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HRW denunció que “no queda ni una fachada de proceso democrático” en Venezuela – Infobae – 8 de Julio 2020

La ONG considera que las sentencias emitidas por el TSJ chavista contra los partidos de oposición, viola los derechos de los venezolanos a tener elecciones libres y justas y a la libertad de asociación

Nicolás Maduro y los jueces del TSJ Nicolás Maduro y los jueces del TSJ

La ONG Human Rights Watch (HRW) criticó los últimos fallos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela contra partidos opositores y ha advertido de que en el país sudamericano “ya no queda ni una fachada de proceso democrático”, en un periodo que se atisba clave por la celebración de elecciones parlamentarias en diciembre.

“Cuando un poder judicial que responde a (Nicolás) Maduro descabeza a partidos políticos opositores que representan voces disidentes, vulnera los derechos de todos los venezolanos”, lamentó el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, horas después de que el TSJ de la dictadura en Caracas expulsara a la cúpula de Voluntad Popular, el partido del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

Esta sentencia se asemeja a otras ya dictadas contra los dirigentes de Acción Democrática y Primero Justicia y anticipa el resultado de un proceso aún abierto contra Un Nuevo Tiempo, la otra formación del denominado G4 de la oposición venezolana.

“El derecho de los venezolanos a votar por los candidatos de su preferencia requiere que haya elecciones libres y justas, en las cuales todos los partidos y candidatos tengan una oportunidad razonable de plantear sus ideas al electorado”, ha subrayado Vivanco en un comunicado.

La ONG considera que, con estos fallos, el chavismo viola los derechos de los venezolanos a tener elecciones libres y justas y a la libertad de asociación. Los principales partidos opositores ya han denunciado que, con las condiciones actuales, no hay unas mínimas garantías para la celebración de elecciones parlamentarias el 6 de diciembre.

En días recientes, el ministro de la defensa de la dictadura, Padrino López. quien fue ratificado por Maduro en su cargo este martes. desató esta semana las críticas de la oposición, que lo tachó de “cobarde”, “indigno” y “violador de la Constitución”, después de que asegurara que mientras exista la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los opositores “no serán poder político jamás en la vida”, ignorando así el mandato constitucional.

“No serán poder político en Venezuela jamás en la vida mientras exista una Fuerza Armada como la que hoy tenemos, antiimperialista, revolucionaria, bolivariana, nunca podrán ejercer el poder político en Venezuela. Yo creo que es bueno que lo entiendan esta facción de maleantes, politiqueros”, expresó el ministro de Defensa el pasado domingo.

La Asamblea Nacional de Venezuela deploró este martes la “posición dictatorial” del ministro de Defensa del régimen chavista.

Guaidó, líder del Parlamento, llamó a los militares a desligarse del pronunciamiento de Padrino al ponderarla como “una declaración complaciente con un grupo en el poder”.

“No, general Padrino, no es usted quien decide quién accede al poder, no es un militar, es el pueblo de Venezuela, (…) Atención, Fuerza Armada, es momento de desligarse de tales pretensiones, de tales aseveraciones”, dijo Guaidó al término de este debate en la Asamblea Nacional.

Cuestionó directamente al alto mando militar por permitir estas declaraciones y dijo a los militares que ahora queda de parte de ellos “recuperar el brillo del uniforme” y “honrar” la Constitución. También les remarcó que es la Carta Magna la que rige el destino de Venezuela.

La farsa electoral por Leandro Area Pereira – America 2.1 – 7 de Julio 2020

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En dictadura las elecciones son el opio del pueblo. Las pandemias son también campo fructífero para la promoción de los más inusitados desmanes y las mayores y arteras tropelías. Detrás de esas sombras se esconden estas artimañas.

Y es sobre ese escenario que el gobierno de Maduro, que no es el de todos los venezolanos, motoriza la ejecución de una nueva “serie” de atención gratuita y pública, distractiva en apariencia de otros asuntos, que consiste en inventarse e inventarnos, la realización de unas elecciones nacionales para decidir sobre una “novedosa” Asamblea Nacional, hecha a su desmesura y de ponzoñoso origen.

A tal fin decidió que el suyo de él y tan neutral Tribunal Supremo de Justicia, nombrara a un novísimo Concejo Nacional Electoral, confeccionado y ajustado a su desmedida voracidad y paralelamente, faltaba más, defenestrara de sus funciones directivas a máximos líderes nacionales de dos importantes partidos políticos como lo son Acción Democrática y Primero Justicia, dando un nuevo giro a la tuerca del inocultable talante dictatorial del gobierno que manda en el país pero no gobierna, sin que tan siquiera ningún órgano constitucional, poder del Estado, militante o individualidad diera muestras o rastro de preocupación mínima, cordura, alerta, expresiones todas inexistentes en el floreciente diccionario de sus desafueros.

Por supuesto y de tanto repetido, este nuevo encandilamiento no es tan solo un pañuelo rojo con el que se llena y vacía al mismo tiempo a la realidad de lo que le conviene al régimen y de lo que no le conviene también, sino que es lo que está a la vista, es decir, un plan fraguado en comparsa imagino, y desde hace tiempo, para actuar según su naturaleza obliga y ya abiertamente y sin tapujos frente a nadie, para vaciar aún más de contenido y formas a una sociedad desprotegida, invadida y descoyuntada que lo rechaza en mayoría aplastante pero sin estructura para reaccionar coordinadamente.

En el seno de la oposición, como si no hubiera aprendido de ruinas, descalabros y rutinas anteriores, en las que hemos sido engañados, robados y despojados de derechos y certezas, se ha abierto un debate imberbe sobre la prudencia o imprudencia de participar en estas elecciones propuestas. Las reacciones oscilan entre los extremos de la farsa o de la oportunidad.

En verdad es cierto que el tema electoral, la fiesta democrática como alguien la definió en su momento, siempre ha estado presente en nuestra mejor “tradición mitológica participativa” que Chávez y también Maduro han sabido utilizar a su favor hasta lo inimaginable, pero de ahí a creernos que seguimos en aquellos ya idílicos tiempos sería por lo menos un desacierto inexcusable.

Dentro de estos parámetros imantativos es que ahora el gobierno de Maduro, el paralelo, lo usa como carnada que en apariencia es electoral pero que es política para seguir deshuesando, por otros medios, los resortes ya desvencijados de reacción y acción de la sociedad venezolana.

Por encima de esta estafa electoral montada y a la vista, debería estar el convencimiento pleno de que las elecciones propuestas no son más que una trampa-jaula donde van a caer inocentes palomas y otras no tan inocentes, y además encontrar el gobierno argumentos para vestirse con túnicas y venerables mantos de supuestos demócratas.

La lucha por la democracia bajo una dictadura no se resume ni agota ni se deja engañar en los falsos oropeles de unas elecciones absurdas, amañadas a priori, bajo condiciones de usurpación e ilegitimidad en el ejercicio del poder, pues con nuestra participación por el contrario no vendríamos sino a cohonestar una farsa montada a la caza de bobos.

 

Canciller de España: Va a ser difícil aceptar los resultados de las elecciones en Venezuela si no son democráticas – El Nacional – 8 de Julio 2020

España
Foto: AFP

La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, Arancha González Laya, sostuvo que la clave en Venezuela de cara a las elecciones parlamentarias previstas para diciembre será que estas sean democráticas, ya que de lo contrario no podrán ser consideradas como legítimas por la comunidad internacional.

“Creo que es importante que haya elecciones pero tienen que ser democráticas, con respeto a las reglas de juego”, ha señalado la jefa de la diplomacia española durante un desayuno informativo organizado por Europa Press. “Para que sean legítimas dentro del país y a los ojos de la comunidad internacional necesitan ser democráticas”, insistió.

Esto pasa, añadió, porque haya “garantías de participación y respeto de las reglas de juego” que tienen que definir los propios venezolanos y no “España, la UE o Estados Unidos”.

Si esto no ocurre, advirtió González Laya, “va a ser muy difícil aceptar el resultado de estas elecciones”. En las democracias, ha remachado, los comicios son “el medio que hay que utilizar en la búsqueda de soluciones comunes”.

El Consejo Nacional Electoral fijó para el próximo 6 de diciembre las elecciones para renovar la Asamblea Nacional, que actualmente está bajo control de la oposición y presidida por Juan Guaidó, al que España reconoce como presidente encargado del país tras no considerar como legítimas las elecciones en las que fue reelegido Nicolás Maduro en 2018.

El órgano electoral indicó esta semana que hay 105 partidos capacitados para concurrir en los comicios, entre los que figura el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, así como Acción Democrática y Primero Justicia, dos partidos opositores a los que el Tribunal Supremo de Justicia del régimen intervino cesando a su cúpula y designando otra afín al chavismo.

Fuera del listado quedaban, entre otros, Voluntad Popular, el partido de Guaidó y de Leopoldo López, quien se encuentra refugiado en la Embajada española en Caracas desde abril de 2019.

Precisamente, en las últimas horas, el TSJ suspendió a la cúpula de Voluntad Popular, nombrando una junta directiva ‘ad hoc’ con el cometido de “llevar adelante el proceso de reestructuración necesario” de cara a las elecciones.

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European Parliament 2019-2024

Plenary sitting B9-0211/2020 } B9-0213/2020 } B9-0215/2020 } RC1 7.7.2020

JOINT MOTION FOR A RESOLUTION

pursuant to Rule 132(2) and (4) of the Rules of Procedure replacing the following motions: B9-0211/2020 (PPE) B9-0213/2020 (S&D) B9-0215/2020 (Renew) on the humanitarian situation in Venezuela and the migration and refugee crisis (2019/2952(RSP))

Dolors Montserrat, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Paulo Rangel, Antonio Tajani, David McAllister, Gabriel Mato, Antonio López-Istúriz White, Cláudia Monteiro de Aguiar, Isabel Wiseler-Lima, Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Michal Wiezik, Peter Pollák on behalf of the PPE Group Kati Piri, Javi López, Maria-Manuel Leitão-Marques on behalf of the S&D Group Dita Charanzová, Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Barry Andrews, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Nicola Danti, Fredrick Federley, Billy Kelleher, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans

RC\1209506EN.docx 2/9 PE647.710v01-00 } PE647.712v01-00 } PE655.392v01-00 } RC1 EN on behalf of the Renew Group RC\1209506EN.docx 3/9 PE647.710v01-00 } PE647.712v01-00 } PE655.392v01-00 } RC1 EN European Parliament resolution on the humanitarian situation in Venezuela and the migration and refugee crisis (2019/2952(RSP))

The European Parliament,

– having regard to its previous resolutions on Venezuela, in particular that of 16 January 2020 on the situation in Venezuela after the illegal election of the new National Assembly Presidency and Bureau (parliamentary coup)1 ,

– having regard to the statement by the spokesperson for the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy (VP/HR) of 1 April 2020 on the US proposal and the situation in the context of the coronavirus pandemic in Venezuela,

– having regard to the statement by UN human rights experts of 30 April 2020 on the health emergency in Venezuela,

– having regard to the warning by UN human rights experts of 6 May 2020 about the devastating impact of the country’s humanitarian and economic crisis on human rights, – having regard to UN High Commissioner Michelle Bachelet’s Human Rights Report on Venezuela of 2 July 2020,

– having regard to the joint press release of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and the International Organization for Migration (IOM) of 1 April 2020 on the situation of refugees and migrants from Venezuela during the COVID-19 crisis,

– having regard to the statement of the Secretary General of the Organization of American States on the situation in Venezuela of 5 January 2020 and of 26 June 2020,

– having regard to the Lima Group statements of 20 February, 2 March, 2 April and 16 June 2020,

– having regard to the declarations by the VP/HR of 4 and 16 June 2020 on the latest developments in Venezuela,

– having regard to the statement of its Committee on Foreign Affairs of 11 June 2020 on the recent attacks on Venezuela’s National Assembly,

– having regard to the International Contact Group statements of 16 June 2020 on the undermined credibility of the Venezuelan electoral body and of 24 June 2020 on the worsening political crisis in Venezuela,

– having regard to Council Decision (CFSP) 2020/898 of 29 June 2020 amending Decision (CFSP) 2017/2074 concerning restrictive measures in view of the situation in Venezuela2 , which added 11 leading Venezuelan officials to the list of those subject to 1 Texts adopted, P9_TA(2020)0013. 2 OJ L 205 I, 29.6.2020, p. 6. RC\1209506EN.docx 4/9 PE647.710v01-00 } PE647.712v01-00 } PE655.392v01-00 } RC1 EN restrictive measures,

– having regard to the International Donors Conference in solidarity with Venezuelan refugees and migrants of 26 May 2020,

– having regard to the Venezuelan Constitution,

– having regard to the Rome Statute of the International Criminal Court,

– having regard to Rule 132(2) and (4) of its Rules of Procedure,

A. whereas the European Union and its Member States have been supporting the Venezuelan population and the communities hosting refugees for years; whereas on 26 May 2020, the European Union and the Government of Spain, with the support of the UNHCR and the IOM, convened an International Donors Conference in Solidarity with Venezuelan Refugees and Migrants; whereas international donors pledged a total of EUR 2.544 billion, of which only EUR 595 million are direct grants, the rest being simply conditional loans; whereas during the conference, some of the borrowers expressed concerns about the bureaucratic difficulties and the complexity of regulation they faced in obtaining the loans; whereas the EUR 595 million in direct grants will hardly cover the annual consequences of such an unprecedented crisis in Venezuela’s neighbouring countries; whereas the international community needs to find innovative solutions to unlock other possible financial resources to help the Venezuelan people address their emergency needs beyond humanitarian and longer-term cooperation aid;

B. whereas the EU assistance amounts to over EUR 319 million, both within and outside Venezuela; whereas EUR 156 million have been devoted to humanitarian assistance, EUR 136 million to development and EUR 27 million to stability and peace;

C. whereas the already dire political, economic, institutional, social and multidimensional humanitarian crisis in Venezuela has significantly worsened and become aggravated during the pandemic; whereas increased shortages of medicines and food, massive human rights violations, hyperinflation, political oppression, corruption and violence are endangering people’s lives and forcing them to flee the country;

D. whereas a growing number of people in Venezuela, in particular vulnerable groups such as women, children and sick people, are suffering from malnutrition as a consequence of limited access to quality health services, medicines, food and water;

E. whereas the Venezuelan national health system has been significantly weakened due to mishandling by the regime, resulting in critical shortages of medicines and a lack of available medical treatment; whereas the figures provided by the regime in relation to the COVID-19 pandemic lack credibility and are not trusted either within Venezuela or by the international community;

F. whereas the current multidimensional crisis in Venezuela is generating the largest population displacement ever seen in the region; whereas around five million Venezuelans have fled the country, with 80 percent of them displaced in countries in the region; whereas according to the UNHCR, the Venezuelan refugee crisis is the second biggest in the world, behind that of Syria; whereas it is expected that by the end of 2020, the total number of people fleeing the worsening conditions in Venezuela could exceed 6.5 million;

G. whereas according to the UNHCR, the number of Venezuelans seeking asylum worldwide has increased by 2 000 %; whereas 650 000 have filed asylum claims worldwide and around two million have obtained residence permits from other countries in the Americas; whereas 12 % of the population has fled the country and people continue to leave at an average rate of 5 000 per day;

H. whereas the current global public health emergency has compounded an already desperate situation for many refugees and migrants from Venezuela, as well as their host countries; whereas many refugees and migrants depend on insufficient daily wages to cover basic needs such as shelter, food and healthcare;

I. whereas according to the initial reports about the pandemic overwhelming the country’s debilitated healthcare system, hospitals are filled with coronavirus patients and dozens of health workers have been infected;

J. whereas the illegitimate Venezuelan Supreme Court, controlled by the regime of Nicolás Maduro, unjustifiably ratified the appointment of Luis Parra as President of the National Assembly on 26 May 2020; whereas the illegal session which took place in January 2020 respected neither legal procedure nor democratic constitutional principles by preventing, in some cases by force, the large majority of democratically elected representatives from being present during the session and consequently from casting their votes; whereas the illegal decision emanating from this illegitimate parliamentary session led the Council of the EU to impose sanctions on a further 11 officials for their role in undermining democracy and the rule of law, including Luis Parra and Juan Jose Mendoza, President of the Constitutional Chamber of the Supreme Court; whereas Juan Guaidó has excluded himself from any transitional government and Maduro cannot be part of such a government;

K. whereas on 13 June 2020, the illegitimate Supreme Court once again appointed new members to the National Electoral Council), despite not having any legal power to do so; whereas, in accordance with Articles 187 and 296 of the Venezuelan Constitution, these appointments are the sole and exclusive responsibility of the National Assembly, a body democratically elected by the Venezuelan people; whereas the European Parliament will not recognise any decision or ruling that is unilaterally taken by these illegitimate bodies; whereas the officials responsible for these decisions have also been added to the EU’s sanction list;

L. whereas Nicolás Maduro ordered the European Union’s ambassador to leave the country within 72 hours of the EU imposing targeted sanctions on several officials responsible for serious human rights breaches, and whereas he also threatened the ambassador of Spain with further reprisals; whereas in May 2020, there were reports of acts of harassment against the French embassy in Caracas, including by cutting off water and electricity supplies to the ambassador’s residence; whereas the regime has decided to reverse that decision and not to expel the EU ambassador;

M. whereas the Maduro regime has lashed out against the political parties Accion Democratica, Primero Justicia and Un Nuevo Tiempo, subjecting them to systematic RC\1209506EN.docx 6/9 PE647.710v01-00 } PE647.712v01-00 } PE655.392v01-00 } RC1 EN persecution through rulings of the illegitimate Supreme Court stripping them of their national directorates against the will of their members; whereas the democratic political party Voluntad Popular was classified as a terrorist organisation by the Maduro regime;

N. whereas the democratic international community, including the EU, has firmly rejected this electoral farce and all such illegal actions; whereas this action has further reduced the democratic space in the country to the bare minimum and has created major obstacles to the resolution of the political crisis in Venezuela; whereas the formation of a balanced and inclusive national emergency government, comprising all democratic political and social sectors of the country and able to address current humanitarian needs, is essential in order to overcome the escalating crisis;

O. whereas respecting international standards, an independent and balanced National Electoral Council and a level playing field ensuring the unimpeded participation of political parties and candidates represent the cornerstones of a credible electoral process, enabling free and fair legislative and presidential elections;

P. whereas illicit financing and foreign interference from the regime in elections pose a significant threat to European democracies;

Q. whereas the implementation of EU foreign affairs decisions is in hands of national authorities but the Commission has a responsibility to monitor the implementation of EU law;

R. whereas on 12 June 2020, the authorities in Cape Verde arrested Alex Saab, a businessman who has been implicated in several corruption schemes involving the Maduro regime and is now awaiting a judicial decision and possible extradition; whereas the Saab case illustrates how pervasive corruption has become in Venezuela while the country is in the midst of an unprecedented humanitarian crisis; whereas the country ranked 173rd out of 180 in Transparency International’s 2019 Corruption Perceptions Index;

S. whereas the number of political prisoners has increased since mass civil unrest began in 2014, and currently stands at more than 430; whereas 11 Europeans are also reportedly being detained in Venezuela; whereas many accounts of torture by the regime are currently under preliminary examination by the ICC for crimes against humanity; whereas repression, arbitrary detentions and torture have increased during the COVID19 crisis; whereas High Commissioner Bachelet’s report on Venezuela of 2 July 2020 documented more than 1 300 extrajudicial killings by security forces between 1 January and 31 May 2020;

T. whereas the Maduro regime has failed to provide transparent information, accept international humanitarian assistance and give priority to the needs and rights of the most vulnerable segments of the population; whereas on 1 June 2020, an agreement was concluded between the Ministry of the People’s Power for Health and the National Assembly’s advisory team for COVID-19 to allow humanitarian aid to be delivered to Venezuela apolitically through the Pan American Health Organization (PAHO) whereas over the years, the regime has rejected any form of humanitarian aid;

U. whereas the Maduro regime has, since 2016, supported illegal artisanal gold mining in the Venezuelan Amazon to finance irregular armed groups; whereas the gold has been smuggled out of the country through irregular channels to be sold and exchanged illicitly abroad; whereas this so-called blood gold is extracted and exploited at the expense of human rights and the environment under illegal and criminal conditions which seriously threaten both;

V. whereas effective actions are needed to stop the security threat to the wider region constituted by the links between Maduro’s dictatorial regime, terrorist groups and organised armed groups carrying out their criminal activities in Venezuela;

1. Reiterates its deep concern at the severity of the humanitarian emergency, which poses a profound threat to the lives of Venezuelans; expresses its solidarity with all Venezuelans forced to flee their country for want of very basic living conditions, such as access to food, drinking water, health services and medicines;

2. Draws attention to the worsening migration crisis which has spread across the entire region, namely to Colombia, Peru, Ecuador, Bolivia, Chile, Brazil, Panama and Argentina, as well as some EU Member States and the Caribbean, and highlights the extremely difficult circumstances which are further aggravated by the fight against the COVID-19 pandemic; praises the efforts of the neighbouring countries and the solidarity they have shown; asks the Commission and the European External Action Service (EEAS) to continue cooperating with these countries and territories, not only by providing humanitarian assistance but also by providing more resources and through development policy;

3. Urges the Venezuelan authorities to acknowledge the ongoing humanitarian crisis, to prevent its further deterioration, and to promote political and economic solutions to ensure the safety of all civilians and stability for the country and the region; takes note of the agreement reached between Venezuela and the PAHO on the fight against COVID-19;

4. Calls for urgent action to prevent the aggravation of the humanitarian and public health crisis, and in particular the reappearance of diseases such as measles, malaria, diphtheria and foot-and-mouth disease; calls for the rapid implementation of a short-term response to counter malnutrition among the most vulnerable groups, such as women, children and sick people;

5. Welcomes the pledges and efforts of the International Donors Conference in solidarity with Venezuelan refugees and migrants; calls, in this context, for a reduction in bureaucracy and a simplified framework that can ensure the pledges reach those who are in desperate need as soon as possible;

6. Strongly rejects the violations of the democratic, constitutional and transparent functioning of the National Assembly, as well as the acts of intimidation, violence and arbitrary decisions against its members; denounces the undemocratic appointment of new members to the National Electoral Council and the stripping of parties of their current boards of directors against the will of their members;

7. Reiterates its acknowledgement that, as a result of the transparent and democratic vote of the National Assembly, Juan Guaidó is the legitimate President of the National RC\1209506EN.docx 8/9 PE647.710v01-00 } PE647.712v01-00 } PE655.392v01-00 } RC1 EN Assembly and the legitimate interim President of the Bolivarian Republic of Venezuela, in accordance with Article 233 of the Venezuelan Constitution;

8. Reiterates its full support to the National Assembly, which is the only legitimately elected democratic body of Venezuela and whose powers need to be respected, including the prerogatives and safety of its members; insists that a peaceful political solution can only be reached if the National Assembly’s constitutional prerogatives are fully respected;

9. Recalls that respect for democratic institutions and principles and the upholding of the rule of law are essential conditions for finding a solution to the crisis in Venezuela for the benefit of its people; therefore urgently calls for the creation of conditions leading to free, transparent and credible presidential and legislative elections based on a fixed calendar, fair conditions for all actors, transparency and the presence of credible international observers as the only way out of the crisis, thereby excluding any violence or military action;

10. Calls on the EU and other international actors to mobilise a response from the international community that contributes to the urgent restoration of democracy and the rule of law in Venezuela;

11. Recalls that the Member States are legally bound by Council Decision 2017/2074 to implement the restrictive measures contained therein, notably the prevention of the entry into, or transit through, their territories of the persons to whom the restrictive measures apply, as well as an obligation to notify the Council immediately in writing of any exemptions they have granted;

12. Takes note of the Council decision of 29 June 2020 to add 11 Venezuelan officials to the list of those subject to individual sanctions which do not harm the Venezuelan population, and calls for that list to be strengthened and enlarged if the situation of human rights and democracy in the country continues to deteriorate; considers that the EU authorities must restrict the movements of the individuals on that list, as well as those of their closest relatives, and freeze their assets and visas; further calls for an immediate ban on the trade in and circulation of illegal blood gold from Venezuela;

13. Strongly regrets Mr Maduro’s threats to expel the EU ambassador from Caracas as a form of retaliation for the sanctions imposed on 11 officials responsible for serious human rights violations; takes note, in this regards, of the initial statement of the VP/HR announcing reciprocity and calls on the Member States to also consider acting under the principle of reciprocity if this situation arises again, namely by revoking the credentials of Maduro’s Ambassadors in the EU; reiterates its call on Member States to recognise the political representatives appointed by Juan Guaidó;

14. Denounces the rampant corruption which has become an integral part of the Maduro regime; denounces the Maduro regime’s use of political funding as a tool of foreign interference; strongly denounces and deplores cases of corruption, including those under judicial investigation in Member States;

15. Calls for the immediate release of all political prisoners and an end to the torture, illtreatment and harassment of political opponents, human rights activists and peaceful RC\1209506EN.docx 9/9 PE647.710v01-00 } PE647.712v01-00 } PE655.392v01-00 } RC1 EN protesters, and for those unfairly forced into exile to be allowed to return;

16. Fully supports the ICC investigations into the extensive crimes and acts of repression perpetrated by the Venezuelan regime; urges the European Union to support the initiative of the ICC States Parties to open an investigation into crimes against humanity committed by the de facto Maduro government, thereby holding those responsible to account;

17. Takes note of the decision of the British Court of 2 July 2020, which unequivocally recognises the democratic legitimacy of the Bolivarian Republic of Venezuela in the person of its President Juan Guaidó by giving him legal access to the Republic’s gold reserves;

18. Requests that a fact-finding mission be dispatched to the country in order to assess the situation;

19. Instructs its President to forward this resolution to the Council, the Commission, the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, the legitimate interim President of the Republic and National Assembly of the Bolivarian Republic of Venezuela, the governments and parliaments of the Lima Group countries, the Euro-Latin American Parliamentary Assembly and the Secretary-General of the Organisation of American States.

Rómulo Betancourt y la Venezuela urbana : infraestructura, vivienda y planificación por Arturo Almandoz Marte – ProDaVinci – 2 de Julio 2020

1. Dejando de lado la crítica inicial a la ciudad vitrina heredada de la dictadura de Pérez Jiménez, el gobierno de Rómulo Betancourt (1959-64) dio muestras ingentes de continuar la modernización urbana iniciada desde la era gomecista. Si bien hubo cambios en el énfasis territorial de los proyectos –que se hicieron menos urbanos, puede decirse– las obras públicas continuaron su protagonismo, llevando adelante proyectos ya en desarrollo, al tiempo que emprendiendo nuevos. Así lo demuestran la inauguración, en 1962, del puente General Rafael Urdaneta, sobre el lago de Maracaibo, iniciado cinco años antes; el teleférico de Mérida, el más alto de mundo, comenzado en 1955 y puesto en funcionamiento en el 60; y al año siguiente, la central hidroeléctrica de Macagua, en Guayana, entre otras obras emblemáticas a través de la geografía nacional.

Ya desde la restauración democrática de 1958, la antigua Comisión Nacional de Urbanismo (CNU) fue sustituida por la Oficina Central de Coordinación y Planificación (Cordiplán). Este fue el primer organismo que, a través de los planes de la nación, vinculaba desarrollo económico con ordenamiento territorial, en la tónica preconizada en el aménagemet francés, emparentado con el soviético. La plataforma económica para el ordenamiento territorial y las obras públicas a nivel nacional incluyó la creación, en 1958, de la Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (Cadafe); en el sector industrial, el mismo año, el Instituto Venezolano del Hierro y del Acero, presidido por el general Rafael Alfonzo Ravard, junto al Instituto Venezolano de Tecnología Industrial. Dirigida por Juan Pablo Pérez Alfonzo, también fue creada en 1960 la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP), al tiempo que era inaugurada la refinería de El Palito, iniciada en 1954, mientras la red de oleoductos alcanzaba 3.200 kilómetros.

En paralelo con el mejoramiento sanitario y de regadío liderado por el Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS) –presidido a la sazón por el ingeniero Julio Urbina– la energía eléctrica requerida por el crecimiento industrial y urbano también evidenció continuidad por parte del nuevo gobierno. En 1959 fueron  completadas las turbinas generadoras de la planta térmica de Arrecifes, en el litoral central, la cual había sido iniciada en 1947; fue continuada con los cinco generadores de Tacoa, concluidos en 1962, así como con la planta El Convento, en el distrito Sucre del estado Miranda. Y la piedra angular del desarrollo hidroeléctrico fue la ya mencionada central Macagua I, puesta en funcionamiento en 1961, entre otras obras destacadas por María Elena González Deluca en Venezuela. La construcción de un país… (2013).

2. Mientras el área metropolitana superaba 2.879.000 habitantes en el censo de 1961, Caracas era realzada con varias obras iniciadas en la década anterior. Así por ejemplo la avenida Francisco de Miranda, comenzada en 1952, a lo largo de la antigua carretera del Este, fue inaugurada en 1959, al mismo tiempo que el hipódromo La Rinconada, comenzado dos años antes. Tanto la astronomía como el entretenimiento capitalinos fueron enriquecidos con el planetario Humboldt, iniciado en 1959 y concluido dos años más tarde, coronado con el domo de veinte metros de diámetro, diseñado por Carlos Guinand Sandoz. Inauguradas durante el gobierno de Betancourt, las 77 hectáreas del parque del Este añadieron asimismo verdor y sofisticación a la metrópoli, especialmente por un paisajismo del renombrado arquitecto brasileño Roberto Burle-Marx y el venezolano Fernando Tábora, junto a John Stoddart, Mauricio Monte y Julio Pessolani, todos bajo la coordinación de Guinand Sandoz.

Creadas la Oficina Municipal de Planeamiento Urbano (OMPU) en 1960 y la Oficina Ministerial de Transporte tres años más tarde, por entonces fue puesto en funcionamiento el distribuidor El Pulpo, seguido por La Araña en el 67. A lo largo de la década destacó la labor del ingeniero Leopoldo Sucre Figarella como ministro de Obras Públicas, después de haber estado en la gobernación del estado Bolívar, de donde era oriundo. Tras inaugurarse el tramo Coche-Tejerías de la autopista Caracas-Valencia en 1965, fue iniciada la avenida Libertador, con sus novedosas trincheras, así como la avenida intercomunal de El Valle. Esa vialidad expresa fue completada, desde la cota mil del cerro Ávila, con la avenida Boyacá, “Cota Mil”, que fungió desde finales de la década como autopista perimetral. Aunque algunas fueron concebidas o iniciadas durante el Nuevo Ideal Nacional, esas y otras autopistas y avenidas, completadas por el distribuidor El Ciempiés a comienzos de los setenta, magnificaron y animalizaron, en los gobiernos democráticos, la imagen de la Caracas motorizada y moderna.

3. El sector habitacional fue fortalecido desde 1958 por el decreto del Programa nacional de vivienda rural, respaldado dos años más tarde con la Dirección de Malariología y Saneamiento Ambiental del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (MSAS), así como financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Recordemos en este sentido que, desde la primera Dirección de Malariología en 1936, el programa de erradicación del paludismo había sido liderado por el doctor Arnoldo Gabaldón, iniciándose en 1945 el rociamiento con DDT; si para aquel año el número de muertes por malaria era de 143 por cada cien mil habitantes, para 1950 había bajado a cinco, y a cero para 1962, como resalta Rafael Arráiz Lucca en su semblanza del sabio.

En el ámbito urbano alcanzó protagonismo la Fundación Vivienda Popular, patrocinada por Eugenio Mendoza Goiticoa, la cual trabajó con la empresa de Vivienda Popular S. A. (Viposa) y créditos del Banco Hipotecario de la Vivienda Popular. Fue una articulación pionera y virtuosa, investigada por Óscar Olinto Camacho en Eugenio Mendoza Goiticoa. Empresario social de la vivienda popular en Venezuela (2007). Con financiamiento del BID y la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID), en el marco de la Alianza para el Progreso, en 1961 fue creado el Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo (SNAP). Tal como hace notar Alfredo Cilento, el SNAP fue reforzado con la promulgación, en febrero del mismo año 61, de la Ley general de bancos, cuya especialización contemplaba la banca hipotecaria. Con la reactivación, en agosto, de la Junta de Crédito para la Construcción de Viviendas Urbanas –originalmente creada en 1948– se completó un aparato financiero para la producción y adquisición de vivienda popular que impulsó el crecimiento de este sector hasta finales de la década de 1970.

En Caracas destacó el inicio de la urbanización Pinto Salinas, inaugurada en la avenida Andrés Bello en 1966, así como las Unidades de Desarrollo (UD) de Caricuao, completadas en el 84, abarcando así buena parte del ciclo democrático que se iniciaba. No obstante la envergadura de esos y muchos otros proyectos habitacionales, en 1965 advertía Leopoldo Martínez Olavarría, entonces director del Banco Obrero, que para afrontar el déficit acumulado de vivienda, se necesitaba construir al menos 75 mil unidades tan solo en las ciudades mayores de 25 mil habitantes; ello representaba una vez y media las casi 50 mil unidades producidas por la institución desde 1940.

4. Si bien la Dirección de Urbanismo (DU) del Ministerio de Obras Públicas (MOP) había sido ya creada, fue en 1958, una vez desaparecida la Comisión Nacional de Urbanismo (CNU), cuando asumió más propiamente las funciones que le correspondían por el Estatuto Orgánico de Ministerios de 1950. Antes de cambiar su nombre a Dirección de Planificación en 1963, la DU desarrolló el plano regulador de La Victoria en 1957, así como los de Guarenas, Guatire, Caucagua y Río Chico al año siguiente.

Sin embargo, tal como señaló Víctor Fossi en entrevista con Camacho, parte de ese equipo del MOP tendió entonces a dejar la planificación urbana en manos de los municipios, para concentrarse en el “sistema de ciudades” a nivel territorial, apoyándose para ello en las bases de información provistas por Cordiplán, el Banco Central y los censos. Para esa nueva aproximación se contrató, entre 1959 y 1960, asesores extranjeros como Hubert Bennett, del Greater London Council (GLC); Frederick Gibberd, planificador de la nueva ciudad de Harlow, en Inglaterra; y Lloyd Rodwin, autor de The British New Towns Policy (1956) y posterior colaborador de Ciudad Guayana.

Hacia 1962 se produjo un cambio en la denominación y concepción de los planes e instrumentos –Plan de Desarrollo Urbano (PDU), Plan Piloto y Ordenanza de Zonificación­– los cuales conformaron una nueva tipología que se superponía en parte con los antiguos planos reguladores de la CNU. Si bien los PDU supusieron un avance en la evolución urbanística venezolana, justamente en la medida en que dieron un paso transicional de urbanismo a planificación, no terminaron de desprenderse del énfasis espacial de aquel. En este sentido, aun cuando se trató de considerar implicaciones económicas y sociales en el desarrollo metodológico y prospectivo del plan, en definitiva predominaron las variables físico-espaciales, por lo que sus resultados fueron similares a los planos reguladores de la CNU. Pero con todo y ello, puede decirse que los PDU mostraron, al igual que mucho de la infraestructura urbana y la vivienda durante la administración de Betancourt, continuidad y avance en la modernización urbanística del país.

Clamor de Cambio y Elecciones por Luís Ugalde S.J. – 2 de Julio 2020

downloadLos venezolanos clamamos salir de esta agonía y reconstruir la vida. Las elecciones libres y la democracia son un componente necesario de ese cambio nacional.

Por el contrario, el régimen se aferra al Poder y propone elecciones para no cambiar: El Ejecutivo ordena y su Tribunal Supremo cumple nombrando un CNE dócil que expropia los partidos AD, Primero Justicia y COPEI y los entrega a amigos. Voluntad Popular, Nuevo Tiempo, y cualquier otro que sea necesario, están en lista de espera para la intervención. Con esto se logra dividir a la oposición y empujar a la mayoría a la abstención. Lo importante es ir a elecciones parlamentarias sin riesgo de perderlas.

Esto luego de que al régimen le fallaron este año todas las otras maniobras para asaltar a la Asamblea Nacional, única instancia democrática legítima y fuera de su control. Tomar la Asamblea Nacional electa y anular a su Presidente Guaidó respaldado por la unidad de la mayoría opositora, era y sigue siendo el objetivo.

En dictadura sin salida.

En la población hay cansancio político y la muchedumbre, atrapada por graves y vitales urgencias socioeconómicas no ve salida. Hace un par de meses muchos opositores se iban convenciendo de la conveniencia de ir a elecciones parlamentarias, aunque las condiciones no fueran las deseables. Fuera del gobierno y de la oposición frontal había políticos -curtidos en batallas pasadas, aunque ahora con poco apoyo-, dispuestos a tejer con el régimen un camino electoral, rechazado por los partidos opositores más significativos. Unos colaboradores de buena fe, y otros dispuestos a dejarse convencer por los argumentos típicos de regímenes dictatoriales sin escrúpulos. Pero el régimen ha impuesto su trocha electoral con extremo y tiránico descaro, dejando en mal lugar a sus colaboradores nacionales e internacionales. Maniobra tan desvergonzada que ni en Europa ni en América ha habido un solo gobierno amigo del régimen que se haya atrevido a apoyar el nuevo CNE, ni a la expropiación de los partidos políticos decretada por el Ejecutivo y ejecutada por el Poder Judicial. De la decena de simpatizantes del régimen en la OEA ni uno solo tuvo el cinismo de votar a favor de esta maniobra del régimen: unos se abstuvieron y otros se ausentaron. El régimen, cercado y a la desesperada, juega sus cartas dictatoriales a la cubana. Su actual descaro dictatorial nos parece coherente, pues para ciertos “revolucionarios” las votaciones no son soberanas, sino simulacros para mantenerse en el Poder; y un “revolucionario” no comete la estupidez de debilitarse con la división de Poderes, ni entrega el Poder por unas elecciones burguesas.

A finales de 2015, la oposición unida logró un triunfo rotundo y la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional. Se prendió la luz roja y el régimen de inmediato se dedicó a anular los efectos de esa derrota, que no puede volver a ocurrir. El Ejecutivo atornilló su Poder Judicial (TSJ) y para mayor seguridad creó ilegalmente la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) 100% del régimen; no para hacer una nueva Constitución sino para tener un garrote “supraconstitucional” capaz de anular todo poder constituido indeseable. El Ejecutivo con sus dos brazos TSJ y ANC ha ido dando bastonazos para anular todo, mientras con su brazo policial y armado ha aumentado la persecución política. Pero hasta ahora, no han podido eliminar la Asamblea Nacional y a su Presidente, Juan Guaidó, aunque sí los han frenado.
Pero ahora, in extremis dejan el pudor político y están haciendo las cosas para controlar la próxima elección parlamentaria.

Qué hacer para cambiar y reconstruir el país

Toda la lógica anterior parece empujar a la abstención de los demócratas. Algunos pensarán que no es tan grave, pues en dictadura estamos desde hace dos décadas. Otros piensan que hay que votar, pues sin Asamblea Nacional y sin Guaidó como legítima referencia nacional e internacional, los demócratas quedarán descabezados, ignorados y sin asidero institucional.

El simulacro electoral bajo inteligencia y mandato cubano es para no cambiar sino atornillar el actual infierno donde 60% de los venezolanos no tiene con qué comprar comida, el bolívar se empequeñece con la superinflación, agonizan las empresas al 30% de su producción y no hay inversión pública ni privada; los centros de educación están cerrados y los servicios públicos en estado catastrófico… Como dicen los obispos, esta inhumanidad de país “no es moralmente aceptable”. Los venezolanos estamos sometidos a un Estado de Guerra y no podemos pensar ingenuamente que se debe al COVID-19. Mientras la dictadura se va endureciendo y la oposición es perseguida como nunca antes, los países democráticos del mundo no la van a complacer con el cese de las sanciones internacionales, ni colaborar con abundante lluvia de ayudas e inversiones que son imprescindibles para la reconstrucción.

La elección libre y democrática no es una oferta de la dictadura, sino una exigencia de la democracia y una condición indispensable de un nuevo gobierno de cambio y unión nacional para la reconstrucción con otro modelo y con el necesario apoyo internacional. Por ahora sigamos presionando y exigiendo elecciones verdaderamente libres en condiciones suficientes, aunque no sean las ideales. Unión, movilización y clamor nacional para el cambio y la reconstrucción inclusiva. Dentro de unos meses veremos cómo evoluciona este infierno y qué salidas se abren.

El régimen de Maduro según Montesquieu por José Ignacio Guédez Yépez – La Razon – 27 de Junio 2020

La tiranía despótica castrista cuenta con mucha impunidad en la opinión pública occidental y ahora, algunos insisten en exigirle al oprimido pueblo venezolano que dialogue con su verdugo

Venezuela's President Nicolas Maduro speaks during an event with the youth of Venezuela's United Socialist Party in Caracas

Nicolás Maduro/Foto: MIRAFLORES PALACE/Reuters

Antes de la existencia de las ideologías políticas, antes de Marx y Nietzsche, antes del comunismo y el fascismo, antes del debate entre izquierdas y derechas, la intelectualidad occidental tenía mucho más claro lo que era una tiranía o un régimen despótico, en contraposición a los sistemas moderados que observan reglas y principios, sean oligarquías, democracia o incluso monarquias constitucionales y parlamentarias.

Desde la antigüedad los griegos estudiaban de forma objetiva estos sistemas de “repúblicas ordenadas” bajo el término de “politeia” que según Aristóteles consistía en el orden para la conservación de los Estados, dejando claro que: “La tiranía, menos que ninguna otra, es gobierno de República” y que se trataba de una quiebra de esta o de un “gobierno vicioso”.

También los modernos de hace tres siglos lo tenían muy claro, al punto que Montesquieu dividía los sistemas de gobierno en republicanos, monárquicos y despóticos, definiendo a este último como “aquel en que uno solo, sin ley ni regla, lo dirige todo a voluntad y capricho”. No eran sistemas sino su negación, o lo que hoy podemos señalar como Estado fallido.

Resulta interesante repasar este pensamiento para recordar que las tiranías despóticas han existido siempre y que el gran logro de la civilización occidental consiste en haber superado ese estado de primitivismo prepolítico con la creación de la democracia y los Estados modernos con pluralismo, legalidad, igualdad jurídica y vigencia efectiva de un Estado de Derecho. Este debe ser el punto de partida, el mínimo necesario, el contrato base a la que tiene derecho cualquier sociedad. De hecho, en su trascendente ensayo “El Espíritu se las leyes”, Montesquieu describe el gobierno despótico en términos que registran todavía una vigencia sorprendente tres siglos después:

En el gobierno despótico todo está perdido si el príncipe deja de tener el brazo levantado, si no puede aniquilar en el momento a los que ocupan los primeros cargos… El gobierno despótico tiene por principio el temor… En esos Estados nada se repara, nada se mejora, no se edifican casas sino para el tiempo que se ha de vivir, no se plantan árboles, se saca todo de la tierra y no se le devuelve nada; todo está erial, todo desierto. ¿Creéis que las leyes que quitan la propiedad de la tierra y la sucesión de los bienes disminuyen la avaricia y concupiscencia de los grandes? No, las irritan más. Cada uno es impulsado a cometer mil vejaciones, pues no piensa ser dueño sino del oro o plata que puede robar u ocultar… La pobreza y la incertidumbre de las fortunas naturalizan la usura en los Estados despóticos, aumentando cada cual el precio del dinero en proporción del riesgo que corre al prestarlo. La miseria fluye, pues, de todas partes en esos países infortunados. De todo se carece en ellos, hasta del recurso de los préstamos. De aquí se origina que el mercader no pueda dedicarse al comercio en grande escala; vive al día; si reuniera mucha cantidad de géneros, los intereses que había de abonar para pagarlos excederían a las ganancias obtenidas con su venta. Por eso no hay apenas leyes mercantiles; redúcense éstas a la mera policía… En tal gobierno, la autoridad no admite contrapeso: la del menor magistrado es tan absoluta como la del déspota… En fin, siendo la ley la voluntad momentánea del príncipe, se necesita que aquellos que quieran por él, quieran súbitamente como él. Así debe acontecer en un gobierno donde nadie es ciudadano, en un gobierno donde domina la idea de que el superior no debe nada al inferior; en un gobierno donde los hombres sólo se creen ligados por los castigos que unos imponen a otros; en un gobierno donde hay pocos asuntos y en el que es raro tener que presentarse ante un magistrado, dirigirle peticiones y mucho menos quejas…”.

Este texto describe a la perfección tantas realidades actuales, sobre todo la de Venezuela. Se trata de un modelo estudiado, concreto, universal y predecible. ¿Cuándo dejó de indignarse la intelectualidad occidental ante las tiranías despóticas? ¿Cuándo y cómo se potabilizaron? Fue a partir de la dictadura del proletariado de Marx y el Súper Hombre de Nietzsche que se legitimaron las tiranías despóticas con las ideologías políticas del comunismo y nazismo respectivamente, generándose un debate polarizador y excluyente, que distorsionó el clásico dilema entre tiranía y democracia. Eso es lo que explica que la tiranía despótica castrista cuente con tanta impunidad en la opinión pública occidental, o que ahora algunos insistan en exigirle al oprimido pueblo venezolano que dialogue con su verdugo, condenando no a este, sino a priori cualquier posibilidad de derrocamiento de lo que es sin lugar a dudas un régimen usurpador, narcotraficante, totalitario, criminal y violador sistemático de derechos humanos.

Así como el renacimiento consistió en superar el dogmatismo medieval para rescatar el racionalismo clásico de la antigüedad, ahora debemos superar el dogmatismo político de la contemporaneidad para rescatar el humanismo y los valores de la ilustración. Entrar de lleno al siglo veintiuno deslastrados de todo pensamiento absolutista, excluyente y opresor, reivindicando la igualdad y la libertad como consensos irrenunciable. Volver a la modernidad y releer a Montesquieu, para que vuelva a importarnos cosas como la separación de los poderes, la alternancia, la supremacía constitucional, los derechos humanos y la libertad de conciencia.

Occidente se juega hoy su alma en Venezuela, donde el tirano sigue subiendo la apuesta a nombre de los intereses de Rusia, China y ahora Irán. Su ilegítimo Tribunal criminal, el mismo que ha perseguido diputados y usurpado desde el inicio las competencias del parlamento nacional, nombró ilegalmente nuevas autoridades electorales y expropió a los partidos políticos, cerrando la puerta (nuevamente) a cualquier salida electoral. Se trata de un régimen que asesina disidentes lanzándolos por la ventana desde un décimo piso a plena luz del día, responsable de miles de desapariciones forzosas según la ONU, que colecciona más de cuatrocientos presos políticos, que le niega el pasaporte a sus nacionales, y que secuestra sin juicio previo desde un joven que cacerolea en su casa o una periodista que toma una fotografía en una estación de gasolina, hasta un ejecutivo de una empresa trasnacional por mera venganza. Un país con la inflación más alta del mundo desde hace varios años, donde no hay agua, luz, gas doméstico, televisión independiente ni gasolina, y donde existen milicias armadas patrocinadas por el mismo régimen.

Lamentablemente todavía hay quienes sostienen que la única opción que tenemos los venezolanos victimas de esta tragedia, es esperar por una eventual autoregeneración del tirano, sin siquiera pensar en presionarlo con sanciones legítimas en el marco del derecho internacional. Son los mismos que creen que en Cuba hay una transición democrática, que a Evo se le dio un golpe de Estado y no al revés, o que es normal que Ortega se adueñe de Nicaragua junto a su esposa. Incluso se refieren al caso venezolano como un conflicto entre dos partes, lo que no se atreven a decir cuando se trata de un caso de violencia de género, de discriminación o abuso sexual, o de abuso policial contra una minoría étnica. Ni siquiera le reconocen a millones su condición de víctima, ni mucho menos condenan a los culpables.

¿Es que acaso la democracia ya no importa? Si Occidente sigue tolerando el despotismo, perderá su alma y dejará de existir.

La extinción de la soberanía popular por Gehard Cartay Ramírez – America 2.1 – 23 de Junio 2020

Desde hace algo más de 20 años el régimen chavista viene liquidando la soberanía popular, mediante la utilización de los Poderes Públicos bajo su control y con el apoyo de la cúpula militar.

Así ha logrado lo que durante mucho tiempo hizo el Partido Revolucionario Institucionalista (PRI) en México. Ello supone realizar aparentes procesos electorales donde la gente vota pero no elige, dentro de un entorno de corrupción, fraudes, abusos, violación de leyes y, lo que resulta peor, desprecio absoluto de la propia voluntad popular.

En nuestro caso, esta tragedia se exacerbó por la mentalidad militarista del teniente coronel Chávez Frías, quien conceptuó su elección en 1999 como una batalla militar ganada contra sus enemigos, que ponía a Venezuela bajo exclusivo dominio suyo y de su claque.

Y todo ello a pesar de que en 1998 obtuvo menos votos que Lusinchi en 1983 y CAP en 1988. Su paranoia, sin embargo, le hizo creer que la suya era una victoria absoluta, nunca antes vista. Lo demás lo agregarían sus resentimientos y taras psicológicas, que luego justificarían algunos civiles lame botas, émulos de Vallenilla Lanz, autor de la tesis gomecista del “gendarme necesario”.

En sus inicios aparentó disposición al diálogo, pero sólo para instalar el Congreso de la República electo en diciembre de 1998 –donde su partido era minoría–, cuando pactaron un acuerdo interpartidista, y facilitar así la toma de posesión del nuevo presidente. A los pocos meses, una vez que armaron su trampa constituyente (ayudados por el suicidio de aquel pusilánime parlamento elegido en 1998 y de una acobardada Corte Suprema de Justicia que, desconociendo la Constitución de 1961, le abrió las puertas a su proyecto totalitario), entonces el chavismo inició su tarea de destrucción de la soberanía popular imponiendo su modelo totalitario.

Recordemos lo que pasó en 1999 cuando fue escogida una constituyente convocada violando la vigente Carta Magna y en cuya elección participó apenas el 46% de los electores, con una abstención récord del 54%. El chavismo obtuvo 122 constituyentes con el 25% de los votos, mientras la oposición eligió sólo 8 constituyentes con el 20%, lo que significaba el estreno de su vocación fraudulenta con el famoso “kino”. Finalmente, el proyecto de Constitución fue aprobado en diciembre de 1999 por el 32% de los electores inscritos y con una altísima abstención que oficialmente se contabilizó en un 57%, aunque fue mayor, por haber coincidido con el deslave del estado Vargas y fuertes tormentas en el centro del país. Esos resultados resultaron una pírrica victoria.

En todo este tiempo han continuado en esa misma línea de desconocimiento de la soberanía popular. Desde 2003 su TSJ viene adueñándose sistemáticamente de la atribución constitucional que autoriza a la Asamblea Nacional para designar el Consejo Nacional Electoral.

En 2015 descuidaron sus trampas y la oposición ganó por mayoría absoluta la Asamblea Nacional. Pero inmediatamente su TSJ “anuló” la elección de tres diputados opositores por Amazonas, a fin de desconocer aquella mayoría. Luego declaró a la AN “en desacato”, figura que no existe en la Constitución, y luego judicializaron a Copei, BR, PPT y Podemos para entregarles las tarjetas y los símbolos de esos partidos a unos lacayos suyos. Enseguida bloquearon el revocatorio y postergaron las elecciones regionales.

Más recientemente, en 2018, adelantaron a su conveniencia una supuesta elección presidencial, que resultó un fraude gigantesco. Ahora, en este mismo mes de junio, han vuelto a nombrar un CNE a su medida –en contra de la Constitución– y han continuado el secuestro del resto de los partidos opositores para entregarles sus tarjetas electorales y símbolos a fichas al servicio del régimen (AD, Primero Justicia y próximamente Voluntad Popular).

Son demasiados hechos concretos que demuestran que estamos ante un régimen que ha liquidado la soberanía popular y consiguientemente la Constitución, el estado de Derecho y la legalidad. ¿Harán falta más pruebas de su talante antidemocrático frente a quienes todavía hablan de negociar con el régimen y llegar a acuerdos, cuando la verdad es que este siempre ha despreciado el diálogo con sus adversarios y destruido todos los puentes de entendimiento? Los hechos hablan por sí solos.

Por supuesto que en una democracia normal el diálogo, los acuerdos y las negociaciones –interpretadas en su mejor acepción– son mecanismos necesarios para discutir acuerdos y lograr la resolución de problemas en función de los intereses del país. Pero esto no es posible bajo un régimen de fuerza, de espaldas a la legalidad y la soberanía popular y que desde sus inicios canceló cualquier intento de diálogo, acuerdo o negociación con sus adversarios.

La verdadera oposición venezolana está ahora ante un tremendo reto histórico. Debe asumirlo en unidad, con coraje e inteligencia y por sobre los inmensos obstáculos que tiene ante sí. Sólo así podrá derrotar al régimen que ha destruido Venezuela y sacrificado el presente y el futuro de sus hijos.

 

 

Peligrosas desviaciones por Oswaldo Álvarez Paz – El Nacional – 3 de Junio 2020

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Con mucha preocupación notamos importantes desviaciones en la lucha actual por la libertad y la democracia. Lo importante es abandonar todo lo secundario y centrarnos en lo que realmente importa. No podemos darnos el lujo de perder más tiempo cuando ya deberíamos tener resuelta buena parte de la problemática nacional.

Una de esas desviaciones consiste en la comparación retórica entre esta dictadura socialista y comunistoide con los gobiernos de Juan Vicente Gómez y de Marcos Pérez Jiménez. Por supuesto que son cosas distintas, pero la creciente comparadera no ayuda en nada a la solución anhelada. Todos fueron dictadores, aunque cada uno con sus características distintivas, pero en lugar de estar mirando a un pasado que muy pocos venezolanos de la actualidad conocieron, debemos centrar los esfuerzos en el presente con una clara visión hacia el futuro. Si esto no lo tenemos claro seguiremos dando vueltas en un círculo vicioso que contribuye a demorar el cambio que el país necesita. Estamos en contra de todas las dictaduras, de cualquier régimen violador de los derechos humanos y de los principios fundamentales de la vida en democracia y libertad.

Otra de las cuestiones preocupante es la tendencia de algunos opinadores, politólogos y hasta constitucionalistas, ahora hay sobreabundancia de las tres categorías de variada calidad y competencia, a atribuir la responsabilidad de esta tragedia a la “clase política” que gobernó e influyó de manera determinante por sus errores de acción y omisión, en el derrumbe de la mal llamada cuarta república. Según esta gente, de esa situación surgieron el castro-chavismo, el “socialismo del siglo XXI” y lo peor de todo, el régimen dirigido por Nicolás Maduro y el combo narcoterrorista. Por supuesto que estos análisis se hacen desde una supuesta perspectiva opositora, pero hace más daño que bien centrarse en estas consideraciones que en definitiva ayudan al régimen. Cuando todo esto termine, dejemos que los historiadores se ocupen de analizar la historia contemporánea de Venezuela. Habrá serias diferencias en esos estudios y serán muy útiles para la comprensión final de cuanto ocurre, pero en este momento no tiene sentido. El adversario está al frente, bastante debilitado por cierto, aunque algunos piensen que lo de la pandemia y la cuarentena lo ha ayudado. Falso. Sin luz, sin agua, sin gasolina, con hospitales, clínicas y centros de salud desmantelados, sin escuelas ni centros de educación activos, sin Internet, sin alimentos al alcance de la familia para la vida diaria y paremos de contar para no hablar de la televisión con la salida de Directv, Maduro lejos de estar fortalecido se encuentra en plena decadencia.

El adversario, el enemigo si se quiere, está al frente y no a los lados, aunque pueda haber voces que por debilidad, ignorancia o cálculo oportunista le hagan el juego. No perdamos tiempo en ellos.

Crisis y liderazgo en democracia por  Gustavo Roosen – El Nacional – 1 de Junio 2020

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«¿Dónde está Winston Churchill ahora que lo necesitamos?» se pregunta David Harris, CEO del American Jewish CommitteeSu interrogante responde a lo que se ha convertido en una preocupación universal por la dimensión y profundidad de los cambios que habrá de enfrentar la humanidad a raíz de la pandemia que nos azota, grandes transformaciones en todos los órdenes, no solo en la economía, la salud, el empleo sino en la vida misma de la gente, sus relaciones, las libertades, los conceptos de seguridad y control, de autoritarismo y democracia.

La pregunta revela también una profunda necesidad colectiva: de dirección, de inspiración, de seguridad. La pandemia ha agitado las aguas más de lo que podíamos imaginar. Una tendencia de negación de los liderazgos, de desconfianza frente a ellos, de cansancio, desobligo, frustración, abandono, parece coincidir en este momento, por reacción o por contraste, con un clamor por la aparición de visionarios, de figuras orientadoras, confiables, inspiradoras, creíbles, dotadas de palabras esclarecedoras y cercanas, de gestos de seguridad, de discursos que permitan descifrar las razones del caos y superarlo.

Con la implantación de un modelo autoritario los totalitarismos de cualquier signo creen haber encontrado respuesta a la necesidad de liderazgo. Es la forma que ejemplifica, por mencionar alguno, el modelo chino: un liderazgo basado en el control, la centralización del poder, la negación de derechos y libertades. La aspiración en democracia ha sido siempre, por contraste, un liderazgo nacido de la participación de los ciudadanos y basado en la expresión de sus necesidades, aspiraciones y derechos, afirmado en la credibilidad y la confianza, en la capacidad para anticipar, interpretar, promover, entusiasmar. El desprestigio de este modelo se explica por las falsificaciones que lo han degenerado a las formas de populismo, personalismo, demagogia, carencia de valor o de visión.

En democracia el liderazgo cuenta con el juicio de la gente, con su aceptación y apoyo. Está sujeto al examen y la crítica, la que se expresa de forma directa por parte de los ciudadanos o la que se manifiesta en los medios de comunicación y, ahora, en las redes sociales. Unos y otros disponen de una enorme capacidad para construir o destruir liderazgos, capacidad que lejos de ser usada para dañar la honorabilidad de las personas o la dignidad o prestigio de las instituciones ganaría en legitimidad al afirmar su adhesión a la verdad, a los valores y a los verdaderos propósitos de la comunidad.

La apelación a Churchill es un recuerdo a su enorme capacidad para combinar realismo y optimismo, para no pedir a los demás nada que no sea capaz de exigirse a sí mismo, para reconocer las dificultades y pedir sacrificio y esfuerzo, para comprender la naturaleza del enemigo o de las fuerzas a vencer y asumir el diálogo como instrumento para la construcción de acuerdos, nunca como debilidad. De él como de otras figuras, el nuevo liderazgo tiene que aprender el valor de la credibilidad, la disposición a convocar a los mejores, a rodearse de talento en lugar de aduladores, a corregir a tiempo y evitar que los intereses o la burocracia se interpongan. El ejemplo de Churchill diría que los líderes en tiempos de guerra no necesariamente lo son en tiempos de paz, y que hasta se puede perder una elección después de haber ganado una batalla.

Los profundos cambios que se anuncian para ajustarse a los nuevos y todavía desconocidos esquemas son demasiado grandes como para que puedan ser asumidos por un liderazgo simplemente inteligente. Son muchas las renuncias que se avecinan. Y muchos los sacrificios. Será necesario asumir obligaciones muy pesadas, las de la deuda entre ellas, y luego el enorme y lento trabajo de reconstrucción. Los cambios sobrepasan los límites de lo conocido. Corresponde al nuevo liderazgo dar con la respuesta. El reclamo social se puede tornar violento y constituirse en amenaza para la propia sociedad. Sería iluso pensar que nada será igual, pero igualmente iluso afirmar que el pasado no pesará en el futuro. En los tiempos que vienen no caben los liderazgos complacientes. Tampoco la demagogia.

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