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Leonardo Vera: “Ni el estallido político ni el estallido social generaron el cambio” por Hugo Prieto – ProDaVinci – 29 de Diciembre 2019

Leonardo Vera: “Ni el estallido político ni el estallido social generaron el cambio”

Ayer: control de cambio y control de precios. Hoy: liberalización de todos los controles. Ayer: la Apertura Petrolera era el mascarón de proa de la privatización. Hoy: el negocio petrolero es un asunto de la geopolítica, Rusia —a través de la empresa Rosneft— coloca el crudo venezolano en los mercados internacionales y actúa como un trading para evadir las sanciones del Imperio. Ayer: la pobreza de ingresos era del 46%. Hoy es del 94%. Ayer: el neoliberalismo redujo la acción del Estado a su mínima expresión. Hoy: —después de las expropiaciones y estatizaciones de las más variadas empresas— la caída del producto interno bruto acumulado desde 2013 es del 62%. Ayer: la banca ganaba muchísimo dinero. Hoy: el crédito desapareció hasta nuevo aviso. Pareciera que quienes manejan la economía venezolana tienen en mente la consigna de Eudomar Santos —aquel personaje de Por estas calles—: «como vaya viniendo, vamos viendo». Y así le dan la vuelta a la tortilla a diestra y siniestra.

Le propongo a Leonardo Vera, profesor titular de la Facultad de Economía de la Universidad Central de Venezuela, Individuo de Número de la Academia de Ciencias Económicas de Venezuela y profesor invitado de FLACSO, que tenga en cuenta la hermenéutica de Eudomar Santos en cada una de sus respuestas. Vera no se muestra entusiasmado. Su silencio, o más bien su mirada, es una contrapropuesta. Por ahí no vamos a ninguna parte. Para quienes piensan que las alarmas que disparó la crisis económica no tuvieron consecuencias, Vera advierte que las protestas de 2014, 2017 y el episodio de la base aérea de La Carlota son las réplicas de la crisis en la política, mientras que el éxodo imparable de venezolanos que recorren hambrientos América Latina es el estallido social de la crisis. Todo esto ha pasado en nuestras propias narices, pero no hemos querido hacer la conexión porque el fantasma del Caracazo sigue muy activo en el inconsciente social.

La economía venezolana ya es más pequeña que la de República Dominicana. Algo que no deja de ser sorprendente. ¿A qué atribuye este resultado? ¿Al crecimiento que han experimentado algunos países centroamericanos o a la debacle que se ha producido en Venezuela?

Al retroceso que hemos vivido nosotros, cuyo inicio podemos ubicar en el año 2013, año en que Nicolás Maduro llega al poder. Para ese año, Venezuela se encontraba sobre endeudada —entre 2011 y 2017, el país destinó un porcentaje muy alto de sus exportaciones para honrar el servicio de la deuda externa, compuesta por los tenedores de bonos (los mercados internacionales), China, empresas que le prestaron a PDVSA y los Gobiernos de varios países, entre otros, Brasil y Rusia—, esa es la herencia que recibe Maduro. ¿Cuál sería el impacto más severo del endeudamiento? El recorte dramático de las importaciones, que se tradujo en un cuadro generalizado de escasez. Las empresas no pueden importar insumos y bienes de capital y el aparato productivo comienza a derrumbarse. La caída acumulada del PIB, desde 2013, se debe a que las empresas producen cada vez menos y a que cada vez hay menos unidades productivas. Maduro se encontró en un dilema: dejo de pagar deuda o recorto importaciones. Decidió lo segundo y, para 2017, recuerdo, Maduro decía que había pagado más de 70.000 millones de dólares, pero ustedes (los mercados) castigan a Venezuela aunque hemos cumplido todos los compromisos. ¿Quiénes pagaron esa deuda? La población venezolana, las empresas, la producción. El recorte de las importaciones nos fue llevando a esta catástrofe productiva.

Allí hay una primera fuente de la crisis, el proceso de endeudamiento y la forma en que se manejó la deuda. 

Añado el declive del ingreso petrolero, el precio del barril que hoy ronda los 60 dólares. Nunca fue un precio malo para Venezuela, ¿verdad? De hecho, tuvimos varias mini bonanzas a ese precio. El otro argumento que se esgrime son las sanciones. Las primeras fueron contra personas, que no afectan el ritmo de la economía. Después vinieron las sanciones financieras que impedían la emisión de deuda, pero hay que decir que los mercados ya no le estaban prestando a Venezuela. Las sanciones comerciales afectan, porque impiden o limitan las exportaciones de petróleo, pero van a cumplir un año, mientras la crisis de Venezuela ya dura seis años.

Aquí es donde comienzan las grandes paradojas de las variables macroeconómicas. ¿Cómo es que vivimos, por ejemplo, una hiperinflación si no hay demanda, si los venezolanos devengan un salario mensual de seis dólares y la producción ha caído dramáticamente?

Hasta 2017, en Venezuela había demanda, pero no había oferta, entre otras cosas, porque las empresas no producían y no había divisas para las importaciones. Tanto la inflación como el tipo de cambio se dispararon en ese ambiente. Ya tenías el caldo de cultivo para la hiperinflación, que destruyó el consumo. Pero la situación se ha invertido. ¿Qué pasa actualmente? Hay importaciones porque se desmontó el control de cambio, gente que está importando con sus propios recursos, porque ni siquiera hay un mercado oficial. La oferta doméstica sigue siendo muy restringida y la demanda responde a un pequeño nicho de la población que ha podido protegerse, pero, en general, el consumo ha caído dramáticamente. Podemos dividir la crisis en dos etapas. La primera, donde no había oferta, ni importada ni nacional, por el control de cambio y la escasez de divisas; y la segunda donde hay cierta oferta porque no hay control de cambio, pero no hay consumo, porque la hiperinflación destruyó el poder de compra de los venezolanos.

Usted dice que la situación se invirtió. Vamos a utilizar una imagen más coloquial. Se le dio vuelta a la tortilla. Eso no ocurre por arte de gracia. Eso lo hizo alguien, ¿no? Es decir, alguien tomó la sartén por el mango y le dio la vuelta. ¿No hubo allí una decisión de política económica?

Sí, tal vez tenga que ver con la introducción que hiciste. El Gobierno es reactivo, no tiene una propuesta contra la crisis. Simplemente reacciona. La crisis se agudiza con las sanciones y ¿cuál ha sido la respuesta del señor Maduro? Liberar el control de precios y decirles a los privados -y a la población en general-: Busquen ustedes las divisas, yo no tengo. Son libres de hacerlo. En ese sentido hay una especie de flexibilidad tanto en el régimen cambiario como en la formación de los precios y esos son dos cambios muy importantes. Hay más oferta, pero no es porque la agricultura esté floreciendo o porque el empresario industrial esté produciendo más que nunca. No. Está trabajando al 20% de su capacidad instalada (según la encuesta de Conindustria). Es que, sencillamente, el empresario venezolano se ha reciclado y hoy, más que nunca, se ha convertido en un importador. No sabemos si esas importaciones de bienes de consumo están pagando aranceles o IVA, lo cierto es que no hay crisis de papel higiénico o champú; hay oferta, pero no hay demanda.

Demos por hecho que la actitud del Gobierno fue: “Busquen los dólares, yo no tengo, la renta petrolera no alcanza”. Pero de alguna parte tienen que salir esos dólares, ¿no? Y esa es la pregunta que mucha gente se hace. ¿De los venezolanos que ahorraron en dólares desde el colapso del bolívar en 1983? ¿De los tenedores de bonos a quienes les pagaron puntualmente hasta 2017? ¿De las empresas que pagan bonificaciones en dólares? ¿De esa tabla de salvación que son las remesas? Por una u otra vía, nadie sabe cuántos dólares entran al país. 

Quizás no podamos precisar el monto de esos flujos, pero sí podemos aproximarnos a una idea de lo que está pasando. ¿De dónde sacan los dólares los empresarios? Durante años, ellos hicieron inventarios de dólares. ¿Qué garantías ha dado el Gobierno? Trae tus dólares, no vas a tener problemas, vas a poder retomar esos dólares para poder importar. No me voy a meter en tu negocio. Esa es la impresión que tiene el empresario local alrededor del manejo de la política que hace el Gobierno con las divisas. Obviamente, es muy distinta a la que tuvimos antes. A un sector de consumidores también le están llegando las divisas. El técnico que arregla la nevera, el mecánico, el plomero cobran en dólares. La dolarización de facto genera una circulación de divisas hacia sectores de la población que, en otras circunstancias, no tenía acceso a los dólares.

La banca era la encargada de hacer esa circulación: captaba el ahorro de los particulares y se los prestaba a los empresarios. Pero la banca no opera con dólares. Aquí lo que está funcionando es un mecanismo informal. ¿Quién hace las transacciones financieras en Venezuela?

La banca está perdiendo cada día más, por eso se está achicando hasta el punto en que el crédito dejó de ser un negocio. Ni las tarjetas de crédito le sirven al ciudadano común, porque los límites no alcanzan sino para comprar dos o tres cosas. Y para las empresas, las líneas de crédito también son insuficientes. En este momento, la economía está operando sin mercado de crédito y eso es gravísimo. A mí no me preocupa tanto la banca, que sin duda la está pasando mal, sino por el papel que debe cumplir el financiamiento en el consumo, en las inversiones, en el capital de trabajo de las empresas. Es decir, en el movimiento de la economía. Mencionaste el tema de las remesas. En Venezuela no hay un sistema de remesas, no lo hay. Aquí no está Wells Fargo o Western Union, no hay oficinas donde tú puedas retirar 100 dólares que te envió un familiar. ¿Qué hace el familiar que vive en el exterior? Le vende los dólares a un venezolano que tiene cuenta en el exterior y esa persona te hace un depósito en bolívares a tu cuenta.

Lo he visto en Santiago, en Bogotá, en locales donde sacan fotocopias y alquilan minutos de Internet, donde cuelgan un aviso que pone: transacciones a Venezuela. El dependiente de ese local hace la conexión entre la persona que quiere enviar los 100 dólares y la persona que hace el depósito en Venezuela. No es un Western Union o Wells Fargo, pero se parece bastante.  

Pero quien recibe aquí no retira dólares sino bolívares y eso marca una gran diferencia. Eso no es remesa. No es por ahí por donde estarían entrando los dólares, sino por dos vías. Una, el contrabando. Dos, el flujo, cada vez más grande, que opera desde Cúcuta, porque ahí sí puedes ir a una oficina de Wells Fargo o Western Union y con tu pasaporte en la mano decir: Hace cinco minutos un familiar que vive en Santiago o en Quito me depositó 100 dólares y vengo a retirarlos. Ahí te entregan el billete de 100 dólares en la mano. Ese es un flujo que opera todos los días. ¿Cuántas personas cruzan a diario la frontera? ¿20.000? ¿25.000? No lo sé, pero ese mecanismo funciona y por ahí están entrando los billetes verdes.

Pudiera ser que el dependiente del local que opera en Bogotá o Santiago tome los dólares de la persona que quiere enviarle dinero a su familia, lo deposite en una cuenta en dólares del extranjero, una cuenta cuyo titular puede ser un comerciante o un empresario, a quien le sobran los bolívares, pero que necesita los dólares para hacer sus importaciones. A su vez, ese empresario, ese comerciante, deposita los bolívares correspondientes en la cuenta de un banco local señalada por la persona que le quiere enviar dinero a su familia. Y como el Gobierno decidió mirar a otro lado, no pasa nada. ¿Esa vuelta puede funcionar?

Admito que esa vuelta secundaria puede funcionar. Pero estrictamente hablando, no tenemos en Venezuela un mecanismo de remesas. Hubiera sido un mecanismo excelente, un mecanismo de alivio, para poblaciones empobrecidas por una catástrofe económica como la venezolana. Ese mecanismo lo hemos visto trabajando en Centroamérica y en África. Es decir, que se permita las remesas para que las familias puedan obtener divisas.

El mecanismo de las remesas funcionó en Cuba, al menos, hasta el Gobierno de Obama. ¿Por qué no se aplicó en Venezuela? A fin de cuentas, como lo dijo Raúl Castro, “cada vez más somos la misma cosa”. 

Recuerda que esto de liberar la economía es una cosa a la que ellos llegan forzados por las sanciones. ¿Sabes lo que debió costarle a Maduro decir que él no veía mal que el dólar esté circulando en Venezuela? Eso, en primer lugar. Lo otro es que aquí no va a venir ninguna compañía internacional tipo Wells Fargo o Western Union a poner un sistema de remesas si tenemos sanciones. No se arriesgan a hacer eso. Entonces, tenemos un ambiente muy malo para hacer negocios de flujos financieros. Habría que esperar a que se levanten las sanciones, sobre todo las de índole financiera, que son las que nos están perjudicando en ese sentido.

El mecanismo informal de funcionamiento —compro dólares y pongo los bolívares correspondientes al tipo de cambio del día en Venezuela— podría funcionar hasta nuevo aviso. ¿Pero hasta qué punto puede funcionar la economía así?

La verdad es que la crisis venezolana estalló hace tiempo. Si una crisis económica no se atiende a tiempo deriva en una crisis social y política. Sobre todo si tiene las secuelas sociales como las ha tenido en Venezuela.

Como no ha habido estallido social ¿podría haber estallido político?

Ya hubo un estallido político. En 2014, y el Gobierno respondió. En 2017 y 2019, y el Gobierno respondió. Por eso hay más de 400 presos políticos, más de 1.000 muertos y toda esa gente perseguida. A la población venezolana, a la más afectada, no le quedó más remedio que salir del país. Esos 4,5 millones de migrantes que podrían llegar a 6 millones si lo que dice ACNUR es verdad, para finales de 2020, es gente que está saliendo desesperada frente a una situación donde la respuesta política no funcionó. El estallido político no generó el cambio y el estallido social tampoco.

Sí la migración venezolana supera a la de Siria, que ya es mucho decir, el estallido social ya ocurrió. Así que mi pregunta era más que obvia. Pero esto no quiere decir que aquí se hizo borrón y cuenta nueva.

O que esto está tallado en piedra.

Lejos de superarse, la crisis sigue. ¿Aquí no va a haber un punto de inflexión?

Sí, es cierto. La crisis se sigue incubando. Esto de los bodegones y de la dolarización es un espejismo. La mayor parte de la población venezolana la está pasando mal, muy mal. Hay malestar y mientras haya malestar siempre habrá inestabilidad, porque hay una fuerza, digamos, la desesperanza que intenta minar el ánimo colectivo que anhela un cambio. La crisis venezolana demuestra que ese ánimo cambia de la noche a la mañana y quien se ve muy desesperanzado hoy mañana es capaz de hacer cualquier cosa, ¿no? Al extraterrestre Guaidó, por ejemplo, yo no me lo esperaba. Lo que ocurre es que analizamos el presente, nos concentramos en la coyuntura, pero nos cuesta mirar más allá.

Todo espejismo se desvanece y la gente regresa a la realidad, a una crisis sigue fuera de control. ¿Qué podríamos ver más adelante?

Venezuela es una sociedad que se está fragmentando y de eso no hemos hablado. Tenemos dos tipos de clase media. Un médico, por ejemplo, cobra su consulta en dólares, y con 2000 dólares, puede vivir en una ciudad como Caracas. Pero otro sector de la clase media se está empobreciendo. Y esa misma fragmentación también se está produciendo entre los pobres. Un albañil cobra en dólares, pero un empleado del sector servicio se está empobreciendo. Es una situación compleja desde el punto de vista sociológico. En medio de esa fragmentación es muy difícil hablar de promedios. Aquí hay una economía en dólares y nadie sabe si esa economía está creciendo. Pudiera ser, ¿pero quién mide ese crecimiento? ¿Cuál es su cuantía? Nadie lo sabe. También hay una economía en bolívares, mucho más grande, que se va a seguir deteriorando, que va a seguir cayendo.

Los empréstitos de la Gran Colombia por Carlos Hernández Delfino – ProDaVinci – 17 de Diciembre 2019

Hacia 1817, cuando se hacían más patentes las penurias del movimiento emancipador en Venezuela, el ambiente político, comercial y financiero en Inglaterra era propicio para armar expediciones de voluntarios y adquirir material bélico. Varios contratos de suministro fueron suscritos y desde Inglaterra se despacharon a Angostura fuerzas militares y pertrechos que contribuyeron de manera determinante a consolidar el triunfo de la causa independentista, pero a la vez representaron obligaciones imposibles de cumplir por la precariedad fiscal de aquellos tiempos. Nuevas operaciones de crédito fueron entonces contratadas para cumplir con los pagos de las primeras, hasta que Londres, ya para entonces el centro financiero de Europa, se desarrolló a comienzos de los años 1820, una notable expansión del crédito y de apetencias por operaciones crediticias de alto riesgo. Tal fue el calor de la fiebre especulativa, que una nación inexistente, el Reino de Poyais, resultado de una ficción creada por la inflamada imaginación del general Gregor Mac Gregor en la costa Atlántica de Honduras, recibió un empréstito de 200.000 libras esterlinas en 1822, para financiar la colonización de su Reino. Sobre este episodio ofreceremos algunas notas en próxima oportunidad. Varios gobiernos republicanos en Hispanoamérica (Chile, México, Argentina, Perú) contrataron empréstitos en Londres, entre ellos el de Colombia y ese frenesí especulativo derivaría finalmente en la crisis financiera de 1825. Los dos grandes empréstitos de la Gran Colombia fueron el origen de muchas calamidades, no sólo económicas y fiscales sino también políticas, y marcaron el inicio del largo y espinoso camino del endeudamiento público venezolano hasta los albores del siglo XX.

1. Los primeros tiempos y las primeras deudas. En la mañana del 17 de julio de 1817 dejó de hondear en Guayana la bandera de Castilla. Con la liberación de esta importante posición militar se alcanzó un firme avance en la unificación del mando de los ejércitos patriotas bajo la autoridad del Libertador. Pero era además necesario crear y consolidar las instituciones políticas y a partir de allí organizar la administración pública y afianzar la suprema jefatura que el Libertador ejercía desde 1816. Así pues, entre octubre y noviembre designó a los miembros del Consejo de Estado y creó el Consejo de Gobierno; instituyó el Poder Judicial, y se alcanzaron importantes progresos en el orden político y administrativo, con lo cual podían ya gestionarse acuerdos políticos y comerciales con otras naciones y procurarse auxilios para continuar la lucha contra España.

Luis López Méndez, un venezolano comprometido con la causa de la Independencia desde sus inicios, se encontraba para aquel momento en Londres, adonde había llegado en 1810 con Andrés Bello y Simón Bolívar en representación de la Junta Suprema de Caracas. En cuenta de su experiencia y madurez, el Libertador lo designó, en enero de 1817, como agente y comisionado especial de la República en Londres. En esa capacidad López Méndez comenzó a celebrar contratos para organizar expediciones de oficiales y tropas, adquirir buques, armas, municiones, vestuarios y otros materiales, aunque no siempre de la mejor calidad y, en algunos casos, altamente costosos.

El inicio de esa misión coincidió con un ambiente favorable en Inglaterra para realizar contrataciones de ese tipo. Al concluir las guerras napoleónicas, comandantes y soldados quedaron ociosos y sometidos sólo a media paga; y la alta capacidad instalada para producir y distribuir manufacturas, en especial armamento, estaba subutilizada y necesitaba de nuevos mercados para subsistir. Por otro lado, los comerciantes y financistas británicos apreciaban en las nuevas repúblicas una oportunidad para lograr importantes beneficios en correspondencia directa con los riesgos que éstas representaban y prevalecía en los espacios ilustrados londinenses una inclinación favorable a la independencia de las provincias españolas de América. Finalmente, el gobierno británico mantenía en esos tiempos una postura tolerante, mas no comprometida, hacia los movimientos independentistas americanos y aún después que impusiera restricciones a los alistamientos, continuaron organizándose expediciones hasta que en septiembre de 1820 el Libertador dispuso la prohibición de alistar tropas y oficiales extranjeros. Buques, mercancías y armamento fueron enviados a Guayana bajo la promesa de pago futuro. Cerca de 6.800 combatientes británicos y de otras naciones europeas llegaron a nuestras tierras en esos años.

En general, las contrataciones de López Méndez contemplaban pagos iniciales de contado y la aceptación de obligaciones por el remanente de su costo. Ningún pago pudo efectuarse al ser recibidos los despachos en Venezuela debido a los apremios fiscales de entonces y, en consecuencia, la totalidad de las obligaciones asumidas hubo de ser documentada por López Méndez con certificados de deuda pública. De esa manera esperaba moderar la molestia de los acreedores, pero esos certificados tampoco pudieron ser pagados, pues López Méndez no pudo contratar ningún empréstito con las casas financieras londinenses y fue a dar a las cárceles londinenses al menos una docena de veces. Se encontraba privado de lo esencial y endeudado para poder sobrevivir, cuando nuevos comisionados nombrados por el gobierno de Angostura llegaron a Londres en 1819.

Estos eran el venezolano Fernando de Peñalver y el granadino José María Vergara, quienes fueron instruidos y autorizados para gestionar el apoyo del gobierno británico, ordenar las obligaciones asumidas por López Méndez, gestionar un empréstito de tres millones de pesos, y adquirir armas y otros artículos de guerra. Pocos días después de la llegada a Londres de los nuevos comisionados, López Méndez fue apresado de nuevo.

Las gestiones de Peñalver en Inglaterra se iniciaron en septiembre de aquel año y se agotaron en el esfuerzo de ordenar las deudas contraídas. Con sus gestiones pudo dar pasos esenciales para lograr la libertad de López Méndez, después de lo cual se embarcó de regreso a Angostura sin haber alcanzado otros logros, pues el crédito de la República se encontraba en un estado deplorable. La actitud de los acreedores se tornó hostil por los reiterados incumplimientos de pago y ya no habría margen para negociar en Inglaterra nuevos auxilios.

A fines de 1819 ya la Nueva Granada era libre del dominio español y se había constituido la República de Colombia, con Bolívar como Presidente y Francisco Antonio Zea como Vicepresidente. Tal era –y fue siempre– la preocupación del Libertador con los problemas del endeudamiento, que resolvió encargar al vicepresidente Zea la misión de establecer relaciones políticas y comerciales con Inglaterra, arreglar las deudas existentes y negociar un empréstito de hasta cinco millones de libras esterlinas bajo las condiciones que Zea considerara convenientes y con la garantía de las rentas y propiedades del Estado colombiano.

2. La misión de Zea en Londres y el empréstito de 1822. Al llegar Zea a Londres, en junio de 1820, comenzó sus negociaciones con los acreedores y en agosto de 1820 suscribió un acuerdo en el que reconoció las deudas que aquellos le presentaron. De inmediato emitió pagarés por el monto de capital reconocido, el cual se acercaba a £548.000 (es decir, 2.740.000 pesos fuertes, casi la mitad de las rentas ordinarias estimadas para el año fiscal 1824-25). Zea validó las cantidades reclamadas por los acreedores sin la conformación previa de la legalidad de los documentos. Fue diligente y generoso con los prestamistas ingleses pues para él la cuestión principal era mostrar su gratitud y facilitar sus gestiones en Londres. Zea era un hombre cándido, un intelectual con importantes relaciones en Europa, pero con escasas competencias para cuestiones financieras y diplomáticas.

Zea se ocupó con poca fortuna de los asuntos diplomáticos y en 1821 decidió acompañar a José Rafael Revenga y a José Tiburcio Echeverría, en la misión que el Libertador les había encomendado ante la corona española para lograr el reconocimiento de Colombia. Para cubrir los costos de ese viaje Zea contrató un empréstito por £66.666 que sólo produjo £20.000. El dispendioso viaje, para el cual fue ordenada la fabricación de un lujoso carruaje, fue inútil y al conocerse en Madrid el desenlace de la batalla de Carabobo, los comisionados fueron expulsados de España.

Para cumplir con los pagos de los pagarés, Zea contrató, en febrero de 1822, un empréstito por £140.000, como un alivio temporal mientras concretaba una operación mucho mayor, pues la situación fiscal de Colombia era en extremo crítica. La gestión de Zea fue reprobada por el Libertador, quien ordenó la revocatoria de sus poderes, de lo cual, en apariencia, Zea no se enteró y continuó actuando en la misma forma que lo caracterizaba, pero convencido de que su proceder respondía a los más altos intereses de Colombia.

Un mes más tarde Zea contrató un empréstito por £2.000.000 con la casa londinense Herring, Graham & Powles, con 20 por ciento de descuento, lo que significa que mientras la República asumía una deuda por la cantidad indicada sólo recibiría £1.600.000, a lo que había que deducir varias cantidades de tal forma que el remanente final que le quedo a Colombia fue de £600.000. La tasa de interés fue fijada en 6 por ciento, el plazo de pago en veinte años y los acreedores recibieron en garantía los ingresos aduaneros de Colombia. Las condiciones de este empréstito eran onerosas, pero se acercaban a las que imponía la realidad de los mercados financieros en Londres, donde existía, en aquel momento, un ciclo de euforia financiera. Colombia no pudo pagar ni siquiera la primera cuota de intereses del empréstito de 1822.

Los sinsabores que acompañaron a Zea y sus quebrantos de salud, lo llevaron a la ciudad inglesa de Bath para recuperarse, pero allí murió, a los 56 años de edad, sin dejar un archivo con los documentos de sus gestiones.

Echeverría había viajado a Londres con la intención de influir en las negociaciones del empréstito, pero no pudo hacerlo por la premura y reserva con las que Zea manejo todo el asunto. Tiempo después Echeverría murió en Francia, con lo cual se perdió la única memoria de la negociación.

En junio de 1822 José Rafael Revenga fue designado ministro plenipotenciario ante el gobierno británico y llegó a Londres a comienzos del año siguiente. Revenga debía ocuparse de diversos encargos políticos, diplomáticos y comerciales, examinar las operaciones de López Méndez y Zea, y asumir la negociación de nuevos empréstitos. Pero existía en Londres un clima de alarma por el reiterado incumplimiento de Colombia y la decisión del Congreso de desconocer las transacciones celebradas por Zea. La compleja misión de Revenga tropezaba, pues, con obstáculos de muy difícil superación a lo que debe añadirse la rigurosidad con la cual el comisionado abordaba su relación con las contrapartes londinenses. Pocos días tenía en Londres, sometido a la insistente reclamación de los acreedores, cuando fue a dar a la cárcel, acusado como deudor moroso por un inglés con el que López Méndez había contratado armas y vestuarios. Y esta fue sólo una de las muchas contrariedades y tropiezos que habría se sufrir Revenga en Londres. Su tenacidad y competencia no cristalizaron en el logro de los objetivos de su misión, pero logro avanzar en las gestiones para el reconocimiento de la Independencia de Colombia por parte de Inglaterra, lo que en efecto se concretó en 1825.

3. El empréstito de 1824

En su mensaje al Congreso de 1823, Santander informaba sobre la absoluta precariedad de la hacienda nacional que impedía cumplir con las necesidades más básicas del Estado; los préstamos internos, otorgados por la influyente clase mercantil, habían alcanzado ya niveles exacerbados sin pago alguno de capital o intereses por parte del Gobierno. En esas condiciones, el estamento político se resolvió por un nuevo empréstito extranjero que fue autorizado por el Congreso en julio de 1823.

Para negociar el empréstito, fueron designados Manuel Antonio Arrubla y Francisco Montoya, importantes hombres de negocios antioqueños, quienes venían financiando regularmente al Gobierno con préstamos de corto plazo. Estos agentes actuarían bajo la dirección de Manuel José Hurtado, Senador y hombre de negocios de Bogotá, quien sustituyó a Revenga como comisionado de Colombia en Londres. Hurtado había resuelto, al menos temporalmente, las complicaciones del empréstito de 1822 y, además, los mercados financieros londinenses presentaban aún condiciones favorables para un nuevo préstamo que permitiera atender las urgencias fiscales.

En esas circunstancias, Arrubla y Montoya contrataron en abril de 1824 un nuevo empréstito con la casa B. A. Goldschmidt & Co. por £4.750.000 (23.750.000 pesos), con un descuento de 15 por ciento, a una tasa de interés de 6 por ciento pagaderos con anticipación a la entrega total de los fondos; a un plazo de 30 años y con la garantía de las rentas públicas de Colombia. Hurtado, Arrubla y Montoya recibieron una comisión sobre el monto nominal del empréstito como remuneración por sus servicios. El saldo que le quedó a Colombia, después de hechas las deducciones contempladas en el contrato, fue solamente de ₤2.941.000.

Hurtado, Arrubla y Montoya fueron acremente censurados y los ataques al Gobierno, inflamados por las pasiones políticas, aludían a los beneficios percibidos por los agentes del empréstito, a sus costos financieros, al desorden e ineficiencia y, sobre todo, al empleo dispendioso de los fondos, pues no se alcanzaron los objetivos de fomento a la economía, a la agricultura y el apoyo a la campaña del Sur. Pero además, las condiciones de la hacienda pública no permitían cumplir con las obligaciones asumidas en los empréstitos de 1822 y 1824, puesto que el servicio anual de intereses representaba más de un tercio de los ingresos públicos en esos tiempos. Algunos políticos y empresarios recibieron préstamos personales contra los fondos que produjo el empréstito. Se decía que hubo preferencias y fraudes a favor de una extensa lista de acreedores de la República. Se alegaba que hubo sobreprecios en las mercancías y servicios entregados al Estado y pagados con los fondos del empréstito.

El empréstito inglés –como en general se le conoce– fue además el origen de serias perturbaciones políticas y la referencia usual de los críticos de la gestión de Santander, quien vio mermado su capital político por los escándalos, aunque jamás fue probado que él se beneficiara de esa operación, ni que hubiese tenido ingerencia directa en las negociaciones, no obstante su cercana amistad con Hurtado, Arrubla y Montoya. La tirante relación entre Bolívar y Santander se agravó a raíz del empréstito, pues el Libertador no disimulaba su disgusto por el estado deplorable de la administración pública, la pobreza generalizada de los departamentos colombianos a cuyo alivio no contribuyó el costoso empréstito y la desastrosa quiebra de la casa Goldschmidt en 1826. Cuando se produce este desenlace, consecuencia de la desaforada actividad especulativa de ésta y otras firmas londinenses, Goldschmidt todavía tenía en su poder £402.098 del empréstito, pues Hurtado mantuvo los fondos depositados allí, quizás para aprovechar el rédito de intereses. Como resultado de las investigaciones del Congreso y del Gobierno los negociadores fueron liberados de responsabilidad en 1826. Revenga tuvo un rol de importancia en este asunto pues denunció lo que en su opinión constituían anomalías en la negociación del empréstito, que privaron a la República de condiciones de contratación más favorables.

Colombia, al igual que otras naciones hispanoamericanas, habría de sobrellevar la pesada carga financiera de una deuda que no podría pagarse sino en el curso de muchos años, a lo largo de los cuales surgieron trastornos económicos, políticos y diplomáticos en torno a los empréstitos y a una extensa variedad de reclamaciones extranjeras.

4. A manera de epílogo. En 1826 Colombia reconoció como suya la deuda pública externa por un total de £6.688.950, al igual que la deuda interna por un monto de 58.770.769 pesos. Esas cantidades sirvieron de base para la distribución de esas deudas entre las naciones que surgieron de la disolución de la Gran Colombia en 1830. En esa distribución, resultado de un proceso lento y complejo de negociaciones y aprobaciones que culminó en 1837, Venezuela asimiló 28,5 por ciento de la deuda total, además de otras obligaciones. Durante los gobiernos llamados conservadores se cumplió escrupulosamente con estas obligaciones. La dinastía de los Monagas rompió con esa trayectoria, por razones que, en parte, podrían atribuirse a circunstancias objetivamente adversas pero sensiblemente agravadas por el desorden y la arbitrariedad que caracterizó a esas administraciones. Nuevos empréstitos, nuevas negociaciones y conflictos con las naciones acreedoras por los reiterados incumplimientos incluido el bloqueo a las costas venezolanas de 1902 ejecutado por Alemania, Inglaterra e Italia, serían el signo de los tiempos por venir, durante los cuales Venezuela no podía ser vista sino como una nación privada tanto de capacidad como de voluntad de pago. A manera de ilustración de las tensiones fiscales y de otro tipo generadas en torno al problema del endeudamiento público, basta con referir que al cierre de 1902 la deuda pública total era de Bs. 192,2 millones de bolívares, lo que representaba más de seis veces los ingresos fiscales de ese año. En 1930 Juan Vicente Gómez resolvió pagar de una vez toda la deuda externa, en ese año de crisis, como un homenaje al Libertador en el primer centenario de su muerte. Esta historia signada por crisis recurrentes y aciertos esporádicos, marcó una impronta en la conducta colectiva en torno al endeudamiento público que alejó a Venezuela de las fuentes de financiamiento externo de los desbalances fiscales por más de setenta años.

Venezuela’s debt resolution: recover the assets by Thomas W. Laryea – Finantial Times – 30 de Octubre 2019

Dr. Thomas W. Laryea is an international law and policy expert at Orrick, Herrington & Sutcliffe, he specialises in advising governments and creditors on international finance. He was formerly Assistant General Counsel at the IMF, where he advised on various restructuring cases, including Argentina, Greece and Iraq. In this post, he argues that a new approach needs to be taken on Venezuela’s asset base as it looks to restructure its considerable debt burden.

We are a long way from the end-game in Venezuela’s debt resolution. In a recent twist, the United States Office of Foreign Asset Control precluded, for 90 days, the enforcement of a bond owed by the Venezuela oil company PDVSA. Payment of the bond is secured against PDVSA’s shares in its US subsidiary, the energy giant CITGO.

The policy notion was to approximate the effective standstill faced by other bondholders whose legal and financial positions have been affected by US sanctions. This is a further illustration of how US sanctions have become both a tool, and a counter-tool, in the Venezuela debt restructuring. The CITGO case, however, involves a payment of a “mere” $913 million out of the estimated $200 billion of Venezuela external debt that would be subject to restructuring.

So how would I meet the challenge posed by the needed widescale restructuring?

A concerted effort is needed to rehabilitate the Venezuela economy and to provide a fair recovery to the many creditors. Co-ordination across legal jurisdictions among the different creditor groups — including bondholders of the Republic, bondholders of PDVSA, judgment creditors, arbitral award holders, and official sector creditors — will stretch applicable sovereign debt restructuring tools.

Even the threshold issue of the recognition of the Venezuela government is fraught with international legal and political uncertainty. Last, but not least, the degree of the escalating humanitarian crisis presents another dimension of the challenge in any comprehensive debt resolution scenario.

Where are the assets in the analysis?

Modern approaches to sovereign debt management entail a continual rebalancing of a country’s debt obligations with the objective of refinancing liabilities. From this perspective, sovereign debt restructuring resembles the sharp-end of debt management, when triggered by actual or threatened default.

But what about the assets in the analysis? In my view, traditional analytical tools of sovereign debt sustainability do not sufficiently take into account the asset side of the balance sheet. This observation is evident on a country-by-country basis, eg in the IMF’s debt sustainability analysis frameworks, in which only liquid assets generally affect the economic judgment on debt payment capacity. It is also reflected in the concerns around the current increase in global sovereign debt, which fail to reflect the corresponding increase in assets. A serious analytical point lurks herein.

The question of the assets is very pertinent in the Venezuela situation. I am not limiting this question to Venezuela’s central bank reserves, which are pitifully low, and will inevitably be bolstered by IMF financing.

Indeed, Venezuela has other types of reserves, including massive petroleum and mineral resources that are convertible to foreign exchange proceeds. The potential for Venezuela’s petroleum and mineral assets to rise in value will no doubt inform the design of Value Recovery Instruments that I expect to be a part of the Venezuela debt resolution. Such Value Recovery Instruments mitigate some of the guess work involved in negotiating recovery values based on highly imperfect medium and long-term economic projections.

Recovery of stolen assets?

Venezuela has another important category of assets that should be brought into account in the negotiations between Venezuela and its creditors. These are the stolen or misappropriated assets that could be recovered back into the legitimate economic sphere.

Estimates of the size of stolen or misappropriated assets vary significantly, but some suggest up to $200 billion has disappeared over the last two decades. Even if the number is only $100 billion and let’s say only half of that sum is recoverable, the estimated $50 billion would still represent a significant sum.

The recovered assets should be apportioned towards the mutually-reinforcing goals of rehabilitating the domestic economy and alleviating the creditors who represent the future sources of financing for Venezuela. Furthermore, the expectation that the end-game would involve a fair distribution of the assets would moderate the motivation for disorderly asset grabs by creditors in the interim.

An IMF Administered Account?

Now, of course, many questions remain about how to effectively recover these stolen or misappropriated assets. For instance, where would the recovered assets be housed and through what channels would they be distributed? And what legal mechanism could be used to safeguard them and to protect them from depletion by individual interests?

My idea would be to create a Venezuela Asset Recovery Trust that would be accorded legal immunities recognised by international law. This is not a version of the approach adopted in the Iraq debt restructuring that involved a UN Security Council Resolution that partially immunised Iraq’s petroleum assets. Whether or not Venezuela would be deemed to represent a “threat to peace” in order to warrant a Security Council resolution, the international law approach adopted in Iraq’s case would not feasibly pass through the Security Council given the divergent geopolitical views on Venezuela.

Furthermore, it is worth underscoring that the policy direction driving the idea of the Venezuela Asset Recovery Trust is not to defeat legitimate creditor interests, as arguably was the case in Iraq, but rather to augment the recovery to both legitimate creditors and to Venezuela’s citizens.

I would submit that an international law mechanism to achieve the design and policy objective of the Venezuela Asset Recovery Trust could be achieved through the authority of the IMF to provide, when requested, “technical and financial services” in the form of establishing of an IMF trust or administered account.

The IMF is authorised to do so by Article V, Section 2(b) of the IMF’s Articles of Agreement, which constitute an international treaty among the 189 IMF member countries. A legal advantage of establishing the proposed Venezuela Asset Recovery Trust as an IMF trust/ administered account is that the funds within the Trust would benefit from the legal immunities that all IMF member countries are obliged to make effective in their jurisdictions. Currently, the IMF operates over 50 trusts/administered accounts, including the Poverty Reduction and Growth-Heavily Indebted Poor Countries Trust (which is the legal tool through which the IMF provides HIPC debt relief). With regard to the proposed Venezuela Asset Recovery Trust, its governance structure might include both official and private sector representatives in order to inform the oversight and accountability of its operations.

While there are recognised legal and institutional limitations on the IMF, such as the legal duty of neutrality which precludes the IMF from taking sides in the merits of creditor-debtor disputes, I believe that with sufficient international good will, the proposed Venezuela Asset Recovery Trust can be designed to conform with applicable limitations. For example, the activities of tracing assets and engaging in the actual recovery could be conducted by external advisers and directed by a committee comprising the Venezuela authorities and creditor representatives. But the housing of the recovered assets and the terms of their distribution could, in principle, be established within an IMF trust/ administered account.

Answering the call for innovation

I doubt that the exceptional situation presented by Venezuela could be effectively resolved without innovation in the established sovereign debt restructuring toolkit. With regards to the IMF, rather than just focus on its role as an international lender of last resort, we should also consider the potential for the it to establish a trust/ administered account that would bring into account additional assets as part of an international resolution.

The lead time to design and test legal innovations to supplement the market-based approaches to sovereign debt restructuring can take months, if not years. Now is the time to be innovative about a solution for a restructuring of Venezuela’s assets and liabilities.

¿Y dónde están los reales? por  Carlos Ramírez López – Prensa Today – 7 de Noviembre 2019

 La sobrevivencia de Venezuela depende de una lucha titánica no solo radicada en el campo político, sino también en el judicial. Las mil millonarias deudas generadas por los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro son impagables cuando menos ni en el corto, ni en el mediano plazo. Y lo peor es que el cobro compulsivo que se nos hace a través de medios judiciales no está siendo bien atendido. No hemos tenido una línea de acción clara como sí la tienen los acreedores y esto es fatal.

RECORDANDO EL CASO DE LOS BONOS BUITRE DE ARGENTINA

A finales de 2001 Argentina incumplió pagos por deudas de 132 mil millones de dólares en bonos, y bajo ese agobio hizo acuerdos con la mayoría de los acreedores mediante reestructuración de la deuda. En ese proceso unos denominados fondos de inversión compraron parte de eses bonos y se negaron a hacer acuerdos, se les llamó “Fondos Buitre”, que demandaron en tribunales de New York logrando al final que un juez, quien ya murió, Thomas Griesa, sentenció a favor de ellos. En el año 2016 el país se vio forzado a admitir el pago los demandantes y hasta de los honorarios de los abogados de éstos, mas costas judiciales todo lo cual ha dejado serias heridas económicas y morales a la nación. Casos similares ocurrieron en Grecia, Ecuador, Panamá entre otros. En Reino Unido y en Bélgica se ha declarado ilegal la actividad de estos fondos buitre. La ONU aprobó una Resolución en la cual se dictaron pautas sobre estas actividades de reestructuración de deudas soberanas. Por cierto EE. UU estuvo entre los apenas seis países que votaron en contra. Es tarea diplomática buscar revertir esa posición de nuestro principal aliado internacional.

QUE NOS DIFERENCIA CON EL CASO ARGENTINA

Las denominadas “deudas soberanas” por las que los especuladores atacaron ferozmente a Argentina y otros países habían sido asumidas por gobiernos corruptos, pero con legitimidad de origen y con apego a sus legislaciones internas. Distinto al caso venezolano donde tenemos una dictadura, un régimen no reconocido ni por nuestro parlamento ni por una gran cantidad de países. Esto implica que ésta por la que se nos ataca no es una deuda soberana. Los bonos 2020 fueron emitidos con violación a la legislación interna por lo que se trata de una deuda ilegal. Tal defecto es conocido por el mundo entero pues ello es materia de escándalo global. No hay acreedores legítimos, ni hay buena fe en la adquisición de dichos títulos. Todo esto abre camino a la posibilidad de éxito en la demanda por desconocimiento de tales papeles, y cuando menos nos confiere un fuerte medio para la negociación si es que tal salida fueea finalmente conveniente adoptarla.

QUE NOS PERJUDICA

Las inconsistencias en la adopción de una línea única nos resultan muy perjudicial. Eso de que la Asamblea Nacional haya declarado ilegal la deuda del bono 2020 pero a la vez acordó hacerle ese infame abono de 71 millones de dólares en abril de 2019 es un absurdo contrasentido, como también lo es que el abogado del gobierno interino haya estado declarando que busca reestructurar esa deuda ilegítima sin haber planteado antes la demanda de su nulidad. Son dos líneas contradictorias que van en paralelo y que perjudican los intereses finales del país. Este abogado nos hizo dilapidar esos millones de dólares que aconsejó a la AN su aprobación, y también nos ha hecho perder el tiempo en esa extraña línea de complacencia con los buitres de negociar acuerdos de pago perdiendo tiempo vital en vez de demandarlos, y que ahora vencido por las circunstancias alaba la actitud de la junta directiva ad hoc de Pdvsa que sí procedió a demandar la nulidad del mencionado Bono.

LOS TENEDORES DEL BONO 2020 SON AGENTES DE MADURO

Hay una versión según la cual Maduro y su élite emitieron y acapararon ese Bono 2020 para quedarse con Citgo. Eso no es descabellado pensarlo. Es necesario buscar la identidad final de dichos bonistas. Hay que buscar eso por todos los medios, y uno de esos medios será la acción penal anunciada por Antonio Ledezma ante el Fiscal General de Estados Unidos que estamos esperando con gran expectativa.

DECLARAR EMERGENCIA JUDICIAL, LO QUE NOS FALTA HACER

Además de las demandas por nulidad de estos bonos, hay que abrir un proceso de investigación y persecución por las absurdas cantidades de dinero que por deudas en bonos asumieron los gobiernos de Chávez y de Maduro.

Que se hizo ese dineral.

Donde están las consecuencias penales de semejantes crímenes contra el pueblo venezolano.

Esto es un crimen atroz que no puede dejarse impune. Hay que buscar esos dineros y meter en la cárcel a los implicados en esto mega robos.

Además de esos Bonos 2020 ya se nos demandó en un tribunal de New York por otros bonos, los 2034. Los demandantes son empresas registradas en Islas Caimán y en Delaware. La periodista Maibort Petit detalló la información sobre esta acción, ver enlace:

Maibort Petit: Titulares de bonos globales 2034 demandaron a Venezuela por impago de la los intereses adeudados

Empresas de Islas Caimán, Luxemburgo y Delaware exigen al tribunal un juicio monetario por el monto del principal de los … Sigue leyendoMaibort Petit: Titulares de bonos globales 2034 demandaron a Venezuela por impago de la los intereses adeudados

Pagar o no pagar: Venezuela en el espejo del PDVSA 2020 por Miguel Ángel Santos y Frank Muci – ProDaVinci – 15 de Octubre 2019

El próximo 28 de octubre marcará un hito en la lucha del gobierno interino de Juan Guaidó por el control de los activos venezolanos en el exterior. Ese día, a las 10:00 de la mañana, Petróleos de Venezuela (PDVSA), debe abonar 914 millones de dólares entre capital e intereses a los tenedores del bono PDVSA 2020, o correr el riesgo de que los acreedores tomen control de CITGO Holding Inc. (CITGO).

Fundada en 1910 y adquirida por el Estado venezolano a mediados de los ochenta, CITGO es una empresa con 4.900 estaciones de gasolina y una red de tres refinerías ubicadas en Luisiana, Illinois y Texas, con capacidad de refinación de más de 700.000 barriles por día. Por varias décadas fue un instrumento estratégico para colocar el petróleo venezolano en el mercado estadounidense, y hoy es uno de los pocos activos externos de la nación que ha sobrevivido a la revolución bolivariana.

Por más valiosa y estratégica que pueda ser la red de refinerías, el pago tiene implicaciones que van mucho más allá del negocio petrolero. Por un lado, CITGO se ha convertido en un bastión de la administración interina de Juan Guaidó desde que asumió su control en febrero de este año. Su pérdida representaría una derrota política colosal. Por otro lado, los intereses particulares que rodean al pago del PDVSA 2020 son un espejo de los conflictos internos que abundan en la sociedad venezolana y de los obstáculos que se deberán superar para rescatar al país.

¿De dónde viene el PDVSA 2020?

Hacia finales de 2016, tras dos años de precios petroleros bajos, las consecuencias del uso y abuso de PDVSA para sufragar las extravagancias de la revolución se hicieron imposibles de disimular. En medio de la bonanza petrolera más prolongada de la historia, PDVSA multiplicó su deuda por un factor de 23: los 2.600 millones de dólares que se debían en 2006 se habían convertido en 64.700 millones a finales de 2016. Entre 2015 y la primera mitad de 2016, los ingresos en divisas se habían reducido drásticamente, con lo que se hacía imposible honrar el servicio de la deuda y mantener las inversiones de capital y los gastos operativos de la empresa.

Ante esa disyuntiva, PDVSA decidió dar prioridad a los pagos de deuda mientras acumulaba enormes atrasos con contratistas y proveedores de servicios. Estas decisiones aceleraron el colapso del flujo de caja de la compañía. En la medida en que se amontonaban cuentas por cobrar –se multiplicaron por más de siete en el transcurso del año 2016– el número promedio de taladros activos cayó drásticamente (14%) y para diciembre de ese año la producción estaba 16% por debajo del año anterior. Sin ninguna perspectiva de recuperación de precios –la eterna apuesta de la revolución– y ningún cambio de estrategia o plan de recuperación a la vista, el default que PDVSA tanto se había afanado por evitar estaba virtualmente asegurado.

En ese contexto, con los mercados financieros cerrados para Venezuela dado el altísimo riesgo de impago, PDVSA decidió ofrecer a los tenedores de los bonos que vencían en 2017 –7.100 millones de dólares entre noviembre de 2016 y noviembre de 2017– canjearlos por otros (PDVSA 2020) que tendrían como colateral el último y más valioso activo externo del país.

Fue un sacrificio inútil. Aun con CITGO como colateral, la operación se cerró con un costo implícito de 19.3% en dólares, 4.25 veces más que el promedio – sin colateral – de América Latina. En noviembre de 2017 PDVSA igual terminaría por caer en default. Y aquellos 13 meses sin ningún cambio visible en la estrategia de la compañía podrían terminar por salir muy caros a la República.

El canje generó diversas opiniones en su momento. Nosotros lo analizamos en un artículo titulado “Se vende país con vista al mar” el 5 de Octubre 2016, antes de que cerrara la oferta y se conociera la participación final:

“No contentos con haber despilfarrado la bonanza petrolera más larga de nuestra historia, la revolución ha venido hipotecando el país en pleno: sus activos, su producción petrolera, su futuro. Venezuela cada día se asemeja más un boxeador que está contra las cuerdas: todo el mundo siente la tentación de acercarse a darle un coñazo y ver cuánto más le puede cobrar, con qué se puede quedar, que más le pueden sacar.”

Otros analistas de casas de inversión especializadas en deuda venezolana vieron la operación con mejores ojos, resaltando que el PDVSA 2020 “es un bono muy seguro y por eso lo estamos recomendando”, haciendo énfasis en que “el diferencial de riesgo país se va a acortar [como resultado del canje] y se va a acortar en la medida que vean que disipa el riesgo de cesación de pago” y alegando que el uso de CITGO como colateral “es más que razonable” y que “es una manera de bajar el costo del endeudamiento”.

Por esas cosas de la historia, menos de tres años después le corresponde al equipo del presidente interino Juan Guaidó la protección y defensa de CITGO frente a los acreedores defraudados por aquel canje inútil orquestado por Nicolás Maduro.

¿Se debe pagar el PDVSA 2020?

La emisión del PDVSA 2020 tiene muchos rasgos de ilegalidad. Las condiciones que rodearon su emisión violan específicamente el artículo 150 de la Constitución, según el cual:

“La celebración de los contratos de interés público nacional requerirá la aprobación de la Asamblea Nacional en los casos que determine la ley. No podrá celebrarse contrato alguno de interés público municipal, estadal o nacional, o con Estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela, ni traspasarse a ellos sin la aprobación de la Asamblea Nacional. La ley podrá exigir en los contratos de interés público determinadas condiciones de nacionalidad, domicilio o de otro orden, o requerir especiales garantías.

Difícilmente pueda celebrarse un contrato de mayor interés público nacional que uno donde se hipoteca el activo público externo más valioso de la nación. En este caso, la Asamblea Nacional no sólo no aprobó el canje que dio origen a los PDVSA 2020, sino que demás –en pleno ejercicio de sus facultades de control– emitió un acuerdo en donde lo rechaza en términos muy explícitos. En el texto, publicado el 27 de septiembre de 2016, la Asamblea Nacional anuncia el inicio de una investigación por presuntos daños al patrimonio público, rechaza el uso de las acciones de CITGO como colateral, y hace un llamado muy sensato a iniciar un proceso de renegociación integral de la deuda pública externa. Maduro actuó con rapidez: el 24 de octubre PDVSA anunció los resultados del canje y, al día siguiente, la Sala Constitucional suspendió la investigación iniciada por la Asamblea Nacional. Tres días después, PDVSA firmó el contrato de emisión del Bono 2020 con sociedades extranjeras.

Es cierto que, preocupados ante la perspectiva de perder CITGO y en un momento en que todavía no se contaba con asesores financieros y legales en el equipo de restructuración, la Asamblea Nacional autorizó el pasado 12 abril un pago de 71 millones de dólares por concepto de intereses del PDVSA 2020. Dicho pago se hizo bajo protesta y no constituye un reconocimiento tácito o explícito de la legalidad del bono, como quedó establecido en los acuerdos de la Asamblea Nacional y en la comunicación enviada por la junta directiva ad hoc de PDVSA al agente de pago.

De manera que el PDVSA 2020 tiene un origen muy cuestionable desde el punto de vista legal, por lo que pagarlo sentaría un mal precedente. Pero hay más, el hecho de que la probabilidad de default en 5 años al momento del canje estaba por encima del 90% sugiere que ambas partes entendían bien en lo que se estaban metiendo. Los tenedores del PDVSA 2020, por un lado, sabían que Venezuela entraría más temprano que tarde en default y decidieron participar en la operación para hacerse con CITGO. Por el otro lado, Maduro y los suyos, en pleno naufragio financiero y operativo, empeñaron la red de refinerías virtualmente seguros de que tarde o temprano se ejecutaría la hipoteca. Por lo tanto, reconocer la operación como legítima y pagar los bonos tal y como fueron contraídos, sería hacerse cómplice de unos y otros.

En segundo lugar, el bono viene de uno de esos falsos dilemas típicos de la revolución. Según el chavismo solo había dos opciones, o un refinanciamiento muy costoso donde se hipotecaban los activos de la nación o un default desordenado que abría una supuesta caja de pandora. Lo cierto es que había una tercera opción: hacer las cosas bien. Venezuela podía solicitar apoyo de la comunidad financiera internacional, reestructurar su deuda externa de manera integral, y ponerle fin a la imposición de un modelo económico fracasado. Que la terquedad ideológica como excusa para mantener a una élite corrupta en el poder haya limitado el espacio de soluciones del chavismo, no quiere decir que no había alternativas mejores.

Por último, pagar sin reparos a los tenedores del PDVSA atenta contra las posibilidades de que Venezuela pueda salir de las sombras y superar la catástrofe en que la ha sumido el chavismo. La recuperación pasa por darle prioridad a la atención de la crisis humanitaria y sentar las bases para la reconstrucción de la economía, para lo cual es indispensable una reestructuración agresiva de las deudas heredadas de Chávez y Maduro. Pagarle completo y a tiempo a los tenedores de un bono de cuestionable legitimidad sentaría un precedente muy negativo para la renegociación de las demás acreencias.

¿Qué opciones tiene la administración de Juan Guaidó?

Una posibilidad es que el gobierno de los Estados Unidos decida hacer uso de su autoridad ejecutiva para impedir a los tenedores del PDVSA 2020 tomar el control de CITGO. Dicha prohibición se extendería hasta tanto se pueda iniciar un proceso de restructuración integral de deuda externa bajo el auspicio de la comunidad internacional y los organismos multilaterales.

Aunque muchos lo consideran improbable, es una opción que viene ganando terreno a raíz de la carta que cuatro senadores y tres representantes del congreso de los Estados Unidos le dirigieron al presidente Donald Trump el pasado 10 de octubre. Allí, urgen a la administración a “tomar todas las medidas que sean necesarias para proteger a los empleados y retirados de CITGO de las posibles consecuencias de un default”. Entre otras cosas, le recuerdan al presidente Trump que los bonos PDVSA 2020 tienen cláusulas de cross-default con un préstamo que la empresa rusa Rosneft le hizo al régimen de Nicolás Maduro, y alertan sobre la amenaza a la seguridad nacional que se derivaría del control por parte de la compañía rusa de infraestructura clave dentro de los Estados Unidos.

Una segunda posibilidad –que también recae sobre el gobierno de los Estados Unidos– requiere de una intervención del Departamento del Tesoro. Cuando se impusieron las sanciones financieras a Venezuela, se emitió una licencia –la Licencia 5–, la cual permite a los tenedores del PDVSA 2020 tomar el control de CITGO en el evento de un default, bajo el entendimiento que dicha posibilidad pondría presión adicional sobre el régimen venezolano. Con la compañía controlada por la administración del presidente interino Juan Guaidó, ahora Nicolás Maduro carece también de incentivos para pagar. Siendo así, y siguiendo la motivación inicial tras la Licencia 5, el Departamento del Tesoro podría derogarla y proteger de esa forma a CITGO. Esta posibilidad es también incierta, pues existen muchos y muy bien organizados tenedores de bonos que han ejercido una presión significativa para evitar que así sea.

Uno podría argumentar que la Orden Ejecutiva de 5 de agosto de 2019 debería ser suficiente para proteger CITGO, toda vez que bloquea las propiedades del Estado venezolano en Estados Unidos, sin importar las licencias previamente emitidas.

Fuera de las opciones que dependen del gobierno de los Estados Unidos, al equipo de Guaidó todavía le queda la posibilidad de iniciar un litigio que cuestione la legalidad del PDVSA 2020. Este proceso requiere llevar el caso a una corte de Nueva York, con los argumentos descritos más arriba, buscando en principio una suspensión temporal de las posibles acciones contra CITGO hasta tanto no se resuelva el caso. Si bien las posibilidades de esta alternativa son inciertas, el hecho es que es un asunto que preocupa a los tenedores del bono. Y es que en todos los intercambios, comunicaciones y ofertas que han hecho llegar –algunas inclusive a través de analistas financieros venezolanos con los que han mantenido una larga relación profesional– la lista de sus peticiones y concesiones viene siempre precedida por la exigencia del reconocimiento por escrito de la legalidad del bono.

La renuencia de la administración Guaidó a aceptar como legal un instrumento emitido en condiciones más que cuestionables, más el hecho de que muy probablemente carece del dinero requerido para pagar, reduce aún más las posibles salidas.

Por todas estas razones, el próximo 28 de octubre es una fecha crucial. Puede marcar un antes y un después en el curso de la lucha, no sólo por el control de los activos venezolanos en el exterior, sino también del propio gobierno del país.

Pase lo que pase –independientemente de la estrategia que se escoja y de sus resultados– Guaidó necesitará del apoyo pleno y unitario de las fuerzas políticas que han dado origen a su mandato dentro de la Asamblea Nacional. A fin de cuentas, si se pierde CITGO, será como consecuencia de aquel canje de 2016 que sacrificó a la compañía inútilmente y de quienes la orquestaron. Pero he ahí el problema. Y es que, desde hace mucho tiempo, hay muchos que han confundido lo que le conviene al país con lo que les conviene a ellos. Para entender la enrevesada economía política que rodea a los títulos de deuda pública externa de Venezuela, no hay mejor ejemplo que el origen de los PDVSA 2020.

¿De dónde salió el PDVSA 2020? Como comentamos más arriba, estos bonos surgieron de la necesidad de refinanciar los PDVSA 2017. A su vez, estos bonos tuvieron su origen en la práctica nefasta del gobierno de Hugo Chávez de emitir deuda denominada en dólares a ser adquirida en bolívares, una transferencia directa de recursos de la nación a unos particulares afortunados escogidos de forma arbitraria. Los bonos PDVSA 2017 eran de dos tipos, que se conocieron como el “PDVSA 2017 viejo” y el “PDVSA 2017 nuevo”. Los bonos “PDVSA 2017 viejos” se emitieron en 2007 con condiciones que equivalían a la compra de dólares a una tasa implícita de 2.71 bolívares por dólar, 53% por debajo del dólar paralelo (5.70). Así, se garantizó a los afortunados escogidos una ganancia inmediata de 111%, espejo de los 1.300 millones de dólares que perdió la República en la operación (por vender dólares por debajo de su valor de mercado). Los bonos “PDVSA 2017 nuevos” se emitieron en 2010 en condiciones que resultaron en una tasa implícita de 6,10 bolívares por dólar, 28% por debajo del dólar paralelo (8,42). La operación garantizaba a los escogidos una ganancia inmediata de 38%, idéntica a la pérdida de 1.196 millones de dólares que sufrió la República.

De aquellos polvos vinieron estos lodos. El hecho de que estas emisiones se realizaran bajo la siniestra modalidad bolívar-dólar en pleno control de cambio, provocó una sobre-representación de inversionistas venezolanos en estos instrumentos (en comparación con lo que habría resultado si hubiesen sido emitidos de forma directa en los mercados internacionales). Siendo así, es relativamente natural suponer que se encuentran organizados y tienen una estrategia para ejercer presión en favor del pago del bono.

Llegados a este punto de insolvencia ya no hay forma de que los intereses de ambos grupos –los que quieren cobrar las deudas y los que quieren sacar a Venezuela adelante– puedan coincidir. Por eso también este 28 de octubre y sus prolegómenos son tan cruciales para el futuro de Venezuela: son apenas una pequeña muestra de los conflictos de intereses y dilemas que la administración de Juan Guaidó, o cualquier otra que se proponga sacar al país adelante e iniciar la reconstrucción de Venezuela, va a tener que enfrentar irremediablemente. Se trata de agrupar a los que quieren ayudar al país a levantarse, y protegerlo de los que se vienen agrupando para propinarle otro duro revés.

Luis Zambrano Sequín: “El Estado venezolano está condenado a ser pobre” por Hugo Prieto – ProDaVinci –

Luis Zambrano Sequín: “El Estado venezolano está condenado a ser pobre”

La primera pregunta abrió el espacio para que Luis Zambrano Sequín, profesor de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello y de la Universidad Central de Venezuela e Individuo de Número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, trazara un recorrido, necesario y obligado, por el devenir de una sociedad que por más de 100 años ha vivido del petróleo. Hubo crecimiento sostenido y posibilidades, aunque no siempre bajo un régimen político democrático. La estatización del petróleo y el cambio estructural que produjo en la administración política, además de la falta de una cultura ciudadana se combinaron para abrirle las puertas a un falso discurso que ha desembocado en el desastre que vivimos actualmente.

El petróleo, a pesar de su abundancia en el subsuelo, no ofrece los recursos necesarios para apuntalar el crecimiento. El país, de acuerdo a Zambrano Sequín, va a tener que entregar la renta petrolera a inversionistas privados que estén dispuestos a arriesgar recursos, entre otras cosas, porque no hay instituciones ni estabilidad política. Ese es el precio que hay que pagar por darle alas al populismo del señor Hugo Chávez.

La economía venezolana es como esos televisores que repentinamente se quedan en blanco, sin señal. Es sólo eso: Un parpadeo incesante. No hay una continuidad y las investigaciones de economistas como Héctor Malavé Mata, Ricardo Hausmann o Asdrúbal Baptista, por mencionar a unos pocos, son cosa del pasado. ¿Estamos viviendo la peor crisis económica en la historia de Venezuela?

Haciendo un poco de historia diría que durante la época colonial la economía de lo que entonces era Venezuela tuvo una estabilidad generada por el dominio de imperio español, que además duró siglos. Posteriormente, Venezuela se enfrentó al cisma de la Independencia, inducida por la invasión napoleónica a buena parte de Europa, incluida España. Ese cisma produjo un caos político profundo que generó una crisis severa en lo que fue la sociedad venezolana. Es el intento de construir un Estado nacional sobre algo prácticamente inexistente y en medio de una diatriba sobre el modelo político a seguir. En eso se nos fue el siglo XIX que termina, como se ha dicho tantas veces, con la muerte de Juan Vicente Gómez, pero también con la conversión de una pobre economía agrícola en una importante economía petrolera. Ese hecho tuvo un impacto tremendo en Venezuela, desde la integración política y territorial, hasta la creación de un país urbano. Consolidar ese país, que fue de la mano con la madurez de la industria, nos lleva a la primera mitad del siglo XX y luego a algo más de dos décadas de estabilidad, de crecimiento sostenido, y a gobiernos que ciertamente no eran del todo democráticos.

¿Cuál sería el carácter de la economía venezolana durante la segunda mitad del siglo XX?

Surgió un país nuevo, basado en la industria petrolera, cuyos ingresos impactaron las finanzas públicas, con un sector privado que funcionaba con bastante autonomía que aportaba al fisco, al Estado. Un Estado que no tenía mayor injerencia en la actividad económica en general, que se dedicó a crear infraestructura, equipamiento, pero lo que no tuvimos, justamente, fue un liderazgo político que acompañara todo ese proceso con instituciones sólidas.

Uno podría asociar la democracia al ciclo de vida de Rómulo Betancourt. Se echaron las bases, pero el edificio estaba por construirse. Había más sueños que realidad y el liderazgo que tomó el testigo parece que no tenía un plan para llegar a la meta ¿Pedirle a Betancourt que dejara como legado una sociedad como la de los países nórdicos no es acaso un exabrupto? Es cierto, faltó liderazgo político, ¿Pero qué más faltó?

Faltó un liderazgo político, en el sentido de la construcción de ciertos aspectos de la sociedad, que estamos pagando y vamos a pagar muy caro. Probablemente no se hizo un esfuerzo más consistente en la educación ciudadana. Allí hay un déficit muy importante y eso va de la mano con la creación de instituciones. Me refiero a instituciones sólidas que pudieran dirimir los conflictos sociales de una manera más eficiente. Pero quizás no hubo el tiempo suficiente para crear esas cosas. Otro factor, que produjo un cambio importante en la economía venezolana, es la estatización del petróleo. Se empoderó el Estado de una manera muy significativa. Se generaron una serie de incentivos en el mundo de la política, en el mundo de la gerencia pública, que trajo como consecuencia que desde el Estado se empezaran a introducir una serie de rasgos que inhibieron, considerablemente, el desarrollo del sector privado. Digamos, como un sector realmente empresarial.

Ese desequilibrio no es propiamente un factor atribuible a las variables económicas —al empleo, al gasto público, al ahorro, por ejemplo— sino a una particularidad, a una especificidad muy de la economía petrolera venezolana. ¿Usted cree que ese ingrediente, por llamarlo de alguna manera, fue el que desencadenó esta crisis?

El hecho de que el Estado pasara a asumir la propiedad y la gerencia del sector que había sido la causa fundamental de la modernización y la construcción de la Venezuela post agrícola, implicó un cambio que tiene que ver con el devenir posterior.

¿Qué tiene más de negativo que positivo?

Sí, pero no por el hecho de que estas riquezas pasaran a manos del Estado, sino básicamente por la manera, por la forma, en que se gerenció ese Estado. Es decir, el hecho de que esas riquezas pasaran a ser administradas por venezolanos no es por definición una condena en el futuro. Pero ciertamente, hubo un cambio estructural con la imposición de controles, y la injerencia del Estado en la vida económica tienen mucho que ver con lo que estamos viviendo.

Es cierto, por fin se cumple la profecía de Betancourt en “Venezuela Política y Petróleo”: El Estado venezolano pasa a ser el gran actor de la política petrolera. Pero allí está el germen del cambio estructural que menciona, allí está el germen de los controles y las intervenciones. ¿No hubo una profundización de ese factor al aprobarse la Constitución del 99, la más presidencialista, la más estatista de América Latina?

La doctrina de Betancourt tampoco es que se desarrolla desde la nada, hay un contexto internacional, un contexto ideológico y político determinado, donde la aspiración de la dirigencia política venezolana, que se genera después de la muerte de Gómez, es justamente el deseo de independizarse, de controlar los recursos de la nación, reducir la relevancia de las empresas petroleras internacionales. Allí hay elementos de todo este discurso antiimperialista y muy nacionalista. ¿Qué ocurre? Que el Estado, ahora todopoderoso, pasa a regular todos los aspectos de la vida económica, a hacer del sector privado un sector rentista, un apéndice del Estado, buscador de protección, muy distante de lo que es el concepto de un empresariado innovador que además arriesga.

Sí ya el sector privado, de alguna manera, estaba inserto en la economía mundial y actuaba con autonomía o independencia del Estado, ¿cómo fue que se entregó sin disparar un tiro?

Así como teníamos una dirigencia política… bueno, también teníamos una dirigencia empresarial probablemente pobre, que miraba más sus negocios que los intereses del país, que miraba más el corto plazo que el largo plazo. Y aún más, la renta petrolera era de tal magnitud que tener acceso a ella se convirtió en el negocio más rentable del país. Sí tenías que invertir en una nueva maquinaria, en una nueva tecnología versus invertir en un ministro, en un senador o en un diputado que pudiera pasar una regulación, un subsidio que te favoreciera, pues invertir en un funcionario ofrecía una rentabilidad, estrictamente hablando, mucho más alta que arriesgarte con un nuevo proyecto.

En medio de la crisis financiera del año 94, el gobierno anunciaba la intervención de un banco y se desataba el pánico, el público corría a retirar su dinero en las agencias bancarias. Ahora se anuncia una medida similar y no pasa nada. Las pocas señales de vida están en el sector público, en lo que haga o no haga el Estado, lo demás no cuenta. Hasta allá ha llegado el poder del Estado.

La injerencia del Estado en la vida económica del país no es un fenómeno del chavismo, eso viene de mucho antes. Tiene muchísimo que ver y se profundizó con este cambio estructural que produce la estatización del petróleo, digo estatización porque hay que ser precisos en eso. Esa estatización no sólo tiene que ver a lo interno, sino que va acompañada de cambios en lo internacional. Es decir, una vez que se produce la ola de estatizaciones a escala mundial, conocemos el shock de los precios del petróleo —el embargo petrolero árabe de 1973— que cuadriplicó los precios del barril y eso trajo como consecuencia una recesión en la economía mundial que duró casi una década. Casi todos los países petroleros se endeudaron, si no todos, porque fueron mucho más allá de los recursos que obtenían por la venta del petróleo. Venezuela terminó en una profundísima crisis debido a que no pudo digerir bien la renta petrolera.

¿Usted no cree que el año 83, el viernes negro, para ser más preciso, fue una oportunidad para darle un vuelco a esa situación?

La crisis del 83 no sólo es consecuencia de la estatización sino de todo lo que afectó el mercado petrolero mundial. Obviamente, eso afectó al Estado y afectó al país y prácticamente va a paralizar la economía interna. Allí hubo una posibilidad cierta de acabar con esa crisis.

De acabar con esa noción del Estado mágico. ¿Está de acuerdo?

Quizás si hubiese habido más claridad sobre lo que implicó la estatización y la necesidad de corregir un conjunto de errores que eran ya visibles se pudo diversificar la economía venezolana. La administración de la crisis fue muy ineficiente.

No solamente deficiente, diría que vergonzosa. El Estado venezolano, bajo el gobierno de Jaime Lusinchi, fue el único en América Latina en reconocer la deuda externa privada.

Exactamente, pero lo que quiero decir es que esa crisis va a tener efectos que se van a prolongar a lo largo del tiempo, porque resquebraja las expectativas que había en el país. Incluso la actitud de muchos empresarios. Se produjo una fuga de capitales de la cual no nos vamos a recuperar jamás. Ni siquiera en el reciente boom petrolero, por todas las razones atribuibles al chavismo y también de índole política. La crisis financiera de los 90 es hija de esa crisis. El sistema financiero venezolano acompañó el boom petrolero y se sobredimensionó ciertamente. En lugar de aplicar una política que corrigiera ese sobredimensionamiento de manera progresiva a la nueva realidad del país, que era muy diferente, no se hizo lo necesario y al final explotó la crisis financiera de la forma más cruda.

Venezuela surfeó la ola en los picos más elevados del precio del petróleo. La estrategia fue correr la arruga y nos anclamos en esa noción del Estado mágico, del Estado que todo lo puede. ¿Cómo fue que en medio de la crisis del año 98 no se hizo nada?

La crisis, insisto, fue la consecuencia de un boom petrolero extraordinario y no lograste administrar el ajuste que significó la caída del precio del barril. Además, tenías una deuda externa tremendamente alta. ¿Qué vas a tener? Problemas de inestabilidad que, en algunos momentos, se va a mostrar con mucha más crudeza que en otros, en una economía absolutamente incapaz de retomar el crecimiento.

Los economistas dicen que la economía avisa primero y luego viene la crisis política.

Normalmente tienes un rezago entre el momento en que estalla la crisis y cómo luego esa crisis se va expresando en términos de empleo, en términos de ingresos, incluso, en términos institucionales y políticos. El caso venezolano es clarísimo. El boom petrolero, sobre todo el primero, produjo que los venezolanos se dotaran de activos. Del rancho de cartón pasó al rancho de bloques. Pudo tener un televisor, una nevera, un carro. Estalla la crisis, pero tú todavía tienes esos activos. Porque el televisor, por ejemplo, no se echa a perder de la noche a la mañana. El salario cayó pero no tuve que reponer el televisor. ¿Pero qué ocurre a la vuelta de tres o cuatro años? Que el televisor se dañó y ahora no tengo cómo reponerlo. Me quedé sin televisor. Entonces las crisis, sobre todo las crisis sociales, se producen con un rezago.

Llega el año 98, el ascenso de Chávez y otro nuevo boom petrolero. El Estado, gracias a la Constitución del 99, la más presidencialista y estatista, termina por asfixiar la economía del país.

¿Pero Chávez que significa? Chávez es el populismo llevado a uno de sus extremos en un escenario ideal marcado por una sociedad que se ha estancado, que no ha crecido, porque tiene problemas distributivos, problemas de empleo crónicos, una economía que no es capaz de reaccionar y una falta evidente de hacer políticas económicas. Ahí es donde el populismo que representa Chávez tiene la probabilidad de hacer metástasis y llegar al poder, con un discurso montado sobre falsas promesas, sobre un falso diagnóstico que, para cualquiera que tuviera un mínimo de educación ciudadana, resultaba obvio que era imposible de cumplir.

Era obvio, pero eso fue lo que ocurrió.

Yo creo que esa es la expresión más clara de una sociedad que no tenía una ciudadanía con la suficiente educación política, como para entender las graves implicaciones de ese discurso y unas instituciones extremadamente débiles que no pudieron ni contrarrestarlo ni evitar la toma del poder. Para establecer un parangón, el populismo hoy en el mundo está resurgiendo como consecuencia de una crisis de la civilización occidental, crisis que está muy relacionada, entre otras cosas, con la globalización, la cuarta revolución tecnológica y la inteligencia artificial, que están afectando enormemente las estructuras sociales, el mercado de trabajo y la vida cotidiana en general. Lo de Venezuela fue un preanuncio, pero por razones muy diferentes. ¿Cómo se defienden las sociedades occidentales, si es que se defienden? Mediante las instituciones. En Inglaterra, por ejemplo, el señor Boris Jhonson cierra el parlamento y hay un tribunal que le dice: Usted está equivocado. El señor Trump enfrenta la amenaza de un impeachment.

En el papel, Venezuela tiene unos activos. Un aparato productivo, unas fábricas industriales paralizadas, pero esos activos están obsoletos y a lo mejor es mejor que no los tuviera. La economía venezolana está en el piso.

El populismo de Chávez consiguió la manera de afianzarse y desarrollarse. ¿Qué hace el chavismo? No solamente controla fácilmente todas las instituciones sino que además potencia en extremo la intervención en la economía, con la finalidad de consolidarse en el poder. Y lo hace por dos razones: O bien para anular cualquier amenaza que pudiera poner en peligro ese poder, o bien para someterla a su voluntad. Y esa es, básicamente, la estrategia de Chávez con relación al mundo empresarial venezolano.

Si esa era la intención, el resultado está a la vista. Este es un país en ruinas. ¿Qué se puede reconstruir en medio de este desastre?

En buena medida, creo, que no se trata de una reconstrucción sino de una construcción.

¿Qué se puede construir entendiendo que la continuidad del actual modelo está garantizada?

El modelo chavista se levantó sobre la base de una renta petrolera muy elevada, cuyo nivel mínimo requerido fue creciendo en la medida en que se destruía la capacidad interna de producir. Y eso ocurrió no sólo en el sector privado sino también en el sector público. Se fue deteriorando el equipamiento, la infraestructura, las empresas del Estado colapsaron, casi desde cualquier punto de vista y, por supuesto, la inversión privada en equipos y capacidad de producción mermó muy rápidamente por décadas. Es decir, la industria que tenemos o que teníamos, ciertamente es obsoleta por falta de inversión, que sólo podía mantenerse con subsidios, energía y mano de obra barata y créditos prácticamente gratis. Es la única forma de mantenerse, porque si no has invertido allí, ¿cómo te haces competitivo? Todo eso se podía mantener por vía de subsidios generalizados que llegaban por todas las vías posibles. Y, además, con un mercado cautivo que, en buena medida, lo representaba el propio Estado. Es decir, si con esa industria y con ese empresariado es que pensamos retomar el crecimiento sostenido, ciertamente no vamos a llegar muy lejos.

¿Bajo este régimen no le ve ninguna posibilidad a la economía venezolana?

Ninguna. Bajo el régimen chavista la economía funcionó y sigue funcionando, sólo si tiene una sustentación financiera importante, básicamente fundamentada en el petróleo.

Vamos a utilizar la imagen del enfermo terminal. La familia se reúne y dice. Hay que desconectarlo, porque de esta no sale. ¿Eso es lo que está planteado aquí?

La economía chavista, repito, cada vez más sustentada sobre una renta petrolera mínima, ya no es posible, entre otras cosas, porque el mercado petrolero mundial cambió y de forma radical y eso lo vamos a seguir viendo de forma progresiva. Ya no nos ayuda. Pero, además, nuestra capacidad de producir petróleo se ha reducido en forma dramática. Hoy está, y con dudas, en un millón de barriles diarios. Llegar a las cifras que teníamos en 2012, que ya eran cifras mermadas, cuesta muchísimo dinero, que el petróleo ya no ofrece. Eso sólo es posible, en el mejor de los casos, si cambias radicalmente el escenario donde se está moviendo la sociedad y la economía venezolana.

La gente pudiera sospechar que el señor Maduro no quiere sacar los dólares a la calle, que hay que aguantar hasta que se produzca un nuevo boom petrolero. Pero a nadie le importa la verdad y decir que esto ya no es posible. Pudiera ser como en Japón, como en Corea, después de la II Guerra Mundial, cuando la gente trabajaba a cambio de un plato de comida. ¿Hemos llegado a ese punto?

Obviamente, el nivel del salario real en Venezuela está muy por debajo de cualquier salario que se pudiera obtener en ocupaciones equivalentes, no sólo en América Latina sino en cualquier parte del mundo. Ya hay publicaciones que señalan que el salario en Venezuela está por debajo de países que se consideran miserables. ¿Cómo se puede recuperar el salario y llegar a niveles socialmente aceptables? Para poder seguir produciendo petróleo se necesitan cifras impresionantes. ¿Cómo se va a hacer eso, si el Estado no tiene ni la capacidad ni los ingresos para hacerlo? La única manera de hacerlo es con inversión privada extranjera. Pero nadie va a invertir aquí sin pedir una rentabilidad alta, entre otras cosas, porque este es un país inestable que tiene una gran cantidad de defectos, de desequilibrios. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Así es como funcionan todos los negocios. ¿Eso qué significa? Que el Estado va a tener que entregar la renta petrolera al inversionista para que pueda producir.

¿De qué vamos a vivir?

Ahí es donde interviene el tema del salario. El país necesita invertir no sólo en petróleo, sino en servicios, en energía, en acueductos, en vialidad, en comunicaciones, hay que reconstruir el sistema de salud y restablecer las redes educativas. Eso cuesta dinero. Los venezolanos no pensábamos en esas cosas, porque se creía que había un Estado para hacerlo. Pero ya eso no va hacer así. El Estado venezolano está condenado a ser un Estado pobre y a vivir de los impuestos a la renta y al valor agregado, la renta petrolera se va a minimizar. No hay otra manera, si queremos recuperar la industria petrolera. Pareciera que no tenemos otra opción porque es lo único que tenemos a la mano.

¿Todo eso pasa por el cambio político?

Bueno, ¿Por qué? Si yo quiero inversión extranjera, si el Estado no puede jugar el papel que jugaba antes y ahora tengo que contar con un sector privado que debe asumir los espacios que antes ocupaba el Estado para que esta sociedad pueda funcionar, pues obviamente, yo tengo que cambiar todo, prácticamente, en materia regulatoria, este país tiene que cambiar sus instituciones y todo eso pasa por un cambio en la administración política.

Empezar desde cero pudiera tener su atractivo. ¿Podemos sacar algo positivo de todo esto?

 Yo creo que Venezuela tiene un reto. Es un país que sigue teniendo recursos. Afortunadamente, el petróleo pudiera jugar un papel importante en las próximas dos décadas en el mercado energético mundial. No es mucho, pero es una opción. Hemos perdido recursos humanos importantes y en la medida que alarguemos este proceso, donde no se ve ningún cambio, cada día se pierden más recursos humanos, no porque se fueron, sino porque se enraízan en los países donde migraron.

La gente cree que el cambio es de una cara conocida por otra, de una clase política por otra… no caballero, el cambio es de otra naturaleza, de otro carácter y de una magnitud diferente.

Hay que crear instituciones y para poder aspirar a salarios socialmente aceptables tienes que tener un país creciendo en forma sostenida, con un empresariado fuerte y capaz, con estabilidad política y algo que ofrecerle al capital internacional porque vamos a depender más que nunca de eso para poder recuperar el aparato productivo.

Venezuela Creditor Cleared to Resume Citgo Seizure Efforts by Andrew Scurria – The Washington Post – 30 de Septiembre 2019

An appeals court lets Crystallex International Corp. restart a debt-collection lawsuit targeting Venezuelan oil refiner

A Citgo Petroleum refinery in Sulphur, La.

A U.S. appeals court is letting one of Venezuela’s creditors resume efforts to take control of Citgo Petroleum Corp. and raising the odds of a forced sale for the South American nation’s largest seizable asset in the U.S.

The U.S. Court of Appeals for the Third Circuit on Monday lifted a stay that had frozen attempts by Crystallex International Corp., a defunct Canadian gold miner, to wrest Venezuela’s 100% ownership stake in Citgo as compensation for a $1.4 billion government debt.

Crystallex, which partnered with Venezuela on a gold-mining venture that soured in 2011, has said it wants to put those shares up for sale.

Monday’s ruling removes an impediment to the potential auction and marks a defeat for Venezuela’s U.S.-backed opposition leaders, who have tried to safeguard the company from seizure since taking effective control of the refining company from President Nicolás Maduro’s government.

As Venezuela’s largest-known external asset, Citgo is an obvious source of payment for bondholders and multinational companies that are owed billions of dollars by Venezuela and have grown impatient during the country’s recent economic and political meltdown.

A forced sale would require approval from the U.S. Treasury Department. Citgo has considered filing for bankruptcy as one of several options to sort out competing claims on the company. Besides Crystallex, other companies with claims against Venezuela also are targeting Citgo for compensation, including Owens-Illinois Inc.,ConocoPhillips Co. and Rusoro Mining Ltd.

But the Canadian company was the first to fight its way to the company’s front door, winning permission from a Delaware federal judge last year to seize Venezuela’s shares in Citgo’s U.S. parent company.

The takeover bid had been put on hold while the Venezuelan opposition filed appeals. But in July, the Third Circuit upheld the seizure ruling. Monday’s order allows Crystallex to resume its efforts in Delaware to wrest control of Citgo.

One of the largest U.S. refiners and a wholly-owned Venezuelan state asset since 1990, Citgo has said that a sale of the company would put its debt into default, jeopardizing thousands of U.S. jobs. Citgo also remains a flashpoint in the political struggle gripping Caracas, where President Maduro has kept his hold on key state institutions and the military despite food shortages, rampant hyperinflation and international criticism over human-rights abuses.

Led by self-proclaimed president Juan Guaidó, Venezuela’s opposition government took effective control of Citgo in February from the Maduro regime and urged U.S. courts to protect the company from creditors. Citgo’s refineries were key buyers of Venezuelan crude until the White House imposed sanctions that shut down oil trading between the U.S. and Venezuela. Now, Citgo is under new leadership and all but severed from its owner, state oil giant Petróleos de Venezuela SA.

Mr. Maduro’s government last year paid Crystallex $500 million in hopes of saving Citgo from seizure but failed to pay additional installments, prompting Crystallex to resume its collection efforts.

Opposition leaders have lobbied the Trump administration to protect Citgo from seizure through executive action and claimed in August that new sanctions protected the company from falling into creditors’ hands. But Treasury Department officials later clarified to market participants that PdVSA bondholders could foreclose on a controlling stake in Citgo if they weren’t paid, people familiar with the matter said. Those bondholders are owed more than $900 million later this month.

Maduro anuncia renegociación total de la deuda externa – Hispano Post – 30 de Septiembre 2019

 En rueda de prensa con medios internacionales,  Maduro declaró que está dispuesto a reunirse con quien sea para buscar un refinanciamiento de todos los compromisos de la república.

Convocó a los acreedores a sostener un encuentro con Delcy Rodriguez  y Tarek el Aissmin para tratar el tema.

“Venezuela ha declarado una reestructuración de la deuda y de todos los bonos. Venezuela está bloqueda económica y financieramente en el mundo. Hay fórmulas para pagar y lo estamos aplicando. Nuestro  sistema de pago funciona en  China y Rusia”, dijo Maduro.

“Sé que los bonistas de la deuda venezolana se reúnen con Trump en la Casa Banca y aportan grandes cantidades de dinero a la campaña de intervenir en Venezuela. Pagamos hasta que llegaron las sanciones. Podemos cumplir todos nuestros compromisos a cambio de que se nos abrán las compuertas del refinanciamiento internacional. Vicepresidenta y vicepresidente del Área Económica cconvoquen a una ronda renegociación de la deuda. Quiero reunirme con ellos aquí o en cualquier lugar del mundo, menos en Estados Unidos”, agregó.

Aseguró que está dispuesto a retomar la ronda de conversaciones avaladas por el gobierno de Noruega.

“Si Noruega nos convoca iremos inmediatamente a un diálogo con las otras fracciones de la oposición. Soy capaz de reunirme con quien sea. Estamos listos para acudir a cualquier convocatoria de buena voluntad de Noruega para iniciar los diálogos de paz con los otros sectores de la oposición y si fuera posible lo hiciéramos hoy y en Venezuela”, dijo Maduro en rueda de prensa con medios internacionales.

Subrayó que las propuestas que llevarían a la mesa serían: “El primer punto de nuestra agenda sería el  cese de las sanciones contra Venezuela, el cese de las amenazas militares, la defensa del Esequibo y que se logren todas las ganratías nacionales e internacionales para las elecciones parlamentarias. El único que no puede venir es la basura de Almagro”.

El líder oficialista se refirió a las denuncias del presidente de Colombia, Iván Duque, quien acusó a la administración de Maduro de proteger a grupos irregulares en territorio venezolano.

“Nos hicieron llegar la alerta de que el gobierno de EEUU había dado una orden a Iván Duque para que montara un falso positivo, generara un ataque al territorio venezolano y poner el centro de atención en Venezuela para justificar una escalada de medidas”. “No aceptamos a ningún grupo armado de ningún signo colombiano en territorio venezolano”, aseguró.

Con respecto al anuncio de Ricardo Menéndez sobre un censo que llevarán a cabo, Maduro señaló: “Viene el censo, con el censo poblacional lo vamos a saber todo”

Los números que la dictadura de maduro no presentó en la ONU – Asamblea Nacional – 28 de Septiembre 2019

¿Qué papel jugará el centenario bufete Sullivan & Cromwell en la estrategia de Guaidó? por Zenaida Amador – ALnavío – 4 de Septiembre 2019

Desde enero, cuando Juan Guaidó asumió de forma interina las funciones ejecutivas de la República, ha venido adelantando acciones internacionalmente para garantizar la protección de los activos externos de la nación y negociar con los acreedores acuerdos que no lesionen el patrimonio nacional. Sin embargo, la tarea ha sido cuesta arriba.

Guaidó busca garantizar la protección de los activos externos de Venezuela / Twitter: @jguaido
Guaidó busca garantizar la protección de los activos externos de Venezuela / Twitter: @jguaido

Ya en mayo pasado se había señalado que Juan Guaidó, en su condición de presidente interino de Venezuela, contactó a Lee Buchheit, experto en reestructuración de deuda, para buscar asesoramiento en esta materia, dada la compleja situación que enfrenta el país, que acumula impagos por más de 60.000 millones de dólares. Desde entonces se han manejado varias opciones, con acercamientos a los acreedores, aunque parte de la apuesta del equipo de Guaidó es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emita una Orden Ejecutiva que le dé protección de los acreedores a los activos de Venezuela en su territorio, algo que aún no ha ocurrido.

Fundada en 1879 por Algernon Sydney Sullivan y William Nelson Cromwel, Sullivan & Cromwell asesoró a John Pierpont Morgan durante la creación de Edison General Electric (1882) y luego guió a los actores clave en la formación de US Steel (1901). Cromwell desarrolló el concepto de una sociedad de cartera, persuadiendo a Nueva Jersey para que lo incluyera en la ley estatal y permitiendo a las empresas que se incorporan allí evitar las leyes antimonopolio. La empresa también trabajó con empresas menos exitosas durante las décadas volátiles antes del establecimiento de las leyes federales modernas de bancarrota; fue pionera en los esfuerzos para reorganizar las empresas insolventes a través de lo que se conoció como el “plan Cromwell”. Cromwell fue llamado “el médico de Wall Street” por su capacidad para rescatar a empresas en quiebra.

Wikipedia

En este contexto, la Procuraduría Especial designada por Guaidó anunció este martes que la firma de abogados Sullivan & Cromwell LLPes el asesor principal para la reestructuración de la deuda externa de la República de Venezuela y otros organismos públicos de la nación. La presión crece para que se logre pactar dicha reestructuración, ya que el tiempo corre en contra.

Hace tan sólo una semana la agencia Reuters conversó con Mike Cornelius, gerente de la administradora de fondos T. Rowe Price, quien dijo haber mantenido conversaciones informales con asesores de Guaidó sobre el financiamiento del pago de 913 millones de dólares del bono 2020 de Petróleos de Venezuela, que debe efectuarse en octubre.

Este pago genera presión en la gestión de Guaidó, que ya en abril de este año tuvo que gestionar la erogación de 71,5 millones de dólares correspondiente a los intereses del bono PDVSA 2020, con el fin de proteger Citgo, que es el principal activo de Venezuela en Estados Unidos, ya que 50,1% de sus acciones sirven de garantía a esos papeles.

“T Rowe Price, como parte del Comité de Acreedores de Venezuela, ha expresado la opinión de que los tenedores de bonos considerarían una nueva ayuda monetaria para ayudar con el pago de 2020, pero es imposible mientras haya una prohibición comercial de los bonos existentes”, explicó Cornelius, para quien un acuerdo en este sentido pasa por un cambio en las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro que ha aplicado Estados Unidos.

Las sanciones limitan las operaciones por las restricciones comerciales sobre los bonos venezolanos.

Ahora la Procuraduría, que encabeza el abogado José Ignacio Hernández, informa que sumó a su causa al centenario bufete Sullivan & Cromwell LLP y pactó con él “una adaptación al costo legal durante un período inicial” en atención a la necesidad que existe de abordar la crisis humanitaria del país. Aunque sin ofrecer mayores detalles, dijo que contará directamente con Sergio Galvis, director de Prácticas de Finanzas Soberanas Latinoamericanas, y Jim Bromley, jefe del equipo de reestructuración de deuda de la firma.

Se espera que Sullivan & Cromwell LLP, que se promociona afirmando que “los resultados que logra la firma la han distinguido por más de 140 años y la han convertido en un modelo para la práctica moderna de la ley”, ayude a hacer frente a la situación. La información del despacho de Hernández dice que “la incorporación de la firma contribuirá al compromiso del gobierno interino de buscar una solución ordenada y consensuada de todos los reclamos comerciales heredados de los regímenes anteriores”.

Aunque Washington ha sido un aliado clave de Guaidó, a la fecha no ha emitido la tan esperada Orden Ejecutiva de protección de activos ni ha modificado la Licencia General 5 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) en el marco de las sanciones aplicadas al régimen de Maduro, licencia que permite a los tenedores de bonos PDVSA 2020 acceder al cobro de sus garantías.

Clientes notables y casos

– Asesoró a Kraft Foods Group en 2015 durante su fusión de $ 55 mil millones con HJ Heinz Holding Corporation, convirtiendo a Kraft Heinz en la tercera compañía combinada de alimentos y bebidas de América del Norte.

– Representó a BP plc en su acuerdo global de $ 18,7 mil millones en el derrame de petróleo de Deepwater Horizon 2010. La firma continúa representando a BP en valores relacionados y demandas colectivas.

– Asesoró a AT&T en su adquisición de DIRECTV en una transacción de $ 67 mil millones en 2014.

– Asesoró a un comité especial de directores de Dole Food Company Inc. durante el esfuerzo del principal accionista David Murdock para tomar la empresa privada en 2013, junto con los litigios de seguimiento relacionados.

– A partir de 2011, asesoró a Kodak durante la reestructuración de bancarrota del Capítulo 11 y el resurgimiento posterior como empresa pública. La transacción fue nombrada Tecnología, Medios, Telecom Deal of the Year (más de $ 1 mil millones) por M&A ADVISOR y Turnaround of the Year: Mega Company, por Turnaround Management Association.

– Se desempeñó como abogado coordinador nacional del fabricante de automóviles alemán Volkswagen Group en relación con la solución de litigios multidistritales derivados de las violaciones de emisiones de la compañía. El acuerdo se basó en la representación anterior de Sullivan & Cromwell de Porsche SE (un accionista mayoritario en Volkswagen), que estableció precedentes en litigios de valores transfronterizos.

– Representó a Ferrari SpA y a su principal accionista en una oferta pública inicial, parte de casi $ 370 mil millones en ofertas de capital y deuda en las que Sullivan & Cromwell representaron a las compañías emisoras durante 2015.

– Representó al copropietario de Los Dodgers de Los Ángeles, Frank McCourt, en la venta por bancarrota del Capítulo 11 por $ 2,15 mil millones del equipo a Guggenheim Baseball Management.

– Representó a Barclays en investigaciones relacionadas con la manipulación de la tasa de interés interbancaria de Londres (LIBOR) y la manipulación del mercado de divisas.

– Representó a varios bancos comerciales y de inversión, gestores de activos y otras empresas líderes en transacciones durante y después de la crisis financiera de 2008, incluidos Bear Stearns, Lehman Brothers, Fannie Mae, American International Group (AIG), Wachovia, National City y Barclays.

– Representó a Cory Maples pro bono en la apelación de su condena por asesinato. La firma no cumplió una fecha límite en la apelación del corredor de la muerte de Maples después de que los dos abogados que manejaban el caso abandonaron la firma sin notificar al tribunal en Alabama. Se envió un fallo sobre una petición de denegación a Sullivan & Cromwell. Sin embargo, la sala de correo devolvió los sobres a la corte. En el caso de la Corte Suprema de 2012, Maples v. Thomas, la juez Ruth Bader Ginsburg escribió: “Abandonado por un abogado, Maples se quedó sin representación en un momento crítico para su petición estatal posterior a la condena, y no tenía idea de la necesidad de protegerse a sí mismo pro se. En estas circunstancias, ningún sistema justo establecería el valor predeterminado en la puerta de la celda de muerte de Maples”.

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