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Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia sobre Protección Constitucional al Presidente (E) Juan Guaido – 26 de Abril 2019

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA OTORGA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL PRESIDENTE (E) JUAN GUAIDO MARQUEZ Y A LOS DIPUTADOS DE LA ASAMBLEA NACIONAL

La Sala Constitucional del Legítimo Tribunal Supremo de Justicia declara INEXISTENTE las pretendidas autorizaciones de enjuiciamiento de los diputados German Darío Ferrer, Freddy Guevara Cortez, Julio Andrés Borges Junyent y Juan Requesens, así como la declaratoria de continuación del juicio para que se verifique el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente de la Asamblea Nacional, y presidente (e) de la República Bolivariana de Venezuela.

La decisión de fecha 26 de abril de 2019 suscrita por el presidente del TSJ magistrado Miguel Ángel Martín en su carácter de juez sustanciador, como medida de ejecución de la sentencia definitiva de nulidad de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) publicada el 17 de octubre de 2017, determina que las personas que integran la fraudulenta ANC, y los que en forma ilegítima usurpan los cargos de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en la ciudad de Caracas, así como los abogados Tarek William Saab quien usurpa el cargo de Fiscal General de la República, Elvis Amoroso, quien usurpa el cargo de Contralor General de la República, y Alfredo José Ruiz Angulo quien usurpa el cargo de Defensor del Pueblo, han incurrido en DESACATO del mandato constitucional, y en consecuencia, serán responsables civil y penalmente conforme lo prevén los artículos 138 y 139 del texto constitucional y demás leyes de la República.

Destaca la decisión del legítimo TSJ que la inmunidad de los diputados es una institución fundamental para la democracia, establecida a fin de proteger la función parlamentaria, la cual constituye una garantía constitucional de la independencia de acción de los diputados y del Parlamento, destinada a evitar el uso de la persecución penal y del poder punitivo del Estado para apartar indebidamente a un diputado de las tareas de legislación y de control sobre el Gobierno. En razón de esto ningún diputado puede ser sometido a juicio penal y privado de libertad, sin que antes el Tribunal Supremo de Justicia haya declarado méritos suficientes para el enjuiciamiento, y sin que la Asamblea Nacional haya autorizado dicho proceso.

Finalmente, se ofició a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de que se tome en consideración en los informes de países que emite ese organismo garante de los derechos humanos en la región, y se determinen las consecuencias de las personas que activamente vienen cometiendo graves violaciones de derechos humanos, y que igualmente afectan la Institucionalidad democrática y el Estado de derecho en Venezuela. Fuente: Prensa Oficial TSJ

Maikel Moreno, el espía y guardaespaldas que se convirtió en la máxima autoridad del TSJ chavista por Laureano Pérez Izquierdo – La Patilla – 10 de Abril 2019

  El presidente del TSJ chavista, Maikel Moreno REUTERS / Carlos Garcia Rawlins / Archivo Foto

“¡Es la prensa amarilla!”, grita y se indigna Maikel José Moreno Pérez cada vez que un cronista le pregunta sobre su pasado tras las rejas. Lo atribuye a un sector del periodismo que no le tiene simpatía. La historia, en cambio, dice que fue en 1989 cuando el ex guardaespaldas, agente de inteligencia y abogado pasó un tiempo detenido por el asesinato de un adolescente, publica Infobae.

Moreno, nacido en El Tigre, Anzoátegui hace 53 años, es actualmente el presidente del Tribunal Supremo de Justicia chavista. Asumió la responsabilidad en febrero de 2017 y desde entonces ha sido una herramienta más de la dictadura comandada por Nicolás Maduro. A la máxima instancia del país ingresó en 2014, pese a sus oscuros antecedentes. O gracias a ellos.

Conoce el submundo criminal como pocos. Lo transitó en casi todas sus modalidades. Debió ser parte cuando ejerció funciones en los 80 en la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), actual Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el temido SEBIN. Entre sus responsabilidades estuvo la de cuidar las espaldas del ex presidente Carlos Andrés Pérez. Pero tras su tropiezo con la justicia al ser investigado por un crimen -el de Rubén Gil Márquez, 19 años– y purgar tiempo en la sombra, el agente se internó en los libros de la Universidad Santa María de la que egresaría en 1995 como abogado. A partir de entonces tendría más herramientas para forjar su destino.

Durante sus años de traje y corbata se lo vinculó con una peligrosa organización delictiva: La banda de los Enanos, dedicada a presionar y sobornar a magistrados y a orquestar causas contra enemigos.

Como hombre de leyes comenzó a darse cuenta que donde enfrentaría mejores resultados sería como defensor de aquellos que quebrantaban las normas. Un negocio que le resultó redondo. Fue así como tras años de hacerse conocido en la arena legal, Moreno empezó a tejer vinculaciones con el poder político de turno: Hugo Chávez ya concentraba todo Venezuela bajo su brazo y el delfín de los tribunales le sería de gran utilidad.

Hasta fue investigado -siendo ya magistrado- por haber amenazado a un juez para que dejara en libertad a Saúl Coredero, traficante de armas y estupefacientes. Las grabaciones de aquella conversación figuran en un expediente.

Los archivos que muestran su pasado violento y su participación en el homicidio de Gil Márquez desaparecieron. Son pocos los registros que quedan sobre el hombre que supo velar por la seguridad de un presidente demócrata. Ningún testigo habla al respecto. Y la familia de la víctima no tiene recursos para continuar con el caso. Más: su madre, Carmen Romelia Márquez de Gómez murió en 2007.

Un año antes, en 2006, cuando el Tribunal Supremo todavía mantenía en sus filas jueces comprometidos con la verdad, algunos de sus miembros pidieron informes sobre Moreno, quien ya era juez desde 2002 gracias a la generosidad de un compadre entrañable: Nicolás Maduro. El resultado de la pesquisa ordenada por ese órgano fue lapidario y el ex guardaespaldas fue apartado por breve tiempo.

El régimen lo premió y ganó tiempo: fue delegado diplomático en Roma, Italia y luego aterrizó como representante de Caracas en Trinidad y Tobago. En 2010 regresó a Venezuela y se doctoró. Finalmente, una vez muerto Chávez, su padrino político lo catapultó a lo más alto con pompa y honores.

El 28 de diciembre de 2014 miles de venezolanos se despertaron con una noticia que creyeron broma. El mismo Día de los Santos Inocentes Moreno ingresaba como magistrado al Tribunal Supremo del país. El mismo hombre que había sido acusado de asesinato y que presionaba a colegas para liberar a narcos, ahora hacía pie en el máximo organismo judicial.

Desde allí comenzó a trepar y a formular las estrategias que servirían a la dictadura para perseguir a líderes opositores y activistas incómodos. Fue uno de los autores intelectuales de maniobras como la declaración de desacato de la Asamblea Nacional, vaciándola de poder. A cargo de la Sala de Casación ratificó la condena a 14 años de prisión contra Leopoldo López por las protestas contra Maduro en todo el país en 2014. En ellas, el régimen ejecutó a 41 víctimas.

Cuando la dictadura colapse, Moreno sabe que será uno de los primeros en rendir cuentas. Él y los demás miembros del Tribunal Superior encubrieron delitos de lesa humanidad. Para la justicia internacional encubrirlos reviste similar gravedad a cometerlos.

La última de Moreno es contra Juan Guaidó, líder parlamentario y presidente encargado de Venezuela. El joven opositor es reconocido por más de 50 países como el jefe de estado interino y puso en jaque a la dictadura de Maduro.

Ahora el régimen está ejecutando una movida arriesgada contra el político. Los arquitectos de dicha trama son el usurpador de Miraflores y su compadre, el espía-guardaespaldas-¿asesino?-abogado-juez. Le robarán su inmunidad legislativa y lo golpearán con una causa penal para así tener una excusa para detenerlo.

“Se declara el desacato del ciudadano Juan Gerardo Guaidó Márquez a la sentencia del 29 de enero. En consecuencia se impone a dicho ciudadano la multa de 200 unidades tributarias […] se ordena remitir copia certificada de la presente decisión al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) a los fines del allanamiento a la inmunidad parlamentaria del referido ciudadano Juan Gerardo Guaidó Márquez en su condición de diputado de la Asamblea Nacional por el estado Vargas”, ordenó Moreno.

La jugada -de concretarse un arresto contra el presidente interino- podría ser terminal para el dictador que habla con pájaros. También para Moreno. La condena diplomática contra el régimen podría escalar demasiado. Incluso, hay quienes hablan de un posible bloqueo naval, como lo sugirió el intelectual cubano Carlos Montaner.

¿Qué decidió el TSJ? por José Ignacio Hernández G. – ProDaVinci – 21 de Enero 2018

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El lunes 21 de enero de 2019 se anunció desde la Esquina Dos Pilitas –sede del Tribunal Supremo de Justicia– una “nueva” sentencia dictada por la Sala Constitucional, la cual, reiterando la tesis del desacato, declaró la nulidad de la Junta Directiva designada en 2019 y los demás actos dictados por la Asamblea Nacional, especialmente luego de la crisis del 10E.

Déjà vu constitucional

Más de una vez nos pasa que presenciamos algo en el presente que creemos haber vivido en el pasado. A eso le llaman déjà vu. Pues al leer la noticia con la que inicio este artículo, he tenido una suerte de “déjà vu constitucional”.

Así, el inicio de todo el entuerto constitucional en el que está sumida Venezuela, comenzó en 2016, cuando el TSJ concluyó que la Asamblea Nacional había desacatado la sentencia –inejecutable, por lo demás– que ordenó separar a cuatro diputados del estado Amazonas. Esto, por cierto, en un juicio electoral que por ley ha debido durar solo meses y que lleva ya más de tres años en espera de sentencia.

Pese a que tales diputados decidieron separarse temporalmente de sus cargos, el TSJ siguió insistiendo en la tesis del desacato, para invalidar todas las actuaciones de la Asamblea Nacional e incluso, usurpar sus funciones.

Como hemos explicado en Prodavinci, la tesis del desacato no tiene fundamento jurídico. Entre las muchas razones que cabe invocar me limito a una: de haber desacato –que no lo hay– éste solamente conduciría a ejecutar la sentencia electoral de manera forzosa. Ninguna norma del ordenamiento jurídico venezolano permite, ni podría hacerlo, que el TSJ invalide toda la actuación de un ente como la Asamblea Nacional invocando un supuesto y falso desacato.

La tesis del desacato otra vez

La anunciada decisión de la Sala Constitucional reitera este mismo argumento. Como la Asamblea Nacional está en “desacato”, entonces, todas sus decisiones son inválidas, incluyendo la designación de la Junta Directiva de 2019 y los actos posteriores dictados por la Asamblea Nacional, incluyendo los Acuerdos dictados con ocasión de la crisis del 10E.

En realidad lo que hizo la Sala Constitucional fue extender los efectos de la sentencia que en idénticos términos había sido dictada en enero de 2017. En aquella oportunidad, la Sala Constitucional anuló la designación de la Junta Directiva de la AN y todos los actos posteriores que dictó ésta. Asimismo, se le ordenó retrotraerse a la Junta Directiva designada en 2016, para que ésta asumiera las decisiones orientadas a poner fin al supuesto desacato.

Con su nueva decisión, la Sala Constitucional actuó de oficio. Es decir, nadie le solicitó pronunciarse sobre la elección de la Junta Directiva de 2019. Esto es otra clara irregularidad, pues los verdaderos tribunales sólo actúan a instancia de parte, en especial para resolver conflictos constitucionales.

¿Y qué dijo el TSJ sobre el 10E?

Además, en su decisión, el TSJ aprovechó para recordar que los comicios del 20 de mayo de 2018 sí fueron una elección válida, y que por esto Nicolás Maduro sí es presidente electo y está en pleno ejercicio del cargo. Con lo cual, para el TSJ, la Asamblea Nacional pretende usurpar las competencias de la Presidencia de la República.

Las investigaciones

Tal y como ha hecho el Tribunal desde 2016, de nuevo exhortó al inicio de investigaciones ante lo que considera una actuación ilícita de la Asamblea. Para esto, la decisión ordena remitir copia certificada de la decisión a la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, al Poder Ejecutivo Nacional y a la Fiscalía General de la República.

¿Qué puede pasar? Como hemos dicho, en el pasado similares pronunciamientos han sido dictados y no han llegado a nada, en el sentido de que no se ha iniciado causa penal formal derivada de lo que se considera son actuaciones ilícitas (aun cuando diversos diputados han sido objeto de procesos penales claramente arbitrarios).

¿Qué cambia luego de esta decisión?

Luego de este análisis, cabe formular la siguiente pregunta: ¿cambia algo luego de esta sentencia?

En mi opinión no cambia nada. El TSJ insiste en repetir el mismo argumento del desacato que, empleado en 2016, hoy luce completamente desgastado. Sigue, además, simulando actuar en un plano jurídico, afirmando una realidad que solo existe en el papel de sus decisiones, las cuales se repiten una y otra vez.

Inhabilitado y condenado a 15 meses de cárcel un líder opositor en Venezuela – El País – 8 de Agosto 2017

El Tribunal Supremo de Venezuela sanciona a Ramón Muchacho, alcalde de Chacao, por “desacato”
UnknownLa Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha establecido que Ramón Muchacho, el alcalde del municipio de Chacao, un bastión opositor en Caracas, incurrió en una “falta absoluta” por permitir la instalación de barricadas durante las protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro, por lo que ha ordenado su cese y le ha condenado a 15 meses de cárcel e inhabilitación política. Se le castiga “por desacato”, ha explicado un boletín del TSJ.

Estados Unidos baraja medidas más duras contra el Gobierno de Maduro
El TSJ ha adoptado esta decisión tras nueve horas de deliberaciones. Las audiencias del caso comenzaron el pasado jueves, pero Muchacho se ha negado a asistir, enviando a sus abogados, algo que los magistrados ya le advirtieron de que sería interpretado como una aceptación de los hechos. Su defensa ha presentado un informe médico expedido por una profesional de la medicina privada en el que se especifica que el alcalde tiene “problemas de salud que le impiden asistir al mencionado acto”.

Muchacho se suma así a la larga lista de alcaldes opositores contra los que ha actuado el TSJ estos años. Han sido objeto de medidas similares Daniel Ceballos (San Cristóbal) y Antonio Ledezma (Caracas) y, solo en las últimas semanas, Gustavo Marcano (Lechería), Alfredo Ramos (Iribarren), Carlos García (Mérida) y José Barreras (Cabudare).

Además, el alto tribunal ha prohibido salir de Venezuela al alcalde de El Hatillo, el también opositor David Smolansky. Este miércoles tendrá lugar la audiencia en la que se dirimirán los cargos en su contra por, supuestamente, desobedecer una orden judicial que le obligaba a impedir las protestas contra Maduro.

Más de un centenar de personas han muerto y miles han sido detenidas desde el pasado mes de abril, cuando la Mesa de Unidad Democrática (MUD) —alianza opositora en Venezuela— inició una ola de protestas contra Maduro.

 

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