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Luis Zambrano Sequín: “El Estado venezolano está condenado a ser pobre” por Hugo Prieto – ProDaVinci –

Luis Zambrano Sequín: “El Estado venezolano está condenado a ser pobre”

La primera pregunta abrió el espacio para que Luis Zambrano Sequín, profesor de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello y de la Universidad Central de Venezuela e Individuo de Número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, trazara un recorrido, necesario y obligado, por el devenir de una sociedad que por más de 100 años ha vivido del petróleo. Hubo crecimiento sostenido y posibilidades, aunque no siempre bajo un régimen político democrático. La estatización del petróleo y el cambio estructural que produjo en la administración política, además de la falta de una cultura ciudadana se combinaron para abrirle las puertas a un falso discurso que ha desembocado en el desastre que vivimos actualmente.

El petróleo, a pesar de su abundancia en el subsuelo, no ofrece los recursos necesarios para apuntalar el crecimiento. El país, de acuerdo a Zambrano Sequín, va a tener que entregar la renta petrolera a inversionistas privados que estén dispuestos a arriesgar recursos, entre otras cosas, porque no hay instituciones ni estabilidad política. Ese es el precio que hay que pagar por darle alas al populismo del señor Hugo Chávez.

La economía venezolana es como esos televisores que repentinamente se quedan en blanco, sin señal. Es sólo eso: Un parpadeo incesante. No hay una continuidad y las investigaciones de economistas como Héctor Malavé Mata, Ricardo Hausmann o Asdrúbal Baptista, por mencionar a unos pocos, son cosa del pasado. ¿Estamos viviendo la peor crisis económica en la historia de Venezuela?

Haciendo un poco de historia diría que durante la época colonial la economía de lo que entonces era Venezuela tuvo una estabilidad generada por el dominio de imperio español, que además duró siglos. Posteriormente, Venezuela se enfrentó al cisma de la Independencia, inducida por la invasión napoleónica a buena parte de Europa, incluida España. Ese cisma produjo un caos político profundo que generó una crisis severa en lo que fue la sociedad venezolana. Es el intento de construir un Estado nacional sobre algo prácticamente inexistente y en medio de una diatriba sobre el modelo político a seguir. En eso se nos fue el siglo XIX que termina, como se ha dicho tantas veces, con la muerte de Juan Vicente Gómez, pero también con la conversión de una pobre economía agrícola en una importante economía petrolera. Ese hecho tuvo un impacto tremendo en Venezuela, desde la integración política y territorial, hasta la creación de un país urbano. Consolidar ese país, que fue de la mano con la madurez de la industria, nos lleva a la primera mitad del siglo XX y luego a algo más de dos décadas de estabilidad, de crecimiento sostenido, y a gobiernos que ciertamente no eran del todo democráticos.

¿Cuál sería el carácter de la economía venezolana durante la segunda mitad del siglo XX?

Surgió un país nuevo, basado en la industria petrolera, cuyos ingresos impactaron las finanzas públicas, con un sector privado que funcionaba con bastante autonomía que aportaba al fisco, al Estado. Un Estado que no tenía mayor injerencia en la actividad económica en general, que se dedicó a crear infraestructura, equipamiento, pero lo que no tuvimos, justamente, fue un liderazgo político que acompañara todo ese proceso con instituciones sólidas.

Uno podría asociar la democracia al ciclo de vida de Rómulo Betancourt. Se echaron las bases, pero el edificio estaba por construirse. Había más sueños que realidad y el liderazgo que tomó el testigo parece que no tenía un plan para llegar a la meta ¿Pedirle a Betancourt que dejara como legado una sociedad como la de los países nórdicos no es acaso un exabrupto? Es cierto, faltó liderazgo político, ¿Pero qué más faltó?

Faltó un liderazgo político, en el sentido de la construcción de ciertos aspectos de la sociedad, que estamos pagando y vamos a pagar muy caro. Probablemente no se hizo un esfuerzo más consistente en la educación ciudadana. Allí hay un déficit muy importante y eso va de la mano con la creación de instituciones. Me refiero a instituciones sólidas que pudieran dirimir los conflictos sociales de una manera más eficiente. Pero quizás no hubo el tiempo suficiente para crear esas cosas. Otro factor, que produjo un cambio importante en la economía venezolana, es la estatización del petróleo. Se empoderó el Estado de una manera muy significativa. Se generaron una serie de incentivos en el mundo de la política, en el mundo de la gerencia pública, que trajo como consecuencia que desde el Estado se empezaran a introducir una serie de rasgos que inhibieron, considerablemente, el desarrollo del sector privado. Digamos, como un sector realmente empresarial.

Ese desequilibrio no es propiamente un factor atribuible a las variables económicas —al empleo, al gasto público, al ahorro, por ejemplo— sino a una particularidad, a una especificidad muy de la economía petrolera venezolana. ¿Usted cree que ese ingrediente, por llamarlo de alguna manera, fue el que desencadenó esta crisis?

El hecho de que el Estado pasara a asumir la propiedad y la gerencia del sector que había sido la causa fundamental de la modernización y la construcción de la Venezuela post agrícola, implicó un cambio que tiene que ver con el devenir posterior.

¿Qué tiene más de negativo que positivo?

Sí, pero no por el hecho de que estas riquezas pasaran a manos del Estado, sino básicamente por la manera, por la forma, en que se gerenció ese Estado. Es decir, el hecho de que esas riquezas pasaran a ser administradas por venezolanos no es por definición una condena en el futuro. Pero ciertamente, hubo un cambio estructural con la imposición de controles, y la injerencia del Estado en la vida económica tienen mucho que ver con lo que estamos viviendo.

Es cierto, por fin se cumple la profecía de Betancourt en “Venezuela Política y Petróleo”: El Estado venezolano pasa a ser el gran actor de la política petrolera. Pero allí está el germen del cambio estructural que menciona, allí está el germen de los controles y las intervenciones. ¿No hubo una profundización de ese factor al aprobarse la Constitución del 99, la más presidencialista, la más estatista de América Latina?

La doctrina de Betancourt tampoco es que se desarrolla desde la nada, hay un contexto internacional, un contexto ideológico y político determinado, donde la aspiración de la dirigencia política venezolana, que se genera después de la muerte de Gómez, es justamente el deseo de independizarse, de controlar los recursos de la nación, reducir la relevancia de las empresas petroleras internacionales. Allí hay elementos de todo este discurso antiimperialista y muy nacionalista. ¿Qué ocurre? Que el Estado, ahora todopoderoso, pasa a regular todos los aspectos de la vida económica, a hacer del sector privado un sector rentista, un apéndice del Estado, buscador de protección, muy distante de lo que es el concepto de un empresariado innovador que además arriesga.

Sí ya el sector privado, de alguna manera, estaba inserto en la economía mundial y actuaba con autonomía o independencia del Estado, ¿cómo fue que se entregó sin disparar un tiro?

Así como teníamos una dirigencia política… bueno, también teníamos una dirigencia empresarial probablemente pobre, que miraba más sus negocios que los intereses del país, que miraba más el corto plazo que el largo plazo. Y aún más, la renta petrolera era de tal magnitud que tener acceso a ella se convirtió en el negocio más rentable del país. Sí tenías que invertir en una nueva maquinaria, en una nueva tecnología versus invertir en un ministro, en un senador o en un diputado que pudiera pasar una regulación, un subsidio que te favoreciera, pues invertir en un funcionario ofrecía una rentabilidad, estrictamente hablando, mucho más alta que arriesgarte con un nuevo proyecto.

En medio de la crisis financiera del año 94, el gobierno anunciaba la intervención de un banco y se desataba el pánico, el público corría a retirar su dinero en las agencias bancarias. Ahora se anuncia una medida similar y no pasa nada. Las pocas señales de vida están en el sector público, en lo que haga o no haga el Estado, lo demás no cuenta. Hasta allá ha llegado el poder del Estado.

La injerencia del Estado en la vida económica del país no es un fenómeno del chavismo, eso viene de mucho antes. Tiene muchísimo que ver y se profundizó con este cambio estructural que produce la estatización del petróleo, digo estatización porque hay que ser precisos en eso. Esa estatización no sólo tiene que ver a lo interno, sino que va acompañada de cambios en lo internacional. Es decir, una vez que se produce la ola de estatizaciones a escala mundial, conocemos el shock de los precios del petróleo —el embargo petrolero árabe de 1973— que cuadriplicó los precios del barril y eso trajo como consecuencia una recesión en la economía mundial que duró casi una década. Casi todos los países petroleros se endeudaron, si no todos, porque fueron mucho más allá de los recursos que obtenían por la venta del petróleo. Venezuela terminó en una profundísima crisis debido a que no pudo digerir bien la renta petrolera.

¿Usted no cree que el año 83, el viernes negro, para ser más preciso, fue una oportunidad para darle un vuelco a esa situación?

La crisis del 83 no sólo es consecuencia de la estatización sino de todo lo que afectó el mercado petrolero mundial. Obviamente, eso afectó al Estado y afectó al país y prácticamente va a paralizar la economía interna. Allí hubo una posibilidad cierta de acabar con esa crisis.

De acabar con esa noción del Estado mágico. ¿Está de acuerdo?

Quizás si hubiese habido más claridad sobre lo que implicó la estatización y la necesidad de corregir un conjunto de errores que eran ya visibles se pudo diversificar la economía venezolana. La administración de la crisis fue muy ineficiente.

No solamente deficiente, diría que vergonzosa. El Estado venezolano, bajo el gobierno de Jaime Lusinchi, fue el único en América Latina en reconocer la deuda externa privada.

Exactamente, pero lo que quiero decir es que esa crisis va a tener efectos que se van a prolongar a lo largo del tiempo, porque resquebraja las expectativas que había en el país. Incluso la actitud de muchos empresarios. Se produjo una fuga de capitales de la cual no nos vamos a recuperar jamás. Ni siquiera en el reciente boom petrolero, por todas las razones atribuibles al chavismo y también de índole política. La crisis financiera de los 90 es hija de esa crisis. El sistema financiero venezolano acompañó el boom petrolero y se sobredimensionó ciertamente. En lugar de aplicar una política que corrigiera ese sobredimensionamiento de manera progresiva a la nueva realidad del país, que era muy diferente, no se hizo lo necesario y al final explotó la crisis financiera de la forma más cruda.

Venezuela surfeó la ola en los picos más elevados del precio del petróleo. La estrategia fue correr la arruga y nos anclamos en esa noción del Estado mágico, del Estado que todo lo puede. ¿Cómo fue que en medio de la crisis del año 98 no se hizo nada?

La crisis, insisto, fue la consecuencia de un boom petrolero extraordinario y no lograste administrar el ajuste que significó la caída del precio del barril. Además, tenías una deuda externa tremendamente alta. ¿Qué vas a tener? Problemas de inestabilidad que, en algunos momentos, se va a mostrar con mucha más crudeza que en otros, en una economía absolutamente incapaz de retomar el crecimiento.

Los economistas dicen que la economía avisa primero y luego viene la crisis política.

Normalmente tienes un rezago entre el momento en que estalla la crisis y cómo luego esa crisis se va expresando en términos de empleo, en términos de ingresos, incluso, en términos institucionales y políticos. El caso venezolano es clarísimo. El boom petrolero, sobre todo el primero, produjo que los venezolanos se dotaran de activos. Del rancho de cartón pasó al rancho de bloques. Pudo tener un televisor, una nevera, un carro. Estalla la crisis, pero tú todavía tienes esos activos. Porque el televisor, por ejemplo, no se echa a perder de la noche a la mañana. El salario cayó pero no tuve que reponer el televisor. ¿Pero qué ocurre a la vuelta de tres o cuatro años? Que el televisor se dañó y ahora no tengo cómo reponerlo. Me quedé sin televisor. Entonces las crisis, sobre todo las crisis sociales, se producen con un rezago.

Llega el año 98, el ascenso de Chávez y otro nuevo boom petrolero. El Estado, gracias a la Constitución del 99, la más presidencialista y estatista, termina por asfixiar la economía del país.

¿Pero Chávez que significa? Chávez es el populismo llevado a uno de sus extremos en un escenario ideal marcado por una sociedad que se ha estancado, que no ha crecido, porque tiene problemas distributivos, problemas de empleo crónicos, una economía que no es capaz de reaccionar y una falta evidente de hacer políticas económicas. Ahí es donde el populismo que representa Chávez tiene la probabilidad de hacer metástasis y llegar al poder, con un discurso montado sobre falsas promesas, sobre un falso diagnóstico que, para cualquiera que tuviera un mínimo de educación ciudadana, resultaba obvio que era imposible de cumplir.

Era obvio, pero eso fue lo que ocurrió.

Yo creo que esa es la expresión más clara de una sociedad que no tenía una ciudadanía con la suficiente educación política, como para entender las graves implicaciones de ese discurso y unas instituciones extremadamente débiles que no pudieron ni contrarrestarlo ni evitar la toma del poder. Para establecer un parangón, el populismo hoy en el mundo está resurgiendo como consecuencia de una crisis de la civilización occidental, crisis que está muy relacionada, entre otras cosas, con la globalización, la cuarta revolución tecnológica y la inteligencia artificial, que están afectando enormemente las estructuras sociales, el mercado de trabajo y la vida cotidiana en general. Lo de Venezuela fue un preanuncio, pero por razones muy diferentes. ¿Cómo se defienden las sociedades occidentales, si es que se defienden? Mediante las instituciones. En Inglaterra, por ejemplo, el señor Boris Jhonson cierra el parlamento y hay un tribunal que le dice: Usted está equivocado. El señor Trump enfrenta la amenaza de un impeachment.

En el papel, Venezuela tiene unos activos. Un aparato productivo, unas fábricas industriales paralizadas, pero esos activos están obsoletos y a lo mejor es mejor que no los tuviera. La economía venezolana está en el piso.

El populismo de Chávez consiguió la manera de afianzarse y desarrollarse. ¿Qué hace el chavismo? No solamente controla fácilmente todas las instituciones sino que además potencia en extremo la intervención en la economía, con la finalidad de consolidarse en el poder. Y lo hace por dos razones: O bien para anular cualquier amenaza que pudiera poner en peligro ese poder, o bien para someterla a su voluntad. Y esa es, básicamente, la estrategia de Chávez con relación al mundo empresarial venezolano.

Si esa era la intención, el resultado está a la vista. Este es un país en ruinas. ¿Qué se puede reconstruir en medio de este desastre?

En buena medida, creo, que no se trata de una reconstrucción sino de una construcción.

¿Qué se puede construir entendiendo que la continuidad del actual modelo está garantizada?

El modelo chavista se levantó sobre la base de una renta petrolera muy elevada, cuyo nivel mínimo requerido fue creciendo en la medida en que se destruía la capacidad interna de producir. Y eso ocurrió no sólo en el sector privado sino también en el sector público. Se fue deteriorando el equipamiento, la infraestructura, las empresas del Estado colapsaron, casi desde cualquier punto de vista y, por supuesto, la inversión privada en equipos y capacidad de producción mermó muy rápidamente por décadas. Es decir, la industria que tenemos o que teníamos, ciertamente es obsoleta por falta de inversión, que sólo podía mantenerse con subsidios, energía y mano de obra barata y créditos prácticamente gratis. Es la única forma de mantenerse, porque si no has invertido allí, ¿cómo te haces competitivo? Todo eso se podía mantener por vía de subsidios generalizados que llegaban por todas las vías posibles. Y, además, con un mercado cautivo que, en buena medida, lo representaba el propio Estado. Es decir, si con esa industria y con ese empresariado es que pensamos retomar el crecimiento sostenido, ciertamente no vamos a llegar muy lejos.

¿Bajo este régimen no le ve ninguna posibilidad a la economía venezolana?

Ninguna. Bajo el régimen chavista la economía funcionó y sigue funcionando, sólo si tiene una sustentación financiera importante, básicamente fundamentada en el petróleo.

Vamos a utilizar la imagen del enfermo terminal. La familia se reúne y dice. Hay que desconectarlo, porque de esta no sale. ¿Eso es lo que está planteado aquí?

La economía chavista, repito, cada vez más sustentada sobre una renta petrolera mínima, ya no es posible, entre otras cosas, porque el mercado petrolero mundial cambió y de forma radical y eso lo vamos a seguir viendo de forma progresiva. Ya no nos ayuda. Pero, además, nuestra capacidad de producir petróleo se ha reducido en forma dramática. Hoy está, y con dudas, en un millón de barriles diarios. Llegar a las cifras que teníamos en 2012, que ya eran cifras mermadas, cuesta muchísimo dinero, que el petróleo ya no ofrece. Eso sólo es posible, en el mejor de los casos, si cambias radicalmente el escenario donde se está moviendo la sociedad y la economía venezolana.

La gente pudiera sospechar que el señor Maduro no quiere sacar los dólares a la calle, que hay que aguantar hasta que se produzca un nuevo boom petrolero. Pero a nadie le importa la verdad y decir que esto ya no es posible. Pudiera ser como en Japón, como en Corea, después de la II Guerra Mundial, cuando la gente trabajaba a cambio de un plato de comida. ¿Hemos llegado a ese punto?

Obviamente, el nivel del salario real en Venezuela está muy por debajo de cualquier salario que se pudiera obtener en ocupaciones equivalentes, no sólo en América Latina sino en cualquier parte del mundo. Ya hay publicaciones que señalan que el salario en Venezuela está por debajo de países que se consideran miserables. ¿Cómo se puede recuperar el salario y llegar a niveles socialmente aceptables? Para poder seguir produciendo petróleo se necesitan cifras impresionantes. ¿Cómo se va a hacer eso, si el Estado no tiene ni la capacidad ni los ingresos para hacerlo? La única manera de hacerlo es con inversión privada extranjera. Pero nadie va a invertir aquí sin pedir una rentabilidad alta, entre otras cosas, porque este es un país inestable que tiene una gran cantidad de defectos, de desequilibrios. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Así es como funcionan todos los negocios. ¿Eso qué significa? Que el Estado va a tener que entregar la renta petrolera al inversionista para que pueda producir.

¿De qué vamos a vivir?

Ahí es donde interviene el tema del salario. El país necesita invertir no sólo en petróleo, sino en servicios, en energía, en acueductos, en vialidad, en comunicaciones, hay que reconstruir el sistema de salud y restablecer las redes educativas. Eso cuesta dinero. Los venezolanos no pensábamos en esas cosas, porque se creía que había un Estado para hacerlo. Pero ya eso no va hacer así. El Estado venezolano está condenado a ser un Estado pobre y a vivir de los impuestos a la renta y al valor agregado, la renta petrolera se va a minimizar. No hay otra manera, si queremos recuperar la industria petrolera. Pareciera que no tenemos otra opción porque es lo único que tenemos a la mano.

¿Todo eso pasa por el cambio político?

Bueno, ¿Por qué? Si yo quiero inversión extranjera, si el Estado no puede jugar el papel que jugaba antes y ahora tengo que contar con un sector privado que debe asumir los espacios que antes ocupaba el Estado para que esta sociedad pueda funcionar, pues obviamente, yo tengo que cambiar todo, prácticamente, en materia regulatoria, este país tiene que cambiar sus instituciones y todo eso pasa por un cambio en la administración política.

Empezar desde cero pudiera tener su atractivo. ¿Podemos sacar algo positivo de todo esto?

 Yo creo que Venezuela tiene un reto. Es un país que sigue teniendo recursos. Afortunadamente, el petróleo pudiera jugar un papel importante en las próximas dos décadas en el mercado energético mundial. No es mucho, pero es una opción. Hemos perdido recursos humanos importantes y en la medida que alarguemos este proceso, donde no se ve ningún cambio, cada día se pierden más recursos humanos, no porque se fueron, sino porque se enraízan en los países donde migraron.

La gente cree que el cambio es de una cara conocida por otra, de una clase política por otra… no caballero, el cambio es de otra naturaleza, de otro carácter y de una magnitud diferente.

Hay que crear instituciones y para poder aspirar a salarios socialmente aceptables tienes que tener un país creciendo en forma sostenida, con un empresariado fuerte y capaz, con estabilidad política y algo que ofrecerle al capital internacional porque vamos a depender más que nunca de eso para poder recuperar el aparato productivo.

Venezuela Creditor Cleared to Resume Citgo Seizure Efforts by Andrew Scurria – The Washington Post – 30 de Septiembre 2019

An appeals court lets Crystallex International Corp. restart a debt-collection lawsuit targeting Venezuelan oil refiner

A Citgo Petroleum refinery in Sulphur, La.

A U.S. appeals court is letting one of Venezuela’s creditors resume efforts to take control of Citgo Petroleum Corp. and raising the odds of a forced sale for the South American nation’s largest seizable asset in the U.S.

The U.S. Court of Appeals for the Third Circuit on Monday lifted a stay that had frozen attempts by Crystallex International Corp., a defunct Canadian gold miner, to wrest Venezuela’s 100% ownership stake in Citgo as compensation for a $1.4 billion government debt.

Crystallex, which partnered with Venezuela on a gold-mining venture that soured in 2011, has said it wants to put those shares up for sale.

Monday’s ruling removes an impediment to the potential auction and marks a defeat for Venezuela’s U.S.-backed opposition leaders, who have tried to safeguard the company from seizure since taking effective control of the refining company from President Nicolás Maduro’s government.

As Venezuela’s largest-known external asset, Citgo is an obvious source of payment for bondholders and multinational companies that are owed billions of dollars by Venezuela and have grown impatient during the country’s recent economic and political meltdown.

A forced sale would require approval from the U.S. Treasury Department. Citgo has considered filing for bankruptcy as one of several options to sort out competing claims on the company. Besides Crystallex, other companies with claims against Venezuela also are targeting Citgo for compensation, including Owens-Illinois Inc.,ConocoPhillips Co. and Rusoro Mining Ltd.

But the Canadian company was the first to fight its way to the company’s front door, winning permission from a Delaware federal judge last year to seize Venezuela’s shares in Citgo’s U.S. parent company.

The takeover bid had been put on hold while the Venezuelan opposition filed appeals. But in July, the Third Circuit upheld the seizure ruling. Monday’s order allows Crystallex to resume its efforts in Delaware to wrest control of Citgo.

One of the largest U.S. refiners and a wholly-owned Venezuelan state asset since 1990, Citgo has said that a sale of the company would put its debt into default, jeopardizing thousands of U.S. jobs. Citgo also remains a flashpoint in the political struggle gripping Caracas, where President Maduro has kept his hold on key state institutions and the military despite food shortages, rampant hyperinflation and international criticism over human-rights abuses.

Led by self-proclaimed president Juan Guaidó, Venezuela’s opposition government took effective control of Citgo in February from the Maduro regime and urged U.S. courts to protect the company from creditors. Citgo’s refineries were key buyers of Venezuelan crude until the White House imposed sanctions that shut down oil trading between the U.S. and Venezuela. Now, Citgo is under new leadership and all but severed from its owner, state oil giant Petróleos de Venezuela SA.

Mr. Maduro’s government last year paid Crystallex $500 million in hopes of saving Citgo from seizure but failed to pay additional installments, prompting Crystallex to resume its collection efforts.

Opposition leaders have lobbied the Trump administration to protect Citgo from seizure through executive action and claimed in August that new sanctions protected the company from falling into creditors’ hands. But Treasury Department officials later clarified to market participants that PdVSA bondholders could foreclose on a controlling stake in Citgo if they weren’t paid, people familiar with the matter said. Those bondholders are owed more than $900 million later this month.

Maduro anuncia renegociación total de la deuda externa – Hispano Post – 30 de Septiembre 2019

 En rueda de prensa con medios internacionales,  Maduro declaró que está dispuesto a reunirse con quien sea para buscar un refinanciamiento de todos los compromisos de la república.

Convocó a los acreedores a sostener un encuentro con Delcy Rodriguez  y Tarek el Aissmin para tratar el tema.

“Venezuela ha declarado una reestructuración de la deuda y de todos los bonos. Venezuela está bloqueda económica y financieramente en el mundo. Hay fórmulas para pagar y lo estamos aplicando. Nuestro  sistema de pago funciona en  China y Rusia”, dijo Maduro.

“Sé que los bonistas de la deuda venezolana se reúnen con Trump en la Casa Banca y aportan grandes cantidades de dinero a la campaña de intervenir en Venezuela. Pagamos hasta que llegaron las sanciones. Podemos cumplir todos nuestros compromisos a cambio de que se nos abrán las compuertas del refinanciamiento internacional. Vicepresidenta y vicepresidente del Área Económica cconvoquen a una ronda renegociación de la deuda. Quiero reunirme con ellos aquí o en cualquier lugar del mundo, menos en Estados Unidos”, agregó.

Aseguró que está dispuesto a retomar la ronda de conversaciones avaladas por el gobierno de Noruega.

“Si Noruega nos convoca iremos inmediatamente a un diálogo con las otras fracciones de la oposición. Soy capaz de reunirme con quien sea. Estamos listos para acudir a cualquier convocatoria de buena voluntad de Noruega para iniciar los diálogos de paz con los otros sectores de la oposición y si fuera posible lo hiciéramos hoy y en Venezuela”, dijo Maduro en rueda de prensa con medios internacionales.

Subrayó que las propuestas que llevarían a la mesa serían: “El primer punto de nuestra agenda sería el  cese de las sanciones contra Venezuela, el cese de las amenazas militares, la defensa del Esequibo y que se logren todas las ganratías nacionales e internacionales para las elecciones parlamentarias. El único que no puede venir es la basura de Almagro”.

El líder oficialista se refirió a las denuncias del presidente de Colombia, Iván Duque, quien acusó a la administración de Maduro de proteger a grupos irregulares en territorio venezolano.

“Nos hicieron llegar la alerta de que el gobierno de EEUU había dado una orden a Iván Duque para que montara un falso positivo, generara un ataque al territorio venezolano y poner el centro de atención en Venezuela para justificar una escalada de medidas”. “No aceptamos a ningún grupo armado de ningún signo colombiano en territorio venezolano”, aseguró.

Con respecto al anuncio de Ricardo Menéndez sobre un censo que llevarán a cabo, Maduro señaló: “Viene el censo, con el censo poblacional lo vamos a saber todo”

Los números que la dictadura de maduro no presentó en la ONU – Asamblea Nacional – 28 de Septiembre 2019

¿Qué papel jugará el centenario bufete Sullivan & Cromwell en la estrategia de Guaidó? por Zenaida Amador – ALnavío – 4 de Septiembre 2019

Desde enero, cuando Juan Guaidó asumió de forma interina las funciones ejecutivas de la República, ha venido adelantando acciones internacionalmente para garantizar la protección de los activos externos de la nación y negociar con los acreedores acuerdos que no lesionen el patrimonio nacional. Sin embargo, la tarea ha sido cuesta arriba.

Guaidó busca garantizar la protección de los activos externos de Venezuela / Twitter: @jguaido
Guaidó busca garantizar la protección de los activos externos de Venezuela / Twitter: @jguaido

Ya en mayo pasado se había señalado que Juan Guaidó, en su condición de presidente interino de Venezuela, contactó a Lee Buchheit, experto en reestructuración de deuda, para buscar asesoramiento en esta materia, dada la compleja situación que enfrenta el país, que acumula impagos por más de 60.000 millones de dólares. Desde entonces se han manejado varias opciones, con acercamientos a los acreedores, aunque parte de la apuesta del equipo de Guaidó es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emita una Orden Ejecutiva que le dé protección de los acreedores a los activos de Venezuela en su territorio, algo que aún no ha ocurrido.

Fundada en 1879 por Algernon Sydney Sullivan y William Nelson Cromwel, Sullivan & Cromwell asesoró a John Pierpont Morgan durante la creación de Edison General Electric (1882) y luego guió a los actores clave en la formación de US Steel (1901). Cromwell desarrolló el concepto de una sociedad de cartera, persuadiendo a Nueva Jersey para que lo incluyera en la ley estatal y permitiendo a las empresas que se incorporan allí evitar las leyes antimonopolio. La empresa también trabajó con empresas menos exitosas durante las décadas volátiles antes del establecimiento de las leyes federales modernas de bancarrota; fue pionera en los esfuerzos para reorganizar las empresas insolventes a través de lo que se conoció como el “plan Cromwell”. Cromwell fue llamado “el médico de Wall Street” por su capacidad para rescatar a empresas en quiebra.

Wikipedia

En este contexto, la Procuraduría Especial designada por Guaidó anunció este martes que la firma de abogados Sullivan & Cromwell LLPes el asesor principal para la reestructuración de la deuda externa de la República de Venezuela y otros organismos públicos de la nación. La presión crece para que se logre pactar dicha reestructuración, ya que el tiempo corre en contra.

Hace tan sólo una semana la agencia Reuters conversó con Mike Cornelius, gerente de la administradora de fondos T. Rowe Price, quien dijo haber mantenido conversaciones informales con asesores de Guaidó sobre el financiamiento del pago de 913 millones de dólares del bono 2020 de Petróleos de Venezuela, que debe efectuarse en octubre.

Este pago genera presión en la gestión de Guaidó, que ya en abril de este año tuvo que gestionar la erogación de 71,5 millones de dólares correspondiente a los intereses del bono PDVSA 2020, con el fin de proteger Citgo, que es el principal activo de Venezuela en Estados Unidos, ya que 50,1% de sus acciones sirven de garantía a esos papeles.

“T Rowe Price, como parte del Comité de Acreedores de Venezuela, ha expresado la opinión de que los tenedores de bonos considerarían una nueva ayuda monetaria para ayudar con el pago de 2020, pero es imposible mientras haya una prohibición comercial de los bonos existentes”, explicó Cornelius, para quien un acuerdo en este sentido pasa por un cambio en las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro que ha aplicado Estados Unidos.

Las sanciones limitan las operaciones por las restricciones comerciales sobre los bonos venezolanos.

Ahora la Procuraduría, que encabeza el abogado José Ignacio Hernández, informa que sumó a su causa al centenario bufete Sullivan & Cromwell LLP y pactó con él “una adaptación al costo legal durante un período inicial” en atención a la necesidad que existe de abordar la crisis humanitaria del país. Aunque sin ofrecer mayores detalles, dijo que contará directamente con Sergio Galvis, director de Prácticas de Finanzas Soberanas Latinoamericanas, y Jim Bromley, jefe del equipo de reestructuración de deuda de la firma.

Se espera que Sullivan & Cromwell LLP, que se promociona afirmando que “los resultados que logra la firma la han distinguido por más de 140 años y la han convertido en un modelo para la práctica moderna de la ley”, ayude a hacer frente a la situación. La información del despacho de Hernández dice que “la incorporación de la firma contribuirá al compromiso del gobierno interino de buscar una solución ordenada y consensuada de todos los reclamos comerciales heredados de los regímenes anteriores”.

Aunque Washington ha sido un aliado clave de Guaidó, a la fecha no ha emitido la tan esperada Orden Ejecutiva de protección de activos ni ha modificado la Licencia General 5 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) en el marco de las sanciones aplicadas al régimen de Maduro, licencia que permite a los tenedores de bonos PDVSA 2020 acceder al cobro de sus garantías.

Clientes notables y casos

– Asesoró a Kraft Foods Group en 2015 durante su fusión de $ 55 mil millones con HJ Heinz Holding Corporation, convirtiendo a Kraft Heinz en la tercera compañía combinada de alimentos y bebidas de América del Norte.

– Representó a BP plc en su acuerdo global de $ 18,7 mil millones en el derrame de petróleo de Deepwater Horizon 2010. La firma continúa representando a BP en valores relacionados y demandas colectivas.

– Asesoró a AT&T en su adquisición de DIRECTV en una transacción de $ 67 mil millones en 2014.

– Asesoró a un comité especial de directores de Dole Food Company Inc. durante el esfuerzo del principal accionista David Murdock para tomar la empresa privada en 2013, junto con los litigios de seguimiento relacionados.

– A partir de 2011, asesoró a Kodak durante la reestructuración de bancarrota del Capítulo 11 y el resurgimiento posterior como empresa pública. La transacción fue nombrada Tecnología, Medios, Telecom Deal of the Year (más de $ 1 mil millones) por M&A ADVISOR y Turnaround of the Year: Mega Company, por Turnaround Management Association.

– Se desempeñó como abogado coordinador nacional del fabricante de automóviles alemán Volkswagen Group en relación con la solución de litigios multidistritales derivados de las violaciones de emisiones de la compañía. El acuerdo se basó en la representación anterior de Sullivan & Cromwell de Porsche SE (un accionista mayoritario en Volkswagen), que estableció precedentes en litigios de valores transfronterizos.

– Representó a Ferrari SpA y a su principal accionista en una oferta pública inicial, parte de casi $ 370 mil millones en ofertas de capital y deuda en las que Sullivan & Cromwell representaron a las compañías emisoras durante 2015.

– Representó al copropietario de Los Dodgers de Los Ángeles, Frank McCourt, en la venta por bancarrota del Capítulo 11 por $ 2,15 mil millones del equipo a Guggenheim Baseball Management.

– Representó a Barclays en investigaciones relacionadas con la manipulación de la tasa de interés interbancaria de Londres (LIBOR) y la manipulación del mercado de divisas.

– Representó a varios bancos comerciales y de inversión, gestores de activos y otras empresas líderes en transacciones durante y después de la crisis financiera de 2008, incluidos Bear Stearns, Lehman Brothers, Fannie Mae, American International Group (AIG), Wachovia, National City y Barclays.

– Representó a Cory Maples pro bono en la apelación de su condena por asesinato. La firma no cumplió una fecha límite en la apelación del corredor de la muerte de Maples después de que los dos abogados que manejaban el caso abandonaron la firma sin notificar al tribunal en Alabama. Se envió un fallo sobre una petición de denegación a Sullivan & Cromwell. Sin embargo, la sala de correo devolvió los sobres a la corte. En el caso de la Corte Suprema de 2012, Maples v. Thomas, la juez Ruth Bader Ginsburg escribió: “Abandonado por un abogado, Maples se quedó sin representación en un momento crítico para su petición estatal posterior a la condena, y no tenía idea de la necesidad de protegerse a sí mismo pro se. En estas circunstancias, ningún sistema justo establecería el valor predeterminado en la puerta de la celda de muerte de Maples”.

Catastrofe revelada por el BCV por Humberto Garcia Larralde – Academia Ciencias Económicas – Julio 2019

Who Can Pay Venezuela’s Debts? by  Matt Levine – Bloomberg – 12 de Julio 2019

Who controls a country?

Venezuela, and its state-owned oil company Petróleos de Venezuela SA, have stopped making payments on a lot of their debts. Many of these debts are in the form of bonds governed by New York law, and so bondholders have suedVenezuela in U.S. courts asking for their money back. This is not, in sovereign debt cases, a foolproof approach: The court can tell Venezuela to give them their money back, but it can’t make Venezuela do it; Venezuela is its own country and doesn’t have to listen to U.S. courts. Still it might be good for bondholders, or at least bad for Venezuela, if the bondholders sue and get U.S. court judgments against Venezuela and PdVSA. Venezuela and PdVSA get a lot of their money by exporting oil abroad, and they own lots of assets in the U.S. in the form of PdVSA’s refining subsidiary Citgo Petroleum Corp.; defaulted bondholders might be able to find ways to seize some of that oil or those Citgo assets to pay off their claims.

So Venezuela would like to defeat those lawsuits. It is not particularly easy to do that, given that Venezuela really hasn’t paid the money; on the facts, this is a pretty straightforward case of default. But there is one weird complication, which is: Who is “Venezuela,” anyway? Actual power in Venezuela seems to mostly be in the hand of President Nicolás Maduro’s government, but Maduro is isolated internationally and not recognized by the U.S. Call this government Venezuela-1. Meanwhile the dissident interim government of Juan Guaidó has international recognition but very little in the way of effective control of the Venezuelan state. Call it Venezuela-2.

One basic procedural form of this question is, when someone sues Venezuela in a New York federal court, who shows up on the other side? Who represents Venezuela? The probable rough answer is that it is the government of Venezuela as determined by U.S. law (not Venezuelan law), which means effectively the government recognized by the U.S. State Department, which means Venezuela-2, Guaidó’s interim government.

But this raises a second, substantive question, which is: What is the point of suing Venezuela and getting a judgment against the interim government, when the interim government doesn’t control Venezuela’s oil or money or productive capacity or lawmaking apparatus or anything else? In theory, the idea in a case like this is you sue Venezuela and the court tells Venezula to pay and then Venezuela nods and accepts the order and pays you. It doesn’t necessarily work like that in practice—Venezuela can disobey the court—but that’s the idea. But here, you sue Venezuela and the court tells Venezuela-2 (Guaidó) to pay you and then Venezuela-1 (Maduro), the one with the capacity to pay you, just ignores the whole thing because they weren’t involved. It’s just weird.

Guaidó’s lawyers are trying to take advantage of this oddity. Here are sovereign-debt experts Mark Weidemaier and Mitu Gulati:

Court papers defending against the two latest creditor lawsuits reveal an intriguing and innovative strategy. … In filings made a couple of weeks ago (June 21, 2019), the lawyers for Venezuela (Arnold & Porter) raised three doctrines that one rarely sees in modern sovereign debt litigation for the simple reason that these ordinarily have little chance of success: impossibility, necessity and comity. …

The doctrine of impossibility (or impracticability) excuses a party’s non-performance of its contract obligations when some event outside of that party’s control, and not foreseen at the time of the contract, makes it difficult or impossible to perform, unless the non-performing party assumed the risk of such events. For instance, a blight might excuse a farmer’s obligation to deliver grain (unless the contract assigned this risk to the farmer).

Borrowers who cannot repay loans almost never succeed in arguing impossibility. The reason is that the law typically assigns the risk of non-payment to the borrower, no matter the reason for the borrower’s inability to pay. … Is Venezuela also an exception?

Perhaps. As we understand the Guaido team’s argument, it is that the government should at least temporarily be excused from paying because its responsible officials—as conclusively recognized by the U.S. government—are in exile and are unable to control the government or its resources. The argument is clever. Arguably, the current situation has resulted from events that were unforeseeable and that resulted from foreign policy decisions made by the Trump administration that were not caused by the (rightful) Venezuelan government. And the argument has a certain equitable appeal. Why not give the government a break until its rightful leaders, as determined by the U.S. government, are in control?

The argument is not that Venezuela can’t pay its debts, which is very true (it is out of money and in a humanitarian crisis, and no one thinks it will ultimately pay its debts in full) but not much of a legal defense. The argument is that Venezuela-2 can’t pay its debts, because Venezuela happens to be controlled by Venezuela-1. And Venezuela-2 is the one defending the lawsuits. Effectively the argument is: For reasons beyond our control, we have temporarily misplaced our country, so you can’t sue us to pay back your bonds until we get it back.

That seems like kind of a hard argument to win, but you don’t necessarily have to win: Just slowing down the lawsuits to argue over this point has some benefits to Guaidó’s interim government. And as Weidemaier and Gulati point out, the argument did have that effect; the U.S. judge gave the parties more time to argue about this, effectively pushing any decision back “until mid-April 2020, or perhaps even longer.” By then I suppose there is some hope that Venezuela-1 and Venezuela-2 will have merged (by Guaidó taking power, or by the U.S. recognizing Maduro, or by some compromise or other result) and it will all be a bit more orderly.

This is only the half of it, by the way! I was oversimplifying when I said that Maduro’s government controls Venezuela’s oil and money and productive capacity. In fact, some of Venezuela’s money is held abroad, and, as the internationally recognized government, Guaidó’s interim government might be able to gain control that money. And a relevant part of Venezuela’s economy actually exists in the U.S.: It is Citgo, which has declared its independence from Maduro and effectively answers to Guaidó. Technically Citgo is a subsidiary of PdVSA, the state oil company, and it answers to PdVSA. But it answers to PdVSA-2, a PdVSA-in-exile whose board is appointed by Guaidó, not PdVSA-1, the PdVSA-in-situ that actually controls Venezuela’s oil and answers to Maduro.

And in fact PdVSA-2, Guaidó’s PdVSA, the one that doesn’t control PdVSA’s oil and operations but that does control Citgo, has made a payment to bondholdersHere, from mid-May:

Venezuela’s ad-hoc board of directors for state oil company PDVSA, appointed by opposition leader Juan Guaido, said on Thursday it has made an interest payment on its bond maturing in 2020, delaying uncertainty over its crown jewel U.S. asset.

The PDVSA bond is backed by shares in U.S. refiner Citgo and failure to make the $71 million interest payment would have allowed bondholders to seize the shares as compensation. ….

President Nicolas Maduro’s government had remained current on the 2020 bond even as it fell behind on more than $10 billion in interest and principal payments on other bonds issued by PDVSA and the government.

But efforts by any Maduro-linked entity to pay would have been complicated by sanctions imposed by the United States on PDVSA in January as part of a bid to pressure Maduro to step down. … PDVSA’s ad-hoc board has said it will use uncollected oil revenue from PDVSA to make the bond payment but has not provided further specifics about the source of the funds.

The bondholders who are suing argue that this is a reason to reject the impossibility defense: “Venezuela’s impossibility defense is refuted by the fact that the Guaidó government made a $71 million interest payment to other bondholders less than a month ago,” they write. If Venezuela-2 controls Venezuela’s money, then maybe it should pay the bonds, or at least be declared in default.

Away from these philosophical issues about who is in charge, the interim government and a committee of bondholders have both released proposals for how to restructure Venezuela’s debts. (Here are Weidemaier and Gulati on the government’s proposal, and Ricardo Hausmann et al. on “How to Address Venezuela’s Crushing Debt Burden.”) These proposals are pretty general at this point, and I suppose there is not much sense in the two sides sitting down to iron out the details, since the interim government doesn’t control Venezuela and there’s no guarantee that whatever they agree to can actually happen. But an important plank of the interim government’s proposal is that it would give equal treatment to creditors who have and have not gotten U.S. court judgments against Venezuela; the point is to deter creditors from seeking judgments:

“We cannot allow special treatment because if we do, we are creating an incentive for litigation,” José Ignacio Hernandez, Mr Guaidó’s attorney-general, said. “The message is, ‘please don’t sue Venezuela, because it will be a waste of money’.”

The message here, as in the lawsuits, is basically that you have to wait to figure out who runs Venezuela before you can get your money back from Venezuela. Which seems reasonable enough, though it is hard to know how long it might take.

Who controls a company?

We get these from time to time around here and they’re always irresistible, so here is the story of a U.K. energy-drinks company called Rich Energy, which tweeted that it was canceling its sponsorship of the Haas Formula 1 racing team “for poor performance.” (“Haas [are] nice people but the car is going backwards. … A milkfloat at back of grid a disaster for us,” Rich Energy’s chief executive officer told a reporter.)

But that is just one perspective. The CEO’s perspective, meanwhile, as he told Jalopnik, is 1 :

I am the CEO and founder of Rich Energy and control the board of directors and all assets.
I also control more than 51% of the shares
There has been an attempted coup of my position by a handful of shareholders who have a cosy relationship with Red Bull and Whyte bikes.
These shareholders led by Neville Weston and Charlie Simpson have failed in their efforts.
All key stakeholders support the current strategy of the UK’s premium energy drink Rich Energy

You can read a version of this on the company’s official Twitter account, too, calling the shareholders’ statement “ludicrous,” “risible,” and an “attempted palace coup.” His lawyers add: “Given the information available at Companies House on Rich Energy Limited, including its shareholder base, we are somewhat at a loss as to how you will be able to wrestle control of the company from Mr. Storey.” The implication is that there is some disagreement over who owns how many shares, with the shareholder group saying that they have a majority (and, thus, control) and the CEO saying that they have a minority (and, thus, not).

So an important, perhaps decisive, question is “does the investor group actually have a majority or a minority of the (voting power of the) shares?” But, as always in these situations, that is not the only question. “Who does the Formula 1 team think is in charge?” is a relevant one. (The shareholders, apparently.) Or: “Who has the Twitter account password?” (The CEO, apparently.)

Furious Bondholders Hound Guaido’s Money Man as Defaults Pile Up by  Ben Bartenstein – Bloomberg – 5 de Julio 2019

Hernandez, a Caracas native, bears the brunt of angry calls

Creditors are desperate for a plan that will pay them back

Jose Ignacio Hernandez
Jose Ignacio Hernandez Photographer: Victor J. Blue/Bloomberg

Venezuela’s political opposition is experiencing all the drudgery of governing without much of the actual power.

Perhaps no man knows that better than Jose Ignacio Hernandez. In February, the Caracas-born constitutional lawyer was named attorney general for the government being assembled by Juan Guaido. But while Guaido, the National Assembly President, has been recognized by the U.S. and more than 50 other governments as the country’s rightful leader, he and allies like Hernandez have limited actual power.

No matter to the nation’s creditors. After months of defaults and billions of dollars of unpaid bills, they’re desperate for someone — anyone — tied to Venezuela to acknowledge the arrears and come up with a plan to pay them back. Since the U.S. says Guaido is president, creditors now see his staff as responsible for figuring out how to make things right.

Hernandez said he’s getting dozens of calls a week from across the world. Everyone wants to know when they’ll get their money. He tells them the hard truth: We can’t pay you now and we don’t know when we will.

“When you have a test in university, you need breathing space, so you go to the library and there’s a big sign: Silence,” Hernandez, 44, said in an interview in New York. “I need silence. I need to think carefully. And I can’t think carefully when I have my phone ringing with claimants, door knocking with claimants and lawyers saying we have a due date. Nobody can work like that.”

In fact, the financial situation is so delicate that Hernandez said neither he nor his colleagues in Washington are getting paid. The plan is to pass a special budget law that would establish a payroll for Guaido officials and free up funds to address the humanitarian crisis, he said. A comptroller would be appointed to supervise.

The opposition’s efforts to take over Miraflores Palace have stalled in recent weeks after a botched uprising on April 30. Since then, the Maduro regime has cracked down on those responsible, forcing some lawmakers to hole up in safe houses. Tensions boiled over further last weekend after the death of a navy captain involved in the revolt.

Venezuela's defaulted debt trades in distressed territory

Amid the stalemate and U.S. sanctions, trading in Venezuelan debt had all but dried up until recently. The country’s benchmark bonds have fallen 6 cents since the middle of last week to about 20 cents on the dollar as JPMorgan Chase & Co. prepares to drop the nation’s weight to zero in its bond indexes.

Settling with creditors figures to be a priority for the new government, which will need to create a plan for bondholders, oil service providers and loans from Russia and China. Venezuela’s total liabilities are about $114 billion, according to Barclays Plc, or $157 billion, if you listen to Torino Capital, the New York-based boutique investment bank. Hernandez himself said the total may exceed $200 billion, although it’s tough to be sure given the unknown number of claims on promissory notes, expropriations and other liabilities.

Cooped up in an abandoned diplomatic facility in Washington run by Venezuela’s military attache, who defected from Maduro to join Guaido’s camp, Hernandez’s four-person team fields calls from a long list of lawyers seeking their place at the table. Meantime, he’s often on the road, juggling his responsibilities as a fellow at Harvard University as well as meetings on Wall Street and beyond.

One of Hernandez’s big projects is what he calls the kleptocracy asset recovery plan. He’s assembling a global team of lawyers, investigators and government officials to identify the billions of dollars he believes was looted from the Venezuelan public under Maduro and his predecessor Hugo Chavez.

While it’s impossible to predict how much they could obtain, Hernandez said it’s possibly up to $300 billion, which could be a very optimistic estimate. He offered scant details on where such money is sitting: “If I say I’m looking for stolen money in Paris, then people will move all their money from Paris.”

“All options are on the table” for October, when nearly $1 billion is due on the debt, although Hernandez said he’s confident that the Trump administration will issue an asset protection order. The U.S. has thus far resisted requests by Guaido’s representatives to do so.

Failure — be it losing Citgo or other assets — is not an option, he said.

“We’re on a Titanic that’s sinking and I have the possibility to avoid that disaster, but at the same time, I have a lot of people saying, ‘Save me, save me, save me,’” Hernandez said. “So I say, ‘Please give me an hour and I will attend to your problem.’ Otherwise, we’re going to the bottom of the sea.”

— With assistance by Karina Montoya, Jose Enrique Arrioja, and Jenny Paris

Guias para renegociación deuda pública externa – Procuraduría General de la Republica – 1 de Julio 2019

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July 1, 2019

OFFICE OF THE SPECIAL ATTORNEY GENERAL OF THE BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA

GUIDELINES FOR THE RENEGOTIATION OF THE CHÁVEZ/MADURO ERA LEGACY PUBLIC EXTERNAL DEBT.

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This memorandum describes the policies that will guide the Interim Government and the National Assembly of the Bolivarian Republic of Venezuela led by President Jan Guaidó (the “Authorities”) as they approach the imminent renegotiation of foreign currency-denominated private claims against the Republic and the Venezuelan public sector (that is, claims asserted by private sector parties, not claims of official sector entities). This memorandum has been prepared by the advisory commission designated by the Special Attorney General, José Ignacio Hernández G., integrated by Ricardo Hausmann and Alejandro Grisanti. Furthermore it benefited from the advice of Lee Buchheit, who is the Authorities’ strategic adviser in public debt matters.

**

This public external debt renegotiation cannot begin until the usurpation by regime of Nicolas Maduro has not ended and the economic sanctions imposed on said regime by the United States of America and other countries have not been lifted. Consequently, once these events have occurred, it shall be the policy of the Authorities to proceed with an orderly and consensual renegotiation of legacy private claims as soon as practicable thereafter, in accordance with the Special Law to be passed by the National Assembly.

1. Comprehensive Private Claims Renegotiation

The Authorities anticipate that this will be a comprehensive renegotiation of claims against the Venezuelan State, including all the foreign currency-denominated claims against the Venezuelan public sector. A significant number of the outstanding claims against the Venezuelan public sector did not arise in the context of traditional debt instruments evidencing obligations contracted. These include, for example, claims related to unpaid supplier invoices and damage claims resulting from the expropriations and nationalizations carried out by the Chavez/Maduro regimes. The Authorities intend to use this opportunity to resolve as many outstanding private claims against the Venezuelan public sector as possible.

2. Claim Reconciliation

Only reconciled foreign currency-denominated claims will be eligible to participate in the renegotiation. The Authorities expect to appoint a claims reconciliation agent, whose 2 responsibilities will include, among others, compiling a comprehensive list and inventory of the outstanding legacy claims, as well as determining the amounts of each one of these claims for purposes of renegotiation. In many cases (such as bonds or loans that were not issued with significant amounts of original discount) the Authorities expect the reconciliation process will be straightforward; the reconciled amount of such claims will represent unpaid principal and interest accrued according to original contractual terms.

There may be other categories of foreign currency-denominated claims. However, that will require the claims reconciliation agent to undertake a factual investigation. Among these may be claims whose face amount was inflated at the time of issuance in expectation of a heavy market discount upon resale by the holder, debt instruments issued with significant amounts of original issue discount, claims (such as arbitration claims that have not yet resulted in a final arbitral award) whose quantification will require discussion by the Authorities and the holder of the claim, claims procured or tainted by demands of corruption allegedly committed by officials in the Chávez/Maduro regimes, and perhaps other categories of questionable claims.

The Authorities will early in the process publish a memorandum describing the policies that will guide the claims reconciliation agent in carrying out its functions.

The Authorities reserve the right to exercise all actions and potential legal defenses with respect to questionable claims until the point that such claim has been reconciled in order to participate in the renegotiation in accordance with the published guidelines and accepted by the Authorities.

3. Equal Treatment

Once the amount of a claim has been reconciled and accepted to be renegotiated, the claim shall be eligible to participate in the renegotiation on equal terms with all other reconciled private claims (subject to the exceptions described in the next paragraph). Stated differently, no different treatment shall be accorded to eligible foreign currency-denominated claims as a result of their origin (for example, whether arising pursuant to a debt instrument, an unpaid invoice, an expropriation, etc.), the nature or domicile of the holder of the claim, and/or the identity of the public sector obligor (the Republic, PDVSA or another public sector entity, whether the claim has been reduced to a court judgment or otherwise.

Claims that benefit from a valid first priority security interest in property of the Venezuelan state or its public sector entities may be given separate treatment in the renegotiation.

4. Financial Terms

Promptly once the transition has taken place, the Authorities expect to request the assistance of the International Monetary Fund (IMF) and other multilateral agencies in  addressing the dire humanitarian crisis in Venezuela and in developing a longer-term program for the country’s economic recovery. The Authorities recognize that designing an economic recovery program for a country in the condition of Venezuela will be a challenging and time-consuming task. That program is expected to include a projection about the level of debt and associated debt service requirements that the country will be able to carry in future years.

As a practical matter, a detailed discussion about the financial terms of the foreign currency-denominated claims renegotiation must await the conclusion of the IMF’s assessment of Venezuela’s condition and economic prospects. With that assessment in hand, however, and consistent with IMF policies, the Authorities will enter into discussions with representatives of the various claimant groups regarding both the proposed financial terms for the renegotiation of their claims and the nature of the new debt instruments that will be issued.

It shall be the policy of the Authorities to ensure that settlements of both commercial and financial legacy claims, as well as bilateral claims, are consistent with the economic recovery program supported by the IMF and other official sector sponsors.

The Authorities acknowledge and appreciate the forbearance from exercising legal remedies shown by most private creditors despite the behavior and the provocations of the Maduro regime. Few, if any, claims are in danger of becoming time-barred as a result of the running of a statute of limitations. To the extent that any claims are in danger of becoming time-barred, the Authorities will entertain proposals to extend the relevant limitations period to permit the debt renegotiation to proceed. Moreover, as noted above, no preferential treatment will be accorded in the debt renegotiation to claims that have been reduced to a court judgment. The Authorities therefore request all claimants to refrain from pursuing legal remedies (and suspend, without prejudice, any actions that have already been commenced) pending the coming end of usurpation and the commencement by the Authorities of an orderly, consensual resolution of those claims.

Cómo zafarse de $150.000 millones de deuda externa según exministro de Chávez por Carlos Seijas Meneses – TalCual – 28 de Junio 2019

El economista Rodrigo Cabezas, ministro de Finanzas de 2007 a 2008, sostiene que para refinanciar la deuda externa se requiere de la elaboración de un plan completo de recuperación que genere confianza en los actores externos y les transmita la certeza de que la economía venezolana va a crecer, que el país resolverá la hiperinflación y que va a trabajar para alcanzar equilibrios económicos sociales


Durante los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, la deuda externa escaló hasta los 150.000 millones de dólares.

En menos de 20 años, Venezuela adquirió compromisos con diferentes acreedores. El país tiene deudas soberanas, de empresas públicas, principalmente Pdvsa; deudas multilaterales, por ejemplo, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que está en default (incumplimiento de pago); deudas bilaterales con China y Rusia y deudas garantizadas que tienen como sustento activos de Pdvsa en el extranjero. La nación también tiene compromisos con suplidores, además de notas provisorias y deudas comerciales.

Los expertos sostienen que el legado de muchas acreencias que dejan dos décadas de chavismo harán que el caso venezolano sea único, y que su reestructuración se convertirá en una de las más complicadas de la historia.

Según el cronograma de pagos de la deuda externa venezolana ofrecido por Rendivalores, en julio Venezuela debe desembolsar $70.312.500; en agosto, $633.450.000; en septiembre, $228.750.105; en octubre, $4.058.400.282; en noviembre, $1.519.570.649; y en diciembre, $45.001.710.

¿Pero cómo puede Venezuela zafarse de $150.000 millones de deuda externa? El economista Rodrigo Cabezas, ministro de Finanzas de 2007 a 2008, afirmó que, en primer lugar, no se puede refinanciar sin antes elaborar un plan completo de recuperación que genere confianza en los actores externos. Un programa que les transmita la certeza de que la economía venezolana crecerá, que el país resolverá la hiperinflación, que trabajará para alcanzar equilibrios económicos sociales, que rescatará la industria petrolera y aumentará la producción y los ingresos en divisas, y que además asegure que la nación no irá a un conflicto.

Se trataría de un programa de recuperación que el gobierno de Maduro no elaboró ni para hacerle frente a la recesión que inició en 2014. “Ahora vivimos la recesión más prolongada, profunda, generalizada y devastadora de nuestra historia”, expresó.

Entre el tercer trimestre del 2013 –año cuando Nicolás Maduro asumió el poder– y septiembre de 2018, la economía se contrajo 52,3%, según el Banco Central de Venezuela (BCV).

La experiencia me ha indicado que la confianza en los actores de la economía es vital, es importante. Haciendo esto, el acreedor puede dar el beneficio de la duda al programa que se presente”, expresó el exfuncionario de Chávez

Explicó que, desde la ciencia económica, es posible instrumentar una política económica que permita dotar de un plan de estabilización macroeconómica y crecimiento, un programa anti hiperinflacionario (máxima prioridad), y un plan de recuperación operativa y financiera de la industria petrolera. “El gobierno es responsable de crear un clima político, económico y social que favorezca la confianza y el diálogo democrático”, dijo.

Según el exministro, los objetivos de una reestructuración de deuda externa son: alargar todo lo que se pueda los plazos de pago, reducir las tasas de interés en lo posible, y quitar pago de deuda, intereses o de capital en los primeros años, dependiendo del que más pese.

“Si negocias con sentido de nación, de patria, de bandera venezolana, y no con esquema de deudor, como pasó otras veces, pues tú puedes tener un buen refinanciamiento que te alivie y que incluso te permita volver, si es posible, a emitir deudas en Wall Street, si tu programa lo requiere”.

¿Puede el actual gobierno adelantar un proceso de recuperación económico social de Venezuela? De acuerdo con Cabezas, no, pues el “bloqueo económico y financiero” por parte de Estados Unidos y la Unión Europea es un “obstáculo estratégico” para un proceso de recuperación económico social de Venezuela.

Las sanciones impactan y limitan en extremo el financiamiento global del plan macroeconómico, la operación de reestructuración y refinanciamiento de la deuda externa del gobierno central y de Pdvsa, la recuperación de la industria petrolera nacional y el acceso a mecanismos del mercado mundial de bienes y servicios, como bancos corresponsales, cartas créditos, mercados financieros, y transporte marítimo y aéreo, advirtió.

Citgo sigue en peligro

El título más emblemático emitido por Pdvsa es el bono 2020, pues la junta directiva de la estatal designada por Maduro otorgó como garantía prendaria 50,1% de las acciones de su filial en Estados Unidos, Citgo Petroleum Corporation. Si en algún momento la petrolera deja de pagar, los acreedores podrían tomar la garantía.

No obstante, es el único título que Maduro ordenaba pagar, pues Citgo, que posee tres refinerías ubicadas en Luisiana, Texas y en Illinois y 48 terminales de almacenamiento y distribución, fue antes de las sanciones impuestas en enero por Washington destino clave para el crudo venezolano por la importante generación de ingresos.

La firma Ecoanalítica calcula que al final del último trimestre de 2018, el país exportó 1,15 millones de barriles diarios, de los cuales 650.000, casi 60%, fueron a Estados Unidos.

A finales de enero, el Departamento de Estado dio el control de bienes, activos y propiedades del gobierno de Maduro en cuentas bancarias en Estados Unidos al presidente de la Asamblea Nacional (AN), el diputado Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, incluyendo Estados Unidos.

Washington extendió en marzo la licencia para que la empresa refinadora de petróleo siga operando. “Esta extensión autorizará por más tiempo las actuales operaciones de Citgo al tiempo que prohibirá que cualquier beneficio regrese al régimen ilegítimo de Maduro”, dijo un portavoz anónimo del Tesoro en un comunicado.

El 16 de mayo pasado, la junta administradora ad hoc de Pdvsa, designada por el Parlamento, informó que canceló un pago por 71,5 millones de dólares en intereses del bono 2020 para salvaguardar los activos de Citgo.

“De no haberse realizado este pago, se hubiese disparado una cadena de eventos que podrían redundar en la pérdida total de los activos Citgo, creando no solo precedentes inconvenientes para el manejo ordenado de la deuda venezolana, sino también la pérdida de una pieza crucial para la recuperación de Venezuela y su industria petrolera”, informó en un comunicado.

Según la consultora Eurasia Group, si bien los esfuerzos de la oposición significan que deberían poder preservar la propiedad de Citgo por ahora, esto será difícil de sostener a largo plazo, dada una multitud de acreedores extranjeros que apuntan a Citgo. “La única excepción sería algún tipo de acción ejecutiva por parte de la administración de Trump para suspender todas las acciones de los acreedores, similar a lo que se hizo en el caso de Irak”.

El economista Manuel Sutherland, director del Centro de Investigación y Formación Obrera (CIFO), sostiene que en lugar de pagar 71,5 millones de dólares, se debió buscar que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emitiera una resolución como la 1483 que adoptó en mayo de 2003, que dispuso el levantamiento del embargo contra Irak; o solicitar protección al gobierno de Trump a través de una Orden Ejecutiva como la número 13303 que emitió el expresidente George W. Bush para que inversionistas no tomaran barcos petroleros, refinerías ni activos internacionales de Irak como restitución de las deudas contraídas por el gobierno iraquí.

“La deuda externa no debió pagarse desde hace mucho rato, debió irse a una negociación para reestructurarla, pero el gobierno de Maduro la siguió pagando a costa de reducir las importaciones de alimentos y medicinas, y la oposición no hace otra cosa que continuar con esa política errada del gobierno”, dijo Sutherland

El director del CIFO no cree que el pago del bono detenga “la rapiña” que se tiene contra Citgo por las varias demandas de la petrolera estadounidense ConocoPhillips y la minera canadiense Crystallex International Corp. “Será prácticamente imposible pagar en octubre los 913 millones de dólares que se deben”, añadió.

El 27 de octubre Venezuela debe cancelar $71.559.991 por cupones y $841.882.250 por amortización correspondientes al bono Pdvsa 20.

El economista Víctor Álvarez, Premio Nacional de Ciencias, también afirmó que existen alternativas para negociar el pago de los intereses de Pdvsa 2020 y alertó que Citgo no se salvó al cancelar los 71,5 millones de dólares, pues, efectivamente, en octubre está previsto un pago de más de 900 millones de dólares. “¿De dónde va a salir ese dinero? Tarde o temprano, el juego se va a trancar”, expresó.

El 25 de junio, la administración de Maduro solicitó a una corte de Delaware, en Estados Unidos, recuperar el control de Citgo y de otras subsidiarias estadounidenses de Pdvsa, lo que le permitiría retomar el manejo de los casi 30.000 millones de dólares anuales en ingresos de la refinadora.

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