piel y la escabiosis o sarna. Aunque el baño es casi siempre una vez a la semana, los bajantes en las duchas no sirven, lo que causa acumulación de suciedad y con ello micosis en los pies.

El general de brigada Nelson Morales está padeciendo de pulmonía. A quienes han presentado problemas hipertensivos, se les ha agravado, como es el caso del capitán de navío Luis Humberto De La Sotta Quiroga, del general de división Pedro Naranjo y el teniente coronel Igber Marín Chaparro.

“Da miedo”

Hace meses fueron cambiados todos los custodios, a excepto de los torturadores, que siguen siendo fieles a sus perversas acciones, por lo que son premiados con limosnas económicas. Entre los nuevos carceleros llegaron algunos muy jovencitos a quienes les ha resultado atroz lo que sucede allí con los detenidos.

“Esto da miedo –confiesa para Infobae un joven que apenas ha superado los 20 años-, estoy muy arrepentido de que me haya tocado ese lugar. Y no solo yo, hay varios que dicen lo mismo. Hay gente muy mala, si usted viera cómo tratan a esos presos, sobre todo a los que también son militares y los enviaron al complejo de celdas nuevas. Los pobres familiares pasan horas solicitando información y hay que negárselas porque esas son las órdenes”.

Cuando le pregunto si no hay nadie ahí que reclame ese trato inhumano, su rostro es de asombro. “Nadie se atreve a decir nada. ¿Cómo se le ocurre? Los castigos pueden ser muy feos. Por lo menos yo no me atrevo, ya lo que quiero es irme. Uno tiene miedo hasta de mirar. ¿Usted sabe lo que es La Pecera?”.

Le explico que sí sé qué es y también por qué le dicen así, que varias veces hemos publicado eso. “A ese lugar llegan a las visitas de los presos, luego de pasar por la revisión. Ahora a algunos lo están encapuchando porque no quieren que vean a los nuevos que van llegando. Usted sabe que hay varios de la Guardia de Honor presidencial que los trajeron porque dicen que estaban planificando un golpe contra el Gobierno”.

Por otra parte le pregunto a un oficial del Ejército, quien hasta hace unas semanas estaba en la Dgcim, quienes dan las órdenes de tortura. “No sé quién da esa orden. Ahí la mano derecha del Director (MG Iván Hernández Dala) es el mayor (Alexánder Enrique) Granko Arteaga, jefe de la Dirección de Asuntos Especiales (DAE), ese tiene más poder que los generales. Mi general (Carlos Enrique) Terán Hurtado es muy simpático con algunos familiares y a veces sale a prevención, yo no creo que las órdenes de tortura vengan de él, aunque eso a uno nunca se lo dicen”.

El infierno

El oficial califica a la Casa de los Sueños como “Ese lugar es un infierno. Ahí la gente tiene que volverse loca”. Tiene dos niveles; en la planta alta hay 14 celdas y un área de baños con seis duchas. La planta baja tiene dos celdas, una oficina y un salón. Todo eso está en el ala oeste del sótano 2 del edificio de la Dgcim en Boleíta Norte, más exactamente donde está el estacionamiento.

Hace un croquis de cómo son las celdas, que tienen 2.50 x 1.90 mts. Tiene la litera de cemento, la poceta o reterete a un lado de la litera y un pequeñísimo lavamanos. “Eso es un trato muy indigno sobre todo para los militares que en realidad no han cometido delitos más que no obedecer las órdenes de este Gobierno”.

El croquis de las nuevas celdas de torturas de la Dirección de Contrainteligencia a las que llaman

El croquis de las nuevas celdas de torturas de la Dirección de Contrainteligencia a las que llaman “la Casa de los Sueños”

Explica que hay comunicación directa de Telesur con la Dgcim. “Esa relación es muy estrecha. Los funcionarios van de un sitio a otro, lo mismo que los de Telesur vienen a la Dgcim. Ese trabajo se hace de manera coordinada”.

Explica que a los detenidos no les permiten las llamadas telefónicas, negándoles ese derecho, como muchos otros. Lo grave de eso es que hay detenidos, cuyos familiares están en el interior del país, que pasan meses sin ningún tipo de comunicación, sobre todo los de familias muy humildes.“Algunos de esos detenidos tienen meses sin recibir visitas porque la familia no tiene dinero ni siquiera para el pasaje. Hay gente ahí que jamás ha recibido una visita ni una llamada porque nadie sabe que están ahí”, nos comenta el ex funcionario de Inteligencia.

A los recluidos en la Casa de los Sueños no les permiten ningún tipo de electrodoméstico, tampoco leer ni escribir, porque no hay permiso para libros, libretas ni lápices o lapiceros. Es clara la intención de reducirlos al nivel primitivo.

Les permiten bañarse una o máximo dos veces por semana, lo que se ha convertido en un peligroso problema de higiene, ya que hay hasta cuatro personas por celda, cuando apenas hay espacio para dos. La puerta de la celda siempre está cerrada, tratando de crear estados de violencia o paranoia entre los presos.

No les permiten respirar aire puro, tampoco recibir sol y mucho menos hacer ejercicios, lo que es muy peligroso para la vida de algunos de ellos; la mayoría sufre de hipertensión, ansiedad, problemas de circulación y diabetes. Ese cuadro se ha agravado, porque las malas condiciones de ventilación que hay en el lugar por ser un sótano, les está causando serios problemas respiratorios. Además el prolongado encierro y las condiciones de hacinamiento han ido generando problemas en la psiquis de los detenidos, con cuadros depresivos. Cuando los trasladan, por diversas razones, los esposan y encapuchan.

Ese es el lugar que por alguna perversa razón llama la Casa de los Sueños en lugar de la casa del terror o las pesadillas.

Nuestros presos políticos por Luis Betancourt Oteyza – El Nacional – 18 de Enero 2020

«La fe es tal vez más fuerte que la realidad:

la fe crea la realidad«

Menahem Begin

Hoy me quiero hacer eco en una campaña necesaria iniciada hace varias semanas por mi hermano mayor Guillermo, publicista sin remedio, y opacada por los últimos acontecimientos ocurridos alrededor de la Asamblea Nacional, donde Venezuela con Guaidó a la cabeza ha cosechado importantes triunfos a la par que Maduro iguales derrotas, por lo que se hace más urgente retomarla, y me refiero a recordar y reclamar por nuestros presos políticos.

¿Qué es un preso político? Es un ciudadano privado de su derecho natural a la libertad, por sus ideas o acciones políticas, sin haber sido acusado o cometido falta o delito identificado en las leyes -tipificado-, por un régimen o gobierno que actúa despóticamente y en desconocimiento de la ley y los derechos ciudadanos.

Esa caracterización intentada es la que distingue a 388 venezolanos, según cifras del Foro Penal Venezolano, que dirigen con enorme valentía los abogados Alfredo Romero y Gonzalo Himiob, a quienes debemos mucho hasta ahora; de estos 388 seres, 370 son varones y 18 son hembras, 270 son civiles y 118 militares, activos y retirados -sí, esos militares que tantos bobalicones reclaman neciamente: «dónde están tus militares…»-; esa cifra, dada por el Foro Penal a principios de enero, representa la más alta de nuestra historia, que no es gloriosa desde el siglo XX, con Gómez y Pérez Jiménez en el escenario oprobioso de las dictaduras modernas que nos hemos gastado. Pero, además de los récords, representa una culpa casi colectiva por no mantenerlos en nuestra mente y vista de todos los días, porque ellos viven y sufren, con sus familias, todos nuestros días y no de vez en cuando.

Están repartidos en distintas ergástulas de la tiranía castrochavista que representa el sátrapa de Nicolás Maduro, con adláteres civiles y militares de monta. Está el Sebin, que muchos piensan que es una organización, no institución, exclusivamente para hacer y mantener presos políticos, dirigida por no importa quién, pero bajo el mando de un general sumiso a Maduro.

También tenemos eso que llaman degecim o DGCIM, antro bajo la férula de otro vergonzoso oficial del ejército de apellidos Hernández Dala, donde, según recientes noticias, se construyen más sótanos para albergar más calabozos en los que secuestrar a más oficiales dignos de nuestras FAN. Los recursos que se niegan para nuestros hospitales y escuelas se van a esas nuevas maravillas de la ingeniería militar de la barbarie y vergüenza. También hay que agregar a Fuerte Tiuna, que contiene una prisión de nueva data, de mucha seguridad y custodia para aquellos que piensan en unas FAN al servicio de Venezuela y no de la Cuba castrista.

No sé si hay otros antros y puede que existan recodos donde se esconden presos, al menos circunstancialmente, de momento, frescos o veteranos, mientras se interrogan y torturan – recordemos al capitán de fragata Rafael Acosta Arévalo, entre otros- pero no son de fácil ubicación e identificación. No importa, no son motivo de nuestra curiosidad porque nada bueno agregarían a la maldad de la satrapía para con los venezolanos.

No es un tema de estadísticas ni inventario, sino otro motivo de nuestra rebelión libertaria. Hay que derrocar la tiranía que nos oprime para rescatar nuestra libertad y dignidad de herederos de los próceres que nos dieron la nacionalidad y el orgullo de ser venezolanos, lo que implica y se manifiesta con la liberación, muy humana, de los presos políticos. Hay que forzar esa liberación de la tiranía de cualquier forma: con presiones nacionales e internacionales o con acciones heroicas contra las sedes donde quiera que los mantengan, con acciones civiles, civicomilitares o militares. Sé que es difícil, pero no imposible. En nuestras luchas juveniles por la dignidad de la UCV contra los hoy secuaces del tirano, repetíamos que «lo difícil nos costaría algo y lo imposible solo un poco más», y así fuimos liberando facultad tras facultad de las manos terroristas y subversivas del extremismo ya al servicio de la Cuba de Fidel.

Ahora ¡manos a la obra!, que nuestros presos políticos, civiles y militares, esperan por nosotros, compañeros civiles y militares.

Testimonio de torturas en cárcel militar chavista por Sebastiana Barráez – Revista SIC – Agosto 2019

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Una práctica recurrente en Venezuela

En los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Caracas, han estado y están actualmente detenidos los oficiales considerados de mayor riesgo político y militar por el gobierno de Nicolás Maduro, a excepción del general en jefe (Ej) Raúl Isaías Baduel y el capitán (GNB) Juan Carlos Caguaripano

Infobae conversó con un oficial que permaneció en las celdas del DGCIM hasta hace unos meses, cuando el coronel Rafael Antonio Franco Quintero era el director de investigaciones de esa institución.

Solo estuvo 45 días en el año 2017, pero durante ese tiempo detenido este alto oficial, que ascendió de primero hasta los más altos grados en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), vio y vivió hechos aterradores. En consecuencia, hemos resguardado su nombre para protegerlo a él y a su familia.

“Los muchachos que conozco de la Marina y están allí presos son oficiales ejemplares, de primera, todos de la Infantería de Marina, de Operaciones Especiales”, afirma. El costo para las familias es muy alto: “solamente tres horas de visita a la semana en el DGCIM (refiriéndose al actual DGCIM). Para que tenga una idea, por ejemplo, en la cárcel de Ramo Verde el régimen es abierto, tienen hasta cantina, cocinas, la visita se puede recibir en la propia celda, tienen televisores y creo que unos dos o tres días de visita desde la mañana hasta la tarde”.

– ¿Cómo es en la DGCIM?

– En la DGCIM se tortura incluso a las familias, porque tienen que recorrer largas distancias, pagar hoteles, transporte, para tres horas de visita que en oportunidades las cancelan sin previo aviso. Allí vi gente venir de Margarita con sus hijos pequeños, o de la región andina, personas muy humildes, y no poder visitar a su familiar sin que se les haya avisado con tiempo. Es todo muy cruel, mucho más de lo que la propia imaginación puede recrear.

– ¿Usted estuvo en tiempos del coronel Franco Quintero?

– Sí, ese coronel, en mi opinión, es un psicópata. Nunca imaginé que una persona así pudiese, no solo ser parte de la FANB, sino considerarse humano. Su paso por la DGCIM fue terrible.

– ¿Por qué él en particular?

– Porque él fue quien cambió toda la rutina y condiciones de encarcelamiento a condiciones infrahumanas…

– Descríbame ese lugar, cuando estuvo ahí

– Las celdas son herméticas, las puertas son de lámina de hierro, no de barrotes. Con una ventana pequeña que también permanece cerrada 24 horas; el encierro es absoluto, no se puede ver hacia afuera de la celda. No tienen baño y las necesidades, salvo cuando se lo permiten, se hacen en bolsa plástica las sólidas y en potes de plástico las líquidas. Prohibió los libros, inclusive las biblias, prohibió suplementos alimenticios, nada que no fuese agua, quitó el teléfono del pasillo y creó la norma de los tres minutos una vez al día.

– ¿Recuerda algún caso cruel?

– En una de las celdas había cuatro jóvenes reos llaneros que tenían meses allí sin que sus familias supiesen si estaban vivos. Sus condiciones eran peores, ni siquiera se les permitía bañarse sino cada una o dos semanas, con la misma braga y ropa interior por no tener ningún familiar que se las llevase; usaban cuando se les permitía, la pasta y cepillos de dientes que les dábamos. Igual sucedía con el papel higiénico. No tenían ningún tipo de utensilio de higiene y su aspecto y conducta, dadas las severas condi‑ ciones, era como en las películas de guerra, que no levantan la cabeza y caminan arrastrando los pies; un grado de sumisión extremo provocado por este tipo de tortura blanca brutal, yo nunca había vivido o visto algo así.

Los familiares los describen como si estuvieran en campos de concentración. Eso mejoró un poquito cuando llegó el coronel Hannover Esteban Guerrero Mijares, pero parece que ahora es implacable.

Un sargento, cuando nos traía la comida, que era extremadamente reducida. Por ejemplo, en la mañana una arepa pequeña y dos cucharadas de arvejas, a esos jóvenes llaneros, en vez de darles las cuatro, le daban dos. A diferencia de otras cárceles donde se permiten los alimentos, allí está prohibido. El confinamiento es absoluto, sin libros, sin teléfonos y lo único para ingerir que se puede recibir es agua.

– Con la llegada del coronel Guerrero Mijares, empezaron a permitir que los familiares les llevaran alimentos, lo cual hizo que recuperaran algo de peso, pero volvieron a impedirlo. ¿Será que les gusta aplicar la tortura?

– No lo sé, pero le comento algo. Después que salí en libertad, a los 45 días gracias a Dios, el ministro Padrino López me mandó a llamar a su despacho y personalmente me pidió disculpas y aceptó que yo tuviese diferencias de criterio de manera muy amable. Sin embargo, me preguntó si había visto su entrevista con José Vicente del domingo anterior, lo que significa que él creía que yo tenía tv en la cárcel. Lo que no sabía es que cuando me llamaron tenía tres días sin bañarme y en absoluto aislamiento, lo cual no pude decirle en esa reunión porque mi órgano de investigación designado era mi propio órgano de reclusión, es decir, mientras tuviese cautelares estaba en sus manos.

– ¿Cuándo les permitían llamar, tenían privacidad?

– No, ¡qué va! Hacíamos una fila para llamar por teléfono y eran solo tres minutos desde que comienzas a marcar, caiga o no caiga la llamada. Cuando hacíamos la fila, no podíamos hablar entre nosotros. En ese famoso pasillo hay una celda de castigo de un poco más de un metro cuadrado cubierta, piso y paredes, de colchoneta podrida, donde el reo solo puede sentarse en el piso. La hediondez es tan grande que cuando usted pasa frente a esa celda el mal olor llega a la parte exterior; allí colocaban a los castigados, en ocasiones hasta dos. La celda no posee iluminación, es oscura 24 horas al día, y normal‑ mente los colocan con capucha y esposados con las manos atrás; comían del plato como perros. Algunos tenían la flexibilidad de pasar los brazos por debajo de las piernas hacia adelante y así podían burlar un poco esta barbarie. Yo, ante el temor de ser castigado, trataba de practicar en la celda el paso de los brazos hacia adelante y nunca lo logré. Rogaba a Dios no caer allí, moriría, creo que no lo resistiría, se lo confieso.

– ¿Qué pasa ahí en las noches?

– A las nueve de la noche apagan las luces de manera centralizada y la oscuridad, por ser un sótano, es absoluta. Usted abre y cierra los ojos y no hay diferencia. Así había que cuadrar muy bien la posición de la bolsa para necesidades, el pote para orinar, el papel, agua para beber, etcétera. En posiciones aprendidas, porque la luz  la volvían a colocar a la hora del desayuno. La cama era de concreto con una colchoneta encima. No hay sillas ni repisas ni nada adicional en la celda. Algunos compañeros, quienes de alguna manera tenían receta médica para ello, se mantenían allí a base de pastillas para dormir. Paradójicamente le puedo decir que le doy gracias a Dios por esa experiencia.

– Usted es un alto oficial, que hizo carrera durante décadas en la institución armada… ¿Qué fue lo que más le impactó de lo que vio en la DGCIM?

– Allí vi a jóvenes recién capturados de las protestas, normalmente los más importantes; los tenían semanas en el pasillo, manteniendo en su cabeza la capucha negra y esposados 24 ho‑ ras al día, excepto para comer o higiene. Y le digo que sentía una gran admiración por esos jóvenes que no cedían a todo este cruel trato y presión. Por alguna extraña razón el coronel (Franco Quintero) solo a mí me permitió a la mitad de mi estadía (tal vez una concesión ordenada por algún superior que me conocía) llevar tres libros y mi esposa me llevó mis libros preferidos: La Biblia, el Conde de Montecristo y Don Quijote.

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– ¿Puede describirme el área?

– El área es totalmente cerrada en el sótano con dos puertas para entrar al pasillo. Allí, un viejo aire acondicionado recoge el aire del baño y lo lleva a las celdas por ductos, en un eterno circuito cerrado sin tomas de aire del exterior. Puede imaginarse el efecto del aire viciado, com‑ binado con los malos olores y tener que respirar así en una celda cerrada, incomunicado y sin poder hablar con nadie día a día. En algunas oportunidades nos daban permiso para salir al pasillo y podíamos hablar y de repente volvíamos a la condición anterior. Estaba previsto, una vez a la semana, subirnos media hora a tomar sol, lo cual durante mis 45 días solo se hizo una vez. Las visitas son solo de dos personas que tienen que sentarse separadamente de las otras familias y no se puede hablar ni saludar entre familias.

– ¿Alguna razón para ello?

– No la dicen. Al terminar la visita éramos desnudados uno a uno en el baño, teniendo que flexionar las piernas en posición de cuclillas para verificar que no tenemos algo en el ano. Faltando unos 15 días para mi libertad que solo supe el día que salí cuando me mandaron a bañar, colocaron a un teniente en mi celda y para que usted tenga una idea, en oportunidades yo lo tenía que tranquilizar y decirle que respirara poco a poco por el efecto del aire viciado. El aislamiento para ellos es una forma adicional de tortura. – ¿Por qué? – Imagínese cómo será eso, que yo le decía a mi esposa que prefiero estar hacinado a solo, porque es terrible ver cómo pasan los días y usted sólo puede pensar o rezar.

– ¿Cómo fue su detención?

– Me detuvieron diciéndome en mi casa que era una entrevista. Y el trato no solo fue inhu‑ mano, sino que me metieron en una pequeña oficina de dos por dos con una silla rota, sin ventilación, cuatro lámparas potentes y pintada de marrón, paredes y techo. Ya allí comienza la tortura. Allí pasé desde las cinco de la tarde hasta la una de la mañana, sin comer, sin tomar agua y sin explicaciones. A la una de la madrugada, cuando llegó la orden de aprehensión, me pasaron a la celda, por supuesto sin agua y sin haber comido. Y aun así, puedo confesar que me considero afortunado.

– ¿Afortunado?

– Sí. Allí tenía dos meses un general, un palo de hombre, solo por ser amigo del general Baduel y siendo 10 años mayor que yo, bajo y de contextura delgada, había rebajado 20 kilos y no se le permitía de manera humanitaria que su familia le llevase algún suplemento. Esas personas me dieron la fuerza para resistir y en la soledad de la celda, rezar. No me imagino a alguien que no crea en Dios, sobrevivir en un sitio así. Para que algunos compañeros se distrajeran les escribía en papel fragmentos de la Biblia de los que levantan la moral y se los pasaba, cuando podía, por debajo de la puerta.

– Sé que no hay la mínima consideración para la atención médica. Quedó demostrado con el caso de Nelson Martínez, ministro y presidente de PDVSA

– No se pueden tener pastillas ni medicina en la celda. Si le duele la cabeza o ante cualquier otro problema, solo tendrá la medicina si se lo permite el custodio de guardia y se toman de sus pertenencias que son guardadas en otro lugar. Al cerrar las celdas en la noche no entra nadie hasta el otro día, no hay manera de ser atendido en caso de cualquier emergencia, incendio u otra cosa.

– ¿Cómo eran los custodios?

– La mayoría son formados en Cuba, de acuerdo a sus propios comentarios. Cuando abren la puerta para dar de comer, no la abren totalmente, solo lo suficiente para pasarle el contenedor de plástico con la comida, mientras un funcionario lo graba con una cámara como para dejar constancia que comió. Ahí se come con cubiertos plásticos que limpiamos con servilleta al terminar y los colocamos de nuevo en una bolsita con nuestro nombre. Cuando se les olvidaba los cubiertos, en vez de regresar los 20 metros donde se depositan, simplemente nos ponían a comer con las manos. Cuando cierran la puerta, que posee dos grandes bisagras, lo hacen con fuerza. Yo no entendía por qué y después entendí que, hasta esa insignificancia, formaba parte de toda esta tortura blanca.

– ¿Usted lo sentía así?

– Sí, es brutal el efecto psicológico de ver cerrar de nuevo la puerta hasta la próxima co‑ mida, o hasta el día siguiente con un fuerte golpe. No saber si es de día o de noche, no saber qué hora es, ya que no permiten relojes; escuchar solo el ruido del aire que a veces se apagaba y el sofocamiento aumentaba. No soy vengativo, pero de verdad le digo que estas personas han hecho mucho mal.

No más tortura – Editorial Revista SIC – Agosto 2019

downloadPara la Iglesia la vida es sagrada. La dignidad humana está por encima de cualquier poder. El Estado está llamado a garantizar los derechos humanos, no a violarlos. Hoy, en Venezuela, la tortura, los tratos crueles y degradantes por par‑ te de los cuerpos de seguridad no son un hecho aislado, obedecen a una política sistemática de Estado. La tortura está tipificada como crimen de lesa humanidad. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos regula su prohibición absoluta en el artículo 7, donde reza: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes…”. Los venezolanos, en nuestra Constitución contemplamos en el artículo 43 que:

“… el derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni au‑ toridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma. “

Nuestra realidad contrasta con estos principios. Se observa cómo, desde 2009, con la de‑ tención arbitraria de la doctora Afiuni –jueza sentenciada públicamente en cadena nacional por el finado y entonces presidente de la República Hugo Rafael Chávez Frías–, se viene aplicando la detención arbitraria y la tortura como recursos de amedrentamiento y control de los poderes, en este caso del Poder Judicial. La doctora Afiuni, actuando institucionalmente, apegada a la Constitución y siguiendo las recomendaciones de la ONU, había otorgado unas medidas cautelares a Eligio Cedeño, decisión que se convirtió en tragedia para la jueza debido a que el detenido en cuestión era de interés presidencial. En julio de 2015, después de varios años de prisión, la doctora Afiuni declara haber sido sometida a tortura y tratos crueles: “A mí me vaciaron el útero, porque lo tenía vuelto mierda. Pero no contentos con eso, se me destruyó la vejiga, la vagina y el ano. Yo estoy reconstruida”.

Este hecho ha generado lo que se conoce como el efecto Afiuni, que no es otra cosa que el control total, por la vía del miedo, del Ejecutivo hacia el Poder Judicial.

De igual modo, los testimonios registrados por las ONG de DDHH en las protestas de 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019 dan cuenta de que los tratos degradantes y la tortura no son eventos aislados, sino un modo de represión sistemático que ex‑ presa una política de Estado. Se trata de un listado extenso difícil de enumerar, lleno de rostros y biografías de personas –en su mayoría jóvenes– que han entregado su vida por Venezuela. En estos casos tales mecanismos de represión se han utilizado sistemáticamente con el fin de desmovilizar social y políticamente a la población.

Después de las parlamentarias de 2015, cuando las fuerzas democráticas ganan legítimamente el Parlamento, se inicia una confrontación entre los poderes cooptados por el Ejecutivo Nacional en contra de la Asamblea Nacional (an). Los ataques sistemáticos hacia los miembros de la an, la persecución, detención arbitraria de los diputados y la emblemática tortura de Juan Requesens como corolario de este proceso represivo, es un indicador claro de que se trata de una política de Estado. El 10 de agosto de 2018 fuimos sorprendidos por un video que circuló por las redes donde el diputado Juan Requesens, quien había sido detenido arbitrariamente, aparecía drogado y torturado dando declaraciones en contra de Julio Borges, para entonces presidente de la AN, hoy refugiado en Colombia. El hecho fue tan horrendo, que el poeta Armando Rojas Guardia lo describió así: “me estremece la percepción de que ya hemos ingresado al horror literalmente obsceno, al terreno minado de la pornografía política”.

También miembros del nivel municipal del Poder Público han sido violentados en el sagrado derecho a la vida por la vía de la tortura. El 8 de octubre de 2018, el mártir por la democracia, Fernando Albán, concejal del Distrito Metropolitano, fue lanzado por una ventana del edificio del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en Caracas, donde se encontraba detenido arbitrariamente y había sido cruelmente torturado por el régimen.

Su asesinato causó gran conmoción, dolor e impotencia en los sectores populares y las iglesias. Eran los dos ámbitos de Fernando Albán: acompañar a las organizaciones sociales de base para responder al desafío humanitario y convidar a las iglesias, de distintos credos, a una cruzada por la vida desde la no violencia activa. Lo hacía con pasión. Su modo de vivir y hacer política, que le otorgó una gran credibilidad y autoritas, se convirtió en una amenaza para el poder de facto. La supuesta “versión oficial” de los hechos, en boca del fiscal Tarek Williams Saab, responde a un suicidio: “Murió tras saltar desde la ventana de un décimo piso”, dijo entonces. No obstante, quienes conocimos a Fernando Albán sabemos que, por sus hondas raí‑ ces cristianas, católicas, de amor y defensa de la vida, la versión del régimen es una mentira que busca banalizar el crimen y disfrazar la verdad. Así lo señalaron también representantes de la Arquidiócesis de Caracas, el partido Primero Justicia, la ONG Foro Penal, entre otros.

El estrato militar tampoco ha estado inmune. Los miembros de las Fuerzas Armadas que se han desmarcado del régimen han sido tratados con ensañamiento e imputados de traición a la patria, instigación a la rebelión y contra el decoro militar. El reciente fallecimiento del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, detenido el 21 de junio y torturado hasta arrebatarle la vida el sábado 29 a la 1 de la madrugada, por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM), pone nuevamente en evidencia la tortura como política de Estado. Según la abogada Tamara Suju, el capitán “llegó a tribunales en silla de ruedas, presentando graves signos de torturas. No hablaba, solo pedía auxilio a su abogado. No entendía ni escuchaba bien… El juez ordenó su traslado a un centro de salud en el que falleció a la 1:00 a.m.”. En el contexto del asesinato del capitán de corbeta, Provea –ong de derechos humanos–, publicó un comunicado avasallante: “el pasado 29 de junio Provea dio a conocer que, de los 100 casos de tortura registrados durante 2018, 75 fueron cometidos por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)”1 , el mismo cuerpo de seguridad que tenía bajo custodia al capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. Fue, por lo tanto, el organismo que más torturó en 2018, y desde 2017 se vienen incrementado las denuncias contra dicho organismo policial, tanto por prácticas de tortura como por desaparición forzada de personas.

Este recorrido deja claro que la tortura es hoy, en Venezuela, una política sistemática de Estado, dirigida desde el Ejecutivo y utilizada con el fin de aterrorizar, amedrentar y doblegar al resto de los poderes públicos: Judicial (caso Afiuni), Legislativo (Juan Requesens), en el nivel Municipal (caso Albán), así como la desmovilización de la sociedad civil (coaccionando líderes de protestas) y, también, controlar por vía de la fuerza a sectores descontentos y disidentes de las Fuerzas Armadas (caso ilustrativo el de Rafael Acosta Arévalo). Mientras, el fiscal general y el defensor del pueblo hacen silencio cómplice, aun sabiendo que la tortura es un crimen de lesa humanidad y estos, por su naturaleza, no prescriben.

NOTA: 1 PROVEA. (29 de junio 2019): La DGCIM el organismo que más torturó en 2018. Recuperado de: https://www.derechos.org.ve/actualidad/dia-internacional-enapoyo-a-las-victimas-de-la-tortura-488-casos-de-tortura-registro-provea-entre2013-y-2018 A

El régimen de Maduro libera a una mujer de nacionalidad española presa en el centro de inteligencia por Ymarú Rojas – ABC – 2 de Octubre 2019

La señora y su esposo, militar retirado y de nacionalidad italiana, tenían permiso de excarcelación desde junio, pero hasta hoy no se concretó su liberación

María Auxiliadora Delgado Tabosky, de nacionalidad española, ha sido puesta en libertad la mañana de este miércoles junto con su esposo, Juan Carlos Marrufo Capozzi, militar retirado y de nacionalidad italiana. Ambos han permanecido durante seis meses en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Caracas.

Delgado, de 43 años, tenía permiso de excarcelación de la jueza Carol Padilla, un documento emitido el 7 de junio por el tribunal que sigue la causa, sin embargo, su liberación y la de su esposo no tuvo lugar hasta ayer, según confirmaron a ABC fuentes diplomáticas.

El 19 de marzo, el matrimonio fue detenidos cuando el grupo de inteligencia, ligado al régimen de Nicolás Maduro, irrumpió en su vivienda, ubicada en el estado Carabobo, en el norte del país, con armas largas, los rostros ocultos y sin ninguna orden de allanamiento.

La mujer y su esposo fueron acusados formalmente de «financiación al terrorismo y asociación para delinquir». Familiares de la pareja, en declaraciones el pasado mes de julio a la agencia EFE, aseguraron que no habían pruebas para incrimanarlos. Mientras estuvo presa, a Delgado se le negó la visita consular y el régimen venezolano no respondió al cuerpo diplomático que intentó atender su caso.

«Operación David»

Osman Delgado fue acusado por el Gobierno chavista de ser el autor intelectual de la «Operación David», una acción comandada en agosto de 2017 por el capitán Juan Caguaripano quien, junto con un grupo perteneciente a la Brigada 41 blindada del estado Carabobo, asaltó el Fuerte Paramacay, llevándose armas del cuartel militar.

El régimen comenzó entonces una persecución contra la familia Delgado Tabosky que provocó la huida de muchos de ellos al exterior, sin embargo, María Auxiliadora y Marrufo permanecieron en el país. La familia responsabilizó al cuerpo de seguridad de la vida de los detenidos, y aseguró que no había motivos para encarcelarlos, por lo que calificaron la acción de secuestro.

 

Estos son los militares venezolanos sancionados por Estados Unidos – El Nacional -19 de Julio 2019

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este viernes a cuatro militares del régimen de Nicolás Maduro, señalados de reprimir y torturar a los venezolanos.

Los oficiales son el coronel Hannover Esteban Guerrero Mijares, uno de los líderes de la Dgcim; el mayor Alexander Enrique Granko Arteaga, jefe de la Unidad de Asuntos Especiales del organismo militar; Rafael Antonio Franco Quintero, ex director de Investigaciones; y Rafael Blanco Marrero, director adjunto de la región central de la Dgcim.

La periodista especializada en la fuente militar, Sebastiaba Barráez, aseguró que Granko es un hombre de absoluta confianza del jefe de la Dgcim, Iván Hernández Dala, lo que ha permitido que el oficial imponga actos brutales de tortura contra los detenidos.

Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, había adelantado que el gobierno tomaría medidas en contra de estos cuatro militares. “Estamos con los ciudadanos venezolanos contra sus opresores en la lucha por la libertad”, señaló en su cuenta de Twitter.

Caso del capitán Acosta Arévalo no se cierra con su “inhumación controlada” por Orianny Granado – TalCual – 11 de Julio 2019

No solo será el abogado de Acosta quien lleve a cabo una investigación para dar con la verdad, la diputada de la Asamblea Nacional  Delsa Solórzano, aclaró luego del entierro, que las investigaciones sobre el caso no concluyen con lo que a su juicio fue un “sepelio hecho por sus propios asesinos”


El miércoles 10 de julio finalmente se llevó a cabo el entierro del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, en un proceso controlado en su totalidad por el Estado incumpliendo incluso los deseos de la familia y prohibiendo cualquier acto velatorio.

12 días después de conocer la muerte de Arévalo a manos de funcionarios de la Dirección Nacional de Contrainteligencia Militar (Dgcim), el Gobierno se dispuso a entregar el cuerpo sin aclarar los detalles de lo ocurrido.

El abogado de la víctima Alonso Media Roa, aseguró la “inhumación controlada” a la que fue sometido el cuerpo del Capitán, no solo es una violación a los derechos, sino un acto que podría interpretarse como “un acción de cobardía e irrespeto a la familia y a la sociedad en general”.

Alonso Medina Roa@medinaroaalonso

. La inhumación controlada, podría interpretarse como una acción de cobardía e irrespeto a la familia del Capitán Rafael Acosta Arevalo, y a la sociedad en general.

Pero más allá de cómo se produjo la sepultura de quien fuese durante sus últimos días un preso político de la administración de Nicolás Maduro, su familia y abogado claman por conocer qué ocurrió realmente con Arévalo, hechos que lo llevaron a la muerte.

Por lo que Roa ha anunciado que dará inicio a un proceso de investigación con el que se busca esclarecer lo que ocurrió en los calabozos del Dgcim en Boleíta.

Durante una entrevista para Globovisión, aseguró que hay mucho por aclarar en este caso para realmente hacer justicia, por lo que solicitarán a los organismos correspondientes llevar a cabo una serie de diligencias para que se investigue y se clarifique lo ocurrido.

“Cómo llegó el Capitán al hospital, cómo llega a los tribunales, qué pasó desde su detención del día 21 de julio hasta el 28, quién lo custodiaba, todo eso evidentemente desde el punto de vista jurídico lo vamos a solicitar”, dijo al hacer referencia a muchas de las preguntas que quedan sin responder en el caso del capitán.

Pero Roa y los familiares de Arevalo están conscientes de que el gobierno de Maduro no facilitará el proceso para esclarecer este hecho, “ya se dibuja de forma clara cuales son las intenciones de cómo va a ser el proceso… no hay intenciones de hacer justicia en el caso del capitán”.

Sin embargo, reiteró que desde su tribuna su rol será “insistir, ejercer todos los recursos y actuar de forma contundente a los fines de que se descubra la verdad”.

No solo será Medina Roa quien lleve a cabo una investigación para dar con la verdad, la diputada de la Asamblea Nacional y defensora de los derechos humanos Delsa Solórzano, aclaró luego del entierro de Acosta Arévalo, que las investigaciones sobre el caso no concluyen con lo que a su juicio fue un “sepelio hecho por sus propios asesinos”.

Delsa Solorzano

@delsasolorzano

Investigación del caso del Cap Acosta Arévalo no concluye con el terrible abuso cometido ayer con la “inhumación controlada”, o como yo lo llamo “el sepelio hecho por sus propios asesinos”. Al igual q todos las demás, vamos a instancias internacionales. Pronto habrá justicia

Reiterando que el caso será llevado a la comunidad internacional, al igual que otros casos en los que se presume fueron ajusticiamientos. A través de sus redes sociales hizo un llamado a la ciudadanía a no “acostumbrarnos al horror. No podemos “normalizar” la violación de DDHH”.

Solórzano dijo que casos como el de Arévalo deben encender las alarmar y empujar a los ciudadanos a levantar la voz.

“Oscar Pérez y los héroes caídos en El Junquito, Fernando Albán y todos lo demás casos, jamás deben ser olvidados” detalló la diputada.

Delsa Solorzano

@delsasolorzano

No podemos acostumbrarnos al horror. No podemos “normalizar” la violación de DDHH. Casos como el del Cap. Acosta Arévalo deben alarmarnos y obligarnos a levantar la voz. Oscar Pérez y los héroes caídos de El Junquito, Fdo Albán y TODOS los demás casos, jamás deben ser olvidados

Los presuntos responsables

El 30 de junio el fiscal designado por la impuesta Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, anunció la detención de dos funcionarios de la Dgcim, señalados como los presuntos autores de la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.

Para el lunes 1 de julio, se conoció que un teniente y un sargento segundo de la Guardia Nacional y adscritos a la Dgcim fueron acusados por un solo delito: homicidio preterintencional concausal.

Este delito hace que el Gobierno eluda los cargos sobre violaciones a los derechos humanos que recaen sobre toda la cadena de mando del cuerpo de seguridad.

Recordemos que Arévalo estuvo desaparecido durante siete días sin ser presentado a Tribunales. Familiares y su abogado detallaron que finalmente el 28 de junio llegó a un tribunal militar, llegó en silla de rueda, sin poder hablar y presentaba evidentes signos de tortura, al día siguiente habría muerto a consecuencia de las graves heridas causadas.

El acta post mortem del capitán de 50 años revela que el hombre tenía al menos 38 lesiones en su cuerpo, de las cuales 30 fueron por la parte frontal y ocho en la parte posterior.

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